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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última instancia capaz de limitar o revertir las decisiones inconstitucionales de un presidente o del Congreso de la Unión. Si la Corte es sometida o se llena de incondicionales de un gobierno, nadie en México podría —legalmente— frenar una política presidencial o del oficialismo congresional, aunque ésta viole la Carta Magna.
Por ende, la elección de los ministros de la SCJN debe estar basada en capacidad y conocimiento legal. En este sentido, la propuesta arropada por Claudia Sheinbaum de <a href="https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/sheinbaum-pide-mayoria-en-el-congreso-en-2024-para-que-jueces-y-ministros-sean-electos-por-voto-popular/" target="_blank" rel="noopener">elegirlos por voto popular</a>, aunque suene atractiva, tiene varios problemas de diseño.
En primer lugar, la elección por voto popular podría politizar en exceso a la SCJN y comprometer a sus integrantes. En democracia es esencial que el Poder Judicial sea lo más independiente posible del poder político y económico. Sin embargo, este método podría aumentar la influencia del dinero —público o privado— en las decisiones judiciales. Las campañas para la elección de ministros, como otras, requerirían de grandes sumas de dinero para ser realmente competitivas, lo que abriría la puerta a que los aspirantes comprometan sus decisiones futuras a cambio de dinero o apoyo mediático.
Asimismo, de existir la capacidad de reelegirse mediante el voto popular, ello podría llevar a que, ya en la Corte, los ministros tomen decisiones motivadas por su popularidad, con miras a fortalecer sus probabilidades de reelección.
En segundo lugar, la elección por voto popular podría llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la SCJN. Actualmente, los ministros son seleccionados a través de un proceso riguroso que incluye la revisión de sus antecedentes, méritos y experiencia legal —que, sin embargo, tiene sus puntos ciegos, como en el caso del plagio de Yasmín Esquivel—. Elegir a los ministros por voto popular podría dar lugar a candidatos que carezcan de la preparación necesaria para tomar decisiones judiciales informadas, ya que su principal requisito sería ser populares y no capaces.
Un tercer riesgo es que los candidatos caigan en una profunda demagogia con tal de ser electos. En un México sediento de justicia, imaginen un candidato a ministro prometiendo, por poner un caso extremo, prisión automática a todos “traidores a la patria” o pena de muerte a todos los asaltantes —aunque no sea algo viable en términos constitucionales ni sea una decisión exclusivamente suya—. Con tal de ganar espacio mediático y votos, un candidato sin escrúpulos podría intentar “seducir” al electorado con medidas extremas.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/amlo-propondra-reforma-poder-judicial-tribunal/" target="_blank" rel="noopener">plantea promover la revocación de mandato de ministros</a>, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> de aprobarse el voto popular como mecanismo de elección. Esto, de nuevo, es bastante delicado.
De entrada, el gobierno federal o un grupo fáctico podría financiar una campaña de revocación contra uno o más ministros incómodos para sus intereses políticos o económicos. Asimismo, la revocación periódica podría generar inestabilidad en la Corte. Los ministros podrían sentirse constantemente amenazados y ser más propensos a tomar decisiones basadas en la popularidad en lugar de la legalidad, o bien, podrían decidir en función de su temor a ser destituidos y privilegiar los intereses de quienes puedan activar o frenar un proceso de revocación en su contra.
En ambos casos —elección por voto popular o revocación—, tiene más ventaja quien tiene más dinero y poder; entiéndase, una lista que encabezan el gobierno federal y los grandes empresarios y consorcios.
La fortaleza de la Corte es su independencia. Si esa Corte puede emitir fallos en contra del gobierno o de los grandes intereses económicos sin verse intimidada —o a favor de éstos, si así lo dicta la ley—, esa Corte funciona.
Harry Truman, presidente estadounidense entre 1945 y 1953, alguna vez dijo que cuando “pones a un hombre en la Suprema Corte, deja de ser tu amigo”. Él, <a href="https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/amlo-admite-errores-y-traiciones-en-su-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">como López Obrador hace algunos meses</a>, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> lo decía a manera de queja, ya que algunos ministros que propuso votaron en contra de los intereses de su gobierno. Pero esa es justamente la idea: nadie, nunca, por encima de la Constitución.
* Alonso B. Tamez es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics. Subsecretario de Acción Electoral del CEN del PRI.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Aristegui Noticias (15/10/2023). “Sheinbaum pide mayoría en el Congreso en 2024 para que jueces y ministros sean electos por voto popular”. Redacción. Disponible <a href="https://aristeguinoticias.com/1510/mexico/sheinbaum-pide-mayoria-en-el-congreso-en-2024-para-que-jueces-y-ministros-sean-electos-por-voto-popular/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> López Dóriga Digital (23/11/2023). “AMLO propondrá, en reforma al Poder judicial, tribunal para revisar el actuar de jueces y magistrados”. Nacional. Disponible <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/amlo-propondra-reforma-poder-judicial-tribunal/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Aristegui Noticias (20/04/2023). “AMLO acusa de traidores a ministros Ríos Farjat y Alcántara Carrancá”. Redacción. Disponible <a href="https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/amlo-admite-errores-y-traiciones-en-su-gobierno/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Ministros por voto popular: una mala idea

El 21 de noviembre de 2023 fue asesinado Adolfo Enríquez Vanderkam en León, Guanajuato. Adolfo se definía como activista social y participaba activamente en la denuncia de hechos delictivos en León desde hacía varios años. Usaba Facebook, Twitter y Telegram como sus principales plataformas  informativas y su principal fuente de información eran las denuncias ciudadanas, pero hay que reconocer que también se alimentaba de datos provenientes de fuentes policíacas.
La ONUDH ha señalado lo grave del asesinato y ha condenado que haya sido víctima de los mismos hechos que pretendía combatir: los homicidios dolosos que se acumulan de manera cotidiana en Guanajuato (ver <a href="https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-el-asesinato-del-activista-social-adolfo-enriquez-vanderkam-en-leon-guanajuato/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>). Las autoridades en cambio, han utilizado eufemísticamente la frase “perdió la vida” o “murió” para evadir el costo político de un asesinato que debieron prevenir.
Soy testigo de la presión oficial y de las amenazas que Adolfo experimentó desde 2017. Aunque él no se definía a sí mismo como defensor de derechos humanos sino como activista social, es necesario decir que la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” o <a href="https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders" target="_blank" rel="noopener">Declaración de Personas Defensoras Defensoras</a> señala que se adquiere la calidad de persona defensora a través de la identidad y de la práctica, es decir, que por autodefinición o por las actividades que se realiza se debe considerar la labor como de defensa de los derechos humanos. Desde esa óptica Adolfo era defensor de derechos humanos y deben seguirse los protocolos para la investigación en ese marco.
Adicionalmente, es importante reconocer que el trabajo de Adolfo se hacía en el marco de la libertad de expresión, al difundir información de interés público y al utilizar las redes sociales se refuerza también la obligación de utilizar el “Protocolo Homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión” de la FGR. Con el asesinato de Adolfo se afecta el derecho a saber y a recibir información de la sociedad leonesa. Las muestras de solidaridad no son sólo una expresión del enojo por el hecho en sí mismo, sino por el vacío informativo que se generará con su asesinato.
Finalmente, es importante señalar que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que: “la impunidad (entendida como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena) propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares. La impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de actos de hostigamiento, ataques y asesinatos contra personas defensoras, incrementa la situación de indefensión y desprotección en la que se encuentran y tiene un efecto amedrentador e intimidatorio en ellas, en otros defensores y defensoras, en las personas que acuden a ellos y quienes estén vinculados a su trabajo&#8221;. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Por lo anterior, me sumo a la exigencia de sanción a los responsables del asesinato de Adolfo como una manera de no repetición de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato. De los 13 casos de asesinatos documentados por ONUDH, dos han sucedido en esta entidad, y el primero de ellos, el de Teresa Magueyal, sigue en la impunidad.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte, 2021.

El asesinato de Adolfo Enríquez Vanderkam

El marco normativo internacional y regional de derechos humanos, refugio y protección internacional, así como de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, plasmado en convenciones jurídicamente vinculantes para los Estados firmantes, constituyen el marco legal de protección de los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.
Existen también Declaraciones y Pactos, como la Declaración de Nueva York (2016) y el Marco de Respuesta Integral para Refugiados (2016); el Pacto Mundial sobre Refugiados (2018); el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018), y la Declaración de Los Ángeles (2022).
El común denominador de estos últimos instrumentos es que no son jurídicamente vinculantes para los Estados, condición que ha dado paso a la discrecionalidad en su interpretación para su aplicación y que, al estar enfocados en la “gestión” o “gobernanza” migratoria, han marcado la agenda migratoria de la región sin que necesariamente atiendan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.
El enfoque centrado en la seguridad, el orden y la “regularidad” ha provocado retrocesos en materia de derechos humanos. Bajo el supuesto de “evitar la migración irregular” no han representado ningún avance en el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio.
Bajo la comprensión de una migración “segura, ordenada y regular” se ha consolidado una mecánica de contención que engrana narrativas oficiales que criminalizan la migración, alimentan factores de discriminación, la exclusión social de miles de seres humanos y provocan el ejercicio de diferentes tipos de violencia con extrema crueldad en contra de miles de seres humanos.
En fechas recientes se realizaron dos cumbres regionales. El llamado “Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar” (22/10/23) y la sesión plenaria de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (3/nov/23). Más allá de las declaraciones emanadas de estos encuentros de “primer nivel”, es importante cuestionar qué resultados concretos tienen para la realización efectiva y el respeto a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana.
Desde hace años, organizaciones de sociedad civil hemos cuestionado y criticado las políticas y medidas de contención. En México, <a href="https://redodem.org/informes" target="_blank" rel="noopener">Redodem</a> ha documentado los efectos nocivos de este tipo de políticas y prácticas violatorias de los derechos humanos, así como de los principios de protección internacional y no devolución.
Por supuesto que se necesita de un esfuerzo regional coordinado por parte de los Estados, incluido en primer lugar México, para atender las diversas, complejas e interrelacionadas causas de la expulsión. <a href="https://redodem.org/blog/16" target="_blank" rel="noopener">Pero no habrá esfuerzo que resulte bien</a>, si no se parte de reconocer que el factor común está en las fallas de los propios Estados, incapaces de garantizar la vida, libertad, seguridad, integridad y desarrollo de sus poblaciones.
También se requieren políticas públicas efectivas y sostenibles, basadas en evidencia y pertinentes a los distintos contextos y factores de expulsión, no programas sociales “exportables” que aún no han arrojado evidencia sobre su eficacia.
No obstante, aún y cuando se cubrieran estas condiciones mínimas, los resultados no se alcanzarán en el corto plazo. Urgen medidas concretas que atiendan hoy, las necesidades básicas de miles de seres humanos, así como alternativas de regularización que no los obliguen a viajar en la clandestinidad y expongan a mayores riesgos.
Tan sólo en lo que va del mes de noviembre, Redodem ha registrado el ingreso a sus organizaciones socias de 2,078 personas, entre ellas 705 mujeres y 530 niñas, niños y adolescentes. En este mismo periodo, en todas las regiones del país se ha agravado la crisis humanitaria migratoria. Además, se ha incrementado el número de operativos migratorios ejercidos con violencia (Oaxaca, <a href="https://redodem.org/blog/20">Atitalaquia, Hidalgo, CDMX, etc</a>.) Varios albergues civiles llevan meses saturados y enfrentan desafíos de atención, haciendo lo que está en sus manos para evitar que las personas estén en situación de calle, porque las autoridades no les atienden. ¿Realidades paralelas?
<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>

Cumbres de líderes y desprotección, ¿realidades paralelas?

Con el fin de fomentar el desarrollo urbano sostenible e inteligente en el marco del Smart Cities Summit 2023, desarrollado a principios de noviembre pasado, se reunieron especialistas y planificadores urbanos de más de 20 ciudades de México, Guatemala, Costa Rica y Honduras para compartir mejores prácticas entre los miembros de la Red de Ciudades Inteligentes México-Centroamérica, de la Fundación Friedrich Naumann. Se logró reflexionar sobre las ventajas de las ciudades inteligentes, que al modernizarse ofrecen soluciones no sólo en materia de innovación tecnológica, sino también en el ámbito de la planeación urbana centrada en el individuo. Y es que la innovación como herramienta es de gran relevancia no sólo para impulsar el desarrollo sostenible, sino para detonar cambios en la cultura política, en la sociedad y en la economía de un municipio. La innovación permite crear un futuro inteligente.
El desarrollo de una ciudad inteligente no puede darse sin pensar en las personas. Y cuando hablamos de personas, nos referimos tanto a las autoridades como también a las ciudadanas y los ciudadanos. Es indispensable cultivar instituciones y sistemas que faciliten una colaboración sólida entre estos actores para crear un entorno propicio para la gestión y para la gobernanza efectiva de una ciudad inteligente.
Una autoridad que apuesta a nuevas y mejores formas de llevar adelante la gestión municipal por medio de sistemas más transparentes y colaborativos, contribuirá a que las ciudadanas y los ciudadanos entiendan y confíen en el proceso de toma de decisión, y a impulsar una mayor responsabilidad y participación de los habitantes. La participación ciudadana, vista desde la cogobernanza, empodera a la ciudadanía y legitima las acciones que emprenden las autoridades, así como también enriquece enormemente la convivencia en las ciudades.
Para fomentar la colaboración entre la población y sus gobernantes debe primero promoverse la apertura a información confiable. Al momento de hablar de datos abiertos es importante destacar que facilitar el acceso a datos públicos empodera a los ciudadanos y desarrolladores y que las aplicaciones basadas en esta data, puede contribuir a una mayor participación de la sociedad civil en la evaluación de políticas públicas y la calidad de servicios en una ciudad.
Adicionalmente, en el marco de la participación ciudadana activa en decisiones clave, se pueden utilizar plataformas digitales para recopilar las opiniones y sugerencias de quienes van a beneficiarse de que una ciudad se convierta en una ciudad inteligente. Mejor aún, la cogobernanza involucra a la ciudadanía en decisiones importantes relacionadas con la administración de fondos y fideicomisos, con el mejoramiento de los barrios, e incluso, con el financiamiento colaborativo de obras públicas, por ejemplo, en programas de contribución por mejora o los presupuestos participativos.
Una vez que se tienen nuevos sistemas, instituciones y marcos normativos, una ciudad inteligente no se puede pensar sin la aplicación de la tecnología, sin la implementación de sistemas de información eficientes para la administración pública, sin la instalación de sensores, sin redes de comunicación y sin el análisis de datos para optimizar la movilidad, el suministro de energía y agua, así como la seguridad ciudadana. La tecnología se convierte en un catalizador para la operación de los nuevos sistemas y para la modernización de los servicios públicos. En este sentido, las alianzas público-privadas son fundamentales para implementar soluciones tecnológicas e impulsar la innovación y la sostenibilidad. Además, debe garantizarse la accesibilidad a la tecnología para todos los ciudadanos, como parte del proceso de colaboración y participación ciudadana.
Sin embargo, cabe recalcar que la tecnología no es un fin en sí mismo, debe ser una herramienta. Y será sumamente relevante impulsar campañas educativas de concientización sobre el uso responsable de la tecnología y sus limitantes, particularmente en materia de protección de datos personales y en sistemas de ciberseguridad, que permitan generar confianza hacia los valiosos beneficios de las iniciativas inteligentes.
Finalmente, las estrategias diseñadas para el desarrollo inteligente de las ciudades serán tanto más exitosas si se mide su impacto constantemente y si se adaptan sus objetivos concretos en el tiempo, de acuerdo a los resultados obtenidos de una evaluación continua de la colaboración entre autoridades y ciudadanos.
* Elisabeth Maigler es directora de Proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann. Marco Martínez es Consultor y Presidente de Smart City University.

