La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y académicos lanzaron acciones legales y políticas en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya imprimió y empezó a distribuir, a pesar de que existe una suspensión judicial que le había ordenado frenar el proceso hasta que compruebe que la elaboración de materiales está apegada a la ley, es decir, cumpliendo un proceso que incluye la publicación de los planes de estudio y consulta a los sectores involucrados.
Por separado, la UNPF y especialistas denuncian que la SEP ignora una orden del Poder Judicial. Ante esto, la UNPF contempla continuar con el juicio de amparo que promovió contra las decisiones de la dependencia y comenzar una campaña informativa, en tanto que investigadores recaban firmas y buscan pedir al Congreso que cite a las autoridades a dar explicaciones.
El director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, publicó en redes sociales una fotografía en la que se observan cinco ejemplares de cuarto grado de primaria impresos, acompañada del mensaje: “Esos libros están vivos y su prohibición solo los convierte en leyendas vivas de la resistencia”.
También compartió un video en el que aparecen diversos ejemplares, junto con un agradecimiento “a todxs los que participaron en las convocatorias”, y afirmó que “la mordaza jurídica está por caer e irá la nuestra”, en referencia a la suspensión otorgada por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara a la UNPF, organización promovente de un amparo contra la elaboración irregular de los materiales.
Ante el hecho, la UNPF anunció que continuará con el proceso para frenar la entrega de los libros, ya que hasta ahora la SEP no ha cumplido con lo establecido en la Ley General de Educación —la obligación de publicar los planes de estudio del siguiente ciclo en el Diario Oficial de la Federación y someter a consulta los libros—, y que mantendrá la campaña para invitar a padres de familia a rechazar su distribución en todo el país.
A esta acción se suma una petición publicada en Change.org, lanzada por la investigadora Alma Maldonado, en la que se exige que se detenga la entrega de los materiales —que también ha sido presumida por algunas autoridades estatales—. La iniciativa cuenta con más de 22 mil firmas de personas que coinciden en que estos deben ser revisados por expertos en didáctica, docentes y diseñadores profesionales, además de cumplir con la ley, que exige pruebas piloto antes de que puedan reformarse la totalidad de los libros.
Animal Político consultó a la SEP sobre la suspensión y el proceso de elaboración de los libros para el siguiente ciclo escolar, sin que al cierre de edición haya recibido respuesta.
La suspensión judicial es el resultado de un juicio de amparo interpuesto por la UNPF, asociación que ha informado que continuará realizando diversas acciones para impedir que los materiales lleguen a las aulas, al no cumplir con lo establecido en la Ley General de Educación.
Esta resolución se emitió en mayo y después la revocó un tribunal, pero debido a que la SEP siguió sin comprobar que actuó con apego a la ley, la orden judicial volvió a entrar en vigor.
Israel Sánchez, presidente de la UNPF, señaló en entrevista que el recurso contra los libros continúa su curso, por lo que se encuentran pendientes de las determinaciones que tome sobre el caso el Poder Judicial. “Hemos visto que lamentablemente la SEP ha sido omisa ante la suspensión, ignorando no solo a los padres de familia, sino también a una jueza federal”, dijo.
El presidente de la UNPF aclaró que el juicio de amparo interpuesto por la asociación es solo para la suspensión de la elaboración de los libros de texto de primer grado de primaria y de secundaria, ya que estos son los únicos que —de acuerdo con la ley— podrían ser reformados, pues antes de que puedan hacerse cambios a la totalidad de los materiales de educación básica, estos deben ser sometidos a una prueba piloto con los grados iniciales de cada nivel.
Debido a que en las últimas semanas autoridades de algunos estados han señalado que comenzaron a recibir los nuevos libros de todos los grados de primaria, Sánchez dijo que la UNPF realiza una campaña informativa con padres de familia de todo el país, para decirles que es su derecho rechazar estos libros y exigir que sus hijas e hijos cuenten con materiales cuya elaboración esté apegada a la ley.
“Durante más de 18 meses tocamos las puertas de la SEP, y en mayo pasado les entregamos más de 10 mil firmas pidiendo diálogo, pero las autoridades se cerraron. Ante esto, nosotros comenzamos con la campaña que al día de hoy ha entregado más de 130 mil trípticos de información para padres de familia, pero esperamos que no lleguemos a un escenario fatal en el que se tengan que regresar los libros”, afirmó.
Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), ha expuesto durante varios meses algunos errores conceptuales y de operaciones matemáticas que contienen los nuevos libros de texto, así como las irregularidades normativas con las que se elaboraron.
Sin embargo, ante la falta de diálogo por parte de las autoridades, lanzó una petición en Change.org, para pedir que se detenga la distribución de estos materiales y se usen los anteriores mientras se resuelven los recursos legales, y mientras el contenido de los nuevos ejemplares no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes.
La petición señala que los efectos del cambio de los libros sin pasar por revisiones de especialistas “son que la niñez y juventud reciban una educación pública deficiente, sin las herramientas que requerirán para enfrentar el futuro”, lo que acentuará las brechas de desigualdad existentes en el país.
