Con miedo a protestar y sin indemnización: Tren Maya divide a comunidad de Paraíso Nuevo, Campeche
Los habitantes de Paraíso Nuevo, en Campeche, consideran las vías del tren como un elemento de la comunidad, a la par del domo o de los juegos infantiles. Están allí desde mediados del siglo pasado y desde entonces unos vagones de carga las recorren despacio, unas pocas veces al mes. Los pobladores siempre vieron a los rieles nada más como dos piezas de hierro oxidadas y tapadas por la maleza, que les toca cruzar para ir de una parte del poblado a la otra. Las atraviesan continuamente, varias veces al día, pues de un lado de las vías hay unas viviendas, el jardín de niños y la casa de salud; del otro hay más viviendas, el parque y las escuelas primaria y secundaria.
Por eso los vecinos se alertaron cuando supieron que el trazado del Tren Maya, que pronto pasará por allí, estará rodeado por una valla y ya no será posible cruzar las vías una vez que esté en funciones.
Tampoco les agradó la solución encontrada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur): construir un puente, para peatones y vehículos, que los obligará a caminar medio kilómetro más cada vez que quieran pasar de un lado a otro de la comunidad, y que los ancianos y las personas con discapacidad motriz no van a poder subir y bajar.
El malcontento entre los habitantes explotó cuando los 35 ejidatarios de Paraíso Nuevo recibieron una indemnización del gobierno federal de casi 7 millones de pesos, a pesar de que la mayoría de ellos no vive en Paraíso Nuevo, mientras que no estaba previsto ningún desembolso para los 300 pobladores que serán afectados por la obra en su vida cotidiana.
Fue entonces, en julio de 2021, que decidieron levantar su primer plantón y retener a algunas unidades de transporte y maquinarias necesarias para la construcción del tramo 1 del Tren Maya, una obra que partirá el tejido social de una comunidad que quiere ser una.
Comunidad de Campeche, el “corazón del Tren Maya”
Paraíso Nuevo se encuentra en el municipio de Candelaria, una región verde y ganadera tan plana que el horizonte siempre está a la vista. El tramo 1 del Tren Maya tiene una longitud de 227 kilómetros y está a cargo del consorcio Lamat, creado por Mota-Engil México y China Construction CC.
De acuerdo con el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, el tramo estará listo en octubre y entonces empezarán las pruebas de los primeros vagones que cruzarán esta llanura que divide la ciudad chiapaneca de Palenque de Escárcega, en Campeche, pasando también por Candelaria.
“En la cabecera municipal de Candelaria el Tren Maya pasará por un puente elevado. Para construirlo están rellenando humedales y contaminando el aire: por el polvo y la cal hubo muchas enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, sobre todo en niños y en adultos mayores”, afirma Sara López González, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIP).
“Además, unas 300 familias que vivían en el derecho de vía fueron obligadas a dejar sus casas, muchas fueron amenazadas, para nosotros son desalojos forzados”, señala.
Según el CRIP, la obra es promocionada sobre todo como un proyecto que va a detonar el turismo, pero se trata también un tren de carga, un “tren neoliberal” funcional al despojo de los territorios y al desarrollo de la agroindustria.
De hecho, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) afirma que la estación que se está construyendo en Escárcega ―que también se usará para dar mantenimiento a los trenes― es a servicio de la agrologistica.
Esta ciudad bochornosa, donde los camiones de volteo del consorcio Lamat se mezclan con el tráfico intenso del centro, es considerada por el gobierno como “el corazón del Tren Maya”, pues en ella confluyen tres tramos de la obra: el 7 que lleva a Bacalar, en Quintana Roo, el 2 que llega al poblado de Calkiní, Campeche, y el 1 que conecta con Palenque.
El primer ramal del tramo 1 es un terraplén alto que corre casi paralelo a la carretera estatal Candelaria-Escárcega, un camino en muy mal estado por tanto ir y venir de vehículos pesados dedicados a la construcción de la obra. Seguido a lado de la carretera aparecen, en el medio de la vegetación, grandes hoyos pelones que han sido abiertos para sacar material de construcción, y que así quedarán una vez que las obras terminen.
En esta región hay consenso hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Tren Maya, pero existen muchas críticas sobre la forma en que se está construyendo y, de vez en cuando, brotan protestas con demandas específicas.
Por ejemplo, a mediados de julio los pobladores del ejido Don Samuel bloquearon el trazado de la obra a la altura de su comunidad impidiendo al consorcio Lamat continuar los trabajos.
