Hace casi 17 años, el 8 de diciembre de 2005, comenzó el caso de la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta, que puso en evidencia las fallas en el sistema de justicia del país, provocó un conflicto diplomático entre México y Francia —con los expresidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy en primera fila— y hoy, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no está resuelto y mantiene preguntas sobre la mesa.
Ese día, la Agencia Federal de Investigación (AFI) desplegó un operativo en un rancho que derivó en la detención de Cassez y Vallarta. ¿El motivo? La institución entonces encabezada por Genaro García Luna acusaba a la pareja de ser parte de una banda de secuestradores identificada como Los Zodiaco.
La noticia no se dio a conocer en esa fecha, sino hasta la mañana siguiente, cuando la AFI recreó la detención frente a las cámaras de los principales noticiarios del país. A la larga, esta puesta en escena —un montaje— fue uno de los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó en cuenta para ordenar la liberación de Cassez —ocurrida en enero de 2013— y también se convirtió en el punto de partida de una nueva serie documental: El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal.
Basada en el libro Una novela criminal del escritor Jorge Volpi (Alfaguara, 2018), esta producción de Netflix dedica cinco capítulos no solo a hacer una reconstrucción de lo sucedido, sino también a plantear los aspectos de la historia que aún siguen sin respuesta.
Dentro de ese camino, los realizadores revisan documentos judiciales, retoman investigaciones periodísticas y entrevistan a algunos de los actores de esta trama, desde la propia Cassez y su familia hasta los expresidentes Calderón y Sarkozy, pasando por periodistas que cubrieron el arresto televisado, víctimas de secuestro y familiares de Vallarta, quien todavía sigue acumulando años en prisión sin haber recibido una sentencia.
En entrevista, Volpi y el productor Pablo Cruz señalan que uno de los mayores retos para concretar esta serie documental fue darle una estructura y seleccionar los materiales que llegarían hasta la pantalla de entre una gran cantidad de información.
“Mostrarlo todo sería imposible”, resume Volpi.
Ambos realizadores coinciden en que el producto final expone un caso complejo que pone de manifiesto numerosas fallas que prevalecen en el sistema de justicia, a pesar de las reformas que se han aprobado desde entonces para intentar hacerlo más transparente y efectivo, en particular, la reforma que estableció los juicios orales.
Cruz afirma que esos mismos problemas son los que hasta ahora han impedido conocer con certeza aspectos clave de la historia, como si en efecto Cassez y Vallarta participaron en secuestros —como lo sostuvo el gobierno de Calderón— o, por el contrario, si fueron incriminados como parte de una venganza.
Una posibilidad que explora el documental es que el arresto fuera solicitado por el empresario Eduardo Margolis, en represalia por un supuesto negocio fallido con Vallarta y Cassez. Pero ante las cámaras, Margolis rechaza esa hipótesis.
“Las capas de oscuridad para encontrar la verdad son tan profundas que nunca lo sabremos. Ojalá sea algo tan sencillo que ni siquiera lo vemos, pero no lo creo”, señala el productor de la serie.
Florence e Israel
En México, Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro. Después de eso, su familia, sus abogados y el gobierno de Sarkozy iniciaron acciones para impugnar esa condena, o bien, lograr su extradición a Francia para que allá purgara su pena.
La administración de Calderón rechazó esa posibilidad, y fue hasta enero de 2013 —ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto— cuando la Suprema Corte ordenó liberar a Cassez inmediatamente tras concluir que había sido víctima de violaciones al derecho a un debido proceso. Después del fallo, en cuestión de horas Cassez salió del penal donde se encontraba y tomó un vuelo en el que regresó a su país natal.
El caso de Vallarta ha sido distinto. Aunque sus abogados también han promovido recursos, hasta ahora no han logrado que salga de prisión, algo que en opinión de Cruz y Volpi debería ocurrir.
“Yo espero que esto sea un detonante para tratar su caso de una manera excepcional. Tiene que ir a juicio inmediatamente”, considera el productor.
“Ojalá el documental también muestre que, independientemente de lo que uno piense de Israel, después de la manipulación y la falta de debido proceso, él tendría que estar libre. No tengo ninguna duda, lo digo muy claramente: tendría que aplicarse el mismo criterio que con Florence y tendría que estar libre ya”, agrega el escritor.
