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El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate entre las personas candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). En él, se trató un tema crucial para los habitantes de la ciudad: el combate a la corrupción. De acuerdo con el INEGI, la CDMX es la entidad en todo el país en donde se <a href="https://latinus.us/2024/03/27/capitalinos-pagan-mas-incurrir-actos-corrupcion-cdmx-cuesta-doble-media-nacional-inegi/" target="_blank" rel="noopener">paga</a> más por corrupción en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios, costando a sus ciudadanos el doble que la media nacional.
A pesar de esta situación, la ciudad no cuenta con una estrategia integral de combate a la corrupción para hacer frente al problema, ya que el Sistema Local Anticorrupción, que por mandato constitucional debe existir, se encuentra <a href="https://youtu.be/ghhJuycgz_c?si=yfVV5C7VqSIcgitB" target="_blank" rel="noopener">desmantelado</a> desde hace 2 años: no cuenta con integrantes, no tiene presupuesto y no se ha realizado una política, un plan de implementación y mucho menos un plan de monitoreo y evaluación en la materia.
Bajo este panorama, uno pensaría que el debate se centraría en propuestas para la reconstrucción del sistema o en soluciones innovadoras  para combatir este gran problema. Sin embargo, la actitud de los contendientes punteros, Clara Brugada y Santiago Taboada, se limitó a un show mediático marcado por la confrontación personal y las acusaciones de corrupción. Utilizaron cada minuto de su tiempo para hablar del cartel inmobiliario en la Benito Juárez o la corrupción en la alcaldía Iztapalapa, donde cada uno fue delegado. De las 2 o 3 propuestas que mencionaron (Taboada propuso la reforma a la fiscalía de la CDMX e impulsar el gobierno digital, mientras que Brugada, crear un gabinete anticorrupción y tabuladores de precios máximos) no explicaron los alcances ni las implicaciones de ninguna de ellas.
El único candidato que ocupó su tiempo para presentar propuestas fue Salomón Chertorivski, quien al hablar de la corrupción la conceptualizó como un complejo sistema que debe ser combatido por otro más eficaz: el Sistema Local Anticorrupción. En ese sentido, propuso reconstruirlo, con la ciudadanía a la cabeza y con una fiscalía anticorrupción autónoma. Además, habló de un proyecto denominado “Transparencia 360” que buscará transparentar, en tiempo real, las acciones y las cuentas gubernamentales, con ayuda de la tecnología, especialmente en el área de compras públicas.
Chertorivski propuso también la creación de un observatorio ciudadano de los programas sociales, pues es un área con altos índices de corrupción, así como impulsar el servicio profesional de carrera para la capacitación y certificación de los servidores públicos. Si bien estas ideas no son la panacea, nos dejan ver a un candidato preocupado por proponer acciones tangibles de política pública que puedan disminuir los índices de corrupción en la capital del país.
A pesar de haber sido el candidato que sin duda ganó el debate, los <a href="https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-defiende-Brugada-20240422-0005.html" target="_blank" rel="noopener">números</a> no le van a dar para ganar la jefatura de gobierno, lo que nos deja con un mal sabor de boca al pensar que quien gane no atenderá el problema de la corrupción como es debido. Ninguno de los candidatos realizó propuestas para atender el problema de la corrupción con las autoridades de seguridad pública, siendo <a href="https://latinus.us/2024/03/27/capitalinos-pagan-mas-incurrir-actos-corrupcion-cdmx-cuesta-doble-media-nacional-inegi/" target="_blank" rel="noopener">este</a> el espacio de interacción en el que hay  más corrupción en la capital. Tampoco hablaron del papel de los denunciantes y víctimas de la corrupción: cómo protegerlos, cómo asegurar su anonimato, cómo incentivarles para que denuncien o cómo repararles el daño. De igual manera, hoy en día sabemos que la corrupción afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres, a personas con discapacidad o que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. A pesar de ello, no hubo propuestas con enfoques interseccionales que puedan atender a estas minorías.
Si bien los debates no están hechos para desarrollar propuestas a profundidad, sí lo están para contrastarlas y precisamente debatir sobre cuál es más o menos factible, urgente y necesaria. En verdad es triste ver el nivel de discusión que impera no sólo en la capital, sino en todos los procesos electorales que se están llevando a cabo en el país. Es responsabilidad de los candidatos hacerse de equipos de trabajo sólidos que los asesoren sobre las propuestas que van a realizar. De igual manera, contar con un nivel alto de argumentación y de debate. A nosotros, los votantes, nos toca estudiar la trayectoria y los planteamientos de las personas que quieren ocupar un puesto de elección popular, no irnos sólo con un color, una canción o un anuncio publicitario, pues de nosotros dependerá el gobierno que tengamos en los próximos 3 o 6 años.
* Emiliano Montes de Oca (<a href="https://twitter.com/EmilianoMDO" target="_blank" rel="noopener">@EmilianoMDO</a>) es coordinador de los proyectos anticorrupción y Michelle Cruz (<a href="https://twitter.com/Michellecruz_v" target="_blank" rel="noopener">@Michellecruz_v</a>) es pasante, ambos en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://twitter.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovacion</a>).

