Tandas del Bienestar: con mínimos resultados y para 2022 sin presupuesto asignado
La señora Hortencia liquidó hace dos años el préstamo de 6 mil pesos al que tuvo acceso con el programa Microcréditos para el Bienestar —mejor conocido como Tandas del Bienestar—. El dinero le sirvió para surtir la tiendita de abarrotes que tiene en Celaya, Guanajuato, de donde es originaria; con esos recursos, compró todo lo que pudo, confiando en que, al tener más variedad de productos, aumentaría sus ventas.
Aunque se le permitía pagar el préstamo en un año —600 pesos cada mes, empezando en el tercero después de recibirlo—, Hortencia se apuró y liquidó su crédito en la mitad del tiempo, pues se le informó que, al devolver los 6 mil pesos, podría tener acceso a 10 mil, luego 15 mil y finalmente a 20 mil pesos.
Las reglas de operación del programa detallan que “si una persona beneficiaria adelanta sus reembolsos cubriendo el total de su tanda podrá solicitar un apoyo subsecuente a partir del séptimo mes posterior al cobro de su apoyo”.
En entrevista con Animal Político, la mujer afirma que los 6 mil pesos le sirvieron, aunque no como ella hubiera deseado. Explica que le hubiera gustado comprar más mercancía y hacer arreglos a su negocio. Pero no se desanimó, porque confiaba en acceder a un préstamo mayor, sin embargo, han pasado 24 meses desde que liquidó los 6 mil pesos y es fecha que no logra beneficiarse del crédito de los 10 mil pesos.
No se trata de un caso aislado. Animal Político confirmó, revisando el padrón único de beneficiarios, los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y recabando testimonios, que en dos años y cuatro meses de operación —hasta abril de 2021—, el programa Microcréditos para el Bienestar no ha entregado ningún apoyo superior a los 6 mil pesos, a pesar de que uno de sus objetivos principales es ofrecer opciones de crédito, sin intereses, a personas de escasos recursos que no tienen acceso al crédito bancario para que con estos recursos saquen adelante sus negocios.
Pero no solo eso, para este 2022 el programa no está considerado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que el ejecutivo envió a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación sobre el gasto para el siguiente año.
En 2019, las Tandas del Bienestar tuvieron un presupuesto de 3 mil 033 millones de pesos, un año después fueron 2 mil 500 millones de pesos y para este 2021, mil 500 millones de pesos. En los últimos dos años se asignaron menos recursos porque se contemplan los reembolsos que deberían realizar los beneficiarios. Hasta marzo del 2020, éstos ascendían a 3 mil 420 millones de pesos, según se informó en la conferencia matutina del 5 de marzo de 2020.
Animal Político buscó desde el 8 de septiembre tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría del Bienestar para saber por qué el programa no está considerado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, si desapareció o si no se le asignó un presupuesto porque operará exclusivamente con los reembolsos recibidos.
La Secretaría del Bienestar no respondió, mientras que Economía solo dijo que, desde febrero de este año, este programa “ya no es operado por la Secretaría de Economía”.
Los excluye el banco y el gobierno los olvida
Las Tandas del Bienestar es un programa dirigido a las personas que inician o cuentan con un micronegocio y que son excluidas de los sistemas financieros bancarios. El gobierno les ofrece préstamos libres de intereses que deben solventar en un año.
Rocío Mejía Flores, entonces coordinadora del programa, informó el 5 de marzo de 2020 que según cifras del Censo del Bienestar, 5 millones 274 mil 182 personas eran elegibles de acceder al apoyo, sin embargo, hasta abril de 2021 apenas habían beneficiado a 959 mil 622 personas, según consta en el Padrón Único de Beneficiarios, del que se obtuvo una copia vía solicitudes de información pública.
En 2019 —su primer año de operación—, este programa social solo cubrió el 22% de su población objetivo.
“En 2019, la población objetivo del programa ascendió a 1,575,563 personas y la meta original fue atender el 100% de la población inscrita en el padrón, pero sólo se alcanzó el 22.2% de la población objetivo, equivalente a 350,371 personas con micronegocios, 77.8 puntos porcentuales menos que la meta original, quedando pendientes de atender a los 1,225,192 personas incluidas en el padrón”, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercer informe de la Cuenta Pública 2019.
