Organizaciones denuncian deforestación de 6,659 hectáreas para el Tren Maya
Era diciembre de 2018. Andrés Manuel López Obrador sólo llevaba unos días como presidente de México y, en ese entonces, aseguraba que no se iba a talar un solo árbol con la construcción de Tren Maya. Cinco años después, un análisis de imágenes satelitales muestra que, al menos, se han deforestado 6659 hectáreas como consecuencia de las obras realizadas en torno al llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno y que se construye en la Península de Yucatán.
El análisis de las imágenes satelitales realizado por CartoCrítica muestra que para junio de 2023 había 10 mil 831 hectáreas ocupadas para alguna obra relacionada con el Tren Maya, el 61 % de esa superficie fue deforestada.
Eso significa que 6659 hectáreas que tenían cobertura forestal en 2018, ahora lucen sin vegetación. En su lugar hay vías férreas o se construyen estaciones, paraderos, zonas de electrificación, patios de maquinaria, caminos de acceso o son áreas que se utilizan como bancos de material.
Las 6659 hectáreas deforestadas equivalen a casi diez veces el área que hoy ocupa el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y casi 20 veces la superficie en donde se encuentra el Central Park de Nueva York, en Estados Unidos.
En su análisis, presentado el pasado 2 de agosto, CartoCrítica también destaca que el 87 % del área deforestada (5769 hectáreas) se desmontó o taló ignorando lo que marca la legislación ambiental, ya que los trabajos se realizaron sin contar con un trámite que pide la ley: la autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUST) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Horas después de que CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y la Fundación Heinrich Böll dieran a conocer en conferencia de prensa la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat difundió un comunicado en donde señala que hay “inconsistencias” en los datos presentados por las organizaciones.
Seis mil hectáreas que dejaron de ser Selva Maya
Para realizar el análisis sobre las afectaciones que el Tren Maya está teniendo en la cobertura forestal de la Península de Yucatán, CartoCrítica comparó imágenes satelitales de noviembre de 2018, mayo y junio de 2023. Además, utilizó como referencia los datos de la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) sobre la cobertura de suelo que existía antes del tren. Toda la metodología está disponible dentro de la herramienta cartográfica.
“No se tomó en cuenta la especulación de terrenos (que se está dando alrededor en la zona a causa de proyecto férreo) ni la infraestructura hotelera que se está construyendo”, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica, durante la conferencia en donde se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya.
El análisis de las imágenes satelitales muestra que de la superficie deforestada por las obras del Tren Maya, 4139 hectáreas eran selva baja y mediana; 2246 hectáreas estaban ocupadas por selva mediana caducifolia; 70 hectáreas eran manglar y petén (en la Península de Yucatán se llama así a las islas de vegetación arbórea que se encuentran en zonas inundables) y 11.4 hectáreas albergaban selva mediana y alta perennifolia.
Las imágenes satelitales también permitieron identificar que los tramos 4 y el 6 destacan por ser los que registran la mayor superficie deforestada hasta ahora. En el tramo 4, que va de Izamal a Cancún, se han deforestado 1640 hectáreas; mientras que la construcción del tramo 6, de Tulum a Chetumal, ha provocado la pérdida de 1308 hectáreas de cobertura forestal.
En la conferencia de prensa, Sergio Madrid, integrante del CCMSS, mencionó que el Inventario Nacional Forestal señala que en los ecosistemas de la Península de Yucatán una hectárea puede albergar un promedio de 900 árboles. Si se toma ese dato como referencia, alrededor de 6 millones de árboles se han talado en la región como consecuencia de las obras del Tren Maya.
En febrero de 2023, en una respuesta a una solicitud de información, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) —dependencia que está a cargo del proyecto del Tren Maya— aseguró que se habían talado o removido 3.4 millones de árboles por los trabajos realizados en los diferentes tramos de la obra. De acuerdo con esa respuesta de Fonatur, en los tramos 4 y 5 es donde más se han talado o removido árboles.
El colectivo Sélvame del Tren ha calculado que, al menos, 10 millones de árboles han sido talados o removidos por la construcción del Tren Maya.
Deforestar ignorando la ley
Para que una persona, empresa o institución de gobierno federal, estatal o municipal pueda desmontar o talar un terreno, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que es necesario presentar ante la Semarnat una solicitud de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF).