En el segundo #DebateChilango, los candidatos punteros quedan a deber en propuestas anticorrupción

“La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular”.
Edmond Thiaudière, escritor y filósofo francés
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Se inicia la fase final del proceso electoral federal y en el discurso gubernamental predomina la polarización excluyente, que conlleva a la cancelación del espacio político para el diálogo y el acuerdo en beneficio del interés nacional, que por naturaleza necesita consenso en la diversidad.
Con esa orientación, la arquitectura política del gobierno se ha enfocado en descalificar o anular la acción de las organizaciones comunitarias y civiles que apoyan a los grupos sociales, impidiendo que se conviertan en actores de su propio desarrollo inclusivo.
Este enfoque no es nuevo: en el presupuesto 2019 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió en diciembre de 2018 al Congreso se suprimía el 100 % de los recursos destinados al Programa de Coinversión Social (PCS), que en ese año obtuvo 187 millones de pesos para el apoyo al trabajo que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas ellas sin fines de lucro.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, con el argumento de que las poco más de 40 mil OSC eran opacas y corruptas, el Mandatario giró una circular a todas las dependencias federales ordenando “no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”.
A la distancia, lo anterior ha resultado en la pérdida de valiosas experiencias ciudadanas en la formulación de políticas públicas. En su lugar, se han fortalecido políticas clientelares que buscan crear ciudadanos dependientes de las autoridades, socavando la autonomía y el tejido social participativo y autogestionario. Se ha establecido una relación clientelar con las personas más vulnerables, reduciendo su esfera de derechos fundamentales a la simple transferencia económica periódica directa.
Esto sugiere un regreso a una época en la que la relación entre el gobierno y las comunidades se limitaba a la presentación de demandas por parte de los ciudadanos y la oferta de soluciones por parte del gobierno.
El actual es un momento crucial para que los candidatos a cargos de elección popular expliquen sus propuestas y planes para el futuro del país, y que, con la participación ciudadana, la clase política esté dispuesta y con altura de miras para transformar las formas de operar del gobierno y a legitimar los actos gubernamentales permitiendo una mayor influencia de todos los sectores sociales en el espacio público -entendido como aquello que es común, general y de interés para todos-, para la toma de decisiones colectivas con el objetivo de fortalecer la construcción de políticas públicas en beneficio del bien común.
Ante este panorama, la única alternativa viable es adoptar una actitud de resistencia, fortaleciendo a las comunidades para que puedan seguir articulando sus demandas desde lo local y construir experiencias multiplicadoras que desafíen las reglas del clientelismo y promuevan la autonomía. Este nuevo acuerdo en la relación gobierno-ciudadanía requiere un pacto renovado de toda la sociedad.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

Los desafíos de las OSC ante la nueva administración

A lo largo de nuestra historia, el país ha enfrentado profundas raíces de corrupción que han permeado todas las esferas de la sociedad y han erosionado la confianza de la población civil en las instituciones gubernamentales. Ante este panorama, las candidatas y el candidato a la presidencia para las elecciones de 2024 han presentado diversas propuestas y estrategias para abordar esta problemática.
En este contexto, es crucial realizar un análisis exhaustivo de las propuestas para evaluar su viabilidad, efectividad potencial y coherencia con los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos. Aunque ya conocemos sus intenciones en cuanto a corrupción se trata gracias al primer debate presidencial, nos dimos la tarea de investigar los planes de gobierno de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Aquí les va nuestro análisis.
A través de un examen detallado de las propuestas presentadas, es posible identificar tanto fortalezas como debilidades, así como realizar comparaciones que arrojen luz sobre las diferentes visiones y enfoques para abordar esta problemática crucial.
Xóchitl Gálvez presenta un enfoque centrado en la transparencia y la protección de denunciantes, dos aspectos fundamentales para reducir la corrupción. La implementación de una Política General de Transparencia y Datos Abiertos es un paso positivo hacia un gobierno más accesible. Sin embargo, es necesario garantizar que esta política no sea solo un ejercicio superficial, sino que realmente permita un acceso significativo a la información y una supervisión efectiva de las actividades gubernamentales.
La propuesta de establecer un Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción es igualmente crucial, ya que puede fomentar una cultura de denuncia y disminuir el miedo a represalias. No obstante, se requiere una infraestructura sólida y salvaguardias legales para proteger la identidad y seguridad de las personas denunciantes, así como una visión colectiva que pueda salvaguardar, por ejemplo, pueblos o barrios que son violentados sus derechos por los delitos de corrupción.
Aunque Gálvez menciona medidas para fortalecer la fiscalización de recursos y regulaciones sobre compras gubernamentales, es imperativo que estas medidas estén respaldadas por mecanismos de supervisión y rendición de cuentas eficaces para evitar posibles abusos.
Otro de los temas importantes que ha mencionado la candidata es que fortalecerá al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo garantizará su autonomía y recursos plantea preocupaciones sobre la viabilidad y la efectividad a largo plazo de estas propuestas.
