Ante el aumento de la violencia en los operativos de desalojo de poblaciones callejeras y el temor a que los separen de sus familias, niñas y niños han tenido que aprender a huir y esconderse de la policía y otras autoridades de la Ciudad de México que, sin darles explicaciones a ellos o sus padres, intentan llevarlos por la fuerza a casas hogar.

Emilio, de 8 años, cuenta que él y su prima Mónica, a quienes se les reguarda la identidad, y quienes viven en el mismo campamento de casitas de campaña, en la alcaldía Cuauhtémoc, han aprendido a reconocer a los funcionarios públicos que constantemente acosan a sus familias, por lo que, en cuanto detectan que están cerca, corren a esconderse entre los puestos de un tianguis cercano, o dentro de las estaciones del metro, para que no los separen de sus padres.

Aunque Emilio relata estas experiencias entre risas y juegos, especialistas de la asociación civil El Caracol afirman que la violencia que se ejerce por parte de distintas instituciones hacia las poblaciones callejeras afecta la salud mental de las personas, principalmente de los niños, quienes quedan marcados por el miedo, la tristeza y el enojo, y en algunos casos, cuando los llevan a casas hogar, no vuelven a saber de sus familias.

Para apoyar a los niños a gestionar estas emociones, la asociación civil les brinda acompañamiento mediante actividades educativas y juegos, con los cuales “ellos van conociendo nuevas redes de apoyo, creando nuevos vínculos con personas fuera de la calle e identifican que existe algo más allá de la vida que conocen”, detalla Valencia.

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“Hay una política de hostigamiento”

“Los operativos se volvieron más sistemáticos, en los grupos que ya se habían establecido de manera masiva -como en Revolución o en Artículo 123- hubo desalojos bastante violentos. Hay una política de hostigamiento, no solo de retirarlos, sino de hostigamiento: los chavos nos comentan que llegan en la madrugada y los empiezan a mojar, o que los retiran cargándolos y subiéndolos a camionetas… nos damos cuenta que ya no es sólo el no querer verlos en algunas zonas, sino que hay una lógica de llevarlos a albergues de manera forzada, sin que las personas acepten“, señala Luis Enrique Hernández, director de la asociación.

Patricia, de 44 años, a quien también se le resguarda la identidad, ha pasado por este tipo de operativos en más de una ocasión, y ha tenido que enseñar a sus dos nietos a esconderse de la policía y los trabajadores del DIF que cada tanto recorren las calles por donde se quedan a dormir y trabajan limpiando parabrisas, porque ya ha sido advertida de que los niños podrían ir a una casa hogar.

Después de eso, el personal del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) volvió a abordarla en la calle, cuando estaba trabajando en compañía de su nieto: “Me amenazaron con que se lo iban a llevar, trajeron a la policía y en ese momento se me ocurrió hablar a Alonso –uno de los educadores de El Caracol–, quien me dijo que no me podían obligar a subir a la patrulla ni tenían por qué llevarse al niño. Al final nos dejaron, pero me dijeron que si lo volvían a ver ahí nos iban a presentar en el Ministerio Público”.

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Aunque por seguridad de los niños, Patricia ha conseguido que los cuiden en un café internet, mientras ella trabaja en un semáforo en la zona de Tacubaya, teme que cualquier día las autoridades cumplan la amenaza de separarla de ellos. En las últimas semanas, los trabajadores del DIF han vuelto a buscarla, con el pretexto de darle a sus nietos becas educativas, pero a cambio su abuela debe dejarlos a cargo de las autoridades y perder su custodia.

“Apenas me citaron en el DIF, supuestamente para unas becas para el estudio de los niños, pero me dijeron que mejor los internara, y yo me negué, les dije que nos puedo internar porque no los estoy abandonando, y ahora me piden llevar un papel en donde diga que tengo la custodia… ya hablé con Caracol y les dije que hagan el favor de ayudarme con ese documento”, comenta con preocupación.

De acuerdo con el quinto informe de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), entre enero de 2020 y agosto de 2023 el Sistema DIF de la Ciudad de México ha canalizado a Centros de Asistencia Social a mil 852 “niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo y desamparo”, y llevó a cabo acciones para la reintegración a la familia de 4 mil 763 menores de edad.

Animal Político consultó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Sistema DIF de la Ciudad de México si emitirían alguna postura sobre los señalamientos hacia su personal, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.

