En una reja blanca de Cafemin, un albergue para migrantes en la Ciudad de México, hay una docena de papeles blancos que exponen los deseos de los usuarios para el año 2025.
“2025 cita aprobada”, “Deseo que a todos nos salga la cita pronto”, “CBP One 2025”, “Que nos salga la cita CBP One a todos en el 2025”, se lee en los papelitos sobre la aplicación para solicitar asilo en Estados Unidos.
Sin embargo, sus deseos podrían verse frustrados, pues en tres días -el lunes 20 de enero- el expresidente Donald Trump regresará a la Casa Blanca y ha dicho en reiteradas ocasiones que eliminará la aplicación móvil CBP One lo antes posible.
La mayoría de los aproximadamente 120 migrantes que actualmente se hospedan en las instalaciones ya tienen su cita aprobada para estos días, de acuerdo con Mario Monroy, coordinador de Integración Local en Cafemin.
Pero Mario recuerda que hay poca información sobre qué pasará con las citas y solicitudes de asilo después del 20 de enero.
“Saben que el tiempo se está acabando, y no tienen información”, dice.
Una de ellas es Yudi Acosta, una mujer colombiana que llegó a México casi a la par de que Trump fue electo presidente, en noviembre de 2024. Su caso tiene la particularidad de que su cita está programada para el 23 de enero, tres días después de que cambie la administración de Estados Unidos.
Ella viajó con su pareja y su hija desde Chile, donde vivió durante los últimos 10 años, y con quienes espera llegar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares.
Yudi tiene previsto viajar hacia la frontera dos días antes de su cita, aunque lo hará con incertidumbre y temor en torno a su proceso de solicitud de asilo.
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“A uno como que le da un poquito de miedo, ya hay acá mucha gente que se empezó a devolver, dicen: ‘Es que ya no vamos a poder entrar’, pero yo digo que es incierto”, comenta.
“Yo digo que hay que confiar en Dios, y si es para uno, es para uno, si es para que nos vaya bien, para que podamos entrar”.
Mayerli lleva ocho meses varada en México, viviendo en un campamento improvisado ubicado en la colonia Vallejo al norte de la capital, y teme que su travesía desde Venezuela con sus dos hijos y esposo haya sido en vano.
A pesar de haber hecho varias veces el intento de sacar cita en la aplicación CBP One, sigue sin una fecha a días de que Donald Trump rinda protesta como presidente.
“Me siento asustada, bastante asustada, porque el esfuerzo que hemos hecho está en las manos de él”, comparte Mayerli desde el campamento de casas de cartón y lámina donde vive junto con decenas de migrantes de diferentes nacionalidades.
“Si él dice que no, que va a quitar esto y que no nos va a dar chance de entrar, ¿cómo vamos a quedar nosotros, tantas familias que vemos acá? El esfuerzo va a ser en vano”.
La aplicación CBP One fue creada bajo la administración de Trump y luego ampliada en el gobierno de Joe Biden para agilizar la expedición de citas para solicitantes de asilo. Para poder utilizarla, la persona solicitante debía encontrarse en el centro o norte de México, de tal manera que la Ciudad de México se estableció como el punto límite territorial para utilizar esta herramienta.
Desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, CBP One había registrado citas para más de 936 mil 500 personas. Según información del gobierno estadounidense, las principales nacionalidades que solicitaron cita fueron venezolana, cubana y mexicana.
Durante la campaña de Trump, el republicano declaró reiteradamente que el programa de CBP One estaba siendo utilizado por miembros de cárteles para traficar a migrantes, o por extranjeros prófugos de la ley, por lo cual planteó eliminarlo en cuanto asuma funciones como presidente.
El empresario ya había ocupado la presidencia entre 2016 y 2020, y durante su administración tuvo una retórica antiinmigrante que se vio reflejada en políticas públicas enfocadas en deportaciones masivas y detenciones.
