‘Un niño nunca olvida un abuso’: piden a Suprema Corte que delitos sexuales contra menores no prescriban
Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definirá si atrae o no la discusión acerca de si los delitos sexuales en contra de menores pueden prescribir. De atraer la discusión, entonces la Corte deberá someter el asunto a una posterior revisión a fondo para emitir una postura al respecto.
La solicitud de atracción 462/2021, que fue turnada para su estudio a la ministra Margarita Ríos Farjat, surge a partir del caso de una niña de 9 años que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto ‘N’, director del Colegio Liceo de León, en Guanajuato.
Los abusos habrían tenido lugar entre febrero y marzo de 2018, pero debido a los impactos psicológicos que sufrió la menor, ésta no verbalizó los hechos hasta dos años después, en 2020, cuando finalmente sus padres interpusieron la denuncia ante la Fiscalía guanajuatense.
Por este caso, un juez de León giró una orden de aprehensión en contra de Roberto ‘N’, el presunto agresor. Sin embargo, la defensa de éste interpuso un amparo para tratar de evitar la detención alegando que el delito ya había prescrito.
Actualmente, el Código Penal de Guanajuato prevé una pena máxima por abuso sexual de tan solo dos años. Por lo que, debido a que a la denuncia por la agresión fue interpuesta dos años después de los hechos, y la pena máxima es de dos años, el delito a perseguir ya habría prescrito, según alega la defensa del imputado.
Y, aunque en noviembre de 2020 se llevó a cabo una reforma al artículo 123 del Código Penal que establece que este tipo de delitos ya no pueden prescribir tampoco en el estado de Guanajuato, los hechos denunciados habrían ocurrido antes de que se llevara a cabo esa reforma. De ahí que la defensa del imputado se aferra a la caducidad del delito para evitar la detención.
Al entrar a discutir de fondo el asunto, el juez resolvió el 30 de abril de 2021 negar ese amparo argumentando que, si bien el delito había prescrito según lo establecido en el Código Penal de Guanajuato antes de la citada reforma de noviembre de 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los delitos cometidos en contra de menores no pueden prescribir.
Sin embargo, la defensa de Roberto ‘N’ interpuso un recurso de revisión en contra de esta decisión, que le tocó analizar al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, mismo que el 2 de septiembre pasado decidió turnar el caso a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que este miércoles 19 decidirá si atrae o no el asunto para su discusión.
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El abogado Moisés Castillo subrayó en entrevista que aunque con la reforma reciente al Código Penal de Guanajuato el delito de abuso sexual ya no puede prescribir, es de “vital importancia” que la Suprema Corte entre a analizar a fondo el caso, pues de atraerlo y pronunciarse a favor de la no prescripción estaría sentando un precedente jurídico “histórico” en todo el país, que “cerraría por completo” la puerta en otros estados a que más agresores puedan alegar la caducidad del delito.
Por el momento, aunque este miércoles la decisión únicamente versará sobre si la Primera Sala de la Suprema Corte entra o no a la discusión del tema, el abogado dijo que por tratarse de un asunto “de extrema importancia” espera que la Corte lo atraiga y que, además, “lo eleve al Pleno de la Suprema Corte” para que los 11 ministros lo discutan ampliamente.
Incluso, Castillo dijo que también espera que la discusión del tema en la Corte también pueda servir para iniciar otra en el legislativo de Guanajuato, para que los diputados estatales revisen la pena máxima de dos años de cárcel en esta entidad por abuso sexual, cuando en otras entidades, como el Estado de México, se castiga hasta con 15 años.
“Una de nuestras intenciones es también modificar la pena para este delito. Queremos llevar el caso también hasta el Congreso del Estado”, recalcó el letrado en entrevista.
“El abuso sexual nunca prescribe en la mente del niño”
Madres, padres, y familiares de menores víctimas de abuso sexual dijeron a este medio que irán este miércoles a las inmediaciones de la Suprema Corte, en la Ciudad de México, para exigir a los ministros que atraigan el caso.
“Ojalá que la Suprema Corte atraiga el caso y vote a favor de la no prescripción de los abusos sexuales a menores”, apuntó en entrevista Carlos Alfonso Navarro, padre de un niño de ocho años que también denunció ser víctima de abuso sexual de Roberto ‘N’, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido luego de que se girara otra orden de aprehensión en su contra por este caso.
“Si el abuso sexual no se olvida ni prescribe nunca en la mente de un niño, ¿por qué debería hacerlo el delito?”, cuestionó por su parte el señor Juan, padre de una menor que también denunció un caso de agresión sexual distinto.
“Este caso de Guanajuato significa mucho para muchos niños en todo el país porque se abre una puerta a que tengan justicia más allá del tiempo que pasó de la agresión”, agregó el padre de famiia, que criticó que los jueces no entienden que, en muchos casos de violencia sexual, los menores pueden tardar años en verbalizar los abusos, y por eso le restan credibilidad a su testimonio.
“Este tipo de delitos no pueden prescribir nunca -hizo hincapié el hombre, que pidió proteger su identidad y la de su hija menor-. Los niños se tardan mucho en hablar porque es un proceso muy doloroso y complicado, y hay veces que hasta se mueren y no lo verbalizan por miedo. Por eso, este caso es una gran oportunidad”.
La psicóloga María del Rosario Alfaro, directora ejecutiva de la organización civil Guardianes, dijo que, en efecto, un mecanismo de defensa de las menores víctimas de abuso es tratar de olvidar lo sucedido, debido al dolor y al sufrimiento que les generan los recuerdos. De ahí que muchos menores puedan verbalizar los hechos hasta años después, algo que deberían de tener muy en cuenta los juzgadores que analizan este tipo de casos.
“Actualmente, las leyes en México están hechas de una forma no empática ni conectada con las necesidades de los menores víctimas de abuso”, criticó la psicóloga.
“Se tiende a minimizar todo lo relacionado con el abuso infantil; se ve como algo chiquito, cuando, si pusiéramos en el centro de todo el interés superior de los niños, nos daríamos cuanta de que esa es la etapa mas importante en el desarrollo de una persona porque se está estructurando su cerebro y se está formando su personalidad”.
De ahí, subrayó la psicóloga, la importancia de que se siente un precedente jurídico que evite que haya entidades donde el delito de abuso sexual infantil pueda quedar sin castigo.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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