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El 30 de abril la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, les comunicó a los trabajadores del CONEVAL que ese era su último día laboral. Salvo unas 10 o 12 personas que se quedarán para liquidar la institución, las más de 170 personas dejarán de trabajar. A pesar de que todavía no hay una ley secundaria aprobada que indique qué sucederá exactamente con las funciones del CONEVAL, se decidió dar por terminada a la institución.
Así que otra vez toca hablar del CONEVAL. México y el mundo están llenos de noticias; ni a México ni al mundo nos está yendo bien, pero me parece que también hay que hablar de estas noticias que se pueden perder en esta vorágine informativa. Y la razón de hacerlo es que hace más de 20 años era importante hablar del CONEVAL y de otras instituciones que surgieron cuando la sociedad, especialmente los partidos de oposición exigieron que hubiera contrapesos al tradicional poder presidencial.
Casi por 70 años, en la época hegemónica del PRI, no había oportunidad de exigirle cuentas al presidente y no siempre el gobierno le decía la verdad a la población. El legislativo y los gobernadores estaban alineados al presidente. Pero desde 1997 (y hasta 2018) las cosas cambiaron pues la oposición ya pudo exigir y el ejecutivo no tuvo más que acatar y reconocer lo que está implicado en la Constitución desde hace mucho: el poder absoluto en el presidente no se traduce en buen gobierno ni en libertades. La democracia tiene sentido. Pero especialmente tiene sentido que los gobiernos recuerden que todo lo que gastan (en sus quincenas, en sus grandes proyectos, en sus programas sociales, en su propaganda, en sus coches, en sus micrófonos), lo pagan con el dinero de todos los mexicanos. Que a nadie se le olvide que quien está en el gobierno es empleado de quienes pagamos impuestos, es decir, de todas y todos.
Así que sí vale la pena, como lo plantearon el PRD, el PRI, el PAN, el Verde, el PT en 2004, analizar con claridad cómo es que el gobierno gasta y qué resultados tiene la política social. ¿Los programas son electoreros o en verdad amplían el acceso efectivo a los derechos que señala la Ley General de Desarrollo Social? El gobierno en México ha sido juez y parte y por tanto los partidos de oposición exigieron tener instancias ajenas a los vaivenes políticos que nos digan la verdad y no lo que el señor presidente quiera escuchar. Por esa razón los políticos pedían que hubiera un CONEVAL. Por eso muchos de quienes hoy están en Morena y votaron por desaparecer el CONEVAL en meses recientes, pensaban diferente en 2004 y votaron por la existencia de CONEVAL. Antes estaban del otro lado de la mesa. Ahora son poder y ese poder no permite que le señalen muchas verdades. Antes eran cantineros y hoy que son usuarios del otro lado de la barra, piensan diferente.
Quienes fueron despedidos el 30 de abril del CONEVAL merecen un aplauso de pie por parte de la sociedad mexicana. Siempre se pusieron la camiseta para entregar la mejor evidencia no para molestar, sino para mejorar lo que hacían los gobiernos. Nuestros impuestos y lo que les pagamos a los que gobiernan son para que mejoren lo que hacen: ampliar las libertades de la sociedad. Quienes trabajaban en el CONEVAL hicieron todo lo posible por mostrar qué funcionaba bien y qué se necesitaba cambiar para que el gobierno hiciera un mejor trabajo, especialmente para los más pobres. Este gobierno no quiso seguir oyendo. Espero que esos héroes al menos reciban una liquidación conforme a la ley.
Pero hay cosas qué hacer. Quienes seguimos pensando que la sociedad y el gobierno requieren la mejor evidencia para gobernar con transparencia seguramente estaremos trabajando para que volvamos a tener una instancia que nos diga por dónde vamos en lo social. No para confrontar, pero sí para contrastar lo que los gobiernos hagan y, con suerte, que esta información les sea eventualmente de utilidad para tener mejores resultados. De una forma o de otra habrá un CONEVAL otra vez. Así se sigue construyendo la democracia, aunque se esté cayendo.

El CONEVAL, otra vez

Hace más de 250 días comenzó una cruenta disputa entre las dos familias más importantes del Cártel de Sinaloa, que rompió a la organización en dos facciones, una encabezada por los hijos del “Chapo” Guzmán y otra por uno de los hijos del “Mayo” Zambada, los cuales se pelean con violencia los territorios que antes eran comunes, siendo el epicentro de la batalla la ciudad de Culiacán.
Sin embargo, la disputa ya no se limita a las calles de Culiacán o a las zonas serranas de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora, sino que todo parece indicar que el siguiente campo de batalla serán los tribunales en los Estados Unidos, <a href="https://www.milenio.com/policia/los-chapitos-un-paso-ser-testigos-eu-contra-el-mayo-caro-quintero" target="_blank" rel="noopener">ya que algunos medios de comunicación señalan</a>, que tanto Ovidio, como Joaquín Guzmán López, ambos hijos del Chapo, que se encuentran en custodia del sistema judicial del país vecino, habrían negociado beneficios procesales, como reducción de condena, a cambio de aportar información en el juicio de Ismael “El Mayo” Zambada y de otros personajes como Rafael Caro Quintero.
De ser esto cierto, implicaría una doble traición de los Chapitos a los Zambada, ya que no solo entregaron al “Mayo” a los Estados Unidos con engaños, sino que además pasarían a ser los testigos estrella en su contra, lo cual recrudecerá las hostilidades entre ambas facciones y además podría sumar a la disputa al Cártel de Caborca, que se conforma por familiares de Caro Quintero, que se habían mantenido neutrales hasta ahora.
Negociar beneficios judiciales es muy común en los Estados Unidos y se utilizan los peces más pequeños para cazar al pez de mayor tamaño, en este caso, estarían reduciendo la condena de los Chapitos para garantizar una condena mayor para el Mayo Zambada.
Sin lugar a duda, la gente ligada al Mayo Zambada y él mismo podrían hacer lo propio en contra de los Chapitos, es decir, su hijo Vicente Zambada Niebla o su hermano Reynaldo Zambada García, que también están bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos, bien podrían ofrecer testimonio en contra de Ovidio y Joaquín. El problema es que en la balanza de importancia pesa más lograr una gran condena para el Mayo Zambada, que una para los hermanos Guzmán.
Sin embargo, esto puede derivar en un proceso de traiciones cruzadas en los tribunales de los Estados Unidos, en donde se generen incentivos para que todos declaren en contra de los demás, ya que hay que recordar que en febrero pasado el Gobierno de México <a href="https://elpais.com/mexico/2025-02-28/estos-son-los-29-narcotraficantes-extraditados-a-estados-unidos.html" target="_blank" rel="noopener">entregó a los Estados Unidos 29 narcotraficantes, de los cuales 6 formaron parte del Cártel de Sinaloa</a> y en dicho país ya se encuentran muchos operadores de la misma organización, que fueron extraditados antes.
De manera que las acusaciones cruzadas podrían propiciar grandes crisis al interior del Cártel de Sinaloa. Ya que no solo se trata de declaraciones de los Chapitos contra los Zambada y viceversa, sino de colaboradores cercanos a cada bando que tienen mucha información sobre los mismos.
Por ejemplo, dentro de los 29 extraditados se encontraba José Ángel Canobbio Inzunza “El Güerito”, considerado número 2 de la facción de los Chapitos, por lo que además de lo que pueda declarar en contra de los Zambada, también podría verse tentado a traicionar a sus socios, los Guzmán. 
Algo similar pasa con otro extraditado, Inés Enrique Torres Acosta, jefe de seguridad del Mayo Zambada, que podría declarar tanto en contra de los enemigos de su exjefe, como también contra su jefe mismo.
Obviamente hablamos de escenarios posibles, que no sabemos si se presentarán, pero pueden darse porque precisamente le conviene al gobierno y en especial a los fiscales de los Estados Unidos. Propiciar un esquema de traiciones cruzadas, en donde más se beneficia quien aporta más información sobre rivales y aliados.
Empero, todos los arrestados en Estados Unidos tienen familias y conexiones en México, por lo que una declaración en tribunales de allá, podrían propiciar ataques entre células en México o ejecuciones de familiares, incrementando con ello la violencia en la zona en donde el Cártel de Sinaloa tiene presencia.
De forma que bien haría el Gobierno Federal de México en reforzar la presencia de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, previniendo posibles escaladas de violencia entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La guerra del Cártel de Sinaloa llega a los tribunales

Subiendo por un camino empinado y salpicado de hierbas, entre los altos árboles del bosque de los Dinamos, Santi me detiene en seco. “¡Shhh!”, me dice con el dedo en los labios, y señala el suelo, “encontré un caracol dormido”. Tiene siete años, una mirada curiosa que parece recién nacida en cada paso, aunque ha caminado este sendero cientos de veces. Sus papás, que vienen detrás, forman parte de un colectivo de guías comunitarios. Él, hoy, es reportero.
Es 22 de abril, Día de la Tierra, y el bosque bulle de vida y de gente. Hemos venido convocados por el <a href="https://youtu.be/QtPbUONTOpw?si=PDcPpby4SSdNce-A" target="_blank" rel="noopener">TierraFest,</a> un festival comunitario que no parece festival —no hay escenarios enormes ni luces que ciegan, pero sí caminos compartidos, palabras tejidas y preguntas que germinan. Desde el cielo, si fuéramos un águila de esas que aún sobrevuelan esta zona, veríamos una decena de grupos pequeños caminando entre los árboles: quienes ilustran, quienes toman fotos, quienes hacen ciencia ciudadana. Nosotros elegimos caminar con historias.
Leonel, nuestro guía, nos cuenta que este bosque ha sido protegido desde tiempos antiguos por los tepanecas y al pasar del tiempo se ha transformado en lo que hoy es la comunidad agraria Magdalena Contreras Atlitic. Nos habla de un códice redescubierto hace unas décadas, evidencia clave para que la tierra les fuera devuelta al pueblo. Nos cuenta, también, sobre lo que alguna vez fue aquí un centro industrial textil. Hoy solo quedan ruinas: de torres, de acueductos, de refugios. Restos de un tiempo donde el agua movía un generador eléctrico —un dinamo— y por eso, hoy, este sitio se le conoce así.
“Energía limpia”, pienso. Pero Leonel me explica que esa energía no era para todos, solo para las fábricas y sus dueños. La comunidad, la de verdad, vivía a la sombra de ese dinamismo industrial sin los beneficios que se prometen cuando se habla de desarrollo.
Santi, mientras tanto, encuentra una flor y me invita a probar su néctar. “Sabe a fresita”, me dice antes de chuparla. Lo hace con tal libertad, con tanta alegría, que uno entiende de golpe por qué vale la pena proteger este bosque. Porque aquí un niño puede crecer sabiendo que la tierra tiene sabor, que el agua no es solo insumo energético, que un caracol dormido merece silencio.
Pienso en lo mucho que se habla hoy de transición energética. Pienso en lo poco que se habla de para quién y con qué formas. ¿De qué sirve llenar un país de paneles solares si eso arrasa territorios y desplaza comunidades? ¿Qué valor tiene una hidroeléctrica si repite las mismas lógicas extractivas de antaño?
Esta caminata no fue solo caminar. Fue abrir ventanas. Convivimos personas diversas: científicas, abuelas, infancias, fotógrafas, ilustradoras, vecinas y foráneas. Y mientras cruzábamos puentes y arroyos, entre preguntas sobre flores, historia y justicia, entendí algo: ojalá que cuando Santi sea grande, si en su comunidad deciden instalar un nuevo dinamo —el quinto, digamos— lo hagan desde una decisión tomada en conjunto, con voz propia. No para volver al pasado, sino para inventar otro futuro.
Esto fue solo un sendero de muchos en el <a href="https://planeteando.org/tierrafest/" target="_blank" rel="noopener">TierraFest 2025</a>. No sé qué habrá pasado en la mente de las más de ciento treinta personas que coincidimos ese día en el bosque. Pero en la mía, se quedó la certeza de que celebrar la Tierra es, también, imaginar nuevas formas de habitarla. Más lentas, más justas, más nuestras.
* Berny Bastien (<a href="https://x.com/Capi_Planeta" target="_blank" rel="noopener">@capi_planeta</a>) es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y divulgador científico.

