
Ángel conoce los perros solo porque los ha visto en la televisión. A sus seis meses de vida, no sabe cómo se ve uno en la realidad, a qué huele o cómo se siente.
Quizá es algo muy insignificante para la gente que no vive recluida, dice su mamá, Britney, privada de la libertad en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, desde hace cinco años. Para ella, implica las estimulaciones del mundo que su hijo se está perdiendo y que lo ayudarían a desenvolverse mejor.

Ángel es una de las 311 infancias que viven en algún reclusorio del país, en donde los hijos e hijas de mujeres internas pueden quedarse con ellas hasta los tres años de edad. Además, 268 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia viven en centros penitenciarios.
Entrevistada en el reclusorio de Chiconautla, Britney recuerda cómo fue convertirse en madre desde la privación de su libertad. Fue difícil a partir de aquel momento, remarca, porque desde entonces se requiere atender necesidades médicas, y a veces cosas que parecen tan simples, como los antojos.
Cuando estaba embarazada, dice, tenía consultas cada mes. Los antojos “corren por cuenta de una”, y la tienda es muy cara. Es dinero que, a veces, no se tiene adentro. Hoy, ya con su bebé en brazos, comparte una estancia con otras cinco mamás y sus hijas e hijos.
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Nadie más puede entrar. Ella asegura que tiene lo necesario –luz, televisión, agua caliente– para que las infancias vivan bien, pero fuera de esa área, la historia es diferente, porque se integran con la población general y es decisión de cada una si realmente quiere que las y los niños convivan con el resto de las reclusas. Britney ha preferido que no.
“No digo que todas seamos malas, pero obviamente al final estamos en la cárcel: hay personas que se quieren regenerar, que quieren ser buenas ya, y hay otras que no, que quieren seguir en lo mismo. Ya es criterio de una si quiere que su bebé vea, conviva… En mi caso, no, prefiero mantenerlo ahí”, admite.
Ella sabe que no puede aislarlo para siempre del mundo y que también afuera hay personas malas, pero si en sus manos está que no conviva con algunas que incluso en el interior siguen delinquiendo, sostiene, para ella es mejor.

En el momento de la entrevista, Britney está sentada en una silla de plástico en uno de los patios interiores del penal, un espacio de no más de cuatro por dos metros. No todo el tiempo puede estar ahí, ni en el área contigua, donde hay un poco de pasto y algunas flores, pero está restringida.
Donde sí pasa mucho tiempo con Ángel es en un área infantil, llena de muñecos, peluches, juegos de entretenimiento y aprendizaje, e incluso algunas películas y libros infantiles. Se trata de, por mucho, 12 metros cuadrados, el único espacio donde el colorido de las paredes, los tapetes y los objetos contrasta con el gris, beige, azul y negro típicos de las prisiones.
Ahí, Ángel juega un rato con los hijos e hijas de otras mujeres privadas de la libertad. Al principio tiene una expresión seria, pero poco a poco va dejando ver su sonrisa y entusiasmo al conocer a nuevas personas. Como cualquier otro bebé de su edad, juega, se emociona, de pronto se va de lado y se golpea levemente en la cabeza. Llora con la misma fuerza que ríe, pero su mamá es el remedio en esta etapa en la que desde hace unos 20 días tiene “mamitis”, asegura Britney.
No lo será por siempre: Ángel vivirá con ella solo hasta los tres años, según dice la Ley Nacional de Ejecución Penal de México. En su artículo 10, esa normativa establece que, entre otros, las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a la maternidad y la lactancia; a conservar la guardia y custodia de sus hijos menores de tres años, para que permanezcan en el centro penitenciario; a que las infancias reciban la alimentación adecuada y saludable, acorde con su edad y sus necesidades de salud, así como educación inicial, vestimenta y atención pediátrica.
Además, ellas tienen derecho a acceder a los medios necesarios que les permitan adoptar disposiciones respecto del cuidado de las infancias, y a contar con las instalaciones adecuadas para que reciban atención médica. La misma ley describe que cuando en la familia de origen no existe alguien que pueda hacerse responsable de la niña o el niño, una vez que cumpla tres años, la autoridad penitenciaria establece los criterios para garantizar el acceso al reclusorio de las infancias, pero son canalizadas al DIF.

