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Andrés Manuel López Obrador afirmó en repetidas ocasiones que el huachicol <a href="https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-redujo-el-huachicol-en-un-95-lopez-obrador/1440515" target="_blank" rel="noopener">se había reducido en un 95 %</a>, y por tanto, ya no era una prioridad en la agenda de seguridad pública. Sin embargo, la realidad fue otra, <a href="https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-duplica-huachicol-en-sexenio-de-amlo/" target="_blank" rel="noopener">este delito creció en un 117% en dicho sexenio</a>, en gran medida por la desatención provocada por no aceptar que seguía siendo un problema público de primer orden, que generaba pérdidas de más de <a href="https://www.jornada.com.mx/2025/03/03/economia/022n2eco" target="_blank" rel="noopener">20 mil millones de pesos para PEMEX cada año</a> y que engrosaban los ingresos de muchas organizaciones criminales.
De manera acertada, la administración de Claudia Sheinbaum ha decidido no continuar con la actitud irresponsable de López Obrador frente al problema e implementar, bajo el mando de Omar García Harfuch, una estrategia de combate al robo de combustible en todo el país, que abarca las cuatro modalidades de este delito: 1) ordeña de ductos, 2) robo de pipas transportadoras, 3) extracción en instalaciones de PEMEX e 4) introducción ilegal de combustible extranjero, sin pagar impuestos (huachicol fiscal).
Si bien la estrategia lleva activa unos pocos meses y es muy pronto para poder afirmar que la misma es un éxito, hay algunos indicadores que muestran que la ruta que se sigue está funcionando. Por ejemplo, en el primer bimestre de 2025 se registró una disminución del 28 % en ordeña de ductos de PEMEX, respecto al mismo intervalo de 2024, o bien, en lo que va de la actual administración que aún no cumple su primer año se han hecho <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-incauta-mas-huachicol-que-en-10-anos/" target="_blank" rel="noopener">decomisos por casi 69 millones de litros de combustible, cantidad que supera lo logrado los 10 años anteriores</a>, abarcado todo el sexenio de AMLO y cuatro años de la administración de Peña Nieto.
Pero no solo se trata de los decomisos, sino que se golpea la capacidad operativa de las organizaciones al requisar equipo de alto valor, por ejemplo, la incautación de una refinería ilegal en Coatzacoalcos hace algunas semanas, pipas transportadoras, contenedores ferroviarios, así como terrenos y grandes bodegas de almacenamiento.
Los golpes les están generando un enorme boquete financiero a las organizaciones criminales que los reciben. Por ejemplo, el decomiso de 15 millones de litros de hace unos días en Coahuila se traduce en pérdidas por 270 millones de pesos, que para cualquier organización -por más grande que sea- representa una merma sustancial, ello sin contar el costo de los vagones de ferrocarril que seguramente serán embargados, cuyo valor oscila entre los 120 y los 150 millones de pesos, por lo que el impacto económico total está alrededor de los 400 millones.
A pesar de lo anterior, existen dos grandes críticas que se puede hacer a la labor realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La primera es que hay un buen número de grandes golpes que se realizan sin arrestos. Por ejemplo, cuando se aseguró un predio en Ensenada con 8 millones de litros no hubo detenidos; tampoco se arrestó a nadie en la incautación de la refinería de Coatzacoalcos, en el hallazgo de 3 millones de litros en Villahermosa o en el de 15 millones de litros en Saltillo.
Es decir, se puede entender que haya algún caso en el que las autoridades tengan la mala suerte de que al llegar al lugar los criminales hayan huido, pero se trata de un patrón preocupante que debe ser explorado, porque una hipótesis plausible es que haya autoridades que protejan a los huachicoleros y les avisen de los operativos antes de que ocurran, para que huyan.
Lo cual nos lleva a la segunda crítica: en todas estas investigaciones en contra de las redes de huachicol se han hecho arrestos de criminales, pero no se ha tocado a las redes de protección que tienen en el ámbito político y en las fuerzas de seguridad. Es decir, para armar la refinería de Coatzacoalcos es altamente probable que hayan participado empleados de PEMEX, pero hasta el momento no se ha iniciado investigación contra ningún trabajador. O el ingreso de huachicol fiscal, que implica la permisibilidad de personal de las aduanas y puntos fronterizos y, por ende, mientras no se ataque también a los cómplices que tienen los criminales en el gobierno, el problema no va a disminuir sustancialmente.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Está funcionando el combate al huachicol?

En Querétaro, un proyecto para el abastecimiento de agua residual tratada y potabilizada para uso doméstico, que pretende financiarse a través de una asociación público privada (APP), ha provocado un intenso debate social.
Por un lado, la duda sobre la calidad del agua y la garantía de que, tras el tratamiento y potabilización resulte segura para la salud. Por el otro, la duda sobre las implicaciones de la participación privada en la gestión del agua, un modelo que antes ya ha tenido impactos negativos y ha provocado conflictos en el estado. A esto se suma la falta de transparencia y de espacios participativos desde que el proyecto fue anunciado, hace más de un año, hasta que recientemente se hizo público de manera parcial al ser presentado como iniciativa ante el Congreso local para autorizar la participación privada.
La norma sobre la calidad del agua existe, pero no aplica exactamente, no está actualizada ni contempla nuevos contaminantes. Los casos análogos en otros países se citan, pero no son contextos equivalentes. En Singapur se disminuyeron al 4.5 % las fugas, en Querétaro todavía son del 41 %. Allá monitorean 292 parámetros de calidad, aquí 22. El 90 % se destina a industria y enfriamiento, y el 6 % que es destinado a uso doméstico solamente en periodos de sequía pasó por 30 años de pruebas piloto. En Israel no se destina a uso humano sino agrícola y de restauración de ríos. En otros sitios citados se controla la contaminación que llega al agua antes de ser residual. La comparación es entonces si no engañosa, al menos inexacta, en un territorio donde actualmente no se aseguran la prevención, control y sanción de la contaminación de los cuerpos de agua, en un proyecto que no contempla la reducción efectiva de fugas ni pruebas piloto suficientes.
La propuesta de APP no se llama deuda, pero de facto endeuda, pues contempla que un particular contrate hasta 9 mil millones en créditos para completar la inversión inicial y echar a andar la obra. Una deuda pública alojada en manos privadas, sin certeza de obtener las mejores tasas ni las mejores condiciones. A precios de hoy, el esquema a 30 años supera los 41 mil millones: el concesionario facturaría cerca de 4 mil millones por operar la infraestructura y más de 9 mil millones por el agua producida, porque cada gota le genera utilidad. El riesgo técnico y financiero recaería en todo Querétaro; la ganancia, sólo en el privado. Si Querétaro asumiera directamente el financiamiento, la infraestructura y cada litro serían enteramente públicos. ¿Por qué no se presentó nunca un plan alternativo? ¿Por qué todo está calibrado para encajar a la medida de la APP? ¿Por qué no abrir un debate serio sobre modelos distintos para un proyecto de este tamaño? Preguntas legítimas que siguen vivas con transparencia a medias y debates insuficientes.
Se sabe todavía poco, se dice mucho. En tal escenario de incertidumbre nadie tiene la última palabra. Sin embargo, ante la duda razonable, debe prevalecer la precaución que demandan los principios legales por los riesgos potenciales a los derechos al agua, tanto en su calidad como en su asequibilidad económica para las personas, a la salud, y por lo tanto la vida.
Ante la necesidad de debate y en medio de la guerra mediática entre partidos, la ciudadanía pide diálogo directo, serio, formal, incluyente y público. Por eso más de 28 organizaciones, colectivos y redes estamos solicitando la primera audiencia pública en el Estado, uno de los mecanismos de participación que contempla la Ley estatal de Participación Ciudadana, vigente desde febrero de este año, como resultado de cuatro años de impulso de la sociedad civil organizada.
La política hídrica que hoy opera en la entidad dista mucho de haber sido consultada. La memoria colectiva recuerda una ley para legalizar la concesión del servicio de agua a operadoras privadas en 2022, impuesta pese al amplio rechazo social y una extensa movilización reprimida a las puertas de la Comisión Estatal de Aguas, que levantó alarmas nacionales e internacionales. También las manifestaciones por el acueducto que transporta agua del estado vecino de Hidalgo y otros más que, sin haber sido consultados, se proyectan a futuro, despojando pueblos y ecosistemas. Si bien por fin y por primera vez este año empezaron a habilitarse medios de participación para la elaboración del Programa Estatal Hídrico, el proyecto Batán en específico solo tuvo escasos seis días de “consulta ciudadana” desde el poder ejecutivo y un cuestionado ejercicio en el Congreso del que no quedó registro claro de acuerdos ni cumplió con los principios de un Parlamento Abierto.
Academia y sociedad civil llevan años señalando las consecuencias de un modelo fallido de gestión tecnocrática, sectorial y mercantilista del agua, con visión reducida a la ingeniería hidráulica que representa un curita demasiado limitado, aunque caro, para una crisis cada vez más compleja. La sociedad tiene tiempo planteando alternativas centradas en el respeto y reconocimiento de la sabiduría de la naturaleza: la protección, rehabilitación y restauración de ecosistemas y la conservación de ríos y sus cuencas no solo es naturalmente viable, sino económicamente factible.
La activación proactiva de un verdadero Parlamento Abierto por el legislativo y de una consulta amplia y rigurosa por el ejecutivo no han sido hasta ahora parte del escenario. Es la ciudadanía la que nuevamente impulsa espacios autogestivos, por un lado, para conversar entre los saberes académicos y populares, y espacios formales para dialogar con el gobierno. La controversia alrededor del Sistema El Batán, sin embargo, abre la posibilidad de poner el fondo del problema sobre la mesa y hablar no solo de las incertidumbres de este proyecto sino de las otras acciones necesarias para la recuperación de la soberanía hídrica, sin riesgos para las finanzas públicas, ni para la gobernanza ambiental, ni para la salud.
El frente de organizaciones promotoras de la audiencia pública sobre el proyecto Sistema El Batán es un grupo de más de 28 asociaciones que buscan ampliar la discusión del megaproyecto hídrico más importante en Querétaro en los últimos años (<a href="https://www.instagram.com/aguaquecorref/" target="_blank" rel="noopener">@aguaquecorref</a>  <a href="https://twitter.com/PoliticaColecti" target="_blank" rel="noopener">@PoliticaColecti</a> <a href="https://www.instagram.com/justiciadigna.qro/" target="_blank" rel="noopener">@justiciadigna.qro</a> <a href="https://www.instagram.com/awita_vida_territorio/" target="_blank" rel="noopener">@awita_vida_territorio</a> <a href="https://www.instagram.com/awita_vida_territorio/" target="_blank" rel="noopener">@pedaleanda</a> <a href="https://www.instagram.com/netasciudadania/" target="_blank" rel="noopener">@netasciudadania</a>  <a href="https://x.com/crccuencas" target="_blank" rel="noopener">@CRCCuencas</a> <a href="https://www.instagram.com/bajotierramu/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">@bajotierramu</a>).