La Semarnat sólo puede autorizar un CUSTF en casos excepcionales. En la conferencia de prensa, Viridiana Maldonado, abogada del Cemda, recordó que “la excepción sólo aplica cuando esos cambios de uso de suelo no comprometen a la biodiversidad ni provocan la erosión del suelo, el deterioro en la calidad del agua o la capacidad de almacenamiento de carbono de los ecosistemas”.
Al analizar las 18 autorizaciones de CUSTF relacionadas con el Tren Maya que ha otorgado la Semarnat, las organizaciones encontraron que 16 de ellas fueron autorizadas durante 2023, es decir, cuando ya habían comenzado los trabajos y los terrenos ya habían sido desmontados.
“La política forestal prohíbe este tipo de prácticas que está realizando Fonatur, como desmontar y luego buscar tener las autorizaciones”, resaltó Maldonado. Incluso, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que no se puede otorgar ningún cambio de uso de suelo, durante los próximos 20 años, en las áreas donde se haya realizado tala o desmonte sin autorización. “La Semarnat estaría obligada a negar esas autorizaciones”, mencionó la abogada de Cemda.
Al analizar cuántas de las 6659 hectáreas que se han deforestado por las obras del llamado Tren Maya fueron desmontadas o taladas sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo, CartoCrítica encontró que en 87 % esa superficie se quitó la cobertura forestal sin contar con CUSTF.
“Fonatur sí tiene algunas autorizaciones de cambio de uso de suelo, pero no las suficientes… Las autorizaciones son pocas, incompletas y tardías”, señaló Manuel Llano, director de CartoCrítica, organización que desde hace más de un lustro promueve el acceso público a la información socioambiental georreferenciada para, entre otras cosas, conservar la diversidad biológica y cultural.
En su comunicado, la Semarnat asegura que aún tienen validez las autorizaciones provisionales que se otorgaron amparadas en el decreto de noviembre de 2021, cuando López Obrador declaró de interés público y de seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal, entre ellas el llamado Tren Maya.
El 18 de mayo de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el decreto de finales de 2021. Cuatro horas después, López Obrador publicó un nuevo decreto en el que, de nuevo, establece como temas de seguridad nacional las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Las autorizaciones provisionales otorgadas previo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quedaron sin efecto, tal como lo determina la propia sentencia, por lo que las obras del Tren Maya continúan con apego al marco legal”, señaló en su comunicado la Sermarnat.
Por su parte, en un comunicado publicado este jueves 3 de agosto, las organizaciones resaltaron que las autorizaciones provisionales no existen en las leyes ambientales, incluso, las autoridades judiciales también han señalado que no pueden sustituir los procedimientos que sí contempla la ley: los CUSTF y la Evaluación de Impacto Ambiental.
En las 18 autorizaciones que se han dado para las obras del tren maya, Sergio Madrid destacó que no existió “una valoración del riesgo, una revisión de los daños irreversibles. No es solamente una violación a lo que las leyes del país ordenan, sino es la gravedad de no tener una evidencia de lo que esta autorización implica”.
Manuel Llano, director de CartoCrítica, también resaltó que para los tramos 6 (de Tulum a Chetumal) y 7 (de Bacalar a Escárcega) aún no se tiene registrada alguna autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. “Aún así, ya se ha deforestado”.
La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) es la dependencia que, de acuerdo con la ley, debería determinar si un cambio de uso de suelo en terrenos forestales violó la legislación e imponer amonestaciones, multas o suspensiones de las obras. “Se han presentado varias denuncias populares y Profepa se ha mantenido pasiva”, denunció Maldonado.
Mongabay Latam solicitó a Profepa una postura al respecto, pero hasta la publicación de este texto no se tuvo respuesta.
La abogada de Cemda también recordó que el Código Penal Federal considera como delito el realizar un desmonte o tala sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo. La pena por esta acción puede ser de hasta nueve años de cárcel y la instancia encargada de investigar si existe un delito es la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la República.
