Con el inicio de la COP28 en la ciudad de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos ―sede que cuestionada por la agenda de cambio climático al ser un país productor de petróleo― México llega con pendientes importantes, como la recuperación del puerto de Acapulco, Guerrero, tras el impacto del huracán Otis, el pasado 25 de octubre, y la falta de atención a la comunidad de desplazados de El Bosque, en Centla, Tabasco, a quienes no les han dado solución para acceder a una reubicación por el aumento del nivel del mar.
Acapulco, que cuenta con más de 800 mil habitantes, sufrió el impacto del huracán en diferentes áreas, desde la infraestructura de viviendas, edificios, establecimientos pero también con crisis sanitaria y la pérdida del 90% de la vegetación de la que se prevé una recuperación en cinco años.
Las consecuencias en salud vinieron con el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en hospitales, así como con la acumulación de desechos y materia orgánica.
A un mes del paso de Otis, autoridades de salud descartaron aumento en casos de dengue, zika y chikungunya, con las brigadas sanitarias para eliminar al mosquito transmisor de enfermedades.
La NASA describió a Otis como “una feroz tormenta” de categoría 5 sin precedente por su fuerza e intensidad. El pasado 7 de noviembre, la agencia presentó en imágenes satelitales la devastación del puerto y sus alrededores.
Hasta ahora, las autoridades han reconocido 50 defunciones por el huracán y aún buscan a por lo menos 31 personas desaparecidas tras el paso de Otis.
En medio de las pérdidas y daños por el huracán, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han dado cifras falsas sobre paquetes de enseres para damnificados.
Además, México llega a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) con el recién impacto de Otis y un recorte en los programas dedicados a detectar y prevenir el impacto de fenómenos naturales (agravados por la crisis climática), así como con una estrategia de combate al cambio climático opaca.
El Bosque, reubicación pendiente ante el aumento del nivel del mar
En El Bosque, en Centla, Tabasco, una comunidad que padece cada vez más los efectos de la crisis climática con el aumento del nivel del mar, también se agravó la pérdida del territorio por los mismos días que Otis impactó Acapulco.
Sus habitantes pidieron, nuevamente, apoyo a las autoridades mexicanas para acceder a una reubicación justa, la cual sigue pendiente. El 1 de noviembre la comunidad tuvo que ser evacuada por la subida del mar que entró con fuerza y se unió con el río.
En un comunicado, la población señaló que a las 17:30 horas salieron ese día de sus casas con desesperación, bajo la lluvia, con infancias y personas adultas mayores para caminar a la entrada de la comunidad. De ahí, fueron evacuados y trasladados a un albergue.
Pese a que hay por lo menos 379 mil personas desplazadas en México por la violencia, proyectos mineros y crisis climática, la ley para atender a esta población lleva más de tres años congelada en el Senado de la República.
Sequías, otro de los pendientes en la COP28
Otro de los pendientes a los que México debe responder son las sequías y la crisis hídrica que, si bien, forma parte de los estragos de fenómenos como El Niño, estos se agravan ante el aumento de la temperatura global.
De junio a octubre, la NASA y el Observatorio Copernicus de la Unión Europea registraron récords mundiales relacionadas a las altas temperaturas que hubo en el planeta.
Leer más: Huracán Otis: El cambio climático ‘alimenta’ la formación de tormentas de mayor intensidad
Solo en 2023, en México murieron al menos 421 personas por causas relacionadas a las temperaturas extremas en 21 estados, de acuerdo con los Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Temperaturas Naturales Extremas 2023 de la Secretaría de Salud.
De esas 421 defunciones acumuladas hasta la semana 40 del año 2023, sólo 165 están atribuídas a la tercera ola de calor ocurrida entre el 1 y el 22 de junio pasado.
La promesa de México en la COP27
En 2022, México llegó a la COP27 junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el compromiso de aumentar la ambición de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para pasar del 22% al 30% en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con recursos propios.
Además, la titular de Semarnat, María Luisa Albores González ratificó que la reducción de emisiones de carbono negro se mantiene en 51% en forma no condiconada y el 70% condicinada. En ese momento, la secretaria explicó que para llegar a esas metas la secretaría tiene identificadas más de 40 medidas en todos los sectores económicos a través de soluciones basadas en la naturaleza, en el transporte bajo en carbono y en la regulación y fomento industrial para alcanzar una reducción total anual estimada para 2030 de 89.9 MtCO2e (millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente).