Este jueves, en el contexto del estreno de la serie, la familia y los abogados de Vallarta publicaron un comunicado en el que señalaron que esperan que la difusión del caso ayude a que él quede en libertad tras haber sido blanco de “acusaciones fabricadas”.
17 años después
Volpi y Cruz no dejan pasar los giros que han dado las vidas de algunos de los protagonistas de esta historia a lo largo de 17 años. Genaro García Luna, por ejemplo, pasó de dirigir la hoy extinta AFI a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón y a ser detenido en Estados Unidos en 2019, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa, entre otros delitos. Actualmente, espera un juicio previsto para comenzar en enero de 2023.
Luis Cárdenas Palomino, uno de sus hombres más cercanos, fue arrestado en México en 2021. En su caso, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de tortura, justamente en contra de familiares de Israel Vallarta.
Para Volpi, el hecho de que ellos y otros exfuncionarios hayan alcanzado tanto poder en sexenios previos, a pesar de las irregularidades que se les atribuyen, “ejemplifica en toda su maldad” los nexos ilegales que llegan a establecerse entre poderes políticos y económicos.
Como prueba, el escritor señala que la trayectoria de García Luna sobrevivió al escándalo del montaje televisivo en contra de Cassez y Vallarta, y un año después, en 2006, Calderón incluso lo nombró como su secretario de Seguridad.
“Es inaudito si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Cómo es posible? Ya con este caso, hubiera sido para que se hubiera acabado su carrera y, en vez de eso, fue promovido”, advierte el autor, quien también aprovecha el estreno del documental para llamar a que México construya un nuevo sistema de justicia.
“Se necesitaría una reforma completa, integral, drástica para que realmente pudiera funcionar”.
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Myanmar se ha convertido en el epicentro del negocio de engañar a hombres occidentales por internet, para el que utilizan trabajo esclavo.
Advertencia: Esta historia contiene detalles de violencia, incluida violencia sexual, que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. El nombre de uno de los participantes – Ravi – ha sido alterado para proteger su identidad.
“Me quitaron la ropa, me hicieron sentarme en una silla y me dieron descargas eléctricas en la pierna. Pensé que era el fin de mi vida”.
Ravi había viajado a Tailandia para aceptar un trabajo en informática, pero en lugar de un edificio de oficinas de gran altura en Bangkok, este joven de 24 años de Sri Lanka se encontró atrapado en un sombrío recinto en Myanmar.
Había sido secuestrado y vendido al otro lado del río cerca de la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot. Era otra víctima de la trata de personas.
Según cuenta, allí fue vendido a uno de los muchos campos dirigidos por bandas criminales de habla china que se dedican a las estafas en línea. Obligan a personas sometidas a la trata de personas como Ravi a trabajar largas horas en estas estafas, usando identidades falsas en línea para hacerse pasar por mujeres y engañar a hombres solitarios en Estados Unidos y Europa.
Si encuentran un objetivo vulnerable, tratan de persuadirlo para que invierta grandes sumas de dinero en plataformas comerciales falsas que prometen una rápida rentabilidad.
Son campos de esclavos cibernéticos. El de Ravi era un refugio en la jungla en Myawaddy, una región de Myanmar fuera del control de la junta militar que gobierna ese país.
Según Interpol, miles de hombres y mujeres jóvenes de Asia, África Oriental, América del Sur y Europa Occidental son atraídos para trabajar en estos campamentos de ciberdelincuentes mediante promesas falsas de empleos relacionados con la informática.
Las personas que se niegan a seguir las órdenes son golpeadas, torturadas o violadas.
“Pasé 16 días en una celda por no obedecerles. Solo me dieron agua mezclada con colillas de cigarrillos y ceniza para beber”, dijo Ravi a la BBC.
“Mientras estaba en la celda, en el quinto o sexto día, trajeron a dos chicas a una celda cercana. 17 hombres las violaron frente a mis ojos”, agregó.
“Una de las chicas era de nacionalidad filipina. No estoy seguro de la de la otra víctima”.
Quiénes son las víctimas de la trata
La ONU estima que solo en 2023 más de 120.000 personas en Myanmar y otras 100.000 en Camboya habían sido obligadas a trabajar en estos y otros fraudes en línea que van desde las apuestas ilegales hasta estafas con criptomonedas.
Un informe de Interpol encontró el año pasado más centros para estafas en línea en Laos, Filipinas, Malasia, Tailandia y, en menor medida, Vietnam.