La innovación y la colaboración permiten crear futuros inteligentes en nuestras ciudades

Recientemente han aparecido varias propuestas que presentan a la energía nuclear como una alternativa segura, eficiente, limpia y confiable para producir energía eléctrica barata y, sobre todo, para fortalecer el modelo de soberanía/seguridad energética del país. <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/10/08/opinion/industria-nuclear-para-el-pueblo-1910" target="_blank" rel="noopener">Opiniones</a> presentadas recientemente, así como en algunos <a href="https://www.youtube.com/live/INZ148NaSrY?si=zxvuXV9jmOScleDZ">for</a><a href="https://www.youtube.com/live/INZ148NaSrY?si=zxvuXV9jmOScleDZ" target="_blank" rel="noopener">os</a>, aseguran que esta es una alternativa viable para México. Por el contrario, un análisis objetivo indica que la energía nuclear es una apuesta no sustentable que no sólo perpetúa la fantasía de que es posible y deseable sostener un sistema energético centralizado, basado en un crecimiento económico, material y energético infinito, sino que entorpece el camino hacia una transición energética justa, democrática, socio-ecológicamente sostenible y verdaderamente soberana, que pasa por reducir, redistribuir y repensar el sistema energético del país.
La apuesta que varios de estos expertos hacen por la energía nuclear se basa en asegurar que es una fuente de energía de alta densidad, asequible y constante que puede además ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. En este sentido la energía nuclear se presenta como una alternativa a fuentes como la energía solar y eólica que producen electricidad de forma variable, no controlable y al ser difusas requieren de más espacio para ser capturadas. La energía nuclear es efectivamente la fuente de energía con mayor densidad, por lo que una central requiere de muy poco espacio, pero tiene la desventaja de ser poco flexible: los reactores no se pueden apagar y encender para responder a las variaciones de la demanda. Asimismo, mientras que los costos de operación disminuyen con el tiempo, el costo inicial de un reactor nuclear comercial típico implica inversiones de hasta 7 mil millones de dólares con una etapa de construcción que puede durar hasta más de <a href="https://worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2020-.html" target="_blank" rel="noopener">10 años</a>.
También es cierto que el ciclo de vida de la infraestructura eólica y solar es de unos 20 años, mientras que una central nuclear es comúnmente de 50 años. Pero pensar en tales términos asume que la disponibilidad de la fuente nuclear siempre será constante, descontando el hecho de que el uranio —el combustible para generar esta energía— es un recurso finito. La tendencia natural es explotar primero los yacimientos con mayor ganancia económica, por lo que con el tiempo la producción se vuelve más cara y difícil. Aproximadamente el 92 % de la producción de uranio procede de tan sólo siete países (todos menos Canadá ubicados en Eurasia y Oceanía) y <a href="https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_52718/uranium-2020-resources-production-and-demand?details=true" target="_blank" rel="noopener">México tiene reservas extraíbles muy limitadas</a>, apenas suficientes para abastecer la única central que tenemos. El <a href="https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_52718/uranium-2020-resources-production-and-demand?details=true" target="_blank" rel="noopener">pico de producción</a> global se alcanzó en 1980 y desde 2015 la producción ha venido bajando rápidamente. Tanto es así que cumplir con los requerimientos mundiales para reactores nucleares ya existentes hasta 2040 consumiría aproximadamente el 87 % de las reservas extraibles de bajo costo estimadas en 2019. Esto sin mencionar que la cadena de producción de uranio, desde la minería al procesado, también depende del uso de combustibles fósiles.
Asimismo la energía nuclear sólo sirve para la generación de electricidad, sector que solamente representa el <a href="https://energia.conacyt.mx/planeas/balance/consumo-final" target="_blank" rel="noopener">21 %</a> del total de la energía consumida en el país. Es decir, la energía nuclear no es una opción para otros sectores como el transporte y la industria (responsables del 70 % del consumo energético nacional). Asimismo, esta apuesta deja de lado una serie de factores sumamente relevantes. Primero, la energía nuclear es fuertemente dependiente del agua —las plantas de energía nuclear consumen entre <a href="https://beyondnuclearinternational.files.wordpress.com/2018/08/climate-change-and-why-nuclear-power-cant-fix-it.pdf">72 y</a><a href="https://beyondnuclearinternational.files.wordpress.com/2018/08/climate-change-and-why-nuclear-power-cant-fix-it.pdf"> 236</a><a href="https://beyondnuclearinternational.files.wordpress.com/2018/08/climate-change-and-why-nuclear-power-cant-fix-it.pdf" target="_blank" rel="noopener"> millones de </a>litros diarios de agua para un reactor de 1 GW, similar al de Laguna Verde—, lo que es preocupante en un mundo con creciente escasez de agua asociada al incremento de la temperatura. Segundo, las plantas de energía nuclear son fuente de desechos radiactivos y a la fecha <a href="https://nirs.org/wp-content/uploads/2021/03/Water-Contamination-Potential-Irradiated-Nuclear-Fuel.pdf" target="_blank" rel="noopener">no existe un consenso</a> sobre cómo y dónde almacenar estos residuos de forma segura a largo plazo. La proliferación de desechos radiactivos abre además la posibilidad de robos de este material por grupos criminales para ser utilizados en actos terroristas. Asimismo, las plantas nucleares albergan un <a href="https://climatefalsesolutions.org/wp-content/uploads/2021/06/HOODWINKED_ThirdEdition_On-Screen_version.pdf" target="_blank" rel="noopener">largo historial</a> de accidentes, desplazamientos y exposiciones desiguales a la radioactividad (afectando principalmente a poblaciones subalternas dentro de distintos países, es decir, pobres, racializadas, mujeres y/u otras minorías). Tercero, el alto riesgo sísmico, volcánico, geológico y meteorológico que caracteriza gran parte del territorio nacional, restringe fuertemente los sitios para ubicar una central nuclear. Cuarto, la construcción de nuevos reactores nucleares contribuiría a incrementar los conflictos socioecológicos que proliferan por el país, ya que históricamente han enfrentado una gran oposición social por los riesgos a las poblaciones y ecosistemas locales (los cuales registran más de <a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/">1</a><a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/">54</a><a href="https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/decade-defiance/" target="_blank" rel="noopener"> asesinatos</a> a defensoras y defensores del territorio desde el 2017). Lo anterior también aplica a los pequeños reactores modulares que también demandarían agua y serían susceptibles a los mismos riesgos socio-ambientales. Finalmente, la energía nuclear va en contra del espíritu de una verdadera transición socioecológico democrática y necesaria para el país al reproducir la idea de un sistema eléctrico centralizado por un Estado capaz de absorber los grandes costos iniciales y operar en la complejidad técnica y de seguridad que conlleva, lo cual la hace una opción muy cara y poco democrática.
Por estas razones la energía nuclear no es ni debe considerarse como una alternativa viable para México y mucho menos una alternativa para revertir o mitigar el cambio climático o en su caso para garantizar una seguridad energética. Una verdadera transición energética justa, sostenible y soberana implica mucho más que un simple cambio tecnológico: implica un uso más parsimonioso de la energía, una descentralización y democratización basada en energías renovables a pequeña y mediana escala (y no sólo para producción de electricidad), pero sobre todo, un modelo que cuestione los privilegios, derroches y desigualdades energéticas, buscando reducir la pobreza energética —que afecta a casi el 40% de todos los hogares— a través de una redistribución de la energía mal utilizada en el transporte individualizado de personas, en el movimiento de mercancías y los procesos industriales enfocados a la exportación, redirigiendola hacia la construcción de economías locales que atiendan las necesidades básicas de la población.
* Omar Masera es investigador del instituto de investigaciones en ecosistemas y sustentabilidad de la UNAM. Luca Ferrari es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM. Carlos Tornel es investigador sobre transición energética y cambio climático. Contacto: <a href="mailto:tornelc@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">tornelc@gmail.com</a>.

Energía nuclear, ¿una falsa solución para la transición energética de México?

La dinastía Antonina, que gobernó desde el año 96 y hasta el 192 d.C., fue la más longeva y se caracterizó por imprimir la mayor estabilidad política y económica en la historia del Imperio Romano. La administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que habían sufrido disputas entre tribus, reinos o ciudades rivales (como los permanentes conflictos entre las tribus galas o las ciudades-Estado griegas). Edward Gibbon, en The history of the decline and fall of the roman empire, la refiere como &#8220;la época más feliz de la historia de la humanidad&#8221;. La pax romana permitió la máxima expansión territorial, una economía global y la transculturización del Imperio alrededor del Mediterráneo. Hasta que fue abruptamente interrumpida por la emergencia de la peste.
La Peste de los Antoninos es, en realidad, una serie de epidemias que devastaron el Imperio Romano a lo largo del siglo II d.C. De todas ellas, la epidemia más notable fue la conocida como &#8220;Peste de Galeno&#8221; (primera peste de los Antoninos), que tuvo lugar entre los años 165 y 170 d.C. Es la mejor documentada y fue nombrada así en honor a Claudio Galeno Nicón de Pérgamo, el más respetado médico, cirujano y filósofo del mundo romano que la describió en varios libros de su gran Opera Omnia. La transmisión de la enfermedad se vio favorecida por dos grandes episodios militares: la guerra parta en Mesopotamia y las guerras contra los marcomanos en el noreste de Italia. La primera peste de los Antoninos afectó a todo el Imperio, que gobernaba la novena parte de la tierra y a una cuarta parte de la humanidad.
La introducción del contagio al mundo romano se registró en Mesopotamia durante el reinado del Emperador Marco Aurelio Antonino, y se asocia con la llegada de 16 legiones romanas con sus auxiliares (unos 200,000 hombres) al reino parto. Las primeras muertes se reportaron a finales del 165 d.C. en Nísibis, poco antes de la conquista de Seleucia del Tigris, “…momento en que una terrible peste estaba acabando con muchos millares de ciudadanos y de soldados”. El escritor Luciano de Samósata afirma que la enfermedad se originó en Etiopía, a través de Egipto llegó a Asia y Seleucia, y luego se expandió por todo el Imperio con el movimiento de los ejércitos romanos. Amiano Marcelino, militar e historiador romano, menciona que la peste se extendió desde la tierra de los persas, a la zona europea del Rin, hasta Germania y las Galias. Otras leyendas discuten su origen, aunque es más probable que emergiera en China antes del año 165 d.C. y que se propagara hacia el occidente a lo largo de la ruta de la seda. Según escritos del sacerdote e historiador Paulo Orosio, algunas aldeas, ciudades y provincias europeas habrían perdido todos sus habitantes. El regreso de las legiones a cargo del co-emperador Lucio Vero a la península itálica “tuvo la fatalidad, según parece, de llevar consigo la peste a todas las provincias por donde pasó hasta que llegó a Roma” donde, según Dión Casio, causó hasta 2,000 muertes por día.
<figure id="attachment_1344196" aria-describedby="caption-attachment-1344196" style="width: 640px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1344196" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/La-peste-de-los-Antoninos-1024x683.jpg" alt="El ángel de la muerte golpeando una puerta durante la plaga de Roma. Grabado de Levasseur según J. Delaunay. Colecciones Iconográficas." width="640" height="427" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/La-peste-de-los-Antoninos-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/La-peste-de-los-Antoninos-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/La-peste-de-los-Antoninos-768x512.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/La-peste-de-los-Antoninos.jpg 1200w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><figcaption id="caption-attachment-1344196" class="wp-caption-text">El ángel de la muerte golpeando una puerta durante la plaga de Roma. Grabado de Levasseur según J. Delaunay. Colecciones Iconográficas.</figcaption></figure>
Las fuentes sobre la etiología y el diagnóstico de la epidemia son muy dispersas. Aunque, la más relevante la constituyen los propios textos de Galeno, quien presenció y atendió la epidemia directamente con Marco Aurelio. Desafortunadamente, sus escritos hacen una breve presentación de los casos y se centran en proporcionar enfoques terapéuticos. Los síntomas referidos fueron “fiebre, pústulas cutáneas altas, negras o negruzcas con tendencia a secarse al final de la enfermedad, lesiones en la cavidad bucal y en la laringe, alteración de la voz, tos con expulsión de sangre y mucosas en algunos casos, hemorragias, náuseas, vómitos, mal aliento, ulceración de la vejiga, insomnio o somnolencia y finalmente trastornos mentales”; los pacientes que no murieron se recuperaron entre el día 9 y 12 de la enfermedad. Varios expertos coinciden en que pudo haber sido una forma hemorrágica de viruela y se estima que la mortalidad estuvo en un rango de 10 a 30 % de la población de la época, lo que significó entre seis y dieciocho millones de muertos. Este episodio se ha catalogado como la primera pandemia de la historia: Primero en el sentido geográfico, ya que los movimientos y contactos entre diferentes grupos culturales facilitó la rápida dispersión de la enfermedad en toda la cuenca del Mediterráneo. En segundo lugar, el impacto de la peste afectó al ejército y a todos los estratos sociales; incidió en los modelos religiosos y en la economía de sesenta millones de personas en todo el orbis romanus.
Un episodio interesante se presenta en la Historia Augusta cuando, en plena campaña contra los marcomanos en el Danubio, “surgió una epidemia tan grande que los cadáveres se transportaron en distintos vehículos y carruajes. Los Antoninos promulgaron entonces leyes severísimas respecto a la inhumación y a las sepulturas, pues prohibieron que nadie las construyera a su gusto… dicha epidemia acabó con muchas miles de personas, muchas de ellas de entre los primeros ciudadanos… Marco Antonino… ordenó sepultar los cadáveres de los más pobres, incluso a costas del fisco”. Estas leyes aún se conservan en el Digesto romano y tratan específicamente sobre las penas para los ciudadanos que violan las normas de entierro, los sitios donde hacerlo, y cómo se deben manejar los cadáveres para evitar los contagios. Lucio Vero murió de la enfermedad en el 169 d.C. Años después, el propio Marco Aurelio, en agonía víctima del contagio, cuestionaba a sus generales: «¿Por qué me lloráis y no pensáis más bien en la epidemia y en la muerte de todos?».
La aparición de la peste rompió el dinamismo del Imperio Romano en un periodo de máximo esplendor y generó las condiciones para su declive. La mayoría de los expertos coinciden en que el impacto fue tan severo que redujo el número de contribuyentes, reclutas para el ejército, candidatos a cargos públicos, empresarios, agricultores y comerciantes. Se redujeron las explotaciones agrícolas; la escasez de cosechas causó aumento de precios; se afectó el suministro de alimentos. El déficit de fuerza laboral impactó en la fabricación de productos; se obstaculizaron las economías locales; se interrumpió el comercio doméstico e internacional; la recesión significó menos impuestos para el estado. Por otro lado, esta pandemia tuvo un impacto profundo en la psique colectiva, afectó a las antiguas tradiciones romanas, renovó la espiritualidad, dejó huella en la expresión artística y creó condiciones para la expansión de religiones monoteístas, como el mitraísmo y el cristianismo. Este período, caracterizado ya por recurrentes crisis sanitarias, sociales y económicas, favoreció particularmente el crecimiento cultural y político en Occidente.
En última instancia, la peste de los Antoninos dejó una marca indeleble en la historia de Roma y en la memoria colectiva de la humanidad. Es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la civilización, incluso en el apogeo de un imperio.
* José Alberto Díaz Quiñonez es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública A. C. (<a href="https://twitter.com/saludpublicaac" target="_blank" rel="noopener">@saludpublicaac</a>). Es Doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, el Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Nacional de Medicina de México.
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Referencias:
Picón V, Cascón A. Historia Augusta. Akal / Clásica, 1era Edición, Madrid; 1989. ISBN: 84-7600-361-7. Disponible <a href="https://www.cristoraul.org/ebookland/spanish/HistoriaAugusta.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a>

