Atestiguar el feminicidio de sus madres a golpes o incineradas fue insuficiente para que los gobiernos mexicanos atendieran a estos niños. Apenas tres de cada 10 infantes huérfanos por feminicidio en el país recibieron acompañamiento parcial del Estado, por falta de coordinación institucional y cumplimiento de la ley.

El feminicidio se tipificó como delito en México en 2012 y al Gobierno Federal le tomó otra década reconocer la necesidad de atender a las hijas e hijos de las víctimas que quedaban desprotegidos. El 4 de agosto del 2021 se creó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio.

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Esta investigación revela que, desde la creación del protocolo hasta octubre de 2023, las fiscalías de 23 entidades del país identificaron a poco más de mil hijos e hijas de víctimas de feminicidios, pero las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, autoridades obligadas a aplicar el protocolo, atendieron a sólo 318 infantes, en 50 por ciento de los estados.

Aunque la foto del alcance de esta política está incompleta, porque nueve fiscalías y tres Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), ente rector de las procuradurías de protección, no contestaron a las solicitudes de información.

Los expertos consultados coinciden en que los lineamientos del protocolo diseñados por el gobierno no son claros y esto no permite su correcta implementación, ni que se salvaguarden los derechos de este grupo de niños.

Estas fallas del mecanismo afectaron las vidas de cientos de familias, como las de Karen, Guadalupe o Nidia, víctimas de feminicidio.  Los gobiernos de sus estados privaron a sus hijos e hijas de acompañamiento inmediato como lo establece el protocolo, pese a que varios de estos niños presenciaron los asesinatos de sus madres o recibieron amenazas en sus hogares, según testimonios recopilados.

El protocolo debe iniciar cuando las autoridades de seguridad pública identifican a menores de edad en casos de feminicidio. En ese momento, las autoridades de Policía o Fiscalía deberían informar a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes para que los hijos de las víctimas sean evaluados por especialistas médicos, psicológicos y jurídicos, y que se diseñe un plan para la restitución de sus derechos.

Los expertos entrevistados coinciden en que el mayor problema del protocolo es su falta de obligatoriedad para las autoridades de seguridad pública del país, quienes suelen ser los primeros respondientes en los casos de violencia. Los únicos forzados a usarlo son las procuradurías de protección. Pero estas, en la mayoría de los casos, no reciben un llamado de las autoridades de seguridad, por lo que desconocen que deben intervenir.

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Por la falta de obligatoriedad o por no incluir al protocolo en sus estrategias internas de atención, 14 de las 32 fiscalías estatales del país no activaron nunca el protocolo. Mientras que las procuradurías de protección como la de Aguascalientes, Quintana Roo y San Luis Potosí negaron que el mecanismo sea parte de sus planes de atención por feminicidio.

Las estadísticas oficiales evidencian contradicciones sobre los resultados del protocolo. Las procuradurías de protección reconocen que atendieron a 318 hijos de víctimas por feminicidio. Mientras, las fiscalías estatales afirman haber activado el protocolo para 556 huérfanos por feminicidio.

 A nivel nacional destacan las discordancias reportadas por las fiscalías del Estado de México y Coahuila que, en conjunto, activaron el protocolo para 222 huérfanos por feminicidio , pero la procuraduría de protección coahuilense contestó que “en este organismo no se han presentado dichos casos” , mientras la mexiquense contestó vía transparencia que “al no tener conocimiento de la activación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, esta Procuraduría de Protección no cuenta con información en los términos requeridos.” 

Aunque enseguida aclaró: “No obstante a lo anterior, esta Procuraduría de protección ha brindado la atención a una niña, cuatro niños y dos adolescentes mujeres por hechos derivados de un feminicidio con acciones propias de acuerdo a las funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en el Manual General de Organización hasta la emisión de su plan de restitución de derechos”.

Al igual que el Estado de México, Nuevo León, Durango y Michoacán afirmaron haber atendido a algunos huérfanos por feminicidio, pero no en el marco de este protocolo.

“El protocolo es un documento bastante escueto, desde el momento en que no determina responsabilidades de cada autoridad”, opinó la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido, al considerar que por la falta de precisiones sobre la responsabilidad de cada dependencia queda a voluntad de cada funcionario activar el protocolo.