Según se estipula en las reglas de operación, el objetivo general de las Tandas para el Bienestar es “fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento de las personas microempresarias que viven en condiciones de marginación a través de apoyos mediante financiamiento, asesoría y capacitación”.
Las personas beneficiarias empezarían recibiendo un crédito de 6 mil pesos, el cual debían pagar en un año abonando 600 pesos mensuales, contando con tres meses de gracia. Al liquidarlo, eran elegibles para acceder a uno de 10 mil pesos con la misma lógica: 10 pagos mensuales de mil pesos. El tercer crédito al que podían acceder era uno de 15 mil pesos y el último —una vez pagado en su totalidad los anteriores—, sería de 20 mil pesos.
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El apoyo de 20 mil pesos se incorporó hasta 2020 y 2021, pues en 2019 las reglas de operación sólo contemplaban un apoyo máximo de 15 mil pesos.
El 15 de enero de 2019, durante un evento en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló los primeros detalles de cómo sería este nuevo programa social que buscaba atender a los microempresarios del país.
“Van a haber también créditos para los que tienen sus pequeños negocios. Voy a adelantarlo aquí, en Iztapalapa, no lo había dicho, voy a adelantar que vamos a iniciar un programa que se va a llamar: Tandas para el Bienestar”, dijo durante su discurso en la entrega de Programas Integrales de Desarrollo.
“El que tiene un negocio, pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite un crédito va a recibir ese crédito a la palabra, sin intereses. Y hablo de tanda porque va a ir pagando mes con mes sin intereses. Termina el año, cumple y paga, tiene derecho a pedir más, y a seguir pagando, así, poco a poco. ¿Cuántos créditos ya tenemos? Para un millón de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, dueños de talleres. Ahí vamos a empezar”.
Antes del anuncio, las Tandas del Bienestar ya estaban en marcha.
La señora Hortencia recuerda que a finales del 2018 —antes de que López Obrador rindiera protesta como presidente— a su casa llegaron a ofrecerle todos los apoyos sociales que el mandatario electo ofrecería durante su sexenio.
Recuerda que le propusieron la pensión de los adultos mayores, pero ella no era elegible porque en ese entonces tenía 52 años. En su casa tampoco había menores de edad, por lo que no la pudieron anotar para alguna beca. Fue así que le ofrecieron un préstamo de 6 mil pesos, pues advirtieron que tenía una tienda de abarrotes.
Sin mucho pensarlo aceptó y entregó los papeles que le solicitaron. Se marcharon y no volvió a tener noticia. Reconoce que pensó que había sido pura mentira, pero unos seis meses después, ya en 2019, estas cuadrillas volvieron a su domicilio y le informaron que le entregarían la tanda.
Cuando le depositaron el dinero, de inmediato fue a surtir algunos productos para su tienda y cada mes hacía el pago de los 600 pesos del reembolso. Saber que podría pedir créditos mayores la motivó a pagar en menos tiempo.
“Habían dicho que al terminar de pagar la primera tanda en automático se nos daba una tanda de 10 mil y sucesivamente íbamos incrementando a 10, 15 y hasta llegar a los 20 (mil pesos) lo cual ahorita pues no se ha dado noticia de la tanda de los 10 mil pesos. Ya se fue otra vez al Banco del Bienestar a preguntar, hemos estado hablando por teléfono y nos comentan que no hay fecha, que no hay fecha y que no hay fecha”, comparte Hortencia en entrevista.
“Estamos en espera, yo ya tengo dos años que terminé de pagar la tanda de 6 mil y no tenemos noticia… bueno, somos varias (mujeres) de la colonia que entramos y no nos han dado noticia de la tanda de los 10 mil”.
El 5 de marzo de 2020, en conferencia matutina se informó que hasta esa fecha 175 mil personas que ya habían pagado su crédito de 6 mil pesos recibirían un segundo crédito, esta vez por 10 mil pesos. A partir de la segunda semana de marzo, se detalló, la Secretaría de Economía —entonces encargada del programa— comenzaría la entrega de 453 mil 565 tandas para el bienestar previstas en ese año, sin embargo, no ocurrió.