La peste de los Antoninos

Hace unas semanas atrás leí un texto breve pero muy lindo de Andrea Gómez, donde explica cómo en las ciudades se nos ha negado el derecho a sentir el territorio como nuestro: “El crecimiento de las ciudades bajo el sistema capitalista se ha enfocado en el aumento de espacios de consumo y en la disminución de lugares públicos. Cada vez hay más “no lugares” y &#8220;menos oportunidades para vincularse con el otro”.
Para hacer contrapeso a los partidos políticos que nos quieren despojar de las ciudades con la profundización de la militarización –como ocurrió con <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/guardia-nacional-vigilara-metro-cdmx-claudia-sheinbaum/" target="_blank" rel="noopener">el metro de la Ciudad de México</a> a principios de este año; el desplazamiento interno que se pretende imponer a pueblos y barrios originarios, como es <a href="https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/11/20/cdmx-con-batalla-de-rap-se-manifiesta-pueblo-de-xoco-contra-mitikah" target="_blank" rel="noopener">el caso del pueblo de Xoco con la construcción de Mitikah</a>, y la <a href="https://revistametodhos.cdhcm.org.mx/index.php/numero18-2020/situacion-del-derecho-al-agua-en-la-ciudad-de-mexico-en-tiempos-de-covid-19" target="_blank" rel="noopener">privatización del agua</a>– es importante crear una estrategia para detener la militarización de nuestras colonias, barrios y pueblos en la Ciudad de México. Los espacios donde habitamos no pueden ser vistos como tierras inertes porque son espacios de cuidado, afecto, de memoria y de vida.
Desde Mexiro la desmilitarización es una <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/decolonizar-pensamiento-critico-gobiernos" target="_blank" rel="noopener">herramienta de la práctica política decolonial</a> para resistir al despojo y la explotación capitalista y militarista, para recrear formas colectivas de autodeterminación social para garantizar la reproducción de la vida.
Es imperante que hoy, en el contexto político y geográfico del<a href="https://x.com/ajplusespanol/status/1719769299643224455?s=20" target="_blank" rel="noopener"> genocidio</a> hacia <a href="https://www.democracynow.org/es/2023/11/1/craig_mokhiber_un_resignation_israel_gaza" target="_blank" rel="noopener">Palestina</a>, pensemos nuestras ciudades no como entes aislados, sino como entes con capacidad de reproducir materialmente la vida, junto con la articulación de la sociabilidad comunitaria como ámbito colectivo de producción de decisiones políticas y de solidaridad internacional. Desmilitarizar nuestros cuerpos, cuerpas y tierras es, por poner algunos ejemplos, desarticular el lenguaje de guerra internalizada; es generar estrategias de vigilancia de compras públicas de armamento israelí y de Estado Unidos <a href="https://drive.google.com/file/d/1IRCAMHvCsj1sh2p7fZkwGQdsd_E3PqSP/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">que usa nuestro gobierno para seguir desarticulando la lucha social en México;</a> es señalar <a href="https://drive.google.com/file/d/1n4nd2ebWXmV8TcoSvIWYLgL96g10yPhg/view" target="_blank" rel="noopener">las fronteras como necropolíticas,</a> y también es evitar a toda costa que <a href="https://www.instagram.com/p/CzmYUPFuRUL/" target="_blank" rel="noopener">un policía-militar sea el jefe/a de gobierno y un futuro presidente/a</a>.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/wiGp2mvFLY0?si=pn-KrLtozT_QvXzJ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
La violencia colonial en México y en Israel toman formas distintas, pero son muy semejantes en sus bases y resultados materiales, en ocasiones también son muy similares sus formas. Por ejemplo, en materia de vigilancia, México ha invertido millones de dólares <a href="#_ftn10" name="_ftnref10">1</a> para comprar a Israel el<a href="https://animalpolitico.com/sociedad/sedena-software-espia-periodistas-defensores-derechos-humanos" target="_blank" rel="noopener"> malware Pegasus, con la finalidad de espiar a personas periodistas y defensoras de derechos humanos</a>. De hecho <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/es-el-ejercito-espionaje-sin-control-con-pegasus" target="_blank" rel="noopener">la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) es el único operador de este malware</a>. Por otro lado, México también ha comprado a Israel drones de alta tecnología para vigilar las fronteras, así como <a href="https://bdsmexicomx.wordpress.com/informe-relacion-mexico-e-israel-en-seguridad-policial-militar/#_ftn6" target="_blank" rel="noopener">armas “«probadas sobre el terreno» de la Fuerza de Defensa de Israel”</a>.  Si este problema de colonialismo lo trasladamos a América Latina y el Caribe, podemos observar que existen empresas de seguridad cuyos métodos han sido severamente cuestionados por su alto nivel de violencia y por incitar –a quienes entrenan– a usar fuerza letal. “<a href="https://drive.google.com/file/d/1IRCAMHvCsj1sh2p7fZkwGQdsd_E3PqSP/view" target="_blank" rel="noopener">Tal es el caso de la empresa de seguridad israelí ISDS Ltd, en su intromisión en el genocidio en Guatemala, por vender entre otras cosas, cursos de ‘terrorismo selectivo’</a>”.
El no crear puentes de solidaridad internacional con Palestina, el no exigir alto al fuego y al genocidio nos hace cómplices de una masacre, y peor aún, nos hace complacientes para que los gobiernos de México y de nuestra región del sur global sigan importando a nuestros espacios donde habitamos sistemas de vigilancia, armamento, herramientas tecnológicas y tácticas de guerra y control con la finalidad de administrar la muerte y el dolor.
Un ejemplo de esto es la postura del actual presidente mexicano López Obrador, quien mencionó: “<a href="https://drive.google.com/file/d/1IRCAMHvCsj1sh2p7fZkwGQdsd_E3PqSP/view" target="_blank" rel="noopener">Al principio, que me pedían que yo tomara partido, dije: neutralidad. Nosotros no nos metemos en eso, nosotros queremos la paz, no se entendió porque si nosotros condenábamos, de inmediato se estaba tomando una postura, sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente sucedió</a>”. Ante estas afirmaciones, México no es neutro en los hechos por varias razones: 1) aún no reconoce la soberanía y la autodeterminación de Palestina; 2) Israel sigue siendo un socio estratégico para México y su ejército para la compra-venta de armas, y 3) porque <a href="https://revistacomun.com/blog/por-que-a-mexico-no-le-importa-palestina/" target="_blank" rel="noopener">la “neutralidad” en medio de un genocidio, “limpieza étnica, ocupación colonial y opresión sistémica no conduce a la paz, sino que permite una violencia continua y creciente”</a>.
No habrá liberación de los pueblos sin la liberación de Palestina.
¡Alto al genocidio! ¡Alto al fuego! ¡Vivan los pueblos en resistencia!
* Fernanda Galicia (<a href="https://twitter.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>) es politóloga/ue y administradora/e pública por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y directora/e en Mexiro A. C. (<a href="https://twitter.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>), organización feminista, anticorrupción, decolonial y comunitaria.
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<a href="#_ftnref10" name="_ftn10">1</a> Tan solo en 2009 la empresa Aeronautics Defense Systems Ltd. anunció la venta  de sistemas avanzados de vigilancia e inteligencia por un valor de $22.5 millones a la fuerza policial federal de México. Disponible <a href="https://bdsmexicomx.wordpress.com/informe-relacion-mexico-e-israel-en-seguridad-policial-militar/#_ftn6" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Desmilitarizar nuestras tierras

Cuando hablamos de la prisión y sus consecuencias vale la pena señalar que, como sociedad, hemos asumido sin cuestionamientos que encarcelando a más personas viviremos con más tranquilidad. Hemos preferido los incrementos de penas y la creación de nuevos tipos penales para ocultar problemas sociales, antes que debatir sobre las desigualdades arraigadas en lo más profundo de nuestro sistema social y cultural; sin poner en la mesa las consecuencias perniciosas y desproporcionadas de las lógicas carcelarias en los grupos de población históricamente vulnerados, como por ejemplo, las mujeres.
La mayoría de las mujeres en prisión en nuestro país tiene entre 30 y 39 años de edad y les siguen las de entre 18 a 29 años. Los datos del INEGI relativos a la  Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad 2021 señalan que el 6.8 % de las mujeres en prisión son reincidentes. En este sentido, es importante tomar en cuenta que la cifra negra relativa a la reincidencia es muy alta porque la impunidad en México ronda el 95 % según en delito.
No obstante, retomando los datos del INEGI, es de destacar que el 44 % de las mujeres reincidentes sólo estuvo 6 meses o menos en libertad entre la última y la actual reclusión. En otras palabras, su reincidencia fue casi inmediata,<a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener"> siendo la posesión de drogas el delito más común en su primera aprehensión</a>. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
El 6 % de las mujeres en prisión tiene hijas o hijos menores viviendo con ellas en el centro penitenciario y la gran mayoría nació durante la reclusión. El rango de edad de las infancias en esta situación  es de 1 a 3 años. En un número importante de casos las internas ayudan en el cuidado de sus hijas e hijos y un porcentaje menor, las trabajadoras del centro penitenciario también participan de su cuidado.
<figure id="attachment_1342725" aria-describedby="caption-attachment-1342725" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1342725" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/trabajos-de-cuidado_reinsercion-social_prevencion-delito.jpg" alt="Ilustración de Juan Carlos Boo (IG @juancarlosboo)." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/trabajos-de-cuidado_reinsercion-social_prevencion-delito.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/trabajos-de-cuidado_reinsercion-social_prevencion-delito-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/trabajos-de-cuidado_reinsercion-social_prevencion-delito-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2023/11/trabajos-de-cuidado_reinsercion-social_prevencion-delito-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1342725" class="wp-caption-text">Ilustración: Juan Carlos Boo (IG @juancarlosboo).</figcaption></figure>
Además, la mayoría de la población de mujeres en prisión señaló tener hijos e hijas menores de edad dentro y/o fuera de los centros penitenciarios; de estas, más de la mitad manifestó tener de dos a tres y un porcentaje menor de cuatro hasta seis. Un dato relevante es que más de la mitad de las mujeres encuestadas señaló que sus hijas o hijos eran cuidados por sus abuelas o abuelos mientras ellas estaban en prisión, ya que no cuentan con acceso a servicios públicos como escuelas de tiempo completo o guarderías.
En el marco de la primera conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo es importante visibilizar que las responsabilidades de cuidados y los trabajos no remunerados son un factor relevante en las vidas de las mujeres, también de aquellas que están privadas de la libertad. Éstas no se terminan al entrar a prisión, por el contrario, muchas veces se complejizan. No se trata de un tema exclusivamente femenino. En general, casi el 80 % de la población privada de la libertad señaló haber tenido dependientes económicos la semana previa a su detención. También lo podemos notar fuera de prisión, pues es en las mujeres familiares en quienes recae la responsabilidad del cuidado de las y los internos y de sus dependientes, aunque paradójicamente muchas veces las mujeres privadas de la libertad son las que reciben un menor número de visitas por parte de familiares y amistades.
Es importante reconocer que la lógica penitenciaria reproduce las desigualdades específicamente de las mujeres, obligándolas a asumir la responsabilidad del sustento de las personas detenidas y sus familiares, sin ningún apoyo del Estado. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Desde OCUPA hemos resaltado que para que las personas privadas de la libertad puedan reincorporarse de manera exitosa a la sociedad, en especial las mujeres, son necesarias políticas públicas diferenciadas que respondan a las necesidades específicas de cada persona, centradas en la prevención del delito y la no reincidencia.
Más aún, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Opinión Consultiva OC-29/2022 en materia de Enfoques Diferenciados para personas privadas de su libertad pertenecientes a grupos vulnerables</a>. A través de esta Opinión, la Corte reconoce que las condiciones de sufrimiento provocadas por la reclusión en prisión se intensifican y agudizan para las personas pertenecientes a cinco grupos vulnerables, a saber: mujeres embarazadas, en postparto o lactancia; personas de la diversidad sexo-genérica; personas indígenas; personas adultas mayores e infancias que viven en prisión con su madre. Para estos grupos y en el caso de personas cuidadoras de hijas e hijos y otras personas dependientes recomienda privilegiar la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Hasta ahora hemos visto una fórmula mal aplicada: los retos a los que se enfrentan las personas al salir de prisión, en particular las mujeres, son la combinación perfecta para obligarlas a regresar a prisión. La falta de empleos, de salarios justos, la pérdida de habilidades y los estigmas cierran las puertas mucho antes de que se busque abrirlas. En los casos de las personas que tienen hijas , hijas o dependientes el panorama es más complejo al salir de prisión: Mientras el Estado no sea corresponsable en los trabajos de cuidados, será muy difícil que las mujeres y personas cuidadoras se incorporen a empleos formales que les permitan tener acceso a mejores condiciones de vida, movilidad social y autonomía, sobre todo considerando que los delitos en los que se ven involucradas las mujeres tienen mucho que ver con sustento económico y  posiciones de subordinación estructural.
En conclusión, sin corresponsabilidad en los cuidados no hay reinserción social ni prevención del delito. La apuesta debe contemplar de manera singular a las personas, sus comunidades y necesidades específicas, en el caso de las mujeres, reconociendo y respetando las diferencias de cada caso, apostando a un modelo centrado en el bienestar de las personas de forma individual y colectiva, que finalmente transforme las desigualdades, reduzca las violencias y garantice una calidad de vida digna para todas y todos.
* Silvana Carranza Navarro (<a href="https://twitter.com/sil__na" target="_blank" rel="noopener">@sil__na</a>) es coordinadora de Desarrollo Institucional de la Organización Comunitaria para la Paz OCUPA (<a href="https://twitter.com/ocupa_mx" target="_blank" rel="noopener">@ocupa_mx</a>). Ilustración: Juan Carlos Boo (IG <a href="https://www.instagram.com/juancarlosboo/" target="_blank" rel="noopener">@juancarlosboo</a>).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> De acuerdo con la CIDH En América Latina entre 40 % y 75 % de las mujeres privadas de libertad lo están por delitos relacionados con las drogas, una tasa entre dos a tres veces mayor que para los hombres. Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-19/22, 30 de mayo de 2022. Disponible <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Al momento de salir y reinsertarse la gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad consideran que el haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral y otro gran porcentaje que también les afectará para poder reintegrarse a su familia.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-19/22, 30 de mayo de 2022. Disponible <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

¿Qué tiene que ver la corresponsabilidad de los trabajos de cuidados en la reinserción social y prevención del delito?

