En el quinto año de gobierno de López Obrador las detenciones de personas migrantes en México batieron el récord absoluto desde que se comenzó a llevar registro de la estadística en 2001, hace más de dos décadas: el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo este año a 413 mil 563 migrantes que no contaban con documentación, de los cuales ya deportó a 175 mil a sus países de origen, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria.
La estadística oficial de 2023, que aún no está completa, pues falta recabar los datos de noviembre y diciembre, ya es la más alta nunca antes registrada en México y un 31% superior a la de 2022, año que con 314 mil casos tenía el récord de capturas.
Asimismo, aunque faltan aún de dos meses, el dato de este año es 123% superior a los 185 mil 319 migrantes detenidos por las autoridades mexicanas en 2021; 402% más que en 2020 (aunque hay que matizar que fue año de pandemia y que el flujo migratorio cayó en picado); 126% más que en 2019; y 214% más que en 2018, el último año de la administración de Peña Nieto.
Para encontrar una cifra similar de detenciones hay que remontarse a 2015, cuando durante el gobierno priista se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur; una iniciativa que, básicamente, fue la precursora del uso del Ejército, la Marina, y de todas las corporaciones policiacas para detener migrantes, además de los agentes del INM. Ese año fueron detenidas casi 200 mil personas; un boom. Aun así, el dato se encuentra lejos de los más de 400 mil detenidos en este 2023.
Se dispara migración venezolana
Este nuevo récord histórico puede explicarse por varios factores.
Uno de los más llamativos es el aumento sobresaliente de la migración venezolana, que está abandonando por miles el país sudamericano dirigido por el régimen de Nicolás Maduro. Las imágenes de miles de personas cruzando por la selva de El Darién, entre Panamá y Colombia, donde la mayoría son de nacionalidad venezolana, corrobora el éxodo venezolano hacia Estados Unidos, así como también lo corrobora las cifras en México: el INM detuvo en 10 meses de este 2023 a un total de 168 mil 639 personas venezolanas.
Para dimensionar este dato: en menos de un año, fueron detenidos más venezolanos en México que todos los migrantes de todas las nacionalidades juntas en 2018.
Este aumento de la migración venezolana puede apreciarse claramente en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2019 sólo 452 migrantes de esa nacionalidad fueron detenidos. En 2020, 183; en 2021 se produce el primer pico, con 4 mil 360 casos; y ya en 2022 se dispara a casi 100 mil, hasta llegar a los 168 mil 639 de este 2023.
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Crisis en Haití lleva a miles a migrar a países como México
Otro factor que explica el récord histórico es el aumento de la migración haitiana que huye de las malas condiciones económicas y de la inestabilidad política del país, luego de que en julio de 2021 el presidente haitiano Jovenel Moïse fuera asesinado y el país caribeño quedara sumido en una profunda crisis de inestabilidad. A lo anterior, hay que sumar además un nuevo desastre natural, como lo fue el terremoto de 2021 que dejó más de 2 mil haitianos muertos, 12 mil heridos, y millonarias pérdidas económicas.
En ese 2021 se aprecia claramente el aumento de la migración haitiana pasando por México para solicitar asilo, o para llegar a Estados Unidos: si en 2019 fueron detenidos 3 mil 891 haitianos, en 2021 fueron 13 mil 591 (un 246% más), mientras que en este 2023 suman casi 23 mil. Es decir, en solo cuatro años, la migración de Haití se ha multiplicado por cinco.
México aumentó control migratorio
Y otro factor del ‘boom’ tiene que ver con el aumento del control migratorio en México. Si bien el gobierno de López Obrador inició con la promesa de que habría un cambio en la política migratoria, tradicionalmente plegada más a los intereses del gobierno de turno en Estados Unidos que al cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y de que gracias a programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida se atacaría las raíces del fenómeno de la migración indocumentada en países de origen como Honduras, Guatemala y El Salvador, lo cierto es que muy pronto esa promesa se quedó en el olvido.
En concreto, desde que el entonces gobierno de Donald Trump amenazó en mayo de 2019 con imponer aranceles a los productos mexicanos si el Ejecutivo federal con López Obrador no detenía a la migración indocumentada en su frontera sur. Como resultado, el gobierno obradorista anunció el envío de 6 mil elementos de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo policiaco-militar, a la frontera sur entre Tapachula y Guatemala para detener migrantes. Y esos solo fueron los primeros elementos policiacos destinados a tal fin.