El gobierno mexicano ha presumido al Tren Maya y al programa Sembrando Vida como dos medidas para sus objetivos de reducción de emisiones.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que con el Tren Maya no sería derribado un solo árbol, porque pasaría por carreteras ya construidas, al menos 3 millones 444 mil árboles han sido talados o removidos para esta obra, de acuerdo con las propias autoridades.
Sin embargo, ambientalistas han señalado que esa cifra reconocida por el gobierno federal se queda corta, pues estiman que en realidad son hasta 10 millones de árboles afectados desde 2019.
Incluso, el propio gobierno ha difundido información falsa sobre la sustentabilidad del tren, al asegurar, por ejemplo, que el Tren Maya utilizará “diesel ecológico”, cuando en realidad se trata de diésel bajo en azufre, que sigue siendo un combustible contaminante y que genera emisiones.
Otra de las promesas anunciadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la COP27 fue que buscarían la declaratoria de 190 Áreas Naturales Protegidas para contribuir con una mitigación de 8 millones de toneladas de bióxido de carbono (MtCO2) para el 2030.
Sin embargo, muchas de estas áreas no cuentan con planes de manejo o la actualización de estos para procurar su protección.
Acuerdo de París, un balance mundial crítico
En el encuentro Rumbo a la COP28 organizado por Iniciativa Climática de México del pasado 14 de noviembre, José Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que uno de los temas en los que se centrará la cumbre tiene que ver con el financiamiento.
Sobre los desafíos que México tiene por delante, el subsecretario señaló que “la COP 28 será un momento trascendental para la acción climática a través de la presentación del balance global del Acuerdo de París donde, durante dos años se ha hecho un avance técnico de los avances de la comunidad internacional sobre la implementación de los acuerdos”.
Hernández explica que con los resultados de ese balance se puede hacer un llamado para fortalecer el nivel de ambición de las políticas climáticas para lograr los objetivos de este Acuerdo. Cabe recordar que el Balance Mundial se realiza cada cinco años y el primer plazo concluirá en la COP 28.
“No quiero sonar catastrófico pero esa, tal vez, puede ser la última oportunidad para adoptar compromisos internacionales para limitar la temperatura a 1.5° C con respecto a niveles preindustriales”, advirtió.
Otro de los temas importantes que tendrá la COP28 es alcanzar un financiamiento climático internacional, al que señaló como “un espacio idóneo y transformador en la estructura del financiamiento” donde será importante alcanzar un equilibrio entre los flujos financieros para la mitigación y la adaptación.
Por su parte, Sandra Gúzman, fundadora y directora general del Grupo de Financiamiento para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) señaló, desde Dubai, que en la revisión de este balance se deberá reconocer las brechas que existen entre el financiamiento para mitigación que representa el 80%; mientras que el financiamiento enfocado en la adaptación solo representa el 15% del financiamiento internacional.
“El balance sí que tiene que reconocer esas brechas que existen como el incumplimiento de los 100 mil millones de dólares que los países desarrollados comprometieron a los países en desarrollo desde el 2009”, señaló.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la COP28 ocurrirá en un contexto de urgencia climática sin precedentes al representar una coyuntura crítica para las iniciativas climáticas internacionales destinadas a cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C.
En un posicionamiento previo a la Conferencia de las Partes, el PNUD señaló “que las temperaturas sin precedentes registradas este año y la cruda devastación causada por el cambio climático subrayan la urgencia a la que se enfrenta la COP28”.
El balance mundial del Acuerdo de París constituye un momento clave para reflexionar sobre los progresos y hacer frente a los retos de la agenda climática mundial.
Manuel Pulgar-Vidal, Líder Mundial de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20, señaló en un comunicado que la COP28 debe ser la Conferencia de las Partes de “la credibilidad climática” con todos los planes, compromisos y financiamiento alineados con la velocidad y la escala de acción necesarias para prevenir los peores impactos de la crisis climática.
“Todavía podemos evitar un futuro de catástrofes climáticas cada vez mayores, pero estamos muy desviados y el tiempo se agota”, señaló.
Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) hacen un llamado para cerrar las brechas que existen en la distribución del financiamiento y se apueste en el cumplimiento del Acuerdo de París a través del Balance Mundial que se realizó durante la cumbre.
El objetivo principal es evaluar que los países, efectivamente, estén avanzando hacia los cumplimientos del Acuerdo de París y que allanen el camino para una implementación inmediata de las actuales Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDCs por sus siglas en inglés).
Lo anterior se deberá lograr con políticas y medidas sectoriales, especialmente en materia de energía, conservación y restauración de la naturaleza, y sistemas alimentarios.