La oportunidad de debatir el proyecto hídrico El Batán Querétaro

En Ciudad Juárez, la construcción de un puente peatonal sobre la avenida Manuel Gómez Morín, justo frente a la escuela Club de Leones, ha detonado una controversia que va más allá de la infraestructura: pone en el centro el derecho a la movilidad, la seguridad vial y el diseño de ciudades para todas las personas. La obra, actualmente en desarrollo, fue impugnada mediante un amparo promovido por organizaciones ciudadanas que acusan violaciones a derechos humanos y omisiones graves en la planeación del proyecto.
Lejos de tratarse de una oposición sin fundamento, los colectivos vecinales han propuesto una alternativa técnica viable y legalmente más sólida: la instalación de un cruce seguro tipo pompeyano frente a la escuela. Esta solución, que prioriza el tránsito peatonal a nivel de calle, no solo cumple con las mejores prácticas internacionales de seguridad vial, sino que está alineada con el marco normativo vigente en México.
<h3>¿Por qué oponerse a un puente peatonal? Spoiler: contradicciones en reglamentación y concesiones dudosas</h3>
Los puentes peatonales, aunque aparentan ser una solución segura, en la práctica muchas veces excluyen a los grupos más vulnerables. Personas mayores, con discapacidad, niñas, niños y un gran número de personas diversas enfrentan barreras físicas que desincentivan su uso. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es clara: en su Artículo 5 establece que el Estado debe garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Obligar a las personas a subir una estructura elevada para cruzar una calle incumple con estos principios básicos de accesibilidad e inclusión.
Además, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua refuerza esta perspectiva. En su articulado, se prioriza el tránsito peatonal y se establece que la infraestructura vial debe diseñarse con base en los principios de jerarquía de movilidad, que ponen al peatón en primer lugar. Un puente peatonal, por definición, subordina al peatón frente al vehículo motorizado, reforzando un modelo de ciudad excluyente y peligrosa.
El Reglamento de Tránsito de Ciudad Juárez también contiene disposiciones que respaldan esta visión, reconociendo la necesidad de crear entornos seguros a nivel de calle, en especial en zonas escolares. Al construir un puente en lugar de un cruce a nivel, las autoridades están incumpliendo su propia normativa.
Pero además de las contradicciones de la legislación y reglamentación, resulta que el puente peatonal es parte de una concesión con particularidades que ponen en duda que la verdadera intención es la seguridad vial, pues en 2023 el cabildo autorizó la concesión de cinco puentes peatonales a privados para colocación de publicidad por parte de las empresas Marketing Exterior y Energy Media; a cambio las autoridades tendrían la posibilidad de colocar su propia publicidad en dichos espacios, los privados deberían construir otros dos puentes peatonales, y tendrían que dar una donación al municipio por un millón de pesos. Esta decisión no fue evaluada por las comisiones de Movilidad o Desarrollo Urbano, sino que se trató de una transacción económica aprobada por la Comisión de Hacienda y no una acción basada en el derecho a la movilidad. Además, estas decisiones convierten al espacio público en moneda de cambio y desdibujan los procesos democráticos de la planeación urbana.
La curiosa transacción no queda ahí. De hecho durante este 2025 se ha discutido la posibilidad de que la empresa Medios Exteriores de México pueda tener autorización para construir entre 10 y 13 puentes peatonales, a cambio de tener la concesión por 15 años para fijar publicidad en los mismos. Esto pone en duda si las autoridades realmente buscan una política de seguridad vial o un modelo de mercantilización del espacio público.
<h3>La propuesta vecinal: un cruce pompeyano como alternativa segura y accesible</h3>
Frente a esta imposición unilateral, los colectivos ciudadanos no solo alzaron la voz, sino que propusieron una solución basada en evidencia: un cruce pompeyano, también conocido como paso elevado tipo “speed table”. Esta infraestructura consiste en una plataforma elevada a nivel de banqueta que obliga a los vehículos a reducir la velocidad y permite a las personas caminar de forma continua, sin desniveles ni obstáculos.
Los beneficios de los cruces pompeyanos son múltiples:
<ul>
<li>Reducción de velocidad vehicular, lo cual disminuye drásticamente el riesgo y la letalidad de atropellamientos</li>
<li>Accesibilidad universal, permitiendo el paso seguro de personas con movilidad limitada o dispositivos de asistencia.</li>
<li>Visibilidad mejorada, ya que los cruces a nivel obligan a los conductores a reconocer la presencia peatonal.</li>
<li>Costos más bajos y mantenimiento sencillo, en comparación con estructuras elevadas de concreto.</li>
</ul>
<figure id="attachment_1552860" aria-describedby="caption-attachment-1552860" style="width: 1626px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1552860" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez.png" alt="Maqueta del puente peatonal sobre la avenida Manuel Gómez Morín, justo frente a la escuela Club de Leones, en Ciudad Juárez, Chihuahua." width="1636" height="920" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez.png 1636w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez-600x337.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez-1024x576.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez-768x432.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/amparo-banqueta-cd-juarez-1536x864.png 1536w" sizes="(max-width: 1636px) 100vw, 1636px" /><figcaption id="caption-attachment-1552860" class="wp-caption-text">Imagen: Abdesign Diseño Arquitectónico y Morfa Arquitectura.</figcaption></figure>
Este tipo de intervención está contemplado en la NOM-004-SEDATU-2023, que establece los criterios de diseño para entornos urbanos seguros e inclusivos. En particular, la norma sugiere que los cruces peatonales deben ubicarse en el trayecto natural de las personas y, de preferencia, a nivel de calle, con medidas físicas que reduzcan la velocidad vehicular.
<h3>La respuesta del Municipio de Ciudad Juárez: un peritaje ambiguo y mal fundamentado</h3>
Ante la presión ciudadana y el recurso de amparo interpuesto, el Municipio de Ciudad Juárez respondió con un peritaje técnico que, lejos de aclarar la viabilidad y pertinencia del puente peatonal en la avenida Manuel Gómez Morín, incurre en múltiples ambigüedades y errores conceptuales que contradicen tanto la realidad física del entorno como el marco normativo vigente.
Una de las afirmaciones más graves del dictamen es considerar que el Boulevard Manuel Gómez Morín es una “vía de acceso controlado”, cuando en realidad se trata de una vía primaria. La diferencia no es menor: una vía de acceso controlado —como una autopista urbana— restringe los accesos, cruces y giros, y su diseño prioriza la velocidad y continuidad del flujo vehicular. En cambio, una vía primaria como Gómez Morín permite múltiples accesos, cruces a nivel y está integrada al tejido urbano, por lo que debe cumplir con criterios de convivencia vial, pacificación del tránsito y seguridad para todos los modos de transporte, especialmente en zonas escolares. Además, en esta vialidad está proyectada la expansión del sistema de transporte público BRT-3, lo que debería reforzar la necesidad de un entorno accesible y seguro a nivel de calle.
El dictamen también incurre en contradicciones preocupantes. Aunque afirma que debe priorizarse la seguridad de las niñas y niños —lo cual es correcto— omite que esa prioridad está claramente definida en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, que indican que en entornos escolares debe garantizarse una velocidad máxima de 20 km/h (Artículo 107, fracción III) y el diseño de infraestructura debe ser accesible, continua y segura a nivel de calle.
En particular, la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua, en su Artículo 76, fracción III, señala expresamente que:
&#8220;Todo nuevo proyecto para la construcción deberá considerar espacios de calidad, accesibles para todas las personas. Por tal motivo se deberán proveer franjas peatonales y ciclistas con dimensiones adecuadas, continuas, libres de obstáculos y con superficies a nivel, tiempos de cruce adecuados, secciones, señales horizontales y verticales, diseños geométricos, infraestructura de soporte, y todos los elementos de las vías públicas deben estar diseñados para todas las personas usuarias, sin discriminación alguna. Se deberá evitar la construcción de pasos elevados o subterráneos cuando haya la posibilidad de adecuar el diseño para hacer el cruce peatonal y ciclista a nivel de calle o de banqueta”.
El dictamen también alega que la decisión de construir el puente fue tomada con “perspectiva de infancia”. Sin embargo, no se documenta ningún proceso participativo en el que niñas, niños o comunidades escolares hayan sido consultadas, como lo exigen los principios de participación ciudadana y gobernanza democrática que rigen tanto a la LGMYSV como a la legislación estatal. Invocar la infancia sin escucharla es una práctica vacía y contradictoria.
Más aún, el peritaje presenta errores técnicos graves. Por ejemplo, afirma que un cruce peatonal con diseño universal es un &#8220;puente con señalética en doble sentido&#8221;, lo cual es falso. Un cruce con diseño universal, como el pompeyano propuesto por la ciudadanía, está concebido precisamente para evitar desniveles, barreras físicas y para integrar señalética, iluminación, accesibilidad y pacificación vial en un solo entorno continuo. Además, reduce significativamente el riesgo de siniestros viales.
También es erróneo equiparar un cruce semaforizado con un cruce con diseño universal. La seguridad vial no se resuelve únicamente con señalización, sino con diseño del espacio público que obligue físicamente al calmado del tráfico. La NOM-004-SEDATU-2023 establece claramente que la señalización debe ser un complemento del diseño geométrico y no su sustituto. Como lo indica dicha norma, en zonas escolares y de alta afluencia peatonal se deben implementar estrategias físicas —como cruces seguros, banquetas continuas y esquinas ensanchadas— para garantizar la seguridad de las personas, sin delegar esa seguridad únicamente a la atención del conductor.
Decir que un cruce semafórico con diseño universal “no pacífica el tránsito” y que sólo advierte mediante señalética revela un profundo desconocimiento técnico. Las soluciones de diseño universal no buscan advertir: buscan garantizar la seguridad de forma estructural, no depender de la buena voluntad del conductor. El Artículo 76 de la Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua es bastante clara al respecto en sus fracciones I y II:
&#8220;El diseño geométrico, [&#8230;] así como demarcación y señales deberán incidir en generar velocidades adecuadas a la tolerancia humana a las colisiones, de conformidad con las establecidas en el artículo 49, fracción III de la Ley General. El diseño vial debe estar acompañado de políticas y estrategias de gestión de la velocidad.
“Los diseños en infraestructura vial, sentidos y operación vial, deberán priorizar la reducción de flujos y velocidades vehiculares, para dar lugar al transporte público y modos activos de movilidad. El diseño geométrico, de secciones de carriles, pavimentos y señales deberán considerar una velocidad de diseño, de conformidad con las establecidas en el artículo 49, fracción III de la Ley General, para lo cual se podrán ampliar las banquetas, reducir secciones de carriles, utilizar árboles y mobiliario, pavimentos especiales, desviar el eje de la trayectoria e instalar dispositivos de reducción de velocidad. 
<h3>¿Y ahora qué sigue?</h3>
La ciudadanía de Ciudad Juárez pone un precedente importante al oponerse legalmente a la construcción de un puente peatonal y se unen a los esfuerzos ciudadanos en México en la defensa del derecho a la ciudad. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez más de 30 amparos fueron presentados para detener el “Circuito Interior Chiapas de Corazón”, que incluía puentes y pasos elevados; en Zacatecas se interpusieron dos amparos para frenar un viaducto elevado o “viaducto” urbano con una suspensión provisional en curso; en Cancún, una asociación ambiental ha interpuesto al menos 10 amparos para detener el proyecto del Puente Nichupté, y en Querétaro, colectivos y organizaciones civiles buscan evidenciar los motivos de inaccesibilidad e inseguridad por la que los puentes peatonales no se utilizan.
Cabe recalcar que son ya diversas entidades del país que no solo están evitando la construcción de puentes peatonales, sino que han buscado su sustitución por cruces seguros pompeyanos o nivel de calle. En Ciudad de México, por ejemplo, se han retirado 9 puentes peatonales después de la realización de diversos estudios y recomendaciones de diversas organizaciones; en Puebla se retiraron al menos 7 de estas infraestructuras; en Culiacán se han sustituido un total de 5, así mismo en las ciudades de Morelia, Guadalajara, Oaxaca y Sahuayo.
La movilización de las organizaciones civiles en Ciudad Juárez frente a la construcción del puente peatonal en Gómez Morín no es un acto de oposición, el amparo interpuesto tampoco es un obstáculo al desarrollo, sino una expresión legítima de defensa del derecho a la ciudad y del derecho a la movilidad. Estos colectivos no solo alzaron la voz, sino que propusieron alternativas viables, legales y más humanas, alineadas con los principios de seguridad vial, accesibilidad universal y justicia urbana.
Su trabajo evidencia que la transformación de nuestras ciudades no debe hacerse desde la imposición vertical, sino desde el diálogo, la evidencia y la participación. Reconocer estos esfuerzos no solo es justo, sino necesario para avanzar hacia un modelo de ciudad que ponga al centro la vida, la dignidad y la inclusión.
Ciudad Juárez tiene hoy la oportunidad de rectificar. Dejar atrás la lógica de obras desconectadas de la realidad urbana y adoptar una visión de ciudad próspera, caminable y segura para todas las personas. Escuchar a la sociedad civil no es ceder: es gobernar con inteligencia, sensibilidad y visión de futuro.
* Sergio Andrade-Ochoa ( <a href="https://twitter.com/rat_inside" target="_blank" rel="noopener">@rat_inside</a> ) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Líder del proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría del Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.
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Referencias:
Luján, F. (2023a, 22 de noviembre). <a href="https://nortedigital.mx/municipio-concesiona-a-empresas-publicitarias-puentes-peatonales-y-accesos-a-cruces-internacionales/" target="_blank" rel="noopener">Municipio concesiona a empresas publicitarias puentes peatonales y accesos a cruces internacionales</a>. Norte de Ciudad Juárez.
Luján, F. (2025, 25 de marzo). <a href="https://nortedigital.mx/juez-ordena-suspender-construccion-de-puente-peatonal/" target="_blank" rel="noopener">Juez ordena suspender construcción de puente peatonal</a>. Norte de Ciudad Juárez.
Silerio, M. (2025, 16 de febrero). <a href="https://yociudadano.com.mx/discutira-cabildo-concesion-de-puentes-peatonales/" target="_blank" rel="noopener">Discutirá Cabildo concesión de puentes peatonales</a>. Yo ciudadano.

