Secretaría Anticorrupción no tiene información sobre empresa que recolecta datos biométricos
A cinco meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la autoridad que heredó sus funciones en materia de datos personales asegura no tener registro alguno sobre empresas que recolectan datos biométricos en México.
La Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, respondió a una solicitud de información que “no se localizó base de datos o soporte documental respecto de las empresas que recaban datos biométricos en el país”, y añadió que atender la petición implicaría “revisar expediente por expediente, lo cual equivaldría a elaborar un documento específico, lo que no resulta procedente en términos de la Ley de Transparencia”.
La información proporcionada contrasta con el antecedente de que el INAI había iniciado una investigación sobre World (antes Worldcoin) en septiembre de 2024, una empresa que ofrece criptomonedas a cambio de los datos biométricos de las personas, como te contamos en esta nota. El INAI tenía la facultad de supervisar, investigar y sancionar el manejo indebido de estos datos sensibles. Con la extinción del organismo autónomo, estas funciones quedaron interrumpidas, y hasta el momento la Secretaría de Anticorrupción no ha evidenciado acciones concretas ni documentadas para continuarlas.
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Miguel Rocha, director general de World para México, Centroamérica y el Caribe, aseguró que la empresa mantiene diálogo con las autoridades: “Hoy, como también sabes, esas atribuciones se derivaron en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que son quienes continúan ese expediente. Con ellos también hemos tenido acercamientos para ir a discernir dudas”.
En los hechos, la Secretaría afirma no contar con expedientes, documentos ni bases de datos que acrediten la presencia o el seguimiento de compañías que recolectan iris y otros datos biométricos en México. La autoridad responsable de supervisar el uso de datos personales niega tener información sobre esas operaciones, dejando un vacío que expone a la ciudadanía frente a proyectos tecnológicos nacionales y transnacionales que manejan información altamente sensible.
Un vacío legal que deja a los ciudadanos desprotegidos
Después de la extinción del INAI, la supervisión y regulación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) pasó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que las tareas que desempeñaba el INAI en materia de transparencia y acceso a la información fueron asumidas por Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de la Secretaría.
Mientras otros países como España, Brasil y Chile han suspendido o sancionado a Worldcoin por el uso injustificado de datos biométricos y la captación de menores, México carece de registros oficiales y mecanismos claros de supervisión. Lucía Camacho, investigadora en derechos digitales, califica la situación como una paradoja: “El Estado concentra cada vez más atribuciones tras la desaparición del INAI, pero carece de mecanismos efectivos para reconocer, supervisar y sancionar”. Según ella, la complejidad técnica de estos proyectos funciona como un “velo tecnológico” que debilita el consentimiento informado.
Ante esta ausencia institucional, los usuarios que entregaron sus datos en los módulos de Worldcoin no cuentan con instancias claras para reportar irregularidades. Como documentó la ONG Amaranta en Chile y Animal Político con testimonios mexicanos, muchos actuaron impulsados por la urgencia económica y sin información suficiente: “No tenían idea de lo que era Worldcoin ni de las consecuencias que tenía entregar sus datos”, explica Cecilia Ananías Soto, cofundadora de la organización.
El riesgo se agrava por la naturaleza de los datos recabados. Paul Aguilar, de SocialTIC, recuerda que el iris es “un dato permanente, inmodificable y extremadamente sensible”. A diferencia de una contraseña, si se filtra no puede ser reemplazado. Santiago, abogado de R3D, agrega que “no hay un registro claro del estado de la investigación ni una instancia autónoma con facultades para sancionar malas prácticas”. Esta ausencia de supervisión oficial deja a más de 700 mil personas y sus datos sensibles sin control.
Expertos coinciden en que la Secretaría debe actuar de manera inmediata. Santiago señala que los derechos ARCO son casi imposibles de ejercer y que el consentimiento no es válido si los usuarios desconocen las implicaciones; Lucía Camacho advierte sobre la necesidad de coordinación con autoridades nacionales e internacionales y auditorías para prevenir usos indebidos; Cecilia Ananías insiste en que el Estado no puede trasladar toda la carga al ciudadano; y Paul Aguilar recuerda que la privacidad es un derecho que garantiza la libertad individual, y que mientras no se atiendan problemas económicos de fondo, iniciativas como World funcionarán únicamente como paliativos.
