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Iniciativas solares y comunitarias, el reto de generar energía limpia en México
Iniciativas solares y comunitarias, el reto de generar energía limpia en México
Instalación solar acompañada por Onergia en la sierra norte de Puebla con el volcán Popocatépetl de fondo. Foto: Cooperativa Onergia
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Iniciativas solares y comunitarias, el reto de generar energía limpia en México

Mientras México ha apostado por seguir abrazando a los combustibles fósiles, iniciativas locales y comunitarias intentan poner el ejemplo para construir modelos de transición energética en medio de la crisis climática. Sin embargo, enfrentan un proceso complejo, lleno de barreras políticas, económicas y culturales para ser vistas, escuchadas y respaldadas.
10 de julio, 2024
Por: Gonzalo Ortuño
@periodistagonzo 

Prender el foco no es tan fácil ni accesible en las comunidades de México, donde las iniciativas comunitarias para generar y distribuir energía renovable enfrentan falta de recursos, incentivos y oportunidades para una transición energética justa en sus localidades.

En un país donde 37% de los hogares están en pobreza energética –cuando no hay acceso a energía de calidad para cubrir servicios básicos, como el uso de una estufa, protegerse de climas extremos o electricidad para estudiar o comunicarse– existen esfuerzos comunitarios y de la sociedad civil que buscan cambiar la participación de las personas en los proyectos de transición energética, es decir, dejar el petróleo, el gas y el carbón para priorizar energías limpias y renovables.

Uno de ellos es la iniciativa de los ejidos solares, –el ejido en México es un forma de tenencia comunal de la tierra, las cuales han sido otorgadas por el Estado a poblaciones campesinas tras la Revolución de 1910– la cual busca que distintos proyectos de energía solar sean propiedad de comunidades y sean sus habitantes quienes reciban los beneficios de un proyecto energético.

Se trata de un modelo de propiedad comunitaria que busca cambiar la lógica de los megaproyectos en energías renovables, impulsados por grandes empresas que –muchas veces– no consultan ni contemplan a las comunidades en donde se instalan, a uno donde los habitantes de una comunidad sean los protagonistas.

La iniciativa de ejidos solares –que originalmente se pensó a gran escala en México– se planteó en comunidades de los municipios de Chimaltitán, Jalisco; San Luis de la Paz, Guanajuato; y en Hermosillo, Sonora.

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Sistema fotovoltaico instalado por la Cooperativa Onergia en Puebla. Foto: Cooperativa Onergia

 

Sin embargo, este proyecto no ha podido aplicarse del todo, ante las barreras económicas y políticas que reflejan la complejidad que enfrentan los proyectos energéticos locales, los que apuestan por soltar los combustibles fósiles para incorporar a las energías limpias.

En el caso de los denominados ejidos solares, la iniciativa surge buscando cambiar la participación social de las comunidades en los proyectos de energía en México. Este proyecto, impulsado por la organización Iniciativa Climática de México (ICM) reconoce que hay una oposición social a los megaproyectos –incluidos aquellos de energías renovables–  pues históricamente han utilizado a las comunidades para establecer sus proyectos (pensados para las ciudades) e impactando el medio ambiente y el entorno de las localidades.

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Con este nuevo intento, de la mano de sociedad civil y autoridades locales, se busca cambiar esos modelos, para que los habitantes de las comunidades promuevan el uso de energías renovables, además de recibir sus beneficios.

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Megaproyectos en energías renovables también demandan grandes cantidades de tierra y recursos, lo cual ha provocado históricamente conflictos y afectaciones con comunidades donde deciden asentarse. Planta solar de la empresa italiana Enel en Coahuila, al norte de México. Foto: Secretaría de Energía

 

Luisa Sierra Brozon, directora de Energía de ICM, explica que este nuevo modelo propone que la comunidad aporte la tierra, mientras que los gobiernos locales (así como la iniciativa privada, de ser necesario) apoyen con la inversión de capital semilla mediante una sociedad.