Se amparan contra construcción de puente peatonal en Ciudad Juárez

Domingo 29 de junio, son las 8:00 a.m., despiertas después de pasar la noche escuchando cómo la lluvia cae por la ventana. Toda tu cuadra está encharcada, pero a pesar de que llovió a cántaros cuando intentas lavarte la cara te encuentras con que no hay agua en la colonia. Esta paradoja -lluvias torrenciales que no se aprovechan para el uso doméstico- afecta a miles de personas que habitan la Ciudad de México, porque la mayor parte del agua pluvial se contamina y pierde en el sistema de drenaje.
La relación de la ciudad con el agua se remonta a tiempos de la conquista. Durante siglos distintos virreyes de la Nueva España hicieron esfuerzos para evitar las inundaciones en la ciudad, que -como sabemos- se fundó sobre un lago. Sin embargo, no fue hasta el 17 de marzo de 1900 que el presidente Porfirio Díaz inauguró el Gran Canal del Desagüe, una obra monumental que drenó el lago de Texcoco y expulsó el exceso de agua de lluvia fuera del valle de México. Con el paso de los años, debido a la urbanización y a la sobre explotación de manantiales, el resto de cuerpos de agua que rodeaban la ciudad se extinguieron.
Ante esta escasez, en la década de 1980 se desarrolló el sistema Cutzamala, para aprovechar los recursos hídricos desde Michoacán y el Estado de México. Este, junto con el agua del subsuelo, han sido las fuentes de financiamiento de agua de la ciudad durante décadas. El día de hoy, sin embargo, ambas fuentes se están agotando. Con corte al 30 de junio del año en curso, el nivel de almacenamiento de agua en las presas del sistema Cutzamala es del 52.86 %, es decir, cerca de la mitad de su capacidad total.
Sin embargo, el volumen acumulado de agua que ha caído en el suelo de la Ciudad de México durante el mismo junio es de 337 millones de metros cúbicos, rompiendo registros históricos desde el año de 1968. Esto es equivalente a la mitad del volumen de almacenamiento total de las tres presas del sistema Cutzamala. De hecho, durante 2024 se estima que la cantidad de agua de lluvia caída sobre la ciudad de México fue de 843 millones de metros cúbicos, más del total del sistema de presas.
Resulta evidente que gran parte del volumen de agua que cae por la lluvia queda inservible y termina contaminada en encharcamientos y provocando inundaciones en diversas zonas de la Ciudad de México. Vale la pena destacar que actualmente en la Ciudad de México no existe una política pública o un marco legal obligatorio que contemple los sistemas de captación pluvial, <a style="color: #0000ff;" href="#_edn1" name="_ednref1">i</a> con el objetivo de captar el agua de la lluvia y evitar que continue desperdiciándose como actualmente ocurre.
La sección F. Derecho al agua y a su saneamiento, numeral 2, inciso a, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que la Ciudad, por conducto de las autoridades competentes, deberá contar con una política de uso y aprovechamiento del agua pluvial, consistente en la implementación y promoción de un sistema amplio de captación de agua de lluvia, priorizando aquellas zonas que no cuenten con infraestructura que les permita acceder a la red hidráulica de la Ciudad, aquellas en donde se presenten condiciones de marginación económica y pobreza urbana, así como centros educativos.
Los sistemas de captación pluvial no son la única opción, pero si representan una alternativa bastante efectiva para evitar que se siga desperdiciando el agua de lluvia. Recientemente, y en contraste con grandes obras que durante siglos expulsaron el agua del valle, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la propuesta “<a href="https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/inauguramos-el-programa-de-100-puntos-de-acupuntura-hidrica/" target="_blank" rel="noopener">100 Puntos de Acupuntura Hídrica en la Ciudad de México</a>”, que consiste en perforar y rehabilitar pozos de absorción, sumideros y represas de infiltración para inyectar millones de litros de lluvia al subsuelo de la ciudad.
Será muy importante que desde la trinchera ciudadana estemos pendientes de la planeación, implementación y evaluación de esta iniciativa presentada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así como también realizar un trabajo de vigilancia respecto a las políticas públicas que el gobierno implemente para cuidar del agua y garantizar el derecho de la sociedad a ella.
<div>* Frida del Mar López Badillo es abogada y profesora de Antropología Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Colabora en Derechos Humanos y Litigio Estratégico, A.C. desde el 2020.  Alejandro Trujillo Gutiérrez es Economista por la Universidad de las Américas, Puebla, y maestro en Economía Cuantitativa por la Universidad de California, los Angeles.</div>
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<a href="#_ednref1" name="_edn1">i</a> Un sistema de captación pluvial o de agua de lluvia es aquel que permite la recolección, almacenaje, saneamiento y uso del agua de lluvia que escurre en el techo o cubierta para su aprovechamiento en la vivienda. En comunidades donde no existe suministro de agua o es temporal, este sistema ayuda a aminorar su escasez.

La paradoja del agua: por siglos se buscó drenarla, hoy necesitamos que se quede

El ataque militar unilateral que Israel lanzó la madrugada del 12 de junio de 2025 contra Irán, dirigido específicamente a instalaciones nucleares, fábricas de misiles, científicos nucleares y altos funcionarios militares, así como sus familias, no es un acto fortuito. Tiene su origen en la aceleración del camino para reconfigurar un nuevo orden mundial que inició el 25 de enero de 2025.
Este cambio venía gestándose desde la primera administración de Donald Trump y se vio truncado por la pandemia. La iniciativa para negociar un nuevo pacto nuclear entre Washington y Teherán es pieza clave para reconfigurar. Este no es un tema nuevo, en 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto, mejor conocido como Pacto Nuclear.
<figure id="attachment_1552395" aria-describedby="caption-attachment-1552395" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1552395" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-1.jpeg" alt="Imagen de armas de alto calibre atribuidas a Irán. " width="1000" height="563" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-1.jpeg 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-1-600x338.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-1-768x432.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1552395" class="wp-caption-text">Imagen de uso libre, descarga de Adobe Stock.</figcaption></figure>
Durante la segunda administración del presidente Barack Obama se firmó este acuerdo entre Irán y el G5+1; Rusia, China, Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, con la supervisión de la Unión Europea. El plan tenía un objetivo: levantar las sanciones económicas impuestas a Irán, a cambio de su compromiso de limitar el enriquecimiento de uranio, clave para la creación de armamento nuclear. De acuerdo con sus firmantes, el plan traería estabilidad al mundo y sobre todo a la región.
Tres años después, en mayo de 2018, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de este acuerdo al considerarlo “<a href="https://cadenaser.com/ser/2016/01/17/internacional/1453048654_592976.html" target="_blank" rel="noopener">muy ventajoso para Irán</a>” acusando que fue influido más por el Premio Nobel de la Paz otorgado a Obama que en beneficio de los intereses de Estados Unidos. Con ello, la administración Trump reanudó el bloqueo económico a Irán, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía Atómica aseguró el pleno cumplimiento de los <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41592464" target="_blank" rel="noopener">compromisos por parte de Irán</a>.
Por su parte Teherán se mantuvo en el Pacto hasta enero de 2020, después de que el líder de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, falleciera debido a un ataque de Estados Unidos que, de acuerdo con el Pentágono, <a href="https://x.com/realDonaldTrump/status/1213096351296299017" target="_blank" rel="noopener">fue instruido desde la Casa Blanca</a> por considerarlo <a href="https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-killing-qasem-soleimani/" target="_blank" rel="noopener">el mayor terrorista del mundo</a>.
Soleimani fue el hombre clave en la vinculación entre Teherán y los grupos proxys que existen en la región como Hezbollah en Líbano, Hamas en Palestina y Houthis en Yemen. Además, se le atribuye el diseño de la estrategia que ayudó al presidente Bashar Al-Asad contra las fuerzas rebeldes de Siria, así como las milicias chiitas en Irak.
Ese mismo año se llevó a cabo un hecho insólito: <a href="https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2020/10/Abraham-Accords-signed-FINAL-15-Sept-2020-508-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">los acuerdos abrahamicos</a>, con el objetivo de reconocer a “<a href="https://www.britannica.com/topic/Abraham-Accords" target="_blank" rel="noopener">Israel como un Estado, así como el derecho de Israel a ejercer la soberanía sobre ese territorio y establecer relaciones diplomáticas</a>” por parte de <a href="https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf" target="_blank" rel="noopener">Emiratos Árabes Unidos</a>, <a href="https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf" target="_blank" rel="noopener">Bahréin</a>, <a href="https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Sudan-AA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Sudán</a> y <a href="https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco-Israel.pdf" target="_blank" rel="noopener">Marruecos</a>. Indirectamente estos acuerdos culminaron el establecimiento de un marco de cooperación entre Israel y Arabia Saudita, así como la creación de una alianza regional contra Irán.
<figure id="attachment_1552396" aria-describedby="caption-attachment-1552396" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1552396" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-2.jpg" alt="" width="1024" height="683" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-2.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-2-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1552396" class="wp-caption-text">Fuente: https://2017-2021.state.gov/the-abraham-accords/</figcaption></figure>
Al mismo tiempo, y derivado de las sanciones que se le reimpusieron en 2018, tanto Irán como China fortalecieron su alianza: el comercio no petrolero entre estas dos naciones en 2024 alcanzó los 34,100 millones de dólares; China fue el principal destino de las exportaciones iraníes al situarse como el segundo mayor proveedor de bienes al país, y en temas energéticos, los envíos diarios de petróleo crudo de Irán a China alcanzaron los 1,91 millones de barriles en el primer trimestre de 2025 y <a href="https://tvbrics.com/es/news/ir-n-bate-un-nuevo-r-cord-de-exportaciones-de-petr-leo-a-china/" target="_blank" rel="noopener">al menos 1,8 millones de toneladas de petróleo iraní llegaron a China en marzo de este año</a>.
Las exportaciones de petróleo iraní alcanzaron su nivel más alto en 6 años, <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cd1vmln1007o" target="_blank" rel="noopener">principalmente a China</a>. A pesar de los bloqueos, la producción energética iraní no se vio afectada. <a href="https://www.eia.gov/international/analysis/country/irn" target="_blank" rel="noopener">En 2022 se produjeron 2.5 millones de barriles de petróleo al día</a>, en 2023 los 3.9 millones de barriles diarios. Este crecimiento podría llevar la media diaria hasta los <a href="https://oilchannel.tv/noticias/iran-planea-aumentar-la-produccion-de-petroleo-a-4-millones-de-barriles-diarios">7 millones de barriles en menos de diez años</a>.
Los ataques de Israel a Irán coinciden con la inauguración de <a href="https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/iran.html" target="_blank" rel="noopener">la línea ferroviaria de carga que conecta Xi’an, China con Aprin, Irán</a> y que revive la ruta de la seda China. Además, con ello reafirma su zona de influencia evitando así las zonas dominadas por Estados Unidos como el estrecho de Ormuz y el canal de Suez. Además de <a href="https://www.hispantv.com/noticias/politica/615657/ruta-comercial-llega-tren-china-iran" target="_blank" rel="noopener">conectar las cadenas de suministro chinas esta ruta conecta con Rusia, India, Siria, Irak y Turquía</a>.
<figure id="attachment_1552397" aria-describedby="caption-attachment-1552397" style="width: 990px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1552397" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Foto-3.jpeg" alt="Imagen de armamento atribuido a Irán." width="1000" height="700" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Foto-3.jpeg 1000w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Foto-3-600x420.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/Foto-3-768x538.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><figcaption id="caption-attachment-1552397" class="wp-caption-text">Imagen de uso libre, descarga de Adobe Stock.</figcaption></figure>
Por el lado occidental, una de las promesas de la primera campaña presidencial de Donald Trump fue impulsar la producción petrolera estadounidense y lograr la independencia energética. Esta administración retira a Estados Unidos del Acuerdo de París y aumenta el auge del fracking.
Trump también reactivó el <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/17/climate/alaska-oil-drilling-anwr.html" target="_blank" rel="noopener">oleoducto Keystone XL y, con el apoyo del Congreso, abrió el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico</a><a href="https://www.nytimes.com/2020/08/17/climate/alaska-oil-drilling-anwr.html"> en Alaska</a> para la perforación petrolera, a pesar de la oposición. Y para 2023 la producción estadounidense de petróleo crudo superó los trece millones de barriles diarios por primera vez, lo <a href="https://www.cfr.org/timeline/oil-dependence-and-us-foreign-policy#:~:text=Acuerdos%20de%20Teher%C3%A1n%20y%20Tr%C3%ADpoli,-Vista%20de%20las&amp;text=En%20abril%20de%201971%2C%20la,del%2045%20%25%20en%20tres%20d%C3%A9cadas." target="_blank" rel="noopener">que convierte a Estados Unidos en el mayor productor mundial de este producto</a>.
En este mismo bando, Israel ha pasado a ser una potencia regional en el campo energético gracias al hallazgo de grandes yacimientos en la última década. Una estrategia energética, económica y diplomática que le ha ayudado para consolidar sólidas alianzas con Grecia y Chipre, traducidas en el acuerdo para la construcción del gasoducto EastMed que ha servido para suministrar gas a Europa y que, derivado de la invasión rusa en Ucrania y la necesidad de disminuir drásticamente la dependencia energética de Rusia, ha <a href="https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/israeli-energy-minister-inks-deal-export-gas-europe-egypt" target="_blank" rel="noopener">sido vital para Bruselas como para Tel Aviv</a>.
En el ámbito nuclear el 20 de junio Abbas Araghchi, el Ministro de Exteriores del gobierno de Irán, anunció en Ginebra que su gobierno está dispuesto a considerar la diplomacia “<a href="https://www.middleeasteye.net/live-blog/live-blog-update/iran-ready-negotiations-if-aggression-stops-says-iranian-foreign" target="_blank" rel="noopener">una vez que se detenga la agresión y (&#8230;) que “el programa nuclear de Irán es pacífico y siempre ha estado bajo las salvaguardias y la supervisión del OIEA”.</a>  Lo que abre nuevamente la posibilidad de replantear un Pacto Nuclear, al menos por parte de Teherán.
<figure id="attachment_1552398" aria-describedby="caption-attachment-1552398" style="width: 701px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1552398" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-4.jpg" alt="" width="711" height="364" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-4.jpg 711w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/07/FOTO-4-600x307.jpg 600w" sizes="(max-width: 711px) 100vw, 711px" /><figcaption id="caption-attachment-1552398" class="wp-caption-text">Fuente: https://www.eurasiantimes.com/first-freight-train-from-china-wheels-into-iran/</figcaption></figure>
Como primera conclusión, es importante señalar que el conflicto entre Irán e Israel es la antesala de una disputa mayor, la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos.
Esto se ve evidenciado en la reciente tregua entre Irán e Israel, anunciada el 23 de junio por Donald Trump, luego de 12 días de ofensiva por ambos bandos. Una paz de cristal que en primer lugar se inserta en las defensas de las rutas comerciales y con ello en la proliferación de armas nucleares, necesarias para ejercer poder en la región. En segundo lugar, esta paz se genera mientras los ataques a la población civil de Gaza por parte de Israel no han cesado, lo que genera al menos dos dudas: ¿existen conflictos más importantes que otros? ¿Lugares donde vale la pena mantener la paz y otros mantenerlos en guerra? ¿La paz se administra?
En 1980 Pierre Vilar (Barcelona: 1980) advertía en su obra “Iniciación al vocabulario del análisis histórico”, que el origen de la Primera Guerra Mundial no descansa en el asesinato de un archiduque en Sarajevo sino en la expansión de los estados europeos.
Al igual que en todas las guerras y conflictos, lo importante no es centrarse en la comparación armamentística de ambos bandos ni tampoco desorientar el origen del conflicto a diferencias religiosas ni tampoco valores o características de cada sistema político. El punto central del conflicto es el ascenso del imperialismo, íntimamente relacionado con el capital internacional.
En caso de que se genere la Tercera Guerra Mundial, será por y para perpetuar las ganancias de cualquiera de los dos bandos que, a su vez, servirá para reacomodar el equilibrio de poder a nivel mundial.
* Erick Cruz es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Seguridad Internacional por el Instituto de Ciencias de la Seguridad de Ankara, Turquía y está especializado en migración por el Departamento de Gestión de Crisis de Praga, República Checa.