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Tools for Humanity, desarrolladora de World, envió una carta aclaratoria que puede consultarse aquí, en la que detalla su postura frente a las preocupaciones sobre la recolección de datos biométricos en México. Esta aclaración se incluye como parte de su derecho de réplica y refleja la versión oficial de la empresa.
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Según el gobierno ucraniano, Rusia recluta a través de Telegram a niños y adolescentes ucranianos para llevar a cabo sabotajes y atentados con explosivos.
En julio de este año, un joven de 17 años viajó 800 kilómetros desde su casa en el este de Ucrania para recoger una bomba y un teléfono escondidos en un parque de la ciudad Rivne, al oeste del país.
Afirma que le prometieron US$2.000 por colocar la bomba en una furgoneta utilizada para el servicio militar obligatorio de Ucrania.
“Cuando estaba conectando los cables, pensé que podía explotar en ese momento. Pensé que podía morir”, declaró a la BBC.
Vlad es uno de los cientos de niños y adolescentes que, según el gobierno ucraniano, han sido reclutados en línea por Rusia y a quienes se les ha ofrecido dinero para llevar a cabo sabotajes u otros ataques contra su propio país. Cambiamos su nombre para proteger su anonimato.
Dice que le ordenaron configurar el teléfono para transmitir en directo la escena a su contacto, de modo que este pudiera detonar el dispositivo a distancia cuando alguien entrara en el vehículo.
Sin embargo, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) estaba vigilando y frustró el ataque. Vlad, ahora con 18 años, espera juicio por cargos de terrorismo que podrían acarrearle una pena de hasta 12 años de prisión.
Sentado en el centro de detención de Rivne, férreamente custodiado, junto a su abogado, reconoce que pudo haber participado en un asesinato.
“Lo pensé. Pero a nadie le caen bien los reclutadores”, afirma. “Pensé: bueno, seré como todos los demás”.
Cómo reclutan a los jóvenes
El SBU afirma que en los últimos dos años se ha identificado a más de 800 ucranianos reclutados por Rusia, 240 de ellos menores de edad, algunos de tan solo 11 años.
Sin embargo, la experta en ciberseguridad Anastasiia Apetyk, que imparte cursos sobre seguridad en internet en Ucrania, tiene conocimiento de casos aún más extremos: “Intentaron reclutar a niños de nueve o diez años”.
Andriy Nebytov, subdirector de la Policía Nacional de Ucrania, cree que existe una estrategia deliberada para buscar a personas vulnerables que puedan ser manipuladas.
“Los niños no siempre comprenden del todo las consecuencias de sus actos”, afirma.
Alega que “el enemigo no tiene reparos en utilizar a menores para fabricar explosivos con productos químicos domésticos y colocarlos en diversos lugares, como oficinas de reclutamiento militar o comisarías”.
El SBU afirma que el reclutamiento se realiza principalmente a través de la aplicación Telegram, pero también en TikTok e incluso en plataformas de videojuegos.
Según las autoridades, quienes son reclutados casi siempre están motivados por el dinero, más que por simpatías prorrusas.
Vlad asegura que no apoya a Rusia y que no tenía antecedentes penales.
Se unió a dos canales de Telegram y publicó que buscaba trabajo remoto. Media hora después, un hombre que se hacía llamar Roman le respondió. Cuando hablaron por teléfono más tarde, Vlad cuenta que Roman hablaba ruso con acento callejero.
Vlad relata que al principio se mostró reacio, pero que lo convencieron para realizar una serie de tareas cada vez más peligrosas.
Primero, le ordenaron recoger una granada, pero al llegar al lugar indicado, no estaba. Aun así, le pagaron US$30.
Unos días después, surgió otro encargo: incendiar una furgoneta de un centro de reclutamiento, grabarlo y huir.
Por ese ataque, Vlad asegura haber recibido unos US$100 en criptomonedas, mucho menos de los US$1.500 que le habían prometido. Roman le dijo que recibiría el resto si colocaba la bomba en Rivne.
Dinero por sembrar el caos
Los canales de Telegram que ha visto la BBC donde se lleva a cabo el reclutamiento no son explícitamente prorrusos, pero amplifican la indignación que sienten algunos ucranianos hacia el servicio militar obligatorio, plagado de acusaciones de brutalidad y corrupción.
