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“La ciudadanía no es un espectador, es una responsabilidad que nos  invita a participar en la construcción de la sociedad que queremos&#8221;.
Kofi Annan
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La presidenta Claudia Sheinbaum destaca en su decálogo de gobierno la consigna &#8220;Prohibido Prohibir&#8220;, una frase originada por Alain Geismar, líder del sindicato de profesores en Francia, que se convirtió en el lema del movimiento estudiantil de 1968. Este eslogan trascendió fronteras y fue adoptado por diversos movimientos estudiantiles alrededor del mundo, incluyendo nuestra propia generación de los años 60.
Nuestra generación vivió una época de confrontación con estructuras sociales rígidas que limitaban la libertad de expresión frente a las autoridades. En ese entonces, solo se nos permitía escuchar y obedecer, quedando excluidos de cualquier toma de decisiones. Éramos más objetos que actores en la vida pública. Canciones como Let It Be, de Paul McCartney, encapsulaban el anhelo por liberarse de las normas impuestas que reprimían el pensamiento y la acción.
Nos rebelamos porque queríamos ser escuchados, porque necesitábamos abrir espacios de diálogo, tanto en el hogar como en las escuelas y ante las autoridades. No aceptamos las estructuras autoritarias que exigían obediencia ciega; deseábamos hablar, cuestionar y ser parte activa del cambio. Queríamos dejar de ser súbditos y convertirnos en ciudadanos con voz y voto.
La consigna &#8220;Prohibido Prohibir&#8221; va más allá de un llamado a la libertad: es una invitación a ejercer el poder de manera colectiva, donde todas las voces son escuchadas y las soluciones se construyen de manera conjunta. No se trata de actuar por actuar, sino de lo que nuestra generación anhelaba en los años 60: espacios donde nuestras demandas y propuestas fueran verdaderamente consideradas.
Hoy, en este momento de cambio gubernamental, &#8220;Prohibido Prohibir&#8221; implica la apertura de auténticos canales de diálogo, donde juntos podamos definir, implementar y evaluar políticas públicas. Significa pensar y sentir colectivamente los destinos de nuestro país. Es usar el poder no para imponer, sino para escuchar y construir, juntos, un México más justo, participativo y democrático.
&#8220;Prohibido Prohibir&#8221; es un llamado a la colaboración y al respeto mutuo, donde cada uno de nosotros asume el rol de actor activo en la sociedad, trabajando por el bien común.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Prohibido prohibir: el poder de ser escuchados y de ser protagonistas en la vida pública

El principal sector responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es el energético: representa alrededor de tres cuartos de las emisiones actuales. La llamada “transición energética” plantea un escenario en el cual dejaríamos de utilizar combustibles fósiles y generadores de GEI para utilizar en gran medida energías renovables (basadas en la energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica, principalmente). La economía y la actividad humana se basan en su gran mayoría en el consumo energético, y se prevé un consumo a la alza a nivel mundial, en línea con el crecimiento económico y poblacional.
El tamaño de este reto y de las transformaciones que requiere en nuestras formas de producir y consumir nos dejan abrumados, por no decir francamente escépticos. El acuerdo de París establece la meta de no rebasar un aumento de temperatura mayor a 1.5 ºC comparado con los niveles preindustriales, lo que equivale a reducir las emisiones en 45 % de aquí a 2030 y llegar a cero emisiones para 2050.  Esa meta parece difícil de alcanzar, dadas las tendencias actuales de los países y las implicaciones en términos de modificaciones a nuestras formas de vida.
La resistencia para cambiar el rumbo responde a la falta de un plan coherente y creíble para financiar dicha transición. Abandonar una fuente de energía barata y sustituirla por una más costosa, pero sustentable, representa un inconveniente mayor para cualquier agente económico y, por lo tanto, una barrera para cualquier plan de transición. En este sentido, no debe sorprendernos que la tendencia actual no sea la de una disminución paulatina en la emisión de GEI a nivel global, sino más bien lo contrario: un reporte reciente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático indica que, según los escenarios actuales, las emisiones, en vez de disminuir, habrán crecido 10 % de aquí a 2030 (CMNUCC, 2021).
Todo ello se cristaliza en el conocido conflicto entre la necesidad imperante de combatir el cambio climático y la presión en el sentido opuesto ejercida por la maquinaria económica. En resumen, el problema que se plantea ante todos los gobiernos y agentes económicos es cómo llevar a cabo una transición de un modo de producción que descansa estratégicamente en un insumo barato, pero insostenible (combustibles fósiles), hacia un esquema de producción económica sustentable que no dependa más de este.
Ahora bien, ¿existe alguna experiencia en la historia que ilustre una transición en el esquema de producción económica de esta naturaleza y a esta escala? No como tal, pero sí existe un antecedente cercano. Se trata de la transición que tuvo lugar en el imperio británico a finales del siglo XVIII y principios del XIX de un esquema de producción de riqueza que descansaba prominentemente en la explotación de trabajo esclavo hacia un esquema de producción industrial.
En 1700, el 80 % de la captación de riqueza del imperio británico era exclusivamente resultado de su actividad comercial con el resto de Europa; para 1800, un siglo después, 60 % de este comercio tenía lugar entre Inglaterra, África y América, y descansaba en el control comercial de bienes y servicios producidos por mano de obra esclava (principalmente, productos agrícolas con un altísimo valor comercial en la época). Para finales del siglo XVIII, Inglaterra controlaba más de 80 % del mercado de esclavos y los embarques transatlánticos de los mismos; también era dueña de la mayoría de las plantaciones en las colonias, cuya producción dependía de sus esclavos.
Si bien en la misma época creció un vigoroso movimiento abolicionista, se enfrentó a una poderosa resistencia por parte del poder económico, dado el freno que implicaba para el importante impulso económico que el trabajo esclavo había dado a la economía del imperio británico. Fue hasta 1833 que el parlamento prohibió de manera terminante el uso de mano de obra esclava en cualquier parte del imperio y la subsequente abolición de la esclavitud. Sin embargo, y este es un punto central en este análisis, el abandono de una fuente de riqueza como la producción económica dependiente de trabajo esclavo no fue el resultado de una simple prohibición legal: la ley de 1833 vino acompañada de uno de los esquemas de compensación financiera más grandes que ha habido en la historia.
Específicamente, el gobierno británico preparó un programa de compensación por 20 millones de libras esterlinas de aquella época para resarcir las pérdidas económicas que habrían de sufrir todos los propietarios de esclavos al verse obligados a abandonar este sistema de producción, suma que en términos actuales corresponde a 3 mil millones de libras o 4 mil millones de dólares (el pago de esta deuda contraída por el gobierno británico entonces, no acabó de pagarse sino hasta 2015). Para dimensionar mejor este monto, basta mencionar que esta cantidad representó en aquel momento el 40 % del presupuesto de ingresos del equivalente del Ministerio de Hacienda británico.
El profundo impacto que este programa de compensación tuvo sobre la transición en el esquema de producción económica del imperio británico ha sido ampliamente estudiado en los últimos años. En particular, el Centro de Estudios sobre el Legado del Esclavismo Británico de la Universidad de Londres (Centre for the Study of the Legacy The British Slavery, University College) ha documentado el impulso decisivo que este programa tuvo sobre el subsecuente desarrollo de la revolución industrial y ha catalogado detalladamente al enorme número de empresas, firmas financieras, industrias actuales, y fortunas personales cuyos fundadores fueron beneficiarios directos de aquel programa de compensación. En otras palabras, si bien este impulso financiero no fue la causa de la revolución industrial, si imprimió un impulso decisivo en el proceso masivo de industrialización que tuvo lugar en todo el imperio británico a inicios del siglo XIX.
Toda proporción guardada, el problema de la abolición de la esclavitud de inicios del siglo XIX y la actual crisis climática comparten una problemática similar: la necesidad de forzar una transición de un modelo de producción económica basado en un “insumo” de naturaleza crítica pero insostenible (trabajo esclavo en el siglo XVIII por un lado, y combustibles fósiles en el siglo XXI por el otro), hacia un esquema de producción económica que no dependa más de dicho insumo. Es por esto que la experiencia histórica del entonces imperio británico para promover esta transición tiene mucha relevancia en el marco de la tan deseada transición energética actual: ¿cómo promover el abandono de los combustibles fósiles como una fuente de energía central en el esquema de producción económica actual sin, al mismo tiempo, desencadenar una catastrófica regresión económica?
Si fuéramos a tomar como modelo la estrategia del imperio británico, esto equivaldría a imponer una “abolición” terminante sobre el consumo de combustibles fósiles en combinación con un programa masivo de compensación financiera (hacia todos los agentes económicos) por el abandono de energía dependiente de combustibles fósiles. Cabe subrayar aquí que el gobierno británico a principios del siglo XIX no se vio obligado a suministrar un programa de economía alternativa, sino que fue la propia iniciativa privada, impulsada por aquel importante subsidio, la que se encargó de buscar soluciones vía la industrialización. Regresando a la crisis actual, equivaldría a compensar a los agentes económicos para que dejasen de utilizar combustibles fósiles, apostando a que las soluciones para la transición a un nuevo modelo económico fueran impulsadas por ellos mismos.
Ahora bien, existen limitaciones evidentes al paralelo histórico que aquí se está planteando. Si bien el impacto de la economia de la esclavitud fue sin duda enorme y contribuyó con todos los niveles de actividad económica en el siglo XVIII, los combustibles fósiles en el siglo XXI alimentan e impactan absolutamente todas las cadenas de valor existentes. Esto, sumado a la mayor diversidad y escala de actividades económicas en el siglo XXI, implicaría que un programa de compensación de sustitución de fuentes de energía tendría que ser de un orden de magnitud superior al que se implementó en el imperio británico a principios del siglo XIX.
Un segundo elemento a tomar en consideración es el hecho de que desde finales del siglo XVIII, gracias al desarrollo de las máquinas de vapor, ya se venía configurando un esquema de producción capaz de reemplazar con creces la producción económica basada en la explotación de esclavos. En la situación actual no queda claro en qué medida las fuentes renovables de energía hasta ahora identificadas tendrían el potencial de reemplazar los niveles existentes de consumo energéticos necesarios para mantener la actividad económica actual –no digamos ya superarla–.
Aun tomando en cuenta estas importantes reservas, y dada la urgencia que el combate al cambio climático impone a la necesidad de una radical transición energética y su correspondiente impacto económico, la experiencia histórica de la abolición de la esclavitud nos proporciona claves importantes para la actuación de los estados nacionales ante una emergencia de escala mundial que no admite más ser ignorada: el cambio climático y sus catastróficas consecuencias.
* Laure Delalande (<a href="https://x.com/lauredelalande?lang=es" target="_blank" rel="noopener">@lauredelalande</a>) es directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>) y Humberto Gutiérrez es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica.

¿Cómo enfrentar la resistencia a la transición energética? Lecciones de la abolición de la esclavitud

¿Cómo enfrentar la resistencia a la transición energética?

“La tolerancia, el respeto y el diálogo deben sustituir al miedo, la exclusión y el odio”.
Declaración Universal de la Diversidad Cultural, Naciones Unidas.
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Durante el sexenio de AMLO, las emociones jugaron un papel central en la política mexicana. El miedo, la incertidumbre y el resentimiento se convirtieron en los principales motores del discurso público, influyendo de manera significativa en la percepción ciudadana. Esta manipulación emocional no solo fue una estrategia política efectiva, sino que transformó nuestra manera de enfrentar los retos colectivos. En lugar de fomentar el análisis crítico o el debate informado, se nos ofreció una visión simplificada y fantasiosa del mundo, en la que la realidad fue moldeada por intereses políticos que apelaron a nuestras emociones más primarias.
<h2>El ambiente emocional: miedo, resentimiento e incertidumbre</h2>
El gobierno de AMLO hizo un uso calculado de ciertas emociones para consolidar su narrativa. El miedo fue explotado de manera estratégica: miedo al otro, al cambio, y a perder lo poco o mucho que se tiene. Este miedo, acompañado de resentimiento e incertidumbre creó una visión negativa del presente y del futuro. Estas emociones, alimentadas deliberadamente, generaron una especie de parálisis colectiva en la sociedad. En lugar de abordar los problemas reales, quedamos atrapados en una narrativa diseñada para dividir y mantener el control.
<h2>La construcción de una realidad fantasiosa</h2>
La estrategia fue sencilla, pero eficaz: se ofreció una única visión de la realidad, donde las complejidades sociales se reducían a explicaciones simplistas y las soluciones se convertían en promesas imposibles. Este relato emocional nos sumergió en una fantasía en la que todo parecía estar bajo control, siempre y cuando siguiéramos ciegamente la narrativa oficial. Cualquier intento de cuestionar esta visión era rápidamente etiquetado como traición o amenaza.
En este contexto, el debate y la crítica desaparecieron. No se nos invitó a dialogar sobre propuestas ni a evaluar diferentes perspectivas, sino a aceptar sin reservas la versión oficial. Los matices y las contradicciones se volvieron peligrosos, y la política se redujo a un juego emocional en el que lo que realmente importaba no era lo que era cierto, sino lo que sentíamos como cierto.
<h2>La polarización como escenario predeterminado</h2>
El resultado de esta manipulación emocional fue una polarización social profunda. La narrativa dominante dividió a la sociedad en dos bandos irreconciliables: aquellos que aceptaban la versión oficial de los hechos y aquellos que se atrevían a cuestionarla. Estar en uno de estos bandos implicaba que el otro no era un interlocutor válido. Dialogar con &#8220;el otro&#8221; era visto como una traición. En este esquema binario, no había espacio para la duda o la diversidad de opiniones: los que respaldaban la versión oficial eran los &#8220;buenos&#8221;, mientras que quienes la rechazaban se convertían en &#8220;traidores&#8221; o &#8220;enemigos del pueblo&#8221;.
Este enfoque no solo empobreció el debate público, sino que lo cargó de una peligrosa emocionalidad. Al eliminar la posibilidad de un diálogo auténtico, la política se convirtió en un campo de batalla, alimentado por el odio y la descalificación. El espacio público se transformó en un terreno de confrontación, donde las emociones negativas fueron explotadas para mantener la división y el control.
<h2>La llegada de Claudia Sheinbaum: una nueva oportunidad para el discurso político</h2>
Con la llegada del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta una coyuntura crítica para romper con este ciclo de manipulación emocional. El desafío es monumental: desmantelar una estrategia basada en el miedo, el resentimiento y la división, y reemplazarla con una política fundamentada en la apertura al diálogo, la transparencia y la colaboración. Este nuevo gobierno enfrenta la responsabilidad de reconstruir la confianza ciudadana, poniendo fin a la narrativa del &#8220;nosotros contra ellos&#8221; que ha polarizado a la sociedad.
Sheinbaum tiene ante sí la tarea de liderar un cambio radical en el tono y contenido de la política nacional. Es imprescindible abrir espacio para la rendición de cuentas y fomentar una conversación inclusiva en la que todas las voces sean escuchadas. No será un proceso sencillo. Transformar una cultura política anclada en emociones negativas requiere valentía, determinación y una clara voluntad de integrar diversas perspectivas.
Las emociones no deben ser erradicadas del debate, pero sí canalizadas de manera constructiva. En lugar de usarlas para dividirnos, deben ser el motor que nos una en torno a objetivos comunes. Este nuevo discurso debe basarse en hechos verificables y en la rendición de cuentas, pero también debe reconocer el poder movilizador de emociones positivas como la resiliencia, la esperanza y el sentido de comunidad. Solo con una combinación de datos sólidos y un liderazgo emocionalmente inteligente, se podrá recuperar la confianza y construir una política orientada hacia el bien común.
<h2>La dignidad de enfrentar la realidad con hechos</h2>
El camino hacia una vida digna no se encuentra en aceptar narrativas simplificadas ni en someternos a la manipulación emocional. La verdadera dignidad reside en nuestra capacidad para enfrentar la realidad, por dura que sea, con hechos y con la voluntad de construir soluciones reales. Este proceso requiere resiliencia y la convicción de que los logros alcanzados, tanto a nivel individual como colectivo, son fruto de nuestro esfuerzo compartido.
Con este nuevo gobierno, debemos romper el ciclo de manipulación emocional que ha mantenido a la sociedad dividida y confundida. Solo cuando reivindiquemos nuestra dignidad y derechos, podremos poner fin a la política del odio y la mentira. Es momento de construir puentes, no muros, y de enfrentar juntos los retos que presenta la agenda pública.
<h2>Conclusión: la fuerza de una nueva política emocional</h2>
El reto que enfrentamos es enorme, pero no imposible. Debemos dejar de ser rehenes de la manipulación emocional y recuperar el control de nuestras vidas y de nuestro destino político. La política debe ser un espacio de diálogo, construcción y colaboración, no un campo de batalla emocional.
Con la llegada del nuevo gobierno se abre la posibilidad de romper con el ciclo de miedo y división. Si despertamos a esta nueva realidad, podremos construir una sociedad más justa, basada en el respeto, la verdad y la dignidad compartida. La política del futuro debe ser una política de emociones positivas, cooperación y esperanza, donde todas las voces sean escuchadas y donde, juntos, podamos construir un país plural y tolerante.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