Los desmontes realizados por las obras del llamado Tren Maya “no sólo pasan por encima de la ley”. Sergio Madrid remarcó que la pérdida de cobertura forestal también significa “la fragmentación de la selva, la destrucción de hábitat de cientos de especies de flora y fauna, la contaminación de acuífero, destrucción de cavidades subterráneas, relleno de humedales, interrupción de flujos naturales del agua y la destrucción de los medios de vida de las comunidades indígenas”.
Desacato a una orden judicial
Desde octubre de 2021, los abogados de Cemda denunciaron que en las obras del Tren Maya se estaban realizando cambios de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con autorización de la Semarnat. En esa fecha presentaron ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán los resultados de un sobrevuelo realizado a lo largo de la línea del tren. En ese momento, documentaron que se había desmontado, al menos, 144 hectáreas de selva maya.
Fue hasta mayo de 2023, cuando el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán ordenó a Fonatur suspender cualquier acto de tala o desmonte que no contara con autorización de cambio de uso de suelo en los tramos 3 (Calkiní-Izamal), 4 (Izamal-Cancún), 5 norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulúm-Chetumal).
Para tomar esa decisión, el Juzgado señaló que “las autorizaciones provisionales emitidas con base en el Acuerdo para la ejecución de las obras de construcción de la vía férrea no suple las autorizaciones (de cambio de uso de suelo) que implican un estudio técnico y científico previo a la obra, que al no emitirse, pone en riesgo por sí solo al ecosistema donde se desarrollará, porque permitiría el inicio de trabajos sin conocer las repercusiones y daños que pueden ocasionarse con ella, en la inteligencia de que en muchas ocasiones los daños ambientales son irreparables”.
De acuerdo con los análisis de la organización, tan sólo en junio de 2023, en los tramos 3, 4, 5 norte y 6, se desmontaron o realizaron trabajos de tala en 67.4 hectáreas sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. “Hay una presunta ilegalidad y desacato por parte de Fonatur y de quienes construyen las obras del tren en estos tramos”, señaló Llano.
Los tramos 5 norte, 6 y 7 son construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La abogada Viridiana Maldonado también aseguró que “se están realizando actividades de desmonte dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul”.
Sergio Madrid recordó que la Península de Yucatán alberga a la Selva Maya, el segundo bosque tropical más importante de América después de la Amazonía. Además, en ese territorio se encuentra el sistema de cuevas subacuáticas más grande del mundo. Ese patrimonio natural está en riesgo: “Hoy en día existe un intenso proceso de deforestación en la Península de Yucatán”.
Cada año, dijo, se deforestan entre 40 000 y 90 000 hectáreas en la Península de Yucatán. Este “proceso dinámico de deforestación” se está generando por los proyectos energéticos, turísticos, mineros, inmobiliarios y agroindustriales que se impulsan en la región desde hace unos 20 años. Este proceso, advirtió Madrid, se intensificará con el llamado Tren Maya, el cual “va a interconectar y potencializar estos proyectos”.
Semarnat se pronuncia sobre los datos
En un comunicado difundido poco después de que se presentó la herramienta cartográfica sobre el Tren Maya, la Semarnat señaló que “el estudio mostrado señala que son 6,659 hectáreas totales susceptibles de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, cuando el total registrado ante la Semarnat en las autorizaciones definitivas y provisionales es de 3167.29 hectáreas”.
La dependencia aseguró que esas 3167.29 hectáreas representan “el total de hectáreas oficialmente identificadas” con cambio de uso de suelo y que todas cuentan con una autorización definitiva o provisional.
La Semarnat menciona también que la herramienta cartográfica desarrollada por CartoCrítica considera “bancos de materiales que no necesariamente forman parte del proyecto Tren Maya y que son propiedad de privados que ofrecen servicio a diversos clientes”.
Ante la respuesta de Semarnat, CartoCrítica, Cemda y la Fundación Heinrich Böll emitieron un comunicado en el que señalaron que la cifra de 6659 hectáreas deforestadas por las obras relacionadas con el Tren Maya se sustenta en la evidencia satelital. “Los datos presentados están respaldados, metro a metro, con las imágenes satelitales utilizadas para su cálculo”.
El comunicado de Semarnat señala que el estudio realizado por CartoCrítica considera sólo 18 “autorizaciones definitivas” que suman un total de 1727.70 hectáreas y no 889.9 que aseguran las organizaciones.