Un caracol dormido y el futuro del quinto dinamo

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”.
Platón 
Vivimos tiempos marcados por la incertidumbre, el miedo y la desinformación. Sin embargo, ante estos desafíos, una parte importante de la ciudadanía permanece indiferente, encerrada en la comodidad de la apatía.
¿Por qué no nos indignamos ante los abusos, asesinatos y violaciones constantes a nuestros derechos? ¿Por qué callamos cuando no recibimos atención médica ni medicamentos? ¿Por qué aceptamos los abusos del poder como si fueran parte del orden natural? ¿Por qué tratamos los derechos como favores, como regalos que debemos agradecer? ¿Por qué observamos el desempleo, la inflación y la precariedad como si fueran fenómenos lejanos, inevitables?
Estas preguntas nos confrontan con una realidad incómoda: estamos ante una ciudadanía que parece dormida, resignada, o que prefiere creer que nada está pasando.
Es difícil comprender esta actitud desde la perspectiva de quienes aún conservan una mínima conciencia crítica.
Para muchos, es más fácil ignorar los problemas, autoengañarse o esperar que alguien más diga que “todo está bien”, aunque la realidad cotidiana demuestre lo contrario.
Nuestra reacción, cuando existe, suele ser pasajera: una queja momentánea, un enojo en redes sociales… y luego, el olvido. Nada cambia.
Reprobamos la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la falta de oportunidades, pero no damos el siguiente paso: el de actuar, el de organizarnos, el de exigir.
Es más cómodo vivir de lo poco que se recibe, aceptar subsidios como si fueran soluciones duraderas, y dejarse llevar por el discurso oficial.
Salir de esta actitud no será fácil. Tal vez, como en muchas ocasiones históricas, esperemos a que la crisis sea insoportable para entonces despertar.
El mundo avanza con velocidad. Los problemas crecen. Pero la ciudadanía parece caminar en sentido contrario: ciega, callada, dormida, esperando que alguien le diga hacia dónde ir.
* Elio Villaseñor Gómez (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a>) es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a>

Ciudadanía dormida: el silencio ante la crisis

El pasado 7 de mayo se llevó a cabo un foro virtual en el que se analizó la petición realizada al Juzgado IX de Distrito con sede en Irapuato, para crear una Comisión Especial de Búsqueda en el caso de Víctor Manuel Delgado Gómez, un hombre presuntamente desaparecido por agentes de la Fiscalía General de Guanajuato. El foro puede verse <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1l6KCJCUScg" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
La petición básicamente consiste en retomar lo establecido en el amparo 51/2020, en el que la justicia federal protegió el derecho a ser buscado de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un caso de 2007 en el que gracias al acompañamiento del Comité Cerezo y al litigio estratégico del despacho “Rivero &amp; Asociados” se creó la Comisión Especial de Búsqueda. 
El amparo concedido en el caso de Gabriel Alberto y Edmundo fue revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y es un precedente importante, ya que ordena la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional, formado por diferentes instancias tanto de búsqueda, ministeriales y de seguridad pública. En palabras de Héctor Cerezo en el foro: la Comisión “reduce la distancia entre las instituciones que realizan la búsqueda y las que investigan; las obliga a coordinarse”.  
Si bien en diversos mecanismos nacionales e internacionales establecen la responsabilidad de implementar un plan integral de búsqueda -por ejemplo, el amparo podría hacerlo o bien el seguimiento de las acciones urgentes ante la ONU- la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) sería una medida adecuada para garantizar el derecho a ser buscado [Tesis: 1a. X/2025 (11a.)]. Se entiende que la Comisión Especial de Búsqueda cumple la función de coordinación entre las diferentes instancias del Estado Mexicano, además de garantizar el derecho a la participación de las familias, tanto en los procesos de búsqueda, de investigación y los relativos al acceso a la información. Al ser una obligación permanente, estos Grupos Interinstitucionales o Comisiones Especiales deben continuar hasta que se determine la suerte y/o el paradero de la persona desaparecida. 
En lo que corresponde al caso de Víctor Manuel Delgado Gómez, éste fue desaparecido por 4 hombres y una mujer que se presentaron como agentes de la Fiscalía de Guanajuato el pasado 04 de marzo.
<figure id="attachment_1530070" aria-describedby="caption-attachment-1530070" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1530070" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Victor-Manuel-Delgado-Gomez.jpg" alt="Víctor Manuel Delgado Gómez" width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Victor-Manuel-Delgado-Gomez.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Victor-Manuel-Delgado-Gomez-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Victor-Manuel-Delgado-Gomez-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Victor-Manuel-Delgado-Gomez-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1530070" class="wp-caption-text">Víctor Manuel Delgado Gómez. Foto: Especial</figcaption></figure>
En este caso la Fiscalía ha iniciado la carpeta 27001/2025, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato la queja 778/2025, el Juzgado IX de Distrito el amparo indirecto 241/20205, y resalta que incluso el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó la acción urgente 2004/2025. También se han involucrado las Comisiones Locales de Búsqueda y de Atención Integral a Víctimas, sin que hasta el momento haya avances sobre su paradero. 
Debido a la dilación por parte de la Fiscalía y a la falta de resultados concretos, la familia y sus acompañantes han solicitado al Juzgado IX que acuerde la creación de la Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Víctor Manuel Delgado Gómez, como un esfuerzo reforzado por parte del Estado mexicano para dar con su paradero. A partir del antecedente creado por el amparo 51/2020 otorgado en favor de Gabriel Alberto y Edmundo, se abre la posibilidad de que a través de procesos judiciales se obligue a las autoridades a coordinarse entre sí y a crear estas instancias emergentes, que vienen a cumplir lo que las comisiones y fiscalías no están haciendo, que es localizar a las personas desaparecidas. Por eso, ¡esperamos la creación de una Comisión Especial de Búsqueda en el caso de Víctor Manuel Delgado Gómez!
*Raymundo Sandoval (<a href="https://x.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Hacia una Comisión Especial de Búsqueda en Guanajuato

Frente al robo de autopartes, la videovigilancia, la denuncia ciudadana y la operación policial son las mejores herramientas.
No se trata de un delito menor. Es una industria informal de despojo que afecta a miles de personas cada año.
Cada mes, en promedio, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México atiende más de 800 reportes por robos de autopartes, principalmente espejos retrovisores, faros, baterías y computadoras.
Los datos permiten observar una radiografía del delito, útil en el diseño de operativos policiales encaminados a las detenciones en flagrancia o a la disuasión de la actividad delictiva. Los vehículos afectados con mayor frecuencia son de las marcas Chevrolet, Volkswagen y Seat.
Las alcaldías con mayor número de casos son Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, y la franja horaria con mayor incidencia corresponde a las noches, particularmente entre las 21:00 y las 23:00 horas.
Frente a esta realidad, la videovigilancia se ha consolidado como una de las herramientas más valiosas para identificar y rastrear a los responsables. Sin embargo, su potencial depende de un factor ocasionalmente ausente: la denuncia formal. Sin ella, las grabaciones no bastan. Lo que las cámaras registran debe tener eco en el sistema de justicia.
La cifra negra ronda el 93 por ciento, de acuerdo con estimaciones del INEGI. En el caso del robo de autopartes, se incrementa por la percepción del “no vale la pena” denunciar, ya sea porque las pérdidas se consideran menores o por falta de confianza.
Esa decisión individual tiene consecuencias estructurales: sin denuncia, no hay carpeta de investigación; sin carpeta, no hay orden de aprehensión; sin orden, la cámara no puede actuar.
Las redes sociales, por sí solas, no son medios de impartición de justicia. Funcionan como canales de difusión, de presión, pero no suplen el marco legal. Sin denuncia, el video no puede ser usado como prueba en juicio, no puede motivar órdenes de cateo ni sirve para robustecer un caso judicial. Es, en la mejor de las situaciones, un recurso mediático.
Ninguna estrategia puede sustituir la voluntad del ciudadano para formalizar su queja. Es, en última instancia, una corresponsabilidad: el gobierno monitorea, investiga y persigue; el ciudadano denuncia, señala y colabora.
Las cámaras pueden contribuir en el combate a este delito si se fortalece la cultura de la denuncia. ¿Estamos listos para dar ese paso?
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (<a href="https://x.com/C5_CDMX" target="_blank" rel="noopener">@C5_CDMX</a>).

Robo de autopartes, el siguiente paso

En 2024, en torno a una convocatoria sobre biografías de madres buscadoras, y después de haber realizado varias entrevistas con mi mamá, puedo compartir que algunas fueron llevaderas, otras no tanto, pues estaban llenas de dolor sólo por recordar el sufrimiento por el que pasó su hijo y el propio.
En este proceso, ella y yo nos enfrentamos al desgaste que provoca el tiempo: mi mamá recordaba ciertos eventos mutuos de una manera y yo los recordaba de otra distinta. Las imprecisiones de sus recuerdos las dejé así, como pequeños espacios dónde el olvido comienza a hacer de las suyas, pero también hubo otros momentos donde la llama de la memoria viva sacudía los recuerdos sobre mi hermano desaparecido.
También brotaron reconocimientos de mi madre a su propia lucha de vida: &#8220;Tuve que ser luchona, no me quedaba de otra. Estoy muy satisfecha del papel que hice: madre de los hijos que formé con muchos valores. Hijos e hijas responsables, excelentes, que me llenan de orgullo. Además les elegí un padre trabajador, aunque no sabía dónde quedaba su dinero ni para qué era&#8221;.
Desde la desaparición de mi hermano en 2020, el testimonio de mi madre por ser madre cambió para siempre: &#8220;Mi dolor de madre es más profundo que el que sientes tú como hermana o el que sienten sus hijos y su esposa. Perder a un hijo es dolorisísimo&#8221;.
A lo largo de esas entrevistas pude documentar cómo mi hermano desaparecido y mi mamá tuvieron un lazo especial. Logré ver cómo su interacción estaba rodeada de amor y de confianza, mismos elementos que la impulsaron a defenderlo ante cualquier insinuación estigmatizante. Y que también la llenaron de dignidad para responder a quienes, cariñosamente, pedían razón de mi hermano desaparecido. Este ha sido un ejercicio en dos vías que nos permitió alinear muchos recuerdos que se han quedado como memoria viva.
En la biografía que construí de mi madre no solo están los hechos cronológicos de una madre buscadora, también se retratan las condiciones vulnerables de ser niña y de ser mujer en la vida rural; las recomposiciones de las dinámicas familiares en torno al cuidado y la asignación cultural de cada género, que no siempre respetan el interés superior del menor y que contribuye a una estructura de desigualdad entre hombres y mujeres.
&#8220;También fue un espacio para reconocernos, para volver a platicar sobre lo que no hablamos. Lo que pensamos que la otra ya sabe y no siempre es así. También nos encontramos fortaleciendo la confianza y el agradecimiento por la escucha activa propiciada por este espacio. También construimos memoria juntas, sobre la vida de mi madre, la de mi hermano y la propia&#8221;.
Escuchar y escribir de mi madre y de mi hermano desaparecido es una apuesta para resignificar cada recuerdo y no olvidarlo. Para seguir con el impulso para colocar nuestra verdad a pesar de toda la avalancha de no acceso a justicia en nuestro país. Como dice mi mamá: &#8220;…la herida seguirá ahí, pero recordar todo lo que compartimos con tu hermano es como una de sus sonrisas. Esas sonrisas que él tenía todos los días con nosotros&#8221;.
* Ma Alejandra Díaz Castro es integrante del Colectivo Buscadoras Guanajuato (<a href="https://x.com/Buscadoras_Gto" target="_blank" rel="noopener">@Buscadoras_Gto</a>). Por 18 meses estuvo buscando a su hermano Felipe, desaparecido en Guanajuato. Actualmente acompaña a más familias en su búsqueda a través de la vinculación y gestión de proyectos para la incidencia política, cultural y de acción ciudadana.