Apuntes para la Tercera Guerra Mundial

Dos eventos ilustran los nuevos términos de nuestra relación con los Estados Unidos: los señalamientos del departamento del Tesoro norteamericano respecto del lavado de dinero que se facilitó desde CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, y el acuerdo que estaría alcanzando Ovidio Guzmán con las autoridades de los Estados Unidos. Frente a ambos eventos la presidenta de la república reaccionó iracunda exigiendo pruebas, cuestionando la falta de cooperación intergubernamental y, en el caso de Ovidio, señalando la negociación con delincuentes.
En el primer caso, a pesar de que la presidencia y la Secretaría de Hacienda dijeron que no tenían información al respecto, al pasar los días, nos enteramos que la Unidad de Inteligencia Financiera conocía desde agosto del 2024 de las irregularidades denunciadas por el departamento del Tesoro. La presidenta exigía pruebas, los mercados sancionaron; donde la presidenta veía conjeturas, los mercados vieron certezas.
Al final, la autoridad reguladora ha asumido temporalmente el control administrativo y operativo de los bancos. Mal trago que se agrava por el hecho de que uno de los personajes involucrados en el lavado fue jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador. El cerco se acorta.
En el segundo caso la reacción fue similar: cualquier revelación o acusación deberá acompañarse de pruebas. La molestia presidencial confirma la vulnerabilidad que enfrenta: la decisión del hijo del Chapo de declararse culpable y colaborar con las autoridades supone la revelación de información muy delicada, y que se estime creíble. Ello abre un frente incontrolable de conflictos.
Ni el caso de lavado de dinero ni la decisión del hijo del Chapo debieran llamar a sorpresa, hubo avisos; lo que parece provocar la rabia presidencial es que el ritmo de las revelaciones se establece unilateralmente en Estados Unidos, que se ha perdido la mínima cortesía de anticipar los anuncios. Los márgenes de maniobra se estrechan. Nuevas pruebas para la presidenta.
Pero al final del día, lo que debiera preocuparnos a todos es la sistemática constatación de los avances del crimen organizado en todos los ámbitos de la vida pública. Confirmar los vínculos del grupo gobernante con el crimen organizado no es una buena noticia, es una alerta poderosa sobre cómo debemos repensarnos como país. Ni más ni menos.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Nuevas pruebas para la presidenta

“La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos”.
Banco Mundial
En los últimos meses, diversas investigaciones periodísticas y operativos oficiales han revelado la existencia de redes organizadas dedicadas al robo y contrabando de hidrocarburos.
Se han decomisado miles de litros de combustible, descubierto refinerías clandestinas y asegurado embarcaciones y predios en estados como Tamaulipas y Baja California. Sin embargo, estas acciones abren más preguntas que respuestas:
¿Por qué no hay responsables detenidos? ¿Por qué, si estas operaciones estaban a la vista de autoridades municipales, estatales y federales desde hace tiempo, no se actuó con anterioridad?
La respuesta parece estar en la complicidad institucional. El crimen organizado ha extendido su presencia en el negocio del huachicol, y lo ha hecho con el silencio —y, en muchos casos, la participación activa— de actores dentro del propio Estado.
Así, lo que debería ser un delito combatido con todo el peso de la ley, se ha normalizado en distintos rincones del país.
El impacto económico es devastador. Se estima que entre 2019 y 2024 las pérdidas por el robo y contrabando de combustibles ascienden a 554 mil millones de pesos (El Financiero 23 de junio 2025).
Recursos que bien pudieron haberse destinado a fortalecer el sistema de salud, mejorar la calidad de la educación o fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Este crimen no solo representa un daño patrimonial, sino que también desnuda el fracaso institucional para aplicar justicia. Se decomisan ductos ilegales y se aseguran instalaciones clandestinas, pero no hay responsables tras las rejas. La impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.
Además, hay un componente internacional que no debe pasarse por alto: buena parte del combustible robado proviene de Estados Unidos y posteriormente se revende a través de empresas legales que lo exportan a terceros países.
Esto revela una red transnacional del crimen que trasciende fronteras y que requiere atención urgente en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
La pregunta central sigue siendo la misma: ¿se va a usar el poder del Estado solo para administrar o también para impartir justicia?
El gobierno federal ha concentrado atribuciones y recursos en nombre del combate a la corrupción y al crimen organizado. Es momento de traducir ese poder en acciones efectivas. Desmantelar una red ilegal sin tocar a sus operadores financieros, políticos y empresariales es una victoria a medias.
Combatir el huachicol no puede seguir siendo un acto mediático. Se necesita una estrategia de Estado, que no se detenga en los eslabones más bajos de la cadena, sino que alcance a los verdaderos responsables, caiga quien caiga.
Porque cada litro de combustible robado es una oportunidad perdida para el país: un aula sin libros, una clínica sin medicinas, una comunidad sin caminos. Y cada acto de omisión por parte del Estado es, en última instancia, una traición a la justicia.
* Elio Villaseñor Gómez es director de  <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo AC</a>  ( <a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

El combustible de la impunidad: el huachicol que alimenta al crimen y debilita al Estado

En todos los rincones del país encontramos localidades asediadas por el crimen organizado, en donde se establecen gobiernos paralelos, se fijan cuotas y reglas de comportamiento, en las cuales la población poco o nada puede hacer para resistir. Esta tendencia es más cruda en municipios con vocación rural debido a su disminuida capacidad institucional y a la baja cobertura que tienen de los medios de comunicación, por lo que los atropellos del narco pasan desapercibidos en la opinión pública, aunque las personas los sufren en su día a día.
Existen, claro, experiencias de resistencia frente al crimen organizado. Por ejemplo, la heroica defensa que hizo de su rancho en Tamaulipas, Don Alejo Garza Tamez, cuando los Zetas buscaron despojarlo y él los enfrentó con las armas que tenía a su disposición. Sin embargo, estos intentos de resistencia, como el de Don Alejo, suelen terminar mal y les cuesta la vida a los ciudadanos que resisten.
Por ello, en 2011 sorprendió al país la noticia de que, ante el asedio de los Caballeros Templarios que amenazaban a la población con extorsiones y talaban ilegalmente los bosques del municipio, los habitantes de Cherán en Michoacán, especialmente las mujeres, se había levantado en armas contra los narcotraficantes, expulsando a los Templarios e instalando barricadas en las entradas del mismo.
No fue un movimiento efímero, sino que la mayor parte de los habitantes se sumaron a las actividades de defensa, las barricadas se mantuvieron por años y a pesar de los intentos de incursión, los mismos evitaron la entrada de los Caballeros Templarios y de otros grupos criminales.
Debido a que acusaron al entonces alcalde <a href="https://ceonline.com.mx/post/cheran-el-municipio-que-expulso-a-los-politicos-y-creo-su-propia-forma-de-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">Roberto Bautista Chapina</a> de estar coludido con los Caballeros Templarios, no solo lo expulsaron a él, sino que, en un hecho inédito, impidieron que se realizaran procesos electorales regulares con la participación de los partidos políticos y desde esa fecha han elegido a sus autoridades a través de un sistema de usos y costumbres en asambleas a mano alzada en los barrios, en donde eligen keris (autoridades) que forman en conjunto un Consejo Mayor. Se trata de un municipio con amplia población indígena de origen purépecha.
Obviamente el esquema no ha estado exento de críticas, ya que hay ciudadanos que consideran un atropello el impedir los procesos electorales regulares, poniendo en entredicho las facultades legales del Consejo Mayor y acusando a las nuevas autoridades de cometer atropellos.
Sin embargo, al ser Michoacán un territorio de constante disputa entre organizaciones criminales, gran parte de la población de Cherán se enorgullece de que en casi 15 años, su municipio haya logrado resistir los embates del crimen organizado y la expulsión de los partidos políticos, por lo que de alguna forma se ha convertido en un ejemplo de autonomía y resistencia.
Sin embargo, la paz de Cherán <a href="https://animalpolitico.com/estados/cheran-michoacan-cartel-jalisco-nueva-generacion" target="_blank" rel="noopener">vuelve a estar amenazada, ahora por la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona</a>. Hace unos días un comando de dicha organización intentó entrar al municipio, mismo que fue repelido por los habitantes de la zona y propició la reactivación de las barricadas, pero en el pueblo hay inquietud frente a la posibilidad del envío de comandos más grandes y mejor armados, que hagan que el municipio caiga en manos de esta organización criminal.
Si bien el pueblo sigue en poder de la población, lo cierto es que hay elementos que sustentan la preocupación de los habitantes. El primero es que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización dominante en la zona, la cual tiene presencia en los municipios circundantes, por lo cual tiene centros de operación cercanos desde donde organizar incursiones y la segunda es que se trata de una organización muy grande, de hecho, la más importante del país en estos momentos, la cual tiene un gran arsenal y muchos efectivos, por lo que se antoja difícil que un grupo de ciudadanos puedan resistir sus embates si deciden hacerse del control de Cherán.
Pero lo que se juegan los habitantes de Cherán no es menor, se trata de su seguridad, la posibilidad de vivir en paz, el libre desarrollo y su independencia, por lo cual parecen estar dispuestos a resistir.
Y en toda esta ecuación, resulta relevante el papel que tomarán las autoridades de seguridad pública, ya que los habitantes de Cherán corren peligro y es su obligación socorrerlos, y evitar que el CJNG se haga con el control del municipio. Sin embargo, esa obligación también la han tenido con todos los demás municipios de Michoacán y de otras partes del país, que han dejado a merced del narco a pesar de los llamados de auxilio.
Se espera que las autoridades puedan cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los habitantes de Cherán y no los dejen solos frente a tal amenaza, al tiempo que se busquen mecanismos para institucionalizar los esquemas de gobernanza en el municipio, que permita reflejar el sentir de toda la población en la elección de las autoridades.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Cherán y su resistencia al narco

En días pasados el Congreso de Guanajuato dictaminó dos iniciativas presentadas en septiembre de 2024 y en febrero de 2025 por los grupos parlamentarios de Morena y de Acción Nacional, respectivamente. Ambas iniciativas buscaban reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de Poder Judicial, es decir, realizar las adecuaciones locales a la Reforma realizada a nivel federal en materia de elección judicial.
La organización nacional <a href="https://juiciojusto.org/" target="_blank" rel="noopener">Juicio Justo</a>, que ha monitoreado la reforma judicial a nivel federal, recibió una invitación del Congreso de Guanajuato para presentar una iniciativa en formato de iniciativa popular, tal como relatan <a href="https://x.com/jjustoac/status/1938052771661381941" target="_blank" rel="noopener">públicamente</a>.
La organización señala que sus propuestas fueron ignoradas. En éstas sugerían corregir algunas de las modificaciones hechas a nivel federal aprovechando el marco de la autonomía estatal. Entre otras propusieron:
<ul>
<li>Una metodología única de evaluación que valorara elementos objetivos y meritocráticos, parecida a un concurso de oposición, lo que garantizaría el conocimiento, la capacidad y las habilidades de las personas juzgadoras.</li>
<li>Los requistos de idoneidad de los jueces que se propusieron por la organización fueron: separación de algunos cargos públicos, no tener vínculos familiares o religiosos y no haber sido sentenciado por delitos.</li>
<li>Prohibir candidaturas únicas, así como impedir contender para varios cargos simultáneamente. Que la ciudadanía pudiera mandar comentarios sobre las candidaturas.</li>
<li>Que el Tribunal de Disciplina Judicial tuviera una segunda instancia que revisara aspectos jurisdiccionales, con causales claras para sancionar.</li>
</ul>
La propuesta de Juicio Justo señalaba como restricción no haber sido secretario o subsecretario de Estado, lo que de entrada hubiera dejado fuera a un par de magistrados actuales con clara militancia partidista y que han pertenecido a la Secretaría de Gobierno. Propuestas como éstas son incompatibles con el férreo control partidista del Gobierno del Estado. Otra propuesta no retomada fue la de establecer una distribución al presupuesto del Poder Judicial para evitar discrecionalidad y garantizar un mínimo para el Tribunal de Disciplina Judicial.
El dictamen fue aprobado en el Congreso de Guanajuato el 26 de junio por todos los grupos parlamentarios con excepción de Movimiento Ciudadano; días más tarde, la directora de Juicio Justo <a href="https://www.am.com.mx/guanajuato/2025/6/28/diputados-de-guanajuato-hicieron-copy-paste-de-la-reforma-judicial-acusan-juristas-744378.html" target="_blank" rel="noopener">declaró</a>: el dictamen es un “copy-paste” de la reforma federal.
Hay que recordar que el 12 de noviembre del año pasado, el Colectivo <a href="https://lajusticiaquequeremos.org/" target="_blank" rel="noopener">La Justicia Que Queremos</a> participó en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentó un <a href="https://www.fundacionjusticia.org/informe-del-colectivola-justicia-que-queremospara-la-comisioninteramericana-de-derechoshumanos-cidhcon-motivo-de-la-audiencia-publica-sobrereforma-judicial-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">informe</a> en el que señalan algunos de los riesgos para los derechos humanos y la democracia, entre otros: acceso a la justicia y juicio de amparo, justicia objetiva, independiente a imparcial, debido proceso, entre otras cuestiones. Este Colectivo ha enfatizado las implicaciones  que afectan la independencia judicial: la cesación de juezas y jueces federales y locales, así como los vicios en el proceso de selección (ya comprobados en la elección del 02 de julio) y los retos en la creación del Tribunal de disciplina judicial.
Guanajuato tuvo la oportunidad de reducir esos impactos, pero decidió mantener el control del Poder Judicial que ya detentaba antes de la Reforma Judicial federal. Como señaló claramente Juicio Justo, el PAN es muy crítico como oposición en el Congreso de la Unión, pero aprovecha convenientemente las reformas regresivas que Morena aprueba. Son tal para cual.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

