
Para entender mejor
El Corredor Biocultural Gran Selva Maya es la iniciativa con la que México, Guatemala y Belice acuerdan la creación de una área natural protegida en conjunto, con el objetivo de conservar hasta 5.7 millones de hectáreas de selva maya; pese a que, en paralelo, se informó sobre la ampliación del megaproyecto ferroviario Tren Maya.
Este acuerdo se conoce como “Convenio de Calakmul, Corredor Biocultural Gran Selva Maya”.
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Este corredor biocultural unirá a los tres países que comparten el pasado histórico y arqueológico de las civilizaciones mesoamericanas que, actualmente conforman 32 etnias, según comunicaron.
Los 5.7 millones de hectáreas las integran 12 áreas naturales protegidas de México, 27 de Guatemala y 11 de Belice, donde habitan especies emblemáticas como el jaguar y el quetzal; además de la guacamaya roja y el tapir.
Este acuerdo promete también la protección de 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, acordaron en conjunto que la protección de la selva maya es una responsabilidad trinacional.
Con el anunció también se crea también el Día de la Gran Selva Maya a partir de este 15 de agosto y se crea el “mérito a la conservación”.

Según el decreto, se busca reconocer a los defensores del territorio que luchan por la preservación de las especies y los ecosistemas; así como el uso sustentable de los recursos naturales.
También se informó que ell diseño y ejecución del Corredor Biocultural Gran Selva Maya estará a cargo del Consejo de Áreas protegidas integrado por representantes de los tres países.
Además de proteger la riqueza biocultural de la selva maya, con este acuerdo los tres países buscan detener la tala ilegal, el tráfico de especies, la expansión de infraestructura no autorizada, incendios forestales, cacería furtiva y la contaminación ambiental.
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Las autoridades señalaron que este mecanismo de protección obedece a un “modelo de justicia social” que pretende proteger la biodiversidad de la selva.
Según el anuncio, esta iniciativa reconectará a pueblos originarios y afrodescendientes impactando a más de 2 millones de habitantes de Belice, Guatemala y México en la región.
Aunque el Acuerdo Calakmul, Corredor Biológico Gran Selva Maya se firma para proteger la segunda gran selva en el continente; así como el reconocimiento a los pueblos originarios en el ecosistema, México y Guatemala anunciaron que se ampliarán las vías del Tren Maya hacia ese país.
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Juan Antonio Briceño, primer ministro de Belice, señaló que este acuerdo “no es solo un compromiso con la biodiversidad, sino un puente hacia un futuro donde el desarrollo sostenible, el turismo regenerativo y la sabiduría ancestral ordenan nuestro camino (…) donde la naturaleza y la cultura sean pilares de prosperidad”.
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala dijo que “nuestro futuro compartido pasa por la responsabilidad de recuperar, preservar y potenciar el uso sostenible de este patrimonio natural y cultural, para ello es que estamos adoptando la declaración de la Gran Selva Maya como marco de colaboración entre los gobiernos de Guatemala, México y Belice para impulsar un modelo sostenible de desarrollo (…) para las comunidades de los tres países”.

En cambio, Sheinbaum destacó la construcción del hotel militar que se encuentra en Calakmul el cual es administrado por la empresa Mundo Maya de la Secretaría de la Defensa Nacional y la construcción del Tren Maya.
Pese a que el megaproyecto del Tren Maya causó impactos significativos en la selva maya, siendo el Tramo 5 uno de los más afectados donde cenotes y especies se han visto afectadas, la presidenta Claudia Sheibaum acentúo esta obra que se construyó durante el sexenio de expresidente Andrés Manuel López Obrador.
A este acuerdo se suma el anuncio de la ampliación de vías del Tren Maya en Guatemala como “una solución de desarrollo que fortalece la búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible para las comunidades”, según señaló Arévalo.
“El Tren Maya no va a atravesar ningún área de reserva existente”, afirmó el mandatario.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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