“Mi dolor de madre es más profundo que cualquier otro. Perder a un hijo es dolorisísimo”

En los foros donde participo sobre temas de salud, escucho con frecuencia frases como: “hay que poner a la persona en el centro” o “las políticas centradas en las personas” o “la voz del paciente cuenta”. Estas expresiones, repetidas en los discursos gubernamentales, comunicados empresariales y posturas de organizaciones civiles, suelen quedarse en lo retórico y pierden sentido tangible. En la mayoría de los casos no existen espacios formales con reglas claras y representatividad que garanticen que la voz de las personas realmente influya en la toma de decisiones.
Dicho esto, el marco normativo internacional es cada vez más claro. La resolución de la Organización Mundial de la Salud de 2024 sobre participación social en salud pide a los Estados implementar procesos estructurados, periódicos y transparentes que garanticen la inclusión de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Desafortunadamente, en México seguimos sin institucionalizar este tipo de participación, sin dotarla de reglas claras, capacidades públicas y recursos.
En el ámbito público nacional, si analizamos la legislación y el ciclo normativo en salud, la participación social tiende a ser más una aspiración retórica que una práctica concreta. Por ejemplo, los parlamentos abiertos o foros temáticos son más simbólicos y carecen de criterios claros de inclusión ni consecuencias prácticas.
Desde la iniciativa privada también existe la responsabilidad social de generar esquemas propios y estructurados para traducir la voz de pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y comunidades diversas en decisiones que generen impacto real.
Colocar a la persona en el centro significa diseñar legislación, políticas públicas o corporativas desde la escucha y la consulta. Cuando se alcanza una interlocución más avanzada es posible llegar hasta la co-creación de propuestas o soluciones. La participación social significativa no es un acto simbólico ni una consulta esporádica. Tiene que ser un proceso institucionalizado, estructurado, incluyente, repetible y escalable, con reglas claras y objetivos concretos.
La participación social significativa no es un eslogan o una mera tendencia, sino  una forma de construir decisiones con legitimidad. Hay que incorporar la evidencia y datos cuantitativos, pero también la experiencia de quienes viven, sostienen y transitan el sistema de salud. Es así como pacientes, cuidadores, comunidades, sociedad civil, iniciativa privada, profesionales de la salud, y academia, entre otros, pueden ser incluidos e incidir activamente en las decisiones que les conciernen.
Un caso interesante que responde  a estos desafíos es el que organizaciones civiles articulan para impulsar propuestas construidas desde la escucha y la co-creación. Una de ellas es la agenda de <a href="https://propuestasciudadanas.org/wp-content/uploads/2024/10/PrimeroNuestraSaludAccionesurgentes.pdf" target="_blank" rel="noopener">Primero Nuestra Salud</a>, que <a href="https://propuestasciudadanas.org/agenda/salud/primero-nuestra-salud/" target="_blank" rel="noopener">se impulsa desde 2024 por más de 80 organizaciones civiles</a>, tras un proceso de consulta con grupos de pacientes y sus comunidades. Esta propuesta identifica tres necesidades fundamentales que deben garantizarse para que todas las personas accedan a servicios de salud que protejan su expectativa y calidad de vida:
<ul>
<li>Ser bienvenidas con acceso oportuno y trato digno.</li>
<li>Ser reconocidas sin importar su afiliación, diagnóstico o condición.</li>
<li>Ser protegidas con servicios de calidad, certidumbre jurídica y continuidad.</li>
</ul>
Cada una de estas necesidades se acompaña de cinco principios que funcionan como una brújula para orientar la transformación del sistema de salud. No se trata solo de una guía para diseñar leyes o políticas públicas, sino de un marco de referencia práctico para quienes toman decisiones o prestan servicios en todos los niveles. Esta  agenda, además de los procesos y comités consultivos que se tienen que crear, podría ser la base para evaluar, desde cualquier trinchera, si realmente se avanza hacia un modelo de salud centrado en las personas.
Transformar el sistema de salud en México hacia un sistema universal exige reformas legales, intervenciones específicas, inversión suficiente y voluntad política sostenida. Pero actuar por y para las personas no basta si no se comienza con lo esencial: crear las condiciones para escuchar con estructura, dialogar con responsabilidad, consultar con intención y co-crear soluciones.  Es así como se construye la corresponsabilidad y se pone a la persona en el centro de las decisiones. Solo cuando la participación social se lleva a una práctica concreta, pasamos del discurso a la acción. Y es así como hacemos realidad lo que tanto repetimos: poner a la persona en el centro de las decisiones de salud.
* <a href="https://www.consejomexicano.org/nosotros/miembro/176">Karla Mendoza Alcántara</a> (<a href="https://x.com/MxnoEtiquetas" target="_blank" rel="noopener">@MxnoEtiquetas</a>) es vicepresidenta de Asuntos Públicos y cofundadora de <a href="https://agil-e.com/es/">Agil(e)</a>, Experta en estrategia e incidencia pública.

La salud se transforma con participación

Atrapar a un narcotraficante de alto nivel lleva muchos años de trabajo, decenas de operativos especiales, millones de pesos invertidos en armamento y en casos extremos, cuesta vidas de elementos de las fuerzas armadas y policías. Por ello, cuando un capo es atrapado, lo que espera la sociedad es que esta persona permanezca en prisión por muchos años y pague por sus crímenes. Sin embargo, en México tenemos muchos ejemplos de narcos liberados por fallas al debido proceso, incompetencia o mala integración de sus expedientes.
No hay cosa más indignante para los centenares de víctimas, que cuando por fin se arresta al criminal que ha causado tanto sufrimiento, este salga libre al poco tiempo, porque las autoridades no hacen bien su trabajo, por ello, el presente artículo busca hacer un recuento de los principales criminales que han sido liberados al poco tiempo de sus arrestos.
Un primer ejemplo es el de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Se trata del líder de una de las dos facciones del Cártel del Golfo, conocida como Los Ciclones, y de su aparato sicarial Los Escorpiones, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien lo involucró en el negocio desde muy joven y en 2001 el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Texas con sede en Brownsville, solicitó su extradición por tráfico ilegal de drogas.
Con tal historial y antecedentes, se pensaría que una vez que el mismo fuera arrestado permanecería en la cárcel toda su vida, pero nada más alejado de la realidad. El Contador fue arrestado en febrero de 2022 en la Ciudad de México y recluido en el penal de Almoloya de Juárez, sin embargo, su equipo legal trabajó a marchas forzadas para lograr su liberación, agotando las instancias y amparándose contra la extradición a los Estados Unidos.
<a href="https://animalpolitico.com/estados/liberan-contador-sobrino-osiel-cardenas-guillen-cartel-golfo" target="_blank" rel="noopener">En noviembre de 2024 un juez penal ordenó su liberación, bajo el argumento de que el ministerio público no había soportado bien las causas de la prisión preventiva</a>, dado que no se sostenía la base de la solicitud de extradición y se le puso en libertad condicional, porque además se consideró que no existía riesgo de fuga.
Es decir, un completo desastre. Primero, porque la solicitud de extradición databa de 2021, por ende, suena absurdo que el ministerio público no justificara bien las razones que acreditaban la prisión preventiva. Segundo, porque además de los delitos en los Estados Unidos, siendo Cárdenas Martínez el líder de uno de los cárteles más poderosos del país, también debía tener delitos en México. Y tercero, suena ridículo que no hubiera riesgo de fuga, ya que se trata de un capo de gran calibre, con muchos recursos a su disposición.
De manera que estamos frente a dos hipótesis posibles, la primera es la corrupción por parte de las autoridades involucradas, en especial el juez y los representantes del ministerio público, y la segunda es la incompetencia de estos, es decir, que por no hacer bien su trabajo al integrar los expedientes sale en libertad uno de los más peligrosos narcotraficantes.
Si lo anterior les sorprende, lo cierto es que se trata solo de la punta del iceberg, porque en realidad, José Alfredo Cárdenas Martínez había sido arrestado en dos ocasiones anteriores y liberado precisamente por fallas en el proceso. Es decir, que ha estado en tres ocasiones en resguardo de las autoridades y por errores, sean estos premeditados o no, lo hemos soltado.
El primer arresto se dio en 2018 en Matamoros, Tamaulipas, pero fue puesto en libertad a los pocos días, cuando sus abogados, utilizaron las contradicciones en las que cayeron los elementos de la Marina que participaron en su captura, para poner en duda su relación con la posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Mientras que la segunda captura se realizó en 2019 en San Luis Potosí, pero en 2020 lo pusieron en libertad, ya que un juez de control determinó que no había elementos para procesarlo.
Un arresto y liberación puede deberse a falta de cuidado en la integración de la carpeta de investigación, pero tres detenciones y liberaciones en el periodo de 6 años nos hablan o de autoridades muy incompetentes o muy corruptas. 
Sin embargo, el caso del Contador no es único, sino que se trata de una tendencia preocupante en el sistema de justicia de México. Ya que podemos encontrar decenas de narcotraficantes de alto nivel que han recuperado la libertad en los últimos años y que su liberación lejos de constituir escándalos, han pasado desapercibidas para la mayor parte de la población.
Tal es el caso de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, actual líder del Cártel de Tepalcatepec, que pertenece a Cárteles Unidos, organización fichada por la administración Trump como terrorista, quien ha sido arrestado y liberado por las autoridades mexicanas en tres ocasiones también, <a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/14/quien-es-el-abuelo-el-exautodefensa-de-michoacan-y-lugarteniente-de-el-mencho-al-que-el-cjng-le-declaro-la-guerra/" target="_blank" rel="noopener">en 1998, 2009 y la última en 2018</a>.
Algo similar sucedió con Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido capturada y liberada en dos ocasiones en los últimos años. <a href="https://www.cronica.com.mx/notas-liberan_a_esposa_de_el_mencho-1093340-2018.html" target="_blank" rel="noopener">La primera de ellas en 2018 en Zapopan</a>, pero solo pasó tres meses en prisión y soltada ese mismo año después de pagar una fianza de alrededor de 1.5 millones de pesos. <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/02/27/politica/liberan-a-esposa-de-el-mencho-sale-del-cefereso-de-morelos" target="_blank" rel="noopener">Fue recapturada en 2021 y puesta en libertad en febrero de 2025</a>, luego de que se le otorgara un beneficio de reducción de condena, a pesar de que la Fiscalía General de la República objetó el mismo.
El hijo de Nemesio Oseguera, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, <a href="https://www.infobae.com/mexico/2025/03/11/las-tres-detenciones-de-el-menchito-hijo-del-lider-del-cjng-condenado-a-cadena-perpetua-en-eu/" target="_blank" rel="noopener">también tuvo dos capturas y liberaciones previas a su deportación a los Estados Unidos</a>. Una en 2014, en donde se alegó falta de pruebas a pesar de que traía consigo armas largas y 17 millones de pesos en efectivo. Mientras que la segunda fue en 2015, en donde un juez de nueva cuenta lo soltó debido a que no se tenía una orden de aprehensión; sin embargo, de inmediato fue arrestado de nuevo, permaneciendo en una cárcel mexicana hasta su extradición en 2020.
Dentro de la lista también podemos <a href="https://animalpolitico.com/estados/juez-ordeno-liberar-hijo-el-marro-sspc" target="_blank" rel="noopener">incluir a Luis Antonio Yépez Cervantes, alias “El Monedas”</a>, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, arrestado y liberado en 2024, <a href="https://zetatijuana.com/2024/07/profugo-otra-vez-el-ingeniero-del-caf/" target="_blank" rel="noopener">a Fernando Sánchez Arellano, líder máximo del Cártel de los Arellano Félix</a>, quien obtuvo un beneficio de liberación anticipada en 2023 o a <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jueces-liberan-a-72-lideres-del-crimen-organizado/" target="_blank" rel="noopener">Inés Coronel Barrera, operador del Cártel de Sinaloa</a> y suegro de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien salió también por liberación anticipada en 2022.
Esta situación debe de cambiar. La sociedad demanda que quienes la dañan sean castigados conforme a la ley, requerimos que la privación de la libertad sea efectiva y no que sea una especie de puerta giratoria, en donde sobornos, amenazas, la incompetencia de funcionarios o fallas judiciales, les permita salir antes de tiempo a los grandes capos.
Por ello, se pueden plantear al menos cinco propuestas que nos ayuden a disminuir el problema, mismas que se desarrollan a continuación:
<ul>
<li>Ahora que se va a crear el Tribunal de Disciplina Judicial, se debe dotar al mismo de un área técnica que pueda hacer investigación financiera para detectar a los jueces y magistrados que incurren en actos de corrupción y de colusión con el crimen organizado y que se pueda verificar si en casos en donde se otorgó la libertad a grandes capos, las decisiones estuvieron apegadas a derecho o se vieron involucrados otros elementos ajenos a la norma.</li>
<li>De igual manera, se debe fortalecer la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, así como sus equivalentes en las fiscalías de las entidades federativas, para revisar la integración de las carpetas de investigación de los narcotraficantes que salen en libertad al poco tiempo, para detectar si hubo incompetencia o corrupción, y el es el caso, proceder a la baja de los agentes involucrados.</li>
<li>Mejorar la capacitación de los agentes de los ministerios públicos, dotándolos de mejores herramientas metodológicas y tecnológicas, para soportar sus investigaciones y con ello reunir la evidencia necesaria para que los criminales arrestados no puedan evadir la justicia.</li>
<li>Generar un gran repositorio nacional de evidencia, administrado por la Fiscalía General de la República, que pueda ser alimentado por todas las fiscalías, pero que solo sea consultado por la FGR, en donde se vayan acumulando pruebas en contra de integrantes del crimen organizado, el cual, en caso de arresto, pueda arrojar los elementos necesarios para garantizar que se procese a los arrestados y que se proporcione dicha evidencia a las fiscalías estatales en los casos en particular.</li>
<li>Facilitar los procesos de extradición a los Estados Unidos, cuando así se haya solicitado previamente, para que los criminales tengan que enfrentarse con un sistema judicial más robusto.</li>
</ul>
Estos cinco elementos sumados, nos permitirá reducir al mínimo las liberaciones tempranas de grandes capos y garantizar que los mismos paguen por sus crímenes.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>

