Durante 2022, el 80% de los refugios para mujeres recibieron menos presupuesto para operar que el que les fue asignado un año antes, aunque apoyaron a 25% más víctimas de violencia. Esta situación, de acuerdo con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional que agrupa a estos centros (RNR), los dejó con problemas financieros que ponen en riesgo su labor para 2023.
Figueroa señaló en entrevista que hay cuatro centros de atención a mujeres víctimas de violencia que al día de hoy se encuentran negociando con proveedores y trabajadoras el pago de sus servicios para no tener que cerrar sus puertas este 2023, ya que el recurso federal para que operen será transferido —si no hay retrasos— hasta marzo.
“El panorama que tuvimos en el 2022 tiene todavía secuelas que arrastraremos los primeros meses de 2023. Afortunadamente, este año los lineamientos del siguiente ejercicio fiscal para el programa de los refugios fueron publicados oportunamente, y parece ser que la transferencia de recursos se hará a tiempo”, indicó.
La RNR acusa simulación en aumento de recursos
Aunque la RNR negoció con comisiones de la Cámara de Diputados un aumento en el presupuesto destinado a la operación de los refugios, solo se dio un incremento de 19 millones de pesos para su funcionamiento, cifra que —a consideración de Figueroa— “resulta insuficiente ante la inflación y las necesidades reales que existen, sobre todo por el crecimiento en el número de atenciones”.
La directora de la red lamentó que, aunque el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023 tiene destinados poco más de 348 millones de pesos etiquetados para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, más de la mitad de estos recursos está destinada en realidad a programas sociales sin enfoque de género, como Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para Adultos Mayores.
“Vemos con preocupación que el presupuesto para las víctimas es una simulación, porque aparentemente hay un incremento, pero fuera de las declaraciones, en realidad no se están otorgando recursos con perspectiva de género, a pesar de que constantemente estamos denunciando que en el país vivimos bajo una situación de emergencia que cobra la vida de al menos 10 mujeres cada día”, agregó.
Figueroa explicó que las organizaciones dedicadas a la atención de mujeres víctimas de violencia no están pidiendo que se cancelen los programas de transferencia de recursos para jóvenes o adultos mayores, “pero se tiene que reconocer que estos no cuentan con perspectiva de género, ni con parámetros para hablar de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; además, nos parece injusto que, mientras se limita el dinero a los refugios, se dan aumentos muy grandes para la militarización”.
La psicóloga feminista lamentó que a esta situación se sumó el hecho de que las autoridades de los distintos niveles “persiguen y criminalizan a quienes denunciamos la inatención del Estado para con las mujeres y la prevalencia de actitudes machistas y del pacto patriarcal en las instituciones, aun cuando somos nosotras las que terminamos haciendo su chamba”.
A pesar de la falta de presupuesto y el retraso de las transferencias, los refugios lograron que por lo menos 450 mujeres —algunas de ellas acompañadas de sus hijas e hijos— tuvieran opciones de generar ingresos propios desde la autogestión económica.
Atenciones en refugios por intento de feminicidio subieron 10%
De acuerdo con la directora de la RNR, en 2022 los refugios para mujeres brindaron más de 35 mil atenciones, lo que representó un incremento del 25% respecto del año anterior, y de ellas observaron un aumento del 10% en el número de víctimas de intentos de feminicidio. De ellas, 350 habían acudido ante las autoridades previo al intento de asesinarlas, sin que se les brindaran medidas de protección.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2022, en México fueron asesinadas 3 mil 470 mujeres, de las cuales 878 casos, que representan el 25.3%, fueron catalogados por las autoridades como feminicidios; los restantes se investigan como homicidios dolosos.
En el mismo periodo, se reportaron 62 mil 126 casos de mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas, es decir, que fueron agredidas físicamente de manera intencional.
“Esto refleja que continúan las omisiones en la atención de delitos que afectan a las mujeres, y que estos se siguen considerando como asuntos menores, invisibilizados totalmente, lo que —como hemos dicho en varias ocasiones desde la Red de Refugios— es la antesala a los feminicidios, delito con impunidad de más del 56%”, señaló Figueroa.
“Lo que vemos que existió en 2022 y persiste en 2023 es que a este gobierno le importa más la militarización de la seguridad y los programas turísticos que prevenir y sancionar las violencias contra mujeres, así que los retos son bastante grandes”, sostuvo.
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Las escuelas segregadas para niños de ascendencia mexicana existieron en suroeste de EE.UU. durante décadas. En una de ellas, en la pequeña ciudad texana de Marfa, celebraron un día una peculiar ceremonia.
