Clarita Alvarado cuenta que era madre cuando comenzó a trabajar desvicerando, limpiando y fileteando pescado. A su lado, Andrea, su hermana mayor, quien estuvo embarazada en dos ocasiones mientras desempeñaba el mismo trabajo, permanece en silencio cuando se le pregunta sobre sus primeros años en la maternidad.
“Le da vergüenza hablar de eso”, dice Clarita en su lugar. “A ella sí le tocaron sus dos embarazos ahí en la planta procesadora. Todo el tiempo trabajamos sin seguro social”.
“Pero durante el embarazo, ¿le dieron semanas de incapacidad antes o después de dar a luz?”, se le pregunta. Otra vez responde Clarita: “No, nada, mi hermana salía, paría y regresaba a trabajar. No le daban nada”.
Clarita, de 44 años, y Andrea, de 50 años, son originarias de Golfo de Santa Clara, una localidad pesquera perteneciente al municipio de San Luis Colorado, al norte de Sonora. Por más de 20 años, trabajaron en una de las cuatro plantas de procesamiento de pescados y mariscos. Durante el mismo tiempo, la participación de las mujeres en la pesca sonorense incrementó, principalmente, en actividades de procesamiento de producto, donde son conocidas como “fileteras”.
A diferencia de las hermanas Alvarado, Miriam Pérez, presidenta de la Sociedad Cooperativa Trabajadoras del Golfo, tuvo a dos de sus cinco hijos cuando ya se dedicaba a filetear el pescado. En su caso, trabajó hasta el séptimo mes de embarazo, que es el tiempo que ofrece la política de maternidad en México, pero no lo hizo porque así lo establezca la ley, ya que ninguna cuenta con seguridad social, sino porque así lo organizó con sus compañeras.
“Cuando una compañera sale embarazada la consideramos entre las demás para no dejarle trabajo excesivo. Al contrario, apoyarla, coordinarnos y pagarnos en partes iguales”, explica Miriam, cuya cooperativa surgió hace 12 años con el propósito de visibilizar el rol de las mujeres fileteras y, como presidenta, las dirige y representa legalmente estableciendo políticas generales de administración.
Ante la falta de acceso a seguridad social en todo el sector pesquero mexicano, la vivencia de la maternidad o las enfermedades relacionadas con la salud reproductiva está marcada por las redes de cuidado que establecen las mujeres en su espacio de trabajo.
La forma en la que se tejen estas redes está condicionada por el espacio de trabajo. En las cooperativas pesqueras el trabajo se realiza por temporadas de captura, lo que permite a las mujeres buscar otras formas de sustento económico y ajustar su trabajo cuando alguna compañera está embarazada, ausente por parto o en periodo de lactancia. Mientras que en las plantas procesadoras, las mujeres se adecuan a las jornadas de siete u ocho horas y las decisiones las toma el jefe en turno.
“Siempre estuvimos muy olvidadas, la verdad, y éramos más de 40 y tantas mujeres trabajando muchos años en la planta. Ahí nos hicimos viejas y sin cotizar nada. Estamos bien jodidas del cuerpo”, dice Clarita.
En México se contabilizan alrededor de 22 mil mujeres en la pesca y acuacultura, de acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca). Muchas de ellas laboran al margen de la ley y sin registro sobre sus condiciones laborales.
“El tema de la maternidad me parece muy avanzado (de documentar), pues simplemente el tema de seguridad social es una necesidad que no está cubierta para las personas del sector pesquero mexicano”, precisa Neyra Solano, especialista en género en la organización Comunidad y Biodiversidad (COBI) A.C.
Sobre la falta de acceso a la salud y la seguridad social, organizaciones internacionales, como la FAO, han documentado que existe una mayor carencia de acceso a derechos en la pesca a menor escala o ribereña. Muchas veces sólo hay acuerdos de trabajo informal o por cuenta propia, carecen de contratos de empleo apropiados y no tienen acceso a la seguridad social, incluidas las pensiones.
Respecto a la maternidad, la información sobre las experiencias de dichas mujeres es escasa. Recientemente la iniciativa Trazando el Rumbo de la Pesca recomendó la inclusión de estrategias como la mejora al acceso de salud y la promoción de políticas de protección laboral para alcanzar soluciones a los desafíos que atraviesan las mujeres embarazadas en el sector.
En México, la Ley Federal del Trabajo detalla que las madres trabajadoras tendrán acceso a un descanso de seis semanas antes y después del parto. El periodo posterior podría ampliarse hasta ocho semanas en caso de que los hijos hayan nacido con algún tipo de discapacidad o requieran atención médica.
También se habla de dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, durante seis meses para la lactancia. Esto deberá realizarse “en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo”.
Al sur de Sonora, en la región de la comunidad yaqui, Brenda Navarro Corona tuvo que trabajar durante el periodo de lactancia.
“Es muy difícil estar trabajando y tener un bebé chiquito. Es muy difícil. Los pechos se me llenaban de leche y lo que yo hacía era llevarme un sacaleches a la oficina, la vaciaba en un biberón y la mandaba para la casa porque vivo cerquita”, cuenta Brenda.