Narcos liberados, un problema creciente en México

Decir que Donald Trump ha <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/07/trump-executive-actions-democracy" target="_blank" rel="noopener">erosionado</a> las garantías constitucionales e institucionales de Estados Unidos durante su mandato sería quedarse corto. Sus implacables y vertiginosos ataques contra las normas democráticas y el orden liberal internacional <a href="https://www.npr.org/2025/05/01/nx-s1-5369457/truman-trump-foreign-policy" target="_blank" rel="noopener">consolidado</a> después de la Segunda Guerra Mundial han sido tan despiadados que han distorsionado nuestra percepción colectiva del tiempo: en medio de la confusión, a menudo no queda claro si su presidencia ha durado décadas, siglos o apenas poco más de cien días. Sus instintos en política exterior nos han hecho<a href="https://www.cambridge.org/core/journals/studies-in-american-political-development/article/abs/protectionist-empire-trade-tariffs-and-united-states-foreign-policy-18901914/6B0F4B2604FD61317333C522ABC08AAB" target="_blank" rel="noopener"> retroceder</a> no solo décadas hacia la política de poder expansionista y el proteccionismo de principios del siglo XX, sino quizás siglos, <a href="https://americanexperience.si.edu/historical-eras/expansion/pair-westward-apotheosis/" target="_blank" rel="noopener">canalizando</a> incluso el ímpetu expansionista del Destino Manifiesto en su <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IFvLorAL5-8" target="_blank" rel="noopener">discurso</a> de investidura.
Durante siglos, la libertad individual y la veneración por la Constitución —<a href="https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript" target="_blank" rel="noopener">inscritas</a> en el mito fundacional del país y <a href="https://www.congress.gov/crs-product/R47890#:~:text=U.S.%20law%20states%20that%20the,goals%20of%20U.S.%20foreign%20policy.&amp;text=Congress%2C%20having%20enacted%20such%20goals,to%20achieve%20them%20in%20practice." target="_blank" rel="noopener">entretejidas</a> en su identidad nacional— han sido el faro retórico de la política estadounidense. Aunque los conservadores partidarios de un gobierno limitado suelen <a href="https://www.cato.org/global-freedom" target="_blank" rel="noopener">reclamar</a> la “libertad” como su patrimonio exclusivo, tanto demócratas como republicanos han competido históricamente por definirla y apropiársela. Invocar la “libertad” ha sido, durante generaciones, un rito de paso obligatorio para todo aspirante presidencial, incluso cuando el término <a href="https://www.loc.gov/exhibits/brown/brown-segregation.html" target="_blank" rel="noopener">adoptaba</a> formas contradictorias en el ámbito interno y en el <a href="https://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uploads/1114-1971-Atkins-a-LPP.pdf" target="_blank" rel="noopener">internacional</a>. Como ejemplos puntuales, la campaña de reelección de Joe Biden <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/biden-busca-apropiarse-del-concepto-libertad" target="_blank" rel="noopener">enarboló</a> la libertad como estandarte, <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/biden-busca-apropiarse-del-concepto-libertad" target="_blank" rel="noopener">mencionándola</a> seis veces en su video de lanzamiento; Ronald Reagan también la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G8jV_1G9Yj4" target="_blank" rel="noopener">invocó</a> numerosas veces en su discurso de investidura, al <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PRnyHR3-V7c" target="_blank" rel="noopener">igual</a> que Barack Obama.
En su reformulación de la presidencia estadounidense, Trump ha socavado los mitos fundacionales del país, popularizando una corriente política anti-institucional y proteccionista. Ha sido el único presidente de Estados Unidos en más de un siglo en <a href="https://www.whitehousehistory.org/notably-absent-presidential-no-shows-on-inauguration-day" target="_blank" rel="noopener">rechazar</a> los resultados de una elección presidencial y negarse a asistir a la investidura de su sucesor. De corte totalitario y anticonstitucional —una tendencia que quizá solo había <a href="https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zhcgr2p/revision/3" target="_blank" rel="noopener">alcanzado</a> el escenario político dominante en tiempos recientes con Joseph McCarthy, en pleno apogeo de la Guerra Fría—, Trump ha redefinido lo que alguna vez fue un partido conservador apegado a la Constitución. Como uno de sus <a href="https://www.washingtonpost.com/politics/2016/live-updates/general-election/real-time-fact-checking-and-analysis-of-the-first-presidential-debate/fact-check-has-trump-declared-bankruptcy-four-or-six-times/" target="_blank" rel="noopener">muchos</a> hoteles fallidos, ha reconfigurado la imagen del país con su inconfundible sello, quizás para siempre.
Se habla tanto —en las mesas familiares, en los encabezados de prensa, en la calle— sobre el comportamiento errático de Trump y su presidencia como bola de demolición institucional, que ya se ha convertido en un lugar común. Y, sin embargo, todo esto ya estaba anticipado en sus promesas de campaña: <a href="https://www.theguardian.com/news/audio/2024/dec/16/the-most-beautiful-word-in-the-dictionary-donald-trumps-tariff-plan-podcast" target="_blank" rel="noopener">declaró</a> que los aranceles eran su palabra favorita y prometió usarlos profusamente; <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2024/dec/08/trump-january-6-capitol-attack-promise-pardon-rioters" target="_blank" rel="noopener">afirmó</a> que indultaría a los insurgentes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero del 2021, <a href="https://www.npr.org/2024/10/21/nx-s1-5134924/trump-election-2024-kamala-harris-elizabeth-cheney-threat-civil-liberties" target="_blank" rel="noopener">prometió</a> represalias políticas contra sus enemigos; se <a href="https://www.forbes.com/sites/saradorn/2024/05/10/trump-promises-rollback-on-trans-rights-heres-what-hes-said/" target="_blank" rel="noopener">comprometió</a> a revertir los derechos de las comunidades transgénero y<a href="https://www.theguardian.com/us-news/2024/dec/05/trump-dei-initiatives-colleges" target="_blank" rel="noopener"> arremeter</a> contra las iniciativas de diversidad y equidad. “Promesas hechas, promesas cumplidas”, <a href="https://www.youtube.com/shorts/IPOqKpT9FMA" target="_blank" rel="noopener">dijo</a> en su discurso de victoria presidencial, y ahora las <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CSokUR43nP8" target="_blank" rel="noopener">está</a> ejecutando bajo la bandera de la lucha contra la ideología “woke”, un término que, al igual que “neoliberalismo”, los críticos han tensado y estirado hasta vaciarlo de significado.
Las iniciativas de diversidad y equidad han funcionado como salvaguardias institucionales, al igual que los controles y contrapesos de un gobierno dividido, diseñadas para proteger a la sociedad de sus peores impulsos. Surgieron para evitar que repitiéramos otro milenio marcado por la continua vulneración de los derechos de los más desfavorecidos. <a href="https://labrujula.nexos.com.mx/la-integracion-urbana-y-la-reduccion-de-la-disparidad-racial-en-estados-unidos/" target="_blank" rel="noopener">Abogar</a> por una mayor inclusión de las comunidades minoritarias y <a href="https://revistafal.com/el-amurallamiento-de-las-comunidades-blancas-en-estados-unidos/" target="_blank" rel="noopener">enfrentar</a> el legado heredado de una política históricamente excluyente no es un juego de suma cero; estas incitativas pueden coexistir con una reflexión renovada sobre los roles sociales en transformación, como el lugar cambiante de los hombres, particularmente los hombres blancos, en la sociedad contemporánea, tal como explora académico Richard Reeves <a href="https://www.theguardian.com/books/2022/oct/03/of-boys-and-men-why-the-modern-male-is-struggling-by-richard-reeves-review-the-descent-of-man" target="_blank" rel="noopener">explora</a> en su libro Of Boys and Men. Aunque la política identitaria puede carecer del amplio atractivo electoral de los temas económicos, <a href="https://www.npr.org/2024/11/20/nx-s1-5188372/identity-politics-lie-at-the-heart-of-harris-loss-academic-eddie-glaude-jr-argues" target="_blank" rel="noopener">señalados</a> con frecuencia como un factor clave en la derrota electoral demócrata en 2024, sigue siendo un eje fundamental de distinción ideológica que no debe ser excluido de su plataforma política.
Y el argumento de la falsa equivalencia, que equipara los excesos de Trump con los de las administraciones presidenciales demócratas, suena tan vacío hoy como lo <a href="https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/9/biden-is-no-different-than-trump" target="_blank" rel="noopener">hacía</a> durante la campaña presidencial. Las deportaciones <a href="https://edition.cnn.com/2025/04/14/politics/what-to-know-about-the-kilmar-armando-abrego-garcia-case" target="_blank" rel="noopener">sin</a> proceso judicial, su ethos expansionista, que habla de <a href="https://cnnespanol.cnn.com/2025/05/05/eeuu/trump-amenaza-fuerza-militar-anexar-groenlandia-trax" target="_blank" rel="noopener">anexionarse</a> Groenlandia, <a href="https://www.cbc.ca/news/politics/trump-reiterates-51st-state-threat-as-carney-prepares-for-critical-white-house-meeting-1.7526196" target="_blank" rel="noopener">incorporar</a> a Canadá como un estado más, y <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-01/why-does-trump-want-the-panama-canal-back-and-can-he-take-it?embedded-checkout=true" target="_blank" rel="noopener">recuperar</a> el control del Canal de Panamá, su <a href="https://apnews.com/article/tariffs-timeline-trade-war-trump-canada-mexico-china-a9d714eea677488ef9397547d838dbd0" target="_blank" rel="noopener">encendido</a> de guerras comerciales con aliados y su <a href="https://www.csis.org/analysis/transatlantic-alliance-age-trump-coming-collisions" target="_blank" rel="noopener">desprecio</a> por la alianza diplomática transatlántica no tienen equivalencia en la corriente principal del partido demócrata. Tampoco su <a href="https://www.politico.com/news/2025/05/01/ketanji-brown-jackson-sharply-condemns-trumps-attacks-on-judges-00323010" target="_blank" rel="noopener">desprecio</a> por el Poder Judicial, su uso de la máquina política para <a href="https://edition.cnn.com/2025/03/30/politics/trump-punish-opponents" target="_blank" rel="noopener">ejercer</a> castigos contra sus oponentes o sus <a href="https://www.nytimes.com/2025/01/05/opinion/trump-loyalty-cabinet-presidents.html" target="_blank" rel="noopener">exigencias</a> de lealtad.
Trump, maestro del espectáculo y la mercadotecnia, ha estampado un sello tan profundo en la presidencia que ha reconfigurado el mapa ideológico del país —y lo ha hecho en poco más de cien días: cien días que han parecido una eternidad.
* Jonathan Grabinsky (<a href="https://x.com/Jgrabinsky" target="_blank" rel="noopener">@Jgrabinsky</a>) es especialista en temas de gobierno y profesor en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una licenciatura y maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago.