 Trabajos de cuidados, reinserción social y prevención del delito

Después de una discusión de media legislatura, por fin se aprobaron los cambios a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato en lo que terminó siendo una megareforma de 7 iniciativas que fueron acumulando diversos temas propuestos por las familias de personas desaparecidas y sus acompañantes. Mucho se ha dicho de los aspectos que quedaron fuera; los colectivos hicieron <a href="https://es.scribd.com/document/680341470/COMUNICADO-Cambios-en-la-Ley-de-Busqueda-en-Guanajuato-un-largo-y-dificil-camino" target="_blank" rel="noopener">un posicionamiento</a> apenas fue aprobada.
A continuación, resumo algunos de los aspectos positivos de dichos cambios, con la intención de favorecer su análisis y darle mayor uso:
Se incluyó la definición de “Grupos Independientes de Búsqueda” a partir de la insistencia de las familias de personas desaparecidas; si bien la conceptualización es redundante con la de colectivo, ésta permitirá exigir la protección durante las búsquedas. El dictamen señala que son “los grupos de búsqueda conformados por familias, colectivos, organizaciones o especialistas en la materia, organizados para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas, independientes de las labores implementadas por la Comisión Estatal o la Fiscalía Especializada” (artículo 3). Una definición comprensiva del Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 132), de la Ley General de Desaparición (artículo 135) y diversos artículos del Protocolo Homologado de Búsqueda indica que estos grupos pueden solicitar a los cuerpos policíacos acompañamiento durante las labores de prospección independientes de las que realiza la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía local.
Un segundo aspecto que fue insistido en las mesas y que incluso fue desarrollado en una iniciativa completa fue el de la dignidad póstuma de las personas localizadas sin vida. Esta se incluyó expresamente en la Ley de Víctimas local.
Otros aspectos incluidos también son los siguientes:
<ul>
<li>El papel del Consejo Ciudadano frente al Sistema Estatal de Búsqueda, para que ahora las recomendaciones que las consejeras hagan a las autoridades estatales y municipales ya están incluidas en el artículo 23 de la Ley.</li>
<li>Se establecieron algunas mejoras en el proceso de designación de la persona titular de la Comisión.</li>
<li>Se amplió la coordinación de los Grupos de Búsqueda de la Comisión con los Colectivos (artículo 43 del dictamen).</li>
</ul>
Las familias podrán acceder a algunos apartados del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (Art. 77), además de un apartado de carácter público, aunque aún queda pendiente cómo se operativizará esta versión.
También se actualizaron aspectos del Registro Estatal de Fosas (REF), añadiendo 7 incisos al artículo 101, que incluyen: 1) la homologación en el registro de las fosas, 2) la interconexión con herramientas de investigación, 3) los campos que debe incluir el REF, 4) el tratamiento de la información del REF, 5) los apartados del REF (uno público, otro de acceso a las autoridades que realicen el registro de fosas cuando sean localizadas, uno de acceso a los familiares, y uno que permita recibir la información que se proporcione por la ciudadanía) y 6) la centralización del REF por parte de la Comisión local de búsqueda.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Cambios en la Ley de Búsqueda en Guanajuato

En 1938, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, director del Hospital de Toxicómanos dentro del Hospital Nacional Psiquiátrico de la Ciudad de México, también conocido como Manicomio La Castañeda, presentó el documento “<a href="https://www.scribd.com/document/428919026/Salazar-Viniegra-El-Mito-de-La-Marihuana-LSV-CRIMINALIA-DIC-1938" target="_blank" rel="noopener">El mito de la marihuana</a>”, que ofrecía un camino radical para poner fin a una de las primeras “guerras contra las drogas” en México.
Salazar Viniegra era parte de una nueva generación de médicos y científicos cuyos años formativos fueron marcados por la Revolución, cuando la guerra <a href="https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429289729-7/dialectics-dope-benjamin-smith" target="_blank" rel="noopener">extendió</a> el uso de la mariguana más allá de los cuarteles, campos de batalla y prisiones a los círculos culturales bohemios y clases bajas urbanas. Ellos intentaron introducir un régimen de drogas no punitivo que priorizara la salud pública. Salazar Viniegra y sus colegas comenzaban a adoptar la “<a href="https://bookshop.org/p/books/prohibitions-and-psychoactive-substances-in-history-culture-and-theory-prohibitions-and-psychoactive-substances-susannah-wilson/9924076?ean=9780367257637" target="_blank" rel="noopener">medicina social</a>”, un enfoque que llevaba a los médicos a las comunidades obreras urbanas y rurales para investigar las causas estructurales de las enfermedades.
Salazar Viniegra propuso varias ideas radicales dentro de la comunidad científica mexicana relacionadas con la salud mental, el consumo de drogas y la adicción. Su <a href="https://bookshop.org/p/books/the-dope-the-real-history-of-the-mexican-drug-trade-benjamin-t-smith/16194952?ean=9781324021827" target="_blank" rel="noopener">argumento</a> sostenía que la búsqueda incesante de riqueza por parte de la burguesía era la causa de la mayoría de las enfermedades mentales. Consideraba que el propio capitalismo era una forma de enfermedad mental.
A pesar de algunas críticas de periódicos conservadores, científicos opositores y funcionarios estadounidenses, la administración del presidente Lázaro Cárdenas aprobaba el trabajo y las teorías del doctor. Entre <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2017.1389268?journalCode=ctwq20" target="_blank" rel="noopener">1939 y 1940</a>, el gobierno y Salazar Viniegra colaboraron en la reestructuración formal de las leyes sobre drogas. El médico buscaba despenalizar el consumo de drogas y vio la posibilidad de un cambio radical al atacar el mercado ilegal, redactando una nueva legislación que impactara a los vendedores de drogas ilícitas en donde más les dolía: en sus ganancias.
Desde el siglo XIX, el control de drogas en México fue desigual y en gran medida localizado. Mientras que los soldados y presos representaban la mayoría de los consumidores de mariguana, habitualmente sectores pobres y de clase trabajadora utilizaban la planta como medicina barata para múltiples remedios. Esta era vendida por <a href="https://wwnorton.com/books/9781324006558" target="_blank" rel="noopener">curanderos tradicionales</a>, comúnmente mujeres indígenas, en mercados rurales y urbanos. Distintos gobiernos intentaron <a href="https://bookshop.org/p/books/cannabis-global-histories-lucas-richert/15627549?ean=9780262045209" target="_blank" rel="noopener">controlar</a> la venta y el consumo de ciertas drogas, pero no se intentaba criminalizar su uso de forma generalizada. Sin embargo, el Porfiriato también fue testigo del surgimiento de ciertos discursos <a href="https://uncpress.org/book/9781469613727/home-grown/" target="_blank" rel="noopener">criminalizando</a> e induciendo el pánico en torno al consumo de drogas.
La Revolución de 1910 sacudió viejas costumbres sociales, tabúes, jerarquías de clases y la extendida deferencia hacia las élites. Tras una década de convulsión, en los años veinte, la mariguana se popularizó entre dramaturgos, muralistas, poetas y músicos. Por su parte, los revolucionarios devenidos en políticos comenzaban a preocuparse por reconstruir el país. Este grupo, en su mayoría de clase media, creía que no podía moldear ciudadanos productivos y patriotas a partir de campesinos y trabajadores consumidores de hierba y opio. En <a href="https://direct.mit.edu/books/edited-volume/5137/chapter-abstract/3395373/A-Historical-Approach-to-the-Criminalization-of?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="noopener">1920</a>, Venustiano Carranza penalizó el cultivo y la venta de mariguana, mientras que otras drogas, consideradas medicinales, fueron sometidas a estrictos controles. Para <a href="https://direct.mit.edu/books/edited-volume/5137/chapter-abstract/3395373/A-Historical-Approach-to-the-Criminalization-of?redirectedFrom=fulltext" target="_blank" rel="noopener">1926</a>, el código sanitario agregó la goma de opio fumable y la heroína a la lista de “drogas enervantes” prohibidas que ya incluía a la mariguana.
En 1931, un nuevo código penal federal tipificó el cultivo, consumo y venta de mariguana y otros estupefacientes como “delitos contra la salud”, con penas de prisión o internación en La Castañeda, donde los reclusos pronto se encontrarían con Salazar Viniegra, quien trabajaba arduamente cuestionando las políticas punitivas que los habían llevado allí.
En 1940, en colaboración con el gobierno de Cárdenas, Salazar Viniegra había introducido con éxito nuevas leyes sobre drogas. En marzo de ese año, el Departamento de Salubridad Pública estableció un dispensario estatal de morfina en la Ciudad de México, donde <a href="https://bookshop.org/p/books/the-dope-the-real-history-of-the-mexican-drug-trade-benjamin-t-smith/16194952?ean=9781324021827" target="_blank" rel="noopener">cinco</a> médicos suministraban dos veces al día dosis controladas de morfina de alta calidad a precio muy bajo. Esto les permitía proporcionar atención médica adicional y monitoreo a personas adictas a las drogas, pues para obtener la morfina tenían que aceptar recibir asesoría médica. El verdadero objetivo era económico: la morfina barata suministrada por el Estado debilitaba la economía de la droga ilícita en la ciudad y amenazaba con dejar fuera del negocio a los traficantes callejeros.
Según el Departamento de Salubridad, los traficantes callejeros y los narcos perdieron miles de pesos al día. En la prensa aparecían editoriales positivos y de acuerdo con las entrevistas de periodistas que visitaban el dispensario, la morfina barata y segura les daba la oportunidad a los pacientes de volver <a href="https://bookshop.org/p/books/the-dope-the-real-history-of-the-mexican-drug-trade-benjamin-t-smith/16194952?ean=9781324021827" target="_blank" rel="noopener">a trabajar y proveer</a> para sus familias. Basándose en estos resultados iniciales, el gobierno de Cárdenas hizo planes para abrir más dispensarios.
Sin embargo, en el verano de 1940, el dispensario cerró sus puertas y el gobierno derogó las leyes sobre drogas. La explicación pública oficial fue que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial había provocado una escasez drástica en el suministro mundial de morfina médica. La razón real era más complicada. Se relacionaba con Harry Anslinger, el jefe de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos, que dio forma al régimen punitivo de guerra contra las drogas que se instauró en ese país en la década de 1930. Anslinger <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2017.1389268?journalCode=ctwq20" target="_blank" rel="noopener">discrepaba</a> vehementemente con el experimento progresista liderado por Salazar Viniegra. El temor era que este enfoque pudiera socavar el sistema internacional de control de drogas basado en la prohibición y la criminalización que había tomado décadas en crearse bajo el liderazgo de Estados Unidos y que había empezado centrándose en el opio a principios del siglo XX.
Anslinger <a href="https://bookshop.org/p/books/the-dope-the-real-history-of-the-mexican-drug-trade-benjamin-t-smith/16194952?ean=9781324021827" target="_blank" rel="noopener">manipuló</a> las leyes antidroga estadounidenses para regular la exportación de morfina medicinal en función de niveles “médicos y legítimos” de demanda. Su argumento fue que la demanda de México superaba esos niveles. De pronto los hospitales mexicanos se enfrentaban a una grave escasez de morfina para los pacientes que la necesitaban. Los médicos protestaban porque el departamento de salud otorgaba morfina a personas con adicción mientras sus pacientes sufrían.
Esta táctica de Anslinger fue una forma de chantaje, agravada por la <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2017.1389268?journalCode=ctwq20" target="_blank" rel="noopener">incapacidad</a> de los diplomáticos mexicanos para contrarrestar eficazmente los argumentos de los estadounidenses en reuniones bilaterales e internacionales. Bajo presión y en los últimos meses de su mandato presidencial, el gobierno de Cárdenas tuvo que elegir entre su estrategia radical o mantener el suministro nacional de morfina médica. El gobierno abandonó las nuevas leyes sobre drogas y el acceso a la morfina estadounidense se reanudó poco después. Años más tarde, Salazar Viniegra <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2017.1389268" target="_blank" rel="noopener">culparía</a> a la “eterna y desastrosa política electoral” de México de este trágico revés.
La historia de Salazar Viniegra recalca que las guerras contra las drogas nunca tienen que ver realmente con las drogas. Desde al menos mediados del siglo XIX, estos conflictos han girado en torno al poder del Estado, el control social y el capitalismo.
Acabar con este experimento del médico radical en 1940 cerró la posibilidad de un futuro más justo y pacífico para México y los mexicanos. En lugar de reducir los daños, el Estado organizó una campaña nacional permanente de prohibición de drogas a partir de finales de la década de 1940, que cada año lleva a cientos de soldados y policías a las regiones rurales del altiplano para encontrar y destruir plantaciones de drogas. Por su parte, el código penal de <a href="https://bookshop.org/p/books/cannabis-global-histories-lucas-richert/15627549?ean=9780262045209" target="_blank" rel="noopener">1931</a> sigue vigente hasta el día de hoy. <a href="https://www.foreignexchanges.news/p/hugging-bullets" target="_blank" rel="noopener">Décadas</a> de guerras dirigidas por el ejército contra campesinos productores de droga, con agentes antinarcóticos y financiamiento de Estados Unidos, culminaron en 2006 con la declaración de otra guerra contra las drogas por parte del presidente Felipe Calderón.
Mientras que, por un lado, las drogas ilícitas siguen fluyendo hacia el norte para satisfacer la demanda de heroína, cocaína, metanfetaminas y fentanilo, por el otro,armamento militar se desplaza hacia el sur, resultando en muertes masivas en ambos lados de la frontera.
*Alexander Aviña (<a href="https://twitter.com/Alexander_Avina" target="_blank" rel="noopener">@Alexander_Avina</a>) es profesor de historia en la School of Historical, Philosophical and Religious Studies en Arizona State University. Es el autor de Spectres of Revolution: Peasant Guerillas in the Cold War Mexican Countryside (Oxford University Press, 2014)
Este texto es una adaptación del <a href="https://www.thedial.world/issue-8/mexico-marijuana-legalization-criminalization-history">ensayo </a><a href="https://www.thedial.world/issue-8/mexico-marijuana-legalization-criminalization-history" target="_blank" rel="noopener">The Myth of Marijuana</a> publicado originalmente en <a href="https://www.thedial.world/">The Dial</a> el 19 de septiembre de 2023. Traducción realizada por Isabel Migoya.