La propuesta de Claudia Sheinbaum es el llamado “plan en materia de gobierno honesto y combate a la corrupción” el cual consiste en ocho puntos: 1) Enfoque de Derechos, 2) Acuerdo nacional para un buen gobierno, 3) Agencia Federal Anticorrupción, 4) Rediseñar la Secretaría de Función Pública, 5) Modelo Nacional para investigar delitos de corrupción, 6) Enfrentar la corrupción en la cadena de seguridad-justicia, 7) Mejores contrataciones públicas y transparentes, 8) Criterios generales de la estrategia anticorrupción.
Aunque hay tela para cortar en cada uno de los ocho puntos del programa de Sheinbaum, uno de los elementos que más ha llamado la atención es la Agencia Federal Anticorrupción, la cual se presenta como una institución altamente especializada y operativa, directamente dependiente del Poder Ejecutivo. En esta propuesta se destacan tres puntos principales: especialización y capacidades de investigación, selección y profesionalización del personal, y por último, supervisión de proveedores y contratistas.
Algunos críticos sugieren que estas agencias requieren condiciones específicas para ser efectivas, como por ejemplo: autonomía e independencia, recursos adecuados, personal capacitado, tiempo suficiente para resultados concretos, apoyo político, y capacidades internas de coordinación. Sin embargo, la propuesta de Sheinbaum presenta problemas en varios de estos aspectos.
Primero, una agencia anticorrupción adscrita al Poder Ejecutivo no sería autónoma y estaría sujeta a interferencias políticas. Igualmente, la llamada “austeridad republicana” del gobierno actual y la falta de apoyo a instituciones especializadas plantean dudas sobre si la agencia tendría los recursos necesarios. Por otro lado, la falta de crítica de Sheinbaum hacia las prácticas de nepotismo y favoritismo en el gobierno sugiere incertidumbre sobre si la agencia contratará  personal calificado.
Además, la estrecha relación propuesta entre la agencia y la Fiscalía General de la República podría limitar su efectividad, dada la historia de impunidad y falta de rendición de cuentas de esta última. La falta de acción de Sheinbaum en casos de corrupción durante su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México también genera dudas sobre su compromiso contra la corrupción, no solo en la narrativa oficialista sino en la efectividad de la gestión pública en la materia.
Por su parte, la propuesta de Jorge Álvarez Máynez de consolidar los órganos garantes de la transparencia es una medida positiva para fortalecer las instituciones encargadas de contrarrestar la opacidad. La coordinación mejorada entre estas instituciones podría aumentar la eficacia en la prevención y detección de actos corruptos.
La propuesta de establecer tiempos acotados para la respuesta y resolución de casos relacionados con corrupción es igualmente prometedora, ya que podría agilizar la justicia y fortalecer la confianza en el sistema. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo se implementarán estas medidas y cómo se financiarán plantea incertidumbres sobre su viabilidad práctica.
Asimismo, su propuesta de utilizar intensivamente las tecnologías de información y comunicación electrónica también es loable, pero es crucial garantizar que se utilicen de manera ética y responsable. La participación activa de la sociedad civil y la academia en el diseño e implementación de estas tecnologías es fundamental para evitar sesgos y discriminación.
El candidato de Movimiento Ciudadano también propuso durante el primer debate presidencial de 2024 la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; como medida para combatir la corrupción en México y garantizar transparencia en las licitaciones gubernamentales. Esta iniciativa, tiene como objetivo principal fomentar la honestidad y la integridad en el gobierno, reduciendo así los riesgos de corrupción, al incluir la presentación pública y periódica de declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses por parte de todos los funcionarios públicos del país.
Esto permitiría detallar los gastos e inversiones del Gobierno, identificar posibles irregularidades en los ingresos y gastos de los funcionarios, y prevenir el nepotismo y la corrupción a través de la revelación de conexiones de redes políticas o personales.
Aunque la iniciativa &#8220;3 de 3&#8221; y su reforma constitucional son pasos positivos hacia la transparencia y la reducción de la  corrupción, aún existen desafíos pendientes. Por ejemplo, se necesitan mecanismos efectivos de supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de estas normativas. Además, es crucial abordar otros aspectos de la corrupción, como la impunidad y la falta de independencia judicial, para lograr un verdadero cambio en la cultura política y administrativa del país.
En términos de comparación, las propuestas de Gálvez y Álvarez parecen centrarse más en medidas concretas para fortalecer las instituciones anticorrupción y mejorar la transparencia, aunque estas propuestas siguen encasilladas bajo los mismos paradigmas ya conocidos para abordar la corrupción, lo cual, además de poco innovador, son modelos burocráticos que bien sabemos no han funcionado. La propuesta de Sheinbaum, en cambio, plantea la creación de una nueva institución que genera preocupaciones sobre la concentración de poder. Históricamente, en México, la concentración de poder ha estado relacionada con prácticas autoritarias y la erosión de las libertades civiles. Adicionalmente, sin una coordinación adecuada y una delimitación clara de responsabilidades, existe el riesgo de duplicación de funciones y conflictos de competencia, lo que podría obstaculizar los esfuerzos para hacer frente a la corrupción de manera efectiva.
Otro aspecto fundamental en materia anticorrupción es el papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el país, es importante exigir a las candidatas y el candidato a la presidencia sus propuestas en esta materia por la relación que existe entre militarización y corrupción.