De la manipulación emocional a la colaboración: el reto político de un nuevo gobierno

En el ultimo año, en medio de la discusión (eterna, acalorada y cada vez más violenta) sobre la guerra entre Israel y el eje proxy iraní (léase Hamas en Gaza, los Houtíes en Yemen y Hezbollah en Líbano), la conversación acaba siempre en “pero a ver… quién pegó primero”.
Como si hurgar en los anales de la historia hicieran alguna diferencia en el presente, y sobre todo, en el futuro de Israel y Gaza.
Quién llegó primero. Quién agredió primero. Quién hizo porque le hicieron. Quién reaccionó a lo que hizo el otro. El eterno cuento del huevo y la gallina.
Y critico esta dinámica no porque no sea importante conocer la historia, sino porque la respuesta a estas preguntas es absolutamente relativa. Según del lado del conflicto en que estés, es la cronología que cuentas y las culpas que asignas.
Podría yo aquí tratar de convencerlos de que la Tierra Santa siempre ha sido judía y del derecho inequívoco de Israel a existir y a defenderse. Explicación digna, dirían algunos; “lavarte las manos”, dirían otros. Los que están de acuerdo conmigo, me aplaudirían y compartirían este texto; los que no, me tacharían de propagandista sionista y dejarían de leer.
En este conflicto no hay puntos medios.
Si googleas “conflicto Israel-Palestina perspectiva israelí”, obtienes millones de resultados; si googleas “conflicto Israel-Palestina perspectiva palestina”, encuentras otros tantos.  La discusión que se lleva a cabo hoy ya no es de datos, sino de adjetivos. Ya no es de verdades, sino de algoritmos en redes sociales. 
En un conflicto de tantos años no hay nadie impoluto. Nadie.
¿Cuándo empezó el conflicto? ¿En el 2000 a. C., en el 1000 a. C., en el 70 d. C., en 1898, en 1917, en 1948, en 1967, en el 2005? 1 ¿El 7 de octubre del 2023?
“Uyyy, Adina, me dice mi sobrino de 12 años, &#8220;si quieres encontrar cuándo empezó todo tienes que buscar cuando Abraham (el patriarca) separó a sus hijos (Isaac e Ismael)”. Sería remontarnos a la génesis de la creación. Literal.
Así que en vez de hablar de la fecha cuando empezó (texto que a nadie va a satisfacer), quisiera hablar de cuando el conflicto más antiguo del mundo se volvió casi-imposible de resolver.
1 de Febrero de 1979.
El día que el Ayatollah Khomeini regresó a Irán, despojó al Sha (que definitivamente no era monedita de oro… bueno, sí, tenía muchas monedas de oro) y empezó el auge del fundamentalismo islámico radical desde una teocracia cegada por la ley Sharia y con exceso de dinero.
Y ojo, no es que en antes del 79 las cosas fueran perfectas. Lejos de. Ya se habían librado cuatro guerras entre Israel y sus vecinos árabes; la liga árabe negaba completamente el derecho de Israel a existir; en el 67 Israel había anexado Gaza y Cisjordania; Septiembre Negro y la OLP ya existían, y la masacre de las Olimpiadas de Munich ya se había perpetrado.
Pero hasta el 1980 el conflicto era principalmente por territorio. Ideologizado, sin duda, pero por territorio. Y eso se hubiera resuelto eventualmente. No en balde Sadat y Begin firmaron la paz entre Israel y Egipto en 1980. El no reconocimiento de los países árabes de Israel tenía mucho que ver con un tema territorial y geopolítico (estábamos a la mitad de la Guerra Fría) que eventualmente se hubiera resuelto (ojo, me queda claro que el hubiera no existe).
Pero, al grito de la revolución islámica iraní de Allah, Qur’an, Khomeini, toda posibilidad de paz en Medio Oriente se malogró.
Entre más fanatismo (de ambos lados) se le mete al conflicto, más imposible se vuelve resolverlo.
El conflicto hoy en Israel no se puede entender sin el factor Irán, porque es la mano que mece la cuna… la mano que entierra los féretros.
En todo este año que he analizado personalmente este conflicto (porque llevo 51 años consciente de él), tanto en el lugar de los hechos como en extensas pláticas con expertos y personas de todas las posturas y religiones, este es el punto en donde todos están de acuerdo.
La jihad islámica está dispuesta a truncar todos los esfuerzos y tratados de paz, y a sacrificar no sólo a todos los israelíes y judíos (por apóstatas), también a todos los palestinos y musulmanes moderados en su lucha por el control del Medio Oriente y del mundo occidental.
Parafraseando a Leonard Cohen, first we take Ramallah, then we take Berlin.
Ahora, sería muy cobarde de mi parte sólo hablar de Irán y no dejar claras cuales son MIS verdades universales sobre este conflicto y asumir el debate y las críticas que conllevan.
Ahí van (momento de compartir el artículo o de dejar de leer).
Uno, repito: No hay impolutos. El gobierno israelí ha cometido enormes errores en el tema palestino, no sólo en la guerra, sino en los años anteriores al 7 de octubre.
Pero el nivel de horror y sadismo del 7 de octubre no se puede justificar con ningún argumento.
Dos, el dolor y la tragedia de las guerras, de todas las muertes que generan, de todos los lados, es avasallador.
Tres. El principal enemigo del pueblo palestino es Hamas, financiado ideológica y económicamente por Irán. El principal enemigo de los libaneses es Hezbollah, financiado por ¿quién creen? Irán.
A Hamas, que gobierna Gaza, no le interesa en lo más mínimo el bienestar del pueblo palestino, y repito que no exento al gobierno israelí de nada, pero es Hamas el que los ha puesto como carne de cañón. Construyendo túneles de muerte, desviando fondos, edificando cuarteles en escuelas y hospitales a costa de la seguridad del pueblo que dicen representar.
Para Hamas cada palestino muerto es un arma perfecta de propaganda ante la opinión pública.
Quienes desde Occidente dicen defender a Palestina (¿en qué ayuda a Gaza quemar un Starbucks en Paseo de la Reforma?), lo único que están pidiendo es perpetuar un régimen de dolor y muerte para los palestinos.
Los palestinos tienen el absoluto derecho de tener un Estado, pero con la responsabilidad que implica el no volverlo un espacio terrorista sino de bienestar para la población.
El 7 de octubre nunca fue un grito de resistencia para conseguir un Estado Palestino, fue un acto de horror planeado para empezar una guerra y desestabilizar cualquier posibilidad del proceso de paz.
Cuatro. Israel tiene el total derecho de existir y de defenderse. Es inverosímil que esto sea un tema de debate. No es un país perfecto (¿cuál lo es?), pero es una democracia funcional para 8 millones de judíos y 2 millones de árabes.
Los gritos de “Desde el Río hasta el Mar, Palestina libre será”, lo único correcto que tienen es que riman. Pragmáticamente ¿qué pretenden conseguir? ¿Correr a los judíos, druzos y cristianos que viven en Israel? ¿Dinamitar todo Tel Aviv?
Seis. La paz, como dijo Isaac Rabin, se hace con los enemigos. En algún momento (ESPERO) las posiciones de esquina van a tener que dar lugar, una vez más, a negociaciones de paz. Que, ESPERO, se puedan/quieran cumplir.
Y por último:
Hoy en torno a Gaza se libran dos guerras. La primera, la bélica, en donde ninguno de nosotros tenemos ningún control y, la segunda, la de la conversación publica que, a punta de polarización, todos estamos perdiendo.
Señal de los tiempos. Hoy es imposible cualquier debate civil y propositivo en torno a cualquier tema polémico.
El nivel de polarización, manipulación y violencia (en redes y en la vida real) ha llegado a niveles alarmantes a nivel mundial.
Por qué este conflicto en Israel genera mucho más atención que conflictos en Siria, Pakistan, China, Sudán. Por qué nadie se manifiesta en la embajada de China por el millón de uyghurs perseguidos. Por qué nadie demanda de Bashr El Asaad proporcionalidad en una guerra que ha cobrado más de medio millón de muertos. Por qué no hay campamentos en la UNAM por los decapitados en Guerrero.
Porque, nos guste aceptarlo o no, hay un tema vigente y escondido (o no tan escondido) de antisemitismo, que a veces se endulza artificialmente como anti-sionismo, pero que permea toda la discusión mundial en torno al conflicto. No jews, no news.
Hoy, en Israel y Palestina, el cuento no es el de que vino primero, si el huevo o la gallina; el cuento es el del huevo, la gallina y el sartén en el que todos nos estamos friendo.
* Adina Chelminsky escribió Ecos de Octubre, disponible de manera gratuita en ecosdeoctubre.com.
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1 En orden cronológico: 2000 a. C. llega Abraham a la tierra de Canan; 1000 a. C., el primer rey judío (Samuel) en Judea; 70 d. C., expulsión de los judíos de la tierra de Judea; 1898, primer congreso sionista en Basilea; 1917, la declaración Balfour; 1948, decreto de partición de la ONU en dos estados (uno árabe y uno judío) y declaración de independencia del Estado de Israel; 1967, guerra de los Seis Días y conquista de los territorios de Gaza, Sinaí y Cisjordania; 2005, salida de Israel de Gaza; 7 de octubre del 2023, ataques de Hamas.