“Una vez que se recupera la inversión, se salen de ese vehículo de propósito específico y los beneficios se quedan en la comunidad”, explica Sierra en entrevista.

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Reglas dispares para las comunidades

Sierra Brozon, también especialista en energía y cambio climático, señala que para adaptar  el modelo de los ejidos solares a las realidades de las comunidades, concretamente en el caso del ejido de Molino de Camou, al noreste de Hermosillo, la iniciativa se ha apoyado en la generación distribuida.

Este es un concepto utilizado para definir al modo de generar energía eléctrica en pequeña escala, instalada cerca del lugar de consumo y producida en instalaciones mucho más pequeñas que las centrales convencionales.

En México se trata también de la modalidad más conveniente para los proyectos comunitarios de energía renovable.

Además, a diferencia de otro tipo de proyectos, no requiere de un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

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Sin embargo, este modelo también incluye barreras, pues limita que la capacidad de la central generadora sea menor a 500 kilowatts (kW), debe estar conectado a las redes de distribución de la energía y no puede participar directamente en el mercado eléctrico mayorista.

Ricardo Cruz, gerente del Programa de Energía de ICM,  advierte que el precio de la energía por generación distribuida es bajo, lo que pone en desventaja a los proyectos comunitarios frente al mercado, además de tener un tope de kW que no permite que los proyectos comunitarios puedan abastecer del servicio a comunidades.

“Un proyecto de 500 kW, que es lo más grande que te permite la generación distribuida, no es mucho, ya hablando de estas escalas. Para una casa o un comercio puede ser mucho, pero ya para una comunidad, depende del tamaño, los habitantes y el acceso a la energía puede ser poco”, señala.

El costo por construir, operar y mantener un proyecto como el de ejidos solares en un terreno de aproximadamente 0.6 hectáreas es de 13 millones de pesos (poco más de 717 mil dólares), un financiamiento difícil de conseguir para comunidades aisladas.

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Los especialistas también sostienen que dentro de la generación distribuida hay tres modalidades, y la que da mayores beneficios a las comunidades, sostienen, es el esquema de venta total, sin que las localidades puedan utilizar la energía que producen y vendiéndola a un precio bajo.

“La comunidad vende su electricidad a la red, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en ese sentido, por cómo está regulado nuestro país y diseñadas las disposiciones administrativas, los proyectos de esta naturaleza obedecen al mercado. Entonces va a depender de dónde quieras poner el proyecto, y qué tan rentable es o no un proyecto comunitario en nuestro país”, expone Sierra.

Esto, advierte, es un gran obstáculo para detonar proyectos comunitarios en México, pues los Precios Marginales Locales (PML) son demasiado bajos para competir con proyectos de gran escala.

Actualmente, ICM trabaja en la propuesta de un cambio regulatorio que permita a los proyectos de generación distribuida aumentar su capacidad de 500 kW a 1 MW, así como recibir contraprestaciones.

“Lo que nosotros creemos necesario es tener un esquema de contraprestación que específicamente vea a las comunidades. Esa es una de las principales barreras, pero también oportunidades de avanzar para que puedan desarrollarse proyectos comunitarios de manera mucho más sencilla y que también traen beneficios a la red. Cuando tú acercas un punto de generación a un punto de consumo tienes menos pérdidas en la red”, sostiene Sierra.

Pese a estos obstáculos, en 2023 la generación distribuida alcanzó los 3,364 MW en capacidad instalada (más del 99% de ella en energía solar), un incremento de 28.7%, respecto a 2022, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Cooperativas energéticas, una luz para las comunidades

Un ejemplo de la imposición de megaproyectos a comunidades ocurrió en 2016 en Cuetzalan, Puebla, al centro de México, donde la CFE intentó construir una subestación eléctrica, para suministrar energía a proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas.

La oposición y resistencia del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y el acompañamiento de la cooperativa Tosepan Titataniske dieron origen a Onergia, una cooperativa energética fundada por jóvenes en esta zona serrana con el objetivo de ayudar a proyectos locales a instalar sistemas fotovoltaicos, los cuales permiten transformar la energía solar en electricidad.

