Diputados aprueban por unanimidad Ley General de Economía Circular; organizaciones denuncian exclusión en el proceso
Con 460 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Economía Circular y reformas a la legislación ambiental vigente, en una sesión donde el oficialismo defendió que el dictamen marca un “rumbo ambiental y económico” para el país. Afuera del recinto, organizaciones civiles protestaron y denunciaron riesgos a la salud, vacíos de transparencia y falta de participación real en el proceso legislativo.
El dictamen de la Ley General de Economía Circular señala que busca transformar el modelo de producción y consumo en México, pero el documento aprobado revela tres puntos que generan preocupación entre especialistas y organizaciones: el impulso a la valorización energética, incentivos fiscales sin controles estrictosy una fuerte dependencia de la autorregulación empresarial.
El documento amplía la definición de termovalorización para permitir la generación de energía a partir de residuos orgánicos e inorgánicos. Aunque se presenta como una herramienta para reducir desechos, abre la puerta a proyectos de combustión, coprocesamiento o tratamiento térmico cuestionados por su impacto en comunidades expuestas a emisiones tóxicas. La ley no establece salvaguardas sanitarias ni obliga a la intervención de la Secretaría de Salud en la supervisión de estos procesos.
Además, la nueva arquitectura institucional, que incluye 11 objetivos, instrumentos de planeación, acuerdos sectoriales y monitoreo digital, se apoya en mecanismos de verificación voluntaria, auditorías no obligatorias y prácticas que dependerán en gran medida de reportes empresariales. Esto ocurre especialmente con el Distintivo Nacional de Economía Circular y el Registro de Gestión Circular, que otorgarán beneficios fiscales a empresas sin exigir verificaciones externas independientes, dejando espacio para posibles prácticas de greenwashing.
La implementación del modelo también dependerá de acuerdos y convenios firmados con la industria, sin mecanismos obligatorios para incorporar a comunidades, recicladores u organizaciones independientes en la definición de metas y rutas de aplicación. Esto refuerza el protagonismo de actores privados en la toma de decisiones y reduce la participación de sectores que históricamente han sido afectados o excluidos del diseño de políticas ambientales.
Organizaciones: “Se redactó con la industria, no con las comunidades”
En entrevista con Animal Político, Claudia Romero Molina, representante de Fronteras Comunes / Colectiva México Tóxico, afirmó que la Ley General de Economía Circular se construyó mediante un proceso cerrado y sin participación real de organizaciones independientes ni de comunidades. Señaló que la discusión se llevó a cabo principalmente entre autoridades y empresas, y que las agrupaciones ciudadanas fueron convocadas únicamente cuando el dictamen ya estaba prácticamente terminado.
“Esta ley la redactó Semarnat junto con la industria y las empresas. Nunca fue gestionada ni gestada y acompañada de las organizaciones de la sociedad civil ni de las comunidades.”
Romero también cuestionó la falta de transparencia. Explicó que las organizaciones fueron invitadas solo un día antes de que la iniciativa fuera presentada públicamente, sin tiempo para revisarla o aportar observaciones sustantivas.
“No hubo un proceso de transparencia ni de apertura. Cuando intentaron incluir a las organizaciones fue una invitación exprés de un día antes.”
Consideró grave la ampliación de la termovalorización, pues implica procesos que pueden exponer a comunidades a sustancias tóxicas y cancerígenas sin que existan salvaguardas sanitarias claras.
“Producir energía derivada de cualquier tipo de residuo es altamente peligroso. Hay sustancias cancerígenas que se liberan y afectan a las comunidades cercanas”, aseguró. Las organizaciones también advirtieron que la ley otorga un papel central a la Secretaría de Economía en la definición de metas y convenios con empresas, pese a que los riesgos sanitarios deberían ser supervisados por autoridades especializadas.
Alertaron sobre el nuevo distintivo empresarial creado por la ley. Consideran que, sin auditorías independientes, puede convertirse en una herramienta para legitimar prácticas contaminantes sin comprobación real de cumplimiento ambiental.
“La ley da estímulos fiscales a la industria. Tener un distintivo nacional representa un greenwashing. Las auditorías voluntarias no garantizan transparencia ni trazabilidad”, señalaron.
PVEM: defensa del proceso y de la gradualidad, pero el dictamen no confirma toda la narrativa
En el pleno, la diputada Gabriela Benavides Cobos defendió que el dictamen es producto de un proceso plural, con participación de especialistas, recicladores y organizaciones. Sin embargo, varios de los mecanismos mencionados en su discurso, foros, consultas y diálogo territorial, no se encuentran descritos con la misma amplitud en el texto legal, lo que contrasta con las denuncias de organizaciones que aseguran no haber participado en la elaboración.
Benavides sostuvo que la ley está “diseñada bajo el principio de gradualidad dividida en cuatro etapas”, detallando que la primera es la emisión del Plan y Programa Nacional de Economía Circular; la segunda consiste en “los acuerdos generales de implementación por sector y por categoría de producto, a los cuales está invitada la industria para fijar las metas específicas”; la tercera contempla “los convenios de concertación donde se dará acercamiento a las empresas con las dependencias federales para fijar las metas de acuerdo a sus capacidades”; y la cuarta se concreta con “el registro de gestión circular, el cual incluirá a las empresas reguladas que estarán trabajando a favor de la economía circular”.
Aunque la diputada afirmó que la ley “reconoce a quienes por años han sido invisibles” y coloca a las personas recicladoras “en el centro del sistema”, el dictamen menciona su participación principalmente en términos de formalización y capacitación, sin detallar mecanismos garantizados de representación, inclusión obligatoria en los acuerdos sectoriales o beneficios sociales específicos más allá de la intención general de integrarlos.
Con información de Verónica Santamaría
Relacionado
El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas
- EE.UU.: “Mando a mi hijo a la escuela con una copia del pasaporte en la mochila y un contacto de emergencia por si me deportan”
- “No abra la puerta”: qué dice la tarjeta roja en 19 idiomas que ayuda a los migrantes en riesgo de deportación en EE.UU.
- “Me deportaron tras 11 años en EE.UU. y ahora trato de reconstruir mi vida en Honduras, el país donde nací pero que desconozco”
