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Rancho Cali: el regreso de una madre en busca de su hija al infierno de Los Zetas en Veracruz
Rancho Cali: el regreso de una madre en busca de su hija al infierno de Los Zetas en Veracruz
Cortesía del fotógrafo Daniel GM
11 minutos de lectura

Rancho Cali: el regreso de una madre en busca de su hija al infierno de Los Zetas en Veracruz

Araceli Salcedo está por cumplir 11 años de buscar a Fernanda Rubí, su hija, a quien Los Zetas desaparecieron en 2012. Hoy, sigue una pista de su posible paradero en un rancho que el grupo delictivo controlaba en Río Blanco, Veracruz.
20 de marzo, 2023
Por: Manu Ureste
@ManuVPC 

Es un caserón grande. Cuatro habitaciones en la planta baja, otras cuatro en la de arriba y un amplio comedor donde antes había puertas y ventanas por las que ahora corre el viento. Los techos son altos, con tragaluces por los que se cuela una luz extraña, rojiza. Un patio interior con forma de cuadrado da acceso a la cocina donde solo quedan los restos de unos platos. Y en el baño, donde yacen desperdigados los restos de azulejos hechos pedazos, manchas que parecen impactos de bala se extienden por las paredes carcomidas por el moho.  

Afuera, en el suelo de las amplias terrazas cubiertas por un domo, emerge el bracito sucio de un bebé de entre la hojarasca y la basura. Es un brazo de plástico, de juguete. Tal vez una broma sádica, el macabro preámbulo antes de llegar al sendero que da acceso a la parte de atrás del caserón. Ahí, entre una maraña de sofás abandonados, palmeras y vegetación que brota salvaje, se abren a plena vista dos fosas clandestinas: dos rectángulos profundos y estrechos del tamaño de un ataúd que alguien trató de cubrir torpemente con la rama de una palmera. 

De vuelta al interior de la casa, nada más cruzar el hueco donde estaba la puerta principal, se observa a la derecha una habitación oscura sin ventanas. Cuando las autoridades ‘reventaron’ el caserón en 2017, los sicarios de Los Zetas dejaron sobre una mesa de madera machetes, hachas, sierras, cuchillos, vendas, cuerdas y las tablas de castigo con las que torturaban, asesinaban, descuartizaban y desaparecían a la gente. Y en la otra habitación contigua, otro cuarto oscuro en el que ahora solo quedan hojas muertas regadas por el suelo y los restos de los conectores que fueron extirpados de las paredes, estaban las cadenas y los ganchos de carnicería con los que colgaban a las víctimas del techo.  

—Esa casa es lo más parecido que he visto en la vida real a la película La masacre de Texas

Araceli Salcedo, de 50 años, morena, menuda y de pelo recogido en una cola, suelta la frase lapidaria y se ajusta incómoda el pesado chaleco blanco antibalas que viste junto a un pantalón tejano y unas botas. Es la mamá de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, una joven de 21 años de ojos café claro, tez morena y 1.60 de estatura, que fue víctima de desaparición en 2012 a manos de Los Zetas en Orizaba, Veracruz. Desde entonces, la mujer se ha convertido en una férrea activista, fundadora del Colectivo Familia Desaparecidos Orizaba-Córdoba y en una implacable madre buscadora: lo mismo le reclama de frente al exgobernador Javier Duarte por la inoperancia de su fiscalía —que criminalizó a Rubí asegurando que los delincuentes se la llevaron “por bonita”—, que lo mismo alza la voz por las atrocidades del narco. Por eso el chaleco. 

La chihuahuense —aunque afincada en Orizaba desde la infancia— ya estuvo hace cinco años en este caserón localizado en un punto remoto del municipio de Río Blanco, al cual se llegó por las declaraciones de la pareja sentimental de un integrante de Los Zetas.

En aquel entonces, luego de que los sicarios huyeron por los cerros, en el inmueble llamado “Rancho Cali” encontraron varias fosas con ocho cuerpos, todos desmembrados y decapitados. Pero el horror no terminó ahí. Pese al cateo de las autoridades, los delincuentes siguieron utilizando el rancho como un narcocementerio: a unos metros de la casa, por donde se extiende un vasto campo de unas 10 hectáreas donde antes pastaban caballos y pavorreales, decenas de banderitas rojas y amarillas clavadas en el suelo dibujan el contorno de lo que podrían ser nuevas fosas. Y en las inmediaciones del caserón, frente a la fachada de ladrillo, se encuentran las otras dos fosas que alguien trató de ocultar con una rama de palmera y que las autoridades deberán analizar para determinar si son positivas. 