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El gobierno que está por concluir priorizó el uso de fuentes de energía fósil con el argumento de garantizar la “soberanía energética” a nivel nacional. Foto: Gobierno de México

Juliana Gómez, socia trabajadora de Onergia, cuenta que a partir del cooperativismo, la localidad se empezó a cuestionar cómo producir la energía y para qué.

Explica que Onergia buscó diferenciarse de las empresas de energías renovables que no comparten un proyecto “ecopolítico” de respeto a las comunidades y a la relación que existe con sus territorios.

“No queremos seguir siendo parte de esto (megaproyectos en energías renovables) aunque están en el rubro de energías alternativas tienen un objetivo meramente capital…el tema es cómo se produce y cómo se consume esa energía. Tenemos una postura muy clara de decir: ‘no entramos a ningún megaproyecto’. Nunca vamos a hacer la instalación de un parque solar porque no se trata de llenar el mundo de parques solares. Si vamos a tener parques solares para seguir teniendo un gasto energético como lo tiene la gente en Estados Unidos, pues no hay mundo que nos alcance”, sostiene.

Gómez detalla que desde la cooperativa, Onergia no sólo busca dar un servicio en la instalación de sistemas fotovoltaicos a pequeños clientes y comunidades, sino también desarrollar procesos de formación e investigación con más iniciativas.

“Intentamos hacer redes con otras cooperativas o con organizaciones y generar proyectos que nos permitan una relación más íntima y profunda con la energía. No solo es este sentido de la electricidad, sino de la señora va todos los días a sacar la leña, que haya estufas ahorradoras, ecotecnias acordes al territorio. Poder ir generando una relación más amigable con el medio ambiente”, expone.

La integrante de Onergia también menciona los obstáculos y retos que implica acompañar la transición energética en localidades con la figura de cooperativa.

No tenemos formas de financiamiento y no podemos financiar compra de equipos. Ser cooperativa hace todo más difícil para nosotros porque este tipo de convenios están establecidos para hacerlos con empresas y otro tipo de figuras jurídicas”, explica.

También menciona la dificultad de sostener a una cooperativa de servicios.

“Nosotros no producimos los paneles solares, los instalamos y los impuestos son muy altos. A nosotros nos cobran impuestos del 35%, entonces para una cooperativa que no es productiva es muy costoso”, reconoce Gómez.

Crisis de confianza con las comunidades, una deuda histórica para impulsar la transición energética justa

Para Karla Cedano, académica responsable del Laboratorio de Innovación y Futuros del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, existe una crisis de confianza entre las comunidades rurales hacia los proyectos de energías renovables, tras años de abusos y desigualdades.

La especialista sostiene que para reconstruir una relación entre autoridades, especialistas y comunidades en la transición energética se requiere entender su contexto histórico y social, antes de proponer soluciones a crisis energética y climática.

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“No le dedicamos el tiempo para construir esa confianza, entonces usamos términos como ‘negociar’, como ‘convencer’ y son dinámicas verticales, esa no es la lógica. Sigue habiendo una imposición y cuando hacemos eso entonces viene el obstáculo de la desconfianza”, explica Cedano, quien ha aplicado también perspectiva de género a investigaciones sobre energía e innovación.

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Talleres de educación energética impartidos por la cooperativa Onergia para mejorar la relación de comunidades con el medio ambiente. Foto: Cooperativa Onergia

 

Apostar por soluciones en lo local

Cedano también considera que hay áreas de oportunidad para que los proyectos comunitarios puedan crecer a nivel local, pese a no contar con mejores regulaciones.

“Si es una agencia de energía que realmente se le esté apostando en serio, que tenga recursos y que tenga, además, capacidad de integrar especialistas que entiendan o que quieran entender esta interdisciplina, tampoco requiere incentivos tan grandes para que las transiciones energéticas locales funcionen”, sostiene.