Un portavoz de Interpol le dijo a la BBC que esta tendencia ha evolucionado de un problema regional a una amenaza global para la seguridad. Cada vez más países se convierten centros de estafas, rutas de tránsito o puntos de partida de las víctimas.
A principios de este mes, el gobierno indio anunció que hasta ahora había rescatado a 250 de sus ciudadanos que habían sido vendidos en Camboya, mientras que en marzo, China repatrió a cientos de sus ciudadanos de centros de estafas en Myanmar.
Pekín ha venido aumentando la presión para cerrar estos centros tanto sobre el gobierno militar de Myanmar como sobre los grupos armados.
Y las autoridades de Sri Lanka saben tienen noticia de al menos 56 de sus nacionales cautivos en cuatro lugares diferentes en Myanmar. El embajador de Sri Lanka en Myanmar, Janaka Bandara, le dijo a la BBC que ocho de ellos habían sido rescatados recientemente con la ayuda de las autoridades locales.
Los migrantes en busca de un empleo proveen una fuente constante de mano de obra para quienes dirigen estos campos de esclavitud moderna.
Cada año, cientos de miles de ingenieros, médicos, enfermeras y expertos en informática del sur de Asia emigran en busca de trabajo en el extranjero.
Ravi, especialista en informática, buscaba desesperadamente como salir de Sri Lanka y de la crisis económica que sufre cuando se enteró de que alguien ofrecía trabajos ingresando información en sistemas de bases de datos en Bangkok.
Esta persona y un socio de Dubái le aseguraron que la empresa le pagaría un sueldo base de 370,000 rupias (US$1.200).
Como recién casados, Ravi y su esposa soñaban que este nuevo trabajo les permitiría construir una casa, así que se lanzaron a pedir varios préstamos para pagar al agente local.
De Tailandia a Myanmar
A principios de 2023, Ravi fue enviado junto a un grupo de ceilandeses a Bangkok y de allí a Mae Sot, una ciudad en el oeste de Tailandia.
“Nos llevaron a un hotel, pero pronto nos entregaron a dos hombres armados. Nos llevaron a Myanmar cruzando un río”, contó Ravi.
Luego fueron trasladados al campamento dirigido por capataces de habla china, y se les dio órdenes de no tomar fotografías.
“Estábamos aterrados. Alrededor de cuarenta hombres y mujeres jóvenes, incluidos ceilandeses, personas de Pakistán, India, Bangladesh y países africanos, fueron detenidos a la fuerza en el campamento”, dijo.
Según recuerda Ravi, altos muros y alambre de púas impedían escapar de estos recintos, cuyas entradas estaban custodiadas por hombres armados las 24 horas del día.
Él y los demás eran obligados a trabajar hasta 22 horas al día y solo les daban un día libre al mes. Se esperaba de ellos que embaucaran al menos a tres hombres al mes.
Quienes desobedecían sufrían golpizas y torturas, a menos que pudieran pagar para salir.
Eso fue lo que hizo Neel Vijay, un joven de 21 años de Maharashtra, una región en el oeste de India, que fue vendido en Myanmar junto con otros cinco hombres indios y dos mujeres filipinas en agosto de 2022.
Le contó a la BBC que un amigo de la infancia de su madre le había prometido un trabajo como teleoperador en Bangkok y le había cobrado una comisión de 150.000 rupias indias (US$1.800) por conseguirle el empleo.
“Había varias empresas dirigidas por personas de habla china. Todos eran estafadores. Nos vendieron a esas empresas”, dijo Neel.
“Cuando llegamos a ese lugar, perdí la esperanza. Si mi madre no les hubiera dado el rescate, me habrían torturado como a los demás”.
La familia de Neel pagó a la banda 600.000 rupias indias, unos US$7.190, por su libertad después de que él se negara a participar en la estafa, pero no antes de que hubiera sido testigo del castigo brutal impuesto a las personas que no cumplían con los objetivos o no podían pagar el rescate.
Tras su liberación, las autoridades tailandesas lo ayudaron a regresar a la India, donde su familia ha emprendido acciones legales contra los agentes locales que lo reclutaron.
Los funcionarios tailandeses trabajan con otros países para ayudar a repatriar a las víctimas. Sin embargo, un alto funcionario del Ministerio de Justicia de Tailandia dijo a la BBC que el número de rescatados es mínimo.
