Víctimas de violencia digital: entre la revictimización y omisión de las autoridades
Las conductas que violan la intimidad de las personas, como la difusión de contenido sexual no autorizado, se encuentran tipificadas como delito en 29 estados del país, y se castigan incluso cuando las imágenes y videos son creados mediante el uso de inteligencia artificial.
Sin embargo, especialistas coinciden en que a la fecha persisten las omisiones y falta de conocimiento entre las autoridades encargadas de su investigación, lo que dificulta que los agresores reciban castigo y que las víctimas obtengan la reparación del daño.
El caso reciente de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que hallaron contenido sexual falso con sus rostros y sin su consentimiento en el dispositivo móvil de uno de sus compañeros, es ejemplo de la vulnerabilidad ante la cual se encuentran las mujeres frente a este tipo de ilícitos, y sobre las dificultades que enfrentan las denunciantes para obtener justicia.
Aunque el IPN ya expulsó a Diego N. —quien estudiaba en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)—, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa investigando los más de 160 mil videos y fotografías que se encontraron en el dispositivo móvil, las denunciantes aseguran que los tratos por parte de todas las autoridades fueron revictimizantes, y pusieron en riesgo el avance de las investigaciones.
De acuerdo con las ocho estudiantes que acudieron ante la Fiscalía, fue hasta después de que se movilizaron para denunciar las omisiones por parte de la FGJCDMX —donde inicialmente les dijeron que no podían denunciar porque no eran víctimas directas, aunque entre las imágenes sí había algunas con sus rostros— y del IPN —Instituto al que acusan de no darles acompañamiento jurídico ni psicológico—, que las autoridades de ambas dependencias las buscaron para continuar con el proceso contra Diego N.
Gracias a estos reclamos, a los que se sumó Olimpia Coral Melo —quien impulsó las reformas a los códigos penales para tipificar la violencia digital contra mujeres—, fue que se les brindó protección policiaca a las denunciantes y la certeza de que el caso no va a ser desechado, sino que se continuará con las indagatorias, a las que piden sumarse a las estudiantes del IPN que tengan conocimiento de haber sido víctimas.
Datos del Módulo sobre Ciberacoso, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestran que el 22.4% de las mujeres que usaron internet en 2022 fueron víctimas de situaciones en las que se vieron expuestas, de manera repetida y prolongada, a acciones negativas que buscan hacer daño o causar molestias mediante internet.
El mayor porcentaje de casos ocurrió entre mujeres de entre 12 y 19 años (29.3%), de 20 a 29 años (29.3%) y de 30 a 39 años (23.7%), teniendo mayor prevalencia en los estados de Tlaxcala, Yucatán y Tabasco.
El 9.2% de las mujeres encuestadas señaló haber sido amenazada con publicar información personal, audios o videos para extorsionarlas, y en el 7% de los casos se consumó la publicación de este tipo de materiales.
Además, en el 4.2% señalaron que tuvieron conocimiento de la venta de imágenes con contenido sexual.
“Necesario que instituciones educativas refuercen protocolos contra violencia digital”
Leslie Jiménez, abogada integrante de la asociación Impunidad Cero, explicó que actualmente el Código Penal Federal y los 29 códigos estatales, en los que se encuentra tipificada la ciberviolencia que viola la intimidad sexual, contemplan el castigo para quienes graben, elaboren o distribuyan el material, sea real o simulado. Las únicas entidades donde aún no se ha incorporado al catálogo de delitos son Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí.
La abogada señaló en entrevista que a pesar del reconocimiento del hecho como delito, persisten algunas problemáticas para que este se persiga.
“La persona acusada permanece en libertad durante el periodo de investigación, con los riesgos que esto conlleva, y hay dificultades técnicas para investigar el origen de los contenidos y el alcance que pudo tener su distribución”, comentó.
Además, mencionó que en los códigos penales donde se encuentra este delito las definiciones sobre lo que implica son ambiguas, por lo que existen casos en los que no se reconoce que el material sea “de contenido sexual”, lo que imposibilita el avance de las investigaciones y se niega el acceso a la justicia de quienes denuncian.
Acerca del actuar por parte de las autoridades educativas, Jiménez comentó que, en general, es necesario que a partir de casos como el suscitado en el IPN, y previamente en la Universidad Anáhuac Mayab —donde estudiantes denunciaron la difusión de contenido sexual sin consentimiento por redes sociales—, las instituciones refuercen sus protocolos contra la violencia de género, para que no se actúe de forma revictimizante u omisa.