La falta de claridad del protocolo afectó la vida de los cuatro hijos de Nidia en Aguascalientes, al no proporcionarles atención inmediata. El 6 de noviembre de 2023 su pareja, Luis N., ingresó por la noche a su domicilio, discutieron, la roció con gasolina y la quemó viva frente a tres de sus niños. El agresor intentó huir, pero no pudo por las quemaduras que también sufrió.

Tras el ataque, tres de los hijos de Nidia salieron a pedir ayuda, para ir a Urgencias, en donde un hombre los trasladó al hospital y de acuerdo con la representante legal de la familia, Marisa Rugarcía Gonzaléz, no hay evidencia en carpeta de investigación de que al hospital acudiera alguna autoridad para atender la situación.

La abogada recordó que un mes después del feminicidio, en medio de presiones de la prensa, el Gobierno de Aguascalientes sólo les ofreció a una terapeuta por un mes, porque la profesional dejaría su cargo. La abogada de la familia consideró que esta situación terminaría “revictimizando a los menores, poniéndoles una nueva psicóloga”.

Por la falta de cobertura gubernamental, la abogada de la familia comentó que consiguieron donativos para contratar a especialistas privados para los hijos de Nidia. El diagnóstico psicológico arrojó que enfrentan altos niveles de estrés y depresión, aunado a que aún se encuentran en estado de shock por lo sucedido y las niñas manifestaron pensamientos suicidas.

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Rodrigo, hijo de Guadalupe, fue otra víctima que enfrentó las fallas de la respuesta gubernamental. El 15 de noviembre del 2021 secuestraron a su madre en Almoloya, Estado de México, la familia pagó el rescate, pero sus captores la torturaron hasta matarla y abandonaron su cuerpo en una barranca, por las señales de violencia se tipificó su asesinato como feminicidio.

Rebeca, hermana de Guadalupe, narró que el Gobierno del Estado de México no apoyó a su sobrino, hasta que protestaron por justicia para Guadalupe. En ese momento le prometieron avanzar en la investigación y terapia a toda la familia, junto con medidas de seguridad por recibir amenazas en su hogar, aunque ninguna de las atenciones fueron parte del protocolo, sino de programas estatales.

Guadalupe y Nidia fueron casos mediáticos, pero tampoco bastó para que las autoridades siguieran el protocolo. Christian Hernández Arellano, abogado en asuntos de violencia de género, explica que, en estos casos, más allá del incumplimiento del protocolo, existió una violación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al ser un “hecho público y notorio (…), en automático existe la obligación de actuar (de la autoridad)”, señaló.

Para la asesora jurídica del OCNF “es un tema de derechos humanos; entonces, aunque no existiera el protocolo, tendrías por lógica de protección de derechos que realizar acciones y si se omiten (el funcionario) tiene una responsabilidad (por no actuar)”. La abogada explica que el protocolo debió servir para implementar medidas para que las autoridades del país armonizaran sus rutas de atención.

Rodrigo y los cuatro hijos de Nidia no son los únicos casos. En los últimos tres años, las fiscalías de ambas entidades contabilizaron a 123 huérfanos por feminicidio, pero ninguno recibió de las procuradurías infantiles estatales el protocolo para su acompañamiento.

Gobiernos acompañan a medias a las víctimas

Hasta octubre del 2023, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) concluyó 277 de 318 casos de huérfanos por feminicidio con sólo reacomodar a los niños con otros familiares o proporcionándoles sólo un tipo de atención, como terapéutica, médica o de asesoría legal, sin diseñar su plan de restitución de derechos o darles seguimiento mediante los grupos multidisciplinarios de las procuradurías infantiles.

Los grupos multidisciplinarios se conforman por especialistas en psicología, trabajo social, medicina y derecho de las procuradurías infantiles. Este equipo se encarga de diseñar los planes de restitución de derechos de cada huérfano, lo que se considera la última fase para concluir el protocolo, pero pudo corroborarse vía transparencia que solo a 41 de los 318 niños atendidos por el protocolo se les diseñó el plan.

Javier es una de las víctimas afectadas por esta falta de seguimiento. El 19 de mayo del 2022 reportaron la desaparición de su madre, Karen, en Ciudad de México y 12 días después abandonaron su cuerpo golpeado en un terreno.