Ante la posibilidad de que Trump elimine el programa de citas, Mayerli pide que el gobierno estadounidense implemente otras políticas que le permita solicitar asilo.
“No todos somos malos, somos muy buenas personas”, reclama llorando. “No todos nos fuimos de nuestro país por querer estar en esto, o por querer hacer cosas malas que en verdad no. Por lo menos nosotros no, no somos malas personas”.
Aunque los flujos migratorios se han mantenido normales, las personas migrantes muestran mayor prisa para llegar hasta la frontera norte de México antes del 20 de enero, advierte Sergio Luna, coordinador de la Comisión de Incidencia de la Redodem.
La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) agrupa 23 albergues para migrantes en todo el país, los cuales a la vez monitorean el flujo de extranjeros en su paso por México.
“[Tienen] la intención de avanzar pronto, de transitar pronto por el país para intentar llegar a la frontera, porque, claro, el tiempo se agota, porque hay como esa ‘fecha fatal’ para las personas migrantes”, señala.
A la par, en territorio mexicano han identificado mayor presencia de retenes y operativos del Instituto Nacional de Migración (INM) para desarticular caravanas y obstaculizar el paso de migrantes desde la frontera sur hacia el norte.
Esto, señala Luna, genera una condición de mayor vulnerabilidad para los migrantes, ya que buscan rutas alternas para viajar, mismas que pueden exponerlos al crimen organizado o el tráfico de personas.
“Nos preocupa la falta de una política migratoria con sentido humano”, dice. “Hemos observado la política migratoria en México que es de control, en donde básicamente es la detención, el control, la verificación del estatus, la deportación, etcétera”.
Los albergues en México han decidido prepararse para recibir a más migrantes que sean deportados o se queden en territorio mexicano tras el cambio de administración en Estados Unidos.
Cafemin actualmente reforzó sus instalaciones para aceptar hasta 400 personas, pues prevén que una vez que Trump asuma la presidencia haya un mayor número de personas extranjeras.
“Ya se tuvo un primer mandato de Trump, y ya supimos cómo atendió la política migratoria y ya hubo miles y cientos de miles de personas expulsadas a México sin importar nacionalidad, [entonces] yo puedo proyectar un escenario no amigable con la migración”, expone Mario Monroy.
Por ello, comparte, es importante que el Gobierno y la sociedad mexicana empleen estrategias y programas de integración para la población migrante, que contemplen desde el aspecto laboral o educativo, hasta la regulación de la situación migratoria.
“[Hago un llamado a] no tener miedo a la diferencia, porque si empezamos a excluir, empezamos a matar. Toda exclusión mata en este país, mueren cientos de personas migrantes porque son excluidas de un canal que les permita la regularidad, y no solo eso, también las personas son asesinadas en los canales que les permite la regularidad”, agrega Monroy.
En el mismo tono, Sergio Luna de Redodem comparte que el Gobierno mexicano deberá atender las necesidades básicas de la población migrante, tales como seguridad, salud y acceso a la justicia.
“Hay muchos elementos ahí que se tienen que plantear para que se diseñe una política migratoria con sentido humanitario que responda a estos retos. De lo contrario, vamos a enfrentar y a padecer las consecuencias de esta situación”.
Alrededor del 16% de los habitantes del West Virginia -que votaron en masa por Trump- dependen de un programa federal de subsidios alimentarios que se enfrenta a grandes recortes.
Elizabeth Butler va de un supermercado a otro en su ciudad natal, Martinsburg, West Virginia, para asegurarse de que consigue el mejor precio en cada artículo de su lista de la compra.
Junto con 42 millones de estadounidenses, paga esos alimentos con subsidios federales. Ese dinero no cubre toda la factura de su familia de tres miembros.
“La comida no nos dura ni un mes”, dice. “Voy a todos estos sitios diferentes sólo para asegurarme de que tenemos comida suficiente para todo el mes”.