En septiembre de 2022, Animal Político publicó que en el cuarto año de gobierno de López Obrador la cifra de soldados del Ejército mexicano, marinos y elementos de la Guardia Nacional ascendió a 46 mil 916, y que éstos participaron en operativos de “contención” que derivaron en la captura de 345 mil 584 personas migrantes indocumentadas; otra cifra récord.
De acuerdo con las estadísticas publicadas durante el Cuarto Informe de Gobierno presidencial, el Ejército mexicano es el más activo en tareas de detención de migrantes: 256 mil 325 migrantes fueron interceptados por elementos castrenses, aún y cuando migrar no es un delito.
Guardia Nacional aumenta su participación en control de migrantes
En cuanto a la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad participó en la detención de 60 mil 861 migrantes sin documentos, 9 mil 216 más que el año previo. Y la Marina detuvo a 28 mil 668 migrantes, 160% más que en el tercer año de López Obrador.
Asimismo, el número de elementos de la Guardia Nacional destinados a tareas de control migratorio casi se cuadruplicó en el cuarto año de gobierno obradorista: de 2 mil 386 elementos desplegados por el país, la cifra escaló a 9 mil 445 elementos, casi un 300% al alza.
El número de soldados del Ejército también aumentó, auque ligeramente: 2.5%; de 13 mil 663 militares, pasó a 14 mil 013.
En cuanto a la Marina, se pasó de 16 mil 049 elementos a 23 mil 458, un 46% más.
Esta militarización de las detenciones de migrantes también se ve reflejada en el perfil de los altos funcionarios del INM. En diciembre de 2021, este medio publicó que al corte de noviembre de ese año, un total de 43 funcionarios del Instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación, eran militares, exmilitares, tienen carrera militar, o tenían un perfil policiaco.
De hecho, hasta 19 comisionados estatales de migración -los jefes del INM en los estados- fueron sustituidos entre 2019 y 2021 por militares, expolicías federales, o exfuncionarios de seguridad. Incluso, cabe recordar que el perfil del mismo comisionado del INM, Francisco Garduño, también es policiaco, pues llegó al cargo en junio de 2019 tras ser el responsable de las prisiones del país. Sustituyó en el cargo a Tonatiuh Guillén, cuyo perfil es claramente académico tras su paso por el Colegio de la Frontera Norte.
Solicitudes de refugio en México también baten récords
Por otra parte, al margen de las detenciones, otras estadísticas que están batiendo todos los récords son las de solicitudes de refugio y asilo en el país.
De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) proporcionados a este medio, al corte de noviembre de este 2023 suman 136 mil 934 personas solicitantes de asilo; estadística que ya supera los 119 mil del año pasado, y los 129 mil de 2021, que ostentaba el récord. La COMAR espera cerrar este año con más de 150 mil solicitudes.
Para también dimensionar este dato: en 2015, se registraron 3 mil 423 solicitantes de asilo. Hoy, esa cifra es 40 veces más grande.
De hecho, fue a partir de la llegada del gobierno de López Obrador, en 2019, cuando se produjo un ‘boom’ en las solicitudes de asilo: de 29 mil 741 en 2018, se pasó a 70 mil 300 en 2019. Esto, en parte, también se debe al aumento de las oficinas que la COMAR, que dirige Andrés Ramírez Silva, ha abierto en diferentes partes del país. Ello, a pesar de que la Comisión ha mantenido prácticamente congelado su presupuesto en este sexenio, lo que ha llevado a sus dirigentes a buscar alternativas a través de convenios con la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, que ha aportado dinero y personal para apoyar la atención a las solicitudes de asilo.
Presupuesto a migración
Otra dependencia con problemas de presupuesto es el propio Instituto Nacional de Migración. El pasado 5 de diciembre, un cable de la agencia estadounidense AP daba a conocer que el titular del Instituto, Francisco Garduño, ordenó suspender temporalmente las deportaciones y traslados de migrantes por la falta de recursos económicos en medio de un año que está batiendo todos los récords.
Para este 2023, el INM tiene un presupuesto aprobado de más de 1 mil 700 millones de pesos. La COMAR, unos 50 millones.