“Ya habíamos asistido a funerales de familiares antes, así que entendimos que allí se estaba celebrando un entierro. Lo que no sabíamos era por qué”… Ni de quién.
Así recuerda Jessi Silva aquella mañana de 1954 en la que se encontró en el patio de su escuela, rodeada de otros alumnos, observando un hoyo recién cavado.
Allí estaba también Maggie Marquez, quien por aquel entonces cursaba cuarto grado. Nada más entrar a clase, se había percatado de que el día no iba a ser como cualquier otro.
“Cuando llegué al salón la maestra nos dio pedazos de papel y nos pidió que escribiéramos en ellos: ‘No hablaré español ni en la escuela ni durante el receso’”, le contó décadas después a StoryCorps, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo objetivo es registrar, preservar y compartir historias.
Obedientes, siguieron las instrucciones al pie de la letra. La profesora agarró todos los papelitos, los dobló y los metió en una caja de cigarros, tal como lo habían hecho el resto de los docentes del centro.
A aquello le siguió una procesión al patio, donde introdujeron el estuche en el agujero cavado junto a un asta en el que ondeaba la bandera estadounidense.
Burial of Mr. Spanish, llamaron a la ceremonia, “El entierro del señor español”.
A partir de aquel momento el idioma de sus ancestros, la lengua materna de estas dos mujeres, que tienen hoy 76 y 80 años, quedaba prohibida en las instalaciones.
Marquez, sin embargo, recuerda que se rebeló ante el entierro simbólico del español.
De vuelta al aula, le dijo a sus compañeras: “Nadie me va a hacer que deje de hablar en español”.
“Lo que no sabía es que tenía a la maestra detrás, y me llevó a la oficina del director”, contó.
La jornada acabó con unos azotes.
Ocurrió en la Escuela Primaria Blackwell, en Marfa, un desértico pueblo de Texas situado a unos 95 kilómetros de la frontera con México.
Pero bien pudo haber pasado en cualquiera de las otras escuelas exclusivas para niños con ascendencia mexicana que existieron en el suroeste de Estados Unidos desde inicios del siglo hasta entrada la década de los 60, como parte de una segregación de facto cuyas consecuencias —según apuntan expertos e investigaciones varias— se sienten aún hoy.
Separados pero… ¿iguales?
A diferencia de la discriminación sufrida por los afroestadounidenses, sobre todo en los estados sureños, donde primaba el lema “separados pero iguales”, la aplicada contra los mexicano-estadounidenses no era por mandato legal sino una práctica común.
Los distritos escolares decidían si separaban o no a los estudiantes de ascendencia mexicana o a los latinos de otros orígenes, y muchos así lo hicieron en Arizona, California, Nuevo México, Texas.
En este último estado, para la década de 1940, existían las llamadas Mexican Schools (“Escuelas mexicanas”) en más de 120 ciudades que se mantuvieron hasta 1965, cuando se logró la integración.
Por la Escuela Primaria Blackwell, fundada en 1889, pasaron miles de estudiantes de entre primer y octavo grado; alumnos de origen mexicano que estudiaron con menos recursos que sus pares blancos, con materiales descartados por estos, en aulas con mobiliario de segunda mano.
Y el entierro del español no fue el único recuerdo de discriminación.
Otro día una alumna fue obligada a bañar a otra de piel más oscura por considerársela “sucia”.
En los años 50, los futbolistas de Blackwell eran considerados lo suficientemente buenos como para conformar equipo con menores anglos, pero no tanto como para que compartieran vestuarios.
“En Marfa aprendí lo que era el racismo”, le dijo Jesusita Williams Silva, quien empezó a estudiar en Blackwell en 1956, a Texas Monthly. “(Lo aprendí) Al ver a mi madre siendo rechazada en la tienda porque era hispana, al ver que mi padre no cobraba lo suficiente por ser hispano, al ver a la gente humillar a mis padres frente a sus hijos”.
En aquel entonces, en la puerta de algunos restaurantes había carteles que decían “Ni perros ni mexicanos”. En los cines, solo se podían sentar en los balcones superiores y bañarse solo los lunes, cuando el agua estaba más sucia, en las piscinas municipales.
La inevitable asimilación
En las escuelas segregadas, junto a la política que obligaba a comunicarse solo en inglés, justificada sobre la base de que era necesaria para brindarles a unos alumnos con “deficiencias lingüísticas” una formación efectiva, los educadores usaron prácticas pedagógicas y promovieron actividades que imponían valores e ideales blancos y de clase media.
