Entre 2016 y 2022, la Secretaría de Salud federal registró 5 mil 936 lesiones intencionales ocurridas en escuelas, del total de más de 90 mil menores de edad lesionados que recibieron atención hospitalaria. Esto, mientras los protocolos para atender la violencia en los planteles educativos dependen de la voluntad de las autoridades estatales o no se aplican. 

De esas casi 6 mil lesiones intencionales registradas por la secretaría y atendidas en hospitales públicos de todo el país, 999 fueron clasificadas por el personal médico como lesiones por violencia familiar —es decir, cometidas por algún pariente de la víctima—, 4 mil 935 se catalogaron por violencia no familiar y siete por trata de personas. Las cifras corresponden a un contexto en el que, de acuerdo con la REDIM, las expresiones de violencia física en contra de mujeres van a la alza, mientras que durante 2021 dos de cada mil personas entre 10 y 17 años fueron víctimas de violencia física en la escuela. 

En el caso de niñas y niños de cero a cinco años, fueron atendidos 11 mil 908 en los últimos siete años, por lesiones ocurridas en escuelas. De estas, 343 fueron consideradas como lesiones intencionales, 22 por violencia familiar y 321 por violencia no familiar. Otras 11 mil 485 se consideraron lesiones accidentales, 14 lesiones autoinfligidas y en 66 casos se ignora.

Del grupo de niños y niñas de 6 a 11 años, los hospitales del país atendieron 35 mil 193 casos de lesiones ocurridas dentro de escuelas. De las intencionales, 144 fueron consideradas por violencia familiar, mil 233 por violencia no familiar, una por trata de personas y 33 mil 576 por accidentes. De 195 pacientes se ignora cuál fue la causal y 44 lesiones se clasificaron como autoinfligidas.

Además, existe poca valoración de que el tema afecta y preocupa a las infancias; en cambio, se criminaliza y las autoridades no dan ningún tipo de seguimiento. El especialista explicó que el marco de convivencia escolar tuvo una última actualización en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y, desde entonces, no se ha modificado, pero tampoco ha sido de utilidad, a pesar de que no solo se refiere al acoso escolar, sino a varios aspectos que pueden ocurrir en la comunidad educativa. “Aunque está ahí, no es un tema que tenga aplicación”, lamentó.

Tanto Pérez García como Ramírez recordaron que la encuesta PISA también reveló un dato importante: en 2018, el 23% de las y los estudiantes en el rango de los 15 años dijo haber sufrido acoso escolar al menos algunas veces al mes. Basada también en el registro de lesiones de Salud, la REDIM detectó que, en 2021, de quienes llegaron a atención hospitalaria 42.6% eran mujeres y 57.4% varones, además de que tres cuartas partes de las víctimas se ubicaban en el rango de edad de 12 a 17 años. 

En el ciclo escolar 2022-2023, el Centro de Atención para la Convivencia Escolar Mexiquense ha recibido 732 reportes de conductas violentas, acoso escolar, violencia sexual, maltrato escolar y volencia laboral, informó la Secretaría de Educación local.

Según las autoridades estatales, estos casos se atienden mediante una Red Institucional de Apoyo Socioemocional (RIAS) que integran 7 mil 805 psicólogos, trabajadores, orientadores, técnicos y promotores de educación para la salud, que son los encargados de implementar los protocolos de atención. Sin embargo, Ramírez detalló todos los niveles en que autoridades y sociedad le han fallado a niñas como Norma Lizbeth. 

“Nos queda claro que simplemente incorporar el bullying como un tema en alguna de las materias no es un abordaje adecuado: niñas, niños y adolescentes no aprenden de lo que escuchan, sino de lo que viven. Entonces, si el sistema educativo sigue siendo tan vertical, tan violento también, siguen siendo ambientes donde la disciplina con maltrato sigue estando presente, y si no se establecen otras medidas de resolución de conflictos, da lo mismo que las escuelas digan ‘Sí, nosotros abordamos el tema del bullying’”, señala Ramírez.

Además de las omisiones que puede haber de las propias autoridades cuando se presentan denuncias, la elaboración de protocolos está sujeta también a las autoridades estatales. Al respecto, la directora de la ODI precisó que cada estado debe tener los suyos, pero no en todas las páginas de las secretarías pueden ubicarse o no son fáciles de encontrar. “No es accesible esa información y no es clara”, añadió.

Ramírez explica que, por un lado, es adecuado que cada estado pueda desarrollar sus mecanismos e instrumentos de acuerdo a la lectura propia y endémica de los lugares en los que están. “Tiene un principio adecuado el hecho de que cada estado pueda desarrollar esto; lo que no es adecuado es que esto se convierta en dispersión y en atomización, y sí hay una responsabilidad en la entidad educativa a nivel federal de por lo menos supervisar que estos protocolos se hayan generado y que se hayan generado las capacidades para ponerlos a prueba”, apuntó.