Organizaciones se pronuncian ante la COP28
En un pronunciamiento 28 organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe, entre los que destaca GFLAC, Avina, Fundación Pachamama, Transforma, Ruta Civica, Resama, Reacciona, Ceppas, entre otros, llaman a que la COP28 deba asegurar un paquete de financiamiento que permita atender con urgencia las pérdidas y los daños, incrementar el financiamiento para la adaptación y alcanzar una transición justa.
En el pronunciamiento las organizaciones firmantes señalan que las consecuencias de los eventos climáticos extremos reportados en todo el mundo, desde la conclusión de la última COP, indican la necesidad urgente de aumentar diez veces más los recursos destinados a la adaptación.
Ante la presencia de los últimos eventos climáticos en el mundo, la dirección de la agenda debe tener un cambio de prioridad en la agenda climática. Además, señalan que se debe considerar que, según información del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2023), el financiamiento para la adaptación disminuyó un 15% en el año 2021, a pesar del aumento de fenómenos meteorológicos y otros impactos del cambio climático.
En 10 puntos principales, las organizaciones enuncian los puntos claves que se deben abarcar a los largo de la Conferencia de las Partes, entre ellos destaca el incremento del financiamiento para atender la adaptación en la región.
También se deberán tratar los arreglos financieros independientes para pérdidas y daños donde la COP28 sea un espacio donde se logren los acuerdos que fortalezcan este fondo garantizando el acceso directo a las poblaciones vulnerables y una estructura independiente.
Para una transición justa, las organizaciones piden, también, la “descarbonización de las finanzas públicas”, es decir, dar seguimiento al reconocimiento que en la COP27 se logró tras reconocerse la necesidad de reducir los subsidios insuficientes a los combustibles fósiles, por ello, la COP28 debe hacer énfasis en alcanzar la transición acelerada en los países desarrollados y crear los incentivos para que esto suceda en los países en desarrollo.
Para conocer el pronunciamiento completo ingresa aquí.
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Miles de personas se contagiaron de VIH en Reino Unido tras ser infectados por productos sanguíneos contaminados en los años 70 y 80 en un escándalo que ahora se investiga por la presunta negligencia de las autoridades sanitarias.
Todo lo que Sam Rushby puede recordar sobre su familia son memorias fugaces de pasillos y salas de espera de hospital.
En 1994, con sólo dos años, perdió a su madre a causa del sida. Su padre murió con esta afección un año después en un hospital de Liverpool, en Reino Unido.
Su hermana también había sido infectada con VIH, por aquel entonces un virus nuevo e intratable, y murió antes de que él naciera.
“Destrozaron, literalmente, a mi familia y me la arrebataron”, relata al programa Panorama de la BBC en su primera entrevista.
“Siento como si se hubieran deshecho de ellos y se acabó la historia”.
El padre de Sam, Gary, fue una de las más de 1.200 personas que contrajeron el VIH en el conocido como “escándalo de la sangre contaminada”, la mayor parte de ellas después de recibir un medicamento elaborado con plasma sanguíneo proveniente de EE.UU. a finales de los años 70 y 80.
Una investigación gubernamental sobre lo que ha sido calificado como el peor desastre de la historia del sistema británico de salud pública, el NHS, va a dar a conocer pronto sus hallazgos.
Uno de los asuntos clave que está examinando es si las autoridades fueron demasiado lentas en actuar.
El programa Panorama de la BBC ha podido ver ahora pruebas de que la embajada británica en Washington advirtió al gobierno de Reino Unido sobre el riesgo de contraer sida a través de sangre contaminada a principios de los años 80.
Un funcionario de la embajada escribió un informe de cinco páginas a un alto funcionario del Departamento de Salud tras reunirse con un miembro del grupo de trabajo sobre el sida en EE.UU.
La advertencia, una de varias, llegó una década antes de que naciera Sam.
No fue hasta la adolescencia que Sam, quien ahora tiene 32 años, comenzó a conocer la verdad.
Su padre Gary nació con hemofilia, una condición genética que perjudica la capacidad de coagulación de la sangre. Casi siempre afecta a los hombres, aunque las mujeres son portadoras del gen de la hemofilia y pueden transmitirlo.
A finales de la década de 1970, Gary comenzó un nuevo tratamiento destinado a mejorar su vida de forma radical.
El Factor VIII se comercializó como un medicamento milagroso. Los pacientes podían tomar una botella de polvo blanco del refrigerador, mezclarlo con agua destilada e inyectarse ellos mismos.
El sangrado se detenía y, por primera vez, los hemofílicos podrían vivir una vida más normal.