Se molestaron cuando se dieron cuenta de que los dos pasos que se habían construido se inundaban cada vez que llovía, además de ser tan bajos como para impedir el tránsito de los carros de redila o de los trailers que diario cruzan la comunidad para llevar víveres y mercancías.
El bloqueo se levantó cuando se alcanzó un acuerdo con Javier May Rodríguez, que prometió la construcción de pasos a ras del piso y más elevados.
Protestas contra el Tren Maya en Pueblo Nuevo
El primer plantón en Paraíso Nuevo fue en julio de 2021 y participaron 130 pobladores. Tenían seis demandas muy claras, eran tan determinados que enviaron una comisión a la Ciudad de México y obtuvieron una visita de Javier May Rodríguez, entonces titular de la Secretaría de Bienestar.
Durante sus reuniones les prometió pavimentar las calles, componer el sistema de agua potable y la casa de salud, se comprometió a entregar antenas de Internet, paneles solares y apoyos de entre 35 mil y 90 mil pesos para las familias que quisieran ampliar o mejorar sus viviendas.
“Y quienes no tenemos terreno ni casa, ¿cómo le vamos a hacer?”, preguntó una señora a May Rodríguez.
“Consígase un terreno y les vamos a dar dinero para comprarlo y construir su hogar”, contestó él. “Soy un hombre de palabra y vengo de parte del presidente. Si yo quedo mal, dejo mal al presidente”.
Sin embargo, las 25 familias de Paraíso Nuevo que no tienen vivienda ni terreno jamás recibieron el apoyo económico y por esto el 16 de noviembre de 2022 decidieron levantar otro plantón.
Fue justo tres días antes del supuesto inicio del dialogo con Fonatur, el 9 de enero de 2023, que se llevó a cabo un operativo de desalojo por parte de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado de Campeche.
“Se vinieron como si fueran a agarrar al narcotraficante más peligroso del mundo”, dice Perla Rubí Garduza Pablo, que participó en las protestas. “Eran unos 60 policías y empezaron con violencia a quitar mallas”.
Los uniformados se acercaron a Joel Jiménez Morales, pastor de la comunidad, que las autoridades ubicaban como líder de la protesta y a quien, en algún momento, ofrecieron dinero para que parara las movilizaciones.
“Fonatur ha sido irrespetuosa en los pueblos donde pasa porque simplemente llega, marca y dice “por aquí vamos a pasar”, acusó el pastor durante una entrevista con el medio Versión Informativa Candelaria, en julio de 2022, poco antes de empezar la movilización.
Unos meses atrás, ante un medio local, aclaró: “No estamos en contra del proyecto Tren Maya, estamos en contra del mal manejo de los recursos públicos”.
Varios pobladores se rebelaron cuando se dieron cuenta de que la Guardia Nacional había agarrado el pastor.
“Muchas mujeres corrimos a defenderlo, a mí me aventaron dos veces los judiciales y me lastimaron, se me salió el huesito de la rodilla. Además, agarraron a un niño y lo empujaron, luego lo soltaron porque su mamá les gritó que era menor de edad. A ella también la empujaron“, recuerda Perla Rubí Garduza Pablo.
Naín Camacho López, un hombre que también llegó para apoyar a Joel Jiménez Morales, fue arrastrado e igualmente detenido. Ambos fueron acusados de obstrucción a las vías federales de comunicación, de oposición a la ejecución de una obra pública y de robo en pandilla, pero la fiscalía nunca pudo presentar pruebas y el 12 de junio se cerraron las investigaciones. Hasta el momento, Fonatur no ha cumplido con las promesas que hizo a las 25 familias sin casa ni terreno.
El parque de los niños militarizado
Durante ocho meses los niños de Paraíso Nuevo dejaron de ir al parque. Fue después del desalojo del segundo plantón, en enero de 2023, pues los militares lo ocuparon con sus camionetas, asustaban a los niños con las armas y a veces se emborrachaban.
Los soldados se posicionaron también en la comisaría y, cuando que terminaban las clases, ocupaban la escuela primaria, dejando los baños de los niños sucios.
“Nosotros mandamos en la escuela y los militares son cochinos”, dijeron los padres de familia al presidente municipal, que fue enviado a hablar con los soldados. Desde entonces empezaron a dejar más en paz a los niños, pero las tensiones con la población siguieron hasta cuando se retiraron del parque, a principios de agosto, mientras que la Guardia Nacional sigue estacionada a lado de las vías del tren, cerca de una caoba majestuosa.