La especialista pone el ejemplo del uso de leña como fuente de energía en ciertos contextos, como una opción de uso de biocombustibles que pueden representar soluciones a nivel local.

“Es más un cambio cultural y una aceptación de que, por ejemplo, la biomasa que está tan satanizada, no es satanizable, la biomasa bien manejada, como la maneja el espacio rural no tiene ningún problema, ¿cuál es el lío? Talamontes, mafias, pero para la gestión energética, las comunidades manejan muy bien la biomasa”, expone.

Otro ejemplo de posible solución que menciona Cedano es la coordinación de los estados del país con la CFE, donde según los contextos de cada región, se puede invertir en distribución para conectar a más comunidades aisladas.

“Si fortalecemos la inversión en sistemas de distribución, donde podamos ver que si incentivas las inversiones energéticas a que promuevan o que fortalezcan la distribución y aprovechemos recurso local, nos sale mucho más barato beneficiar energéticamente a la localidad y entonces vas cerrando brechas y eso va generar dinámicas positivas en la pérdida de confianza de las comunidades”, sostiene.

La especialista insiste en que hay elementos en contextos locales que son replicables y otros que no lo son, lo que debe quedar claro al momento de escalar las buenas prácticas comunitarias sobre transición energética.

Generar energía limpia en medio de combustibles fósiles

Los apagones ocurridos en mayo pasado le recordaron a México la crisis energética que se avecina si no se buscan vías para una transición energética limpia en el país.

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Aunque las autoridades han señalado que “no hay riesgos en el sistema eléctrico mexicano por falta de generación eléctrica”, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 indica que la capacidad de generación instalada en el sistema creció apenas 0.6% comparado con el cierre de 2022, mientras que la demanda se incrementó 3.5% en el mismo periodo, de acuerdo con el IMCO.

Hasta marzo de 2023, México producía el 76.1% de su electricidad con combustibles fósiles, de acuerdo con el observatorio El Sextante, de la organización México Evalúa.

Un análisis hecho por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) coincide en que ese año, únicamente 24.3% de la generación eléctrica (incluyendo generación distribuida) fue limpia.

Esto, pese a que el compromiso de México firmado en el Acuerdo de París era generar 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024.

Ante este escenario, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, ha prometido impulsar la transición energética. Sin embargo, Sheinbaum –quien también es científica experta en ingeniería energética– apunta a mantener parte de la política que ha defendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha priorizado las fuentes fósiles bajo el argumento de garantizar una “soberanía energética” a nivel nacional.

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La próxima presidenta de México promete al mismo tiempo subsidios a la energía fósil, así como alternativas y soluciones basadas en energía limpia.

Mientras tanto, organizaciones, cooperativas y comunidades señalan que para fomentar los proyectos comunitarios de transición energética, los cambios en leyes y política energética deberán priorizar las soluciones locales y descentralizadas.

Sheinbaum AMLO energías
Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México y Claudia Sheinbaum pardo, virtual presidenta electa, quien ha defendido la política energética de la actual administración. Foto: Gobierno de México

En palabras de Gómez, de la cooperativa Onergia, los cambios que se hagan tienen que darse con las organizaciones y comunidades históricamente afectadas que les permitan generar su propia autonomía. “Frente a lo privado, lo público… pero frente a lo público, lo comunitario. Lo que habría que hacer es bajar esto de políticas nacionales, que no pueden ser las mismas para todos los estados, y poder volver a lo local y ver cómo se produce para esa localidad en ese lugar y no cómo se roba la energía de un lugar para llevarla a otro”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

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Imagen BBC
“Están dejando morir a nuestra gente”: la grave crisis del sistema de salud de Puerto Rico
12 minutos de lectura

La escasez de médicos, retos financieros y problemas con las aseguradoras privadas asfixian el sistema de salud del territorio estadounidense.