Tras una solicitud de información pública, la Secretaría de Economía confirmó que en los dos primeros años de funcionamiento del programa Tandas del Bienestar se entregaron 851 mil 902 apoyos —357 mil 357 durante 2019 y 494 mil 145 en 2020—, todos ellos por la cantidad de 6 mil pesos, cada uno.
Además, en el Padrón Único de Beneficiarios, actualizado a abril de 2021, se reportan 257 mil 072 apoyos entregados. Al revisar la base de datos se confirmó que prácticamente todos son apoyos de 6 mil pesos.
“Ahorita con la pandemia nos caería de maravilla esa tanda porque te digo, son 3 meses en los que no das abono y en esos meses uno logra mover, jinetear ese dinero y que del mismo negocio te salgan los pagos y te da chance que en esos tres meses te levantes”, subraya la señora Hortencia quien ofrece la entrevista telefónica mientras atiende su negocio.
“Ojalá el presidente López Obrador ya se ponga la camisa y motive, mueva ese proyecto porque al parecer lo tienen estancado”.
Sin diagnóstico ni diseño
Las deficiencias del programa Tandas del Bienestar no se limitan solo a que éstas no se estén entregando a quienes ya pagaron el primer préstamo y con ello cumplir su objetivo de atender la necesidad y demanda de financiamiento de las personas microempresarias que viven en municipios de alta marginalidad, sino que de origen se consideró que todos los beneficiarios requerían los 6 mil pesos.
Por ejemplo, la señora Fernanda que vive en Acapulco, Guerrero, es beneficiaria de este programa. Hace ya más de año y medio que recibió el apoyo y es fecha en la que no ha podido liquidarlo.
Detalla que formalmente ella no pidió el apoyo, pero que personal de la Secretaría del Bienestar que recabó sus datos le informó que había “salido sorteada” y que le prestarían 6 mil pesos.
Cuando le depositaron su tanda, explica, destinó el dinero a poner un puesto de cenas afuera de su casa. Vendió por algunos meses picaditas, tacos y enchiladas, pero después llegó la pandemia de COVID-19 y se vio obligada a cerrar su negocio. Meses después también perdió su trabajo en unas oficinas en las que hacía limpieza de lunes a viertes. Ahora está desempleada y aún debe la mitad de la tanda.
“Tenemos un problema de información al que se enfrenta el gobierno y creo que eso es lo primero que debió establecer: ¿a quién le doy el crédito?, ¿tiene capacidad de pago?, ¿el negocio va a sobrevivir?”, expone el doctor Jorge Feregrino, académico de la FES Acatlán.
“Suponen que lanzando o creando créditos automaticamente se van a demandar, pero no es así. Para que un crédito funcione primero debe haber una demanda de crédito”.
Rosa Leyva, quien vive en Cunduacán, Tabasco, no deja de preguntar un solo día a la trabajadora de la Secretaría del Bienestar de su región cuándo le darán su crédito de 10 mil pesos para que pueda comprarse una máquina industrial y seguir con su negocio de costura.
La mujer explica que en noviembre de 2020 pidió por primera vez el apoyo de 6 mil pesos y que en agosto de 2021 terminó de pagarlo. Al igual que Hortencia, se apuró a pagar el primer crédito que, aunque sí le ayudó a comprar algunas materias primas como tela e hilos, no era su objetivo porque la máquina de coser que necesita para darle un empujón a su negocio cuesta más de 10 mil pesos, sin embargo, no sabe cuánto tiempo tendrá que esperar para que le den el crédito.
“Los diferentes negocios tienen diferentes necesidades y para que algo como un microcrédito o una tanda te sirva para esos objetivos necesitas conocer las necesidades de esas empresas y pues la verdad es que no les dio tiempo de saberlo para con ello ajustar montos dependiendo del tamaño de la empresa y demás”, señaló Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Hay una falta de diseño, de planeación, de cuál es el objetivo de tu programa porque otra vez, si es solo entregar dinero pues es eso, entregar dinero, pero si planeas atacar otro tipo de cosas debes tener un diseño más profundo, una planeación, un cuerpo operativo que también se ha visto afectado con la llamada austeridad de esta administración”.