Pero esos pacientes se enterarían más tarde de que lotes enteros del nuevo tratamiento habían sido contaminados con VIH y hepatitis C.
Alrededor de dos tercios de las personas infectadas con VIH en la década de 1980 desarrollaron sida y murieron antes de que los medicamentos antirretrovirales modernos estuvieran disponibles.
A Sam le costó entender la verdad de lo que le sucedió a su familia cuando finalmente sus abuelos se lo contaron.
“No me lo creía, no me lo podía creer”, afirma. “No puedo superarlo, ¿por qué tuvo que suceder?”.
Importaciones de plasma
A principios de la década de 1980, Reino Unido no podía satisfacer la demanda de Factor VIII, que se elaboraba acumulando (o mezclando) el plasma sanguíneo de miles de donantes individuales.
En su lugar, importaron el tratamiento desde Estados Unidos.
En Reino Unido, las donaciones de sangre siempre han sido voluntarias, pero en Estados Unidos se permite a las compañías farmacéuticas pagar por el plasma.
Grupos de alto riesgo, desde prisioneros hasta consumidores de drogas, tenían un claro incentivo económico para donar sangre y potencialmente mentir sobre su historial médico.
Las pruebas que han desvelado activistas y que ha podido ver la investigación pública en curso sobre el escándalo de la sangre contaminada muestran que, cuando se empezó a conocer el riesgo del sida, se enviaron una serie de advertencias claras al gobierno de Reino Unido.
En mayo de 1983, Spence Galbraith, director del Centro de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles de Reino Unido, escribió a Ian Field, el principal funcionario médico del Departamento de Salud, instándole a que se retiraran del mercado todos los productos sanguíneos estadounidenses hasta que “se aclarara” el riesgo de contraer sida.
La carta de la embajada británica en Washington, que Panorama ha podido ver, también fue enviada al doctor Field apenas un mes después, el 28 de junio de 1983.
En ella, un funcionario de la embajada describe una reunión con un representante del grupo de trabajo sobre el sida del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
Se habló de la transmisión del VIH por la sangre, escribe en la carta. Los hemofílicos estaban “en mayor riesgo” debido a los “dudosos hábitos” de algunos donantes de sangre estadounidenses que habían sido pagados y por la mezcla de miles de esas donaciones para producir Factor VIII.
El grupo “Sangre Contaminada”, que representa a cientos de sobrevivientes y sus familias, asegura que la carta muestra un “asombroso nivel de conocimiento y detalle” sobre los peligros.
Pero esta y otras advertencias no fueron atendidas. Los pacientes del NHS continuaron recibiendo Factor VIII sin tratar importado de EE.UU. hasta al menos 1985.
Muchos de los que tomaron parte en esas decisiones en los 80 ya no están vivos, entre ellos Ian Field.
En 1983, el conocimiento sobre el VIH y el sida todavía era incipiente.
Por aquel entonces, un funcionario del Departamento de Salud dijo que la petición de retirar el Factor VIII estadounidense era prematura y que no tenía en cuenta los riesgos que suponía para los hemofílicos eliminar una fuente importante de su tratamiento.
Sam afirma que su padre no supo durante muchos años que había sido infectado con VIH.
Gary transmitió sin saberlo el virus a su esposa Lesley. Más tarde la mujer dio a luz a una hija, Abbey, que nació VIH positiva y murió con sólo cuatro meses de edad.
Lesley volvió a quedar embarazada y en 1992 llegó Sam, aunque esta vez la prueba del VIH dio negativa.
Pero sólo dos años después, Lesley murió de una enfermedad relacionada con el sida, seguida apenas un año después por su marido.
“Lo triste es que no tengo recuerdos de ellos, sólo un puñado de fotografías”, dice Sam. “Es ese constante sentimiento de tristeza, de preguntarse cómo habría sido crecer (con ellos)”.
Sam fue criado por sus abuelos, que le dijeron al principio que su mamá y su papá habían muerto de cáncer y de un derrame cerebral.
Sólo comenzó a descubrir lo que realmente sucedió en su adolescencia, aunque el estigma que rodea al sida le obligó a mantener los detalles en secreto porque, dice, “los adolescentes pueden ser crueles”.
“Siempre he sufrido de ansiedad y depresión. Si pierdes a tu mamá y a tu papá a una edad tan temprana, eso te va a dar ansiedad”, dice.
“Pero luego, más adelante, descubrí por qué y eso simplemente agravó la agonía”.
Sam es uno de los cientos de niños que perdieron a sus padres a causa del escándalo. Hasta la fecha, ninguno ha recibido compensación del gobierno.
