Pemex es responsable por los derrames que corresponden a una tercera parte de los sitios contaminados que invaden 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, un total de casi 65 mil metros cuadrados de hidrocarburos que infectan los suelos de zonas destinadas a preservar la biodiversidad del país.
En México, existen 232 ANP federales, de las cuales 18 tienen al menos un sitio contaminado en su interior. Dentro de ellos hay 46 sitios que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha identificado como espacios contaminados, y 16 de ellos fueron a causa de derrames de Pemex Exploración y Producción o Pemex Refinación.
Cada uno de los puntos de contaminación a manos de la paraestatal mexicana tuvieron afectaciones desde los 24 metros cuadrados y hasta de casi 38 mil metros cuadrados, pero en conjunto suman casi 65 mil metros cuadrados de suelos infectados de hidrocarburos.
Los sitios se encuentran en la Cuenca del Río Necaxa, Cañón del Río Blanco, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Don Martín y los Pantanos de Centla.
Pemex ha presentado ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), autoridad competente en manejo de hidrocarburos, los planes de remediación para 15 de los 16 puntos, pero todos menos uno de estos sitios fueron identificados como contaminados desde hace al menos 10 años y no han sido descontaminados a la fecha de hoy.
Animal Político solicitó a Pemex una postura sobre sus trabajos de remediación para eliminar la contaminación en estos sitios de conservación, pero no recibió respuesta al momento de esta publicación.
En cuanto a ASEA, la institución señaló que ha aprobado 14 planes de remediación por contaminación de hidrocarburos en estas 5 Áreas Nacionales Protegidas. En el caso particular de los Pantanos de Centla, agregó, se encuentra en la etapa del Muestreo Final Comprobatorio, por lo que se espera pronto realice el trámite de Conclusión del Programa de Remediación.
“La ASEA se mantiene pendiente de los sitios por remediar, registrados en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la SEMARNAT y en el ámbito de sus atribuciones aprobará o no la Conclusión del Programa reportado por el Regulado, de aquellos sitios pendientes de remediación”, resaltó.
En el país, hay 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales representan 98 millones de hectáreas de suelo nacional. Son espacios marítimos o de suelo bajo protección especial del Gobierno federal para conservar a la fauna y flora nativa de esos sitios, incluyendo especies en peligro de extinción o que estén bajo algún riesgo.
Mediante una revisión del inventario de sitios contaminados de la Semarnat, este medio pudo constatar que 18 de estas áreas tienen al menos un sitio contaminado dentro de ellas. Este conteo propio no contempla los sitios contaminados que se encuentran cerca de las Áreas Naturales Protegidas, pero ya fuera del polígono delimitado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
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En conjunto, el área afectada de estos 46 puntos es de 80 mil 463 metros cuadrados, mientras que en volumen corresponde a 101 mil 742 metros cúbicos de suelo infectado.
Animal Político también buscó a la Conanp sobre las medidas que ha tomado para la remediación de estos espacios, a lo cual contestó: “Cada que se detecta un posible ilícito ambiental, se elabora la correspondiente denuncia a la PROFEPA y se les da el seguimiento a estas, conforme a lo que resulte de las indagaciones de la procuraduría”.
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“En la Conanp, se trata de evitar que haya sitios contaminados dentro de sus áreas naturales protegidas que sean producto de actividades mineras, agropecuarias, forestales y que pongan en riesgo a sus comunidades, a la flora y la fauna, así como de sus ecosistemas. En caso de que sean detectados se siguen planes, acciones y programas de restauración. La Conanp se apega al Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados vigente y se coordina con las dependencias involucradas”, añadió.
En el sureste de México, la Laguna de Términos, Pantanos de Centla y la Reserva de la Biosfera de La Sepultura son los sitios afectados.