Trump y los 100 días: la cuenta sigue

Un rasgo que parece acentuarse día a día en nuestro país es el aldeanismo, la estrechez de miras. Cada vez que alguna agencia internacional emite algún informe que actualiza sus datos o proyecciones, el gobierno se incomoda.
Si el Banco Mundial o el FMI o la CEPAL publican sus proyecciones, la respuesta es que son instituciones que no están entendiendo el proceso de transformación que está ocurriendo. Si las calificadoras de riesgo alertan sobre algún posible cambio en la clasificación, están exagerando. Si México es tema de debate en algún lugar del mundo, se trata de una coyuntura electorera. Los reflejos están bien aceitados: la culpa nunca será propia. Sin embargo, la realidad sigue siendo muy necia.
El combate al crimen organizado sin duda ha sido uno de los ejes novedosos de esta administración, el número de decomisos, detenciones, operativos, deportaciones, acreditan de sobra un cambio en la estrategia. Sin embargo, el discurso oficial insiste en un triunfalismo que aún no se sostiene con los datos: en el índice de crimen organizado a nivel global somos el tercer país más inseguro.
Otro ejemplo es el decretado fin de la corrupción y la anunciada ampliación de la democracia. Aquí se sacan pañuelos blancos, se le corrige la plana a autoridades internacionales que no han entendido que aquí se extinguió la corrupción y sin embargo el indicador internacional de percepción de corrupción parece no recoger esta realidad y nuestro país no lleva una ruta exitosa, sino claramente descendente. Tampoco la celebrada elección de impartidores de justicia parece impresionar a quienes miden la calidad del régimen democrático: el país también en ese indicador retrocede.
Recientemente se celebró el día internacional de la libertad de prensa, y mientras en México el gobierno se jactaba de los avances logrados, las organizaciones internaciones que llevan tiempo construyendo indicadores para observar la evolución de ese derecho registraron otro retroceso para nuestro país.
Parece que no queda más remedio que admitir que el mundo tiene otros datos. Creo que es hora de preguntarnos cuáles pueden ser los costos de regodearse con ese aldeanismo. Es obvio que los informes presentados por las muy diversas agencias internacionales, en temas muy variados, calan en el humor y percepción que se tiene de nuestro país, y que no alcanzan a ser desmentidos desde las mañaneras.
Pelearse con los datos, despreciar las mediciones y repudiar a las instituciones es una estrategia que el gobierno ha instrumentado internamente. Ensayarlo a nivel internacional no sólo evidencia el aldeanismo, sino que nos coloca en una posición desventajosa para cualquier negociación. El mundo seguirá teniendo otros datos, ojalá nos encontremos algún día.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

El mundo tiene otros datos

La construcción del sistema comicial se ha caracterizado por implementar y perfeccionar, elección tras elección, una serie de mecanismos y herramientas destinados para reducir y/o eliminar las barreras que limitan y/o que condicionan la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los procesos de formación de la voluntad colectiva y de transmisión pacífica del poder político.
Algunos mecanismos fueron de carácter legal, como la paridad de género en la postulación de candidaturas, <a href="#_ftn1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref1">[1]</a> las casillas extraordinarias <a href="#_ftn2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref2">[2]</a> y el voto de los mexicanos residentes en el extranjero <a href="#_ftn3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref3">[3]</a> <a href="#_ftn4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref4">[4]</a>. Otros instrumentos dimanaron de las resoluciones judiciales como las acciones afirmativas para migrantes y residentes en el extranjero, <a href="#_ftn5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref5">[5]</a> así como, la votación de las personas en prisión preventiva. <a href="#_ftn6" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref6">[6]</a>
Mientras que algunas herramientas fueron de índole reglamentaria, como las acciones afirmativas a favor personas de indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual; <a href="#_ftn7" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref7">[7]</a> la votación anticipada; <a href="#_ftn8" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref8">[8]</a> la utilización de plantillas braille; <a href="#_ftn9" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref9">[9]</a> el protocolo para garantizar el voto de las personas trans, <a href="#_ftn10" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref10">[10]</a> y el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios de casilla. <a href="#_ftn11" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref11">[11]</a>
Sin embargo, en torno a las elecciones judiciales, todo ha cambiado para mal, ya que debido a la falta de presupuesto, a las complejidades técnicas y a la premura temporal, se dejaron de implementar algunas de las herramientas y los mecanismos que posibilitaron la integración y la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los comicios. Decisiones que constituyeron un retroceso democrático y que favorecieron a la exclusión de las comunidades históricamente marginadas.
Paradójicamente, en una elección que debería ser de gran trascendencia para la ciudadanía, los grupos parlamentarios, el gobierno federal y las autoridades electorales tomaron decisiones que perjudicarían la participación de las comunidades marginadas, lo que configura un inequívoco retroceso de los derechos políticos de los grupos en situación de vulnerabilidad.
En las siguientes líneas se abordan los motivos y las consecuencias de las decisiones de las autoridades electorales y las personas legislativas para configurar unas elecciones judiciales excluyentes y discriminatorias. Veamos.
<h2>Acciones afirmativas </h2>
Durante la aprobación de la reforma judicial, los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM reservaron algunas candidaturas para la postulación de mujeres, lo que mantuvo la vigencia de la reforma de paridad transversal. Empero, omitieron apartar otras candidaturas para la postulación de personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes, afromexicanos y con discapacidad.
Diversas personas integrantes de la población LGBTTTIQA+ solicitaron a la autoridad jurisdiccional el dictado de medidas afirmativas para la postulación de candidaturas. Sin embargo, el TEPJF resolvió <a href="#_ftn12" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref12">[12]</a> que la reforma constitucional no vinculó a los órganos legislativos ni a las autoridades electorales a que establecieran acciones afirmativas para la postulación de candidaturas.
Además, la autoridad jurisdiccional estableció que la ausencia de las acciones afirmativas no implica un retroceso en los derechos, sino un reconocimiento de las limitaciones de las elecciones extraordinarias, pero, la omisión de las medidas afirmativas si es un retroceso, ya que interrumpe la secuencia histórica de generar los mecanismos de inclusión en favor de las comunidades marginadas.
<h2>Reducción del número de casillas</h2>
Como resultado del recorte presupuestal de 8.8 mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados, el INE decidió instalar 84 mil casillas para llevar a cabo las elecciones judiciales. <a href="#_ftn13" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref13">[13]</a> Esta cifra representa el 50 % de las casillas que se instalaron en las elecciones federales de 2024. <a href="#_ftn14" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref14">[14]</a> Esta decisión no fue impugnada.
Ahora bien, instalar un número menor de casillas implica que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores tengan que desplazarse a lugares más lejanos a su domicilio para acudir a votar. Esto conlleva que los miembros de estos grupos en situación de vulnerabilidad tengan más complejidades para sufragar, lo que podría condicionar su participación en las elecciones judiciales.
La reducción del número de casillas es un retroceso para la salvaguarda de los derechos políticos de las comunidades marginadas, puesto que se impone a las personas cargas mayúsculas, lo que podría generar obstáculos para el ejercicio del derecho a votar y producir un incentivo para no participar en las elecciones, es decir, se produce su exclusión en los comicios judiciales.
<h2>Casillas extraordinarias</h2>
Una vez más, el recorte presupuestal ocasionó que el INE decidiera no instalar ninguna casilla extraordinaria. <a href="#_ftn15" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref15">[15]</a> Este tipo de centros de votación son utilizados para atender a las personas que por cuestiones de las vías de comunicación (accidentes geográficos y medios de transporte) y/o por los contextos socioculturales (religiosos, étnicos, políticos) no pueden asistir a su casilla para votar.
Por ejemplo, derivado de las condiciones geográficas algunas personas tendrán que cruzar ríos y lagunas, subir y/o bajar montañas, trasladarse en caballo y/o carreta a otro municipio. Mientras que derivado de los contextos socioculturales otras personas tendrán que arriesgar su integridad física para votar en una comunidad que la discrimina por su origen étnico, preferencia religiosa y afinidad política.
Desde 1991 hasta 2024, 15 millones de personas emitieron su voto en las casillas extraordinarias. En promedio se han emitido 1.2 millones de sufragios por elección en este tipo de centro de votación. Sin embargo, en los comicios judiciales más de un millón de personas tendrán complicaciones para emitir su sufragio, ya que deberán superar múltiples obstáculos para participar en las votaciones.
En este tenor, las dificultades de desplazamiento y los riesgos de violencia se incrementan para las personas adultas mayores y con discapacidad, porque tendrán que superar múltiples obstáculos, que serán de mayor complejidad debido a sus condiciones físicas, para acudir emitir su sufragio en la casilla. Esta circunstancia, es un retroceso democrático que condiciona el voto de las personas en situación de vulnerabilidad, ya que directamente genera su exclusión en las elecciones judiciales.
<h2>Votación de mexicanos residentes en el extranjero </h2>
El modelo de votación permite que las personas que residen en el extranjero tengan la posibilidad de sufragar por la presidencia, las gubernaturas y las senadurías mediante la vía postal, electrónica y personal. De 2012 a 2024, 323 mil personas han emitido su voto en los procesos comiciales. En promedio 108 mil electores han sufragado desde el extranjero en cada elección.
Los grupos parlamentarios del MORENA, PT y PVEM omitieron reformar la LGIPE para establecer que en los comicios judiciales las personas residentes en el extranjero podrían votar. Esta omisión provocó que una senadora <a href="#_ftn16" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref16">[16]</a> y diversas asociaciones civiles <a href="#_ftn17" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref17">[17]</a> solicitaran al INE la implementación del voto de mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones judiciales.
La autoridad electoral rechazó instrumentar la modalidad de votación <a href="#_ftn18" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref18">[18]</a> al argumentar que I) no era posible ampliar el derecho a votar mediante una interpretación administrativa, II) no tenía recursos económicos para contratar personal, infraestructura y comunicaciones y, III) no tenía el tiempo para actualizar el sistema informático y poner en marcha el operativo de campo.
La determinación del INE fue impugnada. El TEPJF resolvió <a href="#_ftn19" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref19">[19]</a> que la falta de regulación legal no era un impedimento para el ejercicio del sufragio, ya que el mismo tiene un reconocimiento constitucional y convencional, así como, que no existe una restricción normativa. Pero, consideró que no existen las condiciones financieras, económicas, técnicas y operativas para implementar la modalidad de votación.
De esta manera se excluyeron, por lo menos, a 108 mil personas de las elecciones judiciales, ya que no podrán votar. Esta exclusión es un retroceso en el ejercicio de voto, dado que, por primera vez en 20 años, las personas residentes en el extranjero no podrán participar en unas elecciones. La restricción de un derecho político se basó en cuestiones que pudieron ser subsanables por el INE y por el gobierno federal, pero no existió voluntad política para involucrar a los individuos residentes en el extranjero.
<h2>Votación de personas en prisión preventiva </h2>
Nuevamente, ante la omisión de los grupos parlamentarios de MORENA, PVEM y PT, más de 150 personas en prisión preventiva solicitaron al INE la expedición de sus credenciales de elector para participar en los comicios judiciales. Pero, la autoridad electoral les informó que se encontraba material y jurídicamente imposibilitado para expedir el documento electoral. Esta decisión fue impugnada.
El TEPJF determinó <a href="#_ftn20" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref20">[20]</a> hacer extensivo el derecho a votar de las personas en prisión preventiva en las elecciones judiciales, para ello, instruyó al INE a decidir sobre la viabilidad de llevar a cabo la modalidad de votación en los comicios jurisdiccionales con base en sus capacidades administrativas, técnicas, operativas y financieras. En pocas palabras, la autoridad jurisdiccional le dio la salida fácil al INE.
El INE decidió que no existían las condiciones financieras, temporales y técnicas para implementar el voto de las personas en prisión preventiva. <a href="#_ftn21" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref21">[21]</a> No obstante, la autoridad electoral tuvo la oportunidad de retomar tramos de control de las elecciones de 2024, para ello, pudo validar la lista nominal y abrir un breve plazo de actualización de esta, volver a designar a la ciudadanía que se desempeñó como funcionarios de casilla y limitar la votación a ministros de la SCJN y magistrados del TDJ y del TEPJF. Opciones había, pero no existió la voluntad política. Empero esta decisión no se impugnó.
La negativa de implementar la modalidad de votación genera la exclusión de las elecciones judiciales de, por lo menos, 26 mil personas en prisión preventiva, <a href="#_ftn22" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref22">[22]</a> individuos que históricamente han sido marginados y rechazados. Es inaudito, que, a miles de sujetos, que dependen de una sentencia para continuar en reclusión o para salir en libertad, se les restrinja su derecho a votar por las personas que decidirán su situación jurídica. A todas luces, esta circunstancia evidencia un retroceso democrático en el ejercicio del derecho a votar de este grupo en situación de vulnerabilidad.
<h2>Plantillas Braille </h2>
Ante la negativa del INE de utilizar las plantillas braille para ayudar a las personas con discapacidad visual para emitir su voto en las elecciones judiciales, <a href="#_ftn23" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref23">[23]</a>  algunas asociaciones civiles <a href="#_ftn24" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref24">[24]</a> presentaron al INE un prototipo de boletas en braille. No obstante, la autoridad electoral determinó la inviabilidad técnica, temporal y presupuestal de producir y distribuir los instrumentos electorales en braille en las elecciones judiciales. <a href="#_ftn25" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref25">[25]</a> Esta decisión no fue impugnada.
Nuevamente, la decisión de la autoridad electoral excluye la participación de, al menos, 2 mil personas con discapacidad visual <a href="#_ftn26" target="_blank" rel="noopener" name="_ftnref26">[26]</a> en las elecciones judiciales. La eliminación de la plantilla en braille es un retroceso democrático en el ejercicio del derecho a votar de los integrantes del grupo en situación de vulnerabilidad, ya que obstaculiza y complejiza el proceso de votación.
<h2>A manera de conclusión </h2>
Cada una de las decisiones de los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM, y de las determinaciones de las autoridades electorales constituyen una violación a la prohibición de regresividad, ya que los avances en el desarrollo de los derechos de votar y ser votado de los grupos en situación de vulnerabilidad han sido anulados en las elecciones judiciales.
*César Hernández González (<a href="https://x.com/ZezarHG" target="_blank" rel="noopener">@ZezarHG</a>) es especialista en derechos humanos, democracia y elecciones.
<a href="#_ftnref1" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn1">[1]</a> Reforma en materia de paridad transversal de 2019.
<a href="#_ftnref2" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn2">[2]</a> Reforma electoral 1989-1990.
<a href="#_ftnref3" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn3">[3]</a> Reforma electoral de 2005.
<a href="#_ftnref4" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn4">[4]</a> Reforma electoral 1989-1990.
<a href="#_ftnref5" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn5">[5]</a> Elecciones de 2021.
<a href="#_ftnref6" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn6">[6]</a> Elecciones de 2024.
<a href="#_ftnref7" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn7">[7]</a> Elecciones de 2021 y 2024
<a href="#_ftnref8" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn8">[8]</a> Elecciones de 2024.
<a href="#_ftnref9" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn9">[9]</a> Elecciones de 2003.
<a href="#_ftnref10" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn10">[10]</a> Elecciones de 2018.
<a href="#_ftnref11" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn11">[11]</a> Elecciones de 2018.
<a href="#_ftnref12" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn12">[12]</a> SUP-JDC-1323/2024 y acumulados.
<a href="#_ftnref13" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn13">[13]</a> INE/CG57/2025.
<a href="#_ftnref14" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn14">[14]</a> Se instalaron 170,181 casillas.
<a href="#_ftnref15" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn15">[15]</a> INE/CG57/2025.
<a href="#_ftnref16" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn16">[16]</a> Karina Isabel Ruíz, senadora migrante.
<a href="#_ftnref17" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn17">[17]</a> COLEFOM, Fuerza Migrante
<a href="#_ftnref18" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn18">[18]</a> INE/CG2470/2024
<a href="#_ftnref19" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn19">[19]</a> SUP-JDC-1455/2024 Y ACUMULADOS
<a href="#_ftnref20" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn20">[20]</a> SX-JDC-6/2025 Y ACUMULADOS
<a href="#_ftnref21" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn21">[21]</a> INE/CG64/2025
<a href="#_ftnref22" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn22">[22]</a>26,567 personas en prisión preventiva emitieron su sufragio en las elecciones de 2024.
<a href="#_ftnref23" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn23">[23]</a> INE/CG57/2025.
<a href="#_ftnref24" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn24">[24]</a> Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual, Instituto de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual.
<a href="#_ftnref25" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn25">[25]</a> INE/CG351/2025.
<a href="#_ftnref26" target="_blank" rel="noopener" name="_ftn26">[26]</a> 2,386 personas con discapacidad visual emitieron su sufragio en las elecciones de 2024.