Todas las cifras anteriores se están traduciendo en imágenes que hacía años que no se daban en México. Por ejemplo, el regreso del uso del tren conocido como ‘La Bestia’ por parte de los migrantes, especialmente los de nacionalidad venezolana. En octubre de este año, Animal Político fue testigo en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, de cómo miles de personas con niños, niñas y adolescentes, trataban de abordar el tren, pese al asedio de las autoridades de migración que buscaban impedirlo.
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Mientras que en este diciembre, este medio publicó que, ante la falta de espacios y de albergues de la sociedad civil y de las autoridades capitalinas, cientos de migrantes se están organizando con algunos vecinos para instalar sus propios albergues improvisados, algo también insólito y que no se había visto antes, especialmente en la capital del país, no tan habituada a la presencia de migrantes como en el sur o en el norte de México.
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El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la medida solo afectará a un grupo pequeño de personas, pero no dio el alcance real de su magnitud.
“Identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad” para Estados Unidos.
Ese es el objetivo de la última medida para el control migratorio en la frontera sur que presentó este jueves el gobierno de Joe Biden, que se rechacen las peticiones de asilo más rápidamente y, a su vez, que se aceleren las deportaciones.
La regla, dicen, aplicará a un grupo pequeño de personas. En específico, para quienes puedan suponer “un riesgo para la seguridad nacional y pública”.
Esta medida se toma en un momento en que la inmigración es un tema caliente de cara a las elecciones de Estados Unidos el próximo noviembre.
Mientras que los republicanos critican constantemente a la administración Biden por ser laxa en este tema y haber empeorado la situación de la frontera sur, desde las filas demócratas progresistas se pide más atención y protección a los migrantes.
Pero, qué cambia con esta nueva regla y a quiénes afectará.
Un cambio en los tiempos
La regla, expuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, afectará a aquellas personas que se cree que han cometido delitos graves.
Así, expone que se aplicará a “condenados por delitos particularmente graves”, relacionados con terrorismo o que hayan “participado en la persecución de otros”.
También incluye a aquellos “para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de Estados Unidos.”
Esto en sí no es un cambio sustancial, puesto que ya la ley federal ya recoge la negación de asilo en Estados Unidos quienes se consideran una amenaza pública.
El punto clave de la reforma es el cuándo ocurre esta negación de asilo.
Hasta ahora, cuando alguien llegaba a la frontera, se le detenía, y si solicitaba asilo pasaba un tiempo largo hasta que se estudiaba su caso y, si se determinaba que el solicitante había cometido delitos, se le detenía para su posterior deportación.
Según la regla propuesta, ahora los agentes de migración de la frontera, que atienden los casos en su etapa más inicial, podrán determinar si una persona tiene o no causa de asilo o decidir si el detenido es una amenaza para Estados Unidos.
“Miedo creíble”
En específico, esto se dará en una etapa inicial del proceso de asilo que se llama “evaluación de miedo creíble”, y que ocurre unos días después de que alguien sea detenido en la frontera.
Según el derecho internacional y de Estados Unidos, cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo. Para que se les conceda, deben demostrar que sufren persecución o temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Es aquí cuando entra esa “evaluación de miedo creíble”, en la que se exponen las razones por las que se solicita asilo.
Hasta ahora, tras esa fase previa el caso podía pasar a un agente de asilo y, si era necesario, ante un tribunal de inmigración, que decide si el solicitante permanece o no en Estados Unidos.
El proceso para finalmente ser asilado puede durar años en tribunales de inmigración saturados.
La mayoría de las personas que lo solicitan no califican para obtenerlo y, en el camino, explicaron en el Departamento, se detiene y expulsa a quien tiene a antecedentes.
Ahora, los agentes en frontera podrán considerar en esa entrevista si la persona tiene antecedentes penales o vínculos terroristas sin pasar por esos trámites y, si la decisión lleva a negarle la entrada, se procederá a su deportación expedita.
La agencia no dio cifras sobre cuántas personas se verían afectadas, pero dijo que era pequeña.
En general, los defensores de la inmigración se han mostrado reacios a cualquier medida que busque hacer más difícil la evaluación inicial y creíble del miedo, según recoge agencias, por ser el de la entrevista un momento de alta vulnerabilidad tras sobrevivir a un viaje largo y peligroso hasta llegar a Estados Unidos.
Más medidas de cara a las elecciones
“La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
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