A pesar de que las mujeres yaquis no han sido incluidas en el padrón de pescadores y no tienen seguridad social, la Cooperativa Comunidades Yaqui les brinda un salario fijo por su trabajo, jornadas de siete horas y durante los embarazos se otorgan 15 días previos al parto y pueden reintegrarse hasta que el bebé tenga dos meses.
Como actual encargada de la planta procesadora de la comunidad yaqui, Brenda es la encargada de coordinar a sus compañeras cuando están embarazadas, buscar suplentes durante el tiempo de ausencia y revisar el pago de salarios en este periodo.
Para muchas mujeres en la precariedad, el trabajo en el mar da mejores condiciones que las maquiladoras o el campo donde también podrían encontrar empleo con jornadas de 10 horas y salarios mínimos.
El estudio Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de la mujer, publicado por investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realiza una evaluación de las leyes mexicanas que protegen la maternidad durante los últimos veinte años, donde se resalta que cada vez son más prolongados los periodos de descanso durante el postparto, pero “a pesar de estos avances, en algunas ocasiones puede no ser suficiente para permitir el crecimiento adecuado de la mujer en el contexto laboral y en su realización como madre”, señala el estudio.
Cuando Miriam Pérez dio a luz a su hijo, tomó las semanas de descanso posteriores al parto, dejó a su hijo con familiares para su cuidado y volvió al trabajo. Aquella temporada de pesca dividió su día entre ir a casa a amamantar a su hijo y regresar a filetear. Las temporadas siguientes lo llevaba con ella, como hacen otras mujeres de la cooperativa.
“Guardo un video donde estamos todas y allí andan nuestros hijos…”, cuenta.
Miriam dice que ha propuesto en la asamblea de la cooperativa pesquera que se den de alta en el seguro social, sin embargo, la decisión no se ha tomado por distintas causas relacionadas con los retrasos durante la pandemia de coronavirus y, posteriormente, la falta de dinero, e incluso, la poca confianza en el sector salud.
“No lo realizamos (la alta en el seguro social) por falta de recursos y financiamiento. Porque fuimos al seguro y salía como en 800 pesos dar de alta a cada persona, sí está elevado el costo, pero yo les decía a las señoras que pensáramos en un beneficio a futuro. Al final no se cooperó, no se pagó y no pudimos completar el proceso”, dice Miriam, quien a pesar de estar en la presidencia, requiere del respaldo de sus compañeras para estas aportaciones.
A diferencia de una empresa, donde las decisiones administrativas las toma el patrón, en una cooperativa pesquera sus integrantes son socios y propietarios al mismo tiempo. Cada socio tiene voz y voto en las decisiones.
Cuando una mujer está embarazada en el Golfo de Santa Clara tiene que trasladarse a San Luis Colorado, la cabecera municipal ubicada a 97 kilómetros, para recibir atención médica. En la localidad sólo tienen una clínica con un par de doctores que les apoyan llevando el conteo de la dilatación cuando están por entrar a labor de parto. También hay doctores particulares, pero a la mayoría les resulta difícil costear sus servicios.
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Como presidenta de la Sociedad Cooperativa Trabajadoras del Golfo, Miriam dice que la maternidad es un tema con el que “hay que hacer ruido”.
“Lo que falta es aplicar políticas públicas adecuadas para un sector de salud digno para las mujeres embarazadas, con herramientas, con estudios”, concluye.
*Este reportaje fue publicado originalmente en Causa Natura Media.
Estados Unidos tiene desplegados unos 40 mil militares y civiles en una decena de países de la región, que operan bases, sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra.
Estados Unidos cuenta con una importante fuerza militar en Medio Oriente, con tropas en más de una decena de países y navíos desplegados en las aguas de la región.
Estas bases albergan actualmente a unas 40.000 personas, entre militares y civiles, además de sistemas de defensa aérea, aviones de combate y buques de guerra.
Tras el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán, estas bases se han convertido en potencial objetivo de las represalias iraníes, cuyo gobierno ya advirtió de que se “reserva todas las opciones” para responder.
La presencia estadounidense en la zona, que durante las guerras de Irak o Afganistán llegó a contar con más de 160.000 soldados desplegados, había sido reforzada el año pasado por las tensiones entre Israel e Irán y para responder a los continuos ataques de los hutíes de Yemen a navíos comerciales y militares en el mar Rojo.
Pero en los últimos días, en previsión de los ataques y para proteger al personal en caso de una respuesta a gran escala por parte de Teherán, Estados Unidos había pedido la salida voluntaria de dependientes de militares de las bases regionales.
En total, EE.UU. tiene instalaciones militares en al menos 19 emplazamientos en la zona, ocho de ellos considerados permanentes por muchos analistas regionales: Arabia Saudita, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria.
Según el instituto independiente de investigación Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), el ejército estadounidense también utiliza grandes bases en Yibuti y Turquía, que forman parte de otros mandos regionales pero que a menudo contribuyen de forma significativa a las operaciones estadounidenses en Medio Oriente.
