
Obligada por una sentencia judicial desde 2021 tras el abuso sexual de varios menores de edad en un kínder de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dedicará por primera vez, a partir del siguiente ciclo escolar, una jornada en todos los planteles de educación básica para hablar sobre abuso sexual.
Además de la responsabilidad penal determinada contra un entonces funcionario de la SEP, y la reparación de los daños materiales e inmateriales, la resolución de la causa penal 258/2021 concluyó que quien desempeñaba la función de apoyo técnico pedagógico en el centro educativo Marcelino de Champagnat fue responsable de los delitos de pederastia agravada y en grado de tentativa, así como de violación equiparada agravada, en los casos de 21 víctimas entre cuatro y seis años de edad agredidas en diferentes espacios de la escuela.
Además, se ordenó a la SEP que, en un plazo razonable, instruyera un día dentro de su calendario escolar para que “todo el personal académico y administrativo tome conciencia de la gravedad del abuso sexual y maltrato infantil en las aulas escolares, así como para que las personas infantes estén informadas de los procedimientos y canales adecuados en los que pueden denunciar ese tipo de actos, para que sepan qué hacer y cómo ayudar, en su caso, a sus compañeros de aulas”.

En la publicación del acuerdo 18/06/25 en el Diario Oficial de la Federación de este lunes, donde se dan a conocer los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2025-2026 aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y de formación para la educación básica, el 8 de septiembre se llevará a cabo la jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.
En entrevista, Mariana Gil, directora de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) –que hizo público el caso en su informe Es un secreto–, recuerda que estas medidas de no repetición, además de las de reparación, como compensación y terapias, dirigidas a la SEP y a la Autoridad Educativa Federal fueron determinadas por el juez Padierna en adición a los 494 años que se le impusieron a la persona procesada penalmente.
“Ahí pone que se institucionalice un día en el calendario escolar para la concientización sobre el abuso y el maltrato infantil”, enfatiza. En esta ocasión, la jornada caerá en esa fecha; sin embargo, las familias decidieron no institucionalizarla en un día fijo por la movilidad de los fines de semana y las vacaciones, sino plantearla como jornada al principio del ciclo escolar. Aunque hubo propuestas diversas sobre el posible día, las familias eligieron que fuera al inicio, porque fue cuando sus hijas e hijos comenzaron a experimentar los abusos, que ocurrieron entre el 20 de agosto y el 8 de octubre de 2018.
Según el cálculo de las autoridades y de la ODI, serán aproximadamente 232 mil escuelas de todo el país, y más de 24 millones de infancias las que formarán parte de estas jornadas. Para Gil, se trata de un precedente muy relevante para generar prevención.
“Creo que el hecho de que en la escuela haya una jornada como esta va a implicar que los niños y niñas tengan educación sexual integral, que hasta la fecha ha sido un poco a voluntad de los docentes o de las escuelas; unas que sí, otras que no, pero creo que va a poner un precedente en el sentido de que los niños, desde pequeños, tengan información y educación sexual”, puntualiza.
Además, desde su perspectiva, la medida no solo contribuirá a prevenir el abuso sexual en las escuelas, sino en las familias y otros contextos. México, recordó, es un país que siempre está en los primeros lugares en delitos hacia la infancia, como abuso sexual, explotación infantil, turismo sexual y trata, por lo que el hecho de que el tema se hable en la escuela va a generar mucha más información y prevención.
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“También que los agresores sepan que las niñas y los niños están más informados”, agrega. Para ello, es importante que estas jornadas tengan una perspectiva integral, no solo dirigida a las niñeces, sino también a las madres y padres de familia, así como a las personas docentes y administrativas. La información que debe contemplarse tendrá que abarcar aspectos preventivos, de conocimiento de los conceptos, pero también –en conjunto con las fiscalías– explicar qué hacer cuando pasa.
“Los niños y niñas están ‘amarrados’ a los adultos. Entonces, si un niño o niña está siendo violentado en su casa, por ejemplo, ¿cómo puede él decirlo, a quién, a dónde va? Creo que hay una parte muy importante que hay que poner el foco de prevención y cómo se está haciendo, pero también que los niños y niñas tengan herramientas de actuación, ¿qué hago si algo que me está pasando me está incomodando? Y además que entiendan que hay todo un sistema que los protege”, señala Gil.

Respecto al resto de medidas que se han determinado a partir de los casos acompañados y documentados por ODI, la especialista precisa que desde el inicio de este año hubo un cambio importante en la perspectiva de la SEP y de la Autoridad Educativa Federal, pues la sentencia existía desde 2021, y fue hasta enero de 2025 que se inició la comunicación, así como una relación asertiva y activa con la dependencia.
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Por ello, ahora que se ha publicado oficialmente la incorporación de la jornada de concientización sobre abuso sexual, la comunicación también está en marcha para que la autoridad cumpla con otras medidas de reparación, materiales de prevención, conversaciones para definir una fecha de disculpa pública, así como algunos lineamientos para capacitación de docentes.
“La Autoridad Educativa Federal, quiero decirlo, es la que está tratando de cumplir con todo, y estamos teniendo una buena respuesta por parte de ellos. De la Fiscalía, no; hay muchas medidas que son para la Fiscalía, incluidas la de seguir investigando, porque estos niños y niñas mencionan a más de 13 adultos, además de los dos que están sentenciados, y esas investigaciones no han rendido ningún fruto”, lamenta.
Advierte, al mismo tiempo, que una cosa es oficializar la jornada en el calendario, y otra saber cómo se llevará a cabo en 232 mil escuelas: “Es un avance, suena muy increíble pensar en esto, pero ahora cómo la SEP va a responder a qué va a pasar en esa jornada, porque además es diferente la educación sexual en un jardín de niños a niños de primaria baja, de primaria alta; es un inicio, pero hay que seguir peleando, observando y documentando lo que hacen las autoridades”.
Otras medidas establecidas por la sentencia contemplan el reconocimiento público de la actividad irregular del Estado tras los hechos cometidos por uno de sus servidores públicos, al igual que la implementación de cursos de capacitación, de forma permanente, dirigidos a todo el personal de la institución sobre prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia sexual contra infancias en el ámbito educativo.
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A estos se añaden el establecimiento de políticas públicas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños; un programa de regularización académica, becas y entornos escolares seguros para las víctimas, así como la publicación de materiales didácticos y audiovisuales relacionados con las experiencias vividas en la búsqueda de justicia, así como incluir en el sitio web de la SEP materiales didácticos de prevención del abuso sexual.
Las diversas versiones del informe Es un secreto, que para 2024 han evidenciado 27 casos en 12 entidades, documentan que niñas y niños muy pequeños han sufrido violencia inimaginable en preescolares y primarias públicas y privadas. “Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar”, señala el documento para ciertos casos, como el del kínder en la GAM.
Estas formas graves de violencia –subraya la ODI– develan, a su vez, tres problemas: las escuelas en nuestro país carecen de supervisión efectiva; múltiples fiscalías locales y la federal han tenido conocimiento de estos casos durante años y han sido incapaces de investigarlos adecuadamente, incluso cuando se trata de denuncias expresas de posibles delitos de explotación sexual infantil, mientras que padres y madres carecen de información adecuada sobre cómo hablar con hijos e hijas para detectar posible violencia sexual.

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.