La reforma judicial en Guanajuato

Desde hace varios años Estados Unidos desarrolló una estrategia para desarticular organizaciones criminales, al ofrecer acuerdos de reducción de condena a capos de mediano tamaño que se encontraban arrestados en ese país o que deseaban entregarse, a cambio de que dieran información relevante sobre los grandes capos.
La lógica que hay detrás de la misma es simple: si una persona se encuentra arrestada en Estados Unidos, sin posibilidad de fugarse o de tener comodidades en la celda, con una posible sentencia de más de 30 años, la única salida que le queda es traicionar a sus antiguos aliados para mejorar su situación.
Lo anterior lo sintetizó hace algunas semanas Adam Gordon, Fiscal del Sur de California, que declaró al presentar una acusación contra dos integrantes de la Organización de los Beltrán Leyva: “<a href="https://www.sandiegouniontribune.com/2025/05/14/fiscales-de-san-diego-revelan-la-primera-acusacion-formal-por-narcotrafico-contra-traficantes-mexicanos/" target="_blank" rel="noopener">Serán traicionados por sus amigos, perseguidos por sus enemigos, y finalmente se encontrarán con sus destinos aquí, en un tribunal del Distrito Sur de California</a>”.
Ello en alusión al hecho de que Estados Unidos ofrece recompensas o beneficios procesales para delatar y dar información relevante para la captura y la condena de los criminales que ha determinado como objetivos prioritarios, por lo que los grandes capos no solo deben cuidarse de sus enemigos, sino también de sus propios subalternos.
Cuando se lleva el esquema a varias organizaciones, se genera una especie de competencia entre criminales, por ver quien echa al agua primero a los contrarios o incluso a sus aliados, así como también se crea un juego psicológico de paranoia, en donde ya no se sabe en quien confiar y las dudas sobre las lealtades comienzan a aflorar, minando la cohesión de las organizaciones criminales.
Un claro ejemplo de lo anterior es lo sucedido en el Cártel del Norte del Valle de Colombia, donde las autoridades de Estados Unidos negociaron en las décadas de los 90 y 2000 con los primeros miembros de la misma que cayeron en su sistema judicial: les otorgaron sentencias reducidas y la posibilidad de conservar algunos bienes a cambio de información que permitió la captura de los grandes liderazgos. Este proceso inspiró el libro y la posterior serie del Cártel de los Sapos, ya que un sapo es la forma coloquial en Colombia de llamar a un soplón, al que traiciona para salvar el pellejo.
La estrategia fue replicada con el Cártel de Sinaloa, la cual comenzó con Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, que entregó información relevante de varios miembros de la organización de su padre, a cambio de reducir su condena. Esquema que ahora están utilizando con los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.
No es casual que se haya urdido un complejo plan para engañar a Ismael “El Mayo” Zambada, para que acudiera a una reunión en donde fue secuestrado y llevado a la fuerza a los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de su anterior socio el Chapo Guzmán, lo cual desató las acusaciones de traición por parte de los familiares del Mayo y que con ello diera inicio a la guerra entre facciones que hoy tiene dividido al Cártel de Sinaloa entre la Mayiza y los Chapitos.
El arribo de gran parte del núcleo familiar de los Guzmán López a Estados Unidos, así como el anuncio de que en los próximos días Ovidio Guzmán se declarará culpable, ha despertado muchas especulaciones en torno a las negociaciones que hay detrás, no solo respecto a la información que pueden entregar Ovidio y Joaquín Jr sobre Ismael “El Mayo” Zambada y otros integrantes de la Mayiza, la facción rival de los Chapitos, sino que incluso hay teorías en torno a <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/05/20/afirman-que-los-guzman-lopez-abandonaron-alianza-con-sus-medios-hermanos-tras-retrocesos-frente-a-la-mayiza/" target="_blank" rel="noopener">que también podrían traicionar a sus medios hermanos</a> Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y eso justificaba la salida de México de sus familiares, para evitar atentados en su contra en venganza por las revelaciones.
Pero, así como en el bando de los Chapitos hay personajes como los Guzmán López dispuestos a pactar con las autoridades de los Estados Unidos, también en el bando de la Mayiza los pudiera haber, como los recién extraditados Héctor Eduardo Infante, José Guadalupe Tapia Quintero o Inés Enrique Torres Acosta, todos operadores de segundo nivel ligados al Mayo Zambada, que lo mismo estarían en posibilidad atestiguar contra los Guzmán, que contra los Zambada.
Dado que ambos bandos tienen el potencial de hacerle daño al otro, lo más probable es que se genere una especie de escalamiento de declaraciones en donde todos terminen perdiendo, ya que con las filtraciones cruzadas solo ganarán las autoridades de Estados Unidos, que tendrán más evidencia para sustentar las acusaciones en contra de los principales narcos que se encuentran tanto en Estados Unidos como en México.
De hecho, existe mucha expectación sobre lo que Ovidio y Joaquín Guzmán López puedan decir, porque es probable que sean los testigos estrella en los casos del Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero y de Vicente Carrillo Fuentes, pero también pueden aportar información en contra de Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, quien hoy libra una batalla con sus hermanos por el control del Cártel de Sinaloa. Pero como ya se dijo, no se puede descartar que ofrezcan información en contra de sus hermanos o de su propio bando.
Ello sin contar con la información que puede aportar en contra de importantes personajes de la política en México, revelando la identidad de gobernadores o alcaldes que recibieron dinero ilegal para sus campañas, de los militares o jefes de policía que los protegieron, y quizá también comprometan a políticos pertenecientes al círculo cercano de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello existe mucho nerviosismo sobre lo que puede salir de los juicios de los Guzmán López, pero también de personajes como el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero o Vicente Carrillo Fuentes.
Estamos pues ante un escenario, en donde los narcos están inmersos en el juego que se conoce como <a href="https://thedecisionlab.com/es/reference-guide/psychology/prisoners-dilemma" target="_blank" rel="noopener">dilema del prisionero</a>, que es un problema de teoría de juegos que fue diseñado por los economistas Merrill Flood y Melvin Dresher, en donde al revelar los crímenes de la contraparte se busca afectarla, para que ello le permita salir bien librado al delator, pero la contraparte también hace lo mismo, de forma que los dos terminan afectándose por las confesiones cruzadas.
El problema de los soplones en el crimen organizado no es nuevo, quizá el caso más famoso es el de <a href="https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/historiad/maxiprocesso_202003195e7345a6db29e90001811814.html" target="_blank" rel="noopener">Tommaso Buscetta en 1983</a>, uno de los primeros mafiosos de la Cosa Nostra siciliana que rompió la omertá o ley del silencio, al colaborar con la justicia italiana, lo cual permitió procesar a 475 integrantes de la mafia, de los cuales 360 fueron condenados.
Por ello, otra mafia italiana, con sede en Calabria, la ‘Ndrangheta, desarrolló un sistema hace décadas para reducir el riesgo de soplones, <a href="https://elpais.com/elpais/2018/08/31/eps/1535714287_672223.html">ya que sus clanes solo se conforman por miembros de una misma familia</a>, de tal manera que si alguien colabora con la justicia estaría entregando a su padre, sus hermanos, primos, tíos o hijos, lo cual reduce el riesgo de que comparta información al gobierno, aunque la misma no desaparece. Algo similar pasa con algunos <a href="https://strangersguide.com/articles/disorganized-crime/" target="_blank" rel="noopener">clanes de la Mafia Albanesa</a>, que solo acepta a familiares.
Sin embargo, las organizaciones mexicanas son tan grandes que no pueden copiar el esquema de la ‘Ndrangheta o de la Mafia Albanesa, por lo que es previsible que, en los próximos años, como hoy le pasa al Cártel de Sinaloa, tengan que seguir lidiando con el daño que le hacen los soplones que cooperan con el Gobierno de Estados Unidos.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Temporada de traiciones en el Cártel de Sinaloa

La integración estratégica de instrumentos diplomáticos, militares y económicos por parte de Pekín y Moscú —lo que Joseph Nye denomina “poder inteligente”— ejerce influencia en el sudeste asiático. Los Estados democráticos están preocupados, pero deben ir más allá de las declaraciones vacías para contrarrestar la influencia de Pekín y Moscú. Se necesita un apoyo creíble y pragmático que ofrezca beneficios tangibles sobre el terreno si Occidente quiere seguir siendo influyente en la región.
Con su posición geopolítica debilitada en Europa debido a las sanciones y al aislamiento diplomático, Rusia ve al sudeste asiático como una región clave para expandir su influencia. El sudeste asiático ofrece lo que Moscú busca: socios dispuestos a colaborar y gobiernos menos preocupados por las credenciales democráticas.
<h3>El enfoque ruso: herramientas tradicionales para nuevos objetivos</h3>
Marlène Laruelle, experta en relaciones internacionales, explica la manera en que Rusia ejerce su poder hacia objetivos específicos: contrarrestar a Occidente, apoyar regímenes iliberales y ampliar su esfera de influencia. Girar hacia Oriente cumple con todos esos objetivos. De Myanmar a Vietnam, Moscú está forjando nuevas alianzas con herramientas antiguas: acuerdos energéticos, ventas de armas, cooperación militar y asociaciones nucleares. Sin embargo, el Kremlin no solo envía armas, también exporta influencia. La empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky mantiene múltiples acuerdos en la región, mientras que su app de mensajería Telegram es percibida como una alternativa más segura a las plataformas tecnológicas occidentales.
La diplomacia cultural también entra en juego. Embajadas y centros culturales promueven el legado ruso en ciencia y cultura mediante clases de idioma, programas de intercambio, ayuda exterior, películas y colaboraciones mediáticas. En países como Myanmar y Vietnam, estas narrativas tienen buena acogida, lo que ayuda a Moscú a consolidar su imagen como superpotencia científica y militar y como contrapeso no solo a Occidente sino también a una China en ascenso.
<h3>La influencia china: zanahorias y palos</h3>
Si Rusia reaparece estratégicamente en el sudeste asiático, China lo hace con mayor asertividad. Esto se alinea más con la definición de poder blando de Joseph Nye: la capacidad de un país para influir en otros sin recurrir a la coerción.
En 2014, el presidente Xi Jinping habló de una “Gran Familia China”, alentando a los chinos de ultramar a participar en la transformación económica y el desarrollo del país. Pero estos grupos no se limitan a hacer negocios. En 2016-2017, el gobierno de Singapur recibió presiones de empresarios chinos locales por su colaboración militar con Taiwán. En 2019, varios grupos de chinos de ultramar condenaron a instituciones malasias por apoyar las protestas en Hong Kong contra el régimen de Pekín.
El alcance tecnológico de China es otra herramienta poderosa. Inversiones en TikTok, el desarrollo de DeepSeek y la exportación de infraestructura de telecomunicaciones accesible como los smartphones de Huawei permiten a Pekín moldear el discurso público y suprimir narrativas desfavorables. Estas plataformas funcionan tanto como instrumentos de poder blando como de vigilancia y censura.
China también intimida a las naciones del sudeste asiático. Muchos países la ven como un socio económico confiable, pero desconfían de sus intenciones políticas. En Myanmar, China apoya militar y económicamente a la junta militar, pero también ejerce presión coercitiva, como lo demuestra su campaña contra los estafadores en línea en el norte de Myanmar. La junta se resistió inicialmente, lo que derivó en un conflicto armado que luego se resolvió bajo mediación china.
<h3>En búsqueda de alternativas</h3>
Ante la creciente presión de las grandes potencias, los países del sudeste asiático buscan alternativas. Lamentablemente, la crisis económica global ha reducido el compromiso de Occidente con la región, creando un vacío de liderazgo democrático.
Japón y Corea del Sur, en cambio, siguen activos a través de la diplomacia pública liderada por sus gobiernos, la influencia cultural, la ayuda y los lazos económicos. A pesar de esta buena voluntad, su influencia se limita a los ámbitos cultural y económico. Sus valores democráticos también restringen una cooperación más estrecha con gobiernos autoritarios en el sudeste asiático. Su compromiso con los derechos humanos y las normas liberales puede limitar su capacidad para competir con el apoyo incondicional que China y Rusia brindan a los regímenes iliberales.
<h3>Supervivencia del más apto</h3>
En el sudeste asiático, Rusia y China están difundiendo sus narrativas y ampliando sus esferas de influencia. Si las democracias quieren seguir siendo relevantes, necesitan un enfoque más inteligente. No basta con influir culturalmente; es necesario cooperar en múltiples frentes: tecnología, medios, economía y seguridad. Las democracias deben competir no solo con valores, sino con propuestas pragmáticas. Esto incluye un enfoque más flexible e inteligente: una combinación de incentivos con expectativas firmes, similar a la estrategia china de zanahorias y palos. También deben continuar involucrando a regímenes iliberales sin renunciar a sus valores.
El sudeste asiático no está eligiendo bandos. Se inclina hacia quien se presenta de forma constante, creíble y en el momento adecuado. La influencia no se gana con palabras, sino con una estrategia de poder inteligente.
* Hnin Wint Naing es Oficial Regional de Comunicación en la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (<a href="https://x.com/FNFMexico" target="_blank" rel="noopener">@FNFMexico</a>), organización alemana fundada en 1958, cuyo propósito es promover los principios del liberalismo clásico a nivel global. Su enfoque se centra en fortalecer la libertad individual, la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado social y el Estado de derecho, a través de programas de formación política, generación de redes internacionales y fomento del diálogo político. Cuenta con presencia en más de 60 países y sus actividades incluyen alianzas con actores locales, impulso a la participación ciudadana y fortalecimiento institucional. La fundación busca establecer plataformas de intercambio que respalden valores liberales, adaptándose a los contextos específicos de cada región para lograr un impacto sostenible.