Sobre los problemas en el diseño de este programa social también se ha manifestado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa de Microcréditos para el Bienestar 2019-2020.
“Si bien ningún beneficiario declaró que hubiera sido deseable recibir menor cantidad (de dinero) en el primer crédito, sí se generaron opiniones en favor de una mayor cantidad (que se refiere a créditos de 20 mil pesos y hasta 100 mil pesos) en los que pudiera cobrarse una pequeña tasa de interés y otorgarse un plazo mayor. Este tipo de manifestaciones se vieron sobre todo en giros de producción (como manufactura) y servicios (como estéticas, talleres, restaurante-banquetes) en los que el microempresario se refería a la necesidad de invertir en bienes de capital (maquinaria y equipo) tal que le permitieran elevar su capacidad de producción y ventas”, se lee en el informe.
“En otros beneficiarios, la observación participante de los evaluadores permitió identificar también, giros de negocio con una precaria producción y productividad para los cuales, el primer monto de 6 mil pesos fue quizá superior a la necesidad del negocio. Concretamente en este caso se ubican los negocios pequeños que se ofrecen en la calle o en una parte de los garajes de las casas”.
Opacidad y beneficiarios duplicados
El Programa Microcréditos para el Bienestar fue operado en 2019 y 2020 por la Secretaría de Economía y a partir de este 2021 se trasladó a la Secretaría de Bienestar.
En el tercer informe de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la auditoría de desempeño 2019-0-101000-07-0361-2020 en la que analizó la operación y resultados de este programa social, que se presentó como uno de los prioritarios de la administración federal.
No sólo confirmó que en su primer año apenas llegó al 22% de la población objetivo, sino que detectó que no existe una unidad administrativa a cargo de la política pública para asegurar el cumplimiento y metas del programa; se detectaron irregularidades en los padrones de beneficiarios, como que algunos recibían más de un programa social, y se reveló la casi inexistente labor de capacitación que, como parte del programa, se suponía debían recibir los beneficiarios.
Por ejemplo, de las 350 mil 371 beneficiarias en 2019 solo 7 mil 968, el 2.3%, recibieron capacitación debido a que no se iniciaron oportunamente los cursos y las asesorías para fortalecer sus capacidades empresariales.
“Situación que se explica por la falta de un diagnóstico que le permitiera la identificación y focalización de las necesidades de capacitación de los beneficiarios, así como por la carencia de una unidad responsable de realizar la programación de actividades, asignar y administrar recursos y tiempos de ejecución, a efecto de cumplir con los objetivos y metas de este programa.”, expone la ASF.
La falta de una métrica y de mayor información, se explica en el informe, no permitieron acreditar el impacto de los resultados en la población atendida con los subsidios e implicó que no fuera posible precisar la contribución a fortalecer las capacidades productivas y de emprendimiento, así como la generación de nuevos y mejores empleos, de las personas microempresarias que viven en las zonas de media, alta y muy alta marginación.
Diana Mejía vive en la alcaldía de Milpa Alta y desde hace año y medio que terminó de pagar su microcrédito de 6 mil pesos, también está a la espera del apoyo de 10 mil pesos.
Desde hace más de diez años tiene un negocio de papelería y venta de uniformes que en tiempos de pandemia ha sido severamente golpeado porque sus ventas se han ido al suelo.
Cuenta que ya se acabó todos los ahorros que tenía y que la única esperanza que tiene para no cerrar su negocio es que los niños tengan más actividades en la escuela. Los 6 mil pesos que recibió apenas le alcanzaron para comprar algunos cuadernos, lápices, juegos geométricos, cartulinas y otros insumos.
En su negocio le hace falta una vitrina y quisiera tener más anaqueles, pero no le alcanza porque no le es posible surtir el negocio y comprar mobiliario.
