
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una persona ha desaparecido cada hora. Y año con año, la proporción ha ido en aumento.
Entre el 1 de diciembre de 2018 —día en que López Obrador asumió la presidencia— y el pasado 24 de mayo, en esos mil 635 días de gobierno se registraron 42 mil 029 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas por día.
El mayor récord se alcanzó entre 2022 y 2023. Si el 16 de mayo de 2022 se rebasaron las 100 mil personas desaparecidas, en los siguientes 365 días se sumaron otras 10 mil 064, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Esto significa 27 desapariciones por día en el último año.
Es el número más alto registrado desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra contra las drogas”, y confirma una tendencia en esta administración, en la que ya se han superado las cifras de desapariciones de los sexenios anteriores.

Las denuncias sobre estos crímenes se acumulan. Entre el 20 y el 26 de mayo pasado, siete jóvenes que trabajaban en un call center en Zapopan, Jalisco, fueron desaparecidos. Se trata de Carlos Benjamín García Cuevas, los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Arturo Robles Corona, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge Velázquez.
En el Estado de México, el sábado 27 de mayo, desaparecieron Aniram Estrella Buenrrostro y Andrea Ramos, dos adolescentes que abordaron un taxi por aplicación y hasta la noche del jueves fueron localizadas. Mientras, en la Ciudad de México, familiares del niño Joan Sánchez, de cuatro años, marcharon el 31 de mayo por Paseo de la Reforma para exigir que se localice al menor, quien fue visto por última vez cinco días antes en el municipio mexiquense de Donato Guerra.
En marzo de 2013, la Secretaría de Gobernación dio a conocer la primera cifra oficial de esta crisis humanitaria, al registrar 26 mil 121 desapariciones durante el sexenio de Calderón, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012. El escándalo fue internacional.
Las desapariciones continuaron en la administración de Enrique Peña Nieto, que terminó con más de 34 mil víctimas. Esta cifra, de acuerdo con los datos del RNPDNO, ya fue superada en este gobierno, al cerrar 2022 con más de 37 mil 600 personas desaparecidas.
Durante el mandato de López Obrador se registraron hasta el 24 de mayo un total de 42 mil 029 desapariciones. Hubo un descenso en 2020, el año de la pandemia, pero al siguiente aumentaron. De seguir esta tendencia, su sexenio terminará con más del doble del número de víctimas documentadas en el sexenio de Calderón.
En cuanto a fosas clandestinas, en lo que va del actual gobierno federal se han localizado 2 mil 710, según el Mapa de Hallazgos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Mientras que de 2006 a 2018 se hallaron 2 mil 835 entierros ilegales.
A diferencia de la tendencia histórica, en la que Jalisco y Tamaulipas son los estados con mayor número de desapariciones, en el último año tres de cada 10 de los reportes de personas no localizadas tuvieron lugar en las dos entidades más pobladas del país: el Estado de México y la Ciudad de México.
En el acumulado de reportes desde 1962, el Edomex es la tercera entidad con más desapariciones, pero en los últimos 24 meses es el estado que acumula más denuncias. Mientras que la Ciudad de México pasó del séptimo al segundo estado con más desapariciones reportadas.
Del total de 10 mil 064 casos de desaparición, mil 630 se registraron en el Estado de México y mil 335 en la Ciudad de México. Siguen Michoacán con 670, Nuevo León con 652 y Zacatecas con 651. En Jalisco hubo 141 reportes; en Tamaulipas, 448, y en Veracruz, 418.
También se incrementó la proporción de mujeres desaparecidas. Desde 1962 a la fecha han desaparecido 27 mil 386 mujeres, que representan el 24.5% del total de registros de la base de datos realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda, pero en el último año tres de cada 10 víctimas fueron mujeres, es decir, 3 mil 093.
Si en el sexenio de Calderón eran el 19% y en el de Peña Nieto el 23%, en el último año, con la tendencia al alza, 28 de cada 100 personas desaparecidas son mujeres.

Aunque la cifra oficial de personas desaparecidas supera las 110 mil víctimas en México, la realidad es peor.
Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, investigador, activista e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, advierte que el RNPDNO tiene deficiencias y sus datos no reflejan la realidad de la problemática.
“La cifra que ahí se reporta son las personas que permanecen desaparecidas. Si mañana el Estado encuentra a todos, diríamos que la cifra es cero. Pero no representan el fenómeno completo. ¿Cuál debería ser la cifra entonces? El número de personas que siguen desaparecidas más las que fueron encontradas con o sin vida, pero que también fueron desaparecidas. Eso nunca lo sabremos”, explica en entrevista.
Otro problema, agrega, es la falta de claridad para saber si la cifra reportada incluye los datos más actualizados de las fiscalías de los estados.
“Hay un tercer problema: la cifra negra. Sabemos, por información de los colectivos (de familiares de personas desaparecidas), que, cuando comparas el número de desaparecidos en cualquier estado, estos colectivos tienen un número mucho mayor que el que reportan las fiscalías”.
* www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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