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Crisis de refugiados en México: se espera récord de solicitudes de asilo con menos presupuesto para 2024
Crisis de refugiados en México: se espera récord de solicitudes de asilo con menos presupuesto para 2024
igrantes haitianos ingresan a la fuerza a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) | Foto: Cuartoscuro
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Crisis de refugiados en México: se espera récord de solicitudes de asilo con menos presupuesto para 2024
La Comar advierte que el país enfrentará un récord de 150 mil solicitudes de refugiados en México, pero con 40 veces menos presupuesto para atender a los solicitantes de asilo que el que se destinará para detener y deportar a los migrantes.
20 de septiembre, 2023
Por: Manu Ureste
@ManuVPC 
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En tan solo ocho meses de este 2023, las solicitudes de refugiados en México ya sobrepasaron las 100 mil, por lo que la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) advierte que en este año, muy probablemente, se superarán las 150 mil peticiones, “lo cual rebasa por mucho el récord histórico de las casi 130 mil de 2021”, en palabras del propio titular de la Comar, Andrés Ramírez.

A pesar de estas cifras récord y de que ya en la frontera sur de México, especialmente en Chiapas, se está viviendo una crisis humanitaria, el presupuesto que la Secretaría de Hacienda pidió para la Comar en 2024 es de apenas 51 millones de pesos, lo que representa hasta 40 veces menos que lo que se destinará al organismo encargado, principalmente, de detener y deportar a personas migrantes: el Instituto Nacional de Migración (INM), que tendrá a su disposición casi 1,900 millones de pesos.

Mientras miles de personas migrantes arriban a diario a la frontera mexicana, en busca de asilo o de continuar su camino hacia Estados Unidos ―apenas el pasado lunes se produjo en Tapachula una ‘estampida’ con miles de personas en las oficinas de la Comar que dejó dos migrantes lesionados―, el presupuesto del próximo año de la comisión para atender a los refugiados supondrá apenas un aumento de 1%, en términos reales, es decir, ya sin el efecto de la inflación, en comparación con este 2023, y un 1.8% en relación a 2022.

Sin embargo, si se compara con 2020, año del inicio de la pandemia, el presupuesto destinado a la atención de personas solicitantes de refugio tendrá un recorte en términos reales del 8.2%.

“Definitivamente, el presupuesto no es suficiente”, asegura en entrevista con Animal Político Andrés Ramírez, titular de la Comar, quien hace hincapié en la necesidad de obtener más recursos ante las “cifras nunca antes vistas” de solicitudes de refugio que están llegando a la dependencia.

Por poner otro ejemplo de la magnitud de la situación, apunta Ramírez, solo en el centro de atención que tiene la Comar en Tapachula, conocido como ‘Los Laureles’, donde los migrantes llegan a hacer cita para una posterior solicitud de refugio, la dependencia registró en enero pasado 14 mil 600 citas ―unas 486 cada día―. “Ese ya es un número muy grande, extraordinario”, subraya Ramírez.

En febrero bajó a 9 mil 400; y en abril y mayo bajó de nuevo a 6 mil 900. “Pero en julio ya empezó un repunte muy fuerte, tuvimos 12 mil 400, aunque el caso tremendo fue en agosto pasado con 20 mil 700 citas (690 al día)“. Y en septiembre, hasta el 13, ya se registraban 9 mil 800 citas, algo muy similar a lo sucedido en agosto.

“De enero al 13 de septiembre, solo ahí en Los Laureles, hemos atendido a 154 mil 200 personas, lo que corresponde a 97 mil 741 folios, que son por familia. Es un número enorme”, insiste el titular de la Comar.

Además, advierte que en las próximas semanas el flujo puede aumentar, pues medios internacionales están dando a conocer fotografías de miles de personas, en su gran mayoría venezolanos, cruzando a pie la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con destino la frontera entre México y Estados Unidos.

Andrés Ramírez Silva, coordinador General COMAR
Andrés Ramírez Silva, coordinador General Comar | Foto: Cuartoscuro

Recursos insuficientes, ante crisis de refugiados en México

Ante este contexto, Ramírez vuelve a recalcar sobre la urgencia de contar con más recursos, tanto de dinero como personal extra, para poder afrontar la atención a tal cantidad de personas.