Pero ese dinero podría acabarse pronto, ya que el Congreso se prepara para votar lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acuñado como su “gran y hermosa ley”.
El programa de subsidios alimentarios que utiliza la señora Butler -llamado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocido como SNAP- es una de las muchas partidas en el bloque de recortes, mientras el Congreso trata de conciliar las demandas aparentemente contradictorias del presidente de bajar los impuestos y equilibrar el presupuesto.
El Senado debe votar su versión del proyecto de ley pronto. Si se aprueba, se someterá a votación en la Cámara de Representantes, momento en el que se enviará a Trump para que la firme.
El presidente ha presionado a las dos cámaras del Congreso, que controla el Partido Republicano, para que aprueben la ley antes del 4 de julio.
SNAP ofrece a los hogares con bajos ingresos, incluidos los estadounidenses adultos mayores, las familias con niños y las personas discapacitadas, dinero cada mes para comprar alimentos.
En West Virginia, uno de los estados con mayor índice de pobreza, el 16 % de la población depende de esta prestación.
El estado es también un bastión republicano fiable y votó abrumadoramente a Trump en noviembre de 2024, cuando se presentó con la promesa de reducir el coste de la vida de los estadounidenses, incluido el precio de los comestibles.
“Cuando gane, bajaré inmediatamente los precios, empezando el primer día”, dijo en una rueda de prensa en agosto rodeado de alimentos envasados, leche, carnes y huevos.
Meses después de que el presidente hiciera esa promesa, los precios de los comestibles de compra habitual, como el zumo de naranja, los huevos y el tocino, son más altos que en la misma época del año pasado.
Es un hecho que no ha pasado desapercibido para Butler: “El presidente aún no ha cambiado los precios de los alimentos y prometió a la gente que lo haría”.
Trump ha argumentado, sin dar una explicación de cómo, que los recortes de gastos en el proyecto de presupuesto de 1,000 páginas ayudarán a bajar los precios de los alimentos: “El recorte va a dar a todo el mundo mucha más comida, porque los precios están bajando mucho, los comestibles están bajando”, dijo Trump cuando se le preguntó específicamente sobre los recortes al SNAP.
“La ‘gran y hermosa’ ley fortalecerá en última instancia SNAP a través de medidas de reparto de costos y requisitos de trabajo de sentido común”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a la BBC.
Los republicanos llevan mucho tiempo divididos sobre cómo financiar programas de bienestar social como SNAP y Medicaid. Mientras que muchos piensan que el gobierno debe dar prioridad a equilibrar el presupuesto, otros, especialmente en las regiones empobrecidas, apoyan los programas que ayudan directamente a sus electores.
En su versión actual, los republicanos del Senado proponen recortes por un valor de US$211.000 millones, y los Estados serán en parte responsables de compensar la diferencia.
En teoría, aprobar el proyecto de ley debería ser una tarea política fácil, ya que los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca.
Pero como el proyecto de ley incluye recortes en programas como SNAP y Medicaid, que son populares entre los estadounidenses de a pie, vender el proyecto a todas las facciones del Partido Republicano no ha sido tarea fácil.
En las últimas semanas se han filtrado informes sobre la frustración y los disensos privados sobre los potenciales recortes a Medicaid y SNAP, develando la lucha interna que se está librando al interior del Partido Republicano.
El senador por West Virginia, Jim Justice, dijo al medio Politico en junio que ha advertido a sus camaradas republicanos que recortar el SNAP podría costarle al partido su mayoría en el Congreso cuando los electores vuelvan a las urnas en 2026.
“Si no tenemos cuidado, la gente va a salir lastimada, la gente se va a disgustar. Va a ser el tema número 1 en los noticieros centrales por todas partes”, dijo Justice.
“Y entonces, bien podríamos despertar a una situación en este país en la que la mayoría se convierta rápidamente en minoría”.