Integración estratégica de Pekín y Moscú

La existencia e incorporación de figuras públicas en “listas negras” de personas vinculadas con el narcotráfico es una variable que puede explicar los recientes actos de censura que están teniendo lugar a lo largo del país. Desde hace poco más de un mes circula en algunos medios la nota de que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, contaba con una lista de gobernantes, empresarios y artistas mexicanos asociados con grupos de narcotraficantes mexicanos, que  los pone en la mira de la justicia estadounidense. Recordemos que una de las primeras acciones del gobierno de Trump fue catalogar a los cárteles de la droga como grupos terroristas extranjeros.
La existencia de la “lista negra” fue desmentida por la embajada de los Estados Unidos en México y la misma oficina del secretario de Estado. Sin embargo, su elaboración no es algo extraordinario. No debería sorprendernos que, además de la clasificación y listado de los cárteles de la droga como grupos terroristas, existan otras listas de carácter reservado, destinadas exclusivamente al uso interno de las agencias de seguridad del país vecino. Desde el análisis de inteligencia incluso resultaría ingenuo —por no decir ridículo— suponer que no cuentan con una identificación detallada de figuras de la vida pública mexicana sospechosas de mantener vínculos con grupos delictivos, a quienes muy probablemente les hacen un seguimiento puntual de sus actividades.
Los rumores al respecto cobraron fuerza tras la cancelación de la visa de distintas personas. Entre ellos están la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, el empresario Carlos Torres Torres; el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, así como de varios músicos del género regional mexicano. Que no existan carpetas de investigación sobre estos personajes no significa que la Fiscalía u otra instancia mexicana no sigan sus actividades, ya sea para que las autoridades se adelanten a eventos que requieran la intervención de la justicia o para contar con munición política para ejercer presión cuando lo consideren necesario.
No importa si la propagación de los rumores de las listas es una estrategia del gobierno estadounidense con fines intervencionistas o de la derecha mexicana para desestabilizar el gobierno, en el fondo del problema permanece un hecho innegable: la existencia de relaciones entre el poder político y grupos de la delincuencia organizada. Hay distintos casos en los últimos quince años que pueden ejemplificarlo.
El caso más relevante en el ámbito municipal es el de José Luis Abarca. Aunque recientemente fue absuelto de su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, aún enfrenta cargos por delincuencia organizada. En el orden estatal, los exgobernadores Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Javier Duarte (Veracruz) actualmente purgan condenas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el orden federal destaca el caso de Genaro García Luna, declarado culpable de conspirar para traficar drogas hacia Estados Unidos en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Como expuse en <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/el-reto-del-control-territorial-de-la-delincuencia-organizada/" target="_blank" rel="noopener">otro texto</a>, los grupos traficantes de drogas en México nacieron supeditados al poder político. El negocio de las drogas floreció gracias al apoyo y la protección de las autoridades, tanto de gobernantes como de policías y militares. Los productores y los servidores públicos establecieron una relación casi de mutualismo en el mercado de drogas ya que las autoridades ven la oportunidad de generar esquemas de extorsión a productores de drogas con el fin de obtener ganancias económicas. Por su parte, los productores (que también serán caracterizados como traficantes) ven la oportunidad de contar con la protección de autoridades para continuar con el negocio lucrativo.
El final de la hegemonía priista y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad modificaron la relación de poder entre el gobierno y el narcotráfico a finales del siglo XX. Estas transformaciones propiciaron mayor autonomía de los grupos criminales, pero no erradicaron los vínculos entre las autoridades y los grupos de la delincuencia organizada. En muchos casos, son los traficantes quienes ahora ejercen presión y extorsionan a las autoridades para obtener protección y operar con libertad. Estos nexos criminales deben ser objeto de un seguimiento puntual por parte de las unidades de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras y deben existir varias listas que las documenten.
Durante el sexenio pasado no se presentaron acusaciones de alto perfil contra políticos por delitos relacionados con delincuencia organizada o uso de recursos de procedencia ilícita. Esto es relevante en el contexto mexicano actual pues no faltaron rumores o señalamientos. Incluso circularon imágenes comprometedoras, como la de la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con presuntos líderes del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”; o la del exgobernador de Morelos y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, en la que aparece junto a supuestos integrantes de células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos.
Igualmente resulta relevante que en México experimentemos prácticas crecientes de censura en distintas regiones del país. En este contexto, es probable que nuevas acusaciones o señalamientos sobre la posible complicidad de autoridades con grupos delictivos sean sofocadas con mano dura, posiblemente con el objetivo de evitar que recaiga sobre nuestros gobernantes cualquier tipo de sospecha, fundada o no, que pudiera llevarles a ser incluidos en alguna lista negra. En este contexto, la censura se convierte en una herramienta útil para evitar que medios, periodistas o personas de a pie pongan reflectores sobre los temas que incomoden a aquellas personas en el poder y los vuelvan personas de interés en distintas investigaciones nacionales e internacionales, de ahí que se fortalezcan los medios para ejercerla (junto al espionaje).
Frente a las nuevas presiones ejercidas desde Washington que permiten vislumbrar el inicio de una nueva etapa en la fallida “guerra contra las drogas”, no sería raro que servidores públicos de alto nivel sean el blanco de un nuevo embate por parte de las agencias de seguridad estadounidenses y que, en efecto, existan las listas negras. Aún estamos a la expectativa de las acciones que los estadounidenses emprenderán derivado de la información que obtengan de los narcotraficantes mexicanos y que ahora están en calidad de testigos protegidos, sobre cómo podrían impactar al sistema político mexicano, tal como en estos momentos está sucediendo con las acciones del FinCEN y el sistema financiero. Por lo pronto, gobernantes y exgobernantes deben ser los primeros interesados en saber cómo se desarrolla la situación.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

Gobernantes, narcotraficantes y listas negras

Cuando pensamos en narcotráfico, regularmente se nos vienen a la mente los cárteles de la droga de México o Colombia, porque estos países concentran a las organizaciones de mayor tamaño, pero en realidad el trasiego de estupefacientes es un fenómeno global, en el que participan centenares de organizaciones y bandas de muchos países y orígenes étnicos. 
Al ser Estados Unidos el principal consumidor de drogas en el mundo, y a sabiendas de que el precio de la droga se incrementa conforme nos acercamos al consumidor final, resulta lógico pensar que hay redes de distribución de drogas en dicho país, lo cual ha dado pie a muchas preguntas, las cuales buscaremos responder en este texto: ¿Existen cárteles de la droga en los Estados Unidos? ¿Por qué sabemos tan poco de estas organizaciones? ¿Son más poderosos que los cárteles mexicanos? ¿Hay actores que los protegen y ocultan?
La respuesta a la primera interrogante es sencilla, pero después se vuelve compleja. En principio se puede afirmar con toda certeza que existen organizaciones criminales que operan en los Estados Unidos que se dedican al tráfico, distribución y venta de drogas; resultaría imposible que llegaran al consumidor final sin la participación de personas y organizaciones dedicadas a estas actividades.
Sin embargo, al ampliar esta respuesta al detalle, el asunto se complejiza. Primero porque cuando hablamos de un cártel de la droga, nos referimos a un conjunto de bandas y células criminales que cooperan entre sí para controlar un mercado relevante, en este caso los relacionados con las drogas, por ejemplo, el consumo de cocaína, fentanilo o metanfetaminas.
En México resulta clara la existencia de cárteles de droga, en donde los ejemplos más relevantes son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana o la Organización de los Beltrán Leyva.
Estados Unidos en cambio no tiene un Cártel de Arizona o un Cártel del Sur de la Florida, es decir, organizaciones autóctonas formadas por un conjunto de bandas criminales. Sin embargo, ello no significa que no operen en la actualidad cárteles en territorio estadounidense, ya que las grandes organizaciones de México citadas en el párrafo precedente tienen células operativas en diferentes estados de la Unión Americana.
A pesar de ello, eso tampoco constituye la respuesta completa a la pregunta, porque los cárteles de la droga de México no se encargan de todo el proceso, es decir, tienen una participación mayoritaria en el tráfico -esto es, introducir las drogas a los Estados Unidos por vía terrestre, marítima o aérea, y llevarla a grandes centros de distribución, en los cuales también su peso es relevante- pero en donde ya no tienen una participación fundamental es en la venta al consumidor final. Ahí comparten los beneficios con <a href="https://lasillarota.com/nacion/2023/3/14/cuales-son-los-carteles-del-narcotrafico-en-estados-unidos-419192.html" target="_blank" rel="noopener">centeneras de organizaciones de todos los tamaños y orígenes</a>.
Pongamos el ejemplo de la distribución de cocaína en el área urbana de Chicago entre 2005 y 2008. El Cártel de Sinaloa ingresaba por Arizona o Texas embarques de dicha droga, que transportaba por tierra hasta <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46643083" target="_blank" rel="noopener">Chicago, donde los hermanos Pedro y Margarito Flores la recibían</a> y segmentaban la carga entre decenas de bandas más pequeñas, por ejemplo, mafias de origen italiano, irlandés, polaco, albanes, checo, serbio, así como pandillas latinas, de afroamericanos, de árabes o de supremacistas blancos, clubes de motociclistas, sindicatos y hasta estudiantes universitarios o amas de casa con necesidades económicas.
Bajo dicho tenor, había centenas de vendedores en Chicago; ninguno tenía dominio sobre la ciudad, ni siquiera los hermanos Flores, porque competían con otros distribuidores de otras organizaciones rivales del Cártel de Sinaloa. Y este esquema se repite en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos: muchos actores, con poca concentración del mercado.
Esto tiene una razón de ser. Estados Unidos aprendió la lección de la lucha contra la mafia en los años 30 y 40, derivados de la prohibición del alcohol, cuando algunas organizaciones crecieron tanto y corrompieron a las corporaciones policiales, que se generaron crisis de seguridad en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia o Detroit.
De manera que con los años las autoridades en los Estados Unidos desarrollaron un esquema en donde cualquier organización que territorialmente crezca mucho es desmantelada, de forma que puede haber mafia italiana en muchas ciudades, pero ninguna de las familias de la Cosa Nostra tiene injerencia en más de una ciudad. Lo mismo pasa con pandillas afroamericanas como Crips y Bloods, que están presentes en más de 100 ciudades, pero cada una de las células tiene una jerarquía independiente.
Por esta razón es que no solemos escuchar con tanta frecuencia noticias sobre las organizaciones que distribuyen drogas en los Estados Unidos. Primero, porque son cientos, y segundo, porque son pequeñas en comparación de las organizaciones mexicanas, lo cual ayuda a responder la segunda de las interrogantes con las que comenzó el presente texto.
<a href="https://www.infobae.com/mexico/2023/07/02/carteles-mexicanos-en-eeuu-donde-operan-las-organizaciones-que-dominan-el-trafico-de-drogas/" target="_blank" rel="noopener">Las organizaciones de mayor tamaño en los Estados Unidos son paradójicamente las mexicanas</a>, los mismos Cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, pero incluso ellos tienen espacio acotado ya que operan a través de muchas células con territorios muy reducidos, y cuando alguna de estas células crece mucho, llama la atención de las autoridades y la desarticulan.
Eso precisamente les pasó a los hermanos Flores de Chicago, que de hecho son un caso atípico porque lograron crecer mucho antes de ser arrestados, pero su espacio de acción inmediata nunca fue más allá de la zona de Chicago, aunque enviaran producto a varias ciudades del país. Por tanto, en los Estados Unidos no hay grandes capos o actores que concentren mucho poder, a diferencia de México, y en los operadores que los cárteles mexicanos tienen allá existe una rotación muy grande que impide que se afiancen liderazgos duraderos.
Respecto a la última pregunta de si hay actores que protejan y oculten a las organizaciones criminales que se dedican a la comercialización de drogas, la respuesta es, sin duda, un sí. Siempre habrá, incluso en los países con menos corrupción, funcionarios dispuestos a cooperar con el crimen organizado a cambio de sobornos. Sin embargo, la cantidad de funcionarios y agentes que participa en estos esquemas es significativamente menor que en México.
Esto se debe a tres razones. La primera es que los niveles de corrupción en los Estados Unidos son menores, debido a una mejor aplicación del estado de derecho que implica mejores capacidades institucionales del sistema de justicia, por tanto, mayor probabilidad de recibir un castigo. La segunda es que al tratarse de organizaciones más pequeñas, con menos ingresos y capacidad de fuego, cuentan con una menor capacidad para corromper a los funcionarios o para amenazarlos. La tercera es que los cuerpos de policías tienen mejor entrenamiento y salarios, lo cual hace complicado el corromperlos.
De forma que al tener Estados Unidos una política que acota la influencia de las organizaciones criminales, a pesar de ser el país de mayor consumo de drogas, evita que el problema de la violencia crezca (limitándose a algunos barrios en las ciudades) o también que se incremente la cantidad de funcionarios corruptos, por lo que el consumo y la venta de estupefacientes no desaparece, pero se acotan otros efectos nocivos del tráfico de drogas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Existen cárteles de la droga en los Estados Unidos?