Entre la criminalización y la falta de información sobre los niños

Margarita, de 41 años, a quien se le modificó el nombre, lleva meses intentando recuperar a su nieta, de quien no tiene información desde 2021, cuando se la quitaron a su hija en un albergue, a donde había acudido por invitación del personal de SIBISO a darse un baño.

“A mi nieta me la entregaron en el hospital (cuando nació), me dieron la responsiva de la niña porque mi hija no estaba apta para tenerla, porque se drogaba en su embarazo y tenía intoxicada la sangre. Querían meter a mi hija en un centro de Alcohólicos Anónimos y a mi nieta se la iba a llevar el DIF, pero ella me llamó por teléfono para avisarme, yo no vivía aquí, sino en Querétaro, pero vine porque mi nieta no podría irse al DIF, porque tiene familia”, relata Margarita.

En su testimonio, Margarita afirma que intentaron meter a su hija “en un centro de Alcohólicos Anónimos” de manera forzada, sin embargo, esta asociación civil aclara que “el único requisio para ser miembro de AA es querer dejar de tomar”, por lo que “a nadie se le obliga a ir, ni se le mantiene en contra de su voluntad”, dado que, además, ninguno de sus 14 mil grupos en todo el país operan como anexos o centros de rehabilitación.

A través de una carta dirigida al medio, AA señala que en el país, “diversas organizaciones extrañas utilizan el nombre de Alcohólicos Anónimos o el de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos de forma ilegal y ostentando el logotipo carcterístico”, por lo que rechaza que el centro de rehabilitación al que hizo referencia la entrevistada sea parte de su organización.

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Cuando la nieta de Margarita tenía diez meses, su madre se la llevó, aunque quien tenía la custodia para cuidarla era su abuela. Lo siguiente que Margarita supo de ellas fue que a su nieta se la había llevado el DIF, y que su hija había sido internada por la fuerza en un centro de desintoxicación.

“Yo me enteré a los quince días de que había pasado todo y de inmediato me moví a a Agencia 59 del Ministerio Público, donde llevan a los menores de edad, y me preguntaron “¿usted quién es?”, a lo que les respondí que soy su abuela, y ya fue que me informaron que la niña estaba ahí supuestamente por maltrato, porque su mamá le pegaba, y que a mi hija la habían trasladado a un anexo, sin que me dijeran en qué dirección”, recuerda.

“Pasaron tres meses y yo no sabía nada, hasta que mi hija salió del anexo pudo llamarme, me contó que se estaba quedando en la calle y que los del albergue de Coruña fueron a brindar apoyo de baño y comida, lo que aceptó, pero dentro del albergue hubo una queja de otra usuaria porque dejó sola a la niña y empezó a llorar… para cuando se dio cuenta, habían llegado varios policías y aunque traía cargando a la bebé la sometieron en el piso, la patearon y se resistió a que se la quitaran hasta que sintió un piquete en el brazo y ya no supo nada, despertó días después, cuando ya estaba anexada”, agrega.

Con el apoyo de El Caracol, Margarita se encuentra en proceso de recuperar a su nieta. Hasta hace seis meses, ella y sus otras hijas –de 10 años y de 11– vivían en una casa de campaña cerca del centro de la ciudad, pero después de la separación de su nieta, y ante el temor de que el DIF se llevara también a las otras dos niñas, buscó apoyo con esta asociación para rentar un cuarto y hallar trabajo.

“Tengo seis meses ya en una casa, El Caracol me ayudó, me dieron una mesa, un mueble y una litera, y pues sí estoy muy contenta, y ahora quiero echarle ganas para tener a mi nieta, la quiero conmigo. El día de hoy tengo un trabajo decente que me ha ayudado a rentar un cuarto, tener una tele y una parrilla eléctrica para darle de comer a mis hijas, para que se sientan seguras y también para recuperar a mi nieta”, expresa la mujer.

Sin embargo, por momentos duda sobre la posibilidad de volver a ver a su nieta, porque en el DIF no le han querido decir ni siquiera en dónde está, ni cómo se encuentra. Para tener acceso a dicha información, le han pedido documentos de la niña –que apenas está tramitando– y comprobar con fotografías que tiene una casa en la que su nieta pueda estar segura.