Vista de la fachada del caserón que Los Zetas utilizaban como cementerio clandestino. FOTO: Manu Ureste

En los más de 10 años que lleva su hija desaparecida, Araceli ya ha visto de todo. No es alguien que se espante fácilmente. En septiembre del año pasado, estuvo haciendo búsquedas con el colectivo en otra “casa de los martirios” a no muchos kilómetros de este rancho de Los Zetas. Ahí, en un caserón igual de tétrico, donde había una habitación oscura en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación —el grupo que ahora domina la entidad tras la casi desaparición de Los Zetas— mantenía cautivas a sus víctimas para luego asesinarlas, desmembrarlas y desaparecerlas en fosas, encontraron los cadáveres quirúrgicamente desmembrados y cubiertos en cal viva de 15 personas. Y en agosto de 2021, luego de un año de búsqueda, hallaron 53 fosas en otro narcocementerio en la comunidad de Campo Grande, a escasos kilómetros de Orizaba. Mientras, en Los Arenales, también en Río Blanco, se recuperaron 23 cuerpos más.

Sin embargo, a pesar de su dilatada experiencia, algo tiene especialmente inquieta a Araceli estos días. Algo le oprime el pecho, murmura golpeando el chaleco antibalas con el puño cerrado. 

—Estoy entre la lloradera, la angustia, el echarle ganas… Es muy duro volver aquí. 

La mujer observa de reojo el viejo caserón que se levanta frente a ella —donde un soldado pasea aburrido y solitario por las habitaciones— y exhala un “chingada madre” con los brazos puestos en jarra. 

Araceli tiene miedo, confiesa al fin sin dejar de mirar la casa en ruinas de la que, a lo lejos, sale el inquietante ruido de la motosierra con la que un trabajador municipal corta ramas y maleza para facilitar el trabajo de búsqueda. 

Tiene pánico de que su hija aparezca en una fosa, de encontrarla en el infierno que Los Zetas dejaron en el “Racho Cali”. 

Lee: “La búsqueda es lo único que me da fuerza”: Eloisa entró a los prostíbulos del narco para hallar a su hijo

*** 

Son las 10:00 de la mañana del lunes 6 de marzo. El sol aún está lejos de alcanzar el cenit, pero ya quema la piel. La veintena de madres del colectivo que participa en esta búsqueda, junto con otros ocho hombres, comienza a distribuirse por el predio.

“Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”, gritan el lema con el que siempre inician, y de inmediato todos comienzan su trabajo: los soldados y policías se distribuyen por los alrededores del rancho para proteger el perímetro; la fiscal de búsqueda, el equipo forense y los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda pasan un aparato por los puntos donde hay indicios de tumbas; las madres rascan la tierra con rastrillos, palas, azadones y machetes para segar la maleza.  

Araceli se queda un poco atrás del grupo, a unos discretos metros de distancia, aunque siempre está escoltada por la mirada de policías federales ministeriales que portan rifles de asalto. 

—Veo este rancho, esa casa abandonada, estas caballerizas, y no puedo evitar que mi mente se eche a volar. 

La mujer, aún brazos en jarra, observa ahora a los dos peritos que excavan la tierra arcillosa. 

—Me pregunto… ¿habrán metido por aquí a mi hija? —alza el brazo derecho para señalar con la mano la puerta herrumbrosa del rancho—. ¿La lastimaron? ¿Estuvo en esa casa horrible? ¿Había alguien más con ella? ¿En qué cuarto la tuvieron esos cabrones? ¿¡¡Qué le hicieron!!?

El rostro de Araceli, habitualmente relajado y sonriente, se contrae por el dolor que le generan las imágenes que proyecta en su mente.

FOTO: Manu Ureste

Aquí mismo, dice ahora apuntando hacia el suelo que pisa, era donde ‘el Picoreta’ —que fue detenido y encarcelado a finales de 2015—, ‘el Duende’ y ‘el Muerto’, líderes e integrantes zetas de aquel entonces, tenían su base y hacían reuniones y fiestas. Y donde los sicarios les traían a las jóvenes que secuestraban. Además, se sospecha que era el lugar donde los gatilleros ‘cocinaban’ a las víctimas para que fuera más fácil desaparecerlas en hoyos y no en tumbas, una hipótesis que las autoridades ministeriales no descartan, aunque a una semana de que iniciaran los trabajos no habían encontrado indicios concluyentes que la confirmen. 