“La presencia militar ha llenado de miedo a todos los habitantes”, escribían en enero de 2023 los pobladores de Paraíso Nuevo en un comunicado.
“Un compañero de la comunidad fue interceptado por los militares cuando caminaba al amanecer cerca del parque, le fue arrebatado el teléfono celular y fue amenazado con un arma apuntándole en la ingle. La presencia de los militares y de la Guardia Nacional pretende intimidarnos y evitar cualquier tipo de protesta y organización legitima para la defensa de nuestros derechos”.
El Tren Maya ya causó cambios profundos en Paraíso Nuevo. Los espacios públicos han sido ocupados por hombres armados y uniformados, las excavadoras trabajan a pleno ritmo haciendo polvo y ruido, los pasos peatonales pronto serán cerrados y el puente elevado va tomando cada vez más forma.
No hay zonas arqueológicas ni ojos de agua en la comunidad, así que no habrá un paradero para que los turistas desciendan. Como en otros poblados de la Península, el Tren Maya pasará rápido y ensordecedor como un balazo a un lado de las casas y del parque donde, por lo menos, los niños ya regresaron a jugar.
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EU recibe a decenas de afrikáners como refugiados tras una orden de Trump que denuncia que son perseguidos por cuestiones raciales, algo que el gobierno sudafricano niega rotundamente.
Un avión procedente de Johannesburgo con 59 sudafricanos blancos a bordo aterrizó este lunes en Washington DC.
Es el primer grupo de afrikáners que llegan a Estados Unidos como refugiados bajo un programa de reasentamiento promovido por el presidente Donald Trump, que considera a esta comunidad víctima de “discriminación racial” en Sudáfrica.
Su arribo a EE.UU. se produce tras meses de tensiones diplomáticas entre el país norteamericano y Sudáfrica.
Trump firmó en febrero una orden ejecutiva en la que denunciaba presuntas violaciones de derechos humanos contra blancos en Sudáfrica, citando expropiaciones de tierras sin compensación y asesinatos en zonas rurales.
El presidente también se ha referido a lo que describió como una “matanza a gran escala de agricultores” blancos, un argumento que ha respaldado públicamente el empresario Elon Musk, nacido en Pretoria, quien llegó a hablar incluso de un “genocidio de blancos”.
El gobierno sudafricano rechaza estas acusaciones y niega la existencia de una persecución racial contra los blancos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamoa, afirmó este lunes que “no hay persecución de sudafricanos blancos afrikáners” y aseguró que los datos policiales contradicen la narrativa impulsada desde Washington.
Los afrikáners, descendientes en su mayoría de colonos holandeses, han desempeñado un rol central en la historia del país, desde la colonización hasta el régimen del apartheid.
Quiénes son los afrikáners
El programa de reasentamiento de Trump está dirigido a los afrikáners, una comunidad blanca sudafricana descendiente en su mayoría de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el sur de África desde 1652.
Durante siglos, los afrikáners dominaron la política y la producción agrícola del país, especialmente bajo el apartheid (1948-94), donde conformaban el grupo blanco mayoritario y puntal ideológico del régimen.
Hoy representan poco más del 5% de la población en Sudáfrica -unos 2,7 millones de personas- y la mayoría habla afrikáans como lengua materna.
Trump justifica su programa con el argumento de que los afrikáners sufren “discriminación racial” bajo las políticas del Congreso Nacional Africano (ANC), en el poder desde el fin del apartheid en 1994.
En su orden ejecutiva de febrero, el presidente estadounidense citó específicamente la reciente ley sudafricana de expropiación sin compensación de tierras improductivas, abandonadas o adquiridas de manera fraudulenta durante el régimen segregacionista.
Aunque la norma ha sido defendida como una herramienta para corregir desigualdades históricas, tanto sectores conservadores estadounidenses -incluidos influyentes empresarios como Elon Musk y Peter Thiel- como muchos afrikáners en Sudáfrica la consideran una amenaza directa a los derechos de propiedad de los blancos.
Trump también denunció lo que describió como “una matanza a gran escala de agricultores blancos”, tesis respaldada por Musk, Thiel y otros miembros de la llamada “mafia de PayPal”, un influyente grupo de Silicon Valley que mantiene lazos con Sudáfrica.