Sobre este tema, las organizaciones señalan que de acuerdo con la información a la que se ha podido tener acceso, Fonatur ha solicitado 28 autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de las cuales dos fueron desechadas, ocho están en evaluación y 18 han sido autorizadas.
Las organizaciones señalaron que las 18 autorizaciones de CUSTF, según los resolutivos respectivos, incluyen 1,726.31 hectáreas. Sin embargo, debido a que no toda la información es pública, para el análisis sólo fue posible acceder a la ubicación geográfica del 76 % de estas autorizaciones (1 314.42 hectáreas). “La superficie que no fue posible georreferenciar es de 412.32 hectáreas y corresponde a una porción exclusivamente del tramo 5”.
Al analizar las 1314.42 hectáreas que cuentan con autorización de cambio de uso de suelo y que sí fue posible georeferenciar, “se llegó a la conclusión de que, dentro del área de los polígonos autorizados, se han deforestado 889.9 hectáreas… Eso significa que hay porciones de las autorizaciones que, hasta junio de 2023, no han sido deforestadas”.
Estos datos, destacan las organizaciones, muestran que “se han expedido Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) que no fueron utilizados y, al mismo tiempo, se han deforestado otras áreas para las que no se cuenta con CUSTF“.
Las organizaciones también recordaron que muchos de los documentos sobre el Tren Maya no son públicos, ya que el gobierno federal los ha clasificado bajo el argumento de que son considerados como tema de seguridad nacional.
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El número de adolescentes involucrados en el tráfico de drogas se ha cuadruplicado en ocho años, según datos del gobierno.
Advertencia: Este artículo contiene detalles explícitos de violencia.
Un grupo de niños vio el cuerpo de Adel camino a la escuela, justo cuando sus padres se dirigían a la comisaría para denunciar su desaparición.
Se reducía a una silueta grotesca y carbonizada, reclinada, con una rodilla en alto, como si estuviera tumbado, en una de las playas cercanas de Marsella.
Tenía 15 años cuando murió de una forma que aquí es habitual: un disparo en la cabeza, su delgado cuerpo rociado con gasolina y prendido fuego.
Alguien incluso filmó la escena en la playa, en la última de una escalofriante serie de asesinatos a tiros vinculados a la rápida evolución del narcotráfico en esta ciudad portuaria, cada vez más alimentado por las redes sociales y ahora marcado por actos de violencia aparentemente aleatorios y el creciente papel de los menores, a menudo obligados a participar en la venta de drogas.
Marsella, en estado de “psicosis”
“Ahora es un caos “, afirmó un pandillero escuálido, levantándose la camisa en un parque cercano para mostrarnos un torso marcado por las cicatrices de al menos cuatro balazos como resultado de un intento de asesinato por parte de una banda rival.
El Ministerio de Justicia francés estima que el número de adolescentes involucrados en tráfico de drogas se ha más que cuadruplicado en los últimos ocho años.
“He estado en una pandilla desde los 15 años. Pero todo ha cambiado ahora. Los códigos, las reglas… ya no hay reglas. Nadie respeta nada hoy en día. Los jefes empiezan… a usar a los jóvenes. Les pagan miserias. Y terminan matando a otros sin ningún motivo aparente. Reina la anarquía en toda la ciudad”, aseguró el hombre, ahora de veintipocos años, quien nos pidió que usáramos su apodo, El Inmortal.
Policías, abogados, políticos y organizadores comunitarios en Marsella hablan de una psicosis -un estado de trauma o pánico colectivo- que se apodera de partes de la ciudad, mientras debaten si contraatacar con una acción policial cada vez más contundente o con nuevos intentos para abordar la arraigada pobreza.
“Hay un ambiente de miedo. Es evidente que los narcotraficantes dominan y ganan terreno cada día”, declaró una abogada local, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ella o su familia.
“El Estado de derecho está ahora subordinado a las bandas. Hasta que no tengamos un Estado fuerte de nuevo, debemos tomar precauciones”, puntualizó, sobre su reciente decisión de dejar de representar a las víctimas de la violencia de las bandas.
“Ya no hay reglas”
Durante el verano, varias ciudades francesas impusieron toques de queda nocturnos a los adolescentes tras una oleada de violencia relacionada con el narcotráfico.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo conversaciones el jueves para intentar responder a la crisis.