Por este feminicidio detuvieron al padre de Javier N., junto con sus abuelos paternos por su supuesta complicidad en el asesinato de su nuera. El niño de entonces cuatro años presenció la golpiza con la que asesinaron a su madre y por 44 días sus abuelos paternos lo alejaron de su familia materna.

La abuela materna de Javier N., confirmó que cuando las autoridades rescataron al niño no les ofrecieron todas las atenciones que dicta el protocolo. El niño sólo recibió ocho sesiones de terapia de parte del personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con el fin de que testificara sobre el feminicidio de su madre. En ese momento el psicólogo no detectó que también fue víctima de abuso en su cautiverio.

“Mi nieto (Javier) siempre tenía miedo, lloraba y ahora, tiempo después, reveló que fue víctima de abuso, abusaron de mi niño”, confesó la abuela, por lo que presentaron una nueva demanda en contra de sus agresores y lo llevaron a terapia psicológica privada.

“Hace ya mucho tiempo el SEDIF es un fracaso institucional. O sea, sería la representación exacta de cuando una institución del Estado actúa en contra de niños y niñas y de sus derechos. Es en todo sentido, en la narrativa, en sus prácticas”, opinó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina

Otra de las atenciones inconclusas por falta de claridad fueron los gastos funerarios de las madres víctimas de feminicidio que estaban obligados a pagar. Sólo ocho entidades los cubrieron y el resto no lo hicieron por la falta de claridad sobre quién lo asumiría, como lo reconoció la Procuraduría de Puebla al responder que “no se indica (en el protocolo) a través de qué autoridad se realizará”.

Para esta publicación se solicitó a las oficinas de prensa de las fiscalías y de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) su postura sobre esta investigación. Sólo tres procuradurías infantiles respondieron. La de Tlaxcala dijo que “no ha atendido a menores de edad hijos o hijas de víctimas (…) de feminicidio”, la del Estado de México contestó que “no cuenta con información” y Guanajuato refirió los mismos datos que envió con anterioridad como respuesta a las solicitudes de información.

¿Quién se hace cargo de los niños olvidados?

Ante la atención incompleta de los gobiernos estatales y Federal, organizaciones civiles asumen la responsabilidad de la autoridad, para atender a estos niños.  Por ejemplo, el Observatorio de los Derechos de las Víctimas del Delito en Condición de Orfandad A.C. (Futuro con derecho), en Nuevo León, busca donaciones para gestionar atención psicológica, jurídica y becas escolares, explicó la directora general de la organización, Lidia Arteaga García.

Arteaga García contó que intentó colaborar con el gobierno estatal, pero “no llegamos a nada y decidimos irnos a campo”. Nuevo León es de las entidades que su procuraduría infantil no atendió con el protocolo a hijos e hijas de víctimas de feminicidio, pese a que en los últimos tres años la fiscalía general de Justicia local identificó a 67 infantes.

Sandra Soto Azua, directora de la organización Huérfanos Por Feminicidio en México, también atiende a huérfanos. El 28 de enero del 2017, su cuñado atropelló a su hermana, Serymar Soto Azua, hasta matarla. Tras el incidente, se encargó de la crianza de su sobrino y decidió acompañar a otras familias en asuntos legales por asesinatos de mujeres.

Soto Azua es abogada especializada en atender casos de orfandad por feminicidio en Coahuila, en donde impulsó programas para la atención de huérfanos por feminicidio logrando que el estado otorgue un monto mensual a los niños en esta situación. La Fiscalía General de este estado identificó a 55 hijos de mujeres asesinadas, pero el SEDIF no atendió a ninguno en el marco de este protocolo.

El gobierno de México dejó solo a un huérfano por feminicidio cada dos días que en el futuro podría “traer consecuencias importantes, (…) como que tengan intentos suicidas, que caigan en drogas, se conviertan en los futuros asesinos o que también caigan en la delincuencia organizada”, advirtió Ivonne Pérez, exterapeuta infantil de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Hidalgo.

La realidad para la mayor parte de las familias de las víctimas de feminicidio no cambia. Cada día, deben enfrentarse a un sistema que los ignora, a pesar de que las pautas, con todo y sus carencias, ya están establecidas.