Límite de edad para infancias en prisión vulnera derechos y es contrario a estándares internacionales
El límite de tres años de edad hasta el cual los hijos e hijas de mujeres privadas de la libertad pueden vivir con ellas, establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal de México, es violatorio de los derechos de la niñez, así como en relación al derecho a los cuidados.
Así lo documentaron las organizaciones CEA Justicia y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) desde que en 2023 presentaron un amparo indirecto ante las reformas que homologaban ese criterio de edad para todo el país, cuando en varias entidades, incluida la Ciudad de México, antes se consideraba hasta los seis años de edad.
Al final, el recurso legal fue desestimado y el tope de los tres años quedó impuesto a nivel nacional, lo que en aquel momento dejó en omisión a varias infancias que superaban esa edad. Sin embargo, ese criterio sigue generando condiciones adversas para las mujeres que están en prisión y para sus hijas e hijos, pues en algunos casos por solo unos meses de diferencia entre el cumpleaños de la infancia y la liberación de la mamá, se les separa anticipadamente, y en la mayoría, cuando no existe un familiar que se encargue, el DIF absorbe la responsabilidad sin garantizar que sigan visitando a sus mamás.
En entrevista, Ángela Guerrero, directora de CEA Justicia, ejemplifica el caso de una mamá que sería liberada en mayo, pero su hijo cumplió los tres años de edad en noviembre, lo que implicó que no se le permitiera conservar al niño junto a ella durante esos meses. Además, puntualiza que el análisis debería hacerse caso por caso, dado que son apenas poco más de 300 infancias las que viven en prisión.
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De acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos de las infancias, la edad no debería ser el criterio generalizado para determinar que las infancias dejen o no la prisión. La especialista explica que, para cada caso, deberían tomarse en cuenta tres factores principalmente: la red de apoyo que el menor tenga adentro o afuera del centro penitenciario; las condiciones de seguridad que hay afuera y adentro, y la decisión de la madre, si no hay un padre que esté en libertad.
“Básicamente, lo que prevén es buscar criterios sociales, económicos, de defensa de la niñez, es decir, ¿cómo puedo asegurar que no se genere una relación de poder (sobre la madre) con la persona con la que se va a quedar el menor una vez que se lo retiró a los tres años? Eso es, en términos muy generales”, explica.
“La regulación que limita la permanencia de niños y niñas a tres años con sus madres en prisión desconoce sus necesidades físicas, psicológicas y sociales, y podría generar impactos y afectaciones tanto para las madres como para las y los hijos… el tiempo que un niño o niña permanece con su madre en prisión debe atender a una lógica de caso por caso donde se analice la situación particular y necesidades específicas”, sostiene el documento generado por las organizaciones cuando trataron de impugnar, sin éxito, aquella reforma legal.
El pasado 4 de diciembre, Animal Político publicó Infancias en prisión: tres años para amar y soltar entre un desarrollo limitado y la infraestructura insuficiente, que documenta cómo las mujeres crían a sus hijos en prisión, específicamente en el penal de Chiconautla, Estado de México, y las dificultades que enfrentan en la vida cotidiana, sobre todo al tener que separarse, con frecuencia sin una red de apoyo que las respalde.
“Esta sigue siendo la gran discusión que tenemos de que no se mide por edad, es un error hacer eso. Hay niños que están mejor adentro del centro penitenciario que afuera, porque no tiene las condiciones ni el DIF ni ningún sistema integral, para saber dónde están los niños, qué cuidado se les está dando y es una cosa, en la gran mayoría de los casos, sumamente selectiva dependiendo qué DIF o quién dirija a ese DIF. No hay reglas claras”, señala Guerrero.
Sin embargo, en aquella reforma de 2023 a la ley, recuerda, fue la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que impulsó una controversia constitucional en favor de la homologación a tres años de edad en el país, bajo el argumento de que las infancias no deben estar en prisión, sin tomar en cuenta lo establecido en tratados internacionales, que es que dada la circunstancia tan grave y tan seria, es indispensable revisar caso por caso. La Suprema Corte avaló lo impulsado por la CNDH.