Usando un teléfono desechable y un alias, nos unimos a varios canales de los que nos habían contado.
Los canales contenían vídeos de incendios y explosiones que, según afirmaban los administradores, se habían llevado a cabo bajo sus órdenes. La BBC no ha podido verificar las circunstancias que muestran esos vídeos.
Una cuenta con la que nos pusimos en contacto ofreció de inmediato un pago, en criptomonedas o mediante transferencia bancaria, por provocar incendios. Nos indicaron que contactáramos con una segunda cuenta para obtener más detalles y después recibimos un mensaje con una lista de precios que detallaba cuánto ofrecían pagar por diferentes objetivos.
Los pagos oscilaban entre US$1.500 por incendiar una oficina de correos y 3.000 por un banco. Explicaron que los bancos valían más porque el cristal de seguridad dificultaba los ataques.
“Hay que verter gasolina dentro o lanzar varios cócteles molotov adentro”, aconsejaba la cuenta.
Incluso ucranianos comunes que buscan empleo pueden recibir ofertas de dinero para realizar sabotajes.
Encontramos anuncios que ofrecían una alta remuneración por trabajos de medio tiempo no especificados en diversos grupos ucranianos de Telegram no relacionados entre sí, incluidos algunos sobre refugiados o incluso consejos de belleza.
Al contactar con uno de ellos, un reclutador volvió a ofrecer miles de dólares por ataques incendiarios y nos pidió que enviáramos vídeos como prueba.
“Necesito todos los incendios que pueda conseguir”, escribió. “Encontrar a alguien de confianza es mucho más difícil que pagar. Por eso pago exactamente lo que digo y lo hago muy rápido, normalmente un par de horas después de recibir el vídeo”.
La BBC denunció varios de estos canales, cuentas, chats y bots a Telegram, que eliminó algunos, pero no la mayoría.
Uno de los canales que sigue activo ha crecido en más de 750 suscriptores desde que empezamos a monitorizarlo; también permanece abierta una cuenta que, como informamos a Telegram, nos ofreció directamente un pago por un ataque incendiario.
En un comunicado, Telegram afirmó: “Las incitaciones a la violencia o a la destrucción de la propiedad están explícitamente prohibidas en Telegram y se eliminan inmediatamente al detectarlas”.
Funcionarios ucranianos han nombrado públicamente a miembros de los servicios de inteligencia rusos sospechosos de ser responsables de este tipo de sabotajes.
La BBC no ha podido verificar de forma independiente que el propio Estado ruso sea responsable.
Sin embargo, varios gobiernos europeos han afirmado tener pruebas de que agentes rusos reclutan a jóvenes para llevar a cabo actos de vandalismo, incendios o inclusive vigilancia en sus países.
En Reino Unido, seis hombres fueron encarcelados por su participación en un ataque incendiario, ordenado por Rusia, contra un almacén de Londres que suministraba ayuda a Ucrania.
En Ucrania cientos de presuntos saboteadores esperan juicio, pero para otros las consecuencias pueden ser mortales: varios sospechosos murieron por cuenta de los explosivos que llevaban consigo.
El SBU afirma que agentes rusos han detonado deliberadamente dispositivos a distancia, a sabiendas de que sus agentes morirían.
En marzo, un joven de 17 años murió y otro de 15 resultó gravemente herido cuando explotó una bomba que, según se cree, llevaban a una estación de tren en Ivano-Frankivsk.
La BBC remitió las acusaciones del SBU a la Embajada rusa en Londres, que en un comunicado acusó a Ucrania de una campaña de sabotaje similar utilizando a ciudadanos rusos.
“Las prácticas que ustedes mencionan se han convertido en una marca registrada de los servicios especiales ucranianos. En particular, el reclutamiento de civiles, incluidos niños, para llevar a cabo incendios, sabotajes o atentados con bombas contra personas, edificios o vehículos”, señala el comunicado.
Aunque se han publicado informes que atribuyen actos de sabotaje dentro de Rusia al reclutamiento ucraniano a través de Telegram, es muy difícil verificar exactamente quién está detrás de estos ataques.
Mientras tanto, Vlad tiene un mensaje para quienes se sientan tentados por los reclutadores.
“No vale la pena. O te engañan y vas a la cárcel como yo, o acabas con una bomba en las manos que te volará por los aires”, afirma.
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