11 de julio, 2024
Por: BBC News Mundo
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Gabriela Nieves Robles, una patóloga del habla de 34 años, dice que notó los primeros síntomas a finales de 2020, cuando su madre, Ana, quien hoy tiene 63, comenzó a repetir las mismas anécdotas una y otra vez.

“Un día me decía que había ido al shopping y que se había comprado una camisa azul. Al siguiente día me comentaba: ´¿adivina qué? Fui al shopping y compré una camisa azul´. Yo le decía que ya me lo había contado y ella respondía que no se acordaba”, relata desde Toa Baja, una ciudad del norte de Puerto Rico.

Al pasar las semanas también se dio cuenta de que su progenitora olvidaba cosas simples, como pagar las deudas, los cumpleaños y las tareas de la casa.

“Durante la pandemia [del covid-19], ella sufrió un derrame ocular. Yo estaba 100% segura de que eran los efectos de ese evento que ocurrió en febrero de 2020”, agrega.

Pero los síntomas continuaron, así que decidió buscar a un médico. Llamó a uno, dos, tres neurólogos y ninguno tenía espacio para atender a su madre, porque sus calendarios estaban llenos hasta finales de año.

En septiembre, la décima neuróloga que contactó aceptó ver a Ana. El proceso, sin embargo, no sería expedito.

Ana tuvo que esperar cuatro meses para su primera cita. Desde que comenzaron sus problemas de memoria hasta que vio a la doctora por primera vez pasó casi un año.

Aun así, Gabriela piensa que tuvieron “suerte”.

gabriela y su madre ana
Suministrada
La madre de Gabriela comenzó a olvidar detalles de su vida a finales de 2020. No pudo tener una cita con un médico hasta un año después.

Una crisis progresiva

Lo afirma porque desde hace más de dos décadas el sistema de salud de Puerto Rico atraviesa una crisis progresiva, en gran parte causada por la escasez de profesionales sanitarios, que se marchan en busca de mejores salarios y beneficios, y para escapar de los escollos que les imponen las aseguradoras locales.

Al mismo tiempo, los profundos cambios demográficos de la isla, entre otros factores, como la adopción de nuevos protocolos médicos en los que se prioriza el cuidado ambulatorio, ponen en aprietos a algunos hospitales, que optan por declararse en bancarrota o reducir sus servicios para poder seguir operando.

“Desde 2011, Puerto Rico perdió casi 600.000 personas que se han mudado a EE.UU., además de la baja natalidad”, dice Julio Galindez, un contador que trabaja ofreciendo servicios al sector sanitario desde hace más de tres décadas.

Menos pacientes supone menos ingresos para los centros de salud. Estas instituciones también lidian con las bajas tarifas que pagan las aseguradoras, asegura Galindez.

Según él, un estudio que realizó su empresa junto a la firma de análisis económico Estudios Técnicos reveló que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit.

Expertos aseguran que la falta de trabajadores sanitarios provoca una sobrecarga de las oficinas médicas, lo que a su vez retrasa la atención primaria, los diagnósticos y los tratamientos.

Como le ocurrió a Ana, otros puertorriqueños le contaron a BBC Mundo que tardaron más de un año en ver a especialistas como cardiólogos y dermatólogos.

foto de una camilla en el pasillo de un hospital
Getty Images
Ocho de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit, dice a BBC Mundo un experto en temas financieros del sector sanitario en la isla.

En el caso de la madre de Gabriela, al llegar a la neuróloga fue tratada por demencia progresiva, pero los fármacos que le recetaron no surtían efecto.

Al año siguiente decidieron realizarle pruebas más profundas, que ellas mismas tuvieron que costear a un precio de US$4.000.

Los seguros médicos se negaban a pagarlas porque decían que la mujer era muy joven para estar en riesgo de sufrir ciertos tipos de condiciones neurodegenerativas.

El miedo de Gabriela, la razón por la que insistía para que su madre viera a un médico y recibiera tratamiento lo más pronto posible se hizo realidad: Ana tenía alzhéimer.

El éxodo

De acuerdo con Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en el territorio estadounidense hay alrededor de 9.000 médicos en activo (la mitad que hace 20 años) para una población de 3,2 millones de personas.

