Programas sociales llegan a más hogares este sexenio pero no a los más pobres, según datos del Inegi
Hacia la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales registran un claroscuro: por un lado, tocaron un máximo histórico al llegar a más personas pero a la vez llegan menos a las poblaciones más vulnerables.
Así, 36% de los hogares en México reportó en 2022 recibir alguno de los 17 programas sociales a cargo del gobierno federal, de acuerdo con un análisis del investigador Máximo Ernesto Jaramillo-Molina con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados el 29 de mayo pasado.
Se trata del mayor porcentaje de hogares beneficiados por un programa social en México desde 2009, año en que se tiene registro y el Inegi pregunta a través de la ENOE a los propios miembros de un hogar si reciben algún apoyo económico por esta política social.
“En general, eso es algo bueno, se cumple un poco más con el derecho de todas las personas a tener algún tipo de protección social garantizada”, considera Jaramillo-Molina en entrevista.
Los alcances de los programas sociales en otros sexenios
El sexenio pasado, de Enrique Peña Nieto, cerró un 27% y en 2018 el de López Obrador comenzó con un bache de 26% que se recuperó hasta alcanzar el 36% registrado en 2022.
En México hay alrededor de 35.2 millones de hogares, según el censo de 2020 del Inegi.
Aproximadamente unos 12.7 millones de esos hogares recibieron algún apoyo económico con un programa social del gobierno federal.
Los hogares pobres reciben menos programas sociales y en los ricos aumenta
El mayor alcance de los programas sociales es la parte luminosa de ese claroscuro, pero hay otra que preocupa a los especialistas y afecta a las poblaciones más pobres del país.
“Tenemos actualmente el máximo histórico,el alcance más alto de toda la historia de los programas sociales (…) al mismo tiempo tenemos el alcance más bajo de los programas sociales a los más pobres”, dice Jaramillo-Molina.
Los hogares más pobres recibieron menos apoyos económicos a través de programas sociales que en sexenios pasados y, paradójicamente, en los hogares más ricos aumentó la recepción de estas transferencias de recursos.
Así, con Felipe Calderón en 2012 los apoyos de programas sociales llegaban a 63% de los hogares más pobres, en 2016, ya con Peña Nieto, llegaban a 68% y en 2023, con López Obrador, llegan sólo a 54%.
Los hogares más pobres son aquellos que tienen un ingreso mensual de unos 700 pesos por persona que lo integran, viven en su mayoría en poblaciones rurales, son mujeres y en su gran mayoría hablan una lengua indígena, explica Jaramillo-Molina.
En contraste, los hogares más ricos y a los que les han llegado más los apoyos de programas sociales tienen un ingreso al menos de 30 mil pesos mensuales por persona, viven en Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, cuentan con todos los servicios, no hablan una lengua indígena.
Lee más: ¿25 o 30 millones? AMLO dio cifras distintas de beneficiarios de programas, pero esto dicen informes
La lejanía en la que viven las personas de los hogares más pobres dificulta su acceso a programas sociales, aunque instancias como el Inegi sí logran llegar hasta ellos, destaca Jaramillo.
Desaparición de programas focalizados por universales
Que los hogares más pobres en México reciban menos programas sociales en un sexenio cuyo lema es “primero los pobres” se explica por otro sello de esta administración: deshacer políticas del pasado sin calcular los daños y diseñar alternativas eficientes.
Así, la desaparición del programa Prospera es una de las explicaciones de por qué ahora los más pobres reciben menos apoyos.
Con Prospera, los recursos se destinaban a poblaciones más vulnerables o en otros términos, iba focalizado a ellos.
En cambio, este sexenio dio prioridad presupuestal a un programa universal como el de la pensión de adultos mayores.
Llaman a crear un programa focalizado y mantener pensión a adultos mayores
Ante este claroscuro en los programas sociales, son hay mayor alcance pero los más pobres reciben menos y los más ricos reciben más que antes, la alternativa es optar por diseñar un programa que atienda a esos hogares pobres de manera más focalizada.
Por ejemplo, un programa que apoye a los hogares pobres con niños y apoyar desde inicio de su vida a este segmento.
Sin embargo, eso no impica en dar pasos atrás y recortar el presupuesto y el alcance de programas universales como el de adultos mayores.
5) No nos confundamos: requerimos más política social universal como la Pensión de Adultos Mayores. Eso es bueno.
Pero PROSPERA no debería haber desaparecido, se debería haber transformado a un empiezo de ingreso básico universal para las infancias, empezando por los más pobres.
— Máximo Ernesto Jaramillo-Molina (@rojo_neon) May 29, 2023
El problema es de dónde se pueden obtener recursos para no desaparecer uno que ha sido exitoso en alvance y diseñar uno que repare el daño a los más pobres.
Desde la perspectiva de Jaramillo, la respuesta es aumentar la recaudación fiscal del país a través de una reforma que cobre más a quienes más ganan.
Sin embargo, recuerda que eso no ocurrió al inicio de este sexenio y no ocurrirá hacia la recta final, pues no es de interés cobrar más impuesto, como lo aseguró López Obrador al inicio de su periodo.
Morena propone reforma para que quien gane más, pague más impuestos
Este año, Morena presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución el principio de “progresividad tributaria”.
Su objetivo es que quienes ganen más, paguen más impuestos.
El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el concepto de progresividad tributaria se refiere a que las personas o empresas que tengan una mayor capacidad económica o de pago, deberían pagar un porcentaje mayor de impuestos.
“Dicho en palabras más sencillas: Que pague más quien más gana o tiene, y que reciba más quien menos gana o tiene”, señala.
Sin embargo, la iniciativa está detenida.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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