“Necesitamos hacer más en la comunicación con el mundo y educar a las personas sobre estas bandas criminales para que no se conviertan en sus víctimas “, dijo el Subdirector General del Departamento de Investigación Especial (DSI) en Tailandia, Piya Raksakul.
Los traficantes de personas utilizan a menudo Bangkok como un centro regional porque personas de muchos países, incluidos India y Sri Lanka, pueden ingresar a Tailandia obteniendo una visa al llegar al país.
Cómo funcionan las estafas
Ravi reveló que se le indicó que se dirigiera a hombres adinerados, especialmente en países occidentales, e intentara forjar con ellos relaciones románticas utilizando números de teléfono robados, redes sociales y plataformas de mensajería.
Contactaban a las víctimas directamente, haciéndoles creer típicamente que el primer mensaje, a menudo solo un simple “hola”, era enviado por error.
Algunas personas ignoraron los mensajes, dice Ravi, pero las personas solitarias o las que buscaban sexo a menudo picaban el anzuelo.
Cuando lo hacían, un grupo de mujeres jóvenes en el campamento eran obligadas a tomar fotos explícitas para atraer aún más al objetivo.
Después de intercambiar cientos de mensajes en tan solo unos días, los estafadores lograban ganarse la confianza de estos hombres y persuadirlos para que colocaran grandes sumas de dinero en plataformas falsas de inversión en línea.
Estas aplicaciones fraudulentas mostraban después información falsa sobre las ganancias de esas supuestas inversiones.
“Si una persona transfiere $100.000, le devolvemos $50.000, diciendo que es su beneficio. Esto da la impresión de que ahora tienen $150.000, pero en realidad, solo recuperan la mitad de su cantidad inicial de $100.000, dejando la otra mitad para nosotros”, explicó Ravi.
Cuando los estafadores han tomado todo lo que pueden de las víctimas, las cuentas de mensajería y los perfiles de redes sociales desaparecen.
Es difícil estimar la escala de esta actividad, pero el Informe de Crímenes en Internet de 2023 del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos encontró que había más de 17.000 denuncias de estafas de este tipo en su país y las cantidades estafadas ascendían a US$652 millones.
Daños físicos y psicológicos
Según su relato, Ravi dice que fue vendido después de un mes a otra banda porque “la empresa” para la que inicialmente trabajaba quebró. No sería la última vez. En los seis meses que pasó en Myanmar trabajó forzado para tres bandas diferentes.
Cuando cayó en poder de sus nuevos capos, les dijo que no quería seguir engañando a la gente y suplicó que le permitieran regresar a Sri Lanka.
No le dejaron y un día un enfrentamiento con el líder de su equipo desencadenó una pelea por la que fue castigado. Lo llevaron a una celda donde lo torturaron durante 16 días.
Finalmente, el “jefe chino” de la banda fue a verlo y le ofreció “una última oportunidad” para volver a trabajar debido a su experiencia en software.
“No tuve elección; para entonces, la mitad de mi cuerpo estaba paralizada”, recuerda.
Durante otros cuatro meses, Ravi gestionó cuentas de Facebook configuradas utilizando una VPN, aplicaciones de inteligencia artificial y cámaras de video 3D utilizadas para el negocio de las estafas.
Sus súplicas de que le permitieran regresar a Sri Lanka para visitar a su madre enferma eran ignoradas.
Finalmente, el líder de la banda accedió a dejarlo ir si Ravi, pero solo si pagaba un rescate de 600.000 rupias, unos US$2.000 y 200.000 rupias adicionales, unos US$650 por cruzar el río y entrar en Tailandia.
Sus padres pidieron prestado el dinero, para lo que pusieron su casa como garantía, y se lo transfirieron. Por fin, Ravi logró que lo llevaran de vuelta a Mae Sot.
Cuando en el aeropuerto le multaron con 20.000 baht tailandeses, unos US$550, por no tener visa, sus padres tuvieron que pedir otro préstamo.
“Para cuando llegué a Sri Lanka, tenía una deuda de 1.850.000 rupias, unos US$6.100”, dijo.
Aunque ahora está de vuelta en casa, Ravi apenas ve a su nueva esposa.
“Trabajo día y noche en un taller para pagar esta deuda. Hemos empeñado ambos nuestros anillos de boda para pagar los intereses”.
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