Longevidad, mercado y desigualdad. El balance de la Silver Economy en 2025
El 2025 marcó un punto de inflexión en la conversación global sobre el envejecimiento y la economía plateada. Por primera vez, la Silver Economy dejó de ser un tema periférico, asociado a nichos de consumo o a políticas sociales fragmentadas y comenzó a ocupar un lugar visible en el radar de los grandes organismos internacionales. Los organismos internacionales prestaron atención a esta realidad y llama en particular la atención el World Economic Outlook 2025 del Fondo Monetario Internacional, el cual dedicó un capítulo completo al impacto económico del envejecimiento, subrayando que una población más longeva no implica necesariamente menor crecimiento si se invierte en salud, prevención y participación laboral a edades avanzadas y a reducir las brechas de género.
Ese giro discursivo coincide con una cifra que se repite cada vez con más fuerza: se calcula, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que la economía plateada representa un mercado de 15 trillones de dólares.
Sin embargo, mientras el tamaño del mercado crece y el concepto se vuelve tendencia, la pregunta central permanece incómodamente ausente: ¿quiénes participan realmente de esa economía y quiénes quedan al margen?
Ahí aparece la paradoja que atravesó 2025. La Silver economy se presenta como oportunidad macroeconómica, pero los sujetos que la encarnan no la transitan en igualdad de condiciones. Las personas mayores no envejecen igual y las mujeres envejecen en condiciones sistemáticamente más precarias. Naciones Unidas ha documentado que la pobreza en la vejez tiene rostro de mujer en prácticamente todas las regiones del mundo, debido a trayectorias laborales interrumpidas, brechas salariales acumuladas y una carga desproporcionada de trabajo de cuidados no remunerado.
Este dato es crucial para entender lo que está en juego. Cuando las mujeres quedan al margen de la economía plateada y sus posibilidades, no sólo se reproduce la desigualdad: se vacía de contenido la promesa misma de la longevidad como oportunidad. Un mercado que crece sobre la exclusión de quienes sostuvieron durante décadas la economía del cuidado corre el riesgo de convertirse en una economía de la longevidad para unos pocos.
Es como si hablásemos de dos carreteras que han crecido en paralelo. El contraste entre ellas se volvió aún más visible al observar cómo distintos países están respondiendo al envejecimiento. En 2025, algunos comenzaron a tender puentes reales entre longevidad y políticas públicas. Japón, por ejemplo, consolidó su sistema de cuidados de largo plazo y avanzó en la integración de tecnologías de apoyo para la vida independiente, al mismo tiempo que impulsa la permanencia de personas mayores en el mercado laboral bajo esquemas flexibles.
En Europa, países nórdicos como Suecia y Dinamarca destacan por haber articulado sistemas de bienestar que combinan cuidados universales, salud preventiva y participación social, reduciendo los riesgos de pobreza en la vejez, especialmente entre mujeres.
Estos casos no son perfectos ni exportables sin matices, pero muestran algo fundamental: cuando existen instituciones de cuidado, salud y protección social sólidas, el envejecimiento deja de ser percibido exclusivamente como riesgo y puede convertirse en posibilidad.
La tecnología añadió en 2025 una capa decisiva a esta discusión. El mercado global de gerontotecnología, que incluye dispositivos de asistencia, plataformas digitales, soluciones de monitoreo, inteligencia artificial aplicada a la salud y tecnologías para la vida independiente, llegó a los 69.6 billones de dólares en el 2024 y se estima que llegue a 245 en 2033 (¡en tan sólo 8 años!).
Este crecimiento alimenta la narrativa de innovación asociada a la Silver Economy. Sin embargo, también revela nuevas brechas. El acceso a estas tecnologías está profundamente condicionado por ingreso, región, alfabetización digital y género. La brecha digital no desaparece con la edad, de hecho, se amplifica. Las mujeres mayores, especialmente en países de ingresos medios y bajos, tienen menos acceso a dispositivos, conectividad y formación digital, lo que las deja fuera de los beneficios potenciales de esta nueva economía tecnológica
El 2025 dejó al descubierto una tensión central. Por un lado, una narrativa emergente que cuestiona el edadismo, revaloriza la experiencia y empieza a imaginar trayectorias de vida más largas y diversas. Por otro, marcos legales, laborales y tecnológicos diseñados para un mundo que ya no existe, donde la vejez se asume dependiente, invisible, infantilizada y en gran medida, silenciosa.
Es hora de dejar de hablar de la economía plateada simplemente como un mercado en expansión. Es una disputa sobre el tipo de futuro que se está construyendo en un mundo que envejece. Si no se incorporan de manera explícita la igualdad de género, la salud a lo largo de la vida, el reconocimiento del cuidado y el acceso equitativo e igualitario a la tecnología, el resultado puede ser profundamente regresivo: un planeta más longevo, pero también más desigual, con millones de mujeres mayores viviendo más años en condiciones de mayor precariedad.
El desafío que deja 2025 es claro. La economía plateada ya está aquí. Llegó para quedarse. La pregunta no es si existe, sino para quién existe. Convertir la longevidad en una oportunidad colectiva requiere algo más que entusiasmo de mercado: exige políticas del siglo XXI para un mundo que ya dejó atrás el siglo pasado.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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