Al menos se necesitan 6.000 profesionales más para atender las necesidades de salud de la isla.

“Los médicos están viendo 40 y 50 pacientes diarios, con citas dentro de siete u ocho meses”, explica el cardiólogo. “Eso no sucede en otros lugares de EE.UU., donde se ven 15 o 20 pacientes en un día”.

Algunas especialidades, como las pediátricas y las relacionadas a la cirugía, están en un estado crítico.

“En Puerto Rico solo hay un neurocirujano pediátrico”, comenta.

En los hospitales y salas de emergencia la historia no es diferente.

“No damos abasto”, afirma Hiram Rodríguez Torres, un internista que trabaja en un hospital cuidando pacientes con problemas agudos.

La escasez no es solo de médicos. Los trabajadores de enfermería, tecnólogos y terapeutas también están dejando la isla, sostiene.

personal de salud con una tableta en sus manos
Getty Images
Algunos médicos en Puerto Rico atienden entre 40 y 50 pacientes en sus consultorios, afirma el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de la isla.

Una de las razones por las que los profesionales de la salud se van de Puerto Rico son las bajas tarifas que pagan las aseguradoras (menos de la mitad que en el resto de EE.UU.), en lo que Rodríguez Torres y otros conocedores del tema describen como “el control absoluto de estas compañías sobre el sistema de salud en general”.

A grandes rasgos, el sistema sanitario en Puerto Rico es financiado de forma híbrida, explica Carlos Díaz Vélez.

Una parte, a la que pueden acceder las personas de escasos recursos y los mayores de 65 años, es sufragada con fondos provenientes de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU., mientras que la otra es privada. En este último caso, los ciudadanos contratan aseguradoras, muchas veces con una aportación de sus empleadores.

Pero los fondos públicos desde la década de 1990 son destinados también a un grupo de aseguradoras privadas, contratadas para que administren el dinero y paguen por los servicios que recibe la población más desfavorecida.

“Ahí fue que comenzaron los problemas”, comenta Díaz Vélez. “Porque la salud pasó a ser vista como un producto, donde la oferta y la demanda imperan”.

profesional de la salud firma documentos en un hospital
Getty Images
Los médicos en Puerto Rico cobran menos de la mitad que sus contrapartes en EE.UU., según el Colegio de Médicos y Cirujanos del territorio. En la foto una profesional de la salud en un hospital estadounidense.

Para tener ganancias, las aseguradoras buscan abaratar costos. No solo con las tarifas, que muchas veces incluso pagan de forma tardía, sino que también imponen trabas en la relación entre el médico y el paciente.

Rodríguez Torres explica que, por ejemplo, en ocasiones niegan ciertos análisis o fármacos y piden que sean justificados a través de documentos que debe completar el mismo médico.

Esto impone una carga más sobre los trabajadores de la salud, comenta el cardiólogo. Y es también un golpe a su criterio profesional.

Están desmoralizados, exhaustos y preocupados.

El médico internista se arriesga a decirlo: “Yo siento que están dejando morir a nuestra gente”.

Las muertes

Una investigación publicada en 2023 por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) y el periódico estadounidense The Washington Post respalda las palabras del doctor.

De acuerdo con el reportaje, elaborado con una base de datos obtenida por el CPI del Registro Demográfico de Puerto Rico, en 2022 murieron más personas en la isla que en cualquiera de los 20 años anteriores.

En concreto, ese año hubo 35.400 fallecimientos de los cuales 3.300 fueron en exceso a lo esperado.

La cifra es incluso mayor a las muertes ocurridas en 2017, cuando el poderoso huracán María devastó la isla.

“Vimos un patrón extraño”, explica en entrevista con BBC Mundo Omaya Sosa Pascual, editora y periodista del CPI, organización que precisamente develó luego del ciclón María que en Puerto Rico habían muerto miles de ciudadanos y no los 69 que contabilizaba el gobierno.