“Hay tanta competencia en el narcotráfico que la gente está dispuesta a todo”, aseveró el organizador comunitario Mohamed Benmeddour.
Y agregó: “Tenemos chicos de 13 o 14 años que vienen como vigías o traficantes. Los jóvenes ven cadáveres, oyen hablar de ellos, todos los días. Y ya no tienen miedo de matar ni de que los maten”.
El detonante de la actual psicosis en Marsella fue el asesinato, el mes pasado, de Mehdi Kessaci, un policía en prácticas de 20 años sin vínculos con el narcotráfico.
Se cree que su muerte pretendía ser una advertencia para su hermano, un destacado activista antipandillas de 22 años y aspirante a político llamado Amine Kessaci.
Bajo estrecha protección policial, Kessaci habló con la BBC sobre la muerte de Mehdi y la culpa que siente.
“¿Debería haber obligado a mi familia a irse de Marsella? La lucha de mi vida será esta lucha contra la culpa”, lamentó.
Amine Kessaci saltó a la fama en Francia en 2020 tras el asesinato de su hermano mayor, un pandillero llamado Brahim.
“Llevamos años con esta psicosis. Sabíamos que nuestras vidas pendían de un solo hilo. Pero todo cambió desde el covid-19. Los agresores son cada vez más jóvenes. Las víctimas son cada vez más jóvenes”, afirmó.
“Mi hermano pequeño fue una víctima inocente. Hubo una época en que los verdaderos matones tenían un código moral. No se mata de día. No delante de todos. No se queman cadáveres. Primero se amenaza con un tiro en la pierna. Hoy en día, todas estas reglas han desaparecido”.
La acción policial
Ante los actuales niveles de violencia sin precedentes, la policía francesa está respondiendo con lo que denominan “bombardeos” de seguridad en zonas de alta criminalidad de Marsella.
Aunque una banda, la DZ Mafia, parece dominar el negocio, opera una especie de sistema de franquicias con una red fragmentada de pequeños distribuidores, a menudo compuestos por adolescentes e inmigrantes indocumentados, que se enfrentan violentamente por territorio.
Según una estimación, hasta 20.000 personas podrían estar involucradas en el negocio de la droga en la ciudad.
El año pasado, las autoridades confiscaron a las bandas 42 millones de euros (unos US$49 millones) en bienes de origen delictivo.
Videos compartidos en redes sociales muestran habitualmente a miembros de las pandillas armados con rifles automáticos disparándose entre sí en las diversas cités de Marsella: barrios pobres caracterizados por edificios de gran altura y una gran concentración de viviendas sociales.
En una fría tarde de la semana pasada acompañamos a un grupo de policías antidisturbios armados en una de sus misiones habituales de “bombardeo”.
Los agentes se dirigieron a toda velocidad a un bloque de pisos en ruinas en sus furgonetas, mientras un joven pandillero que vigilaba la entrada huía a pie. Divididos en dos grupos, los policías corrieron por ambos lados del edificio intentando atrapar a los traficantes en las escaleras.
“El objetivo es desmantelar los puntos de venta de droga. Hemos clausurado más de 40… y hemos encerrado a mucha gente”, explicó Sébastien Lautard, jefe de la policía regional.
“Denle la vuelta”, ordenó un agente bruscamente, mientras su equipo acorralaba a un joven de 18 años contra una puerta.
En un sucio sótano cercano, la policía encontró docenas de viales y pequeñas bolsas de plástico utilizadas para distribuir cocaína.
Más tarde, un policía explicó que el joven detenido pedía ser arrestado, alegando que había llegado a Marsella desde otra ciudad y que ahora estaba retenido contra su voluntad y obligado a trabajar para una banda de narcotraficantes.
Los agentes se lo llevaron en una furgoneta.
Reclutamiento infantil
“Esto no es El Dorado. Tenemos muchos jóvenes reclutados en redes sociales. Vienen a Marsella pensando que ganarán dinero fácil. Les prometen 200 euros (US$233) al día. Pero a menudo terminan en miseria, violencia y, a veces, la muerte”, declaró el fiscal jefe de la ciudad, Nicolas Bessone.
