Mientras los riesgos de seguridad para las madres y familias buscadoras persisten en un escenario en el que se han visto obligadas a asumir una labor que compete al Estado, colectivos, organizaciones e investigadores alertan sobre los riesgos de desacreditarlas y criminalizarlas, en un contexto en el que las amenazas y asesinatos hacia ellas van en aumento.

De acuerdo con datos recabados por la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han detectado 24 casos de personas buscadoras asesinadas y cuatro desaparecidas. Los estados que registran la mayor cantidad de estos hechos son Guanajuato, con ocho casos, Michoacán y Sonora –tres en cada uno–, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco –dos cada uno–. En este último, a principios de mes se dio el hallazgo del Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán. 

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“Abrieron la consulta para enviar insumos y varias organizaciones enviamos información, incluido el componente de protección. Entonces exhortamos a la Comisión a que le dé continuidad a la elaboración de un informe sobre desapariciones en México, y a que incluya especialmente un componente sobre protección”, apunta Sandoval en entrevista.

El activista recuerda que el año pasado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) presentó un diagnóstico donde se incluye una tipología, incluso sobre perpetradores, y recomendaciones que no han sido retomadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –que tampoco ha elaborado un diagnóstico propio– ni han tenido la suficiente difusión, una de las cuales tiene que ver con la creación de un mecanismo específico para la atención de las madres buscadoras. 

En el documento, el Movimiento identifica las siguientes agresiones y violaciones a derechos humanos contra las familias y colectivos: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada y a manos de particulares, y agresiones letales.

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“13 amenazas de muerte solo por buscar”

María Isabel Cruz Bernal es madre de Reyes Yosimar García Cruz, quien desapareció el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Fundadora de Sabuesas Guerreras en la entidad y parte de la comisión de seguridad del MNDM, asegura que en estos ocho años se ha vuelto investigadora, policía, rastreadora y todóloga, pero es muy enfática en el hecho de que ha sido obligada.

“Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda; yo soy una de ellas, tengo 13 amenazas de muerte solo por buscar. La comisión de seguridad se hizo con ese fin: saber qué necesitan las madres buscadoras para tener protección”, señala. 

En su caminar, dice María Isabel, “somos amenazadas, somos criminalizadas, somos perseguidas, somos señaladas”. Por eso, era momento de tomar una decisión y hacer un análisis de lo que sucedía en la capital y otros lugares de la República Mexicana, porque ante contextos diferentes, las amenazas también lo son.

Para ella, los discursos que buscan desacreditar a las madres buscadoras, especialmente en el contexto del hallazgo de Teuchitlán, son preocupantes y de miedo, porque los señalamientos vienen de las grandes autoridades que deberían protegerlas. Además, en ocasiones termina dándosele veracidad a la delincuencia organizada y desacreditando a las madres.

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“Estamos en constante peligro y podemos ser cazadas como unas criminales, porque ahora las que quieren que nos veamos mal somos nosotras, como que estamos criminalizando a los delincuentes, porque ahora somos nosotras quienes sembramos cuerpos, hacemos y tenemos un montón de evidencias, y eso no se vale, porque lo único que buscamos es a nuestros hijos. No estamos señalando a nadie; sin embargo, nos da bastante miedo ser perseguidas por la delincuencia y ahora por el gobierno”, sostiene. 

La intención del Movimiento es que el diagnóstico de seguridad siga siendo presentado en cada uno de los estados de la República para que sus gobiernos conozcan el análisis de riesgo y puedan adaptarlo para generar medidas de protección, y no revictimización o criminalización. 

“El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer, ¿estamos de acuerdo? Es algo que nosotras no pedimos, lo vuelvo a repetir; entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarca. 

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Andrea Horcasitas, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, agrega que la seguridad no debe pensarse solo en términos de ataques físicos, sino de integridad completa. Por ejemplo, en las búsquedas muchas veces no hay acompañamiento médico para casos de accidente, además de la complejidad de la entrada a territorios o polígonos que están controlados por grupos del crimen organizado.

“Tenemos que empezar a pensar en seguridad no solo en las actividades de campo, sino en la vida cotidiana, porque el rastreo de personas buscadoras que han sido asesinadas, desaparecidas, violentadas, torturadas, ha sido fuera de las labores de búsqueda, muchas de ellas incluso en sus negocios o en sus casas. Ahí está el foco rojo de la seguridad”, indica. 

Uno de los temas vinculados es la criminalización, apunta, como se ha visto a partir del hallazgo de Jalisco: “Al criminalizarlas, al revictimizarlas, lo que estás garantizando es justificar un poco el que les pase algo, y ese también es un tema de seguridad del que no estamos hablando suficiente. Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”.