A continuación te explicamos cómo son las principales bases de EE.UU. en la zona, todas ellas bajo el Mando Central del ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés).
Este pequeño reino alberga la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, responsable de las fuerzas navales estadounidenses en el golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Arábigo, y la costa de África del este hacia el sur hasta Kenia.
Las instalaciones se conocen como Naval Support Activity Bahrain (Actividad de Apoyo Naval de Bahréin), y albergan también el cuartel general del Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU.
Unos 9.000 militares estadounidenses están desplegados en este país insular.
Varios navíos de la Armada estadounidense tienen sede en el puerto de Bahréin, que cuenta con aguas muy profundas que permiten la entrada de barcos de gran calado, como los portaaviones UUS Carl Vinson y otros.
Entre ellos hay cuatro buques antiminas y dos buques de apoyo logístico. La Guardia Costera estadounidense también tiene buques en el país, incluidas seis lanchas de respuesta rápida, según AFP.
Kuwait es de los países que cuenta con más bases militares estadounidenses en la región.
Entre ellas está el Campamento Arifjan, sede del cuartel general avanzado del componente del CENTCOM del ejército estadounidense. Esta instalación sirve de núcleo operacional y de logística para las fuerzas armadas de EE.UU. en Medio Oriente, con grandes reservas de material para abastecer a las distintas operaciones.
También se encuentra en Kuwait la base aérea Ali al-Salem, que alberga la 386ª Ala Expedicionaria Aérea, “el principal centro de transporte aéreo y puerta de enlace para el despliegue de potencia de combate a las fuerzas conjuntas y de coalición en la región”, según AFP.
Además, Estados Unidos también tiene drones, entre ellos los MQ-9 Reaper, en Kuwait.
Solo en el Campamento Arifjan y la base aérea Ali al Salem, el ejército de EE.UU. tiene desplegados a unos 13.500 militares, según el Departamento de Estado estadounidense.
La base de Al Udeid, en Qatar, es la mayor de toda la región, alberga un cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), así como de sus fuerzas aéreas.
Al Udeid ha sido fundamental para las operaciones que en el pasado ha llevado a cabo el ejército de Estados Unidos en Irak, Siria y Afganistán.
Allí está también desplegada la 379.ª Ala Expedicionaria Aérea de la Fuerza Aérea de EE.UU.
El presidente Donald Trump la visitó le pasado 15 de mayo durante la gira que realizó por Medio Oriente.
En los últimos días, Washington había retirado decenas de aeronaves de las pistas de Al Udeid, como mostraron imágenes satelitales, lo que hizo sospechar que los había movido para protegerlos de eventuales ataques iraníes en respuesta por una intervención estadounidense.
De una cuarentena de aviones, entre ellos Hércules C-130 de transporte y aviones de reconocimiento, que podían verse en imágenes publicadas por Planet Labs el pasado 5 de junio, solo quedaban tres aeronaves dos semanas después, según AFP, que pudo analizar las imágenes.
En Qatar hay desplegados unos 10.000 soldados estadounidenses.
El ejército estadounidense cuenta con la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), una base estratégica dedicada al reconocimiento, la recopilación de inteligencia y el apoyo a las operaciones aéreas de combate.
La base alberga el Ala Expedicionaria Aérea 380 de EE. UU., una fuerza compuesta por 10 escuadrones de aeronaves y que también incluye drones como los MQ-9 Reapers.
Estados Unidos llegó a tener hasta 160.000 soldados desplegados en Irak en más de 500 bases en el país durante la invasión que derrocó a Sadam Hussein y que duró de 2003 a 2001.
Hoy, sin embargo, hay estacionados unos 2.500 militares estadounidenses en el país, y Washington negocia con el gobierno de Bagdad su retirada progresiva.
Estos militares forman parte de la coalición internacional que combate al grupo yihadista Estado Islámico, y lo hacen principalmente desde dos bases aéreas, la de Al Asad y la de Erbil, en el Kurdistán iraquí.
Estas bases, así como otras menores que siguen abiertas en el país, han sido objetivo de ataques de grupos aliados de Irán desde que se iniciara la guerra en Gaza en octubre de 2023.
La presencia militar de Estados Unidos en Siria está también vinculada a la lucha contra el Estado Islámico, que surgió de la guerra civil que estalló en 2011 en el país y que acabó por ocupar grandes prociones de territorio en Siria e Irak.
El ejército de EE.UU. tiene unos 2.000 militares en varias bases en el país, que trabajan con las fuerzas de seguridad locales para prevenir un resurgimiento del grupo yihadista.
En junio Washington anunció que reduciría el número de bases militares que opera en el país de ocho a una, y que cambiarían su políticas con respecto a Siria “porque ninguna ha funcionado”.
Trump decidió levantar las sanciones a Siria de forma inesperada el pasado mes de mayo, y su gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar con el nuevo líder de facto del país, Ahmed Sharaa, cuya milicia logró derrocar a Bashar al Assad a finales de 2024.
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