En la zona centro y oriente del país, se trata de la Reserva de la Biósfera Zicuirán-Infiernillo, el Cañón del Río Blanco, el Corredor Biológico Chichinautzin, la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, la Sierra Gorda y la Sierra Gorda de Guanajuato, la Peña Colorada, la Sierra de San Miguelito, el Parque Nacional Gogorrón y la Sierra de Álvarez.
En el norte del país, las ANP afectadas son el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la Cuenca Don Martín, Tutuaca, el Papigochic y la Reserva de la Biosfera Janos.
Los contaminantes son, en su mayoría, hidrocarburos; aunque también se registraron casos de afectación por sustancias químicas, y metales y metaloides.
Algunos de los sitios contaminados dentro de las Áreas Naturales Protegidas fueron detectados desde el 2008, pero a la fecha siguen registrados como un espacio que no ha sido remediado.
Los dos primeros derrames fueron de hidrocarburos y se produjeron en dos zonas distintas: uno en la Cuenca del Río Necaxa y otro en el Puerto Industrial Pesquero Isla del Carmen, dentro de la Laguna de Términos. Aunque tienen programas de remediación aprobados, no se ha erradicado la contaminación.
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De los 46 sitios contaminados identificados, nueve de ellos no tienen un programa de remediación aprobado, el cual es un requisito para emprender acciones para eliminar el contaminante del suelo.
Glas fue condenado por malversación de fondos públicos durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa ecuatoriana en abril de 2016.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó este lunes a 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al exvicepresidente Jorge Glas por malversación de fondos públicos.
Glas malversó dichos fondos durante el proceso de reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la costa ecuatoriana en abril de 2016 y dejó cientos de víctimas fatales.
Junto a Glas, también recibió los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de implementar las obras de mayor urgencia para socorrer a la población duramente golpeada por el sismo.
La sentencia judicial determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del comité para “abusar de dineros públicos” que debían utilizarse para atender a las víctimas en el caso denominado Reconstrucción de Manabí.
La jueza Mercedes Caicedo, quien leyó la sentencia, indicó que los recursos recaudados de los ecuatorianos —a través de impuestos y contribuciones— para la reconstrucción, se destinaron a la creación de “construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias bajo el nulo respeto a la Ley de Solidaridad, pero sobre todo, bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto”.
Bajo el cargo de peculado, la justicia determinó que Glas y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran prioritarias ni estaban relacionadas con las labores de reconstrucción, y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados, generando un perjuicio al Estado de más de US$225 millones.
Glas está actualmente en una prisión de máxima seguridad cumpliendo condenas previas de seis y ocho años de cárcel en otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra en Bélgica en calidad de asilado político y prófugo de la justicia ecuatoriana.
Durante el juicio, tanto Glas como otros procesados negaron las acusaciones.
El exvicepresidente afirmó ante el tribunal no haber manejado fondos ni haberse beneficiado personalmente y se declaró inocente.
Glas fue separado del cargo de vicepresidente al inicio de la gestión de Lenín Moreno, acusado de corrupción en el caso Odebrecht por la justicia ecuatoriana en enero del 2018.
La captura de Glas en abril de 2024 provocó un conflicto diplomático entre Ecuador y México.
El quiebre se produjo luego que Glas solicitara asilo en la embajada mexicana en Quito y un grupo de policías ecuatorianos irrumpiera en la sede diplomática para capturarlo.
Tras el asalto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador.
“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, aseguró el mandatario.
El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la sede diplomática cuando comenzó el operativo policial y confrontó a los agentes.
“A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país”, le dijo a la prensa.
El gobierno ecuatoriano liderado por Daniel Noboa acusó a la embajada mexicana de haber “abusado de las inmunidades y privilegios”, y denunció que el asilo diplomático concedido a Glas era “contrario al marco jurídico convencional”.
“Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad“, señaló en un comunicado.
El operativo en la embajada mexicana en Quito provocó una amplia reacción de rechazo por parte de los gobiernos de América Latina y de organizaciones internacionales por considerarlo una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo.
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