Elecciones judiciales excluyentes

Una de las herramientas predilectas de las autoridades municipales en México para hacer frente a la inseguridad es el uso de cámaras de videovigilancia, que permiten desde centros de control, comando, comunicación y cómputo, coloquialmente conocidos como C4, ver lo que sucede en las ciudades en tiempo real. De manera que, al tener muchos ojos a través de la tecnología, las autoridades pueden responder mejor y más rápido a las emergencias que se presentan y combatir el crimen.
Ello ha propiciado un crecimiento importante en la cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas en las principales ciudades del país, bajo la premisa de que a mayor sea la cantidad de equipos instalados, menor será la incidencia delictiva. Aunque la evidencia al respecto apunta a que la reducción no es tan grande, tal como lo han documentado académicos como <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1745-9133.12419" target="_blank" rel="noopener">Eric Piza, Brandon Welsh, David Farrington y Amanda Thomas</a>.
Esta herramienta también la comenzaron a utilizar los particulares, es decir, personas preocupadas por robos a sus hogares o empresas, que compraron e instalaron cámaras en espacios privados, lo cual propició un desarrollo de la tecnología y el abaratamiento de los equipos, al grado que hoy se pueden comprar con suma facilidad y a precios muy asequibles, cámaras con muchos proveedores y en internet.
Derivado de que cualquier persona puede adquirir cámaras a bajo costo y que las mismas cada vez son menos complejas, es decir, basta garantizar corriente eléctrica y conexión a internet para que funcionen de forma óptima, pronto el crimen organizado comenzó a utilizar los sistemas de videovigilancia urbana y colocar sistemas de monitoreo paralelos a los de las autoridades. 
El primer caso de grupos criminales que instalaron su propio sistema de videovigilancia urbana, lo encontramos en <a href="https://insightcrime.org/es/noticias/noticias-del-dia/mexico-desinstala-camaras-grupos-narcotraficantes/" target="_blank" rel="noopener">Reynosa en 2015</a>, cuando el Cártel del Golfo puso 39 cámaras conectadas a internet en diferentes puntos de la ciudad para vigilar a las autoridades y a sus rivales.
Esto les dio una ventaja, porque las cámaras se encontraban afuera de las estaciones de policía, de los cuarteles del ejército, de las instalaciones de la Procuraduría y en las principales avenidas, de forma que cada que salían elementos de alguna estación los podían ver en tiempo real y tomar decisiones a partir de ello.
Otras organizaciones criminales no tardaron en emular el ejercicio, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa hizo lo propio en Culiacán y Mazatlán, el Cártel Jalisco Nueva Generación las colocó en municipios rurales como Teocaltiche, la Línea del Cártel de Juárez en Parral y Jiménez en Chihuahua, la Barredora en Villahermosa o el Cártel Santa Rosa de Lima en Celaya.
<figure id="attachment_1526984" aria-describedby="caption-attachment-1526984" style="width: 5750px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1526984" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen.png" alt="Mapa con la distribución de la videovigilancia que realizan grupos del crimen organizado en municipios de México." width="5760" height="4340" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen.png 5760w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen-600x452.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen-1024x772.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen-768x579.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen-1536x1157.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/Camaras-videovigilancia-crimen-2048x1543.png 2048w" sizes="(max-width: 5760px) 100vw, 5760px" /><figcaption id="caption-attachment-1526984" class="wp-caption-text">Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes periodísticas.</figcaption></figure>
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En el mapa anterior podemos observar los 20 municipios con mayor cantidad de cámaras colocadas por el crimen organizado, aunque puede haber más casos de ciudades en donde existen estas redes ilegales de videovigilancia, que aún no han sido descubiertas, o bien, que en alguno de estos municipios la cantidad de cámaras sea mucho mayor.
En el mapa destacan dos municipios en particular: Culiacán con al menos 2 mil cámaras y Celaya con mil 400 cámaras. Son espacios en donde se libran cruentas batallas por el control del territorio, en el primer caso entre las facciones del Cártel de Sinaloa con los Chapitos y la Mayiza, y en el segundo entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, de modo que, en las dos situaciones, las partes involucradas tienen incentivos para colocar cámaras y espiar a sus rivales.
También tienen una cantidad muy alta de cámaras ilegales municipios como León, Naucalpan, Tijuana, Acapulco, Tecate, Reynosa, García, Teocaltiche y Ecatepec, solo por mencionar algunos. Aunque en el mapa se omiten los municipios en donde se ha encontrado menos de 30 cámaras, que son muchos, ya que se estima que estos sistemas se encuentran en <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crimen-halconea-con-10-mil-camaras-en-23-estados/" target="_blank" rel="noopener">75 municipios de 23 entidades federativas, que en conjunto tienen más de 10 mil aparatos ilegales</a>. 
Existen varios factores que explican la proliferación de la instalación de sistemas de videovigilancia en las ciudades, los cuales se desarrollan a continuación:
<ol>
<li>Costo moderado de los aparatos, ya que la mayoría de los equipos cuestan unos cuantos miles de pesos, incluso hay algunas cámaras que se pueden conseguir por menos de mil pesos, por lo que el costo-beneficio de instalar los sistemas es muy favorable.</li>
<li>La fácil mimetización de los aparatos, ya que como hay tantas cámaras en la calle, no solo del gobierno, sino de particulares, es fácil que pasen desapercibidas. Incluso las organizaciones criminales en algunos casos, como los de León, Guanajuato, les pusieron a las cámaras logos de la CFE y de Telmex, para confundir a las autoridades.</li>
<li>Pueden usar menos halcones, es decir, reducir la cantidad de trabajadores que están al pendiente de los movimientos de los enemigos y autoridades en las calles, o también pueden combinar la vigilancia en físico con la remota, a través de las cámaras.</li>
<li>Les permite hacer vigilancia en tiempo real las 24 horas, además de hacerlo de forma segura desde un centro de monitoreo.</li>
<li>Les ayuda a plantear estrategias en tiempo real, por ejemplo, pueden saber la mejor ruta para escapar en una persecución o determinar el trayecto de sus rivales para emboscarlos.</li>
</ol>
Sin embargo, lo anterior también plantea retos para acabar con esta práctica, que tiene impactos negativos en la seguridad de dichas ciudades, por lo que se pueden implementar las siguientes estrategias para reducir la proliferación de cámaras ilegales en espacios urbanos:
a) Incrementar las penas a quienes sean sorprendidos instalando cámaras en vía pública, sin el permiso necesario, de forma que se aumente el riesgo para los técnicos y operadores que se encargan de la colocación de las mismas.
b) Desarrollar a través de CFE un programa de identificación de equipos no autorizados, en donde los trabajadores mapeen las cámaras sospechosas en todo el territorio nacional.
c) Contar con padrones estatales de cámaras de videovigilancia, en donde se identifique con claridad la ubicación de cada cámara que ponen las entidades y municipios, para que ello facilite la tarea de descubrir cuáles no están autorizadas.
d) Contar dentro de las policías estatales y municipales con equipos que puedan identificar cámaras no autorizadas.
e) Generar estrategias sobre los sitios a revisar para localizar cámaras ilegales, por ejemplo, comenzar primero en las inmediaciones de los cuarteles de la policía y del ejército.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>