“Lo que dicen es ‘no alcanza para revisar’. Nosotras, desde CEA, lo que siempre hemos dicho es ‘te tiene que alcanzar como Estado y como gobierno para revisar 500 expedientes, no tienes más niños en prisión’. Si como Estado no puedes resolver lo que le pasa a menos de 500 niños, entonces no tienes un sistema integral de la familia”, apunta.
La disposición de los tres años es absolutamente biologicista, califica Guerrero, a partir de un estudio hallado al azar sobre posibles afectaciones a la vista. Sin embargo, subraya, no existe ninguna evidencia avalada por organismos internacionales que lo respalde. Cuando se privilegia ese criterio a rajatabla, no se pueden considerar y flexibilizar casos como el de la madre que será liberada en mayo mientras que su hijo cumple años el noviembre anterior, ni se permite generar el fortalecimiento de las redes que ya tienen la mamá y el hijo.
“Entonces ninguna madre en prisión”
Para Guerrero, el argumento tampoco tendría que inclinarse a que ninguna infancia esté en prisión, porque eso significaría que ninguna madre tendría que estarlo. Además, la mejora de las condiciones para los menores de edad no basta, porque incluso hay madres menores de 18 años con hijos en prisión.
“No se trata esto de poner más guarderías y mejorar las condiciones de los espacios para que estén los menores. Se trata de que no existan madres en prisión en estas condiciones, y que esa sea la excepción a la regla, y no al revés”, considera.
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En algunos casos, buscar beneficios preliberacionales sería la mejor opción. En otros, cuando los delitos no lo permiten, podrían explorarse otras medidas como la prisión domiciliaria, pero siempre la visión que se privilegia es la de no tener a las infancias en prisión, sin analizar el contexto de la madre y cómo se originó esa maternidad. El documento que en su momento impulsaron CEA y GIRE destaca, sobre todo, la importancia entre el cruce de los derechos de las infancias, el derecho al cuidado, y los derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres privadas de la libertad.
Aunque la experta admite que en este momento no parece viable volver a plantear una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, algunos esfuerzos de las organizaciones, como CEA, apuntan a encontrar alternativas para las mujeres que son madres en prisión, como las propuestas de modificación a las leyes de amnistía a nivel local y federal. En la Ciudad de México es donde hay un mayor avance, pues el proyecto establece, de entrada, el beneficio para mujeres privadas de la libertad con sus hijos, con un candado en casos de delincuencia organizada.
Por otro lado, también está pendiente impulsar un discurso muy pedagógico para que el fenómeno realmente sea comprendido con todas sus complejidades, frente al discurso dominante en torno de que no debe haber infancias en prisión. Ante ello, se requiere un proceso de mayor sensibilización con las personas tomadoras de decisiones.
Eso ha generado que hasta hoy los criterios sean extremadamente estrictos e imposibles de cumplir para las propias madres, y que el DIF sistemáticamente no cumpla con los acuerdos de asegurar que las infancias sigan visitando y teniendo un vínculo con sus mamás, debilitando sus lazos en la gran mayoría de los casos. Con frecuencia, el argumento es que no cuentan con suficiente personal, por lo que algunas mamás terminan viéndolos una vez al mes, en el mejor de los casos, y frente a sentencias a las que les restan tres o cuatro años, el vínculo termina roto.
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En otros casos, cuando dejan la prisión son recibidos por familiares de las mujeres con los que inmediatamente se genera un vínculo de poder, en el que se condiciona a las madres o se les llega a solicitar pagos. Otro caso diverso, y más preocupante, son las madres adolescentes, que, en Ciudad de México, por ejemplo, de 14, diez fueron madres a los 13 años y ninguna recibe la visita de su hijo.
Ante esas diversas realidades, CEA y otras organizaciones continúan trabajando en posibles preliberaciones, prisión domiciliaria, amnistía e incluso indultos o modificación de medidas cautelares y cualquier otra. Este año esos esfuerzos se iniciaron a nivel nacional mediante el mecanismo que emprendieron, junto con la organización Elementa DDHH y la Secretaría de las Mujeres, para liberar a mujeres recluidas por delitos de drogas sin pruebas, de las cuales el 80 % son madres, lo que también demuestra que en el caso de las mujeres se cruzan varias vulnerabilidades.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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