El huevo, la gallina y el diálogo imposible

Ahora que se ha vuelto a abrir una polémica artificial —y artificiosa— por parte del gobierno de México, que en realidad busca desviar la atención de lo que debería ser prioridad en el país y que no se atiende -esto es, la corrupción y la seguridad, por no hablar de la educación y la salud-, en la que la presidenta de turno ha reiterado la necesidad de que España pida perdón por la Conquista, leo que en México han decapitado al alcalde de Chilpancingo, Guerrero, la capital de ese estado, aquel lugar donde también se encuentra Acapulco, y en el que ha vuelto a azotar no sólo la inclemencia del clima con un nuevo huracán devastador, como el que ya lo castigó hace un año, sino también el crimen organizado.
Primero fue asesinado el secretario general del ayuntamiento, Francisco González Tapia, y después el alcalde, Alejandro Arcos Catalán, apenas una semana después de tomar posesión. Pero antes, el 27 de septiembre, también había sido asesinado Ulises Hernández Martínez, quien aparentemente se perfilaba para ser el encargado de la seguridad en el gobierno de Arcos Catalán, que llegó amparado por la oposición y que ganó las elecciones en un estado que controla políticamente Morena y, en la práctica, el narco, con una gobernadora hija de un sujeto acusado de violación que también es senador de la República, el clan de los Salgado.
No sólo la Conquista no fue pacífica, tampoco parecen serlo las transiciones de gobierno en México, aunque por esos crímenes ninguna autoridad solicita que se pida perdón a nadie. Es la contradicción de buscar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, algo a lo que parece se han acostumbrado los mexicanos, y me excluyo, porque viviendo en España, hay algo de mí que siente vergüenza por mi país, por ese país, aunque esa vergüenza también la expresé en 1994 cuando con todo el poder del Estado había vuelto a ganar el PRI las elecciones presidenciales de aquel año descompuesto. Entonces perdí mi trabajo en Notimex por levantar la voz y escribir una carta.
Decapitar. Se escribe fácil —y más si hablamos de México—, porque la normalización de la violencia que ha propuesto el Estado, donde a los delincuentes se les ofrecen abrazos, se ha extendido por todo el territorio nacional, pero la verdad es que para entornos democráticos (en los que se encuentra España orgullosamente), aquello es estremecedor.
La decapitación, en un Estado democrático, no sólo es un acto de barbarie; es, en esencia, un acto terrorista. Y, sin embargo, se trata de un acto que se llevaba a cabo hace más de cinco siglos, lo que permitió descubrirla a los europeos que conquistaron las tierras americanas —especialmente incas: sí, ya desde entonces se llevaban a cabo decapitaciones, antes de que incluso llegaran “los malos” a invadir “tierras puras”, como les gusta hablar a los populistas y maniqueos que de historia saben poco— y por la que hoy un fulano exige a los descendientes de aquellos que llegaron a tierras que aún no se conocían como México, que pidan perdón —no se sabe a quién—, no por las decapitaciones que ya se realizaban en América sino por las “atrocidades” que los conquistadores cometieron hace 500 años.
Las atrocidades actuales, se entiende en este contexto de realidad paralela, no tienen ningún peso. Al gobierno mexicano le importa lo que ocurrió hace 500 años, no lo que ocurre ahora. Ahora, abrazos para los verdugos y humillación para las víctimas. Si no, que les pregunten a las madres buscadoras de México para quienes no hay la más mínima consideración del Estado en su peregrinar por encontrar las huellas de sus hijos y de sus hijas desaparecidas, no importa que gobierne una mujer o un hombre: son iguales.
Al gobierno mexicano las únicas víctimas que le preocupan son las que ocurrieron en el paleolítico, y uso el humor porque de otra manera hablaríamos de cosas serías y, al parecer, decapitar en México pronto podría ser una actividad olímpica donde alguna medalla ganaría un país que gana pocas. Los Ángeles están a la vuelta de la esquina. A ver quién de “los ardillos” o de “los tlacos”, esas bandas que se pasean con toda impunidad en Guerrero causando terror, irá a representarnos para poner el nombre de México muy en alto.
Pero no tiene gracia. México se ha convertido en el cementerio de América Latina, donde en el sexenio del expresidente López Obrador (el mismo que pide que España se disculpe) ocurrieron cerca de 200,000 homicidios <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> y hasta hace un año contabilizaba 5,600 fosas clandestinas, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> algo paradójico porque su gobierno obtuvo, pese a esos números escandalosos, una aprobación escalofriante del 80 %, nada más dejar el poder. Y escribo escalofriante porque hace suponer que a más homicidios y a más fosas, mayor es la aprobación de un presidente en México, porque este ha sido el sexenio más sanguinario de la historia del país.
Por si alguien quisiera saber qué piensa un amplio número de españoles sobre la polémica del perdón, basta leer un par de comentarios de un periódico en España sobre la noticia de la decapitación del alcalde de Chilpancingo:
“Pero el problema importante es que España pida perdón, no que México sea un estado fallido que se parece más a un infierno lleno de asesinatos y atrocidades que a un lugar dónde vivir”.
“Dra. Claudia Sheinbaum, y expresidente, Sr. López Obrador, dedíquense a combatir los graves problemas que tienen ustedes en su país (narcoterrorismo, recesión, pobreza&#8230;) y no pierdan el tiempo acusando a España porque bastante trabajo tienen ustedes para enderezar su propio país que está al borde del abismo, así que no se ocupen/preocupen de los demás. Hay que tener cara”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> 
En efecto, hay que tener cara, o morro como se dice en España, para andar buscando problemas de hace 500 años y hacernos creer que con tanto militar suelto en las calles, ahora que la Guardia Nacional se ha convertido en un apéndice de la Secretaría de la Defensa, se solucionarán los problemas de seguridad. Un apéndice que, hay que recordarlo, inauguró el mandato de la nueva presidenta disparando contra migrantes indefensos en Chiapas. La solución de la seguridad parece que está a un paso o a un “piso”, ahora que gusta tanto la palabra tonta, de solucionarse. Las armas están listas… en contra de los indefensos.
Decapitar es un acto no sólo de humillación y superioridad, es un acto de crueldad que coloca al ser humano en el escalafón más bajo del desarrollo e inteligencia de los seres vivos; es un acto al que han recurrido grupos terroristas como el Estado Islámico —no podemos olvidar la muerte de James Foley en 2014, hace diez años—, y al que ahora recurren grupos terroristas en México.
La cabeza de Arcos Catalán se colocó en el techo de una camioneta, mientras su cuerpo yacía en el asiento del copiloto de la misma camioneta. La fotografía que algunos medios difundieron es la imagen de la deshonra de un país que le ha perdido miedo a todo, es la imagen de la vergüenza y de la pena de un país que ha dejado de tener límites en la ejecución de su violencia y sobre el significado de dignidad, del que lo desconoce todo. La decapitación de Arcos Catalán es un crimen de guerra al nivel de los de Putin y Netanyahu. Me atreví a ver la fotografía para escribir este texto. He visto horrores, ese es uno de ellos. Un país incapaz de pedir perdón él mismo por la barbarie que ocurre en él, es un país sin vergüenza. México la ha perdido.
“Los Incas […] usaban las cabezas de los enemigos más importantes como trofeos y las convertían en jarras para beber, lanzando un claro mensaje de supremacía militar. También los conocidos Jíbaros de Ecuador reducían las cabezas de sus rivales y las atravesaban con cuerdas para poder transportarlas con ellos. Pero, hasta la fecha, la evidencia más antigua de esta práctica que impresionó a los conquistadores europeos hace más de cinco siglos se remontaba a hace unos 3,000 años. Y, además, todas ellas habían sido encontradas en el área andina” (Corral, 2015). <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a> Pues bien, los narcos mexicanos han retomado la tradición. Alguien necesitará pedir perdón dentro de 500 años.
“Un estado fallido” y “un país al borde del abismo” escribe el lector medio en España sobre México, un país cuya preocupación se centra en lo que ocurrió siglos atrás. Es una locura, como lo es aceptar que la cabeza de un hombre que ganó una alcaldía de la capital de un estado en México en las últimas elecciones sea exhibida en el toldo de una camioneta y que nadie rechiste de ello ni haya gente que se diga avergonzada, como me digo yo, de ser mexicano. Seré el primero, tal vez.
Yo pido perdón por haber nacido ahí. Ojalá vengan otros y digan lo mismo, y podemos hacer algo para concientizar que eso que ocurre no es normal. Ojalá que a los que les corresponda pedir perdón, lo hagan. Uno acaba de dejar el poder —o eso dice—, pero es un incompetente —no quiero imaginar el escándalo que se hubiera hecho si el decapitado hubiera sido él y alguien hubiera colocado su cabeza en el asta bandera del Zócalo—. Hoy somos millones —o eso espero— para los que una decapitación nos hace pensar que algo ha fallado en México y que es precisamente México el que debería pedir perdón al mundo y a su gente. A ellos les digo: podría ser su padre el decapitado, podría ser su madre, podría ser su hija o su hijo. Es su futuro, es el nuestro. Es el México que, visto lo visto por el apoyo de continuidad que ha tenido el gobierno, muchos quieren. Yo no. Yo no voté por eso. Yo sí me avergüenzo. Y doy la cara. Y pido perdón.
* Juan Manuel Villalobos es escritor. Su última obra es el libro de relatos La peor parte (librosampleados; México, 2020).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Véase <a href="https://efe.com/mundo/2024-09-03/mexico-record-homicidios-gobierno-lopez-obrador/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Véase <a href="https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/09/mexico-rebasa-las-5600-fosas-clandestinas/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Comentarios a la nota “Decapitado el alcalde de Chilpancingo una semana después de asumir el cargo” firmada por David Marcial Pérez (10/07/2015). El País.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Corral, Miguel G. (09/24/2015) “¿La decapitación más antigua del mundo?”. El Mundo.

Ningún perdón, sólo el mío

La noche del domingo 6 de octubre concluimos la semana con una terrible noticia: el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo y militante del PRI, quien apenas cumplía seis días en su puesto. La noticia vino acompañada de imágenes espeluznantes que mostraron su cabeza cercenada sobre el techo de un vehículo mientras que el cuerpo decapitado, presuntamente del alcalde, yacía en su interior. Este asesinato adquiere una relevancia particular en nuestro país, donde noticias sobre este tipo de actos barbáricos inundan las redes a diario, y causa profunda conmoción no sólo por su puesto, sino por ser el máximo representante de una de las capitales de las entidades federativas que componen al país, un municipio siempre asediado por una inestabilidad social y política.
Es inevitable preguntarnos, ante esta tragedia, sobre sus autores intelectuales y los motivos tras su asesinato. Hace unas semanas <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/cuando-asesinan-policia" target="_blank" rel="noopener">escribí una reflexión</a> a partir del asesinato del Jefe de Policía de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa, y expuse que el asesinato de policías no se trataba de un acto de desesperación de los grupos de la delincuencia organizada (GDO) sino de un acto de poder y un modus operandi con cuatro características. Su principal objetivo es una represalia a la aplicación de la ley, que busca neutralizar a jefes de la policía cuyo nombramiento no conviene a los GDO, interrumpir la gobernanza local y reducir las capacidades del gobierno local para tener mayor libertad de tránsito de sus productos.
Estos objetivos fueron identificados a partir de la investigación específica del <a href="https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-9249-3" target="_blank" rel="noopener">asesinato de policías</a>, donde es previsible y entendible el nivel de riesgo que conlleva el ejercicio de la función de la seguridad pública, ¿pero qué sucede cuando se trata de un funcionario público civil? En México, los GDO tienen un origen estrechamente vinculado al poder político, que configuró un esquema conocido como patronazgo <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> o mecenazgo, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> donde una persona en un puesto de toma de decisiones protege el desarrollo de actividades criminales a cambio de recibir ganancias, principalmente en el negocio del tráfico de drogas ilegales. En este contexto, las figuras políticas ejercían el control sobre los grupos que sometían mediante la amenaza del uso de la fuerza estatal y la aplicación de la ley como herramienta de presión.
Las transformaciones políticas que experimentó México hacia finales del siglo XX, como la apertura político-electoral que debilitó el sistema de partido único y el desmantelamiento de la Dirección Federal de Seguridad —la agencia de inteligencia y espionaje del gobierno federal—, otorgaron a los grupos delictivos una mayor capacidad de acción autónoma frente al poder político. Este cambio alteró la correlación de fuerzas pues permitió que estos grupos, en lugar de ser controlados, sometan ahora al poder político. Como resultado, la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues además de enfrentar la presión de actores fácticos como los grandes capitales nacionales e internacionales, los GDO han emergido como un factor real de poder, con capacidad de influir en las decisiones políticas dentro de territorios específicos.
La política de guerra contra las drogas obligó a los GDO a fortalecer su posición en los territorios donde desarrollan sus actividades, a partir de la creación de redes de protección política y social que los ayude a evadir la ejecución de la ley. Si algo hemos aprendido de la historia criminal en México es que esto es un ejercicio violento, donde los delincuentes no dejan espacio a la disidencia y cuyas represalias son particularmente violentas. De vuelta al caso del alcalde asesinado a la luz de cómo operan los GDO, podríamos pensar en 4 escenarios distintos que expliquen este hecho: 1) el alcalde era una persona íntegra que decidió no pactar con los GDO, 2) el alcalde tenía pactos con el grupo dominante y al no cumplirlos, sufrió de una represalia, 3) pactó con un GDO y un grupo rival lo asesinó por represalia o, 4) lo asesinaron para mandar un mensaje a otros funcionarios, políticos y población en general.
Estos escenarios encajan bien con las explicaciones dadas anteriormente para los asesinatos de policías, principalmente para quitar a un funcionario que no conviene a los GDO e interrumpir la gobernanza local. Pero es difícil pensar en que sea represalia por actos de gobierno porque apenas cumpliría una semana de haber tomado posesión, más el hecho de que llegó por un partido distinto al que gobernaba anteriormente y del gobierno estatal solo añade más confusión al caso. Por otra parte, su asesinato y la exposición de su cuerpo son sintomáticos del objetivo específico de los autores intelectuales: mandar un mensaje tanto a políticos a la población y a grupos rivales, uno de miedo y horror, una demostración de fuerza y de autoridad, que quien sea que haya sido, es quien controla Chilpancingo.
¿Y quién controla Chilpancingo? El territorio parece estar en disputa entre dos agrupaciones: Los Tlacos y Los Ardillos. Antes de las elecciones se hicieron públicas unas fotografías de una reunión entre los líderes de Los Ardillos y la anterior presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, lo que alimentó especulaciones sobre posibles acuerdos entre el gobierno de la morenista y este grupo criminal. Sin embargo, parece claro que se han aprovechado de la inestabilidad inherente a un cambio de gobierno para disputar el control del territorio.
Como señalan Guillermo Trejo y Sandra Ley (2020), <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> los cambios de administración representan oportunidades políticas propicias para ataques en un contexto de lucha por la hegemonía criminal. Escasos días antes fueron asesinados quien asumiría el cargo de secretario de Gobierno, Francisco Tapia Gutiérrez, y Ulises Hernández, quien se rumoraba era la elección para ser secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo. Es claro que el gobierno local está asediado y que la recién inaugurada administración se encuentra sin opciones para gobernar sin amenazas ni riesgos reales a la integridad de funcionarias y funcionarios. Chilpancingo ha sido abandonado a su suerte.
Guerrero no ha dejado de ser un epicentro de crisis política en el país y centro de la discusión pública que lo coloca como una entidad fallida, ya sea por las fuertes afectaciones a la población por fenómenos naturales, por acusaciones de colusión entre políticos y delincuentes, por el asedio contra estudiantes normalistas y el asesinato de personas candidatas y funcionarias de gobierno. Ayer en Guerrero, hoy en Guerrero y mañana seguramente también en Guerrero.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Snyder, R., &amp; Duran-Martinez, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. Crime, Law and Social Change, 253-273.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Astorga, Luis, El siglo de las Drogas, Grijalbo, 2012
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Trejo, Guillermo &amp; Ley, Sandra (2020) Votes, drugs and violence, Cambridge University Press.