Salazar Viniegra y el mito de la mariguana

Tal parece que hemos olvidado que la práctica de la tortura en México es generalizada, como lo dijo el entonces Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, <a href="https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/G1425291.pdf" target="_blank" rel="noopener">Juan Méndez</a>, tras su visita a México en el 2014. Casi una década después, a pesar de que existen avances en la materia, estamos lejos de eliminar esta práctica y garantizar justicia a quienes la han sobrevivido. De esta lucha se aparta ahora el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que todavía podría asumir la posición que le corresponde. Por lo pronto, la falta de resultados indica que la política actual es la de sumarse a las filas de los agentes de impunidad que permiten que en México la gente sea torturada, sin consecuencias de ningún tipo.
En junio de 2019 se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT) dentro de la Dirección General del IFDP, como un esfuerzo institucional para contribuir a saldar la deuda que tienen las instituciones mexicanas con las personas sobrevivientes de tortura. La primera tarea fue identificar la magnitud del problema para establecer una estrategia de acciones estructurales. Se solicitó a las personas defensoras públicas informasen sobre los casos que contaron con representación pública que pudiesen involucrar actos de tortura o malos tratos desde el 2011. La respuesta fue abrumadora: tan solo en los primeros meses desde su creación, la STCT identificó más de 7 mil posibles casos de tortura, de los cuales solo se tenía registro de 44 denuncias presentadas por dicha institución.
En consecuencia, entre septiembre de 2019 y mayo de 2022 se presentaron más de 5 mil denuncias por la posible comisión de actos de tortura o malos tratos en contra de agentes federales y estatales. Estas denuncias fueron el inicio de una estrategia de litigio que hoy en día sigue rindiendo frutos, a pesar de la falta de continuidad y la ausencia de nuevas acciones por parte de la dirección actual.
A la par que se denunciaban actos de tortura cometidos, se presentaron cientos de demandas de amparo reclamando la inactividad de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales en las investigaciones de este delito. Derivado de estas demandas se han iniciado juicios penales, por ejemplo, en contra de agentes de la <a href="https://www.gobernantes.com/vernota.php?id=348412" target="_blank" rel="noopener">SEMAR</a>, por violaciones cometidas hace más de una década.
Gracias a esta estrategia de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la STCT tiene <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6896" target="_blank" rel="noopener">interés legítimo</a> para acudir al amparo e impulsar las investigaciones por el delito de tortura, en beneficio de las personas que cuentan con defensa pública federal. Este reconocimiento fue resultado de dos años y medio de litigio estratégico, con más de una centena de juicios tramitados en circuitos judiciales de todo el país. Es una herramienta que abre la puerta a las instituciones públicas encargadas de garantizar el acceso a la justicia de las personas sobrevivientes a través de acciones legales, evitándoles obstáculos materiales y legales característicos en este tipo de casos. Lamentablemente, desde enero de 2023, la STCT únicamente ha presentado tres demandas de amparo para impulsar investigaciones, desperdiciando esta valiosa herramienta legal que, en consecuencia, deja a cientos de sobrevivientes de tortura en absoluta indefensión como víctimas del delito.
Dentro de esta estrategia legal se sometió a juicio también el incumplimiento de la FGR de implementar correctamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fruto de la lucha de las personas sobrevivientes de tortura, sus familias y organizaciones que les acompañanan. En particular, derivado de los juicios interpuestos por la STCT, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la falta de operatividad y creación del <a href="https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6630" target="_blank" rel="noopener">Registro Nacional del Delito de Tortura</a> constituye también una omisión en el deber de investigar diligentemente el delito de tortura. Un mes después, la FGR publicaría por fin los <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638395&amp;fecha=15/12/2021#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">Lineamientos de Operación del Registro Nacional del Delito de Tortura</a>. La operatividad y correcto funcionamiento de este registro está en duda; su creación -aunque tardía-, fue resultado de la estrategia iniciada por la STCT en el 2019.
Ahora, la autoridad responsable de investigar la tortura y los malos tratos a nivel federal es la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos a cargo de Sara Irene Herrerías Guerra.
Según los informes anuales de la FGR, entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 se consignaron o “judicializaron” 53 investigaciones (6 en 2020, 15 en 2021 y 32 en 2022). Es un número ínfimo en comparación con la cantidad de investigaciones en las que la fiscalía ha determinado no ejercer acción penal, archivar, abstenerse de investigar, declararse incompetente, o acumular más de una investigación (2,243 entre el 2020 y 2022). La diferencia entre el número de asuntos consignados en 2022 respecto del 2020, aunque insuficiente, es proporcional al incremento en las acciones legales que realizó la STCT entre el 2019 y 2022.
El 2023 inició para la FEIDT con 3,742 investigaciones pendientes de determinar. Es decir, desde el 2020, que inició con 4,982 investigaciones pendientes, hasta finales del 2022, la fiscalía se ha “deshecho” de casi la mitad de ellas sin haber llevado ante la justicia a las personas que pudiesen ser responsables. Las razones que llevaron a la fiscalía a “deshacerse” de estas investigaciones las debe dar dicha institución.
Las estrategias de la STCT también implicaron el aumento del acceso a los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a las personas sobrevivientes de tortura. Según la información rendida por el Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2019 tuvo conocimiento de 673 casos, mientras que en el 2022 fueron 1,723, casi el triple.
Desgraciadamente, desde la llegada de Taissia Cruz Parcero como Directora General del IFDP, designada por la Ministra Norma Piña, se adoptó una política institucional de complicidad en la impunidad que rodea los casos de tortura. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 330030423001999, durante su primera semana a cargo de la institución, se reunió con la Fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías.
Desde entonces, la política institucional ha sido, por un lado, la de no denunciar todos los casos en los que se presume se pudiesen haber cometido actos de tortura o malos tratos, como lo ordenan el Derecho Internacional y la normativa mexicana, y por otro, la de no ejecutar algún tipo de estrategia legal para impulsar las investigaciones penales. La omisión de las personas funcionarias de denunciar los posibles actos de tortura de los que tienen conocimiento en el ejercicio de sus funciones es un delito en México. A esta preocupación se suma la falta absoluta de estrategias de litigio e incidencia, en general, para el combate a la tortura desde el IFDP.
Según información disponible en el Portal Nacional de Transparencia  entre el 1º de abril y 4 de agosto de 2023 la STCT presentó 7 denuncias y las personas defensoras públicas presentaron 87. Durante años, la práctica de la defensa pública federal fue la de conformarse con “dar vista” al Ministerio Público de las posibles violaciones a los derechos humanos. Por lo general, esto se cumple como mera formalidad de las personas defensoras y las personas juzgadoras, olvidándose del asunto y dejando al arbitrio de la buena voluntad del Ministerio Público el acceso a la justicia para las personas sobrevivientes de tortura. La STCT debe cerciorarse de que las denuncias de la defensa se presenten ante la autoridad competente, es decir, la FEIDT en el caso de agentes federales y las fiscalías especiales locales en el caso de agentes estatales. No hacerlo así propicia la reclasificación de los hechos a delitos con penas menos severas y un trato legal distinto, y con ello la impunidad.
La correcta identificación, documentación y atención de casos de tortura desde la defensa penal requiere de herramientas institucionales que faciliten la labor de las personas defensoras. Desde la llegada de la Directora designada por la ministra Norma Piña, según información recogida de la titular de la STCT, no ha realizado acciones de mejora, manuales o protocolos para la atención de asuntos que involucren tortura o malos tratos. La ausencia de estas acciones impacta negativamente en el número de casos identificados y denunciados por el personal del IFDP.
Por otro lado, el papel de la STCT y las personas defensoras en el monitoreo de las condiciones carcelarias en las que viven las personas representadas y la defensa legal de sus derechos frente a la represión del sistema penitenciario, es crucial. Hasta agosto del 2023, la titular de la STCT habría realizado únicamente dos visitas a las cárceles mexicanas. La propia respuesta dada por el IFDP indica que la STCT ya no realiza acciones de monitoreo ni documentación de la tortura y malos tratos a nivel nacional. Si no existen acciones legales a favor de las personas privadas de libertad tras las visitas realizadas por funcionarias públicas a los penales mexicanos, se convierten en una mera promesa y falsa esperanza para aquellas personas que viven aisladas y abandonadas por la sociedad.
Relacionado con la ausencia de las instituciones en los penales, y particularmente en el femenil, el 9 de noviembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó mediante Nota Informativa que 8 mujeres murieron en el CEFERESO 16 “presuntamente” por suicidio. Este centro penitenciario, el único federal para mujeres privadas de libertad, es una bomba de tiempo que cada cierto tiempo cobra las vidas de las internas. Desde febrero de 2023 Taissia Cruz tiene conocimiento de las deporables condiciones de internamiento y las afectaciones a la salud en las que viven las mujeres en el CEFERESO 16 y que fueron documentadas en más de mil entrevistas sistematizadas por la STCT. Parece que la atención a las mujeres privadas de libertad no son una prioridad en esta administración, donde tanto la Presidenta de la SCJN como la Directora del IFDP fueron reconocidas como las primeras mujeres en llegar al cargo.
Esta postura es sumamente conveniente para la Fiscal Sara Irene Herrerías, a quien por <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024484" target="_blank" rel="noopener">precedente judicial</a> se le debe investigar (administrativamente) en todos los casos en los que se demostró que fue omisa en supervisar que el fiscal a cargo de las investigaciones por tortura realice correctamente su trabajo. En principio, estas investigaciones se deberían realizar en las docenas de juicios que ganó la STCT en contra de las autoridades investigadoras adscritas a la FGR.
La Directora del IFDP recibe un sueldo neto de $ 153,482 más prestaciones, más de $ 30,000 mil pesos mensuales de lo que recibía el Director anterior, que es el presupuesto designado para dicho puesto. La persona titular de la STCT recibe $97,617, más prestaciones. En el peligroso y nada productivo embate entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde los altos sueldos se utilizan como pretexto para atentar contra la independencia judicial, bien les vendría a las funcionarias “desquitar el sueldo” y entregar resultados. Particularmente cuando la ministra Norma Piña justifica el aumento del presupuesto en la necesidad de fortalecer la defensa pública (institución que, por cierto, no figuró en su Plan de Trabajo como Presidenta de la SCJN).
El próximo 15 de noviembre la SCJN resolverá el <a href="https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2023-11/231107-AR-539-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Amparo en Revisión 539/2023</a>, relacionado con la obligación de los estados de crear fiscalías especializadas para la investigación del delito de tortura. También en los próximos meses resolverá un caso relacionado con la obligatoriedad de las medidas provisionales dictadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y el Amparo Directo presentado por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el fabricado “Caso Wallace”. La llegada de estos casos a la SCJN fue resultado de estrategias de litigio iniciadas hace tres o cuatro años, y que recién están rindiendo resultados.
Hoy no existe una política institucional ni estrategia desde la defensa pública federal para contribuir al combate a la tortura y los malos tratos en México. Los precedentes judiciales se buscan a través de estrategias legales planificadas con anticipación, con base en el análisis de la realidad en la que vivimos. No existe en México ninguna institución u organización que esté en mejor posición que el Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente, por los medios legales, a esta práctica inhumana que, junto con la desaparición de personas, ha marcado la reputación del estado mexicano a nivel internacional.
* Salvador Leyva Morelos Zaragoza (<a href="https://twitter.com/eseleyva1" target="_blank" rel="noopener">@eseleyva1</a>) es abogado defensor de derechos humanos.