El objetivo era que fueran lo más “estadounidenses posible”, escribió en su libro Culture, language, and the Americanization of Mexican children (“Cultura, lenguaje y la americanización de niños mexicanos”) Gilbert G. González, profesor de la Universidad de California y pionero de la disciplina de los Estudios Latinos y Chicanos.
La asimilación fue, en muchos casos, inevitable.
“No quería hablar español, no quería vestir como mexicana”, le contó Janie Martínez, quien asistió a una de esas escuelas, a Lilliana P. Saldaña, investigadora de la Universidad de Texas-San Antonio.
Saldaña incluyó su caso en un ensayo que aborda los traumas sufridos por una serie de mexicano-estadounidenses en el sistema educativo segregado y cómo eso los llevó a formarse como maestros.
“Durante sus años universitarios hizo todo lo posible por deshacerse de todo lo que la caracterizaba como mexicana y, cuando se graduó, pidió que su diploma dijera ‘Janie’ en lugar de ‘Juanita’. Tampoco les enseñó español a sus hijos, una decisión de la que hoy se arrepiente”, escribe Saldaña.
“Cómo los trataban los maestros y maestras, cómo el sistema escolar les cambió el nombre o hizo que se lo cambiaran, cómo los hizo sentirse avergonzados de ser pobres y mexicanos, del barrio… Eso fueron razones por las que tomaron la decisión muy consciente de ser docentes en su propia comunidad y de impulsar el bilingüismo”, le dice Saldaña a BBC Mundo.
También hubo reacciones más generalizadas, como la creación de las llamadas “escuelitas”.
“Fueron comunes en muchas comunidades fronterizas. Las familias mexicano-estadounidenses las establecían, a veces en alguna de las casas, tras recolectar fondos entre ellas mismas”, explica Saldaña.
“Eran independientes, gerenciadas por las propias familias, no estaban bajo el control estatal, y reclutaban a las maestras en México, que hablaban español pero que también tenían experiencia como educadoras”, prosigue.
La segregación y la consiguiente asimilación también tuvo costos a distintos niveles, consecuencias que siguen sintiéndose hoy y que varios estudios han tratado de retratar.
De acuerdo a un estudio del Pew Research Center publicado el año pasado, el 75% de los latinos de EE.UU. aseguran que pueden mantener una conservación en un español bueno o muy bueno. Pero entre los de tercera generación, son menos de un tercio los que son capaces de ello.
La integración y el desentierro
En un fallo conocido como Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó en 1954 que las leyes estatales que establecían la segregación racial en las escuelas públicas eran inconstitucionales.
Aunque la integración tardó años en alcanzar todos los rincones del país, y en muchos casos requirió de la intervención federal.
A Marfa llegó en 1965, con la apertura de una nueva escuela primaria que acogió tanto a los alumnos del antiguo colegio para niños de ascendencia anglosajona como a los de Blackwell.
Esta última sigue hoy en pie, uno de los pocos ejemplos de escuelas segregadas que no han sido demolidas.
Aunque en su día constaba de varios edificios, hoy luce sola, blanca y discreta, en el sector sur de la pequeña ciudad y rodeada de modestas casas de adobe, un bloque de viviendas sociales y la sede de la Patrulla Fronteriza del sector.
Tras años de trabajo de un grupo de exalumnos y miembros de la comunidad, agrupados bajo la Alianza de la Escuela Blackwell, el 17 de octubre de 2022 fue designada Sitio Histórico Nacional, y ahora alberga un museo y centro comunitario con fotografías, objetos varios y la recreación de un aula.
“En el catálogo de los Sitios Históricos Nacionales hay pocos sitios que hablan de la historia mexicano-estadounidense moderna. Así que Blackwell está realmente a la vanguardia para empezar a contar esas historias nunca contadas”, le dice Daniel O. Hernandez, el presidente de la Alianza, a BBC Mundo.
“No podemos entender la dinámica racial y étnica de Estados Unidos hoy sin conocer lo que sucedió antes, cómo se trató a la gente, cómo la sociedad anglosajona justificó ese trato y qué consecuencias tuvo”, escribió su antecesora, Gretel Enck.
Quienes estudiaron en Blackwell tienen hoy 60, 70, incluso más años.
En 2007, un grupo de ellos se reunió en la antigua escuela, para un evento inspirado en el entierro de “Mr. Spanish”.
En el centro estaba Maggie Márquez, quien de un pequeño ataúd de madera contrachapada que había sido enterrado específicamente para la ceremonia, sacó un diccionario español.
Entre vítores, lo alzó y exclamó: “¡Yo tengo el español!”.
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