Cuando asesinan a un funcionario

Es importante señalar, antes de iniciar este análisis, que esta propuesta no busca polarizar sobre el tema. Somos plenamente conscientes de que aún existen recursos judiciales en proceso respecto a la reforma judicial. Nuestras líneas están en total apego al respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos de todas las personas. El presente artículo tiene como objetivo explorar la relevancia de garantizar, tanto en el proceso previo como en las posibles elecciones judiciales de 2025, la igualdad de las personas. Es fundamental asegurar que el derecho a la igualdad sea un eje transversal durante todo el proceso, lo que hace esencial la implementación de acciones afirmativas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, se están desarrollando leyes secundarias que regularán el proceso de elecciones judiciales en 2025, y es fundamental que estas contemplen una perspectiva inclusiva que priorice las acciones afirmativas. Este es un momento histórico y trascendental para los grupos en situación de vulnerabilidad, quienes no deben quedar excluidos de este proceso. Es claro que la justicia aún tiene grandes deudas con estos grupos, y no tomarlos en cuenta implica ignorar el principio de no discriminación que fortalece una justicia cercana y accesible. La justicia verdaderamente equitativa es aquella que genera las condiciones necesarias para que quienes han estado en mayor desventaja cuenten con los mecanismos adecuados para acceder a ella.
Los avances jurisprudenciales relacionados con los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto en materia judicial como electoral, deben ser considerados en estos procesos de elección judicial. Asimismo, es crucial tomar en cuenta las propuestas legislativas en materia de igualdad sustantiva de género, que se extienden también a diversas identidades. Las acciones afirmativas deben generar las condiciones necesarias para que estos grupos -como las personas con discapacidad, las personas LGBTQ+, las personas indígenas, las personas afromexicanas, entre otros- no solo tengan el derecho de votar, sino también de ser votadas. Estas medidas permiten que quienes han sido históricamente excluidos lleguen a espacios de toma de decisiones, combatiendo la discriminación.
En este sentido, es necesario reflexionar sobre la transformación de la impartición de justicia en México. Tal transformación debe contemplar un escenario más inclusivo e igualitario, donde las voces tradicionalmente excluidas o minimizadas puedan ser escuchadas y representadas de manera efectiva. Las acciones afirmativas, en este contexto, son herramientas cruciales para asegurar que dichos grupos no solo sean considerados, sino también protegidos y empoderados dentro del sistema judicial.
Cabe recordar que los derechos conquistados por los grupos en situación de vulnerabilidad no son concesiones del Gobierno ni de los Estados; son el resultado de luchas históricas, dolorosas y prolongadas. Estos derechos no deben ser ignorados ni para quienes ya forman parte del servicio público ni para quienes eventualmente se postulen como candidatos o candidatas en futuras elecciones judiciales.
Un sistema judicial que integre acciones afirmativas promovería no solo la igualdad, sino también una mayor representatividad y participación democrática. Ejemplos de esto se pueden observar en otros países como Estados Unidos, donde las políticas de igualdad de oportunidades han permitido que mujeres, minorías raciales y personas con discapacidades ocupen cargos judiciales importantes. Asimismo, en Sudáfrica, tras el Apartheid, se implementaron políticas de inclusión para garantizar la representación de personas negras, lo que ha sido crucial para reflejar la diversidad social.
Entre los ejemplos de acciones afirmativas a considerar, no podemos olvidar la paridad de género, por la que tanto han luchado las mujeres y el movimiento feminista. Gracias a estas luchas, ahora es un mandato constitucional y las reformas a las leyes electorales secundarias ya abordan la paridad de género. Es necesario comprender de manera clara y precisa cuáles serían sus implicaciones en el ámbito judicial al considerar que no existe un monolito de “ser mujer”, es decir, la diversidad de mujeres incluyen mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres con discapacidad, mujeres trans, entre una amplia diversidad de mujeres históricamente excluidas.
Por último, cabe aclarar que no proponemos que la impartición de justicia deba estar definida únicamente por el hecho de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Somos conscientes de la importancia de la experiencia, la trayectoria y el perfil profesional necesarios para ocupar cargos en este ámbito. Sin embargo, consideramos fundamental implementar medidas que aseguren que no siempre sean las mismas personas, pertenecientes a la hegemonía y a los grupos de poder tradicionales, quienes ocupen las posiciones de decisión en el país. Es necesario que las personas preparadas y pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad cuenten con las herramientas que les permitan participar en igualdad de condiciones.
En ese sentido, consideramos que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es omisa al prever o considerar acciones afirmativas o ajustes razonables para las llamadas poblaciones prioritarias dentro del Sistema Electoral, como las poblaciones indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, LGBTQ+, entre otras.
Esta omisión es grave porque implica un retroceso respecto a los avances logrados durante los procesos electivos de cargos de elección popular, tanto a nivel federal como en diputaciones y senadurías, así como en elecciones locales como ayuntamientos y diputaciones locales.
Aunque se ha anunciado que la aprobación de las leyes secundarias está prevista para el miércoles 9 de octubre de 2024, es exigible al Legislativo que se incorporen dichos ajustes razonables para garantizar acciones de justicia restaurativa para las poblaciones históricamente excluidas dentro del aparato del poder judicial.
Sin embargo, si eso no fuera posible por diversas razones, el contenido de la propuesta circulada a partir del 7 de octubre prevé artículos que las personas candidatas podrán recurrir para exigir a las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales dichos ajustes razonables al momento de la etapa de designación de candidaturas, como los siguientes:
<ol>
<li> Artículo 503, numeral 1: El Instituto (INE) es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En el cumplimiento de sus atribuciones, garantizará la observancia de los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, así como de paridad de género.</li>
<li> Artículo 504, Numeral 1, inciso II: Corresponde al Consejo General del Instituto aprobar los lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización, desarrollo y cómputo de la elección.</li>
<li> Artículo 504, Numeral 1, inciso XII: Garantizar la equidad en el desarrollo de las campañas entre las personas candidatas.</li>
<li> Artículo 504, Numeral 1, inciso XV: Emitir lineamientos de aplicación general para los Organismos Públicos Locales respecto de los procesos de elección de magistradas y juezas de los Poderes Judiciales locales y atraer a su conocimiento cualquier asunto de su competencia en uso de su facultad de atracción.</li>
<li> Artículo 504, Numeral 1, inciso XVI: Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones establecidas en este párrafo y las demás que establezcan las leyes.</li>
</ol>
Las acciones afirmativas en las leyes secundarias de la reforma judicial, así como en los lineamientos y acuerdos que emita el INE, los Organismos Públicos Locales (OPL) o incluso las autoridades jurisdiccionales, son fundamentales para promover la igualdad y la justicia en la sociedad a favor de las poblaciones históricamente excluidas en la integración del Poder Judicial. Estas medidas buscan corregir desigualdades históricas y estructurales que han afectado a grupos vulnerables, como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGBTQ+ y otros colectivos marginados.
Fortalecer esta ruta nos conduce a la reconfiguración del Poder Judicial con mejor representatividad y mayor justicia social hacia las poblaciones prioritarias, ya que refuerza:
<ol>
<li> Promoción de la igualdad de oportunidades: las acciones afirmativas o ajustes razonables aseguran que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, independientemente de su origen étnico, género, discapacidad, identidad de género, orientación sexual u otras características. Esto contribuye a una sociedad más justa e igualitaria.</li>
<li> Diversidad y representación: al implementar acciones afirmativas, se fomenta la inclusión de diversas perspectivas en la toma de decisiones. Esto enriquece el debate y la formulación de perspectivas jurídicas amplias y diversas, ya que se consideran las necesidades y experiencias de todos los sectores de la sociedad.</li>
<li> Reducción de desigualdades: estas medidas ayudan a cerrar brechas de desigualdad que han persistido a lo largo del tiempo. Al proporcionar apoyo adicional a quienes han sido históricamente desfavorecidos, se crea un entorno más equitativo y se promueve el desarrollo integral de la sociedad.</li>
<li> Fortalecimiento de la democracia: una sociedad más inclusiva y equitativa fortalece la democracia, ya que toda la ciudadanía tiene la oportunidad de participar plenamente en la vida política, económica y social del país.</li>
<li> Justicia social: las acciones afirmativas son una herramienta para alcanzar la justicia social, asegurando que todas las personas, independientemente de sus circunstancias, puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales con igualdad de oportunidades, abordando los obstáculos sistémicos y estructurales que perpetúan la exclusión.</li>
</ol>
En resumen, las acciones afirmativas en las leyes secundarias, lineamientos y normas de la reforma judicial son esenciales para construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Estas medidas no solo benefician a los grupos históricamente vulnerados, sino que también enriquecen a toda la sociedad al promover la diversidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.
* Luis Fernando Cabrera (<a href="https://x.com/LuisFer39762360" target="_blank" rel="noopener">@LuisFer39762360</a>) es abogado y mediador por los derechos humanos y la inclusión de personas con discapacidad desde la acción, escritura y vida. Trabaja en la SCJN. Luisa Rebeca Garza López (<a href="https://x.com/Rivka_Azatl" target="_blank" rel="noopener">@Rivka_Azatl</a>) es mujer trans, especialista en temas electorales y estudios trans.

Elecciones de personas juzgadoras en 2025 sin acciones afirmativas

La semana pasada el pleno de la Suprema Corte admitió a trámite la revisión de la reforma al Poder Judicial. Dicha solicitud fue formulada por jueces y magistrados, quienes pidieron al pleno el estudio de la reforma. La admisión fue votada a favor por 8 de los 11 ministros. Se trata de un trámite en el que aún no hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues no es el momento para hacerlo.
Sin embargo, las reacciones que provocó son dignas de llamar la atención por lo que anticipan. Se habló de golpe de Estado. Me parece que siempre hay que tratar de ser cautos con el lenguaje. Golpe de Estado es una subersión del órden contitucional, una interrupción de la normalidad democrática, una toma violenta del poder. No veo ninguno de esos rasgos en la decisión de la Corte. Pero no sólo eso, la nueva titular del Poder Ejecutivo alertó que la Suprema no tiene atribuciones para hacer el examen que se propone hacer de la reforma y señaló que, independientemente de lo que resuelva la Corte, habrá elección de jueces, magistrados y ministros.
Es la crónica de un desacato anunciado. Esa es la magnitud de la crisis en la que vivimos. Ha habido una multitud de suspenciones decretadas por jueces que han sido ignoradas por autoridades de todos niveles. La ignorancia de la ley es la nueva rutina. Pero además del trámite que admitió el pleno de la Corte, hay otros recursos sobre los que deberá pronunciarse el Poder Judicial: amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias, en fin, procesalmente el asunto de la reforma al poder judicial aún no concluye y lo que preocupa, insisto, es el señalamiento contundente de la presidenta de la nación, que no importa la deliberación y resolución del pleno de la Corte, la reforma se va implementar.
No recuerdo otro momento de tanta tensión entre Poderes de la Unión. Y acaso lo que más preocupa es que el gran ausente en esta crisis ha sido el diálogo, la posibilidad y disposición de oír al otro, de tratar de entender los argumentos contrarios, de converger en algún sitio.
Me temo que estamos ante un endurecimiento del autoritarismo, un debilitamiento de la negociación política y ante una inminente regresión institucional. Las urnas dieron un mandato que no fue observado por la sobrerrepresentación ilegítima, y claramente es un mandato que no esta siendo respetado por la nueva mayoría. Parecen olvidarse que las minorías existen y siempre han servido para constuir consensos. La ausencia de diálogo nunca ha sido una fórmula provechosa. Hoy estamos viendo las consecuencias.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