La Defensoría Pública se suma a las filas de la impunidad en el combate a la tortura

Hace unos días, mientras estaba atorado en el tráfico habitual de la Ciudad de México, escuché en la radio un spot de la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, declarando que en este gobierno se acabaron los “gasolinazos”. De entrada, el mensaje es directo, pero no necesariamente verdadero.
Primero, Sheinbaum afirma que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un incremento en el precio de la gasolina de 22.9 %, uno de 42.8 % durante la administración de Enrique Peña Nieto y ha disminuido un 7.2 % en el actual periodo de Andrés Manuel López Obrador. Si bien estas cifras son ciertas, es fundamental que recordemos  que mantener artificialmente los precios de las gasolinas magna, premium y del diesel tiene un costo, que ha sido cerca de 573 mil millones de pesos entre 2019 y 2022, a través del esquema de subsidios a la gasolina.
Otro comparativo que se realiza en el material de difusión es que “con Fox, Calderón y Peña aumentó la importación de combustibles en más de 500 por ciento. En cambio con el presidente López Obrador ha bajado la importación de gasolinas en 50 % entre 2018 y 2023; esto es porque se compró la refinería Deer Park en Texas, se están rehabilitando 6 refinerías, y se construye la refinería Olmeca en Tabasco”. Sin embargo, con base en información de la propia Secretaría de Energía, durante el sexenio de Fox el volumen de importación de gasolina pasó de 1,084 a 2,034 miles de barriles diarios (mbd), es decir, un incremento del 88 %. En el caso del sexenio de Calderón, el aumento fue del 97 % (pasó de 2,456 a 4,740 mbd) y con Peña Nieto el incremento fue de 45 % (al pasar de 4,740 a 6,871 mdb); todas ellas son cifras muy distantes de un 500 por ciento.
Es cierto que, en lo que va de este sexenio, entre 2018 y 2022, la importación de gasolinas pasó de 7,450 a 6,569 mbd; es decir, tuvo un decremento del 12 %. No obstante, esta cifra es engañosa, ya que a partir de enero de 2016 algunas empresas privadas obtuvieron el permiso de importar gasolinas. Si tomamos en consideración la cifra de importaciones de gasolinas entre 2018 y 2022, entre PEMEX y las empresas privadas pasaron de 7,722 a 8,121 mdb, lo que representa un incremento del 5 %. ¿De dónde obtiene la virtual candidata una caída en el volumen de importaciones del 50 % en este sexenio? Los datos del propio gobierno morenista no respaldan esa aseveración.
Más adelante en su mensaje, Claudia Sheinbaum asegura que “en 2022 el presidente destinó muchos recursos para que no aumentara el precio de las gasolinas y el diesel”. En esto no nos miente Claudia: en 2022 el subsidio a los combustibles, pagados con nuestros impuestos sumaron 397,300 millones de pesos, cifra récord. En promedio cada persona en México, incluida la niñez, la población que habita en zonas marginadas y quienes no tienen automóvil, pagamos poco más de 3,000 pesos para que los precios de la gasolina no se fueran al cielo. Pero, ¿qué tan conveniente es destinar todo ese dinero a promover el uso de combustibles fósiles en lugar de destinarlo a otros rubros, como salud o educación de calidad?
El spot cierra afirmando que “con la Cuarta Transformación no hay ni habrá gasolinazos”, pero vale la pena reflexionar si esta política de gastar los ingresos que provienen de nuestros impuestos en subsidios a la gasolina es la ideal, ya que únicamente se beneficia la mitad de la población con mayores ingresos, quienes acaparan un 77 % del subsidio, mientras que la población más pobre únicamente se queda con el 23 % de ese subsidio.
Si hacemos un análisis a fondo, veremos que no hay nada más cercano a una política neoliberal que beneficiar con los caudales públicos a una minoría que resulta ser los que más tienen; sin embargo, el partido en el poder ha optado por distorsionar la realidad desde el discurso oficial.
En los meses que vienen será necesario monitorear los montos que este gobierno destinará a los subsidios a combustibles, ante gasolinas importadas que muy probablemente aumentarán de precio debido a la guerra en Medio Oriente, tal como sucedió en 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania.
Además, no podemos dejar de lado temas más serios y centrar la discusión en la urgencia de que PEMEX transparente los precios a los que comercializa y vende los combustibles; otorgar más permisos a los franquiciatarios que quieren competir con PEMEX y que actualmente son negados por la Comisión Reguladora de Energía, e incentivar la inversión en infraestructura que le permita a las empresas privadas competir con PEMEX, en beneficio de los consumidores finales.
* Jacques Stroobants (<a href="https://twitter.com/Jstro001" target="_blank" rel="noopener">@Jstro001</a>) es Coordinador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://twitter.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

¿Que se acabaron los “gasolinazos”?

A las primeras horas del viernes 3 de noviembre del 2023, la cacha del arma AR15 del policía municipal “Lira” se estrelló en el rostro de Franco Cardel, periodista veracruzano con 20 años de experiencia. <a href="https://www.animalpolitico.com/estados/policias-golpean-periodistas-veracruz" target="_blank" rel="noopener">El policía lo agredió frente a otros reporteros que grababan en video la situación,</a> impunemente.
Uno de los reporteros que grababa la agresión fue Carlos Parra, de Veracruz en Alerta, a quien los policías estatales persiguieron, golpearon e hicieron sangrar de la cabeza por documentar el ataque y reclamar la violencia contra su compañero. También le quitaron el celular con la intención de evitar que difundiera las grabaciones. Más tarde, desde la patrulla 3020 aventaron el teléfono en un lugar conocido como Colinas de Santa Fe, al norte del puerto de Veracruz, zona donde se encontraron fosas clandestinas. Los periodistas siguieron el trayecto del celular “confiscado” a través de la geolocalización, según relata el propio Cardel.
Pero para la mañana de ese mismo viernes nada había sido cierto, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Mientras los videos con los testimonios de la violencia se viralizaban en redes sociales y los medios retomaban la información generada en esta entidad &#8211;<a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/agenda-de-riesgos/veracruz-la-entidad-mas-peligrosa-para-ser-periodista" target="_blank" rel="noopener">considerada la más peligrosa para la profesión</a>, de acuerdo con la organización Articulo 19 y la Fundación Konrad Adenauer- la SSP mentía sobre su participación, con descaro y cinismo a pesar de los múltiples testimonios de los hechos.
<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/eZdndSaSnLQ?si=BDzxu5vWUBfbjQ7e" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
“Sentí mucha impotencia y mucho dolor, dolor por los golpes y por lo que pasaba. No estábamos haciendo nada malo. Es más, lo que hacemos les ayuda porque difundimos que ellos están trabajando”, contó Cardel. Los periodistas se encontraban cubriendo un operativo policial luego de que se registrara un asalto en el centro comercial Plaza Américas de Boca del Río. Los elementos de la SSP nunca siguieron sus propios protocolos de seguridad, como lo es acordonar la zona.
Ante los ataques, los periodistas presentarán una denuncia ante la fiscalía general del Estado de Veracruz por las agresiones sufridas y serán representados por la Comisión Estatal de Atención a Periodistas (CEAPP). “Ya tuvimos comunicación con su Secretario Ejecutivo, Israel Hernández”, informó Cardel.
<a href="https://articulo19.org/informe-semestral-2023-violencia-contra-la-prensa-entre-ataques-estigmatizacion-y-ausencia-del-estado/" target="_blank" rel="noopener">En el primer semestre de 2023 se registraron 12 agresiones en contra de periodistas en Veracruz</a>, de acuerdo con Artículo 19.  En la estadística está la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros, fotógrafo del Ayuntamiento de Nanchital y colaborador del medio digital “La de8News”.
<h2>Sin libertad de expresión no hay democracia</h2>
En Veracruz los ataques del Estado mexicano contra los periodistas se hacen con cinismo y complicidad de la autoridad: el índice de Libertad de Prensa es de 4.2 en una escala de 0 a 10, de acuerdo con la consultora política PoliLat, 1 que ubica a Veracruz en el lugar 26 de 32 estados en 2022. En dicha medición Querétaro tiene 10 puntos y Puebla, 0. En una revisión de los datos de la misma organización en los últimos años, la entidad veracruzana se mantiene en los peores lugares, por la cantidad de agresiones registradas a periodistas y la gravedad de estas, y el mínimo desarrollo democrático.
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De acuerdo con el <a href="https://idd-mex.org/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Desarrollo Democrático de México 2022</a>, “Veracruz registra una puntuación inferior a la de 2021, lo que se tradujo en descender en su calificación nuevamente a mínimo desarrollo democrático y perder ocho posiciones en el ordenamiento nacional, ubicándose en el puesto 24 en este informe. Es la quinta vez, desde 2010, que obtiene una puntuación de mínimo desarrollo; en el resto de los informes calificó otras cinco ocasiones con bajo desarrollo y sólo en dos oportunidades alcanzó desarrollo medio”.
En el informe de Articulo 19 respecto al primer semestre de 2023, se establece que el Estado mexicano ha sido el principal agresor de periodistas en México. De 140 de 272 agresiones documentadas (el 51.4 por ciento), son autoridades las responsables del ataque. De éstas, 102 fueron realizados por funcionarios públicos civiles, 34 por fuerzas de seguridad civiles y 4 por integrantes de las fuerzas armadas. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa, con 64 casos, le siguen funcionarios federales y finalmente el nivel municipal con 23 agresiones.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), establece que sin una “efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”.
“El periodismo es la manifestación primaria y principal de esta libertad. Por ello es fundamental que los periodistas y comunicadores sociales gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”, agrega la CIDH.
Lejos de esta idea de libertad y democracia, el gobierno de este estado emitió un comunicado negando las agresiones físicas y la violación a los derechos humanos de los periodistas, una acción que justifica y alienta la violencia que durante varias décadas han padecido los reporteros. El comunicado <a href="https://x.com/SP_Veracruz/status/1720475299316478323?s=20" target="_blank" rel="noopener">continúa publicado</a> en las redes sociales de la dependencia.
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* Sandra Isabel Jiménez Mateos es periodista, investigadora académica de la Universidad Veracruzana y estudiante del Doctorado en Investigación de la Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte. Trabaja la línea de investigación de agresión a periodistas, libertad de expresión, de prensa y democracia.
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1 <a href="https://www.polilat.com/" target="_blank" rel="noopener">PoliLat</a> (<a href="https://twitter.com/POLILATIDD" target="_blank" rel="noopener">@POLILATIDD</a>) es una consultora política especializada en la prestación de servicios de organización e información relacionados con la situación política, social y económica en sus aspectos institucionales, de organización, sociales, partidarios y de acción de gobierno, tanto en el nivel regional como en el nacional y en los órdenes provincial o estatal y municipal de los países. Desde hace 16 años realiza su <a href="https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=10e5460d-d729-69f0-4403-c88815db0fc3&amp;groupId=266027" target="_blank" rel="noopener">Índice de Desarrollo Democrático de América Latina</a> ( IDD-LAT) y desde hace 11 años el correspondiente a México (<a href="https://idd-mex.org/" target="_blank" rel="noopener">IDD-MEX</a>), de forma conjunta de la Fundación Konrad Adenauer. Como parte de ese Índice, en cuanto al indicador condiciones para el ejercicio de una prensa libre, se obtiene de la Encuesta de Derechos y Libertades-Capítulo Libertad de prensa. Contacto: <a href="mailto:Info@polilat.com" target="_blank" rel="noopener">Info@polilat.com</a>.

En Veracruz, la policía tiene permiso para agredir periodistas

Como sabemos, un huracán azotó la costa del estado de Guerrero con una fuerza descomunal de grado 5. Los daños causados por Otis confirman la importancia de anticiparnos a las nuevas realidades del cambio climático. Tenemos que estar profundamente conscientes que a quienes más afecta es a determinados grupos de población, justamente los más desprotegidos y marginados, y entre ellos el que nos ocupa en primer lugar es la niñez.
La situación llevó a declarar oficialmente la emergencia en seis municipios del estado, con los daños más severos en Acapulco y Coyuca de Benítez; la destrucción de casas, negocios, hoteles, servicios y fábricas, así como los deslaves y bloqueo de carreteras, caminos, puentes y calles. Las inundaciones y desbordes de corrientes dejaron una devastación muy extensa. Al día de hoy, la estimación es que hay 222 mil viviendas afectadas, de las cuales 51 mil podrían ser de pérdida total. Por días no se dio una atención coordinada a las necesidades inmediatas de la población, y además de la interrupción del servicio eléctrico, la telefonía y la disponibilidad de agua, y de la imposibilidad para continuar con los servicios educativos, de la escasez de alimentos, de combustible y de medicinas, se padecieron saqueos y momentos de violencia.
Finalmente se hizo público, el 31 de octubre, un Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada, señalando la coordinación de la autoridad federal para atender diversos aspectos de las 250 mil familias damnificadas, en el primer cálculo. Las acciones anunciadas se concentran en entregas -de canastas básicas y de enseres domésticos- y en ajustes económicos -anticipo de los apoyos sociales ya vigentes, prórrogas o quitas de pagos e impuestos, otorgamiento de créditos, apoyo en efectivo para auto-reconstrucción de hogares afectados-, en la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en cada colonia de más de mil viviendas, la continuación de la búsqueda de desaparecidos. En el Plan no se mencionan explícitamente ajustes mayores para la infraestructura pública, no hay referencia a la coordinación con la respuesta humanitaria de las organizaciones sociales, ni tampoco se prevén espacios de consulta, de participación o de rendición de cuentas a la población.
Sobre nuestra razón de ser como Save the Children, que es lograr cambios inmediatos y duraderos en la vida de niñas, niños y jóvenes, cambios que se desprenden de la forma en que el mundo les considera, y al ejercicio pleno de sus derechos, en el Plan del gobierno federal, por el momento, sólo encontramos que se habla de los jóvenes en el punto 3, en el que se señala que se reclutará a diez mil de ellas y ellos para la limpieza, con el esquema del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”; mientras que sobre las niñas y niños, la única referencia es el punto 4, en el cual se postula que se otorgará el doble de becas. Esperamos que en las formulaciones de los días siguientes se vayan precisando las urgentes tareas de las agencias del Estado para convocar a las familias, los educadores, los agentes de salud, las organizaciones y toda la sociedad para abordar las necesidades de protección, salud emocional, juego y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
El equipo que está en campo por parte de Save de Children, además de realizar la entrega de 2,800 paquetes de alimentos y de 400 kits de higiene y limpieza familiar, en coordinación con las autoridades, se encuentra mapeando las necesidades en terreno, conversando con las familias y con los propios niñas y niños; expresan temor e inquietud, han sufrido falta de sueño y las experiencias con la precariedad continuada nos exigen actuar con contundencia. Pudimos también entregar 400 kits de bienestar, que incluyen pelotas para estrés, peluches, lápices, libros de mandalas, en un primer paquete para ayudar a la contención emocional y a favorecer la calma.
Por supuesto, lo primero para atender a la niñez es asegurar alimentación nutritiva y balanceada, hidratación e higiene; nos preocupa que se desarticule el esfuerzo de vacunación y proponemos que pronto agentes de todos los sectores ofrezcan alternativas para cuidar la salud mental. La experiencia con la pandemia por Covid 19 nos enseñó, con amargo costo, que es urgente establecer espacios seguros y de desarrollo de la niñez, pues estar fuera de la cotidianidad de la escuela no sólo afecta los aprendizajes, sino que golpea en el estado de ánimo, desubica en el proyecto de vida y multiplica en forma alarmante la posibilidad de ser reclutado al trabajo informal o a las redes del crimen organizado, así como de sufrir abuso y hasta violencia sexual.
La decisión de Save the Children es quedarnos al menos 18 meses; que fluya la ayuda solidaria en estas primeras semanas es fundamental, pero lo es igualmente, trabajar en coordinación estrecha con las autoridades, como lo hemos venido haciendo, para que se ofrezcan espacios amigables a la niñez. Se requiere un trabajo dedicado a reestablecer a la brevedad el servicio escolar -tan sólo en Acapulco y Coyuca cerraron 1,536 escuelas, lo que deja sin clase a 184 mil estudiantes; urge que las escuelas que están operando ahora como albergues puedan ser sustituidas por otros espacios idóneos a esa función, y se permita que regresen a su función de centro educativo- y que en él se construya resiliencia.
Apoyar para procesar el duelo y la incertidumbre, para recuperar el juego y la imaginación, para dejar a niñas y niños ser sí mismos y poder desarrollarse en ambientes que es responsabilidad de las personas adultas proveer, es un gran reto. Pero junto con las autoridades, los aliados de otras organizaciones, las fundaciones y donantes, y las propias comunidades, vamos a dedicar recursos y talento; vamos a trabajar en la reactivación de los medios de vida, en la reconstrucción, en poner o mejorar instalaciones de agua y saneamiento, pues todo ello hace concreto el interés superior de la niñez, que una y otra vez hay que recordar a la sociedad y a los gobiernos como deber indeclinable. Pero, como primer paso, les tenemos que ver y les tenemos que escuchar: si alguien tiene una irrupción mayúscula en sus vidas por este evento, son niñas y niños. Si no se los llevó de entre nosotros un huracán, que no se los lleve la inacción y la indiferencia.
Te invito a conocer más de lo que estamos haciendo en <a href="https://apoyo.savethechildren.mx/emergencias-humanitarias" target="_blank" rel="noopener">emergenciahumanitaria.mx</a>.
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* David Calderón es Director de Calidad Innovación e Impacto en Save the Children en México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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Prioridad a la niñez después de Otis