El protocolo no puede ser solo un documento escrito que se envía por correo electrónico o se entrega en copias a la comunidad escolar, sino que tiene que ver con una praxis y con tener claramente ubicadas cuáles son las rutas de acción que se tienen que mover una vez que hay una denuncia por violencia o acoso escolar. Sería muy importante, señaló, hacer un levantamiento de qué escuelas lo tienen y cuáles no, y en qué casos se han dado al menos ejercicios de puesta en acción. 

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En su artículo 57, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la CDMX deben garantizar una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia de la misma mediante varias acciones, entre ellas, elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

Por ello, la directora ejecutiva de la REDIM apuntó todas las fallas que se dan en casos como el de Norma Lizbeth, de 14 años, quien falleció por lesiones tras ser víctima de acoso escolar en su secundaria. 

En primera instancia, falló la autoridad educativa a nivel escolar, que presuntamente tenía conocimiento del acoso. “En ese sentido, fue positiva la destitución de la directora, pero no nos podemos quedar con la idea de que con una directora expulsada se soluciona el problema; no es únicamente con las cabezas rodantes que estas situaciones se arrancan de raíz, cuando hay algo más sistémico, más estructural, más profundo”, dijo Ramírez.

En segundo lugar, hubo una omisión en la autoridad educativa estatal y federal, precisamente por la ausencia o falta de aplicación de los protocolos. Para la activista, es un caso obvio de cómo no hubo supervisión sobre si estos protocolos existían o si estaba instalada la capacidad de ponerlos en acción cuando hubiera una denuncia. Al mismo tiempo, falló también la autoridad médica, por el doctor que revisó a Norma Lizbeth y la envió a su casa solo con un analgésico sin más revisión o estudios. 

“Hay una corresponsabilidad también a nivel social, porque en el video que se viralizó vemos a una serie de personas haciendo semicírculo. Esto no puede ser: documentar esto, no intervenir, no entrar a detenerlas, hay una corresponsabilidad y hay una dimensión donde la autoridad educativa suele eludir su responsabilidad cuando estos sucesos pasan fuera de sus instalaciones, porque en casos como este, lo que sucede en la escuela se traspasa a los espacios externos”, detalló.

Pérez García añadió que en este caso se sigue el mismo patrón de individualización. La directora siguió la práctica habitual de reducirlo a un pleito entre dos niñas, las atenciones las tiene que pagar la familia, la suspenden un mes, no le dan seguimiento y la niña vivió una agonía de dos semanas sin seguimiento médico ni educativo. 

“Por eso hemos insistido en que particularmente en el acoso escolar, con un desenlace tan crítico como este, la justicia restaurativa es la mejor alternativa, es decir, hay una triada: el niño o la niña agresor, el niño o niña víctima y la comunidad educativa que participa. Si no lo hacemos desde la justicia restaurativa, corremos el riesgo de solo cambiar los rostros de la víctima y del agresor, y que se repitan estos hechos”, alertó.

Consultada al respecto, la Secretaría de Educación Pública se limitó a recompartir un comunicado del 20 de marzo donde se informa que la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Ruvalcaba Gámez, se reunió, de manera virtual, con más de mil 300 directoras y directores para presentar los Lineamientos para la prevención y atención de la violencia sexual en los planteles de Educación Media Superior, y les exhortó a replicar los lineamientos con todas sus plantillas docentes. 

La secretaría estatal agregó que se han reforzado acciones para reestructurar sus redes de trabajo, fomentar la cultura de paz y una sana convivencia, además de que lleva a cabo estrategias y líneas de acción —sin precisar cómo— que promueven la perspectiva de género, no discriminación, mediación, los valores y la conciliación. Informó que está a disposición la línea 800 01 64667 para asesoría gratuita en casos de violencia escolar. 

“Creo que también fallamos como sociedad. Lo que RacismoMx sacó en honor a esta chica fue muy doloroso, pero muy cierto, decir que también el racismo puede matar. El hecho de que Norma Lizbeth haya sido víctima de bullying por su tono de piel… vivimos una inconsistencia en términos de nuestro origen y nuestras pertenencias étnicas, que eso también tiene un efecto en las vidas de las personas y qué brutal darnos cuenta de que este pudo ser también uno de esos argumentos. Hay una falla en términos de la sociedad, también por el hecho de que niñas, niños y adolescentes tengan que aprender a pelear; no nacen violentos, la violencia se aprende”, concluyó Ramírez.