Recordemos que el Estado mexicano ha realizado cambios normativos, los cuales se han llevado a cabo sin incluir la participación ciudadana, ha tenido como resultado un protagonismo en la agenda pública de las FFAA en diversos aspectos de la vida pública, lo cual agrava el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
Lo que conocemos con base en evidencia, es que las FFAA han centralizado recursos públicos a partir de modificaciones presupuestarias, transferencia de funciones, adjudicaciones directas y fideicomisos públicos, llegando a tener 227 funciones civiles que se han transferido a las FFAA desde 2009, de las cuales 148 no tienen que ver con garantizar la seguridad pública (MUCD, 2023).
Los recursos económicos en manos de las FFAA en actividades civiles cuenta con los siguientes retos en materia anticorrupción:
i) Falta de claridad y precisión en el marco legal mexicano.
ii) Obstáculos para el acceso a la información en materia de violaciones a derechos humanos.
iii) Obstáculo en el acceso a la información sobre mecanismos de vigilancia por parte del ejército a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
iv) Obstáculo de información en el presupuesto y gasto de las FFAA.
Sin duda, en sociedad civil nos encantaría que las candidatas y el candidato a la presidencia pudieran dar a conocer cómo se reduciría la opacidad y la corrupción de las FFAA en un contexto de profundización de la militarización, ¿cuáles son sus propuestas para cambiar esta tendencia?
En última instancia, hacer frente a la corrupción en México requerirá que las organizaciones civiles tomen el control sobre la narrativa de la corrupción. Es imperativo que la corrupción deje de entenderse como un mero ejercicio burocrático y se pueda abordar como lo que es: una violación de los derechos humanos.
* Macu Torres es activista afro-diverso y creadore de contenidos de Mexiro A. C. Fer Galicia (<a href="https://twitter.com/mafernn" target="_blank" rel="noopener">@mafernn</a>) es directora de Mexiro A. C. (<a href="https://twitter.com/yoMexiro" target="_blank" rel="noopener">@yomexiro</a>).

Nuevos intentos y pocos avances en materia de anticorrupción en México

En las últimas semanas se registraron tanto en Monterrey como en la Ciudad de México casos de contaminación de agua domiciliar, en pleno proceso electoral. Independientemente del factor causante de las contaminaciones hídricas, organizaciones de la sociedad civil nos hemos coordinado para la acción ante la falta de información sobre la calidad de agua que llega a nuestros hogares.
Por esta razón, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política, enviamos una petición pública el 24 de abril dirigida al Congreso de la Unión, y en especial al diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, y al senador Raúl Paz Alonzo, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Lo que exhortamos a que, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), se establezcan ‘obligaciones específicas’ a todos los más de 2,000 Organismos Operadores de Agua de México, tanto gubernamentales como privados, para transparentar los parámetros de calidad del agua que llega a nuestros domicilios a nivel colonia, con base a la &#8220;<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650705&amp;fecha=02/05/2022" target="_blank" rel="noopener">NOM-127-SSA1-2021</a>, Agua para uso y consumo humano&#8221;.
Descubrimos, por ejemplo, que la normativa relacionada, la “<a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5603318&amp;fecha=22/10/2020#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">NOM-179-SSA1-2020</a>” dicta a que estos organismos resguarden los resultados de los análisis de calidad del agua, pero no se les obliga a transparentarlos a la sociedad. Entonces, ¿dónde queda el principio de ‘máxima publicidad’ que establece la constitución en materia del derecho humano a la información?
Nuestra propuesta podría ser ejecutada e instrumentada mediante la obligación de los Organismos Operadores de Agua a publicar sistemática, actualizada y claramente toda la información relativa a la calidad del agua para fines domésticos, ya sea por medio de sistema digitales de información en las páginas web de estas instituciones, en sus redes sociales o en los recibos de agua, donde podría ayudar la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para validar y recopilar dicha información.
En última instancia, que estos datos se incorporen dentro de un nuevo apartado en el Sistema de Información Nacional del Agua (SINA) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esto implicaría destinar recursos económicos, tecnológicos e informáticos para lograr tal objetivo tan necesario.
De acuerdo a los estándares internacionales del derecho humano al agua, se exige que el agua de uso público y doméstico sea de calidad, lo cual debe estar forzosamente vinculado con el derecho humano a la salud y con el derecho humano a la información, en dicho sentido.
Ante la incapacidad para lograrse un acuerdo político para publicar una nueva Ley de Aguas en México, que tuvo que haberse publicado en el año 2013, no se han podido definir mayores responsabilidades a los gobiernos para garantizar el derecho al agua. Es por ello, que las mejoras de transparencia propuestas en nuestra petición ayudaría a que se garantice en parte lo establecido en el artículo cuarto la constitución política en materia del derecho humano al agua.
Como dato importante, el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2023/doc/encig2023_principales_resultados.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a> nos mostró que para el año 2023, solo el 20.4 % de la población mexicana encuestada consideró el agua que recibe en sus hogares como potable, lo que es un retroceso considerando que en el año 2021 la misma estadística fue de 24.4 %.
Acceder a la información específica sobre los parámetros de calidad del agua es sumamente difícil debido a que los organismos operadores de agua no la brindan proactivamente, ni inclusive vía solicitud de transparencia, como lo expuso la Dra. Laura Martínez Pepin Lehalleur en el año 2020, en el <a href="http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4803/CI_62.pdf?sequence=1" target="_blank" rel="noopener">Instituto Belisario Domínguez</a>, del Senado de la República.