—A veces, a pesar de que haya pasado el tiempo, me doy cuenta de que no estoy preparada para encontrar lo que no quiero encontrar, lo que ninguna madre quisiera encontrar jamás. Porque… sí, una cosa es hacer un trabajo. Buscar. Ayudar a los demás. Que te echen bendiciones cuando regresas una persona desaparecida a su familia. Pero otra muy distinta es estar aquí parada. Estar de este lado de la historia

Araceli traga saliva. Deja correr un silencio. Sus ojos están al borde del colapso, pero no llora. No quiere hacerlo, no puede. Tiene que mantenerse serena y firme, se repite testaruda. 

—Es algo que no puedo explicar, un sentimiento muy cabrón —recobra el aire—. Llevo días con el estómago revuelto. Con dolor en el pecho. Días que llego a casa y me tumbo en la cama como una pesadez muy rara. 

Acto seguido, con los ojos negros clavados otra vez en el caserón, Araceli musita que cuando volvió a entrar a las habitaciones del rancho no pudo evitar que en su mente retumbara una y otra vez “la voz fea” del “hombre alto, gordo, feo y malo” que contestó el celular de Fernanda Rubí al mediodía del sábado 8 de septiembre de 2012, pocas horas después de que la noche previa Los Zetas se la llevaran cuando salía de una discoteca de Orizaba, el bar Bull Dog. 

—Durante toda la noche le estuve marcando al celular, pero nadie contestaba. Hasta que al día siguiente me respondió ese cabrón. 

La mujer toma una bocanada de aire. 

—Le grité: “¿¡Por qué tienes el teléfono de mi Rubí, hijo de la chingada!? ¡Pásame ahora mismo a mi hija! ¡Pásamela!” —las gruesas venas del cuello se le marcan recordando la escena.  

Pero del otro lado de la llamada, el tipo de voz fea, al que la mujer ya le ha puesto rostro a base de imaginarlo tantas veces en estos 10 años, no le comunicó con su hija. 

—El maldito solo me contestó: “Yo no tengo a ninguna Rubí, perra”. 

Y luego colgó. 

Lee: Herlinda Pizano, una madre con discapacidad que busca a su hija en un narcorrancho de Veracruz 

***

En la zona de las caballerizas, los dos peritos forenses llevan un metro y medio de tierra excavada. Por el momento, no se atisba ningún resto humano. Aunque tampoco es extraño. El colectivo ha llegado a encontrar cuerpos a más de dos metros de profundidad. Por eso, y porque previamente agentes caninos hicieron “un comportamiento” señalando una “anomalía”, los peritos continúan trabajando.

Roxie, una joven de pelo recogido y lentes que se mueve por todo el predio con una libretita en la mano para tomar nota de todo el trabajo y de los hallazgos de los peritos y del equipo de la policía ministerial de búsqueda, explica que tan solo en un primer cuadrante han identificado 19 anomalías, de las cuales 16 han resultado de “interés”. Esto, luego de que el equipo forense pasara un aparato, una especie de sonar que lleva dentro de una maleta negra que arrastra por el suelo, y detectara remociones sospechosas de tierra.  

—Se me hace muy raro que el agente canino haya podido oler algo —le comenta Araceli a Roxie, que es integrante del colectivo—. Porque este es un rancho que se utilizó años atrás y los cuerpos ya no tienen olor, son esqueletos. Además, aquí llueve mucho, y el agua se filtra y lava la tierra, y cuando se seca se hace de nuevo muy compacta. 

FOTO: Manu Ureste

Que las fosas y los cadáveres tengan años de antigüedad complica las cosas. Aunque tampoco es imposible encontrar cuerpos en esas circunstancias, matiza Araceli. Así les pasó en Los Arenales, otro narcocementerio. En ese lugar, el equipo forense hizo un pozo de sondeo sin resultado alguno. “Metieron las varillas y no aparecía nada”. Sin embargo, a la mañana siguiente se encontraron con una sorpresa.

—Mero arribita del hoyito de sondeo encontramos una vértebra humana. No sabemos cómo llegó ahí, pero nos hizo excavar mucho, como dos metros 25, que es muy profundo. Excavamos, excavamos y, en efecto, al fondo estaba el esqueleto. Lo más maravilloso es que la vértebra coincidía con el ADN del cuerpo. ¿Cómo salió a flote? No tenemos ni idea. Pero sí fue lo que nos dio el indicio para buscar. Como que ese cuerpo quería ser encontrado. Nos decía: “No me dejen, aquí estoy. Quiero tener paz”.