El gobierno sudafricano niega que exista una persecución racial: el canciller Lamoa consideró infundadas las acusaciones de Washington y alegó que los informes policiales desvinculan la violencia rural de un supuesto genocidio blanco.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, de los cuales ocho fueron de granjeros.
El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales (SAIRR) concluyó que los ataques afectan tanto a trabajadores blancos como negros y suelen estar motivados por robos o conflictos laborales.
¿Víctimas de racismo?
BBC Mundo habló con el analista sudafricano Ryan Cummings, director de la consultora Signal Risk, que cuestiona el fundamento jurídico y humanitario de conceder asilo a los afrikáners.
“Ciertamente no enfrentan ningún tipo de marginación colectiva por su cultura, raza o idioma”, afirma.
El experto considera que las leyes de acción afirmativa impulsadas por el ANC no son punitivas hacia los blancos, sino mecanismos para revertir la exclusión histórica de la población negra, y remarca que “los afrikáners aún se encuentran en el extremo superior de la escala socioeconómica”.
Cummings añade que la percepción de inseguridad en zonas rurales, donde se han producido ataques violentos a granjas, ha alimentado una narrativa política dentro de sectores afrikáners más conservadores.
“Se han presentado como actos de violencia étnica, como si hubiera un genocidio sistemático en curso, pero en realidad responden a dinámicas locales: granjas aisladas, guardias de seguridad deficientes, armas y dinero en efectivo almacenados en las instalaciones”, considera.
Reconoce, no obstante, que figuras como Julius Malema, líder del partido comunista Luchadores por la Libertad Económica, han alimentado esa sensación de amenaza con cánticos como Kill the Boer (“Mata al granjero”), lo que ha reforzado el temor de algunos afrikáners a un resurgimiento del nacionalismo negro en sus formas más violentas.
El conflicto geopolítico
El gobierno sudafricano ha sido muy activo a la hora de denunciar violaciones de derechos humanos de Israel en Gaza, y en enero presentó un caso de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Esto causó un deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y EE.UU., aliado de Israel.
“Trump quiere destacar ante la comunidad internacional que el mismo gobierno que lleva a Israel ante un tribunal internacional por presuntas violaciones de derechos humanos está infringiendo esos mismos derechos sobre su propia ciudadanía”, evalúa Cummings.
En marzo, la administración estadounidense expulsó al entonces embajador sudafricano, Ebrahim Rasool, después de que este denunciara una “insurgencia supremacista” impulsada desde Estados Unidos.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, justificó la medida calificando al diplomático como un “agitador racial” que “odia a América”.
Por su parte, el gobierno sudafricano sostiene que la narrativa promovida desde Washington es infundada y responde a intereses políticos internos en Estados Unidos.
Desde que Trump firmó la orden, más de 70.000 sudafricanos blancos expresaron interés en emigrar, según la Cámara de Comercio Sudafricana en Atlanta.
El grupo de 59 personas que aterrizó esta semana en Washington es el primero en beneficiarse del plan.
Cómo se ve desde Sudáfrica
Desde Sudáfrica, el programa de reasentamiento de Trump se percibe con escepticismo o incluso con cierto sarcasmo, según el director de Signal Risk.
“Muchos sudafricanos ven a los afrikáners que se acogen al programa de Trump como personas que buscan una salida, un modo de hallar la utopía que están buscando: una sociedad donde puedan existir sin tener que compartir espacio con sudafricanos negros”, sostiene Cummings.
Según el experto, hay “muchas almas dañadas” entre los afrikáners que crecieron durante el final del apartheid.
“Sienten que no fueron cómplices, pero que se les está haciendo pagar por lo que ocurrió décadas antes de que nacieran”, indica.
Sin embargo, concluye que la mayoría de los sudafricanos está de acuerdo con la idea de una sociedad multirracial y que quienes se resisten a ello -y ahora emigran- “probablemente no estaban interesados en participar en ese proyecto desde el principio”.
Cummings incluso cree que muchos sudafricanos moderados ven con buenos ojos la emigración de ciertos afrikáners a Estados Unidos bajo la iniciativa de Trump.
Parte de la sociedad sudafricana la considera “una manera de deshacerse de personas que han sostenido una ideología racista o supremacista blanca “.
“Muchos sudafricanos sienten que Sudáfrica, como país, probablemente estará mejor sin ellos, en el sentido de que estaremos perdiendo a individuos que esencialmente no tienen interés en participar en la construcción nacional ni en vivir en un país multirracial”, sentencia.
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