El narco nos vigila: cámaras del crimen en ciudades mexicanas

A partir de la primera implementación de la prueba educativa PISA (Programme for International Student Assessment) por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2000, una de las grandes revelaciones fue el buen resultado alcanzado por Finlandia. Ese año, el país nórdico obtuvo el primer lugar en el rubro de lectura, el área principal entre otras dos, matemáticas y ciencias. Posteriormente, en los años 2003, 2006 y 2009, obtendría el segundo, primero y tercer lugar en las correspondientes áreas principales, es decir, matemáticas, ciencias y lectura.
Sin embargo, en el año 2012 se presentaría un declive sorpresivo, en tanto desaparecería de los diez primeros lugares, descenso del que habría de recuperarse sólo provisionalmente para 2015 y 2018, con un quinto y séptimo lugar en ciencias y lectura, las dos áreas principales, respectivamente. Finalmente, para el año 2022 habría un nuevo descenso y salida de la élite de clasificados.
<img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1527059" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-1-FINLANDIA.png" alt="Gráfica con el desempeño de Finlandia en la prueba PISA." width="1076" height="674" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-1-FINLANDIA.png 1076w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-1-FINLANDIA-600x376.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-1-FINLANDIA-1024x641.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-1-FINLANDIA-768x481.png 768w" sizes="(max-width: 1076px) 100vw, 1076px" />
Como puede observarse en la gráfica superior, el cambio en el ranking de Finlandia en el área principal de PISA desde 2000, cuando se implementó la primera prueba, hasta 2022, la última prueba realizada, muestra un descenso notorio. Si bien en algunos años la posición lograda en el área principal fue menor a la conseguida en las otras dos áreas, el promedio y el puntaje total obtenido muestra la misma tendencia, pasando de hacerse con más de 550 puntos en 2006, a menos de 500 en 2022, siendo que la media de los países participantes es de 500 con una desviación estándar de 100 puntos; es decir, para la última prueba realizada, Finlandia se posicionó por debajo del promedio, como puede observarse en la siguiente gráfica.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1527060" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-2-FINLANDIA.png" alt="Gráfica con el desempeño de Finlandia en la prueba PISA." width="976" height="616" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-2-FINLANDIA.png 976w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-2-FINLANDIA-600x379.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/05/GRAFICA-2-FINLANDIA-768x485.png 768w" sizes="(max-width: 976px) 100vw, 976px" />
Fueron los buenos resultados alcanzados en PISA de 2000 a 2009 los que le valieron a Finlandia una reputación que puso la mirada internacional sobre los esfuerzos que hasta ese momento había realizado en política educativa. Con la fama obtenida por esta nueva prueba, la presión no tardó en impulsar a los demás países a emular lo hecho por su homólogo nórdico, ya que las recompensas por dar con una buena clasificación, aunque indirectas, van desde la reputación internacional y el turismo educativo, hasta acuerdos de cooperación educativa con otros gobiernos e inversión de capital extranjero. Algunos de los más entusiastas que optaron no solo por tener al modelo finlandés como referente en la retórica, sino por adoptarlo estructuralmente, ya sea a nivel nacional o regional, fueron Chile, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Escocia, Singapur y China, entre otros.
En 2019 México y Finlandia firmaron un <a href="https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-150-se-fortalecen-la-cooperacion-y-el-dialogo-en-materia-educativa-con-finlandia-moctezuma-barragan" target="_blank" rel="noopener">acuerdo de cooperación educativa</a> que incluyó intercambios de experiencias y talleres sobre metodologías finlandesas. El entonces secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se reunió con el director de la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, Olli-Pekka Heinonen, para acordar acciones como talleres en educación básica, diseño curricular y aprendizaje basado en proyectos. No es posible asegurar que esta cooperación haya ido más allá del carácter diplomático, no obstante que a partir de ese mismo año se han implementado algunas metodologías en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que tienen resonancias en el modelo finlandés. Entre éstas hallamos el aprendizaje situacional e integral de proyectos, abordado con un enfoque interdisciplinario, el cual tiene como referente al phenomenon-based-learning, que toma como punto de partida casos reales para el aprendizaje y la integración de saberes.
Este tipo de innovaciones son más comunes en el ámbito privado de la educación, ya que en la medida en que intentan diferenciarse de sus competidores en el mercado educativo, las escuelas privadas son más susceptibles a implementar mejoras basadas en modelos extranjeros para mejorar su calidad educativa y así captar más alumnos. Sin embargo, en términos generales, tanto en el caso de la educación pública como privada, no parece existir una tendencia homogénea y decidida a adoptar en sentido general el modelo finlandés, esto a pesar de figurar en el imaginario discursivo como el referente de un nuevo paradigma a seguir desde hace dos décadas.
A lo dicho por Moctezuma se encuentran, más cercanas en el tiempo, las <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/elecciones-2024/2024/5/8/claudia-sheinbaum-critica-que-la-educacion-se-enfoque-en-pasar-la-prueba-pisa-328628.html" target="_blank" rel="noopener">declaraciones</a> de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, en ese entonces candidata a la primera magistratura del país: “[&#8230;] está demostrado, por ejemplo, que en Finlandia, con sistemas educativos distintos, tienen un nivel muy alto en la prueba PISA, pero no preparan a los jóvenes para la prueba PISA, que es distinto. Espero que se entienda la diferencia.”
En efecto, lo dicho por Sheinbaum Pardo aborda un punto que no hay que perder de vista: el hecho de que el núcleo formativo de los estudiantes finlandeses no pasa por la preparación de la prueba PISA, es decir, no es el objetivo al que se supedita su metodología para una consecuente rendición de cuentas cada tres años. A esto se suma otra cuestión de carácter central: el modelo finlandés es imitado por las razones equivocadas, esto es, según el mito extensamente difundido de que los buenos resultados de Finlandia en la prueba PISA de la década 2000-2010 se deben a su modelo educativo más reciente.
En su libro Real Finnish Lessons, y más detalladamente en una <a href="https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-04-04/hombre-educacion-finlandesa-peligro-imitarla_1544856/#:~:text=Es%20un%20peligro%20imitar%20otros,est%C3%A1%20haciendo%20bajar%20las%20notas." target="_blank" rel="noopener">entrevista</a> de 2018, el economista sueco Gabriel Heller Sahlgren, director del Center of Education Economics londinense, explica que el éxito en las pruebas no fue una consecuencia de las últimas reformas educativas, que empezaron a implementarse en la década de 1970, sino que se dio a pesar de ellas. Por el contrario, menciona, los tres factores que contribuyeron a ese éxito fueron las “[&#8230;] costumbres que cimentaron la importancia de la educación, un rápido crecimiento económico (tras la Segunda Guerra Mundial, dejando de ser una sociedad mayoritariamente agraria) que facilitó que los padres estuviesen mejor formados (lo que influye positivamente en los niños) y la retención de este método tradicional de educación, que no está muy de moda, son los tres ingredientes que produjeron sus buenos resultados a principios del siglo XXI”.
En realidad, continúa el investigador sueco, el descenso en los puntajes no se produjo a partir de 2009, sino mucho antes. La prueba TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) muestra que, desde 1990, una década antes de que se implementara PISA, y hasta 2011 “[&#8230;] los alumnos de séptimo grado (13 años) bajaron 38 puntos, que equivalen a más de un año entero de escolarización”. De modo que los buenos resultados que eran avistados con optimismo a principios de la primera década del presente siglo, eran realmente la muestra de una transición educativa anterior con resultados a la baja. En concreto, la evidencia muestra que “la educación tradicional desaparece en Finlandia al mismo tiempo que bajan las notas”.
Paradójicamente, aquellas medidas que son elogiadas como las causantes del éxito del modelo nórdico en realidad son las responsables de producir lo contrario, el descenso en las pruebas. Un ejemplo de esto es la reducción de la jornada escolar, cambio al que se le atribuye una lógica de mejora del tipo “la calidad educativa mejora si los alumnos estudian y trabajan menos”.  No obstante, lo cierto es que esto ha reducido el tiempo de lectura y, por lo tanto, la capacidad para comprender los textos, algo que el declive en los resultados de PISA a lo largo de dos décadas deja fuera de discusión.
Asimismo, la importancia de las pruebas estandarizadas, que han sido eliminadas tanto en Finlandia como en México, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> radica en la posibilidad de tener indicadores educativos que, a su vez, puedan ser indicios de otras fortalezas y debilidades del estudiantado y del régimen educativo, así como de otros factores extraescolares que no siempre quedan de manifiesto, como la desigualdad social y cambios sustanciales en los hábitos de las familias que impactan en la recepción y adaptación de las escuelas. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En el panorama mexicano, la eliminación de estas pruebas no augura nada bueno para el año 2027, cuando se publiquen los resultados de la prueba PISA 2025, aplicada el pasado mes de abril, en la medida en que desde hace casi seis años no se tienen controles internos que permitan medir y diagnosticar el impacto de las reformas y las políticas educativas, principalmente la Nueva Escuela Mexicana. A la par, la adopción de las recomendaciones genéricas de la OCDE, las cuales no parten de las necesidades y de las problemáticas locales de cada país, sino de la adopción de competencias que permitan una incorporación eficiente a la demanda de mano de obra del mercado global, no parece ser el contrapeso indicado para suplir la falta de pruebas y mecanismos internos de medición.
En este sentido, buscar recetas milagrosas en otros países tras la impronta dejada por cada prueba PISA puede ser, como indican Gabriel Heller y <a href="https://educacion.nexos.com.mx/desmitificar-la-educacion-finlandesa-rasgos-intransferibles-y-practicas-ejemplares/" target="_blank" rel="noopener">Anna Paula Herrera Kivinen</a>, el camino a la perdición, en tanto existen rasgos de cada país que son la consecuencia de un entramado de variables no extrapolables. Por lo pronto, habrá que limitar la observación de las buenas prácticas educativas a eso, a aprender de ellas, cuando no a imitarlas ciegamente por los despuntes que arrojan nuevos países cada tres años en las pruebas internacionales. Desde luego, estos puntajes muestran esfuerzos que, lejos de emprenderse unidireccional y tendenciosamente para sobresalir en el plano internacional publicitario de la OCDE, han vuelto la mirada hacia cuestiones estructurales que exceden el plano educativo y que, a la larga, podría decirse que, de manera casi accidental, se cosechan en resultados de este tipo.
Si algo podemos aprender del caso finlandés es precisamente que una prueba trianual muestra procesos sociales de una temporalidad mucho más extensa, que tarda décadas y hasta siglos en consolidarse o desmoronarse. Acudir al momento culminante de estos procesos para cantar victoria puede ser un error que cueste igual o más tiempo remediar y entender, en tanto implica renunciar al amor que se tiene por ese error, que hoy más que nunca se antepone a la verdad.
* Mauricio Aguilar Madrueño es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Este fue el caso de PLANEA, que sustituyó en 2015 a ENLACE, y que desapareció en 2019, al mismo tiempo que el  Instituto Nacional de Evaluación para la Educación  (INEE). Mientras que en el caso finlandés, a partir de la reforma de 1968 y en las décadas posteriores, hasta 1990, se fueron eliminando las pruebas de selección para el ingreso a secundaria, así como las pruebas locales que se aplicaban anualmente. La reforma provocó un giró centrado en la libertad del profesor para ajustar el contenido y el formato de las evaluaciones según el nivel, intereses, o antecedentes culturales de los estudiantes, de modo que su regulación no está centralizada y su impacto no tiene como implicación directa una clasificación o una sanción.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Así lo constata, por ejemplo, el efecto que tuvo la pandemia en la salud de los niños y adolescentes, así como en el uso de la tecnología.

¿Qué esperar de la prueba PISA 2025?  Lo que queda tras la imitación del modelo finlandés

La semana pasada la mayoría legislativa en el Senado de la República nos ofreció otro episodio de la nueva rutina parlamentaria llamada “no se mueve ni una coma”. Así las comisiones aprobaron mediante un monólogo, sin lectura, sin debate, sin explicaciones, un texto que casi nadie conocía. Parecía inminente la aprobación en el pleno de una ley tan ominosa (por lo poco que se conocía) como poco estudiada.
El jueves pasado, la ONU en México hizo un inusual llamado al Senado para que se garantizaran espacios de consulta y se consideran estándares internacionales en materia de libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas; la Cámara Americana de Comercio en México turnó a las comisiones legislativas observaciones y propuestas de modificaciones a más de una veintena de artículos, y desde entonces diversos especialistas han manifestado puntos concretos de preocupación.
Ese es el problema cuando se legisla de manera tan auto referida: la inobservancia de estándares y compromisos internacionales. El viernes la presidenta hizo un llamado para reconsiderar la aprobación en el pleno y abrir, en efecto, espacios de consulta y deliberación. Ojalá haya diálogo y sean productivos.
La disposición que más ha llamado la atención es el artículo 109 que le da a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales, por ello es que se le conoce como la ley censura. Y en efecto, es una disposición problemática que puede llevar al monopolio de la narrativa, a imponer una sola visión de la realidad y a censurar todas aquellas voces que discrepen de la versión oficial de las cosas, además de que es difícil imaginar la instrumentación propia de la censura.
Empero, aun cuando dicho artículo se corrija o se derogue, la iniciativa contiene muchas otras disposiciones que cambian el contorno y los supuestos bajo lo que hoy opera el sector de las telecomunicaciones. Las reglas del juego son otras, las expectativas de negocio son distintas, la regulación es asimétrica para medios públicos y privados. En fin, no es un asunto menor.
Pero además se incrementa la discrecionalidad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fue una respuesta para intentar encausar, arbitrar, regular, en fin, entender un sector tan dinámico y complejo como lo es el mundo de las telecomunicaciones. La colegialidad era un atributo consustancial. Lo que tenemos ahora es que en el tránsito del IFT a la nueva Agencia no hay ningún asomo de consulta o colegialidad; las decisiones las asumirá unilateralmente el titular de la agencia. Me parece que es mucho lo que se pierde.
Celebro el llamado a la consulta, ojalá sea ocasión para subsanar todas las omisiones y riesgos detectados, ojalá volvamos a legislar dialogando, buscando acuerdos, oyendo argumentos, disuadiendo, no aplastando.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Telecomunicaciones: censura y algo más