“Desafortunadamente es algo que ocurre de forma reiterada en este tipo de espacios, por eso es que más allá de las acciones por parte de las fiscalías, es necesario que las instituciones educativas públicas o privadas refuercen sus protocolos para investigar casos de violencia de género”, señaló.
“Por ejemplo, en el caso concreto del IPN, este no reconoce de manera específica la violencia digital, y eso es preocupante”, añadió.
Para la especialista, el tema de fondo es que se trata de algo sistémico y meramente estructural, “que al día de hoy no se atiende de manera pronta, porque este tipo de delitos particularmente deben atenderse de manera rápida, antes de que se pueda bajar el contenido o que este ya se haya esparcido por internet, lamentablemente las fiscalías siguen siendo sumamente lentas”.
“Autoridades sin sensibilización y capacitación sobre violencia digital”
Angie Contreras, de la asociación Cultivando Género, afirmó que la lentitud de los procedimientos judiciales y el desconocimiento de lenguaje técnico y uso de tecnologías están entre los principales factores que imposibilitan el acceso a la justicia en este tipo de casos.
“Aunque tengamos las tipificaciones y se realicen reformas, seguimos con autoridades sin sensibilización o capacitación en el tema, no conocen cómo realizar este tipo de investigaciones, la capacidad de la policía cibernética incluso es limitada, y esto solo va a resolverse cuando tengan voluntad de atender el tema e invertir lo necesario para que se implementen correctamente las leyes que ya tenemos”, agregó.
La consultora especializada en tecnología, perspectiva de género y derechos digitales consideró que a ello se suma que esta violencia se encuentra normalizada y sigue siendo un estigma para las víctimas, quienes deben lidiar con los tratos insensibles de las autoridades, que además actúan con plazos que en algunos casos impiden que se resguarde la evidencia digital de los delitos.
“Las autoridades no saben que la información puede ser resguardada, porque incluso cuando se eliminan las publicaciones hay un resguardo de información por parte de las plataformas, que varía en su temporalidad, pero desafortunadamente entre el desconocimiento y las tardanzas del sistema se pierde el control sobre esos contenidos”, lamentó.
Ante este panorama, la activista señaló que, en caso de que se tenga conocimiento de algún hecho de violencia digital relacionado con contenido sexual no autorizado, es recomendable que las denunciantes cuenten —de ser posible— con capturas de pantalla, enlaces y toda evidencia que puedan presentar en lo inmediato a las autoridades, con la finalidad de exigir que se actúe de manera pronta y evitar la eliminación o viralización de las publicaciones.
“Tanto las escuelas como todas las instituciones tienen que entender su responsabilidad de garantizar que el espacio físico y digital de quienes interactúan en ellas sea seguro, es necesario que dejen de reproducir violencias contra quienes denuncian porque esto no es un juego, y si no se actúa en consecuencia las mujeres seguirán teniendo que acudir a redes sociales para garantizar que haya consecuencias, y ahí sí van a preocuparse, como en este caso”, concluyó.
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Los buques cisterna “fantasma” o “zombie”, que transportan de contrabando petróleo ruso, iraní y venezolano eludiendo las sanciones, están ampliando sus redes y amenazan la infraestructura submarina de Europa Occidental y el medio ambiente.
El Kremlin afirma que Rusia es “inmune” a las sanciones del presidente estadounidense Donald Trump, que incluyen en la lista negra a dos de sus mayores petroleras. Lo que en realidad mantiene a flote el petróleo ruso es una “flota en la sombra” de buques “fantasmas” y “zombies” que transportan millones de barriles de crudo, burlando las sanciones, a compradores de todo el mundo en busca de gangas.
Esta flota tiene otros clientes: ayatolás iraníes, generales venezolanos e incluso empresarios occidentales oportunistas y sin escrúpulos a quienes importa más el beneficio que la amenaza al medio ambiente o la seguridad y, en ocasiones, la propia libertad de las tripulaciones, cada vez más abandonadas en barcos varados en alta mar durante meses o incluso años.
La actividad de esta flota secreta se ha disparado desde la invasión de Ucrania en 2022, y su principal beneficiario es el régimen de Putin. Rusia la utiliza no solo para contrabandear su principal exportación y, de esta forma, recaudar fondos para financiar su “maquinaria de guerra” -como señaló Trump-, sino también para operaciones “híbridas” de espionaje y sabotaje contra los países de la OTAN en Europa así como contra los cables y oleoductos submarinos que utilizan.
Rusia se encuentra entre los tres principales exportadores de petróleo del mundo, junto con Estados Unidos y Arabia Saudita. En 2024, Rusia produjo cerca del 10% del petróleo mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Antes de la guerra en Ucrania, casi todas sus exportaciones marítimas de petróleo se realizaban mediante tanqueros occidentales, principalmente griegos. Las operaciones comerciales tenían su base en Suiza y los seguros se contrataban en Londres.