“La Secretaría de Economía careció de un diagnostico preciso sobre las microempresas y su situación en la economía nacional, por lo que no se definió con claridad el problema por atender, los objetivos, metas y beneficios por obtener; se inició su operación sin una unidad responsable ni un padrón de beneficiarios específico; no se elaboraron los programas de promoción, capacitación y asesoría para los beneficiarios; y los sistemas de seguimiento y verificación de los beneficiarios y la entrega de subsidios fueron inexistentes”, concluye la ASF.
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Nayib Bukele es el último presidente de la región autorizado a postularse a tantos mandatos consecutivos como quiera. Él defiende el cambio; los expertos encienden alarmas.
La reelección presidencial indefinida aprobada en El Salvador parece validar un aforismo que suele atribuirse a Mark Twain: “la historia no se repite, pero a menudo rima”.
En este caso, la historia es sobre un presidente popular, que concentra poder y es habilitado por un cambio constitucional a postularse para seguir en el cargo cuantas veces quiera, en nombre de la soberanía popular.
La reforma en El Salvador se realizó vía exprés el jueves en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Nayib Bukele tiene amplias mayorías.
El cambio de Constitución, aprobado por 57 legisladores en un total de 60, extendió además el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta en las elecciones.
Por más drástica y novedosa que resulte esta reforma para El Salvador, está lejos de ser algo inusitado en América Latina, donde distintos países permitieron la reelección presidencial indefinida en tiempos recientes.
Y la evidencia regional muestra, según expertos, que el permiso de continuidad a voluntad de los mandatarios en un régimen presidencial implica serios riesgos para las democracias.
“La reelección indefinida es sinónimo de autocratización”, dice Mario Torrico, un politólogo que ha estudiado el fenómeno, a BBC Mundo.
“Un tecnicismo”
Bukele fue electo inicialmente en 2019 y reelecto el año pasado por amplio margen, con mayoría absoluta de su partido en la Asamblea Legislativa, con base en el apoyo popular que tiene su política de seguridad de mano dura.
Bajo un estado de excepción, su gobierno encarceló a decenas de miles de personas acusadas de vínculos con las pandillas, una estrategia que según organizaciones de derechos humanos implica distintos abusos de poder.
El mandatario de 44 años puede ahora buscar seguir en el cargo sin plazo de salida obligatoria.
Ante las críticas a esta reforma, Bukele respondió el domingo que “el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
“Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de pronto es el fin de la democracia”, agregó en la red social X.
El presidente incluyó en ese comentario tanto a los sistemas de gobierno parlamentarios de países desarrollados como a los presidenciales de América Latina, y sostuvo que distinguirlos es “un tecnicismo” y “un pretexto”.
Sin embargo, los expertos creen que esa diferencia es crucial.
“En un régimen parlamentario, la elección del primer ministro o presidente proviene de un acuerdo en el Parlamento de fuerzas políticas diversas”, dice Agustín Grijalva, un exjuez de la Corte Constitucional de Ecuador, a BBC Mundo.
“En un régimen presidencial (hay) dos elecciones separadas e independientes: la del Parlamento por un lado y la del presidente por otro, que no depende de la elección del Parlamento. Y cada uno tiene un período fijo”, agrega. “Es otra estructura institucional totalmente distinta, que exige que esos períodos fijos se cumplan”.
Según este docente de la Universidad Andina que investigó el tema, “el planteamiento de Bukele sería creíble si nos diera ejemplos de países con regímenes presidenciales que tienen reelección indefinida: ahí va a ver que son los autoritarios, (como) el caso de Venezuela o Nicaragua”.
De hecho, estos dos países así como Ecuador y Bolivia permitieron la reelección ilimitada de sus presidentes en este siglo, años antes que El Salvador.
El cambio se mantiene vigente en Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos pasaron a ser considerados autocráticos por buena parte de la comunidad internacional, mientras Ecuador y Bolivia volvieron luego a limitar la permanencia en el poder.
Una paradoja es que estos cuatro países habilitaron la reelección sin límites bajo gobiernos de izquierda, supuestamente en las antípodas ideológicas de Bukele, estrella de la derecha continental.
Y el modo en que lo hicieron también guarda llamativas semejanzas.