Lo anterior genera un entorno de desconfianza social, por lo que se incrementa el consumo de agua embotellada y los gastos domésticos. Esto ha convertido a México en el país con el mayor consumo de agua embotellada a nivel global, que provoca toneladas de desechos plásticos que finalmente contaminan el ambiente como los ríos y los océanos.
Toda esta preocupante situación puede ser una ventana de oportunidad, sobre todo para responsabilizar políticamente a los gobiernos locales y federales para garantizar nuestro derecho humano al agua de calidad, con ayuda del derecho humano a la información.
La petición expuesta la suscribimos las siguientes organizaciones de la sociedad civil de diversos estados de la república:
<ul>
<li>Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de Querétaro</li>
<li>Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California</li>
<li>Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León</li>
<li>Global Water Watch México</li>
<li>Movimiento #UnRíoEnElRío</li>
<li>Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo &#8211; Amanalco</li>
<li>Red Mexicana de Cuencas</li>
</ul>
Invitamos a toda la sociedad a firmar y a difundir esta petición pública que hemos compartido vía <a href="https://chng.it/bmrWB6MsJq" target="_blank" rel="noopener">change.org</a>, porque la democracia la construimos todas y todos. El derecho humano al agua se tiene que garantizar con nuestra participación.
Esperamos que esta petición pública sea respondida desde el Congreso de la Unión con acciones claras por el bien de nuestro país.
#QueremosAguaTransparente
* Cuauhtémoc Osorno Córdova es miembro de la Red Mexicana de Cuencas. Se especializa en políticas públicas y derechos humanos relacionados al agua.

Contaminación del agua doméstica en tiempos electorales

En México hay 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes. Ellas y ellos tienen derecho a crecer y desarrollarse de tal forma que puedan lograr todo su potencial y alcanzar el más alto nivel de salud. Sin embargo, existen brechas importantes en el acceso a bienes y servicios en salud y <a href="https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/registros/vitales/mortalidad/tabulados/pc.asp?t=14&amp;c=11817" target="_blank" rel="noopener">entre las causas de mortalidad persisten condiciones que se pueden evitar</a>, como los problemas relacionados con el parto y puerperio, las enfermedades prevenibles por vacunación, el suicidio e incluso la desnutrición.
Entre las niñas, niños y adolescentes, <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Pobreza_infantil_y_adolescente_en_Mexico_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener">tres de cada 10 no cuenta con acceso a servicios de salud</a>, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 año de edad no cuenta con su esquema completo de vacunación <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">1</a> y cuatro de cada 10, entre los 5 y 19 años, vive con sobrepeso u obesidad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn4" name="_ftnref4">2</a> Además, existen problemas focalizados por grupo de edad, tal es el caso de la primera infancia que va de los 0 a los 5 años, donde el 25 % tiene alguna forma de malnutrición, <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">3</a> uno de cada 4, no recibe una alimentación nutritiva y de calidad y solo 33.6 % recibe lactancia materna exclusiva en sus primeros 6 meses de vida. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn6" name="_ftnref6">4</a>
Entre las y los adolescentes, los problemas relacionados con la salud mental, y la salud sexual y reproductiva se vuelven prioritarios. De 2018 a 2022, las ideas suicidas e intentos suicidas aumentaron, incluso, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14815/12428" target="_blank" rel="noopener">se duplicaron sobre todo en las mujeres</a>, además de que hubo un crecimiento acelerado de los problemas como depresión o ansiedad. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn8" name="_ftnref8">5</a> Hablando de salud sexual y reproductiva, no debemos olvidar que <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf" target="_blank" rel="noopener">México sigue ocupando el primer lugar de embarazo adolescente entre los países de la OCDE</a>, además de que existen marcadas diferencias en la atención pre y postparto comparadas con las mujeres embarazadas adultas. Del total de niñas o adolescentes que se convierten en madres, <a href="https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14795/12405" target="_blank" rel="noopener">solo 65 % recibe atención prenatal y 48 % atención posparto</a>.
Este panorama demuestra que urge hacer de las niñas, niños y adolescentes una prioridad en las campañas electorales, para que el próximo gobierno incluya en el Plan Nacional de Desarrollo la aplicación efectiva de políticas y programas públicos en salud, eficientes, transversales, con acciones y metas claras para garantizar acceso universal y de calidad a bienes y servicios de salud.
Algunas de las prioridades en salud infantil ya se han ido incorporando como parte de las propuestas de las candidatas y candidato a la presidencia de la república, tales como el incremento en la cobertura y atención en salud que sea gratuita y de calidad, incluyendo la atención a la salud mental, todo esto desde la etapa gestacional y durante el periodo que abarcan los primeros 1000 días de vida para contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal; de igual forma se busca mejorar las coberturas vacunales, promover la salud sexual, e influir en la reducción del embarazo adolescente. Otras prioridades abarcan el aspecto nutricional, evitando la malnutrición y buscando la seguridad alimentaria.