Una encuesta reciente de la agencia Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research, reveló que el 45 % de los estadounidenses piensan que los programas de asistencia alimentaria como el SNAP están subfinanciados, mientras que sólo el 30% piensa que los niveles de financiamiento son los adecuados. Cerca de un cuarto de los encuestados consideraron que los programas están sobrefinanciados.
Esta no es la primera vez que el partido se enfrentado a los recortes al SNAP, dijo Tracy Roof, profesor de la Universidad de Richmond que actualmente está escribiendo un libro sobre la historia política del SNAP.
Bajo la administración de Biden, el Congreso permitió que se eliminaran progresivamente las prestaciones ampliadas que se habían puesto en marcha durante Covid, a pesar de que tanto republicanos como demócratas advirtieron de que los estadounidenses podrían pasar hambre.
“Una de las características del SNAP es que cuenta con apoyo bipartidista, más que cualquier otro programa contra la pobreza”, declaró la profesora Roof a la BBC.
Pero esta vez es diferente.
“Una cosa que distingue este periodo de los anteriores esfuerzos por recortar programas de ayuda social ha sido la disposición de los legisladores republicanos para votar a favor de cosas respecto de las que aparentemente, de manera extraoficial, tienen muchas preocupaciones”, dice. “Antes siempre había republicanos moderados, sobre todo en el Senado, pero en ambas Cámaras, que resistían hacer concesiones”.
Ella atribuye esa sumisión a dos cosas: el miedo a molestar a Trump y el poco temor a la reacción negativa del público por parte de los representantes que ocupan escaños en el Congreso en los que pueden ser reelegidos con facilidad
La BBC se puso en contacto con el congresista Riley Moore, que representa a Martinsburg, West Virginia, sobre los impactos de los recortes para sus electores, pero no respondió.
Moore votó a favor del proyecto inicial de la Cámara, que incluía los recortes al SNAP.
El senador de Missouri Josh Hawley, que había sido uno de los más críticos con los recortes, se ha suavizado desde entonces: Hawley declaró al medio de comunicación NOTUS que “siempre ha apoyado” la mayoría de los recortes de Medicaid y que “estaría bien” con la mayor parte de lo que contiene el proyecto de ley.
Padre de dos, Jordan, quien ha pedido que su apellido no sea usado en este artículo, ha sobrevivido los últimos tres años por los beneficios del SNAP.
Él y su esposa obtienen cerca de US$700 mensuales para alimentar a su familia de cuatro, pero aun así pasan apuros.
El joven de 26 años dice que su esposa ha tenido dificultades para encontrar un trabajo y al mismo tiempo cuidar de los dos hijos que tienen, por lo que si los cambios al programa SNAP impactan a su familia ya está preparado para actuar y conseguir un segundo trabajo.
“Me aseguraré de hacer lo que sea necesario para alimentar a mi familia”, dice.
Él y otros ciudadanos de West Virginia están siguiendo de cerca lo que ocurre con la ley en el Congreso.
Cameron Whetzel, de 25 años, creció en una familia que dependía del SNAP. Pero cuando él y su mujer intentaron solicitar el beneficio, se enteró de que ganar 15 dólares la hora era demasiado para poder optar a él, dijo.
“No está bien que tenga que duplicar mi salario para poder comprar alimentos”, dijo Whetzel, y añadió: “Llevamos cuatro meses sin comprar huevos porque son demasiado caros”.
Está frustrado, dice, porque las autoridades en Washington no entienden los impactos de los recortes que están respaldando en el Congreso.
“Hacer un recorte federal que luego recaiga en el Estado, que ya está en apuros, es como dar una patada a un caballo en el suelo”, afirma Whetzel. “Tanto si se cree en un gobierno pequeño como si se cree en un gobierno grande, el gobierno tiene que proveer a alguien, de alguna manera”.
*Con información adicional de Bernd Debusmann Jr
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