Maldonado anunció que las firmas serán entregadas al Congreso para exigir que se llame a rendir cuentas a las autoridades responsables y que quede el precedente de que se hizo de conocimiento del Poder Legislativo la preocupación de un sector de la sociedad sobre la implementación irregular de estos nuevos materiales.
“Los libros ya están impresos y se están repartiendo. Es claro que no se trata de desperdiciarlos, mucho menos de destruirlos, pero creo que tendremos que pensar en alternativas para ofrecerle a los docentes como una base académica sólida, porque hasta ahora no hay ni siquiera programas o planes de estudio que puedan servir como lineamientos. Están dejando del todo desprotegidos a los maestros”, advirtió.
En las próximas horas, se espera que la justicia mexicana dé a conocer la condena que deberán cumplir los condenados.
Culpables. Este fue el veredicto que la justicia mexicana emitió contra diez sujetos detenidos por su participación en los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre.
La decisión la adoptó el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I de Puente Grande (Jalisco), el cual este lunes, tras una semana de juicio -en la que se presentaron 20 testimonios y diversas pruebas materiales- concluyó que los acusados eran responsables de los delitos de desaparición y homicidio en contra de tres personas.
Se espera que en las próximas horas se anuncie la pena que deberán cumplir los acusados, cuya identidad solo ha sido informada parcialmente por las autoridades.
El Rancho Izaguirre -que se ubica en la región agrícola de Teuchitlán, a una hora de la ciudad de Guadalajara, en el oeste del país- ocupó titulares de la prensa mundial en marzo pasado, cuando la organización Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó en su interior y aseguró haber encontrado restos humanos, así como cientos de prendas y calzado.
Con estos hallazgos, la agrupación aseguró que el recinto era un centro empleado por presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo para reclutar y entrenar a jóvenes que se sumarían a sus comandos, sino también para asesinar a aquellos que se interpusieran en su camino.
Esta hipótesis ha sido rechazada por el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, que lo considera solo un centro de reclutamiento.
Los ahora condenados fueron aprehendidos el 18 de septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento con agentes de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Rancho Izaguirre, recordó el diario mexicano Milenio.
Las autoridades acudieron luego de recibir denuncias sobre disparos en la comunidad de La Estanzuela, cercana a la finca.
Tras controlar la situación, los uniformados ingresaron al predio, donde detuvieron a los diez sujetos y allí localizaron a una persona sin vida y rescataron a otras dos que estaban retenidas, informó en su momento la Fiscalía de Jalisco.
Durante la operación fueron encontradas grandes cantidades de ropa y objetos personales.
Sin embargo, no fue sino hasta meses después que se comenzó a sospechar que la finca era un centro de entrenamiento y exterminio del crimen organizado. ¿La razón? Los miembros de Guerreros Buscadores de Jalisco volvieron a entrar a la propiedad y realizaron varios hallazgos.
La difusión de imágenes de cientos de zapatos, huesos calcinados, casquillos de bala y cartas de despedida de algunas de las personas que permanecieron en el sitio, que los activistas encontraron en la propiedad, conmocionó a parte de la sociedad mexicana.
Desde hace varios años, Guerreros Buscadores de Jalisco y otras organizaciones similares han denunciado que los jóvenes son atraídos por grupos criminales con ofertas de empleo engañosas y promesas de sueldos atractivos, y que las víctimas terminan en sitios como el que funcionaba en Teuchitlán para ser entrenados en el crimen o morir.
Un informe publicado en 2023 por la organización mexicana Tejiendo Redes Infancia indica que entre 30.000 y 35.000 menores de edad son víctimas de reclutamiento forzado cada año en México.
Por su parte, más de 125.000 personas han desaparecido en los últimos años en el país, reconoció hace unas semanas la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), la cual reportó que el 90% de estos casos ocurrieron a partir de 2006 y de más de 60.000 personas se les perdió el rastro desde 2019.
La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes: hay unos 40.000 desaparecidos cuyas edades oscilan entre los 20 y 34 años, de acuerdo con las cifras oficiales.
Las afirmaciones de que el Rancho Izaguirre era otro sitio de exterminio del crimen organizado, similar a los otros cinco que han sido encontrados en las últimas dos décadas en distintas parte del país, fueron rechazadas por las autoridades mexicanas.
“¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, aseguró el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, el pasado 29 de abril.
“¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se han encontrado zanjas y algunos agujeros donde (los criminales) hacían fogatas”, agregó el funcionario.
Respecto a los restos óseos encontrados, el fiscal admitió que fueron hallados algunos, pero negó que los mismos puedan considerarse como una prueba de que el rancho era un centro de exterminio.
“Se encontró una pequeña vasija con fragmentos muy pequeños de huesos con una antigüedad muy importante”, dijo.
Gertz aseveró que todas las evidencias apuntan a que el recinto era una base de los narcotraficantes que operan en la zona.
“Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Eso está probado por confesiones, testimonios, documentos”, declaró.
Por este caso también fue detenido en mayo pasado el alcalde de Teuchitlán, José Murguía Santiago, a quien la Fiscalía señala de aliarse con el CJNG para facilitar sus operaciones en la zona, a cambio de dinero. Unas versiones que el exfuncionario ha negado.
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