“En Caracol me van a ayudar con los papeles, pero… yo vivo en una casa muy humilde, en un cuarto de lámina, y en el DIF me piden que les de una fotografía de la fachada donde la niña va a estar, piden que tenga su cama propia, que haya un refrigerador, una estufa, un comedor y yo no tengo nada de eso, todavía me falta todo eso y a veces me da para abajo”, lamenta Margarita.

En el caso de sus otras dos hijas pequeñas, El Caracol se encarga de facilitarles el acceso a terapias para que se sobrepongan a los estragos que dejó en su salud mental la violencia que vivieron cuando se quedaban en la calle, y porque desde que se llevaron a la nieta de Margarita tienen el temor de ser parte de “los niños que se llevan y los separan de sus mamás”.

“Les tengo miedo a los de Coruña (albergue a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, donde les quitaron a su sobrina) y a los policías, porque no es justo que se lleven a los niños, por eso ya sé que si vienen debo meterme al metro y salir por otro lado, correr y, si puedo, llegar a Caracol, donde sé que estoy segura”, cuenta una de ellas, la mayor de las dos niñas.

De acuerdo con El Caracol, la institucionalización de niñas y niños de poblaciones callejeras ha ocurrido en la Ciudad de México desde hace décadas, sin embargo, en los últimos cuatro años la problemática se ha agravado, debido a que las autoridades se niegan a dar información a los familiares de los menores de edad sobre su estado de salud y su paradero, como ocurrió en el caso de Margarita. Además, a la par se criminaliza a las madres y padres que se encuentran en situación de calle.

Ximena Mendoza, abogada que colabora con El Caracol, explica que el delito más común que se atribuye a las mujeres y hombres que son padres de familia en situación de calle es la omisión de cuidados, principalmente porque en ocasiones los niños no se encuentran registrados, o porque los vecinos y autoridades los ven en condiciones de poca higiene o expuestos a violencias.

“Eso es algo que no negamos, sabemos que en la calle están expuestos a condiciones que ningún niño o niña debería estar expuesto, pero lo que planteamos es que toda la familia pueda tener una vida fuera de las calles, que no los separen con el argumento de proteger el interés superior de los niños, porque en aras de protegerlos los terminan vulnerando, porque igual que sus madres y padres llegan a caer en depresión”, remarca la abogada.

“Para el DIF es más fácil separarlos que procurar el desarrollo de las familias”

Entre la veintena de casos de familias separadas que acompaña el Caracol, hay uno en el que han conseguido que las autoridades les brinden información sobre la bebé que se llevaron, aunque sólo para saber que la tienen en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas –a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México– tuvieron que interponer una denuncia por el delito de desaparición forzada contra la menor de dos años.

Gracias a que se admitió la solicitud de amparo, Armando, padre de la niña, pudo saber a dónde se la llevaron después de que la vio por última vez la mañana de un sábado, cuando sin previo aviso policías y trabajadores de la SIBISO y el DIF llegaron hasta la casa de campaña donde se quedaban a dormir y se la llevaron.

Ahora, su principal preocupación es conseguir un cuarto que sea barato para rentar, a donde pueda irse a vivir junto con su pareja y el bebé que están esperando que nazca en un par de meses, así como reunir los documentos y requisitos que le exigen para poder volver a estar con su hija.

“La autoridad no te da ninguna opción para dejar la calle o buscar un lugar, pero estoy volviendo a empezar, a hacer todo otra vez, ya tengo un trabajo formal en las cuadrillas de limpia, solo me falta tener mis papeles en regla y estar bien con lo demás que me piden para recuperar a la niña”, expresa Armando con ilusión.

La abogada Ximena Mendoza reconoce con frustración que en todos los casos en los que institucionalizan a niños en situación de calle es muy complejo que sus familias retomen las convivencias y consigan la reintegración de los menores de edad, “por características de la población, pero no porque sea un tema atribuible a ellos, sino porque el Estado no está tomando ninguna medida especial para atenderlos, para entender su contexto y procurar los vínculos familiares”.

“Para el DIF es más fácil separarlos y deslindarse de su responsabilidad que procurar el desarrollo de las familias, se enfoca mucho en los niños, pero no debe olvidar que toda la familia es su responsabilidad, y como tal, debe ver que todos sus integrantes puedan estar juntos, aunque en la realidad las autoridades hacen todo lo contrario”, concluye la defensora.