Por el momento, dice, continuarán dependiendo en buena medida del apoyo que la ACNUR, la agencia para los refugiados de la ONU, está brindando a la Comar desde el arranque de este sexenio, tanto con presupuesto como con apoyo de personal.

También, señala que se mantienen a la espera de que, próximamente, quede reflejado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘fusión’ de la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, que también depende de la Segob, con lo que absorberán sus algo más de 75 millones de presupuesto solicitado para 2024 y también a su personal operativo.

Sin embargo, la magnitud de la crisis humanitaria es tan grande que nada de lo anterior parece suficiente.

“Ni con el presupuesto asignado, ni con el apoyo del ACNUR, ni con esta fusión vamos a estar en la capacidad operativa que nosotros requerimos, simple y sencillamente porque el flujo ha aumentado mucho y sigue aumentando de manera extraordinaria. Y, además, todas las señales apuntan a que por El Darién está llegando mucha gente y también por la vía de Nicaragua. Ahora mismo, el panorama es bastante complejo para la Comar”, comenta Ramírez.

La Comar ha solicitado a los diputados sumar a los 51 millones proyectados, otros 56 millones de pesos extra para la contratación de 148 jefes de departamento adicionales.

“Estamos haciendo cabildeo para tratar de lograr más recursos, aunque no nos ha ido bien en el pasado. Pero no hay peor lucha que la que no se hace, y nosotros lo vamos a intentar hasta el final”, comenta resignado el titular de la Comar.

Personas hacen largas filas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para poder tramitar su solicitud de refugiados en el país.
Personas hacen largas filas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para poder tramitar su solicitud de refugiados en el país. | Foto: Cuartoscuro

Ferromex suspende servicio de trenes

Gilda Álvarez, coordinadora de atención y servicio de la organización civil Sin Fronteras, explica en entrevista que en estos momentos se están dando dos contextos migratorios muy problemáticos, que explican en parte las imágenes de miles de personas en la frontera sur mexicana, y en otros puntos, como la propia capital mexicana, donde hay también una situación de albergues saturados.

“Por un lado, hay poblaciones de migrantes que se quedan esperando en México a su cita en Estados Unidos para su solicitud de asilo, a través de la aplicación CBP One. Y por otro lado, tenemos a otras que se quedan a esperar la respuesta de la Comar a su solicitud de refugio aquí. Y todo esto hace que sea mucho más complejo tener una intervención, además de que el Estado mexicano no está cubriendo con las necesidades de esta población”, plantea.

 

Si bien Álvarez destaca el apoyo de organizaciones internacionales como el ACNUR, así como el de organizaciones civiles mexicanas, critica que buena parte del peso de dar una atención humanitaria a estas miles de personas recaiga, como en sexenios pasados, en el voluntariado y no en el Gobierno de México.

“Las personas migrantes están en la incertidumbre en todo momento, y esto genera afectaciones en su salud mental y propicia que se encuentren en contextos de mayor vulnerabilidad todavía, pues esas personas quieren comer, trabajar, generar ingresos, y seguir con su vida de alguna manera en lo que tienen una respuesta de las autoridades”, agrega la integrante de Sin Fronteras.

Ante este contexto “de tiempos tan tardados, desinformación, y de incertidumbre”, muchos migrantes también están optando por moverse de la frontera sur hacia el norte, lo que está generando muchas “deserciones” en las solicitudes de asilo.

Además de que, nuevamente, se están repitiendo escenas del pasado, como ejemplo, la del viejo ferrocarril conocido como ‘La Bestia’ repleto de migrantes que viajan en condiciones inhumanas y de inseguridad hacia la frontera con Estados Unidos.

Apoyo a migrantes con comida en un tramo del tren que va hacia el norte de México
Apoyo a migrantes con comida en un tramo del tren que va hacia el norte de México | Foto: Cuartoscuro

De hecho, este martes 19 de septiembre, la empresa Ferromex anunció en sus redes sociales que detuvo temporalmente la operación de 60 trenes.

“Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país, y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalente a la capacidad de 1 mil 800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, señaló la compañía en un comunicado.