El desacato anunciado

El pasado miércoles 2 de octubre, el <a href="https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/sintesis/NotasCongreso_03102024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Congreso de la Ciudad de México aprobó</a> una serie de modificaciones a la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral, con objeto de regular y limitar a las plataformas digitales de alojamiento turístico y de corto plazo, como Airbnb y Booking, de modo que las noches disponibles para renta por parte de los huéspedes inscritos en el padrón de dichas aplicaciones no exceda los seis meses por año.
En lo particular, los cambios contemplan la modificación al artículo 36 Bis de la Ley de Vivienda y al 22 de la Ley de Reconstrucción Integral, para que todas las viviendas populares construidas bajo la norma de ordenación 26 o que hayan sido rehabilitadas, por ejemplo, a partir del sismo de 2017, no puedan ser arrendadas bajo dichas modalidades.
Este nuevo paquete de reformas producto de la iniciativa mandada por el jefe de gobierno, Martí Batres, el pasado 13 de septiembre al Congreso citadino, refuerza una <a href="https://animalpolitico.com/estados/congreso-cdmx-reforma-regular-plataformas-digitales-airbnb?rtbref=rtb_5br4y0wnrxbxq2fcnwv_1712765029072" target="_blank" rel="noopener">serie de medidas adoptadas en marzo pasado</a>, cuyo blanco fue, igualmente, Airbnb, entre las cuales se contemplan: la inclusión del concepto de “anfitrión” en la ley; la creación de un padrón de anfitriones; un límite de hasta tres alojamientos por hospedador; la obligación de cubrir un seguro de responsabilidad civil, así como sanciones por el incumplimiento de las normas. De igual manera, este paquete es complementario de otro <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/reformas-vivienda-marti-batres">grupo de reformas</a> en materia de acceso a la vivienda, aprobado por el Congreso el 22 de agosto de este mismo año.
La legislación mexicana que busca contrarrestar el fenómeno de airbnbficación, una nueva modalidad de gentrificación, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> no es aislado, en tanto se suma a una <a href="https://www.domusweb.it/en/news/2023/11/02/airbnb-the-new-rules-in-the-cities-of-the-world-lisbon-florence-amsterdam-paris.html" target="_blank" rel="noopener">serie de políticas</a> por parte de diferentes gobiernos en todo el mundo que buscan limitar los efectos negativos, sociales y económicos que desde hace varios años está provocando el crecimiento desmedido de los hospedajes a corto plazo registrados a través de la plataforma estadounidense Airbnb. De cada experiencia local, ya sea por su notable parecido con otras o por su carácter inminente, próximo a suceder en distintas latitudes, pueden extraerse una serie de lecciones o conclusiones de sumo valor que resuenan en la coyuntura mexicana. A continuación se presentan las nueve más importantes.
<h2>1. Es necesario regular el mercado de vivienda</h2>
El diputado del PAN, Diego Garrido López, sostiene que estas medidas atentan contra la propiedad privada. Sin embargo, esto es política y jurídicamente falso, ya que tal y como se establece en el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. En este caso el interés público, el cual es preeminente a los intereses particulares, reside en garantizar el derecho de acceso a la vivienda al grueso de la población, incluyendo precios y condiciones razonables que permitan salvaguardar la vida digna en toda la ciudad.
<h2>2. Políticas públicas de perspectiva internacional</h2>
La interminable lista de ciudades que han respondido al llamado impostergable de regular las actividades de la empresa transnacional, demuestra que la airbnbficación es parte de una serie de efectos que, inevitablemente, ha traído la globalización capitalista. Por lo tanto, la legislación sobre el mercado de vivienda, además de incluir la dimensión turística, debe partir de aprendizajes cuya información haya sido contrastada con experiencias similares de otras regiones del mundo.
<h2>3. El nuevo turismo globalizado</h2>
Según <a href="https://www.gob.mx/sectur/prensa/ingresan-a-mexico-mas-de-17-mil-millones-de-dolares-por-visitantes-internacionales-en-el-primer-semestre-de-2024?idiom=es-MX#:~:text=junio%20de%202019-,El%20secretario%20de%20Turismo%2C%20Miguel%20Torruco%20Marqu%C3%A9s%2C%20inform%C3%B3%20que%20esto,enero%20a%20junio%20de%202019." target="_blank" rel="noopener">datos de la Secretaría de Turismo</a>, en el primer semestre del presente año ingresaron “2 millones 428 mil turistas de internación vía aérea [a México], lo que representa 4.9 % más respecto al mismo periodo de 2023, y 19.5 % más comparado con enero-junio de 2019”, periodo previo a la pandemia. Además de incrementarse el turismo, los periodos y modalidades de hospedaje se han visto modificados desde que Airbnb hizo su aparición en 2008.
Los turistas prefieren hospedarse en complejos que ofrecen, por ejemplo, experiencias locales inmersivas más amplias, más económicas y con mayor privacidad que las tradicionales: “si es un viaje de amigos, para qué pagar por varios cuartos de hotel, si estarás separado de esos amigos. Mejor un Airbnb. Mejor juntos, por menos”, reza uno de tantos anuncios de la empresa que busca resaltar la ventaja comparativa con respecto a los recintos hoteleros. En este sentido, no se encuentra fuera de lugar considerar, como apuntó el diputado César Emilio Guijosa en la plenaria, que las reformas citadinas buscan hacer que la competencia entre Airbnb y la industria hotelera parta de las mismas condiciones legales, de modo que no exista ningún beneficio a favor de alguna de las partes que motive futuras situaciones de injusticia. Sin embargo, esto también es una llamada de atención para dicha industria, en virtud de la cual adapten su oferta a las nuevas demandas de servicios turísticos.
<h2>4. Gentrificación sui generis</h2>
A diferencia de la gentrificación tradicional, en donde son las grandes empresas inmobiliarias las responsables de invertir el capital para la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios que alteran significativamente el paisaje y la vida urbana, en el caso de la airbnbficación el agente externo que irrumpe sobre el mercado parte de una lógica local de organización territorial preexistente. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Si bien encontramos una <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397522000790" target="_blank" rel="noopener">discusión</a> sobre si es Airbnb el que gentrifica o es la actividad de esta empresa la que se hace próspera en zonas gentrificadas, lo cierto es que en el caso mexicano, de los más de <a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-02/el-mapa-de-los-apartamentos-turisticos-en-la-ciudad-de-mexico.html#?rel=mas" target="_blank" rel="noopener">22,000 alojamientos disponibles</a> al día de hoy, la mayoría se concentra en las colonias Condesa, Roma, Juárez, Anzures, Chapultepec, Centro, Tabacalera, Polanco, Nápoles, Del Valle, Del Carmen y Villa Coyoacán, zonas que ya se encuentran gentrificadas o que desde hace años atraviesan un proceso de gentrificación.
<h2>5. ¿Clase media versus clase media?</h2>
Al seguir el rastro de las zonas más gentrificadas de la Ciudad, es notable que el mercado de Airbnb se encuentra, por lo tanto, igualmente sectorizado y recluido a unas cuantas zonas, por lo que no es posible hallar los mismos efectos en zonas populares.
En este sentido, si se observa el <a href="https://elpais.com/mexico/2024-09-02/el-mapa-de-los-apartamentos-turisticos-en-la-ciudad-de-mexico.html#?rel=mas">mapa de distribución de alojamientos de Airbnb</a> de la capital, puede observarse que la mayoría de ellos se encuentra en aquellas alcaldías en donde la población es predominantemente de clase media y media alta: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Eso quiere decir que la primera en verse afectada y marginada por el alza de precios y la reducción de viviendas disponibles, es la misma clase mesocrática, particularmente la más vulnerable a sufrir los vaivenes y embates económicos provocados por sus congéneres. A diferencia de la gentrificación introducida por los grandes capitales, en esta otra no resulta claro que los vecinos que anuncian sus propiedades en la plataforma de Airbnb puedan considerarse como agentes cuya inversión los convierte en “ganadores” ante el proceso de gentrificación de su propia colonia.
<h2>6. Información demográfica insuficiente</h2>
Uno de los grandes obstáculos que impiden la implementación efectiva de políticas públicas de carácter urbano es la falta de información demográfica o, en su defecto, del aprovechamiento de la ya existente. Una de las posibles explicaciones a esta deficiencia es que el fenómeno Airbnb es relativamente nuevo. Eran inciertos, hasta hace unos años, los efectos que tendría la falta de regulación sobre este tipo de actividades económicas, por lo cual no era un tema prioritario para las agendas legislativas. Se trata de mercados emergentes, en donde intervienen actores empresariales trasnacionales, para los que no existían métricas con las que fuera posible comparar el impacto de su propagación y crecimiento.
La muestra más significativa de esto es la falta de manejo de datos sobre la situación actual de Airbnb en la Ciudad por parte del gobierno en turno. El primer paso, que ya se ha tomado con estas reformas, es el de crear un padrón de anfitriones, tarea que, a diferencia del padrón de arrendatarios, no representa tantas dificultades por encontrarse todos ellos registrados en la plataforma digital de la empresa.
Por ende, es necesario que el gobierno de la Ciudad de México encabece iniciativas que verdaderamente escuchen y sean receptivas con las investigaciones de los investigadores y especialistas en materias de urbanismo, sociología, ciencia política, historia, antropología, derecho, estadística, etc., de manera que se encuentren al servicio de la resolución de los problemas públicos más acuciantes de la metrópoli.
Este momento de recolección de información también debe ir acompañado de una campaña de sensibilización dirigido a la ciudadanía, de pláticas y foros que generen conciencia del impacto de este fenómeno y, de esta manera, se evite que las medidas gubernamentales sean recibidas como si de un atentado en contra de la propiedad privada se tratase.
<h2>7. Aportaciones ambivalentes a la economía</h2>
Como lo atestigua la sección <a href="https://news.airbnb.com/ea/airbnb-apoyo-mas-de-63-mil-fuentes-de-trabajo-en-la-ciudad-de-mexico-generando-mas-de-15000-millones-de-pesos-en-impacto-economico-en-2023/#:~:text=Airbnb%20gener%C3%B3%2015%2C000%20millones%20de%20pesos%20en%20Impacto%20Econ%C3%B3mico%20en%202023,-De%20Airbnb%20%C2%B7%2010&amp;text=A%20trav%C3%A9s%20de%20sus%20gastos,econ%C3%B3mica%20en%202023(3)." target="_blank" rel="noopener">Newsroom</a> de la página web oficial de Airbnb, la contribución económica del turismo por esta vía es realmente significativa, generando, para 2023, una suma de 15 mil millones de pesos (datos que, por cierto, es necesario cotejar con otras fuentes). A estas cifras hay que añadir el hecho de que el gasto de los huéspedes “apoyó a más de 63 mil fuentes de trabajo en la Ciudad de México y generó más de $3,300 millones de pesos (más de $190 millones de dólares) en ganancias sin considerar los ingresos de los Anfitriones en Airbnb”. Una parte de estas ganancias y aportaciones indirectas a la economía regional funcionan, a decir de la empresa estadounidense, gracias a las recomendaciones locales que los anfitriones les sugieren a sus huéspedes.
No obstante, estas cifras no contemplan los cambios que la naturaleza de los negocios locales está experimentando a partir del crecimiento de este nuevo tipo de demanda turística, que se traduce en una inminente desatención de las necesidades básicas de la comunidad oriunda. Los nuevos giros comerciales incluyen -como lo atestiguan distintos casos, por ejemplo los de <a href="https://africasacountry.com/2023/10/the-airbnbfication-of-cape-town" target="_blank" rel="noopener">Ciudad del Cabo</a> y <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/lisbon-s-plan-to-reclaim-vacation-rentals-for-housing" target="_blank" rel="noopener">Lisboa</a>&#8211; locales de comida rápida y para llevar, tiendas de souvenirs o cadenas de marcas internacionales con servicios que ofrecen al consumidor una experiencia homóloga a la de sus países y de otros sitios globalizados. En la ciudad africana la situación se ha vuelto tan drástica que los nuevos edificios están diseñados ex profeso para cubrir la demanda de hospedajes turísticos de corto plazo. No se construye vivienda social que sea digna y habitable, sino pequeños espacios que sean eficientes y rentables.
A todo esto hay que sumar el hecho de que la tendencia de los precios en estas zonas, tanto de la vivienda (ya de por sí escasa) como de los productos y servicios, ha ido en aumento, al grado de ser incosteable para los vecinos que permanecen cuando los turistas se retiran. En consecuencia, las ganancias puramente monetarias se ven contrarrestadas por los costos sociales y económicos de mayor magnitud, de los que los gobiernos locales terminan por hacerse responsables.
<h2>8. ¿Qué esperar a corto plazo?</h2>
Con la implementación de medidas en distintas ciudades del mundo, algunas más restrictivas que otras, el número de anfitriones ha descendido súbitamente en primera instancia para reorganizarse, en algunos casos, en un segundo momento. En el <a href="https://forbes.es/empresas/293129/nueva-york-aprueba-una-ley-para-acabar-con-los-alquileres-de-corta-duracion-podra-airbnb-sobrevivir/">caso de San Francisco</a>, con la implementación de las restricciones en 2018, el número de hospedajes registrados se redujo a la mitad, de 10,000 a 5,000. Mientras que en el de <a href="https://www.domusweb.it/en/news/2023/11/02/airbnb-the-new-rules-in-the-cities-of-the-world-lisbon-florence-amsterdam-paris.html">Nueva York</a>, con la aplicación de la Local Law 18, que exige al propietario registrarse ante el gobierno de la ciudad, vivir en la propiedad que desea alquilar, estar presente durante la estadía del huésped y no hospedar a más de dos huéspedes de manera simultánea, así como infracciones de hasta 5,000 dólares, además de <a href="https://www.lodgify.com/blog/local-law-18-one-year-report/">otros efectos recientemente estudiados</a>, “las ofertas se desplomaron de 22,500 a solo 3,227”. En este sentido, si bien el padrón de alojamientos de la capital mexicana es similar a lo que era el neoyorkino hace un año, las regulaciones mexicanas difieren de las estadounidenses en algunos puntos.
El más importante de ellos es que la medida capitalina apunta a desincentivar el uso de la plataforma de hospedajes reduciendo la duración de las estadías permitidas al 50% de las noches del año, así como un límite de tres alojamientos por anfitrión; mientras que las restricciones estadounidenses solo afectan a las estadías de menos de 30 días. Al respecto, la medida aplicada por el Congreso citadino resulta ser más rigurosa en lo económico, en tanto que es muy probable que las ganancias de los hospedadores se vean reducidas en un porcentaje proporcional, eso sin considerar, desde luego, los costos por el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que se añaden al impuesto al valor agregado (IVA) y de alojamiento, del 16 % y 5 % respectivamente, que recauda Airbnb.
Esta merma en las ganancias será un factor a sopesar por parte de los anfitriones en el futuro próximo, al momento de decidir si permanecen o no en el negocio de las rentas a corto plazo. Por su parte, por el momento se desconoce si Airbnb hará recaer algún costo extra en el bolsillo de sus clientes.
<h2>9. Retos a superar</h2>
El principal reto a superar una vez que entren en vigor las nuevas leyes será hacer plausible la coexistencia de los alojamientos a corto plazo con los de largo plazo. Como lo indica la <a href="https://media.adequation.fr/fin-de-airbnbfication-et-apr%C3%A8s">experiencia francesa</a>, el objetivo es que la economía turística pueda complementar y funcionar a la par de la economía local. Por otro lado, será primordial solucionar una de las principales contradicciones que suscita el auge de Airbnb: al mismo tiempo que democratiza y diversifica el acceso turístico a los hospedajes para los visitantes extranjeros, crea nuevos problemas de desigualdad social y agudiza los existentes.
* Mauricio Aguilar Madrueño es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> El anglicismo gentrificación proviene de la palabra gentry, una clase social, análoga a la burguesía, conformada en tiempos de la revolución industrial inglesa, compuesta de terratenientes comerciantes que fueron comprando títulos nobiliarios de modo que pudieran disfrutar, aunque fuera sólo en apariencia, del honor y el prestigio de la aristocracia de viejo cuño. Partiendo de este panorama histórico, decir que una zona urbana se ha “gentrificado” es equivalente a suponer que la llegada de la nueva gentry (del latín gens, clan, familia) produce un cambio significativo en la composición del tejido social, ahora conformado por familias con mayor capacidad económica que pasan a morar en el lugar y, por lo tanto, a incrementar el costo de la vida.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Hamidreza Rabiei-Dastjerdi, Gavin McArdle, William Hynes (2022). <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397522000790" target="_blank" rel="noopener">Which came first, the gentrification or the Airbnb? Identifying spatial patterns of neighbourhood change using Airbnb data</a>. Habitat International. Volume 125.

Nueve lecciones que nos deja la ‘airbnbficación’ en México y en el mundo

Nueve lecciones que nos deja la 'airbnbficación' en México y en el mundo

El 25 de septiembre pasado inició la LVXI legislatura del Congreso de Guanajuato, con una composición más diversa que la anterior. Si las fuerzas políticas se comportan como lo han hecho hasta ahora, podrían sumarse 16 diputadas y diputados de oposición, lo que impide al partido del Gobierno de Guanajuato contar con la mayoría calificada. A continuación, presento una serie de temas que podrían constituir la agenda legislativa que se impulse desde el movimiento de víctimas y de personas defensoras de derechos humanos en la entidad. Antes que nada, es importante señalar que la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato ya se modificó hace un año y aún no se han implementado algunas de las nociones aprobadas, por ello se excluye de este listado; lo mismo que la Ley de Víctimas, que mientras no se modifique la Ley General en la materia, podría estar sujeta a controversia constitucional en caso de que se modificara a nivel local.
<h2>1. Independizar los servicios periciales</h2>
El 01 de noviembre de 2023, hace justo 11 meses, el Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa para modificar el artículo 11 de la Constitución local para independizar los servicios periciales de la Fiscalía. Esta es una de las recomendaciones realizadas por el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein en 2016 (Recomendación 6) y, principalmente, la sentencia en el Caso Digna Ochoa y Familiares vs México de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que establece claramente la obligación de una reforma constitucional (federal) para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán, dice la CorteIDH, de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna. Es ahora responsabilidad del diputado local Juan Carlos Romero Hicks, recién nombrado Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Jalisco es el ejemplo a seguir ya que el Instituto de Ciencias Forenses es un organismo descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios.
<h2>2. Crear un Mecanismo de Protección</h2>
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato fue aprobada en 2017 y hasta la fecha ha sido incumplida por el Consejo Estatal, que no ha impulsado la política pública establecida en el artículo 2. Si bien está pendiente una amplia discusión federal en la materia, se considera que existen condiciones para crear un verdadero Mecanismo Estatal de Protección, que incluya las funciones de las Unidades creadas por Convenio con el Gobierno Federal y del Consejo Estatal actual.
<h2>3. Regular la publicidad oficial</h2>
Si bien organizaciones internacionales como ARTICLE 19 han criticado la Ley General de Comunicación Social aprobada en el Congreso de la Unión en 2022 (ver <a href="https://articulo19.org/la-reciente-reforma-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-mantiene-las-condiciones-para-censura-sutil-y-falta-de-transparencia/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>), debido al control concentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la falta de cumplimiento de los estándares internacionales, es posible tener una discusión sobre la regulación de la publicidad oficial en Guanajuato. Los datos del gasto local son preocupantes: el Ejecutivo local erogó más del 300 % de lo aprobado por el Congreso, con un equivalente a millón y medio de pesos al día en publicidad oficial. Como lo señala la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, el control de las líneas editoriales a través de la publicidad oficial constituyen censura previa.
Finalmente, se considera que estas 3 propuestas merecen ser discutidas en el seno del Congreso de Guanajuato que, como se ha señalado, presenta una composición más diversa que la anterior legislatura y con mejores condiciones para el diálogo con víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los avances en materia de derechos humanos en Guanajuato lo requieren.
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* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.
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La agenda legislativa para Guanajuato