Pero ahora, hasta cuatro de cada cinco tanqueros que transportan petróleo ruso carecen de un seguro reconocido por alguna de las 12 compañías mutuas de seguros del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización, que cubren aproximadamente el 90% de toda la carga marítima, según estimaciones de analistas de S&P Global. Esto sugiere que la flota fantasma transporta actualmente el 80% del petróleo ruso, desafiando las sanciones occidentales.
“Rusia ha creado una flota paralela de petroleros que le permite eludir las sanciones”, afirma Benjamin Hilgenstock, economista jefe del Instituto de la Escuela de Economía de Kyiv.
“Pero también son viejos, no reciben el mantenimiento adecuado y es poco probable que estén suficientemente asegurados contra derrames de petróleo. Además, aproximadamente tres cuartas partes de las exportaciones marítimas de petróleo de Rusia deben partir de puertos en los mares Báltico y Negro, lo que significa que estos buques transitan por aguas europeas varias veces al día”, agrega.
Barcos oxidados que navegan bajo banderas poco conocidas
Casi uno de cada cinco tanqueros en alta mar forma parte de la flota clandestina, según S&P: barcos oxidados que navegan bajo banderas poco conocidas para contrabandear petróleo desde países bajo sanciones.
De estos, el 50% transporta exclusivamente petróleo y derivados rusos, el 20% solo iraníes y el 10% solo venezolanos; pero el 20% restante no está afiliado a ningún país en particular y transporta petróleo producido por más de uno de los países sancionados.
Los más grandes, que trabajan para Rusia, Irán y Venezuela, navegan principalmente hacia India y China, los países más poblados del mundo y los mayores importadores marítimos de petróleo y derivados.
Entre los compradores más pequeños de petróleo ruso se encuentran Turquía, Singapur y los Emiratos Árabes Unidos.
Para ocultar sus huellas, los buques de la flota fantasma:
- realizan transferencias de petróleo de barco a barco en aguas internacionales, donde la vigilancia de las autoridades portuarias es menor, y a veces en condiciones climáticas adversas, para encubrir el origen de su carga;
- desactivan o manipulan su sistema de identificación automática, que transmite datos como posición, velocidad, rumbo, nombre, pabellón y tipo de buque, falsificando a veces su ubicación de forma tan torpe que parecen navegar por tierra, como el Perla Negra en la saga de películas Piratas del Caribe;
- se convierten en “buques fantasma” -ocultando datos de propiedad, cambiando su bandera de registro o navegando sin bandera, e incluso cambiando el nombre del buque varias veces al mes;
- se convierten en “buques zombi”, emitiendo números de registro únicos de la Organización Marítima Internacional asignados a buques destinados al desguace, como si utilizaran la identidad de una persona fallecida.
El número de buques con bandera falsa aumentó al menos un 65% en los primeros ocho meses de 2025, según la empresa de análisis marítimo Windward, que estima que la flota clandestina cuenta ahora con 1.300 embarcaciones.
Los servicios de registro de bandera también han experimentado un auge. Muchos son simplemente estafas. Y si bien otros son técnicamente legales, los países emisores son nuevos en este sector y carecen de la voluntad o la capacidad para supervisar el uso de sus banderas.
“Según la regulación del transporte marítimo mundial, son los Estados de abanderamiento los responsables de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y de que el seguro contra derrames de petróleo sea adecuado”, afirma Hilgenstock.
“Sin embargo, cuando se trata de la flota fantasma rusa, estamos hablando de jurisdicciones en las que simplemente no se puede confiar para llevar a cabo esta función”, agrega.
Amenazas a la seguridad global
En octubre de 2025, un petrolero con bandera de Benín, sospechoso de servir como plataforma de lanzamiento de drones que obligaron al cierre de aeropuertos en Dinamarca, fue detenido frente a la costa francesa.
Stéphane Kellenberger, fiscal de Brest, dijo a la Agencia France-Presse que la detención se debió inicialmente a la negativa de la tripulación a cooperar y a que no pudieron justificar la nacionalidad del buque.
Se trata del Boracay, que acaba de cambiar su nombre anterior, que era Pushpa -también se había llamado Odysseus, Varuna y Kiwala- y que enarboló a lo largo del tiempo siete banderas diferentes.
Cuando fue interceptado por la Armada francesa, transportaba 750.000 barriles de crudo desde la terminal petrolera rusa de Primorsk, cerca de San Petersburgo, hasta Vadinar, en la India.