“Obviamente nuestros hijos necesitan pañales, fórmula, que las toallitas húmedas, que la ropa… Algunas personas no tenemos visitas, aquí no se puede trabajar en los talleres porque solo son dos: en uno de ellos se utiliza solvente, que le puede hacer daño a los bebés, y en el otro no hay trabajo, ¿qué hacemos nosotras?”, cuestiona Britney entre los balbuceos de su bebé, que no escapa, pero se inquieta entre sus piernas, la voltea a ver, le extiende las manos y busca juguetear con ella.
La joven michoacana de 26 años explica que vende flanes o comida, pero hay ocasiones en las que no se puede hacer por precaución con los bebés. Además, hay veces que no tiene los recursos suficientes para pañales o leche, e incluso es difícil cuando se junta algo de dinero, porque no es como tener una farmacia a la mano para ir a comprar en cuanto se necesita.
“Cana también nos ha dado donaciones, y la verdad nos ayuda mucho en ese aspecto, porque no tenemos a veces ni el recurso ni la oportunidad de acercar las cosas a nuestros menores”, explica. Aunque cuenta con lo indispensable, Britney lamenta que su hijo no pueda recibir todas las estimulaciones del mundo exterior que pueden recibir los bebés de su edad, como ver o tocar a un perro. A veces suele sentarlo afuera, para que por lo menos conozca a las palomas.
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Ángel se despierta diariamente a las 6:30 de la mañana. A las 7 su mamá lo lleva por su desayuno, lo mete a bañar y ella también se baña. Si tiene oportunidad de trabajar, vender algo de comer o hacer un flan, lo hace. Si ese día no se le permite, abandona la idea y se van a la bebeteca, que es el lugar exclusivo para los bebés y sus mamás. Ahí están un rato, se salen a ver las palomas, y vuelven a entrar hasta la hora de la comida. El mismo ciclo se repite por la tarde, y cada uno de los días siguientes.
Cuando hay oportunidad de trabajar, lo pone en la mecedora, calienta la sarteneta, empieza a trabajar y mientras Ángel la ve, no le da lata y la deja cocinar sin problema. Antes, el bebé se dormía cargado, mientras Britney lo mecía en un fular. Después, cuando ya no cupo ahí, lo amarró al extremo de una de las camas, pero ahora tampoco alcanza para su tamaño. Es mucho más difícil dormirlo en la cama porque nadie lo mece.

Britney no quiere ni pensar en el momento en que Ángel cumpla tres años, porque no tiene una red de apoyo tan amplia. Cuenta que ya dejó a una hija fuera, cuando tenía cinco años. Se quedó con su abuelita y ahora tiene 10, pero le afectó mucho que su mamá permaneciera en reclusión. El trámite empieza antes, desde que les piden una red de apoyo.
Ella no tiene visita, pero todavía guarda la esperanza de obtener una preliberación en dos años, con la mitad de su sentencia cumplida. “Es como la moneda en el aire”, afirma, “como puede que sí me dejen irme al 50 de mi sentencia, como puede que no; si es que sí, me iría con él”. Si no, vería la manera de hacer el reconocimiento paterno y que se fuera con su papá. Cualquier otra opción, sería impensable para ella.
Hace poco la operaron del apéndice, y su bebé tuvo que estar mes y medio afuera. Fue muy difícil, confiesa. “Es mi motor. Un ejemplo: actualmente, estoy pasando por una situación emocional fatal, pero yo me levanto y digo ‘cómo mi hijo me va a ver mal, cómo mi hijo me va a ver acostada y ¿él no va a comer, no lo voy a bañar? Gracias a él no me permito decaer, y ahora que no estuvo, sí fue muy difícil. No quiero que mi hijo pase por lo mismo que mi hija”, reflexiona.
Mercedes Becker, cofundadora y codirectora de la organización La Cana, que impulsa programas dirigidos a las mamás e infancias en prisión, particularmente en el penal de Chiconautla, subraya que más de 300 niñas y niños viven en condiciones similares a las de Ángel, aunque por lo menos en el reclusorio donde él está hay un espacio específicamente destinado a los bebés, donado por organizaciones, lo que no existe en otros.
Señala como el principal desafío que las cárceles no están diseñadas para mujeres, y mucho menos para infancias, sobre todo con miras a un desarrollo sano. Muchas no cuentan con áreas de maternidad ni acceso a espacios comunes, como jardines. Incluso en otros centros penitenciarios llegan a dormir junto con la población general o en condiciones de hacinamiento.
El desarrollo de esas infancias, destaca Becker, se ve limitado por un “entorno de concreto”, pues crecen sin conocer los árboles, el pasto o los animales. A eso se agregan, como en el caso de Britney, las carencias constantes que las madres enfrentan para tener acceso a pañales, fórmula, atención pediátrica especializada y asesoría psicológica.

Ante esa realidad, los programas de La Cana se enfocan, por un lado, en salud y desarrollo, mediante seguimientos médicos y nutricionales mensuales, así como talleres de estimulación temprana, en alianza con Reina Madre. Por otro lado, imparten talleres de crianza positiva para dar herramientas a las madres, y al apoyarlas con insumos, buscan que no todos sus ingresos se les acaben en supervivencia básica.
El momento más crítico, dice la cofundadora de La Cana, es aquel en el que menos quiere pensar Britney, el de la separación, porque cuando no hay una red de apoyo y el DIF tiene que hacerse cargo, con frecuencia no tiene capacidad para llevar a las infancias de vuelta al penal.
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“Muchas veces dejan de tener contacto con sus mamás. Para que los bebés puedan venir a verlas, alguien que debe traerlos. Frecuentemente las familias no lo hacen por posibilidades, por distancia, por tiempo, y en las instituciones tampoco es una práctica común que traigan a los niños y a las niñas a visitar a sus mamás… El vínculo materno a menudo se rompe drásticamente, dejando a la madre sin ver a su hijo hasta que recupera su libertad”, explica.
Las mujeres en prisión son las que más sufren abandono y es muy alto el número que no recibe visitas, lo que complica aún más tener una red de apoyo confiable para cuando sus hijos salen. Para la activista, es fundamental visibilizar la situación de las infancias para mejorar la infraestructura, mediante áreas exclusivas y seguras, y garantizar que tengan un piso parejo de desarrollo a pesar del encierro.

El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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