Un clima de revictimización y criminalización

Desde los primeros días que siguieron al hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, pese a que en los hechos se han reiterado discursos de respeto a las madres buscadoras y solidaridad con las víctimas, diversas comunicaciones oficiales y no oficiales han apuntado a desacreditar –la mayoría de las veces sin decirlo de manera explícita–, revictimizar o criminalizar al colectivo Guerreros Buscadores, así como a otros grupos o mamás.

En uno de sus primeros comunicados, la fiscalía estatal se adelantó a aclarar que sí había calcinación de cuerpos, pero no dentro de hornos. Luego, en otro texto le dio estatus de presunción a una carta hallada en el rancho, hizo mención a que los sellos de aseguramiento ya estaban rotos “de acuerdo con integrantes del colectivo”, destacó que se estaba ante una modalidad “que no había sido utilizada por el grupo criminal” y aclaró que “la existencia de un artículo personal en el sitio no representa que quien lo utilizaba esté sin vida”.

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Para el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el hecho de insinuar de manera velada que las familias generan mentiras sobre la existencia de hornos crematorios —discurso que luego se ha replicado en distintos niveles de gobierno— representa una respuesta preocupante por parte de las autoridades.

Luego, durante la vigilia que se llevó a cabo en el Zócalo capitalino el sábado 15 de marzo, un grupo de personas insistió durante varias horas en confrontar verbalmente a la policía, utilizando la causa y consignas de los colectivos, sin reparar en ningún momento en la petición de las madres en torno a que esa actividad no era parte de su convocatoria. El lunes siguiente, durante su conferencia mañanera, la presidenta de la República lo atribuyó a una campaña en su contra.

Señaló que el tema se tocaría después, “porque si no, después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña”, pero volvió al punto de que el grupo de Palacio era distinto. “¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones”, agregó. Acto seguido, mencionó a grupos de la oposición, “calderonistas, muchos de ellos, que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno”.

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Más adelante, durante las preguntas, igualmente puso en duda los dichos sobre los hallazgos, sin señalar a nadie en particular: “También, ¿qué encontraron en el predio?, que también es muy importante, la verdad sobre… Porque se han dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué  se encontró en el predio?”.

Unos días después, en redes sociales se hizo viral un video presuntamente atribuido a integrantes del crimen organizado –sin que se haya confirmado–, donde se desacredita a las madres buscadoras en tono amenazante. La voz protagonista menciona que las madres están “respaldadas por no sé quién”. Información de dudosa procedencia, no encontraron nada, mentiras, historias inventadas y sin fundamentos son otras palabras utilizadas. “Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo”, concluye el discurso.

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Por separado, Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó el 19 de marzo que desde días atrás, campañas que buscaban ponerle su rostro a una causa que no le pertenece a ella, sino a las miles de madres que tienen un desaparecido, querían desacreditarla para evadir la realidad que le duele a todo un país. Se refería a diversas cuentas anónimas que hicieron publicaciones reiteradas sobre las actividades de uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, subrayó. 

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Por otro lado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que es especialmente preocupante la referencia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a una pretendida apertura a la participación de las familias, pero ciñiéndolas al modelo de investigación penal que tiene sus propias reglas y procedimientos para víctimas que aportan información, y es muy restrictivo.  

“Ambas fiscalías utilizaron políticamente a los colectivos de búsqueda restringiendo su participación y deslegitimándoles, y qué decir de la revictimización que vivieron el día 20. La nueva revictimización es del secretario de Seguridad que ahora pareciera que les da la razón, pero sin hablar específicamente del aporte de los colectivos de búsqueda, especialmente el de Guerreros Buscadores de Jalisco. No hay un reconocimiento de su papel en el hallazgo y hay una pugna por la narrativa entre la Fiscalía General de la República, la de Jalisco y ahora la Secretaría de Seguridad”, afirma Sandoval. 

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Horcasitas señala adicionalmente que asistimos a discursos de un Estado que se justifica a sí mismo por sus omisiones y falta de atención. Además, la criminalización es la forma ideal de mantener la impunidad, porque permite justificar la falta de búsqueda y de investigación, así como dejar solas a las familias al apuntar que las personas desaparecidas “en algo andaban” o son criminales.

“Todas las personas tienen derecho a ser buscadas, independientemente de las causas, pero además, es una narrativa que cimentó bien Felipe Calderón, y que la verdad sigue más vigente que nunca, que permite al Estado ser indolente, no llevar a cabo acciones concretas de búsqueda, criminalizar, estamos viendo un poco también con lo del Rancho Izaguirre, a las víctimas que se encuentran ahí, y por ende, por añadidura, por extensión, a sus familias; la criminalización es la médula ósea detrás del abandono estatal de las familias”, subraya.