Desde Save the Children reconocemos estas prioridades que, además, se alinean con las que hemos encontrado en nuestro trabajo diario y que nos facilitó la creación de nuestra <a href="https://www.savethechildren.mx/wp-content/uploads/2024/02/Agenda-derechos-de-las-nina-sy-ninos-en-un-proyecto-de-nacion.pdf?utm_source=landing+page+&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=Vota+2024&amp;utm_id=Vota+2024&amp;utm_content=link+descarga+&amp;_gl=1*1siq8cw*_ga*NDE5NjUyMzk5LjE3MDY4OTcyNTg.*_ga_W1CTLB0V4R*MTcwODQ3NTYyOC4xNi4xLjE3MDg0NzY3OTAuNDcuMC4w" target="_blank" rel="noopener">Visión 2030: un gran país para niñas, niños y adolescentes</a>, donde se concentran 14 recomendaciones puntuales.
Los temas que las candidatas y el candidato a la presidencia traen a la mesa son de suma importancia y resolverlos tiene el potencial de cambiar el perfil de morbimortalidad actual, pero para lograrlo hay que contar con acciones concretas y efectivas; por ejemplo, garantizar que el acceso a cualquier institución de salud esté libre de condicionamientos, que se haga efectivo el acceso a vacunas en todas las zonas del país, incluso mediante servicios de contra referencia, y que se intensifiquen las acciones de inmunización para completar los esquemas vacunales a través de un Plan Emergente para Atender y Revertir los Rezagos en Vacunación
Para la mejora de la operación del Programa de Vacunación y el alcance de sus metas, deben considerarse las recomendaciones internacionales basadas en la implementación de un Sistema Electrónico de Vacunación con indicadores Nominales que favorezca la gestión y coordinación del Programa y los seguimientos individuales para que las niñas y niños cuenten con todas sus vacunas siempre.
Sería también óptimo implementar una Estrategia para el Combate a la Malnutrición que ponga principal atención a la primera infancia mediante la protección de la lactancia materna, la atención del sobrepeso y la obesidad, así como también, un Programa Nacional de Desarrollo Socioemocional y Salud Mental desde esa edad y hasta adolescencia, y en ese último grupo, invertir en mejorar la atención médica de calidad para las madres adolescentes, cuando se requiera.
Exhortamos a las candidatas y los candidatos a cargos de elección popular a conocer nuestras propuestas y posicionar a las niñas y niños dentro de sus prioridades, al mismo tiempo que invitamos a la ciudadanía a emitir su voto por aquellas candidaturas que cuenten con compromisos de campaña asertivos y que estén ligados a atender objetivamente la salud de la infancia. En estas próximas elecciones 👉🏽<a href="https://bit.ly/3UWk7T1" target="_blank" rel="noopener">#VotaPorLasNiñasyLosNiños</a>.
* Paulina Jiménez Medina es oficial de Incidencia Política en Salud Pública de Save the Children en México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a> e <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">1</a> Mongua-Rodríguez, N. y Cols. Cobertura de vacunación en niños, niñas y adolescentes en México. (2023). Salud Pública de México. Mex. 2023;65(supl 1):S23-S33.
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">2</a> Shamah- Levy T, Y Cols. Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente en México. Ensanut Continua 2020-2022. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S218-S224.
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">3</a> Cuevas-Nasu, L. Y cols. Estado de nutrición de niñas y niños menores de cinco años en México. Ensanut 2022. 2023;65(supl 1):S211-S217.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">4</a> González-Castell, LD. Y cols. Prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en menores de dos años de edad en México. (2023). Salud Pública de México. 2023;65(supl 1):S204-S210.
<a href="#_ftnref8" name="_ftn8">5</a> Secretaría de Salud. (2023). Dirección General de Información en Salud.

Nación saludable para niñas y niños: prioridad en campañas electorales y propuestas de gobierno

En alguna ocasión, un jefe de la Policía de la Ciudad de México, en reunión privada, calificó a la corporación como un monstruo de mil cabezas difícil de controlar y más aún de transformar.
Bajo la contundencia de ese argumento, era entendible la corrupción y abuso de fuerza solapados desde las cúpulas policiales.
Aunque estaba lejos de los tiempos de Arturo “El Negro” Durazo —el jefe de la policía en la década de los 70 conocido por sus millonarias propiedades, una de ellas llamada El Partenón, en Ixtapa Zihuatanejo—, sí era una corporación con poca credibilidad, respeto y confianza.
Sus procedimientos carecían de legitimidad y eran cuestionados en sus formas y resultados. Al interior privaba un sentido de machismo y compadrazgo obstaculizador de promociones y desarrollo policial.
El “entre”, “favores” y cuotas eran factor de desarrollo. Se pagaba por tener acceso a una patrulla, un arma de cargo o un chaleco antibalas, hasta por determinadas zonas de patrullaje.
Bajo esas condiciones hace cinco años comenzó un proceso de transformación del cuerpo policial más grande de América Latina. La dignificación policial no fue simple retórica.
Dos decisiones al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum resultaron centrales: la extinción del cuerpo de granaderos, cuestionado por los métodos empleados para disolver manifestaciones, y la reforma legal para dotar de facultades de investigación a la policía, un reconocimiento a la capacidad y formación de las y los agentes.
