Pobreza por ingresos en zonas urbanas repunta en noviembre por el alza de comidas fuera de casa, bistec y leche
La línea de pobreza por ingresos urbana volvió a aumentar en noviembre de 2025 y llegó a 4 mil 809.10 pesos según el reporte del Inegi publicado este jueves, un incremento impulsado por el encarecimiento de alimentos —en particular comidas fuera de casa, bistec y leche— y que nuevamente se ubicó por encima de la inflación mensual.
El Inegi informó que la inflación de noviembre fue de 0.7 %, pero la línea de pobreza urbana avanzó 1.0 %. El reporte señala que la inflación mensual “aumentó en 0.3 puntos porcentuales respecto al mes anterior”.
Este comportamiento se inscribe en una tendencia prolongada: la línea de pobreza urbana acumula 17 meses consecutivos al alza, una racha que comenzó con el incremento de junio de 2024 respecto del mes previo. En ese periodo avanzó de 4 mil 485.56 a 4 mil 809.10 pesos, impulsada de manera constante por el encarecimiento de los alimentos.
El Inegi detalla que los productos que más empujaron el aumento anual en el ámbito urbano fueron alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca.
Comportamiento de la pobreza rural
En contraste, la línea de pobreza rural muestra un avance más moderado. Según la serie histórica, solo suma tres meses al alza: luego de que agosto registró una disminución con respecto a julio, en septiembre tuvo un repunte llegando a los 3 mil 403.50 pesos en septiembre, 3 mil 411.88 en octubre y 3 mil 447.63 en noviembre de 2025.
El Inegi confirma que, en el ámbito rural, los aumentos siguen por debajo de la inflación. El informe destaca que “el incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual (3.8%)”.
En las zonas rurales, la canasta alimentaria fue el principal factor del aumento, con una incidencia de 47.0 %, junto con los rubros de “cuidados personales” y “transporte público”.
Líneas de pobreza extrema por ingresos
El reporte del Inegi también dio a conocer el comportamiento de las líneas de pobreza extrema por ingresos, que corresponden exclusivamente al costo de la canasta alimentaria. En noviembre de 2025, este valor se ubicó en mil 854.63 pesos en el ámbito rural y 2 mil 462.71 pesos en el urbano, niveles determinados por la variación de los precios de los alimentos.
De acuerdo con el informe, los precios de la canasta alimentaria crecieron 3.1% anual en el ámbito rural y 4.4% en el urbano, lo que significa que en las ciudades el aumento superó tanto al registrado en zonas rurales como a la inflación general anual de 3.8 %.
En el ámbito rural, los rubros con mayor influencia en el aumento anual fueron alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con una incidencia del 52.7%, el bistec de res con 31.3%, y la molida de res. Estos productos concentraron buena parte del impacto sobre el costo total de la canasta alimentaria.
En las ciudades, la presión provino de los mismos rubros, aunque con distinta fuerza. Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar aportaron 51.8% a la variación anual, seguidos por el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca, que registraron una incidencia notable en el valor de esta canasta.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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