Asimismo, Ferromex indicó que en días recientes se registraron “cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos entre los grupos de personas que de manera individual o en familias, integradas incluso por niñas y niños, abordaron en su ruta hacia el norte, trenes de carga, a pesar del grave peligro que ello implica”.

La empresa ferroviaria detalló que la acumulación de migrantes “se ha incrementado de manera significativa” en el patio de operaciones y en los trenes a su paso por Torreón, Coahuila, donde hay más de 1 mil 500 personas; en Guanajuato, con más de 800; en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, con alrededor de mil; y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, “donde más de 1 mil personas ocupan las góndolas de carga”.

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Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
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Por qué el gobierno de Maduro expulsó de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos
La Comar advierte que el país enfrentará un récord de 150 mil solicitudes de refugiados en México, pero con 40 veces menos presupuesto para atender a los solicitantes de asilo que el que se destinará para detener y deportar a los migrantes.
23 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Un arresto, un tuit y dos palabras, “desaparición forzada”, desataron en pocas horas una tormenta que terminó con la salida de Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La activista venezolana Rocío San Miguel fue detenida en Venezuela el viernes 9 de febrero junto a su hija, el padre de su hija, dos hermanos y una expareja.

Cuatro días después, el martes 13 de febrero, la oficina de la ONU publicó este tuit:

“#Venezuela: Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

Aunque el Alto Comisionado había solicitado información en otras ocasiones sobre detenidos en Venezuela, esta era la primera vez que usaba el término “desaparición forzada” en sus cuentas de redes sociales para referirse a un caso específico.

Ese término enfureció al gobierno de Nicolás Maduro, al que le importa mucho más que no se le asocie con violaciones de derechos humanos a que se dude de su legitimidad, como hacen muchos gobiernos occidentales.

Pero no quedó ahí la crítica de un órgano de la ONU.

Al día siguiente, el miércoles 14 de febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, convocó una rueda de prensa en Caracas para informar sobre lo que vio durante una visita de dos semanas a cinco estados de Venezuela.

Dijo que el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano, conocido como bolsas o cajas CLAP, era gestionado por algunas autoridades como una “limosna caritativa” que “socava la dignidad humana de los receptores” y “se ha vuelto susceptible de clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela”.

Fakhri aseguró que los presos en las cárceles le preocupaban “seriamente”, sobre todo los que permanecen en estaciones policiales. “Las autoridades no proporcionan a los detenidos ni comida ni agua ni baño ni asistencia sanitaria. Estos centros son inhumanos y degradantes y pueden constituir tortura”.

En sólo 48 horas, la ONU había criticado dos temas sagrados para el gobierno del presidente Maduro: las denuncias sobre desapariciones forzadas y el programa de distribución de alimentos, eje de sus políticas de asistencia social.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.
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El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, criticó la gestión del programa de bolsas y cajas CLAP.

La expulsión

Tres días después del tuit del Alto Comisionado, el jueves 15 de febrero, el canciller venezolano Yván Gil anunció la expulsión de las 13 personas que integraban el equipo de la oficina en Venezuela y les daba 72 horas para abandonar el país.

El canciller indicó que la oficina del Alto Comisionado en Caracas se había convertido en “el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”, al mantener “una postura sesgada y parcializada para generar impunidad para las personas que planifican atentados, magnicidios”.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ya había informado para entonces que San Miguel había sido detenida y era investigada por su supuesta participación en “Brazalete Blanco”, una conspiración para asesinar a Maduro.

Sin embargo, no había dado explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por los abogados de San Miguel: por qué fue detenida con sus familiares; por qué negaron al inicio de la detención que se encontraba en el Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia; y por qué la mantuvieron en aislamiento durante diez días, sin contacto con parientes ni defensores.

“Dentro de los lapsos legales correspondientes y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales se realizó la audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, justificó Saab en una conferencia de prensa.

“¿Cómo explican que hasta ahora haya gente diciendo que hubo una desaparición forzada?”, dijo al cuestionar al Alto Comisionado y a las más de 200 organizaciones no gubernamentales locales que protestaron por el caso de la activista.