Un proceso de dignificación reforzado con un esquema de reconocimientos, estímulos y promociones como las entregadas el pasado 11 de abril por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.
Desde el Consejo Ciudadano de la CDMX se impulsa desde julio de 2019 una estrategia basada en Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción en el Ministerio Público y la Corrupción Policial y Violencia a Mujeres Policías. En ellas participan instituciones y, predominantemente, ciudadanos; se revisan los reportes a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533 y se canalizan a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hay un conjunto de medidas favorecedoras de la transformación, las cuales explican la captura de más de 2 mil 550 delincuentes, la baja de 63 por ciento en la incidencia delictiva al primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2019 —de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— y una mejora de 34.8 puntos en la percepción de seguridad entre marzo pasado y el mismo mes de 2018, según el INEGI.
La “retórica vacía y los lugares comunes” a los cuales hizo referencia el secretario Pablo Vázquez han sido superadas para dar significado y contenido a la proximidad, prevención, inteligencia e investigación.
En la década de los 70 se hablaba de una hermandad para cubrirse las espaldas, ahora hay una verdadera hermandad policial que da sentido y espíritu de cuerpo a la corporación.
* Salvador Guerrero Chiprés (<a href="https://twitter.com/guerrerochipres" target="_blank" rel="noopener">@guerrerochipres</a>) es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Hermandad policial

El pasado 21 de abril, el diario El Universal publicó una entrevista al investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en la que llama la atención sobre la discrepancia entre el listado nominal de electores del INE y las proyecciones de población de CONAPO. Habría 4,7 millones de ciudadanos que no se habrían dado de baja del padrón. Dado que estamos a días de que el padrón electoral sea aprobado por el Consejo General del INE, vale la pena poner en contexto la nota.
Acaso lo primero que hay que decir es que las discrepancias entre las proyecciones de CONAPO y el censo de población son frecuentes; se trata de dos maneras distintas de aproximarse a un problema. También es una constante la diferencia entre las cifras del censo y el padrón. Al final del día son instrumentos de naturaleza distinta: mientras que el censo es una fotografía, las estimaciones de CONAPO una proyección que asume ciertos supuestos; el padrón es un instrumento vivo que sufre alteraciones a diario. Las diferencias son consustanciales y no necesariamente indican que el padrón no sea confiable.
¿Qué puede haber detrás de esos 4.7 millones que el investigador detectó? Primero, que a pesar de todo lo que se ha avanzado en los convenios del Registro Federal de Electores (RFE)) con los registros civiles, siempre hay un desfase entre los fallecimientos y su formalización registral. No todo el mundo hace el trámite del acta de defunción, ni todas las actas de defunción tienen los datos correctos. El INE emprende acciones correctivas cotidianas para subsanar esos registros. Segundo, acaso habría que sumar nuevos problemas como los desaparecidos y el COVID que pueden ayudar a explicar ese universo. Y por último hay un listado de electores en territorio nacional, pero también hay un universo muy relevante de ciudadanos que tramitaron su credencial para votar con fotografía en territorio nacional y hoy residen en el extranjero.
Más allá de las precisiones que tenga que hacer el comité técnico que cotidianamente supervisa los trabajos del padrón electoral, vale la pena recordar cómo se mide la calidad de un padrón electoral. Desde que se creó el nuevo padrón electoral en los años noventa, se hacen auditorías para medir su confiabilidad. Mediante robustos operativos de campo, se verifican básicamente dos cosas: su grado de cobertura, es decir, la no exclusión de quienes tienen derecho a estar en el padrón, y su nivel de actualización, es decir, que el padrón recoja de manera adecuada la dinámica demográfica (migración, defunciones).
Quiénes diseñan las muestras, evalúan los resultados y generan recomendaciones son comités técnicos integrados por especialistas de muy alto nivel, ajenos por supuesto a la estructura operativa del RFE. Estos ejercicios, denominados verificación nacional muestral, han servido para identificar nuevos problemas e implementar soluciones al RFE.
En resumen, la discrepancia entre los datos del padrón y las proyecciones de población no debieran ser materia de preocupación, hay que esperar los datos de la verificación para conocer cuál es el nivel de confiabilidad de nuestro padrón electoral.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

¿Padrón electoral inflado?

La semana pasada, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Amparo presentada por el senador Ricardo Monreal. Particularmente, se modifican aspectos relativos a la figura conocida como “la suspensión del acto reclamado”. Estas líneas pretenden explicar de manera sencilla a la ciudadanía cuáles son los cambios y las implicaciones de esta reforma. Si consideras que este tema no tiene relevancia alguna y que no tiene ninguna implicación en tu vida, déjeme decirte que esto no es así, pues dicha reforma nos afecta a todos. Si te interesa saber qué es lo que se propone y por qué debe preocuparte e interesarle a toda la ciudadanía, te sugiero e invito leer y quedarte hasta el final. Prometo utilizar un lenguaje amigable no abogadil.