“La construcción de la agenda pública comienza cuando los ciudadanos dejan de ser espectadores para convertirse en actores del cambio&#8221;.
Manuel Castells
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La narrativa oficial ha dominado la agenda pública, decidiendo qué temas se colocan en el centro del debate y cuáles se relegan al margen. Este fenómeno político caracteriza a los regímenes o contextos donde la concentración de poder es alta. En estos casos, las instituciones gubernamentales, ciertos medios de comunicación y figuras clave de opinión pública moldean el debate de manera que éste se alinee con la narrativa oficial.
Este escenario crea una esfera pública limitada, donde solo se legitiman posturas a favor del régimen o de la narrativa dominante. La polarización resultante desacredita a quienes disienten, mientras que aquellos que apoyan sin cuestionamientos son aplaudidos, exaltados e incluso, en ocasiones, cooptados. Este contexto erosiona el debate plural y democrático.
Frente a esta realidad, el gran desafío que enfrentamos como ciudadanos es la construcción de una narrativa propia que nos una en la lucha por un propósito común: la defensa de nuestros derechos y nuestra dignidad.
<h2>Una narrativa propia</h2>
La narrativa ciudadana cobra fuerza cuando comprendemos que los problemas que enfrentamos no solo nos afectan de manera individual, sino que tienen un impacto colectivo. El primer paso para su construcción es entender que cuando se violan los derechos de una persona, se vulneran los derechos de todos.
La clave está en fomentar un esfuerzo ciudadano que unifique intereses más allá de las diferencias políticas, económicas o sociales, centrado en la defensa de los derechos colectivos.
No podemos aceptar ser tratados como súbditos que deben callar y obedecer; es necesario alzar la voz y reconocer que ya existen muchos ciudadanos luchando por sus derechos.
Este cambio de rol, de ciudadanos pasivos a protagonistas activos, implica una transformación hacia la solidaridad y la cohesión social. No será sencillo; demandará construir un diálogo alternativo y propositivo.
<h2>Redes ciudadanas temáticas: ejemplos de acción</h2>
Por fortuna, no partimos de cero. Diversos sectores de la sociedad civil ya han recorrido un largo camino en la construcción de alternativas. Redes ciudadanas temáticas han alzado su voz y trabajado activamente para generar espacios de diálogo y colaboración. Estas redes buscan encontrar soluciones a los problemas más urgentes del país y abarcan una amplia variedad de ámbitos, entre ellos:
<ul>
<li>La defensa de los derechos humanos.</li>
<li>La protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.</li>
<li>La defensa del derecho al agua y la justicia hídrica.</li>
<li>El apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.</li>
<li>La promoción de derechos reproductivos.</li>
<li>El impulso de políticas públicas en salud.</li>
<li>La transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.</li>
<li>Garantizar y promover el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos en el exterior.</li>
<li>Defender los derechos humanos de los migrantes.</li>
<li>El fortalecimiento de la sociedad civil y las instituciones de seguridad pública, justicia y gobernanza.</li>
<li>Red Nacional por la Paz; impulsada por la CEM, CIRM, Compañía de Jesús y Dimensión Episcopal para los Laicos.</li>
</ul>
Estas redes no solo buscan ser escuchadas, sino que también desean que sus propuestas sean tomadas en cuenta en la creación de políticas públicas. Son protagonistas que articulan demandas concretas hacia las instituciones, participando activamente en la construcción de soluciones.
<h2>Ciudadanía y poder: una nueva relación</h2>
La narrativa que emerge desde los territorios y espacios públicos nos muestra una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el poder. Esta relación no se limita a expresar inconformidades, sino que exige un trato digno y promueve la participación activa en la defensa de los derechos de todos.
El reto es generar propuestas viables que puedan transformar de manera sustantiva la realidad tanto de los ciudadanos como del país.
Este esfuerzo se centra en la creación de espacios de diálogo, colaboración, corresponsabilidad, rendición de cuentas y donde el respeto mutuo es el valor primordial. Solo así podremos promover una política más inclusiva, respetuosa de la dignidad humana, y convertir a la ciudadanía en verdadera protagonista del cambio social.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Narrativa ciudadana: protagonistas en la creación de la agenda pública

Ha concluido el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México en 2018 con su promesa más importante, la de terminar con la corrupción, uno de los males más arraigados en el país. Hay evidencia de que 1 de cada 4 votantes emitieron su voto por esta promesa de campaña. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
A través de su famoso lema “no mentir, no robar, no traicionar”, López Obrador comprometió un cambio radical en la vida pública de México, uno donde la corrupción no fuese la regla. Sin embargo, tras seis años de su gobierno, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional muestran una realidad distinta.
El IPC 2023 de Transparencia Internacional sitúa a México en el lugar 126 de 180 países, manteniendo por cuarto año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100, donde 100 indica un país con muy baja corrupción. Asimismo, México se encuentra en la última posición entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y en el penúltimo lugar del G20, solo superando a Rusia. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> A esto se suma que ningún caso de corrupción durante este sexenio y los pasados ha recibido una sentencia definitiva; algunos señalan que el único caso que existe es el de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.
A pesar del discurso recurrente y declarativa del expresidente sobre el exterminio de la corrupción, tenemos algunos ejemplos que nos ayudan a ejemplificar que en México aún existe, y que se requiere de mayores esfuerzos para combatir este grave fenómeno.
<h2>Casos Emblemáticos de Corrupción en México (2018-2024)</h2>
Durante el sexenio de López Obrador se registraron varios casos de corrupción que pusieron en duda la promesa de erradicar este problema. A continuación se enumeran algunos de los más destacados:
1. Caso Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue arrestado en España en 2020 por cargos de corrupción y lavado de dinero vinculados al caso Odebrecht, que se supone financiaron la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Aunque el gobierno de López Obrador prometió utilizar este caso como ejemplo del combate a la corrupción, hasta la fecha no se han dictado sentencias definitivas ni se ha transparentado la investigación; incluso se ha dado cuenta de la injerencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
2. Fraudes en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)
En 2021 surgieron denuncias de desvío de recursos dentro del INDEP, la institución creada por el gobierno de AMLO para subastar bienes decomisados. Las investigaciones revelaron irregularidades en la venta de bienes y una falta de transparencia en el manejo de los recursos, hechos denunciados por su propio director Jaime Cárdenas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
3. Casos de Corrupción en Adquisiciones durante la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, diversos contratos de adquisición de insumos médicos presentaron irregularidades, incluyendo la compra de ventiladores y medicamentos a empresas sin experiencia o con sobreprecios, como los ventiladores comprados al hijo de Manuel Bartlett. El gobierno fue criticado por la opacidad en los procesos de adquisición durante la emergencia. A pesar de la inhabilitación a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, la sanción no fue suficiente para acabar con la corrupción. “La Secretaría de Función Pública aseguró que los equipos médicos entregados por Cyber Robotic Solutions estaban en mal estado y que nunca llegaron a utilizarse, pese a costar 31 millones de pesos”. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a>
4. Corrupción en el Ejército y la Guardia Nacional
Bajo la administración de AMLO, el Ejército ha asumido un papel esencial en la infraestructura pública, sobre todo en los megaproyectos del sexenio donde la gestión estuvo a cargo de las fuerzas armadas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya. Los resultados no solo incluyeron casos de corrupción y desvío de recursos dentro de estas instituciones, sino también que la información fuera clasificada como de seguridad nacional; es decir, mayor opacidad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a>
5. Segalmex
El único caso de corrupción reconocido por el expresidente. Hasta el día de hoy no se ha podido dar cuenta de más de 15 mil millones de pesos del presupuesto, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> aunque las autoridades señalen que es una cantidad menor. Se trata de la dependencia creada para ayudar al campo mexicano y a las personas con menos recursos, encargando a uno de sus hombres más cercanos, Ignacio Ovalle, quien fue exculpado en repetidas ocasiones en la conferencia mañanera.
Y así podría seguir enumerando casos que ponen en evidencia que la promesa de campaña más importante quedó en el olvido.
Toca ahora a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, reconstruir este país, fortalecer nuestro debilitado Estado de Derecho a través de sus instituciones y de la independencia de los Poderes de la Unión, transparentar las adquisiciones públicas con mecanismos robustos e inquebrantables donde se conozcan a los beneficiarios finales, proteger a los denunciantes, recuperar activos y resarcir el terrible daño que esta plaga causa a quienes menos tienen. Y, sobre todo, poner en el centro a las víctimas de la corrupción.
Para combatir la corrupción no en el discurso, sino en los hechos, habrá que fortalecer los mecanismos existentes, como el Sistema Nacional Anticorrupción, y trabajar con un enfoque de participación ciudadana.
* Vania Pérez Morales es consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para uno de cada cuatro votantes en la elección presidencial, el tema de la corrupción fue el más importante de estos comicios, El Financiero, disponible <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/lucha-contra-la-corrupcion-el-principal-reto-de-lopez-obrador/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Transparencia Mexicana, disponible <a href="https://www.tm.org.mx/corrupcion-seguira-siendo-reto-para-el-proximo-gobierno-transparencia-mexicana/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Emilio Lozoya: detienen en España al exdirector de Pemex señalado en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht disponible <a href="https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51480950" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Las denuncias de robo manchan al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, disponible <a href="https://elpais.com/mexico/2020-09-25/las-denuncias-de-robo-manchan-al-instituto-para-devolver-al-pueblo-lo-robado.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> El Gobierno mexicano inhabilita a la empresa del hijo de Bartlett por las irregularidades en la venta de ventiladores, disponible <a href="https://elpais.com/mexico/2020-07-06/el-gobierno-mexicano-inhabilita-a-la-empresa-del-hijo-de-bartlett-por-las-irregularidades-en-la-venta-de-ventiladores.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> AMLO emite nuevo decreto para que obras de infraestructura sean consideradas como de seguridad nacional, disponible <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-emite-decreto-para-que-obras-de-infraestructura-sean-consideradas-como-de-seguridad-nacional-20230518-0085.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Caso Segalmex suma 17 mil mdp de desvío; también había nómina ilegal de 400 personas que cobraban sin trabajar, disponible <a href="https://animalpolitico.com/politica/caso-segalmex-desvio-nomina-ilegal" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