En las próximas elecciones de 2024, se elegirán más de 20 mil cargos, incluidas ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  Estos puestos son significativos por al menos dos razones fundamentales: en primer lugar, representan una manifestación del poder político, lo que implica acceso a redes, permite la consolidación de liderazgos, facilita la construcción de una estructura y equipos de trabajo, y sirven como “trampolín” para aspirar a otros cargos relevantes. En segundo lugar, desempeñan roles esenciales para la sociedad en temas como seguridad, salud, educación, etc., además de ser las representaciones de las entidades, el poder ejecutivo local presenta el presupuesto a los congresos y, en pocas palabras, son las y los encargados de la gobernabilidad en los estados.
Las candidaturas a las gubernaturas históricamente habían sido reservadas para los hombres, como resultado del sistema patriarcal; no obstante, en México estamos viviendo un cambio importante desde la aprobación constitucional de la paridad en 2014 y su consolidación con la reforma conocida como “paridad en todo” aprobada en 2019. La postulación paritaria a las gubernaturas se puso en la agenda pública desde las elecciones de 2021 cuando por primera vez se exigió a los partidos políticos nacionales que la mitad de las candidaturas fueran para las mujeres. Este año, el INE determinó nuevamente que de las nueve gubernaturas en juego, al menos en cinco se postularan mujeres. En este sentido el presente artículo busca resumir los antecedentes que llevaron a esta determinación, así como clarificar los efectos que tendrá el acuerdo INE/CG569/2023, que fue recientemente aprobado por el INE, ello a fin de evitar información falsa sobre qué implica la paridad en las gubernaturas en 2024.
Recientemente, en las redes sociales han circulado varios videos que afirman que el INE determinará en qué entidades los partidos políticos nacionales deben postular mujeres en las elecciones de 2024, se habla incluso de que el Instituto exige alternancia (es decir, si gobernó una mujer, ahora la candidatura debe ser para un hombre). Se argumenta que se busca afectar las aspiraciones políticas de varios hombres que han expresado su deseo de participar en estos puestos y, en última instancia, que tiene el propósito de afectar los resultados electorales. Sin embargo, es crucial aclarar que esta afirmación es incorrecta. La decisión de en qué entidades se postularán hombres y en cuales mujeres, recae únicamente en los propios partidos políticos. El Acuerdo aprobado el pasado 24 de octubre por el INE establece como única regla garantizar una proporción de al menos 5 mujeres y 4 hombres en dichas postulaciones, independientemente de las coaliciones o candidaturas comunes en las que participen los partidos nacionales.
¿Por qué el INE ha emitido este acuerdo? La razón se remonta al proceso electoral de 2021, cuando se disputaron 15 gubernaturas. En ese momento, el INE aprobó un acuerdo que obligó a los partidos políticos a postular candidatos y candidatas de manera paritaria, esto como respuesta a la solicitud hecha por Selene Lucía Vázquez Alatorre, quien buscaba la candidatura a la gubernatura de Michoacán por el partido morena. Además, organizaciones como &#8220;Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional&#8221; y &#8220;Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos&#8221; también desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Esto demuestra que la demanda de la paridad en las gubernaturas surgió por una exigencias de las propias mujeres militantes, es decir, desde dentro de los partidos políticos, y se ha impulsado a través de litigios estratégicos en las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, promoviendo así el avance hacia la igualdad.
En el año 2021 es cierto que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el primer acuerdo del INE sobre paridad en gubernaturas, aunque mandató que se mantuvieran sus efectos; es decir, obligó a los partidos a postular siete mujeres como candidatas. Adicionalmente vinculó al Congreso Federal y a los Congresos Locales para que establecieran la regulación necesaria para garantizar la postulación paritaria en los estados, esto antes del inicio de los próximos procesos electorales.
En la elección de 2022, se eligieron seis gubernaturas adicionales, y dado que no se había promulgado legislación adecuada en algunos estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), el INE nuevamente exigió a los partidos políticos postular al menos tres mujeres en las gubernaturas, en ese proceso. Este acuerdo no fue objeto de impugnación y quedó en vigor. Sin embargo, surgieron controversias ese año a raíz de las demandas presentadas por dos mujeres militantes: Susana Harp Iturribarría y Maki Esther Ortiz Domínguez, ambas de morena, quienes solicitaron que se considerara el tema de la alternancia y la paridad sustantiva en dichos cargos. En respuesta, el TEPJF ordenó a los partidos establecer reglas claras que detallaran cómo aplicarían la competitividad en la postulación de mujeres a candidaturas a gubernaturas y mandató al INE a revisar el cumplimiento de esas reglas.
En el proceso electoral actual, el INE se centrará en garantizar que los partidos políticos cumplan con los criterios que ellos mismos han establecido en sus documentos básicos para asegurar que las mujeres candidatas a las gubernaturas no sean relegadas a espacios donde tengan menos posibilidades de ganar. Hasta la fecha, seis partidos políticos han definido en sus estatutos cómo garantizarán la paridad en las gubernaturas, y serán responsables de informar al INE sobre su cumplimiento. El único partido que está pendiente de definir su estrategia es Movimiento Ciudadano.
Respecto de los partidos locales, el acuerdo referido los mandata para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Llama la atención que en las dos sesiones del Consejo General donde se discutió el tema, la mayoría de los representantes de los partidos expresaron su desacuerdo con el acuerdo, argumentando la falta de competencia del INE en la materia, la regulación que algunas entidades ya tenían y la violación a la autodeterminación de los partidos, argumentos repetitivos con lo que mencionaron desde 2021. Lo cierto es que como instituciones del Estado mexicano los partidos deben cumplir con el principio constitucional. La paridad no es una acción afirmativa, una medida temporal o una dádiva, es un derecho fundamental.
Es probable que el acuerdo aprobado por el INE respecto de las gubernaturas en 2024 sea impugnado ante el TEPJF, y se espera que esta institución sea garante de los derechos de las mujeres, quienes siguen luchando por romper los techos de cristal en estos espacios políticamente relevantes.
* Marisol Vázquez Piñón (<a href="https://twitter.com/SoliVazquez" target="_blank" rel="noopener">@solivazquez</a>) es<a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a> Politóloga por la UNAM, estudiante de la maestría en Políticas Públicas y Género en FLACSO, feminista, Subdirectora en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Instituto Nacional Electoral.

Paridad en gubernaturas: ¿qué aprobó el INE para 2024?

Desde Save the Children buscamos entender las situaciones más apremiantes para niñas, niños y adolescentes a fin de que sus derechos sean reconocidos, respetados, promovidos y, en el caso, restituidos.
El fenómeno de la población en movilidad cruzando por el territorio mexicano es un gran reto del presente. Los flujos migratorios han crecido en número de personas y en la diversidad de rutas, lo que lleva a desbordamientos periódicos en localidades, puestos fronterizos y refugios. También hay nuevos retos cuando se forman contingentes, oleadas, confluencias entre desplazados internos por la inseguridad de Guerrero-Michoacán, jornaleros migrantes y personas de diversas nacionalidades de origen.
Acabamos de presentar una investigación que comenzó, con apoyo de <a href="https://www.wkkf.org/es/" target="_blank" rel="noopener">WKKF</a> como una evaluación rápida de necesidades y creció para incluir una revisión del marco jurídico, la estadística actualizada, notas periodísticas y redes sociales, estudios académicos, entrevistas a profundidad con funcionarios y actores clave de refugios y organizaciones humanitarias, así como la experiencia en campo de nuestras colegas que trabajan cotidianamente con la población de origen haitiano.
La pieza central para tener el pulso fue una encuesta con mujeres y hombres haitianos en cinco localidades clave -Tapachula, Tenosique, Palenque, Tijuana, Reynosa y Ciudad de México- que viajan con niñas, niños y adolescentes, para identificar si se topan con discriminación sistémica y cuáles son los principales obstáculos que enfrentan y que ponen en jaque el ejercicio sus derechos.
Los hallazgos (que pueden revisarse y descargar <a href="https://www.savethechildren.mx/wp-content/uploads/2023/10/REVERTIR-EL-RIESGO-Y-LA-TRISTEZA.-Un-asomo-a-la-realidad-de-las-personas-migrantes-haitianas-en-Mexico_.pdf" target="_blank" rel="noopener">AQUÍ</a>) nos ponen delante de situaciones muy graves de precariedad continuada: 7 de cada 10 encuestados dejaron su país por la inseguridad y de ellos 2 por persecución directa; más de la mitad se encuentran en viviendas precarias, lo que incluye estar incluso en la calle y sin ningún ingreso. Haciendo la ruta, 9 de cada 10 reportan haber padecido hambre, 8 de cada 10 haber tenido que acampar sin techo, 77 % haber sido víctimas de delito, 63 % haber estado sin sanitarios y 43 % haber enfermado.
Sólo el 17 % dicen conocer servicios específicos de apoyo legal, de salud o de distribución de recursos económicos, 28 % están en situación migratoria irregular y 46 % con su permiso muy próximo a vencerse.
Cuando ponemos foco a los derechos de la niñez de origen haitiano en México, la situación que viene a luz es de un enorme desafío: 2 de cada 3 de los adultos encuestados reconocen que no conversaron con niñas y niños que se iba a emprender el viaje y dejar el lugar de origen; la mitad dice que sus personas acompañadas, menores de 18 años de edad, sufrieron enfermedades; por otro lado, para el 50 % de niñas y niños en algún momento no se cumplieron sus necesidades básicas de alojamiento digno y alimentación, y en 4 de cada 10 se identifica dificultad para dormir, y estrés; todo esto, da como resultado que 1 de cada 3 juega mucho menos que antes. En resumen, la mitad de menores de edad reportados, experimentan una gran tristeza.
Seguiremos, como hemos hecho desde hace años, acudiendo a donde ocurren las cosas y ofreciendo espacios seguros de juego, convivencia y aprendizaje en más de 40 puntos de la ruta, atendiendo -sólo de enero a septiembre de este año- a más de 20 mil niñas y niños migrantes, lo que incluye también acciones de gestión para incorporación a la escuela y actividades de convivencia para favorecer la interacción amistosa con sus pares de la localidad.
Pero también nos corresponde invitar a abordar la discriminación y los obstáculos al ejercicio de derechos de una forma estructural.
Ahí, las principales recomendaciones que se desprenden de lo investigado incluyen un cambio de cultura y de conciencia para valorar y celebrar la afrodescendencia, remontando los sesgos y la discriminación, así como el aspecto lingüístico, para garantizar los derechos al acceso a la justicia, la libre expresión, la educación y la participación.
Es urgente también, apuntalar el aspecto socioemocional de los promotores de las organizaciones y albergues, de los funcionarios y de padres, madres y cuidadores, para propiciar una auténtica cultura de la crianza con ternura.
Hay muchos aspectos a impulsar para reducir las barreras y remontar los sesgos que limitan el acceso a la protección, que es derecho de todas las personas en movilidad. Entre nuestras principales recomendaciones destacamos una mayor inversión pública para la COMAR y el INAMI, programas específicos de habitabilidad y de reinserción escolar, la disponibilidad de información y de acompañamiento que atienda a la lengua materna, así como difundir extensamente que a la niñez no nacida en México, por el mero hecho de ser niñas y niños, les corresponde el estatus de Visitantes por Razones Humanitarias.
Muchos cambios requieren ajustes macro y estructurales, pero el punto en el que podemos actuar ya, es en revertir la tristeza e impulsar la vida digna, plena y feliz en niñas, niños y adolescentes, vida a la que estamos llamados a servir, no puede esperar.
Hay multitud de factores que inciden el riesgo que afectan las personas haitianas, los aspectos que arraigan en la mentalidad y los sesgos inconscientes, la capacidad y decisión del Estado mexicano. Pero lo que urge atender de inmediato es ofrecer alegría, en las formas concretas de la atención cotidiana. Nos vamos a empeñar. Ayúdenos, acompáñenos, súmense. Está en nosotros revertir el riesgo y la tristeza.
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* David Calderón es director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">@SavetheChildrenMexico</a>, Twitter: <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>, Instagram: <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">@savethechildren_mx</a>.
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Revertir el riesgo y la tristeza de la niñez en movilidad