Más de 30.000 pacientes del NHS se infectaron con VIH y hepatitis C entre 1970 y 1991 por productos sanguíneos contaminados como Factor VIII y IX, o a través de transfusiones de sangre tras una cirugía, un tratamiento o un parto.
En otros países, desde Francia hasta Japón, las investigaciones sobre la catástrofe médica concluyeron hace muchos años. En algunos casos, se presentaron cargos penales contra médicos, políticos y otros funcionarios.
En Reino Unido, los activistas afirman que el escándalo nunca ha recibido la misma atención.
Una investigación privada llevada a cabo en 2009, que se financió enteramente a través de donaciones, careció de poderes reales para llegar al fondo, mientras que otra investigación escocesa en 2015 fue calificada de “encubrimiento” por las víctimas y sus familias.
En 2017, forzada por la presión política, la entonces primera ministra Theresa May ordenó poner en marcha una investigación pública a nivel nacional.
Dirigida por el exjuez del Tribunal Supremo Brian Langstaff, tenía la capacidad de obligar a los testigos a declarar bajo juramento y de ordenar la divulgación de documentos.
Tras varios retrasos, su informe final deberá ser presentado el 20 de mayo.
El estigma social
La investigación encontró que 380 de los 1.250 pacientes con trastornos hemorrágicos que fueron infectados con VIH eran niños en ese momento.
Muchas familias también tuvieron que lidiar con el estigma de lo que entonces era una enfermedad intratable.
El hermano menor de Sarah-Jane, Colt, fue infectado con VIH y murió en 1992 a los 10 años. Sarah-Jane asegura que la familia, de la ciudad de Plymouth, tuvo que mudarse de casa tres veces para escapar del maltrato de sus vecinos.
“Nos rehuían, hablaban de nosotros. Colt no tenía amigos porque nadie quería jugar con él”, rememora.
“Amigos y vecinos se volvieron distantes, temerosos y acusadores”.
En septiembre de 1985, una escuela primaria del condado de Hampshire, en el sur de Inglaterra, apareció en las noticias nacionales cuando los padres de un joven hemofílico contaron a los profesores que había dado positivo por VIH.
Otras familias sacaron a sus hijos de clase y no los permitieron regresar hasta que se enviaron a especialistas en sida para explicarles los riesgos.
El niño en el centro de la tormenta mediática tenía sólo nueve años y en ese momento era anónimo. Pero ahora se le puede identificar como Peter Adlam, de 48 años.
“Solo recuerdo que no quería que me grabaran las cámaras a las puertas de la escuela”, revela a Panorama en su primera entrevista.
“Intentaba integrarme con los otros niños todo lo que podía. Cuando eres niño piensas que eres indestructible y que vas a vivir para siempre, y yo me estaba volviendo muy consciente de que no lo haría”.
Peter desarrolló graves problemas de salud relacionados con el VIH, entre ellos tres episodios de neumonía en 1996. A sus padres les llegaron a decir en un momento que tal vez sólo le quedaran unas semanas de vida.
Nuevos medicamentos contra el VIH llegaron a tiempo para salvarle la vida, aunque ha tenido que seguir lidiando con múltiples problemas de salud hasta el día de hoy.
“Hasta ese momento no pensaba que llegaría a ver el año 2000. Era desolador y no había muchas esperanzas”, dice.
“Veía a otras personas de mi edad vivir sus vidas y yo no podía hacerlo. No he tenido una carrera, no he viajado. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si no me hubiera infectado”.
En agosto de 2022, el gobierno acordó pagar las primeras compensaciones provisionales de 100.000 libras (US$125.700) a unos 4.000 sobrevivientes del escándalo o a sus desconsoladas parejas.
Los ministros han indicado que planean extender esos pagos a los padres e hijos de los infectados, entre ellos Sam Rushby, y también quieren establecer un plan definitivo de compensación.
Pero aún no se ha establecido un calendario en firme para realizar los pagos, y es probable que el costo total ascienda a miles de millones de libras.
“Esta fue una tragedia espantosa que nunca debería haber ocurrido. Tenemos claro que se debe hacer justicia y rápidamente”, afirmó el gobierno británico a Panorama en un comunicado.
“Esto incluye el establecimiento de un nuevo organismo para ofrecer un Plan de Compensación de la Sangre Contaminada, que contará con todos los fondos necesarios para ofrecer compensaciones una vez que se hayan identificado a las víctimas y evaluado las reclamaciones”.
“Seguiremos escuchando atentamente a la sociedad mientras abordamos este terrible escándalo”.
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