No se terminó la corrupción

Ayotzinapa retrató de cuerpo completo al Gobierno de López Obrador: un hombre que vive en un Palacio amurallado, con elementos de seguridad pública suficientes para no escuchar los reclamos de justicia. Atrincherado y sin dar cara a la sociedad, así cerró el gobierno que militarizó al país y que ha ido eliminando contrapesos para que su movimiento se perpetúe en el poder.
Este sexenio inició con la promesa de conocer la verdad y obtener justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Había esperanza de cambio. Hoy la palabra transformación en México queda como un concepto vaciado y en él se inserta la palabra traición. La traición no solo es para los 43 estudiantes y sus familias, también para las miles de personas desaparecidas.
<a href="https://comun.gitbook.io/docs" target="_blank" rel="noopener">Las víctimas en el olvido</a>, así describimos el cierre de este sexenio, y por lo anterior fue el nombre de nuestro último informe, el estudio más completo de todo el sexenio donde explicamos cómo el gobierno de la autodenominada cuarta transformación logró debilitar a los Sistemas Anticorrupción y, por lo tanto, las graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad se han profundizando en México. Con corrupción no hay justicia.
Hasta septiembre de este año,<a href="https://comun.gitbook.io/docs/03.perfiles-de-los-sistemas-anticorrupcion/introduccion/designaciones-a-nivel-nacional-de-los-sistemas-anticorrupcion-de-mexico" target="_blank" rel="noopener"> el 84.84 % de los Sistemas Anticorrupción de México no cuentan con por lo menos una designación</a>. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia solamente con el 15.16 % de designaciones completas de las instituciones que previenen, detectan, investigan y sancionan faltas administrativas y hechos de corrupción. 
A pesar de que el panorama es complejo, el análisis y resultados de este informe explica hacia dónde transitar con una agenda anticorrupción que ponga en el centro el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género, para reducir las violaciones de derechos humanos.
Uno de las conclusiones que ponemos sobre la mesa es cómo el oficialismo ha logrado capturar la narrativa sobre la corrupción con el objetivo de despolitizar a la población civil, lo que implica desactivar su potencial crítico y movilizador al difundir la idea de que la corrupción es un problema resuelto y al desviar la atención hacia una única figura, entidad o partido político como el único responsable de &#8220;erradicar&#8221; la corrupción.
Sin embargo, es importante crear respuestas, contra narrativas y propuestas de políticas públicas para que la población, sobre todo las aquellas que son constantemente criminalizadas, perseguidas y olvidadas, tengan una vida digna. Es así que creamos un <a href="https://comun.gitbook.io/docs/05.-recomendaciones-para-el-futuro-gobierno-de-mexico" target="_blank" rel="noopener">Decálogo Anticorrupción</a> de la siguiente administración que ponga en el centro a los pueblos, las resistencias y las demandas de los movimientos contrahegemónicos.
1. Género y corrupción. Todas, todos y todes, ¡en pie de lucha!
Se necesita hablar y crear políticas públicas sobre la corrupción sexual que afectan a mujeres y niñas que son empobrecidas, como por ejemplo en estaciones migratorias o trabajadoras sexuales. En México podemos afirmar que la Política Nacional Anticorrupción no considera la corrupción sexual en su diseño e implementación.
Recomendamos a todas las instituciones y órganos colegiados encargados de prevenir, detectar, investigar, sancionar y reparar las faltas administrativas y hechos de corrupción que reconozcan en su normativa la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que promueve los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de toda la humanidad.
2. ¡Los pueblos al frente! Anticorrupción en los megaproyectos
Las instituciones anticorrupción deben ser especialmente sensibles a las necesidades y los derechos de las poblaciones étnicas en México, considerando la diversidad cultural, étnica y territorial del país, así como las desigualdades históricas que enfrentan, la falta de representación política y los obstáculos para poder acceder a la movilidad social efectiva.
El gobierno debe de atender los casos de violencia y corrupción en los megaproyectos con investigaciones judiciales independientes, específicamente en focos rojos de los megaproyectos en curso, como por ejemplo, el Tren “Maya” y el Corredor Interoceánico.
3. Más allá de la mañanera: metodologías e indicadores para medir la corrupción y la eficacia de la agenda anticorrupción, el gran rezago pendiente 
La gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades y los derechos humanos al socavar las instituciones y la democracia, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho, es imperante crear estudios rigurosos para saber dónde se encuentra México en la materia.
Hacemos un llamado al gobierno que está por entrar para legitimar la Política Nacional Anticorrupción, manteniendo los repositorios de datos que se han realizado y otros que son importantes generar, para que la sociedad pueda conocer sobre los casos de corrupción y medidas anticorrupción que se han implementado con las metodologías e indicadores para medir los riesgos, las tendencias y la prevalencia de la corrupción, así como para evaluar la eficacia de las políticas y medidas para reducir este problema, protegiendo al mismo tiempo las investigaciones sobre corrupción en curso y respetando la confidencialidad.
4. ¡Justicia social! El caso de las personas privadas de la libertad y su relación con la corrupción
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se refirió durante su campaña a la adopción del “Plan Integral para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario” que, según la Oficina de la ONU, “podría significar un parteaguas en favor de un sector de la población históricamente olvidada”.
Las nuevas autoridades federales y estatales que asumirán su cargo el 1 de octubre de 2024 enfrentan un reto importante: crear una política pública robusta para el sistema penitenciario, con el objetivo de generar seguridad y, sobre todo, garantizar la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta sus condiciones étnico-raciales, de género, clase y otros sistemas de opresión.
La corrupción es una práctica estructural dentro de los centros penitenciarios, 96.4 % de la población privada de la libertad pagó por un servicio, bien, beneficio o permiso en las cáreceles durante julio 2020 a julio 2021 (ENPOL 2021), lo cual no solo obstaculiza el ejercicio de sus derechos humanos, sino que también crea un entorno propicio para el abuso de sus derechos, que incluyen la tortura y los malos tratos.
Hacemos hincapié en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, y los 16 suicidios en menos de tres años en la única prisión federal de mujeres, debido a que no han recibido atención psicológica ni psiquiátrica de manera oportuna estando bajo custodia del Estado.
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades penitenciarias e instituciones corresponsables para que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los derechos humanos de las mujeres que habitan el CEFERESO 16.
5. ¡Justicia climática! Fortalecimiento en la prevención y lucha contra la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior
Reconociendo que los riesgos de corrupción pueden aumentar en situaciones de emergencia climática y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior, ya que la urgencia de las necesidades, la gran demanda de ayuda económica y sanitaria, y la rapidez con la que el Estado Mexicano debe responder, crean oportunidades para que se den delitos de corrupción, la cual dificulta aún más los esfuerzos de respuesta y recuperación.
Instamos al Gobierno mexicano a utilizar de manera plena y eficaz la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para desarrollar, mejorar y fortalecer las políticas y estrategias contra la corrupción, a fin de garantizar la preparación para emergencias y hacer frente a la corrupción en situaciones de emergencia y en la respuesta a las crisis y la recuperación posterior.
6. Medidas contra la corrupción de grupos delictivos organizados
México debe reforzar su Política Nacional Anticorrupción para contar con medidas para la cooperación internacional para perseguir delitos de grupos delictivos organizados.
Es imperante que se siga mejorando su comprensión de los riesgos de la corrupción en la que intervienen grupos delictivos organizados, también con miras a desarrollar enfoques comunes, en la medida de lo posible, y compartir sus mejores prácticas, lecciones aprendidas y metodologías entre los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción.
También se exhorta al gobierno a adoptar medidas apropiadas para identificar, evaluar, mitigar y gestionar los riesgos de corrupción en el sector público y mejorar la capacidad de las instituciones públicas, incluidos sus procesos de contratación, para prevenir y hacer frente a la infiltración de grupos delictivos organizados –sobre todo en las Fiscalías– mediante el fortalecimiento de políticas que promuevan la buena gobernanza, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. En esta recomendación se pone especial énfasis en la desarticulación de redes de macrocriminalidad que perpetúan graves violaciones a derechos humanos, como el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
7. Sin transparencia no hay recuperación de activos
México debe crear estrategias para que las instituciones financieras adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensificar su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores, y que ese escrutinio intensificado se estructure razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes.
También se deben aplicar las medidas necesarias para obtener información fidedigna sobre los beneficiarios finales de las empresas, las estructuras jurídicas u otros mecanismos jurídicos complejos, como los fideicomisos y las sociedades de cartera, utilizados para cometer delitos de corrupción u ocultar y transferir valores.
8. Protección de personas denunciantes y alertadores de la corrupción, ¡ya! 
Se resalta la importante función que tiene la denuncia para mejorar las iniciativas emprendidas por el gobierno para prevenir y reducir la corrupción con mayor eficiencia y eficacia. En ese sentido, el Estado debe de garantizar la protección eficaz frente a posibles actos de represalia o intimidación a las personas afectadas por la corrupción, así como a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados, y a sus familiares y demás personas cercanas, tomando en cuenta sus necesidades y el contexto en el que se desarrolle.
9. Los muros como necropolítica: migración y corrupción
Al ser un país con una política migratoria que obedece a una lógica de contención, sin un enfoque en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de refugio que cruzan el territorio mexicano, México cuenta con grandes desafíos en corrupción y violaciones a derechos humanos.
Con base en las solicitudes de información que realizó el Observatorio en materia de Derechos Humanos, podemos confirmar que ningún Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, como las instituciones y los órganos colegiados que lo conforman, entregaron documentos que acrediten que están trabajando con las autoridades migratorias para reducir las faltas administrativas y hechos de corrupción en esta población vulnerada en sus derechos.
10. Sin independencia no hay justicia
Vemos con preocupación reformas y propuestas que ponen en riesgo nuestra democracia. Por un lado, la reforma judicial recientemente aprobada, la cual no pone en el centro las desigualdades históricas que obstaculizan el acceso a la justicia pero que dan un control político al Poder Ejecutivo Federal, y que -por si fuera poco- no atiende el problema de corrupción e impunidad que existe en las Fiscalías.
De igual forma, nos preocupa la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), órgano que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que es fundamental para el ejercicio de dos derechos: el acceso a la información y la protección de datos personales.
Además de ello, la propuesta de la nueva presidenta electa de México que busca crear una Agencia Federal Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, pone en relieve su independencia para prevenir, investigar y sancionar casos de corrupción. La eficacia de su administración en este campo dependerá de su capacidad para implementar y fortalecer mecanismos transparentes y efectivos de rendición de cuentas de cara a la sociedad, de romper la espiral de impunidad, así como de su disposición para enfrentar casos de corrupción dentro de su propio partido y administración.
&nbsp;
* El informe “Las Víctimas en el Olvido. El debilitamiento de los Sistemas Anticorrupción de México (2018 &#8211; 2022). Análisis y resultados para entender hacia dónde vamos”, lo puedes encontrar <a href="https://comun.gitbook.io/docs" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Las víctimas en el olvido: el cierre del sexenio

El bloque de reformas constitucionales que permitieron la creación del <a href="https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7087/4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Datos Personales (INAI)</a> como órgano autónomo y el Sistema Nacional de Transparencia en 2014, y que habilitaron que un año después, en 2015, se aprobara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) tuvieron un impacto positivo (e inmediato) en el derecho de acceso a la información pública de todas las personas que habitamos México.
Pongamos las afirmaciones en datos. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) compilados por <a href="http://pidala.info" target="_blank" rel="noopener">pidala.info</a>, el tiempo promedio por cada solicitud de información se redujo en los 23 estados donde hay datos para ese periodo. El cambio es especialmente notorio en los estados que tardaban más en contestar: en Hidalgo las solicitudes pasaron de tardar 70 días en promedio antes de la reforma a tardar 35 el año posterior a la misma; en Sonora la reducción del tiempo fue de 27 días, en Nayarit de 14 y en Durango de 9.5.
El objetivo de la creación del INAI y los Órganos Garantes de cada estado era tener una agencia nacional y 32 estatales que pudieran supervisar la acción de los gobiernos, poder legislativo, judicial, organismos autónomos, sindicatos y otras personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos. Además, son los responsables de garantizar los tiempos máximos de respuesta de las solicitudes establecidos por la LGTAIP.
Es vital para la transparencia que la ciudadanía pueda confiar en el proceso. Más allá de si las solicitudes se responden o no, también es importante saber cuándo se responde. Sin embargo, algunas solicitudes se pierden en el tiempo. Antes de 2015 estas pérdidas o descuidos eran habituales. 1460 solicitudes en los 23 estados de los que tenemos datos tardaron más de 1000 días en ser atendidas, cuando la mayoría de leyes estatales estipulaban un período de respuesta entre 10 y 15 días.
A partir de la aprobación de la LGTAIP (el 05 mayo de 2015) no hay ninguna solicitud que tarde más de 1000 días en ser contestada; si bien sigue incumpliendo la ley, es una mejora considerable. En 2019 se observa cómo hay de nuevo una reducción paulatina del tiempo máximo de respuesta de las solicitudes, lo cual indica que se sigue progresando en la materia, dentro de las prerrogativas del sistema aún vigente.
<figure id="attachment_1453663" aria-describedby="caption-attachment-1453663" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1453663" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/transparencia-e-inai.jpg" alt="Gráfica con la tendencia de respuesta a las solicitudes de información realizadas al INAI en los estados." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/transparencia-e-inai.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/transparencia-e-inai-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/transparencia-e-inai-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/transparencia-e-inai-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1453663" class="wp-caption-text">Fuente: elaboración por Alejandro Barón Gandarias con datos de Pidala.info.</figcaption></figure>
Es especialmente importante recordar que este análisis se puede realizar gracias a que la LGTAIP creó la PNT, repositorio virtual que concentra la información de los más de ocho mil sujetos obligados de toda la república. Para calcular estas métricas se han usado cortes de información del total de 9.1 millones de solicitudes de información realizadas en los últimos 22 años, recopiladas para la plataforma, y analizadas por el proyecto <a href="http://pidala.info" target="_blank" rel="noopener">pidala.info</a>. Este bien público mexicano es hoy por hoy único en el mundo y sirve de ejemplo para otros países.
La situación actual es que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) se usa de forma masiva en México. En este sexenio se han realizado más de cinco millones de solicitudes de información a casi diez mil sujetos obligados. “Municipio”, “informe”, “datos”, “secretaria” y “servicios” son las cinco palabras más usadas en las preguntas de las solicitudes y muestran la transversalidad que abarca el sistema. Desde el lanzamiento de la PNT el número de solicitudes lleva años creciendo de forma sostenida.
<figure id="attachment_1453664" aria-describedby="caption-attachment-1453664" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1453664" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/solicitudes-de-transparencia.jpg" alt="Tendencia de las solicitudes de transparencia realizadas al INAI." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/solicitudes-de-transparencia.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/solicitudes-de-transparencia-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/solicitudes-de-transparencia-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/09/solicitudes-de-transparencia-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1453664" class="wp-caption-text">Fuente: elaboración por Alejandro Barón Gandarias con datos de Pidala.info.</figcaption></figure>
A pesar de las mejoras y las buenas métricas, las personas usuarias habituales del sistema de transparencia y acceso a la información sabemos que necesita mejoras. Tal y como señala el <a href="https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Mexico" target="_blank" rel="noopener">Índice Global del Derecho a la Información</a>, la LGTAIP falla a la hora de establecer incentivos para disuadir y controlar a las autoridades públicas que sistemáticamente no divulgan información o no cumplen sus obligaciones. En este sentido, es prioritario promover un sistema de sanciones que pueda actuar de oficio de manera ágil y precisa.
Además de esto, la lógica de la PNT ha quedado obsoleta. Se debe superar la idea actual de una plataforma que digitaliza y centraliza el proceso de realizar solicitudes, para convertirse en una herramienta que conecte de forma dinámica sujetos obligados y ciudadanos. Por ejemplo, es necesario crear mecanismos que permitan acceder directamente a la información a medida que esta se genere por las instituciones públicas, sin necesidad de pedirla una y otra vez. Esto podría ofrecerse al pedir información por primera vez en la página web de la PNT, a través de una API o dándose de alta a través de formatos como RSS.
En resumen, el acceso a la información es ya un bien público para los mexicanos, y los cimientos sobre los que están construidos el INAI y el SNT son sólidos. Lo que México necesita es que se sigan actualizando, no optar por derruirlos.
* Eduard Martín-Borregón es director ejecutivo de <a href="http://abrimos.info" target="_blank" rel="noopener">Abrimos.info</a> y Alejandro Barón Gandarias es PhD Candidate en la Johns Hopkins University (SAIS).

Millones de solicitudes: la evolución del uso masivo del acceso a la información y el rol del INAI

En mis últimos años de la carrera de periodismo en la ahora FES Aragón de la UNAM elegí el gobierno de la Ciudad de México para hacer mi servicio social. Parte de mi labor era ir muy temprano al Zócalo y correr de un edificio a otro del gobierno capitalino llevando los casetes con la grabación de los dichos del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para hacer la versión estenográfica.
Desde entonces López Obrador implementó “la mañanera”, una conferencia diaria ante la prensa con la que sin duda innovó y destacó su imagen política. Mientras la mayoría de las y los gobernantes en México habían sido reticentes a hablar en salones llenos de periodistas, él lo convirtió en un hábito.
Años después, ya como presidente de la República, no solo continuó implementando esas conferencias, sino que se convirtieron en el ariete de una maquinaria más compleja y potente de propaganda, que en mi caso ya me tocó verificar como periodista en<a href="https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos" target="_blank" rel="noopener"> Animal Político</a>.
Con la mañanera López Obrador no sólo buscó dominar la discusión pública, sino también apuntalar cada semana una narrativa simple, aunque efectiva: la de que en un país con una desigualdad tan lacerante, con años de padecer corrupción política y clasismo, su movimiento de “la cuarta transformación” era la encarnación del pueblo bueno y humilde, contra una élite corrupta, “los conservadores” o “fachos”.
Partiendo de esa ruta, López Obrador puso siempre la discusión en términos maniqueos. Las críticas y hallazgos que se hicieron sobre fallas de su administración, sustentadas incluso con datos de su propio gobierno, no podían ser auténticas ni independientes, sino fruto de una conspiración conservadora que era necesario exhibir, incluso vulnerando leyes de datos personales o mintiendo sobre el pasado y vínculos de sus autores.
La falacia ad hominem, de atacar o desacreditar a las personas más que los argumentos, fue una de las vías más recurrentes de López Obrador y sus seguidores para evadir la crítica hacia su gobierno en las conferencias matutinas, que sin embargo él presumió como “diálogos circulares”.
Ya con las redes sociales como el principal espacio de discusión política, sus dichos en la mañanera también fueron la guía diaria de <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/amlo-reclama-bots-redes-desinformacion" target="_blank" rel="noopener">una red de creadores de contenido </a>que defendieron su administración a ultranza, y que en varias ocasiones también acudieron a la conferencia para encomiar al presidente o hacer preguntas críticas, pero sobre la corrupción de sexenios pasados.
En muchos casos con solo un celular, un escenario improvisado y usando lenguaje coloquial, muchos de los youtubers, tuiteros o tiktokers “pro AMLO” se convirtieron durante el sexenio en una colmena de polemistas con miles de seguidores.
Se encargaron de cuestionar de forma sistemática no solo a políticos de oposición, escudriñando su pasado para señalar sus incongruencias, sino el contenido de los medios “hegemónicos”, activistas y académicos cuando eran críticos con el gobierno.
En esa tarea, muchos de ellos también <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/brolan-difunde-desinformacion-youtube" target="_blank" rel="noopener">replicaron mentiras, narrativas desinformantes y de descrédito hacia medios y comentaristas</a>. <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/100-frases-falsas-amlo" target="_blank" rel="noopener">“Los otros datos”</a> que también caracterizaron a la conferencia mañanera, y que verificó El Sabueso durante todo el sexenio.
Prácticamente en todos los rubros -energía, salud, economía, infraestructura, medio ambiente, seguridad, etc.- se detectaron dichos falsos, cifras manipuladas, frases sin sustento y engañosas emitidas durante las mañaneras de López Obrador, para defender a su gobierno. Esto, mientras él se quejó constantemente sobre las presuntas mentiras de sus “adversarios” contra su proyecto.
En esa lógica, incluso implementó una sección, el <a href="https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/infodemia-y-quien-es-quien-mas-propaganda-que-chequeo-con-recursos-publicos" target="_blank" rel="noopener">Quién es Quién en Las Mentiras</a>, supuestamente para que prevaleciera la verdad, aunque <a href="https://x.com/ElSabuesoAP/status/1838936082483970157" target="_blank" rel="noopener">ahí mismo se mintió en varias ocasiones</a>, ya que contrario a los estándares de medios de verificación internacionales sus “verificaciones” antes que hechos o datos tenían como principal sustento la palabra del gobierno para calificar un hecho como falso o verdadero.
La mañanera sirvió a López Obrador como herramienta de propaganda, para marcar su agenda e inmunizarse ante la crítica. También es cierto que incrementó el debate político en el país, con miles de personas mirando sus transmisiones a diario, pero con ella contravino su mandato morenista de “no mentir”. 
Y su lógica de “estás conmigo o estás contra mí” dinamitó en muchas ocasiones el diálogo, que pudo incluso ayudar a su administración.
* Arturo Daén (<a href="https://x.com/ArturoDaen" target="_blank" rel="noopener">@ArturoDaen</a>) es editor de El Sabueso (<a href="https://x.com/ElSabuesoAP" target="_blank" rel="noopener">@ElSabuesoAP</a>).