Está por concluir el período extraordinario del Poder Legislativo más ominoso de la historia. Con una agenda de gran calado, lo que imperó fueron las prisas y una escasa o inexistente deliberación. No deja de llamar la atención cómo entienden Morena y sus aliados la convivencia política. Veamos.
Hace un mes tuvo lugar una desastrosa elección judicial, y en lugar de acusar recibo del desaire recibido, se promueve una agenda muy agresiva para confeccionar un estado policiaco. Agenda que, por cierto, prescinde del diálogo. Y es que la convivencia tal como la entiende Morena no implica negociar, supone imponer; no reconoce errores propios, señala siempre culpables externos.
El desaire de la elección judicial hubiera merecido un ejercicio de autocrítica que nunca llegó. Se perdió una buena oportunidad para revisar, junto con la oposición, cómo retomar un rumbo con algo que se parezca a la concertación o el consenso. Nada, se volvió a confundir la popularidad con la legitimidad. Y en el momento de mayor debilidad, se ensayan las iniciativas de mayor agresividad.
Se está perdiendo la oportunidad también de tejer una coraza frente a la agresividad de la administración Trump, de idear algo que se pueda denominar unidad nacional frente a los embates del mandatario norteamericano. Nada fuera de Morena parece formar parte de México, y esa visión sin duda debilita nuestra presencia internacional.
La agresividad arrecia con aranceles no resueltos, redadas más sistemáticas y crueles, discrecionalidad con las visas, acusaciones de lavado de dinero, en fin, el diálogo podría conducirnos a consolidar un frente común, pero se ha optado por la operación en solitario. Reitero, el entendimiento que tiene Morena de la convivencia política está muy alejado de las claves democráticas.
Por lo demás, la conclusión del período extraordinario es lamentable, no sólo por la destrucción institucional que implican las reformas, por el enorme riesgo a la privacidad que suponen, o por la consolidación del espionaje y la censura, sino porque confirma que el diálogo no forma parte del repertorio del oficialismo. Tiempos difíciles los que nos tocaron.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Morena: convivencia sin diálogo

Durante el pasado proceso de elección para integrar el Poder Judicial Federal, Poder Ciudadano tuvo que tomar una decisión fundamental sobre si participar o no en el proceso y, en su caso, cómo hacerlo. La decisión que tomamos, como organización, fue apegada a nuestras convicciones y principios democráticos: optamos por trabajar para acercar a las y los ciudadanos la mayor información posible, a fin de que, quienes así lo decidieran, pudieran ejercer un voto libre e informado.
De esta manera, nos apartamos de quienes planteaban como única alternativa promover la abstención frente a numerosas señales que advertían la inminencia de un proceso con dados cargados y apartado de la auténtica voluntad popular. Nosotros, en cambio, planteamos que la decisión de participar o no debería recaer única y exclusivamente en el ciudadano, pero que, ante lo innovador y complejo del proceso, lo mejor sería brindar a las y los votantes los elementos de juicio necesarios para que ese voto se ejerciera de manera razonada.
Por ello, convocamos a una serie de foros con la participación de expertos, analistas, así como candidatas y candidatos a diversos puestos en disputa. Sin embargo, las reglas que estableció el INE para realizar los foros con las candidaturas hacían prácticamente imposible celebrarlos. Ante esto, nuestra primera impugnación tuvo la finalidad de flexibilizar los requisitos para realizar dichos foros. Como es sabido, el TEPJF no sólo reconoció nuestro legítimo interés jurídico en este proceso electoral, sino que, además, accedió a nuestra petición para adecuar las referidas reglas.
Sin embargo, lo que atestiguamos, junto con toda la ciudadanía, el día de la jornada electoral no hizo sino generar motivos para una nueva impugnación. Frente a los ojos de todos se dio el despliegue abierto y masivo de prácticas que presumíamos desterradas: la inducción del voto, la coacción, el acarreo, el embarazo de urnas, la compra del voto, el uso ilegal de recursos públicos, la intromisión gubernamental, así como la injerencia de partidos y actores políticos en un proceso en el cual debían permanecer al margen.
Para nosotros es totalmente claro que si el voto es inducido mediante acordeones o cualquier otro recurso, no es un voto libre y razonado, y si no es un voto libre, entonces no se trata de una elección democrática. Esta elección fue irregular a tal grado que, de manera inédita, prácticamente la mitad de las y los consejeros del INE se pronunciaron por NO declarar su validez.
Basados en el antecedente de legítimo interés jurídico que nos reconoció el TEPJF, una vez concluida la jornada electoral, Poder Ciudadano tomó la decisión de impugnar las elecciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No estuvimos solos, junto con nosotros también presentaron sendas impugnaciones el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, PROJUC, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia y Laboratorio Electoral.
Para Poder Ciudadano, la razón para impugnar era clara: a diferencia de lo que ha caracterizado las elecciones en México durante las últimas décadas, el proceso de elección judicial en su conjunto había estado plagado de vicios e irregularidades desde su inicio.
Decidimos impugnar esta elección, principalmente, porque no estamos dispuestos a permitir que las elecciones en México sigan este rumbo de violaciones sistemáticas a la ley y despliegue de malas prácticas. Nuestra organización no va a quedarse de brazos cruzados frente las numerosas irregularidades que todos presenciamos.
Si permitimos que las elecciones en nuestro país mantengan esta tendencia, estaremos condenando no sólo al Poder Judicial como un contrapeso necesario en una democracia, sino también al sistema electoral como garante de la legitimidad del origen de todas nuestras autoridades. No podemos tolerar que este tipo de prácticas alejen al ciudadano de la política, porque sin un ciudadano activo y participativo, no hay democracia posible.
Afines a nuestras convicciones y a nuestra razón de ser, en Poder Ciudadano seguiremos dando la lucha para que seamos las y los ciudadanos, y nadie más, quienes definamos el rumbo que queremos para México, para nuestro sistema de justicia y para nuestra democracia.
* Gabriela Sterling (<a href="https://x.com/gaviotasterling" target="_blank" rel="noopener">@gaviotasterling</a>) es presidenta de Poder Ciudadano MxXxMx (<a href="https://x.com/PodermxXmx" target="_blank" rel="noopener">@PodermxXmx</a>).

¿Por qué impugnamos la elección judicial?

El próximo 3 de julio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá su tan esperada Opinión Consultiva 32 (OC-32) sobre la emergencia climática y los derechos humanos, solicitada conjuntamente por los Estados de Chile y Colombia en enero de 2023.
En su dictamen, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional que ambos Estados incluyeron en su solicitud, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática.
Adicionalmente, el tribunal se pronunciará sobre los deberes de prevención y garantía de los Estados en materia de derechos humanos frente al cambio climático, así como respecto de sus obligaciones específicas hacia grupos diferenciados, como mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente. También hará precisiones sobre la responsabilidad común pero diferenciada de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto de la crisis climática, entre otros aspectos.
La OC-32 será también el resultado de un proceso sin precedentes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el que decenas de Estados, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, activistas y miembros de la academia participaron activamente mediante intervenciones orales en audiencias públicas y observaciones escritas.
Sin duda, esta decisión será un hito no solo para el continente americano, sino también para el desarrollo del derecho internacional en materia de clima y derechos humanos a nivel global.
<h2>Una contribución clave al derecho internacional</h2>
La decisión de la Corte IDH se enmarca en otros procesos de opinión consultiva muy relevantes en todo el continente. Ya en 2024 el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hizo pública <a href="https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/05/law-sea-tribunals-judgment-marine-environment-and-climate-change-underscores" target="_blank" rel="noopener">una decisión importante</a> acerca de las obligaciones de los Estados en relación con la crisis climática y la protección del medio marino.
Además, en marzo de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas <a href="https://docs.un.org/es/A/RES/77/276" target="_blank" rel="noopener">solicitó formalmente</a> una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, impulsada por Vanuatu y respaldada por más de 130 países. La decisión final de este proceso está aún por conocerse.
La Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH será, sin duda, de la mayor relevancia por al menos cinco razones:
<h3>1. Aportes desde el enfoque de derechos humanos</h3>
Será la primera vez que un tribunal regional de derechos humanos defina con claridad obligaciones concretas para que los Estados protejan efectivamente a las personas y comunidades afectadas por la crisis del clima. Incorporar el marco de derechos humanos a la emergencia climática es clave para enriquecer el contenido de las obligaciones estatales, complementar el régimen de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aportar una perspectiva de justicia en la respuesta a esta problemática.
<h3>2. Continuidad del liderazgo del tribunal</h3>
Con este dictamen, la Corte IDH fortalecerá la rica jurisprudencia que ha desarrollado y que ha sido muy relevante para vincular la protección del ambiente con los derechos humanos. Ya en su <a href="https://aida-americas.org/es/recurso/opinion-consultiva-de-la-corte-interamericana-sobre-medio-ambiente-y-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener">Opinión Consultiva 23</a> de 2017 estableció que los Estados tienen obligaciones tanto dentro como fuera de su territorio para prevenir daños ambientales que afecten los derechos humanos. Y en 2024, al resolver el caso “Comunidad de La Oroya vs. Perú” —el primer caso contencioso sobre contaminación ambiental en un contexto urbano—, el tribunal <a href="https://aida-americas.org/es/aportes-juridicos-de-la-sentencia-de-la-corte-interamericana-en-el-caso-de-la-oroya" target="_blank" rel="noopener">desarrolló las obligaciones de los Estados</a> y ordenó medidas de reparación integral.
<h3>3. Énfasis en grupos con necesidades de protección reforzada</h3>
La Corte IDH ha desarrollado una rica jurisprudencia para la protección de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y pueblos en aislamiento voluntario, así como en relación con mujeres, niños y niñas. Estos grupos suelen enfrentar los impactos más severos de la crisis climática, por lo cual la experiencia del tribunal será clave para delimitar en la OC-32 las obligaciones reforzadas de los Estados en su protección.
<h3>4. Debida diligencia de las empresas</h3>
La Corte IDH ha reconocido que los Estados tienen el deber de prevenir, supervisar y sancionar actividades empresariales que afecten los derechos humanos. En varios casos contenciosos, ha delimitado las obligaciones estatales respecto de las empresas y con la OC-32 puede enriquecer los estándares de debida diligencia climática en el ámbito internacional. Esta doctrina será muy valiosa para fortalecer la rendición de cuentas de actores no estatales en contextos de emergencia climática.
<h3>5. Reparación integral de las pérdidas y daños</h3>
Desde sus primeros fallos, la Corte IDH ha establecido que la reparación del daño debe ser integral, incluyendo elementos como la restitución, la indemnización, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Este enfoque, incorporado en el dictamen por venir, puede aportar elementos clave al debate internacional sobre “pérdidas y daños” (loss and damage), que cada vez cobra más fuerza, proyectándose como una exigencia legítima de comunidades y países afectados por los impactos de la emergencia climática.
De esta forma, la decisión que emitirá la Corte Interamericana no solo será histórica para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su precedente llegará en un momento clave para nutrir y fortalecer el proceso de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, ofreciendo un enfoque centrado en las personas y en los derechos humanos.
En un escenario global donde la acción de los Estados sigue siendo insuficiente, el derecho internacional puede y debe jugar un papel fundamental y transformador.
El dictamen de la Corte IDH representa una oportunidad crucial para consolidar un marco normativo claro que haga frente a la emergencia climática como uno de los desafíos más latentes que enfrentamos actualmente como humanidad.
* Liliana Ávila es colombiana, abogada y directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Decisión de la Corte Interamericana sobre emergencia climática: un hito para el mundo

