Gobierno de México comienza censo de personas desaparecidas; familiares temen que se intente disminuir el registro
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a enviar funcionarios a los hogares de algunas personas reportadas como desaparecidas para verificar si ya regresaron con sus familiares; sin embargo, la iniciativa ha provocado una reacción violenta de las familias, de acuerdo con The Washington Post.
Las familias dijeron al medio que temen que el gobierno esté intentando reducir las cifras de las personas desaparecidas antes de las elecciones presidenciales de 2024.
En México, hay más de 100 mil personas desaparecidas y es probable que López Obrador deja el cargo con un número récord de desapariciones registradas en la base de datos.
Ahora, López Obrador dice que la cifra real es mucho menor de lo informado oficialmente y está intentando demostrarlo con un “nuevo censo”, que se realizará casa por casa.
En junio, el mandatario dijo que había reclutado a personal de gobiernos estatales y fiscales, así como a trabajadores federales, para ir hacer el nuevo censo.
De acuerdo con The Washington Post, mucho antes de eso, la Comisión Nacional de Búsqueda había comenzado a actualizar su registro, verificando bases de datos de registros electorales, licencias de matrimonio, destinatarios de la vacuna contra el coronavirus y otros registros de personas que también figuraban como desaparecidas.
La comisión a menudo pasaba esas coincidencias a las autoridades estatales para que las confirmaran. Resultó que miles de personas seguían vivas o habían sido identificadas como muertas.
“Algunas familias estaban horrorizadas de que aparecieran burócratas que decían que sus parientes perdidos hacía mucho tiempo habían recibido vacunas contra el COVID-19 pero no proporcionaban más información”, señala el medio.
Mario César González, uno de los padres que buscaban a sus hijos en el caso Ayotzinapa, se sorprendió cuando apareció un trabajador del gobierno y preguntó si su hijo había regresado.
“Estaba furioso”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien también es abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos.
La renuncia de Karla Quintana
El 23 de agosto, Karla Quintana Osuna renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas, a más de cuatro años de tomar el puesto.
Cuando López Obrador nombró a Kara Quintana para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda en febrero de 2019, el registro oficial de desaparecidos tenía alrededor de 40 mil nombres en ese momento, pero la información era irregular y estaba mal organizada. Casi un año después, Quintana presentó un registro revisado y actualizado con más de 61 mil casos.
Karla Quintana no dio detalles de su renuncia, pero en señal de alarma, envió toda la base de datos de personas desaparecidas que había supervisado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “para su custodia”, según un correo electrónico que escribió y que fue revisado por The Washington Post. El registro contiene más de 110 mil casos.
En las últimas semanas, López Obrador ha cuestionado reiteradamente la cantidad de personas en el registro. Cuando Quintana se opuso a los esfuerzos del presidente por modificarlo, se le pidió que renunciara, según un funcionario del gobierno.
Ella “temía que la obligaran a cambiar los datos”, dijo a The Washington Post un diplomático de un país europeo que proporcionó fondos a la comisión, hablando bajo condición de anonimato.
El jefe de Quintana, Alejandro Encinas, funcionario de derechos humanos del gobierno, negó cualquier intento de reemplazar el registro o presionar a alguien para “ocultar un fenómeno como las desapariciones que es tan grave y sensible para el país”.
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