Masacre de Güémez: México, sin reparar el daño a familias de 16 migrantes asesinados hace 10 años y hallados en fosas
A 10 años del asesinato y posterior hallazgo en fosas clandestinas de 16 migrantes centroamericanos en Güémez, Tamaulipas, sus familias exigen a las autoridades mexicanas la reparación del daño, dar resultados en la investigación y cumplir con recomendaciones internacionales para el caso conocido como la Masacre de Güémez, en suma, piden justicia.
Este viernes 16 de febrero se cumple una década de la última señal de vida de uno de los 16 migrantes -Gustavo, de Guatemala- que llamó a su familia para avisar que estaba bien con el resto del grupo cerca de Reynosa, Tamaulipas.
La Masacre de Güémez: 10 años del asesinato de 16 migrantes centroamericanos en México
Un año más tarde, en febrero de 2015, el Ejército mexicano halló el cuerpo de Gustavo y los otros 15 migrantes del grupo en una fosa clandestina en Güémez, Tamaulipas.
“Nosotros como familia que seguimos en la lucha, seguimos en la búsqueda, seguimos en la espera de una respuesta digna y que nos pueda apoyar también el gobierno de acá de Guatemala en exigirle al gobierno de México que nos pueda reparar el daño (…) pedimos justicia”, dice Mirna Nájera, esposa de Juan López de 29 años cuando salió de Guatemala, otro de los migrantes hallados en la fosa clandestina de Güémez.
Entre los reclamos de las familias, está que a 10 años del asesinato aún hay tres cuerpos sin identificar de los 16 migrantes hallados, de acuerdo con un comunicado de Fundación para la Justicia divulgado este viernes.
Investigación de migrantes hallados en 2015 en fosas de Güémez, “sin avances”, denuncian familias
La investigación en México está a cargo de la ahora Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Pero los familiares y organizaciones que siguen el caso señalan que dicha investigación “se encuentran sin avances”.
“La impunidad ha sido acompañada de un abandono de las familias, tanto por autoridades de México, como de Guatemala y Honduras”, agrega la Fundación.
De ahí que las familias piden esclarecer quién mató a los migrantes y por qué, preguntas que hasta la fecha no tienen respuesta de las autoridades ni de México ni Guatemala ni Honduras.
Incumple México recomendaciones internacionales en caso de Masacre de Güémez
Además de los nulos avances en la investigación de la FGR, la Fundación y las familias también exponen que el Gobierno de México ha incumplido dos recomendaciones internacionales respecto a este caso.
Ambas recomendaciones pidieron al Gobierno de México la creación de una Comisión Especial de Investigación para casos de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes.
Las instancias que hicieron esa observación a México son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Otro de los incumplimientos con las familias de las víctimas tiene que ver con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por no otorgarles la reparación integral del daño ordenada en 2021 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de la recomendación 81/2021.
Dicha recomendación surgió luego que en 2019 las familias de las víctimas de Guatemala solicitaron medidas de asistencia con base en la Ley General de Víctimas, “un ejercicio único de derechos”.
Te puede interesar: Guardia Nacional intentó ocultar ejecución de migrante cubano en Chiapas, advierte CNDH
Comisión de Víctimas, sin reparar el daño, dicen familias
De acuerdo con la Fundación, la CEAV “omitió deliberadamente responder a las solicitudes”. Sin embargo, la CNDH ordenó en 2021 que se dieran los “apoyos alimenticios” pendientes desde 2019
“La Recomendación de la CNDH causó un precedente importante para las víctimas que no residen en México, no obstante, aún falta voluntad política para erradicar la discriminación institucional en contra de víctimas migrantes y desarrollar la cooperacion internacional para garantizar el ejercicio de sus derechos, en igualdad de circunstancias”, explica la Fundación para la Justicia.
Los efectos para las familias en estos diez años “además de la impunidad y la indolencia de las autoridades” son: enfermedades como diabetes, hipertensión o depresión, violencia, pobreza y la muerte de integrantes sin recibir una respuesta de qué pasó con los migrantes asesinados, sobre los culpables del homicidio y tampoco una reparación del daño integral.
Lee también: “Abrir las tumbas nos daría paz”: A 10 años de la masacre de San Fernando familias piden exhumar restos
Por ejemplo, está la muerte en 2021 de Odilia Alonso, madre del migrante Edgar Amilcar, sin que tuviera respuestas o apoyos de México o Guatemala.
Mueren familiares de migrantes asesinados en Güémez sin respuestas de justicia
“Nos ha afectado bastante psicológicamente, económicamente, hemos sufrido enfermedades. Y pues al igual, verdad, la pérdida de los padres de mi esposo.
“La mamá de Juan Francisco Salguero López falleció dos meses antes de que a él los repatriaran en octubre del 2018 ella murió esperando a su hijo esperando una respuesta esperando encontrarlo. Y pues hace poco acaba de fallecer el papá de mi esposo, al igual, esperando una justicia una respuesta de parte de las autoridades que nunca ha llegado se cumplen diez años.
“Y seguimos luchando. Seguimos esperando que las autoridades se pongan la mano en el corazón y así poder darnos una respuesta”, comenta Mirna Nájera, en un testimonio compartido por la Fundación.
Lee también: Grupo de migrantes sobrevivió a masacre de Camargo y está en EU, dice funcionario de Guatemala
Por tanto, este viernes 16 de febrero que se cumplen 10 años de la Masacre de Güémez, en Tamaulipas, los familiares lanzan sus exigencias concretas a la FGR, la CEAV y a los gobiernos de México, Guatemala y Honduras.
¿Qué exigen familiares de migrantes asesinados en la Masacre de Güémez?
A la FGR, exigen que garantice una investigación pronta y exhaustiva de lo ocurrido. Piden que tenga un “enfoque de fenómeno pluriofensivo, macrocriminal y transnacional”.
Además, pide a la Fiscalía que se cree la comisión especial de investigación para los casos de desaparición y masacres de personas migrantes, con asistencia técnica de la ONU.
En cuanto a la CEAV, exigen que cumpla efectivamente y de inmediato la recomendación 81/2021 para que “adopte los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de las familias de migrantes víctimas de graves violaciones a derechos humanos”.
Mientras que los gobiernos de México, Guatemala y Honduras exigen que haya colaboración internacional para atender corresponsablemente y complementariamente los derechos de las víctimas.
Relacionado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