En su oficina, cerca del antiguo puerto de la ciudad, Bessone describió una industria que alcanza un estimado de 7.000 millones de euros a nivel nacional (unos US$8.200 millones) y se caracteriza por dos novedades: un creciente énfasis en el reclutamiento, la venta y la entrega a domicilio en línea; y un número cada vez mayor de adolescentes obligados a participar en el negocio.
“Ahora vemos cómo los traficantes esclavizan a estos pequeños soldados. Crean deudas ficticias para que trabajen gratis. Los torturan si roban 20 euros para comprar un sándwich. Es ultraviolencia. La edad promedio de los agresores y las víctimas es cada vez menor”, afirmó Bessone.
Instó a la población local a no sucumbir a la psicosis, sino a “reaccionar, a rebelarse”.
La abogada, que nos pidió que ocultáramos su identidad, describió un caso que ella había llevado.
“Un joven, que se negaba rotundamente a formar parte de una red, fue recogido después de la escuela, obligado a participar en el tráfico de drogas, violado, amenazado y su familia también fue amenazada. Se utilizan todos los medios para crear una fuerza laboral”, declaró.
En TikTok decenas de vídeos con música anuncian la venta de drogas en las cités de Marsella “de 10:00 a medianoche”, cada producto con su propio emoji: cocaína, hachís y marihuana.
Otros anuncios buscan reclutar nuevos miembros de bandas con mensajes como “se busca trabajador”, “250€ para vigilantes”, “500€ para transportar drogas”.
¿Soluciones?
Para algunos políticos locales, la solución a los problemas de Marsella es el estado de emergencia y normas de inmigración mucho más estrictas.
“Hay que restaurar la autoridad. Necesitamos acabar con la cultura de la permisividad en nuestro país. Necesitamos dar más libertad y más poder a la policía y al poder judicial”, sentencia Franck Alissio, diputado local del partido populista de extrema derecha Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) y posible candidato a la alcaldía.
Aunque la antigua ciudad mediterránea de Marsella ha sido conocida durante siglos por su numerosa comunidad inmigrante, Alissio argumenta que “hoy en día, el problema es que ya no somos capaces de integrarnos económicamente ni asimilarnos. Hay demasiada inmigración. El problema es la cantidad (de inmigrantes). Y, de hecho, los narcotraficantes, los traficantes, los vigilantes, los líderes de estas mafias, son casi todos inmigrantes o extranjeros con doble nacionalidad”.
Es una afirmación controvertida y difícil de verificar en un país que se esfuerza por evitar incluir ese tipo de detalles en las cifras oficiales.
Alissio sostiene que los sucesivos gobiernos invirtieron miles de millones de euros en los barrios más pobres de Marsella sin ningún resultado. Culpa a los padres y a las escuelas por permitir que los niños se involucren en el narcotráfico, pero añade que su objetivo era “resolver el problema, no hacer sociología”.
Los partidos de extrema derecha han gozado durante mucho tiempo de un fuerte apoyo en el sur de Francia, pero no tanto en la diversa ciudad de Marsella. Críticos de RN, como la abogada cuya identidad hemos ocultado, acusaron al partido de “explotar la miseria y el miedo” y de culpar erróneamente a los inmigrantes de una “gangrena” generalizada en todas las comunidades de Francia.
Philippe Pujol, escritor local y experto en el narcotráfico en Marsella, también recibió protección policial tras el asesinato de Mehdi Kessaci el mes pasado.
“No estoy seguro de que haya una buena razón para este terror. Pero… el terror se está extendiendo. Prefiero tener miedo y ser precavido que correr riesgos innecesarios”, declaró.
Pero refutó las peticiones de una acción policial más contundente, argumentando que solo aliviaba los síntomas de una sociedad en crisis, en lugar de abordar las causas del problema.
Al describir la pobreza arraigada como un “monstruo”, Pujol pintó una imagen de una sociedad radicalizada por décadas de abandono.
“El monstruo es una mezcla de clientelismo, corrupción y decisiones políticas y económicas tomadas en contra del interés público”, opinó Pujol.
“Estos chicos pueden ser unos imbéciles cuando están en grupo, pero cuando estás a solas con ellos, siguen siendo niños, con sueños, que no quieren esta violencia”, aseguró.
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