Madres buscadoras saldrán a marchar este miércoles no solo por sus desaparecidos y por su lucha por encontrarlos, sino también para reclamar por el contexto de violencia que las rodea. Hace apenas ocho días ocurrió el asesinato de la madre Teresa Magueyal en Celaya, Guanajuato, un crimen por el que colectivos del estado —integrados principalmente por mujeres— exigen justicia y seguridad para quienes salen a buscar a los suyos.

Con el caso de Teresa, son por lo menos seis los asesinatos de personas buscadoras ocurridos en Guanajuato desde 2020, según lo ha documentado la Plataforma por la Paz y la Justicia, junto con organismos internacionales y organizaciones civiles. El dato hace de Guanajuato la entidad más peligrosa del país para ejercer el derecho a buscar y ser buscados. 

Por ello, señalan los colectivos, las familias y madres buscadoras de Guanajuato son una reserva moral y política contra la indolencia de las autoridades, así como un empuje para que actúen. 

Este 10 de mayo, madres de personas migrantes desaparecidas de México y Centroamérica encabezarán la XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas, que partirá del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia a las 10:00 de la mañana. 

De acuerdo con el boletín de mayo sobre desapariciones en Guanajuato, dado a conocer por la Plataforma por la Paz y la Justicia, hasta el 15 de abril de 2023, en la entidad la cifra de personas desaparecidas ascendía a 3 mil 666. De ellas, 181 fueron registradas antes del 1 de enero de 2012, mientras que 3 mil 485 corresponden al periodo posterior. 

Con ello, el número de personas desaparecidas en Guanajuato, sin contar la cifra negra de casos que no son denunciados, ha crecido seis veces entre abril de 2018 y el mismo mes de 2023. Irapuato, Celaya, León, Salamanca y Pénjamo han sido en los últimos cinco años las ciudades con más personas desaparecidas en términos absolutos. En tanto, hasta septiembre de 2022, Villagrán ha tenido la tasa más alta de desapariciones, seguida por Apaseo el Alto, Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo.

Los asesinatos de madres buscadoras pudieron prevenirse pero el Estado no lo hizo, señalan los colectivos. De la misma forma, subrayan el patrón de fosas y otros tipos de sitio de ocultamiento que evidencian violaciones sistemáticas, desapariciones seriales y recurrentes, así como ocultamientos con rasgos comunes en las subregiones y los municipios del estado.  

Un reclamo cada vez más presente

Apenas hace seis meses, en noviembre de 2022, Animal Político publicó que, ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas —el más reciente para entonces ocurrido también en Guanajuato, de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el 6 de noviembre—, organizaciones ya señalaban la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia en gobiernos estatales y locales de mecanismos de protección. 

Desde aquel momento, Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia, advertía que en más de una ocasión el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había negado medidas en la entidad. “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señaló.

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) documentó que, desde diciembre de 2010 hasta abril de 2022, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalía a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Incluso, durante la elaboración del documento, ocurrió el homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez en enero de 2022. 

En ese mismo año, al asesinato de Ana Luisa se sumaron otros cuatro: el de Brenda Jazmín, del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, en Sonora —las autoridades no han aclarado si su asesinato estuvo vinculado con sus acciones de búsqueda—; el de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, de Sinaloa, en agosto; el de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, en octubre, y el de María Carmela Vázquez, en noviembre, en Guanajuato.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el cierre de esta publicación 112 mil 201 personas permanecen desaparecidas en México, el 58% hombres y el 41% mujeres. Jalisco, Estado de México y Tamaulipas son las entidades con mayor registro de personas desaparecidas y no localizadas, en ese orden. 

“Nos hemos pronunciado reiteradamente en 2022 y ahora 2023 en contra de estos deleznables crímenes haciendo hincapié que la búsqueda de personas desaparecidas no debe nunca significar una sentencia de muerte para sus familias, pero sigue manifestándose una omisión reiterada por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno que los posibilita; desde luego, hay un manifiesto poder criminal que deja entrever que es posible seguir asesinando a las víctimas en este país sin que pase nada al respecto”, reclamó el Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la UAM, ante el reciente asesinato de Teresa Magueyal.