“Hagámoslo rápido”
La reelección indefinida en América Latina siempre se aprobó bajo presidentes que llevaban más de un mandato y se acercaban al límite constitucional que los obligaba a retirarse del poder.
Es decir, se ha hecho con nombre y apellido.
Esos presidentes tenían mayorías en el Legislativo, en la Justicia o en ambos poderes a la vez para cambiar las reglas de juego.
Bukele y el nicaragüense Daniel Ortega son los primeros que gobernaron por dos mandatos consecutivos en sus países desde la década de 1980, con base en dictámenes judiciales que desactivaron la prohibición de reelección inmediata en sus constituciones.
Después, en ambos casos (así como en Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa) mayorías legislativas oficialistas cambiaron las constituciones para permitir la reelección indefinida. Hoy Ortega gobierna Nicaragua desde hace más de 18 años.
En Bolivia, el Tribunal Constitucional autorizó al entonces presidente Evo Morales a buscar la reelección sin límites cuando terminaba el tercero consecutivo, aunque la Carta Magna decía que sólo podía ser reelecto una vez y a que la ciudadanía rechazó en un referéndum su intento de cambiarla.
Las elecciones de ese año en Bolivia acabaron en una crisis mayor, y Morales abandonó el país denunciando un golpe en su contra.
Así como El Salvador aprobó la reelección indefinida con un trámite exprés, Venezuela también lo hizo a contrarreloj cuando el entonces presidente Hugo Chávez se lo pidió a su mayoría legislativa a fines de 2008. “Si lo vamos a hacer, hagámoslo rápido”, dijo.
La votaron en menos de dos meses y ratificaron en un referéndum poco más de un año después de que esa posibilidad fuera rechazada también por voto popular.
Chávez sostenía que los electores debían determinar si un presidente debe seguir o no, porque “el pueblo es el dueño de un país”.
Es un argumento similar al que maneja el oficialismo de Bukele.
“El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño”, dijo la vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, al votar la enmienda la semana pasada.
Pero Grijalva también rechaza esa idea.
“No es que se le está devolviendo a la mayoría un derecho”, sostiene. “La mayoría se expresa en la Constitución y las leyes para que haya un régimen democrático, (y) lo que está sucediendo es que se invoca a esa mayoría para tener un régimen autoritario”.
Consecuencias
La advertencia de que El Salvador de Bukele transita “el mismo camino” que la Venezuela de Chávez también fue hecha por Juanita Goebertus, directora para América de Human Rights Watch.
“Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”, escribió Goebertus en la red X cuando El Salvador aprobaba la reelección indefinida la semana pasada.
Chávez presidió Venezuela durante 14 años consecutivos, hasta su muerte en 2013. Su delfín, Nicolás Maduro, sigue en el poder hasta hoy.
Los expertos creen que aprobar una reelección indefinida en un país es más factible cuando hay flexibilidad para cambiar las constituciones o los jueces están subordinados al Poder Ejecutivo.
Como ejemplo inverso, señalan el caso de Colombia cuando la Corte Constitucional cerró en 2010 la posibilidad de que el entonces presidente Álvaro Uribe aspirase a un tercer mandato.
“Es importante que las instituciones construyan una reputación y sean muy profesionales. La Corte Constitucional (colombiana) era todo eso y pudo frenar a Uribe”, afirma Torrico, investigador en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Así como desconocemos si la frase sobre la “rima” de la historia pertenece realmente a Twain, tampoco sabemos hasta qué grado El Salvador se parecerá de ahora en más a los países de la región que autorizaron la reelección indefinida de sus presidentes.
Los casos de Bolivia y Ecuador, al revertir la regla después que Morales y Correa dejaron el poder, sugieren que en esto también hay marcha atrás.
Pero los expertos observan razones suficientes para preocuparse sobre los signos vitales de la democracia de El Salvador.
“La reelección consecutiva ya nos mete en problemas, porque los presidentes para reelegirse tuercen reglas y acumulan poder”, dice Torrico.
“Pero cuando además les metes la reelección indefinida, intentan controlarlo todo”, agrega, “y lo que se vive ya es un régimen autocrático”.
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