“La pandemia no había terminado, pero el momento más grave había pasado y en Puerto Rico había vacunas y medicamentos, así que esa no debía ser completamente la razón”, señala.

recorte de noticia de The Washington Post
Captura de Pantalla
El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y The Washington Post construyeron una base de datos con información del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Aquel año tampoco hubo un fenómeno atmosférico significativo o un terremoto, como el de 2020 de magnitud 6.4 que sacudió la isla.

“Sabíamos que había una mortalidad extrema en Puerto Rico, pero no entendíamos las razones. No estaban claras”, comenta Sosa Pascual.

Entonces decidieron hacer viajes de campo y visitar las zonas más afectadas.

“Hicimos muchas entrevistas, con médicos y expertos que apuntaron a una combinación de elementos fatales que incluían el mal estado del sistema de salud de Puerto Rico”, explica.

“Un 60% del exceso de muertes sí lo vinculamos al covid, pero el resto, un 40%, que es una cifra muy alta, tiene que ver con enfermedades crónicas que no son bien atendidas en el país, donde hay una población envejecida que no puede esperar ocho meses para ver a un cardiólogo”, añade.

Datos del gobierno de EE.UU. posicionan a Puerto Rico en el puesto 13 de los lugares del mundo cuya población tiene la edad media más alta.

Casas destruidas en Puerto Rico por el huracán maría
Getty Images
En 2017, el huracán María entró por el este de Puerto Rico con vientos sostenidos de 241 km/h.

Los ciudadanos más afectados por la mortalidad de 2022 tenían 65 años o más, apunta la investigación de ambos medios.

En su mayoría, los fallecimientos fueron provocados por enfermedades renales, del sistema nervioso, como alzhéimer y párkinson, así como por enfermedades endocrinas, entre las cuales predominaba la diabetes.

También encontraron un aumento de las muertes por causas de salud mental, como demencia y abuso de sustancias como el alcohol.

El gobierno de Puerto Rico reconoció al CPI y a The Washington Post que en efecto hubo un aumento en las defunciones para 2022, pero que no había estudiado las causas.

Sosa Pascual indica que la tendencia continuaba en 2023, pero no han logrado hacer más investigaciones porque las autoridades puertorriqueñas bloquearon parte de los datos, por lo que el grupo de periodistas presentó una nueva demanda de acceso a información.

El Departamento de Salud se comprometió a realizar un informe sobre el exceso de muertes, que sería publicado este 2024, pero eso no ha ocurrido.

BBC Mundo contactó a esta agencia gubernamental en varias ocasiones para conocer su visión sobre lo que está pasando, pero no se nos facilitó ninguna entrevista.

carretera rota en puerto rico por el huracán maría
Getty Images
La destrucción a causa del ciclón se estimó en miles de millones de dólares.

El viejo sistema

La realidad actual del sistema de salud de la isla dista mucho de lo que fue en la segunda mitad el siglo XX, cuando logró mejorar de forma significativa la vida de la población local, comenta el médico Walter Frontera, exdecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

Se trataba de un sistema público, en el que no solo la atención era gratuita, sino también los medicamentos.

Desarrollado por el médico Guillermo Arbona, quien fue secretario de salud de la isla entre 1957 y 1966, estaba dividido en regiones, con el propósito de maximizar el acceso de la población.

Además, tenía tres niveles de cuidado, para evitar su saturación. Si un paciente necesitaba ver a un profesional sanitario, en principio iba a una clínica cercana a su comunidad, luego a un hospital de distrito y finalmente al Centro Médico de Puerto Rico, una institución de salud que aún existe y donde se tratan las condiciones más complejas.

“Ese sistema logró erradicar prácticamente las condiciones parasitarias que nos abrumaban a principios de siglo cuando apenas teníamos una expectativa de vida de 32 años, de las más bajas de América”, explica Ibrahim Pérez, un gastroenterólogo que durante más de dos décadas ha investigado sobre el desarrollo del sistema de salud de Puerto Rico.