¿Cómo ser parte clave de decisiones tan cruciales en el país cuando las juventudes enfrentamos panoramas tan inciertos? No está de más recordar que, hasta la fecha,  asistir a la universidad y concluir nuestros estudios sigue siendo un privilegio, sin dejar de lado la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda propia.
Desde #JuventudActúaMX (JACMX), un programa del Instituto Nacional Electoral (INE) y Alternativas y Capacidades A. C., buscamos que las juventudes construyan e implementen proyectos con un enfoque centrado en derechos, y que con su involucramiento impulsen cambios significativos en sus entornos. JACMX tiene como objetivo potenciar la participación, sembrar conocimientos y conectar las habilidades de las juventudes a través de un proceso de acompañamiento  en incidencia social y política.
En un periodo de seis meses, las juventudes seleccionadas serán parte de espacios horizontales con personas y organizaciones de la sociedad civil donde dialogarán, compartirán y aprenderán sobre mecanismos y estrategias que pueden utilizarse para abordar las problemáticas que les aquejan y que quieren cambiar. Además, contarán con un acompañamiento focalizado que será otorgado por personas mentoras que ya han sido parte de otra generación de JACMX.
Este año, los proyectos impulsados por las juventudes participantes no quedarán solo en ideas y buenas intenciones, sino que tendrán la posibilidad de implementarse, ya que JuventudActúa brindará un capital semilla de treinta mil pesos a cuatro iniciativas de esta generación. La idea es que el proyecto logre captar financiamientos adicionales, alianzas de los gobiernos en sus distintos niveles y, sobre todo, redes de colaboración con otras juventudes involucradas en los temas de sus proyectos.
#JuventudActúaMX no es solo el lugar donde las ideas que tenemos comienzan a germinar, también es una red de juventudes alrededor del país que busca transformar sus realidades participando e involucrándose activamente en el espacio cívico y en las decisiones públicas, buscando ampliar las libertades y garantizar el acceso a derechos.
Esta convocatoria es para juventudes de 18 a 29 años que tengan una inquietud y una idea de proyecto en temas de igualdad de género, derechos de las personas LGBTTTIQ, oportunidades para el desarrollo en las comunidades que impacta en lo laboral y educativo, acceso a la vivienda, acceso a la salud, inseguridad en espacios públicos, discriminación a mujeres jóvenes y a personas pertenecientes a la diversidad sexual y de género y muchas más que puedes encontrar en la <a href="https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/03/DECEyEC_Convocatoria-JAMX2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">convocatoria.</a>
Tienes dieciocho temas muy amplios en los que puedes desarrollar ideas que busquen transformar realidades en tu comunidad y de las juventudes que lo habitan. Puedes postular de manera individual o en pareja con quien quieras, siempre y cuando sea joven, no importa de qué estado de la república sean. Las juventudes de todo el país son bienvenidas a postular.
Ante la realidad incierta que enfrentamos como juventudes, es importante tomar estos espacios, seguirnos organizando para señalar y exigir que nos sean garantizados derechos fundamentales que hoy se han convertido en violaciones sistemáticas y realidades que están siendo normalizadas.
Te invitamos a postular a #JuventudActúaMX 2025, puedes encontrar toda la información <a href="https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/03/DECEyEC_Convocatoria-JAMX2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>, tienes hasta el 30 de abril.
* Yessica Corral Urbina (<a href="https://x.com/YessUrbina" target="_blank" rel="noopener">@yessurbina</a>) es Líder de Participación en Alternativas y Capacidades A. C. (<a href="https://x.com/fortalecemos" target="_blank" rel="noopener">@fortalecemos</a>).

#JuventudActúaMX 2025: la posibilidad de comenzar los cambios

En los últimos meses, el debate en torno a la migración ha vuelto a ocupar el centro de la agenda pública en América del Norte. Entre propuestas legislativas restrictivas, operativos policiales en fronteras y discursos electorales cargados de estigmas, pareciera que hemos olvidado una verdad fundamental: migrar no debería significar renunciar a la dignidad. En ese contexto, vale la pena volver a hablar de derechos, de protección social y de cómo la cooperación internacional puede marcar la diferencia en la vida de millones de personas en movilidad.
Según datos de la <a href="https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/93d4c7e7-4186-487c-a57a-0efe774050f1/content" target="_blank" rel="noopener">Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) </a>“de los 281 millones de migrantes a nivel mundial en 2020, América Latina y el Caribe tenía una población migrante de 43 millones de personas, lo que representa alrededor de un 15 % del total”. Las y los migrantes se caracterizan por estar en edad laboral: 7 de cada 10 está entre los 15 y 64 años, según el <a href="https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-anuario-de-migracion-y-remesas-2024/" target="_blank" rel="noopener">Anuario Estadístico de Migración y Remesas México 2024</a>. Garantizar su protección social es un desafío en un mundo donde la movilidad está en aumento.
En el recién celebrado <a href="https://ciss-bienestar.org/2025/03/21/organismos-internacionales-comparten-visiones-sobre-la-seguridad-social-de-personas-en-situacion-de-movilidad/" target="_blank" rel="noopener">Foro Internacional: Movilidad humana y seguridad social</a>, organizado conjuntamente por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se  identificaron cuatro mecanismos para lograr el ejercicio de los derechos a la salud y a la seguridad social: 1) los convenios de conservación y portabilidad de derechos; 2) la formalización laboral; 3) la vinculación como trabajadores independientes, y 4) los programas de protección social. Veamos  cómo estos mecanismos funcionan y su impacto en la vida de las personas en movilidad.
<h2>1. Conservación y portabilidad de derechos</h2>
Se trata de que los países acoplen sus políticas para que una persona migrante pueda conservar protección ante diferentes contingencias con independencia de su lugar de origen; pueden llevarse a cabo entre dos países (bilaterales) o entre varios países (multilaterales). Los convenios internacionales de conservación y portabilidad de derechos son fundamentales ya que permiten que los derechos adquiridos en un país sean transferibles a otro, evitando la pérdida de prestaciones por pensiones, salud o accidentes. La <a href="https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/%40sro-lima/documents/publication/wcms_843086.pdf" target="_blank" rel="noopener">Organización Internacional del trabajo</a> reportó que en 2022 solo un 23 % de los trabajadores migrantes tenía garantizada la portabilidad de sus derechos a nivel global.
Según datos del <a href="https://ciss-bienestar.org/portalintegradodedatos/personas-migrantes/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio de la Universalización de la Seguridad Social</a> de la CISS, los seguros de invalidez, sobrevivencia, vejez y accidentes de trabajo son las prestaciones que suelen brindarse con más frecuencia en este tipo de convenios, siendo las prestaciones familiares y de maternidad las que tienen menos cobertura.
El que dos o más países logren establecer mecanismos para que una persona migrante siga cotizando garantiza que, con independencia del lugar de origen o destino, eventualmente se pueda acceder, por ejemplo, a una pensión.
<h2>2. Formalización laboral</h2>
Hace referencia a tener un contrato laboral, la inscripción a salud y a la seguridad social. Para las personas migrantes, la formalización laboral resulta esencial, ya que se desempeñan en la economía informal y ello limita su acceso a los beneficios de seguridad social. Según la <a href="https://www.ilo.org/es/resource/news/panorama-laboral-2024-america-latina-caribe-empleo-brechas-informe#:~:text=El%20informe%20tambi%C3%A9n%20se%C3%B1ala%20que,2023%20(48%20por%20ciento)." target="_blank" rel="noopener">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a>, el 47,6 % de los trabajadores en América Latina y el Caribe se encuentran en la informalidad, así que este problema estructural incrementa la vulnerabilidad de personas en condiciones de movilidad.
El trabajo formal implica empleo bien remunerado y seguro. <a href="https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion" target="_blank" rel="noopener">El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular</a> de las Naciones Unidas destaca la importancia de crear condiciones para garantizar una contratación equitativa y ética, así como la protección de los derechos laborales.
<h2>3. Seguridad social para trabajadores independientes</h2>
De no tenerse un contrato, se debe permitir que las personas económicamente activas coticen a pensiones y a salud. El seguro social voluntario es uno de los mecanismo que permite a las y los migrantes cotizar al sistema de seguridad social del país en el que residen, independientemente de su situación laboral.
En este sentido, el <a href="https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes/extranjeros-en-mexico" target="_blank" rel="noopener">Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)</a> es un ejemplo positivo en el continente americano, ya que permite a las personas migrantes residentes en México, con estancia legal, obtener su número de seguridad social y acceder a servicios como salud y pensiones.
<h2>4. Protección social para migrantes</h2>
Estos programas incluyen acceso a subsidios de salud, ayudas de ingreso mínimo, asistencia en situaciones de emergencia y subsidios para la vivienda.
El Pacto Mundial sobre Migración destaca la importancia de estos programas subrayando que de esta forma las y los migrantes tienen derecho al acceso a redes de seguridad social, independientemente de su estatus migratorio.
En tanto que los convenios internacionales no avancen, el trabajo formal no se garantice y la cotización de personas trabajadoras independientes no se logre, las políticas sociales son una alternativa para que las personas migrantes sean protegidas ante las contingencias de enfermedad, desempleo, maternidad, accidentes o la misma muerte.
Los países de origen y destino están obligados a procurar medidas para que cualquier persona conserve su pensión y el acceso a la salud como servicios esenciales para proteger la dignidad humana. Como hemos visto, la perspectiva solidaria de la seguridad social ha propuesto elementos clave para ello: a través de convenios internacionales de seguridad social, políticas de inclusión al trabajo decente, alternativas de cotización independiente o en su caso políticas sociales que garanticen la seguridad social y la salud.
Cruzar fronteras y conservar la dignidad debe ser un principio que guíe las acciones de los países con las personas en condiciones de movilidad, ello permitirá avanzar hacia una integración que reconozca a las personas migrantes como contribuyentes activos a las economías globales y no solo eso, sino que contribuya a paliar el estigma migratorio que se suma como un elemento avasallante para los millones de personas que se ven obligadas a migrar de sus lugares de origen.
* Luz Angela Cardona Acuña (<a href="https://x.com/Bitacoradvuelo" target="_blank" rel="noopener">@Bitacoradvuelo</a>) es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en sociología. Actualmente trabaja como Coordinadora de Especialistas de las Comisiones Americana de Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Cruzar fronteras y conservar la dignidad

El pasado 24 de abril se cumplieron 18 años de la desaparición masiva de 10 personas en el antro Maverick, en Aguascalientes. En ese marco se realizó la “Jornada por la búsqueda, verdad y justicia a 18 años de la desaparición de 10 trabajadores del antro Maverick” en la que participaron diversas organizaciones y colectivos de entidades federativas de la región occidente del país, además de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, a través de las palabras de Ana Lorena Delgadillo. Ese día en 2007, un comando armado privó de la libertad a 10 personas, cuatro de ellos eran albañiles que trabajaban alrededor del local; entre ellos estaba Francisco Javier Espinosa Almanza, quien tenía 18 años al momento de su desaparición.
En este periodo han fallecido de muerte natural al menos tres padres de familia sin saber el paradero de sus hijos. “Nos rompieron en pedacitos y tuvimos que rehacer nuestras vidas”, dijo Ana Hilse Espinosa, hermana de Francisco Javier, para dar cuenta del impacto psicosocial de la desaparición. “No son números, son proyectos de vida que se truncaron (&#8230;) Javier tenía 18 años cuando lo desaparecieron, los mismos que cumple hoy de estar desaparecido”, señaló.
Resalta en los últimos años que Javier Espinosa padre presentó el caso de su hijo Francisco Javier Espinosa Almanza y el de Hugo Alberto López Vidal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en 2021 estableció que la solicitud tiene mérito para ser considerado admisible. En su informe a la petición 81-11 hecho público el 30 de agosto de 2021 por la CIDH, se señala que hasta el momento (en ese entonces, 15 años después), “las investigaciones no habían servido para esclarecer los hechos ni para enjuiciar o sancionar a los responsables”. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para determinar que la investigación no cumple con el estándar de acceso a la justicia? ¿Cuánto para demostrar que los recursos internos de un país no funcionan y sólo perpetúan la impunidad?
La propia Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala que hay excepciones cuando se refiere al agotamiento de los recursos nacionales y uno de ellos es que “haya retardo injustificado”. Si bien la jurisprudencia señala que no se trata sólo del tiempo cronológico (18 años al día de hoy) sino también la complejidad del asunto, no se puede negar que la investigación no ha sido diligente. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) obstruyó la participación de las familias considerando la información de la investigación como reservada. Además, existe presunción que las policías tanto municipales como estatales en Aguascalientes “abrieron el camino” al convoy de hombres armados en su salida a Zacatecas.
¿Qué espera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para emitir una determinación en la investigación? ¿16 años no son suficientes después de la apertura de la queja?
Como parte del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano propuso el mecanismo denominado “Solución Amistosa” en 2022, pero hasta la fecha no han mostrado disposición para firmar un acuerdo, por lo que el fondo del caso eventualmente tendría que ser revisado por la Comisión Interamericana. ¿En verdad le interesa al Estado mexicano firmar este acuerdo? ¿Qué hay del Gobierno de Aguascalientes?
Como lo recordó Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la aplicación de los Principios Internacionales para la Búsqueda, especialmente el trato con dignidad y la prohibición de la estigmatización, es fundamental en todos los casos, incluidos los de larga data. “La obligación de búsqueda es permanente y el Estado está obligado a dar con el paradero de las personas desaparecidas, así hayan pasado 18 años”, señaló.
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En su participación, Ana Lorena Delgadillo integrante del <a href="https://twitter.com/WGEID?ref_src=twsrc%5Etfw">@WGEID</a> recordó la importancia de los Principios Internacionales para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas de la ONU, con énfasis en la participación y en la no criminalización <a href="https://t.co/JOUl30zoaa">pic.twitter.com/JOUl30zoaa</a>
— Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) <a href="https://twitter.com/plataformagto/status/1915622563633410115?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2025</a></blockquote>
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* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

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