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México resolvió un caso en el que un partido político mexicano había sido acusado de desviar más de 250 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares), para efectos de financiamiento político. Aunque la mayoría de los magistrados de ese Tribunal decidieron que el partido denunciado no cometió actos de corrupción, un voto de la minoría de magistrados ha dado una importante dimensión al estándar de prueba que se necesita para demostrar hechos de corrupción.
A finales de 2017 y principios de 2018, diversos partidos políticos mexicanos presentaron ante el Instituto Nacional Electoral mexicano (INE) tres quejas en contra del presunto desvío de recursos públicos cuyo objeto habría sido financiar de forma ilícita campañas electorales en el Estado de Chihuahua, al norte de México. El asunto fue conocido en medios de comunicación y editoriales como la “<a href="https://www.animalpolitico.com/politica/operacion-safiro-investigacion-desvios-riesgo" target="_blank" rel="noopener">Operación Safiro</a>”.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE dictó una resolución de primera instancia en la que determinó infundadas las quejas. Luego, uno de los partidos presentó un recurso en contra de la resolución del INE, de lo que tocaría conocer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un órgano judicial especializado en materia electoral cuyas resoluciones son terminales –en contra de ellas no hay un recurso en México–.
Los magistrados y magistradas del Tribunal que debían analizar un posible desvío de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales centraron su atención en los elementos de prueba con los que aquéllos contaban para decidir si se absolvía o condenaba al partido político infractor. Si, en el caso, había suficientes pruebas para determinar que el partido política debía ser sancionado por actos ilegales.
La materia probatoria resulta uno de los parámetros que debe cumplirse en cualquier procedimiento o juicio. Y los procedimientos en que se investigan casos de corrupción no son la excepción. En términos generales, las leyes han determinado estándares de prueba que las partes en un proceso deben agotar o cumplir para que otra persona pueda ser responsable por sus propios actos. Acusar a una persona sin pruebas permite concluir que el acusado es inocente –de ahí el principio de presumir que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario–.
Lo anterior ha generado una discusión cuando se trata de actos de corrupción o actos indebidos que, por definición, se nutren de la secrecía o de esquemas ilícitos en los que los beneficiarios reales no son revelados o en los que no necesariamente hay pruebas directas. En estos casos difícilmente existen evidencias directas del soborno ofrecido a un servidor público; probablemente sean inexistentes los casos en que las cuentas bancarias investigadas pertenezcan al dirigente de un partido político, son improbables los casos en que el abuso de autoridad pueda comprobarse con un correo electrónico.
Por ello la doctrina y los tribunales han desarrollado teorías y estándares de prueba que permiten conocer la verdad de los hechos, a través de inferencias o de otros elementos, para los que no necesariamente deban existir pruebas directas y por lo tanto, para los que pueden usarse pruebas indirectas.
En materia electoral mexicana, por ejemplo, en el caso conocido como “<a href="https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5015/15.pdf" target="_blank" rel="noopener">Pemexgate</a>” en 2003 <a href="https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm" target="_blank" rel="noopener">el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México echó mano de la prueba indirecta</a> para concluir que, en los procedimientos en los que se investigan irregularidades en el manejo de recursos públicos deben flexibilizarse los métodos de prueba. De lo contrario, dijeron los magistrados, “se obligaría al denunciante a contar con información y documentación que, ordinariamente, está fuera de su alcance, porque lo lógico es que se encuentre en los archivos o registros de los involucrados, o en instituciones u organismos que no la proporcionan a particulares”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a>
En materia administrativa en México también se ha desarrollado precedentes y doctrina sobre la llamada prueba indirecta. El magistrado mexicano Jean Claude Tron Petit ha sostenido que no siempre hay medios para aportar una prueba absoluta de verdad. Ha expuesto el concepto de “nexo multimodal”, a partir del cual, mediante un hecho cierto, se puede i) interpretar y entender la naturaleza, finalidad y funcionalidad de hechos materia del juicio; ii) descubrir a través de indicios, distintos hechos o circunstancias y, iii) enlazar o conectar ciertos hechos con sus consecuencias o efectos, fundando el argumento de correlación. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
La prueba indirecta no se sostiene por el simple dicho del denunciante, pues debe de ser analizada tomando en cuenta que lo afirmado sea probable y que se relacione con los hechos, teniendo los juzgadores la obligación de hacer un razonamiento lógico para confirmar la hipótesis planteada con la misma, o en su caso, descartarla.
En materia penal, la<a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/166315" target="_blank" rel="noopener"> jurisprudencia mexicana</a> establece que la prueba indirecta parte de indicios que traten de mostrar alguna hipótesis, y a su vez, que estos permitan generar un razonamiento inferencial para acreditar un hecho en donde no existe una prueba directa que lo acredite. Se ha dicho por los tribunales en la materia que esos casos deben agotarse ciertos requisitos, como: i) que los hechos que se toman como indicios estén acreditados; ii) que exista pluralidad y variedad de hechos demostrados que apoyen los indicios; iii) que tengan relación con el hecho que traten de demostrar, y iv) que exista concordancia entre ellos. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
A partir de lo anterior toma relevancia una reciente decisión judicial de julio de 2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativo a la “Operación Safiro”. La mayoría de los magistrados de ese Tribunal sostuvo que la acusación en ese caso se sostenía en meras inferencias, que no hubo pruebas directas de que el dinero aparentemente desviado financió la campaña del partido denunciado, y que por ello era procedente confirmar la resolución del INE. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Los magistrados de la minoría emitieron un voto particular que enmarca la importancia de la prueba indirecta en la investigación de actos de corrupción. En el voto particular, los magistrados de la Sala Superior Janine Otálora y Reyes Rodríguez expresaron sus razones de inconformidad o disenso con el voto de la mayoría. Otálora y Rodríguez sostuvieron que, en esquemas de desvíos de recursos públicos como el denunciado en este caso ante el INE, no existe una “prueba directa que permita acreditar la responsabilidad de los partidos”. Ello, dijeron, es lo natural y lógico. Los magistrados señalaron lo siguiente:
“(…) Para descubrirlo, esta Sala Superior ha incorporado a la materia electoral, figuras como el levantamiento del velo —que nació en el derecho corporativo y mercantil— así como la implementación de la prueba indiciaria o circunstancial, para que las y los juzgadores puede penetrar los esquemas formales y ver qué es lo que se esconde en el fondo, es decir, descubrir si se trata de simulaciones y en el caso aplicar las leyes que se pretenden sortear. (…)”.
En el voto de la minoría se hizo además énfasis en que la intención de traer nuevos estándares de prueba a este tipo de procedimientos e investigaciones tiene la intención de “reducir las zonas de inmunidad, con absoluto respeto a la presunción de inocencia y a las demás garantías procesales”.
Con relación a los elementos de prueba aportados por el partido político recurrente, Otálora y Rodríguez sostuvieron que en la “Operación Safiro” habían existido “indicios suficientes de que el dinero había sido utilizado para beneficiar al partido” –como, por ejemplo, que militantes del partido político estaban vinculados con los esquemas de triangulación– y que ese ejercicio jurisdiccional “debía hacerse válidamente mediante construcción de inferencias lógicas por medio de pruebas indirectas, pues no es posible ni plausible encontrar probanzas que permitan concluir una entrada directa a las arcas del partido político investigado de los recursos públicos desviados”.
Criticaron con ello el voto de la mayoría de magistrados quienes, contrariamente a la doctrina internacional y sobre todo a los precedentes del propio tribunal, establecieron “un estándar probatorio de prueba directa consistente en si el dinero había efectivamente ingresado al partido”.
El tema de la prueba indirecta resulta de suma relevancia en la actualidad, pues pese a que existe jurisprudencia y doctrina que propone parámetros para su valoración, los juzgadores de México continúan dándole más peso a la prueba directa ante hechos y circunstancias en las que, por su misma secrecía y simulación –como lo es el desvío de recursos o la corrupción– al denunciante le resulta prácticamente imposible probar su dicho.
Es importante que se continúe el estudio de esta figura jurídica, para que mediante un proceso legislativo o jurisprudencia en otras materias como la civil y la mercantil, se establezca claramente la procedencia, alcances y parámetros de la prueba indirecta, sobre todo para casos como el anteriormente expuesto, en donde un análisis correcto de una prueba indirecta podría abatir la impunidad que existe en casos de corrupción y generar un mayor control de actos públicos, e inclusive de empresas del sector privado.
* Carlos G. Guerrero Orozco es abogado litigante, socio de López Melih y Estrada y cofundador de la organización DLM México. En la investigación de fuentes para este artículo participó Pablo Fierro Serna.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP018/2003, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ponente: Eloy Fuentes Cerda, 13 de mayo de 2003, disponible <a href="https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/RAP/SUP-RAP-00018-2003.htm" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Cfr. TRON PETIT, Jean Claude. “Qué hay de los intereses colectivos y su régimen probatorio”, en Xavier Ginebra Serrabou (coord.), Las acciones colectivas en el derecho mexicano. Centro de Investigación para el Desarrollo, México. 2013.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Véase la tesis de jurisprudencia I.1o.P.J/19 de la Novena Época, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Septiembre de 2009, pág. 2982, de rubro “PRUEBA INDICIARIA. NATURALEZA Y OPERATIVIDAD” y disponible <a href="https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/166315" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Sentencia recaída al Recurso de Apelación SUP-RAP-67/2023, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 5 de julio de 2023, disponible <a href="https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP-RAP-0067-2023-" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

El estándar de prueba en casos de corrupción

La Guerra del Peloponeso, que inició en el año 431 a.C. y se extendió durante casi tres décadas, enfrentó a las ciudades formadas por la Liga de Delos (liderada por Atenas) y la Liga del Peloponeso (liderada por Esparta). Este conflicto entre ambas ciudades, en el cenit de la Grecia clásica y la edad de oro ateniense, fue el escenario para la aparición de la plaga de Atenas o la gran peste de Atenas.
Según el gran historiador y militar Tucídides, la epidemia apareció en el segundo año de la guerra, la primavera del 430 a.C. en el puerto del Pireo, entonces única ruta para el suministro de víveres y provisiones a la ciudad alta de Atenas. La enfermedad habría comenzado en Etiopía siguiendo el curso del Nilo, descendió a Egipto y Libia, para alcanzar la isla de Lemnos en el norte del mar Egeo, antes de llegar al puerto. Debido al asedio y las incursiones espartanas, el Pireo se encontraba sobrepoblado con soldados de tropas aliadas de la Liga de Delos y con refugiados que huían del conflicto en las zonas rurales vecinas. El líder ateniense Pericles ordenó que los habitantes se trasladaran a la ciudad amurallada de Atenas. Así que, además del medio millón de esclavos en condiciones insalubres, los refugiados y los 300,000 ciudadanos atenienses convivían en una capital sitiada y trastornada. Las difíciles condiciones de vida, el hacinamiento y la falta de higiene en la ciudad favorecieron la rápida transmisión de la enfermedad.
La epidemia consistió de una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Las descripciones de los signos y síntomas provienen principalmente de Tucídides, y han sido fundamentales para entender los efectos devastadores de la peste en la población: ”porque yo mismo padecí la enfermedad y vi personalmente a otros que sufrían”… “[L]as personas que gozaban de buena salud fueron repentinamente atacadas por calores violentos, enrojecimiento e inflamación en los ojos, las partes internas, como la garganta o la lengua, volviéndose sanguinolentas y emitiendo un aliento fétido y antinatural”. Después de estos síntomas iniciales, los afectados presentaron “estornudos y ronquera, después de lo cual el dolor llegó al pecho y produjo una tos fuerte”. También había síntomas gastrointestinales; “[C]uando se fijaba en el estómago, le revolvía; y sobrevinieron descargas de bilis de todas las clases mencionadas por el médico, acompañadas de una angustia muy grande”. Externamente, los infectados estaban “rojizos, lívidos y con pequeñas pústulas y úlceras”. Si bien las personas no presentaban temperatura al tacto, “internamente ardía de modo que el paciente no podía soportar tener ropa o ropa de cama encima”. Algunos de los afectados estaban tan incómodos que “lo que más les hubiera gustado hubiera sido tirarse al agua fría; como de hecho lo hicieron algunos de los enfermos abandonados, que se sumergieron en los tanques de lluvia en sus agonías de sed insaciable; aunque daba lo mismo que bebieran poco o mucho”. Los que fallecieron lo hicieron entre el séptimo y noveno día. El espíritu observador de los médicos griegos pudo hacer muy poco frente a la amenaza de la peste, aunque se menciona que Hipócrates de Cos ensayó unas fumigaciones algo eficaces al inicio del brote.
Los testimonios narrados en la Historia de la guerra del Peloponeso no solo proporcionan una visión detallada de la enfermedad y la crisis sanitaria, también narran la crisis económica, social y moral que afectó a Atenas y sus ciudadanos. Apenas al inicio de la guerra, la peste causó un impacto catastrófico en la población de Atenas. Diodoro Sículo estimó que un tercio de la población murió debido a la enfermedad, incluyendo a muchos ciudadanos notables y líderes políticos. Además de las pérdidas humanas, la epidemia debilitó gravemente la capacidad militar, económica y política de la ciudad. Quizá más alarmante que la descripción de la enfermedad en sí es lo que se relata sobre el desgaste de las costumbres sociales y la “extravagancia sin ley que debe su origen a la peste”. El tejido social y el orden público se desmoronaron; la confusión y el desánimo era generalizado y “no había nadie que temiese a los dioses ni a las restricciones de la ley del hombre”. Los agonizantes deambulaban y se desmayaban por las calles en busca de agua fresca. Los enfermos eran abandonados por los familiares a su suerte y los cadáveres empezaron a apilarse en cualquier sitio, “incluyendo modos de entierro desvergonzados”.
Nadie quería acercarse a Atenas; la democrática, intelectual y cosmopolita ciudad ática se transformó en un infierno. Los extremistas encontraron un culpable en el antes noble y demócrata Pericles: fue juzgado, multado y humillado por sus decisiones en la guerra, por la invasión, la devastación, la sobrepoblación, y se le culpó hasta de la epidemia. Pericles murió víctima de la peste, en el 429 a.C., durante el segundo rebrote. Después vinieron una serie de gobernantes que prolongaron el conflicto armado y llevaron a la ciudad hasta el desastre, lo que culminó con la caida definitiva ante Esparta. Aunque la peste desapareció después del tercer rebrote, en la temporada invernal del 426-425 a.C., sus secuelas políticas, económicas y sociales siguieron presentes acompañando la derrota ateniense.
A lo largo de la historia se ha debatido la causa exacta de la gran peste de Atenas. Se han propuesto diferentes teorías sobre la etiología, incluyendo patógenos causantes de enfermedades como la fiebre tifoidea, el tifus, la viruela, el sarampión, la peste bubónica, incluso fiebres hemorrágicas. Considerando las condiciones de hacinamiento, también es posible que hayan coexistido dos o más epidemias en tiempo y lugar. Sin embargo, la falta de evidencia directa y la distancia temporal han dificultado la identificación precisa de la enfermedad. Aunque en menor medida, la peste también afectó a Esparta y se expandió en gran parte del Mediterráneo oriental. Tras la derrota, Atenas quedó arruinada y nunca pudo recuperar su esplendor. La pobreza se extendió por todo el Peloponeso; Esparta se consolidó como el nuevo poder griego y cambió el mapa de la antigua Grecia.
La gran peste de Atenas dejó una profunda huella en la memoria histórica y cultural de la antigua Grecia. La tragedia sociocultural y la pérdida de vidas quedaron inmortalizadas en obras literarias y artísticas posteriores, como en las obras del propio Tucídides, el poeta Sófocles, el comediógrafo Aristófanes y el dramaturgo Eurípides. Estas referencias literarias nos han permitido conocer la magnitud y el impacto que la gran peste dejó en Atenas.
* José Alberto Díaz Quiñonez es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública A. C. (<a href="https://twitter.com/saludpublicaac" target="_blank" rel="noopener">@saludpublicaac</a>). Es Doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, el Sistema Nacional de Investigadores y la Academia Nacional de Medicina de México.
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Referencia:
The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War, ed. R. B. Strassler (New York: Free Press, 1988).

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