Tras contar la anécdota, Araceli sonríe cansada. En su rostro fatigado hay una mezcla de satisfacción y de frustración acumulada. No en vano va para 11 años sin respuesta del paradero de su hija, de no saber qué fue lo que le pasó a “la huerca”, como la llaman con cariño sus tres hermanos cuando sentados a la mesa recuerdan las comidas que le gustaban a Fernanda Rubí.

Araceli se encuentra ahora en esa terrible encrucijada por la que atraviesan tantas madres y padres que buscan a sus seres queridos en México, especialmente quienes ya llevan muchos años rastreando respuestas en lugares como el “Rancho Cali”: por un lado, no quieren ni imaginar que su hija, hijo, esposo, hermanos puedan estar enterrados en una “casa del terror” como esta; por otro, la angustia de no saber qué les pasó les va carcomiendo el ánimo y la salud. Y, al mismo tiempo, esa falta de certeza es la que deja abierta una pequeña rendija para la ilusión, y lo que desata un círculo vicioso de dolor y esperanza.

Esta mañana, antes de llegar al rancho, Araceli dice que tomó entre sus manos el llaverito rosa de la Virgen de Guadalupe que su hija siempre cargaba en la bolsa. 

—Lo agarré y le dije: “Rubí, dame una luz. Si estás aquí, ya déjame encontrarte. Ya quiero tener paz. Voy a hacer 11 años sin ti…”.

En este punto, a la mujer se le resquebraja de nuevo la voz. 

—A veces, le digo a Diosito: “Tú sabes cómo te he ayudado. Tú me has iluminado para que ayude a mucha gente que lo necesita. Siempre te estaré agradecida por eso. Pero ahora solo te pido que me ilumines a mí para encontrar a mi hija —ruega—. No voy a abandonar a estas madres, pero dame un poco de luz. Un poco de paz”.

Araceli se quita los viejos guantes de gimnasio que utiliza para remover piedras del suelo donde los peritos forenses pasaran el sonar y se restriega los ojos para evitar que las lágrimas broten delante de sus tres hijos que la acompañan esta mañana en la búsqueda.  

—¿Presientes que Rubí puede estar en este rancho? —le pregunta el periodista. 

Araceli esboza un largo “Ahhhh” mientras trata, en vano, de contener las lágrimas que se le escapan entre los dedos. 

Acto seguido, respira profundo y se toma unos cincos segundos.

—Pues al menos lo tengo que descartar —contesta tratando de esbozar una sonrisa—. Porque ni yo ni mis hijos podremos tener paz hasta encontrarla.

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Imagen BBC
EU extiende por un año el permiso humanitario de niña mexicana para que reciba tratamiento médico
8 minutos de lectura

Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.

03 de junio, 2025
Por: BBC News Mundo
0

El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.

Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.

En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.

“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.

“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.

La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.

Durante las noches, Sofía pasa 14 horas conectada al sistema de alimentación intravenosa y durante el día carga una mochila con los nutrientes que necesita.
Getty Images
Durante las noches, Sofía pasa 14 horas conectada al sistema de alimentación intravenosa y durante el día carga una mochila con los nutrientes que necesita.

“En México no crecía ni mejoraba”

Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.

Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.

Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.

Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.

Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.

Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.

También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.

La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.

Fotografiada en Bakersfield, California, Estados Unidos, el viernes 23 de mayo de 2025. (Myung J. Chun / Los Angeles Times a través de Getty Images).
Getty Images

Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.

El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.

Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.

Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.

Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.

Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.

“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.

Permisos revocados

Deysi Vargas carga a su hija Sofía (seudónimo) hasta su escuela en Bakersfield, California, Estados Unidos, el viernes 23 de mayo de 2025. (Myung J. Chun / Los Angeles Times a través de Getty Images).
Getty Images
Como los Vargas, bajo la administración Trump miles de inmigrantes sido notificados de la revocación de su permiso humanitario.

Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.

Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.

En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.

Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.

“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.

“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.

Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.

La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.

“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.

Hospital
Getty Images
La niña está siendo tratada en el Hospital Infantil de Los Ángeles.

“Sería letal en cuestión de días”

El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.

Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.

Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.

El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.

El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.

“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.

Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.

En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.

“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.

Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.

Línea
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