Mentiras mañaneras

La presidencia es un cargo solitario, en el sentido de que el o la presidenta es el máximo responsable de un logro o un problema —mayormente problemas—. Además, muchas de sus decisiones tendrán, directa o indirectamente, un impacto de vida o muerte, como planear una ofensiva contra el crimen organizado que posiblemente resultará en bajas de soldados, marinos, delincuentes e incluso colaterales, o recortar el presupuesto para la atención de enfermedades graves en el sector salud.
Los únicos que saben a qué se está enfrentando el titular de la presidencia son el manojo de expresidentes mexicanos vivos, con quienes el actual puede llevarse bien, mal o ni siquiera hablarles. Es un club muy pequeño y no siempre amistoso. Siendo presidente electo, Enrique Peña Nieto dijo en 2012 que “un presidente no tiene amigos, el único interés es el avance de la República”. Tal vez es una exageración, pero -en efecto- la oficina debe mostrar cierta lejanía con determinados grupos.
No digo que el presidente se debe esconder de los empresarios o desdeñar a ese conjunto de individuos tramposamente llamado “pueblo”. Tampoco que omita visitas a poblados o que se niegue a hablar con mexicanos de a pie en sus recorridos. Me refiero a que no todos deben tener acceso sustancial al presidente.
Toda persona que se acerca al presidente tiene una agenda personal, sea política —cargos futuros, prestigio personal, recomendaciones— o económica —contratos, licitaciones, puestos para terceros—. Entonces, entre más personas tengan acceso al presidente, más personas pueden influir sus decisiones.
El presidente es un humano manipulable como todos, y si una persona vende bien su idea o petición, este puede ceder. Y en este caso, ceder impacta el ejercicio público de varias maneras: se instruye a servidores públicos a ayudar a estas personas, se desvía la atención del presidente de temas más importantes, se le chantajea emocionalmente para colocar a una persona en un gobierno estatal afín, se le presiona —abierta o veladamente— para beneficiar o perjudicar a X o Y grupo económico, entre otros ejemplos.
Se trata, pues, del equilibrio que debe mantener un presidente entre ser accesible y evitar ser manipulado o presionado. Una presidencia demasiado abierta y disponible a los grupos de poder político o económico es una presidencia capturable. Dicho de otro modo, la presidencia no debe representar a nadie, porque debe representar a todos.
Al final, es preferible una presidencia solitaria, pero firme, a una abierta y vulnerable a influencias no del todo legítimas. La verdadera fuerza de la presidencia reside en su capacidad para mantenerse lo más imparcial posible y comprometida con el bienestar de toda la República, no solo con aquellos que tienen acceso al despacho, que suelen ser personas de alto poder. Porque al final, una presidencia capturable no es presidencia alguna.
*Alonso B. Tamez (<a href="https://x.com/Alonsotamez">@AlonsoTamez</a>) es maestro en Comunicación Política por la Universidad de Glasgow y maestro en Política y Comunicación por la London School of Economics. Subsecretario de Acción Electoral del CEN del PRI.

La presidencia es un cargo solitario y lejano, y está bien

“La IA puede ser un catalizador para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida&#8221;. 
Declaración de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible (2015)
Estamos viviendo una nueva era marcada por la irrupción de la inteligencia artificial. Cada vez más, nuestras actividades diarias – ya sea en el estudio, el trabajo o la vida pública– están siendo automatizadas. Esta realidad ha llegado sin pedir permiso, creando contenidos, generando nuevas narrativas y automatizando la producción de textos, imágenes y otros medios.
Como en toda gran revolución tecnológica, la inteligencia artificial está creando una brecha en la sociedad entre aquellos que tienen acceso y conocimientos para utilizar estas herramientas, y quienes aún dependen de métodos tradicionales. Esta división no hace más que profundizar las desigualdades en el presente y futuro de nuestra sociedad.
Nos enfrentamos a un dilema crucial: quienes no adopten la inteligencia artificial se encontrarán cada vez más alejados de la eficiencia necesaria para responder a los grandes problemas sociales. Si no nos preparamos para el uso de estas herramientas, corremos el riesgo de quedar rezagados en los procesos sociales y productivos.
Por ello, una de las grandes tareas del nuevo gobierno no debe limitarse únicamente a brindar acceso a la inteligencia artificial. Es fundamental preparar a las nuevas generaciones -desde la primaria hasta la universidad- para que desarrollen las habilidades tecnológicas necesarias para aprovechar al máximo estas herramientas. La educación en tecnología debe ser inclusiva y estratégica, garantizando que nadie quede atrás en este proceso.
La inteligencia artificial no solo mejora nuestra eficiencia, sino que también potencia nuestra creatividad y redefine lo que nos hace verdaderamente humanos. A medida que se automatizan muchas tareas, aquellas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología o cuya automatización no resulte beneficiosa se vuelven aún más valiosas.
Para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, es esencial alimentarla con datos precisos y de alta calidad. La información generada por organizaciones e individuos puede adaptarse para cubrir necesidades específicas, por lo que es crucial invertir en sistemas de información interoperables. Estos sistemas permitirán un uso estratégico de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, tanto en el ámbito laboral como en la gestión gubernamental, impulsando una transformación efectiva y fundamentada.
Por eso, no podemos permitirnos ser un país que solo mira hacia el pasado. La realidad actual nos exige estar a la altura de los cambios tecnológicos, integrándonos desde lo local hacia lo global, con la innovación y la interacción que demanda la era de la inteligencia artificial.
La clave está en impulsar una educación que no solo enseñe a utilizar la tecnología, sino que también fomente su uso ético y creativo para construir un futuro más equitativo y sostenible.
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*Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd">@Iniciativa_pcd</a>).
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Programas educativos a la altura de la revolución tecnológica: el rol de la inteligencia artificial

Sinaloa lleva más de dos semanas bajo una ola de violencia derivada del enfrentamiento entre distintas agrupaciones criminales que tienen su centro de operaciones en ese estado. Al preguntarle al respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia, respondió que “puede ser resultado de las acciones del gobierno de los Estados Unidos”, refiriéndose a la captura (¿extracción, secuestro, entrega?) de uno de los capos de la droga del país y presunto socio de Joaquín Guzmán Loera, Ismael “el Mayo” Zambada, lo cual causó controversia entre analistas y políticos de oposición.
Sin embargo, considero que la declaración del presidente tiene un punto importante y me explico: desde el inicio de la guerra contra las drogas promovida por el gobierno estadounidense, una de las piezas fundamentales ha sido la Kingpin Strategy. Dicha táctica consiste en la detención de líderes criminales con el objetivo de debilitar las estructuras de las organizaciones delictivas a las que pertenecen. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> Según con el analista Carlos Pérez Ricart, estas capturas se convirtieron en un fin en sí mismo y no en un medio para enfrentar el tráfico de drogas y detener la violencia que regularmente acompaña a esta actividad. El error fundamental de esta visión recae en que asume que estas agrupaciones, bautizadas por la DEA como “cárteles de la droga”, son verticales y homogéneas y no organizados a partir de redes, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> como comúnmente son, por lo que la ausencia del líder irrumpiría efectivamente el resto el desarrollo de las actividades de la organización.
Con la decisión del presidente Felipe Calderón de enfrentar frontalmente a los grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de droga en México, y con el apoyo del gobierno estadounidense, era previsible también la adopción de esta estrategia. En este contexto, si algo le sobraba a México eran los mitificados líderes del tráfico de drogas, por lo que la estrategia prácticamente se justificaba por sí sola ¿quién se iba a oponer a la necesidad de realizar operativos para detener líderes violentos y peligrosos como Joaquín Guzmán o Ismael Zambada? (Ahora los dos presos en los Estados Unidos).
Pero pronto fue visible en México que, como una consecuencia no esperada de la Kingpin Strategy, se produjo el incremento de la violencia en los territorios donde la agrupación del líder capturado tenía presencia. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> A reserva de comprobar que efectivamente esta es la explicación para la ola de violencia actual en Sinaloa, si se trató de un operativo del gobierno estadounidense sin el conocimiento y consentimiento del gobierno mexicano, además de los problemas diplomáticos que esto implica, deja al gobierno mexicano en total vulnerabilidad sin capacidad de reaccionar de manera inmediata a la violencia desatada de los grupos criminales en Sinaloa.
Las autoridades mexicanas aprendieron del fracaso del primer intento de captura de Ovidio Guzmán en un episodio  conocido como “el culicanazo”. En esa ocasión, una violenta reacción de civiles armados impidió la captura de Guzmán, presunto líder de un grupo criminal sinaloense. En un segundo operativo que se llevó a cabo con mayor preparación y con las fuerzas del Estado listas para repeler cualquier agresión, finalmente se logró su detención.
En el caso de Ismael Zambada, sin embargo, las autoridades no recibieron ninguna advertencia que les permitiera prepararse para la ola de violencia que siguió a su captura. No fue sino hasta varios días después que el gobierno reaccionó para intentar reducir la violencia. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Sin pretender eximir a las autoridades en su responsabilidad en el deterioro de la seguridad en el país, podría argumentarse que un presunto operativo realizado por el gobierno estadounidense para capturar a un líder de un Grupo de la Delincuencia Organizada (GDO) en México es causa inmediata del incremento de la violencia en Sinaloa. Lamentablemente, el secretismo y desinformación en torno a lo sucedido por ahora solo deja espacio para formular conjeturas y en el peor de los casos, especulaciones.
En otra declaración, el presidente afirma que lo que importa es “evitar que se enfrenten los grupos que están en pugna”, <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> pero ¿esto basta para pacificar Sinaloa? Lo dicho por el presidente invita a pensar dos situaciones: primera, que ya no existan grupos que disputen mercados criminales o, segunda, que exista un grupo dominante con un liderazgo centralizado al cual nadie le dispute su poder ni los grupos rivales ni las fuerzas federales.
El primer escenario es deseable, pero actualmente una utopía, ya que no es previsible en el corto o mediano plazo una completa neutralización de las agrupaciones delictivas que actualmente asfixian Sinaloa.
De manera pragmática, lo que por ahora pueden optar las autoridades es al segundo escenario, aunque dicha medida sea criticada de únicamente administrar la violencia. Pensar en este escenario también tiene lógica y el caso de Sinaloa es un claro ejemplo: la ausencia de conflictos entre grupos suele traducirse en periodos de baja violencia homicida (al menos en comparación con otras regiones del país), lo que permite que las actividades criminales como el tráfico de drogas se desarrollen con menos obstáculos. Es probable que esto sea lo que el presidente tenía en mente cuando afirmó que hay que evitar que los grupos se enfrenten.
Sin embargo, esta idea parte de un error: asumir la existencia de “los cárteles de las drogas” en los términos dominantes. Son varios analistas quienes han señalado los errores en los que se pueden incurrir al usar el término “cártel”: <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> la idea de que grupos rivales se organicen para reducir o eliminar la competencia es inexistente, ya que como dice el investigador Luis Astorga, <a href="#_ftn7" name="_ftnref7">7</a> lo que tenemos es un “campo delictivo  donde predomina, en la actualidad, una estructura oligopólica, conformada por organizaciones y coaliciones de distinto tamaño y composición en competencia permanente por la hegemonía”, en otras palabras, tenemos un conjunto de interacciones ilegales entre distintos sujetos sociales que se estructuran alrededor del tráfico de drogas. Confiar en que la violencia disminuirá bajo el control de un solo grupo ignora la realidad.
Con o sin intervención estatal, los acuerdos de convivencia y cooperación establecidos entre representantes de grupos delictivos son endebles y pueden romperse en cualquier momento por el estado de permanente competencia en el que están, lo que desata conflictos violentos por el control de los mercados criminales. Además, la intervención estatal es y debe ser una constante, ya que las autoridades no pueden renunciar al ejercicio de la función de seguridad con el pretexto de evitar que grupos entren en conflicto.
La solución, sin duda, no es sencilla pero no podemos esperar a que la “situación se normalice” en Sinaloa, ya que, sin la acción de las autoridades, esa normalidad significa la continuidad de la entidad como ese centro de operaciones de un grupo dominante, es decir, un polvorín a la espera de la próxima chispa que comience una nueva ola de violencia.
* Gerardo López García (<a href="https://x.com/gera_emp" target="_blank" rel="noopener">@gera_emp</a>) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
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<a href="#_ftnref7" name="_ftn7">7</a> Astorga, Luis (2012). El siglo de las drogas, Grijalbo.

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