El Índice de Estado de Derecho fue publicado el pasado 20 de junio. En <a href="https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">este documento</a>, la organización World Justice Project (WJP)<a href="https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">1</a> califica como beneficios de un estado de derecho mejores estadios de desarrollo económico, seguridad e igualdad, así como propiciar una mayor calidad de vida de sus habitantes al lograr un pleno ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales.
El índice se conforma por ocho factores, entre ellos la ausencia de corrupción. En la edición de 2024 el índice señala que, respecto al año anterior, nuestro país descendió de 0.42 a 0.41 en la puntuación general: pasamos de ocupar el lugar 116 en 2023, al sitio 118 entre 142 naciones. En el ámbito regional -únicamente considerando los países latinoamericanos- mantuvimos el lugar 28 de 32 países, solo superando a Venezuela, Haití, Nicaragua y Bolivia, entre los peores evaluados.
México se aleja en la consecución de un estado de derecho pleno, pues el puntaje medio registrado es de 0.52 puntos a nivel regional y 0.55 a nivel global. Y, por consecuencia, con 0.41 nos acercamos al rango de las naciones con un estado de derecho precario, que caracteriza a los sistemas totalitarios, a las naciones más empobrecidas, inmersas en guerras civiles o con gobiernos capturados por organizaciones criminales. Además, cada vez es más notoria la lejanía que existe con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos ocupa el lugar 26 con 0.70 puntos y Canadá, el lugar 12 con 0.80 puntos.
No siempre nuestro país ha sido calificado de esa manera por el WJP. En 2015 obtuvo 0.48 puntos, ocupando un mejor lugar. Cabe destacar que, en el lapso de nueve años, algunas naciones han logrado avances en sus instrumentos de rendición de cuentas, en la fortaleza de sus instituciones legales, de seguridad, división de poderes y transparencia. Nuestro país, por el contrario, muestra un descenso sostenido en los últimos 7 años.
Entre los factores que registran peores resultados está el combate a la corrupción. En este contexto, resulta interesante desglosar las razones que llevaron al WJP dar una calificación tan baja a nuestro país. Así, de forma general en el rubro de corrupción, México ocupó el lugar 135, con una calificación de 0.27 puntos. 
Estamos ubicados entre los países más corruptos del mundo, solo superado por siete países: República Democrática del Congo (0.17), Bolivia (0.23), Camboya (0.23), Haití (0.23), Gabón (0.25), Camerún (0.25) y Venezuela (0.26). En contraste, los países con menos corrupción son Dinamarca (0.95), Noruega (0.94) y Singapur (0.92). También en la región sobresalen por la implementación de políticas anticorrupción más efectivas Uruguay (0.73), que se ubica en el lugar 23 del mundo, seguido de Barbados (0.70) y Chile (0.69).
En relación con años previos, México se ha mantenido entre los países más corruptos sin modificaciones en los últimos 5 años. La mejor calificación se obtuvo en 2015, logrando 0.34 puntos, lo que en términos reales significa una caída de 0.07 puntos. Pero si realizamos una disección más profunda de este factor, encontramos que la incidencia de la corrupción en el poder ejecutivo es menor a la registrada en los otros poderes y sus cuerpos de seguridad.
Esto así sucede si se mide la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las regulaciones; también si se toma en cuenta que la contratación y las obras públicas se adjudican mediante un proceso de licitación abierto y competitivo, y si los funcionarios gubernamentales de diversos niveles del poder ejecutivo se abstienen de malversar fondos públicos.
Bajo estas consideraciones, en 2024 se obtuvo el lugar 121 de 142 países con 0.33 puntos, pero esta puntuación ubica al poder ejecutivo mexicano como el quinto país más corrupto en América Latina, solo superado por Haití, Venezuela, Bolivia y El Salvador. Esta situación contrasta con políticas públicas más robustas emprendidas en esta materia por los poderes ejecutivos de Noruega, Dinamarca y Singapur, donde prácticamente no hay indicios de corrupción, también son notables los esfuerzos de Uruguay; Barbados y Granada, con 0.68, 0.64 y 0.63 puntos, respectivamente. 
Si comparamos el mejor resultado logrado por México en esta categoría, notaremos que en 2015 se obtuvo una calificación de 0.41 puntos, resultado que colocaba a México dentro de la media en la región. Desde entonces muchos países latinoamericanos han obtenido mejores números en el combate a la corrupción en sus respectivos poderes ejecutivos.
En cuanto a la incidencia de la corrupción en el poder judicial, se valora si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar funciones o acelerar procesos, y si sus sentencias están libres de influencias indebidas por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales. En 2024, México se ubicó en el lugar 130 con 0.31 puntos, en esta categoría somos el cuarto país más corrupto en América Latina, solo superado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
En este aspecto, Dinamarca, Noruega y Finlandia prácticamente no registran corrupción y, en la región, San Cristóbal, Barbados y Uruguay tuvieron excelentes resultados con 0.92, 0.90 y 0.89, respectivamente. Lo preocupante es que, en 2015, con una calificación de 0.43 puntos, México se colocaba dentro de la media global y de la región.
Respecto a la corrupción de las fuerzas de seguridad, también se obtiene un bajo rendimiento, sobre todo considerando que se mide que los agentes de policía y los investigadores criminales se abstengan de solicitar y aceptar sobornos para prestar servicios policiales básicos o para investigar delitos, y si los funcionarios de la policía y el ejército están libres de influencias indebidas de intereses privados u organizaciones criminales. Bajo esta tónica, México obtuvo el lugar 130 con 0.31 puntos, solo arriba de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
En este ámbito, el mejor resultado se logró en 2017 y 2018, con una calificación de 0.35 puntos. En el transcurso de los últimos 5 años, México ha sido evidenciado en esta categoría, pues mientras gran parte de los países depuran a sus policías e implementan un régimen disciplinario y de controles internos más efectivo y profesional, el aparato de seguridad mexicano ha sido criticado por su infiltración, desde donde realiza funciones consideradas poco transparentes.
Finalmente, en cuanto a la corrupción registrada en el Congreso, esta categoría mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables sobre la legislación. Aquí México obtuvo el lugar 131 con 0.12 puntos. Al igual que otros países de la región comparte los más bajos puntajes en el orbe. En esta especie el mejor resultado se registró 2016, con una calificación de 0.22 puntos. Para México esta categoría en los últimos nueve años ha sido la peor evaluada, pues refleja en buena medida el clima de descomposición prevaleciente en su clase política y en los partidos políticos. 
Mucho por trabajar, mucho que necesita fortalecerse.
*Vania Pérez Morales (<a href="https://x.com/ruiz_mena" target="_blank" rel="noopener">@vaniadelbien</a>) es presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (<a href="https://x.com/ComiteCPC" target="_blank" rel="noopener">@ComiteCPC</a>) y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rafael Ruíz Mena <a href="https://x.com/ruiz_mena" target="_blank" rel="noopener">(@ruiz_mena</a>) es servidor público en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y profesor de la Barra Nacional de Abogados.
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1- <a href="https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Revisar Rule of Law Index</a>, en 2024.

La corrupción en México, desde la perspectiva del Índice de Estado de Derecho 2024

Derivado de la guerra interna que sostienen desde hace casi dos meses las dos facciones más grandes del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, se produjo una alianza que en otro momento se antojaría impensable <a href="https://elpais.com/mexico/2025-05-17/la-dea-advierte-sobre-una-posible-alianza-entre-los-chapitos-y-el-cartel-jalisco-nueva-generacion-el-poder-criminal-en-mexico-puede-cambiar.html" target="_blank" rel="noopener">porque incluye a las dos organizaciones criminales más poderosas de México</a>, las cuales hasta hace poco tiempo eran rivales a muerte: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Se trata de una apuesta arriesgada por parte de los Chapitos y de su líder Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ya que la jugada puede tener resultados diametralmente opuestos. Por un lado, unir las fuerzas del CJNG y de los Chapitos puede conducir a la conformación de la organización criminal más grande que México haya conocido, en donde se fusionen los arsenales, las relaciones políticas, las conexiones internacionales y los recursos de los Oceguera y los Guzmán, la cual tendría presencia en todas las entidades del país y en naciones de los cinco continentes.
Con estos recursos y capacidad de fuego, se podría pensar en la posibilidad de que la disputa por el control del Cártel de Sinaloa se zanjará en corto tiempo. Si en estos momentos en que la correlación de fuerzas entre la Mayiza y los Chapitos es muy similar -tanto que se encuentran en un punto muerto de los enfrentamientos- se le suma uno de los bandos de una organización (el CJNG) que ya era igual o más grande que el Cártel de Sinaloa (entendido como la suma de los Chapitos y la Mayiza), suena lógico que este movimiento decantaría la guerra en favor de los Guzmán.
Sin embargo, fusionar dos emporios criminales no es tarea sencilla. Por ejemplo, no queda claro cómo se tomarán las decisiones: ¿habrá un liderazgo colegiado? ¿Se dividirán las áreas de influencia u optarán por un líder máximo? Si es el caso: ¿quién será? ¿Nemesio Oseguera o Iván Archivaldo Guzmán?
Resulta difícil conciliar entre estructuras que llevan años peleándose. Hay afrentas pasadas, intereses encontrados y problemas operativos complejos; por ende, es previsible que haya resistencias, tanto en el escenario de un liderazgo único, como en uno colegiado. No todos estarán conformes con las decisiones y la posibilidad de fracturas internas o purgas, están presente.
Otro escenario posible, que se encuentra diametralmente opuesto al anterior, es que el CJNG no busca ayudar a los Chapitos, sino pescar en río revuelto, aprovechar que éstos requieren ayuda en su guerra con la Mayiza y seguir una estrategia de caballo de Troya, es decir, entrar poco a poco a los territorios de sus antiguos rivales e infiltrar sus redes operativas, para en un futuro estar en posición de hacerse del control de su parte del negocio y, una vez engullida la facción de los Chapitos, ir por la Mayiza para consolidarse como la organización más poderosa del país, pero en solitario.
Esto quiere decir que los Chapitos estarían abriendo su casa a una amenaza potencial, creyendo que los van a ayudar a acabar con la Mayiza, cuando en realidad el CJNG busca aprovecharse de la situación y aniquilar tanto a los Chapitos, como a la Mayiza, porque a los de Jalisco les conviene que ambas facciones se debiliten, para ellos ocupar los vacíos de poder que dejen.
Es cierto que, en el pasado, Nemesio Oseguera, el líder del CJNG, fue aliado del Cártel de Sinaloa. Trabajó muchos años en conjunto con Ignacio Coronel, también fundó la célula conocida como los Matazetas, que lideró las incursiones del Cártel de Sinaloa en Veracruz. Sin embargo, desde 2009 comenzaron a tomar rumbos distintos y para 2013 ya eran rivales.
Esta situación podría significar el debilitamiento del Cártel de Sinaloa, que perdería participación en mercados criminales y territorios, derivado de su guerra interna, pero también del avance del CJNG. Tal como les pasó a otras organizaciones que sufrieron fracturas en el pasado, como es el Cártel del Golfo o los Zetas.
Un tercer escenario se ubica en un punto medio entre los dos anteriores. Es decir, no se logra conformar un mega cártel de la droga mediante la fusión total de los Chapitos y el CJNG, pero tampoco uno en donde el CJNG destruya desde adentro a los Chapitos. Se trata de un esquema en donde los Chapitos conserven su independencia y área de influencia en zonas como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, pero con cierta supeditación al CJNG. 
Un ejemplo de este esquema lo ofrece <a href="https://www.milenio.com/policia/narcotrafico/cual-es-la-relacion-entre-los-metros-cartel-del-golfo-y-cjng" target="_blank" rel="noopener">la alianza de los Metros y el CJNG en Tamaulipas</a>, donde hay que recordar que el Cártel del Golfo en 2015 vivió un proceso de crisis que fragmentó la organización en varias facciones, siendo las más grandes los Metros, que tienen su asiento principal en Reynosa, y los Ciclones-Escorpiones, con su sede central en Matamoros.
Ambas facciones, a pesar de que conservan la marca del Cártel del Golfo, se han enfrentado entre sí sin que haya habido muchos avances en estos años para ninguno de los bandos. Los Metros decidieron abrirle la puerta al CJNG, que envió refuerzos a cambio de una participación en negocios como el tráfico de drogas y el huachicol fiscal, al grado que los Metros se han ido desdibujando y cuando su líder César Morfín Morfín alias “El Primito” fue fichado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, muchos medios de comunicación señalaron que se trataba de un operador del CJNG y no del Cártel del Golfo.
Es decir que, en este escenario, los Chapitos podrían transitar en una ruta en la que, si bien reciban apoyo del CJNG para enfrentar a la Mayiza, tampoco esta ayuda será determinante para ganar la guerra y quedarán como una organización independiente, pero subordinada a los de Jalisco.
Se debe mencionar que estos tres escenarios no engloban todas las opciones. De hecho, puede haber otros en donde el arresto de los líderes de una o de las dos facciones del Cártel de Sinaloa fragmente la organización en más grupos y el CJNG se enfrente por separado a estas facciones, u otro en donde la alianza que se está gestando entre los Chapitos y el CJNG se rompa pronto y se genere una disputa a tres bandos. Es decir, resulta complicado predecir un futuro que depende de tantas variables, pero todos estos escenarios los deben tener en cuenta las autoridades, porque de ellos dependerá el diseño de las estrategias para contener la violencia en el noroeste del país y en las zonas en donde el Cártel de Sinaloa tiene presencia.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

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