La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas indica que este delito combina tres elementos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona, la participación de funcionarios gubernamentales y la negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida

San Miguel dirige Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría de la fuerza armada venezolana. El Ministerio Público la acusó por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Uno de sus allegados permanece detenido y los familiares fueron liberados, sometidos a régimen de presentación ante los tribunales y con prohibición de salida de Venezuela.

Cuatro días después del anuncio del canciller, el lunes 19 de febrero, Maduro confirmó que el personal de la oficina se había marchado del país el sábado 17 de febrero. Y cambió los términos de la expulsión: “Hasta que no rectifiquen, pidan perdón y se pueda restablecer una relación de respeto, esa oficina técnica no volverá a Venezuela”.

Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.
Getty Images
Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero.

La creación de la oficina

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se instaló en Caracas a mediados de 2019, tras una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupaba entonces el cargo de Alta Comisionada.

Preocupado por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país, el gobierno accedió a que la oficina del Alto Comisionado se instalara en Venezuela y monitoreara la situación con el fin de cooperar y evitar nuevos señalamientos negativos que tiñeran su imagen en el mundo.

El gobierno de Maduro quería acabar con lo que consideraba como una “visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”.

Pero la instalación de la oficina no impidió que la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, investigara y documentara casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.

Ese año se registraron las primeras protestas contra el gobierno de Maduro en las que hubo decenas de muertos y heridos.

La presidenta de la misión independiente, Marta Valiñas, alertó que la forma en que San Miguel y sus familiares fueron detenidos responde a un patrón que los investigadores de la misión detectaron en testimonios de otras víctimas de violaciones de derechos humanos.

No era ese el lenguaje de la oficina del Alto Comisionado, mucho más ponderada y públicamente menos crítica.

Hasta que llegó el tuit tras la detención de San Miguel.

La salida del personal de la oficina llega en un momento de alta tensión en Venezuela a la espera de conocer la fecha definitiva de las elecciones presidenciales.

El gobierno denuncia una supuesta conspiración contra Maduro en medio de la presión nacional e internacional para exigir que se levante la inhabilitación política de María Corina Machado, elegida como la candidata opositora para desafiar a Maduro en las presidenciales.

Bachelet y Maduro
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió a la exmandataria chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. en junio de 2019.

Qué implica la salida

El abogado Alí Daniels, director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, explicó que la expulsión del personal de la oficina elimina la “única instancia imparcial e independiente en el país” a la que podían acudir las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Era un sitio para escuchar a las víctimas. Allí no había miedo. No solo se les escuchaba, se les creía. Eso era un factor esencial para las víctimas porque era un acto de justicia. Y que estuviera en Caracas era una enorme ventaja que ahora se pierde”.

Daniels dijo que la oficina también podía interceder ante el gobierno frente a ciertos casos, lograba liberaciones y el cese de violaciones. “Ellos podían hacer más que nosotros”, afirmó en referencia a los activistas locales.

La socióloga Ligia Bolívar, quien fue fundadora de la ONG Provea y es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que el mayor aporte de la oficina fue “el acompañamiento a presos y familiares”.

“El gobierno es hermético, no establece puentes ni interacción con las ONG porque no reconoce su trabajo. La oficina hizo el vínculo entre presos políticos y comunes y sus familiares con las autoridades y se lograron acciones importantes desde el punto de vista humanitario”.

Bolívar precisó que si bien disminuye la capacidad de acción de la oficina porque no está en Venezuela, puede mantener sus labores desde otras sedes. “Lo que está tratando de evitar el gobierno es el monitoreo internacional. A partir de ahora se hará a distancia, como ocurre con otros países como Nicaragua”.

BBC Mundo pidió una entrevista con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, para conocer los próximos pasos de la instancia, pero no obtuvo respuesta para la fecha de publicación de esta historia.

La nutricionista Susana Raffalli, activista por el derecho a la alimentación, recordó que la oficina construyó “un espacio de reunión entre los actores de la sociedad civil que ahora se pierde” y constituía “una fuente de información estructurada sobre el país para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Raffalli advirtió que la campaña “Yo soy Rocío” y “Todos somos Rocío” no solo implica un acto de solidaridad con la activista, sino también el reconocimiento de que cualquiera en Venezuela puede ser víctima de una detención como la de San Miguel.

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