De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.
Universidad de Puerto Rico
De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.

“Nos llevó a alcanzar una expectativa de vida de 72 años para 1970, la número 14 en el mundo en aquel momento, lo que representó un aumento de 32 años en la expectativa de vida con respecto a 1940”, continúa Pérez, quien también fue parte de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

En los hospitales públicos también se entrenaba a los nuevos médicos.

Pero luego de las privatizaciones que comenzaron en la década de los 80 y que culminaron en 1993, muchas de estas instituciones se vendieron. Esto hizo que desaparecieran más de 30 programas de residencias, algo que contribuye a la actual migración de estos profesionales, que se van a EE.UU. a especializarse, agrega Díaz Vélez.

“El sistema actual, es una combinación de aseguradoras públicas y privadas, que les pagan a los hospitales, laboratorios y proveedores médicos. Está fragmentado, con muy poca coordinación”, comenta por su parte Frontera.

Pero, ¿qué sistema funcionaría para ese Puerto Rico de hoy? Es una pregunta que queda abierta, dice.

La medicina y la tecnología han avanzado, así como la realidad económica y demográfica de la isla, y cualquier cambio tendrá que responder a ello.

foto de la entrada de una sala de emergencias en Puerto Rico
Getty Images
Luego de la privatización, varios hospitales públicos de Puerto Rico fueron vendidos y se perdieron centros de enseñanza para los futuros médicos de la isla. En la foto la fachada de una sala de emergencias en Puerto Rico.

Vivir el ahora

Una bebé llora en el fondo, Gabriela intenta calmarla con su voz. Luego habla con Ana, su madre, para que mientras ella está al teléfono de alguna forma le ayude a entretener a la pequeña.

Al ser hija única, la responsabilidad de cuidar a su madre es toda suya.

Afirma que el papel de cuidadora es distinto al de hija. Y que los roles no se llevan el uno con el otro.

“En muchas ocasiones, yo tengo que dejar mis sentimientos a un lado. Tengo que centrar mi cabeza en que estoy cuidando a una persona, no a mi mamá, porque si me dejo llevar por el corazón, estaría todo el tiempo llorando”, señala.

Desde el diagnóstico, aunque ha logrado citas periódicas con la neuróloga, acceder al resto de los servicios sigue siendo un reto.

“Hacerse estudios médicos aquí es muy burocrático. Buscar las órdenes, y que estén escritas de forma correcta para que no haya cuestionamientos. A eso hay que sumarle los costos excesivos, porque aunque uno tiene seguro médico, siempre hay que pagar una parte”, comenta.

Hace unos meses, se enteró de un nuevo tratamiento para el alzhéimer disponible en algunos estados de EE.UU. Se trata Lecanemab, unas infusiones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. que retrasan los síntomas degenerativos de la enfermedad.

Gabriela embarazada mientras su madre la besa la mejilla.
Suministrada
Gabriela embarazada con su madre.

Soñó con que su madre pudiera acceder al medicamento, porque en la actualidad, ningún fármaco ha mejorado su condición.

Hizo llamadas, consultó con la neuróloga. Todo apuntaba a que Ana era una buena candidata y que los resultados del Lecanemab en pacientes que están en las primeras etapas del alzhéimer parecen prometedores.

Pero cuesta US$36.000 anuales y no está cubierto por las aseguradoras. Tampoco está disponible en Puerto Rico.

“Mi madre se quedó sin el tratamiento”, comenta.

Gabriela a veces divaga e imagina cómo sería su vida en otro lugar, con otro sistema de salud. Quizás no tendría a alguien que la ayude a cuidar de su madre, pero sí al menos que la lleve a sus citas o terapias, señala.

Para lidiar con su realidad, se impuso una meta, dice.

“En mayo, cumplí años y mami me pidió que la llevara a comprarme mi propio regalo. Momentos como ese tocan la fibra de mis sentimientos. Por eso, aunque a veces no lo logro, intento vivir el ahora”.

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BBC

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