También se han registrado incursiones sospechosas de drones rusos sobre territorios de países de la OTAN como Suecia, Noruega y Alemania.
El jueves 6 de noviembre de 2025, el aeropuerto de Bruselas se vio obligado a cerrar temporalmente tras el avistamiento de drones en sus inmediaciones y en otros lugares, entre ellos una base militar en Bélgica. Rusia niega llevar a cabo una “guerra híbrida” contra aliados de Ucrania.
A raíz de la investigación sobre el Boracay, los países de la OTAN lanzaron la misión Baltic Sentry. “Los capitanes de buques deben comprender que las posibles amenazas a nuestra infraestructura tendrán consecuencias, incluyendo el posible abordaje, la incautación y el arresto”, declaró el secretario general de esa alianza, Mark Rutte.
Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Polonia informaron que están inspeccionando la documentación de seguros de los buques que navegan por el Canal de la Mancha, los estrechos daneses, el golfo de Finlandia, y el estrecho entre Suecia y Dinamarca.
Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, los Países Bajos y Noruega también acordaron “perturbar y disuadir” la flota encubierta rusa en respuesta a varios cortes de cables inexplicables e incidentes submarinos que han sufrido infraestructuras críticas en el Báltico.
Sin embargo, los buques de la flota fantasma solo pueden ser interceptados en puerto o dentro de las aguas territoriales, una zona restringida de 12 millas náuticas desde la costa.
En aguas internacionales la tarea es mucho más difícil, sobre todo porque Occidente es el principal defensor mundial de la libertad de navegación. Bajo el principio de “paso inocente”, los Estados solo pueden interceptar buques que consideren una amenaza para su seguridad.
Políticos rusos han exigido que cualquier acción hostil contra buques cisterna que transporten petróleo ruso se considere un ataque contra Rusia. Y cuando Estonia intentó detener un buque cisterna que navegaba sin bandera entre Estonia y Finlandia, en mayo de 2025, Moscú envió un avión de combate para sobrevolarlo.
Pero la flota clandestina podría representar una amenaza aún mayor para la seguridad global.
Las principales navieras suelen deshacerse de un tanquero tras unos 15 años de servicio. Después de 25, generalmente se desguazan.
Sin embargo, los buques de la flota paralela no son aceptados para el desguace [debido a las sanciones que pesan en contra de esas embarcaciones].
En diciembre de 2024, las autoridades rusas tuvieron dificultades para contener hasta 5.000 toneladas de petróleo derramadas en el estrecho de Kerch por dos buques tanqueros de 50 años de antigüedad dañados durante una fuerte tormenta.
Un destacado científico ruso calificó el derrame como la peor “catástrofe ambiental” del siglo XXI en el país. “Es la primera vez que se derrama fueloil en tales cantidades”, declaró Viktor Danilov-Danilyan, presidente de la Academia de Ciencias de Rusia, a un periódico ruso.
Empresas de fachada en jurisdicciones como Dubái, algunas financiadas por petroleras rusas según el Financial Times, compran buques al final de su vida útil, desestabilizando el mercado y desalentando la inversión en nuevos petroleros.
Un proceso de compraventa rápida por parte de empresas anónimas o de reciente creación se utiliza para agregar opacidad a las gestiones.
Además, el mantenimiento de los petroleros es tan deficiente como su regulación, lo que los hace propensos a sufrir fallos mecánicos y fugas, mientras que los transpondedores (un dispositivo de telecomunicaciones) averiados o apagados aumentan el riesgo de colisión con otros buques en aguas poco profundas.
Sin embargo, este negocio clandestino de alto riesgo es extremadamente lucrativo.
Un petrolero Suezmax de 15 años cuesta alrededor de US$40 millones, según Xclusiv Shipbrokers, mientras que, según S&P, un solo viaje de un mes transportando petróleo ruso desde el Mar Negro a la India puede reportar a su propietario más de US$5 millones.
Los armadores clandestinos se embolsan las ganancias mientras trasladan las posibles pérdidas al resto del mundo, ya que, sin seguro, será otro quien tenga que pagar los daños en caso de accidente o derrame de petróleo.
Incluso cuando se levanten las sanciones, esta flota clandestina seguirá navegando y dará lugar a nuevas versiones en otros ámbitos del transporte marítimo.
Ya se vislumbran los contornos de una “Flota en la Sombra 2.0”, según la revista especializada Lloyd’s List, que cita el ejemplo del buque portacontenedores chino Heng Yang 9, avistado repetidamente en rutas entre la Ucrania ocupada por Rusia y Estambul, Turquía.
Información y edición adicionales de Olga Sawczuk, Servicio Mundial de la BBC.
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