Para entender el alcance de esta modificación es importante responder algunas preguntas claves que, como nociones mínimas, todo ciudadano debe conocer para entender la trascendencia de la propuesta. La primera interrogante es la siguiente: ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio con el que contamos todos los ciudadanos para defendernos y protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades contra nuestros derechos. Procede contra tres supuestos: 1) actos u 2) omisiones de autoridad, así como 3) normas generales que emitan tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales. Veamos algunos casos. En ellos explicaré cómo funciona y por qué es importante la figura de la suspensión del acto reclamado.
¿Qué es la suspensión en el juicio de amparo y por qué es importante? La suspensión es una herramienta que sirve como protección instantánea y temporal de nuestros derechos. Una vez que presentas tu demanda de amparo, el juez dicta una resolución en la que le ordena a la autoridad suspender el acto que estaba realizando en tu contra, es decir, le ordena que no lo ejecute. Esto es fundamental porque si la autoridad lo termina de ejecutar, se vulneraría entonces uno o varios de tus derechos de manera grave e irreparable, por lo que no habría marcha atrás y ahora sí nadie podrá hacer nada por ti, pues en ese caso ya no hay nada que juzgar y la demanda tiene que desecharse. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
Es importante saber que la suspensión y la sentencia de amparo no son lo mismo. En la primera resolución donde se otorga la suspensión solo consiste en eso, en determinar si se le otorga o no la suspensión al ciudadano para protegerlo preliminarmente del acto arbitrario de autoridad y evitar que continúe la violación de un derecho. Por otro lado, al finalizar el juicio, el juez dictará una sentencia en la que concederá o no el amparo. Conceder el amparo significa que el juez resolvió que la autoridad actuó mal porque no respetó la Constitución o las leyes, lo cual se traduce en que se vulneró algún derecho humano. Veamos unos ejemplos y casos en concreto para entender a cabalidad la reforma.
<h2>Acto de autoridad</h2>
Imagina que el gobierno determina que demolerá tu casa, la cual está localizada en una zona en donde se pretende construir un puente, carretera y demás obra pública. Evidentemente, nadie quiere perder su propiedad, por lo que desde el punto de vista legal, lo más ideal es acudir inmediatamente al juicio de amparo.
Así, en la demanda, tienes que solicitar la suspensión del acto reclamado, el cual, en este caso, es el acto consistente en la demolición de tu casa, por lo que de manera preliminar hay una apariencia de que se está vulnerando tu derecho de propiedad. Así, el juez tiene que analizar diversas circunstancias y, si lo considera, ordenará al gobierno que suspenda los actos tendientes a demoler tu casa, por lo que la autoridad tendrá que sacar de tu propiedad todas las maquinarias que estaban a punto de destrozarla. No podrán tocar este derecho hasta que se dicte sentencia, lo cual puede durar unos meses. Incluso, la autoridad está obligada a respetar esa decisión del juez, pues si decide ejecutar su acto y demoler tu casa, estaría incurriendo en un delito por no cumplir con una suspensión de un juez federal. Como puedes ver, la suspensión consiste en detener o paralizar el acto de la autoridad mientras se concluye el juicio de amparo. La suspensión es tan importante para la protección de nuestros derechos porque permiten protegernos de las arbitrariedades en lo que se resuelve el juicio de amparo.
Otro caso puede ser el de Juan que fue detenido por la policía mientras caminaba tranquilamente por la calle. La razón de su detención es que se veía sospechoso. La policía se percata de que Juan no es mexicano, por lo que decide llamar a la autoridad migratoria. Ante la falta de documentos que acrediten la permanencia legal de Juan en México, la institución migratoria decide deportarlo inmediatamente a su país de origen. ¿Puede Juan hacer algo al respecto? Desde luego que sí, el juicio de amparo es el medio legal idóneo para proteger sus derechos ante la deportación de la que es sujeto. Así, una vez recibida la demanda de amparo, el juez de distrito tiene que emitir una resolución inmediata en la que conceda la suspensión. Los efectos de esta resolución suspensiva consisten en ordenarle inmediatamente a la autoridad migratoria que no deporte a Juan en lo que se termina de resolver ese juicio de amparo. Así, ya será hasta la sentencia cuando el juez decida si la actuación de la autoridad migratoria es correcta o no, es decir, si es constitucional y conforme a las leyes mexicanas.
Como puede verse en estos dos ejemplos de amparo contra actos de autoridad, la suspensión es una figura importante para la protección de los derechos de todas las personas que vivimos en el país. 
<h2>Amparo contra normas generales</h2>
Como vimos al inicio, el juicio de amparo también procede contra normas generales. ¿Qué es una norma general? Las normas generales son, en esencia, los artículos de cualquier ley, código, reglamento, constitución de algún Estado de la República, de una Norma Oficial Mexicana o cualquier disposición de observancia general.
Con el nacimiento de nuestra Constitución de 1917, el diseño del juicio de amparo permite que éste sea procedente contra las leyes que emitan tanto el Congreso federal como los congresos locales, si es que el ciudadano considera que dicha ley vulnera un derecho. Esto es así porque, aunque se trate de una ley, ésta también puede transgredir derechos humanos. El legislador puede equivocarse y lo ha hecho muchas veces.
Ejemplo de ello es el caso en donde Roberto, padre de familia y derechohabiente del IMSS, llevó a su hijo a una de las guarderías de dicha institución para que lo cuidaran mientras él se iba a su jornada laboral. Al llegar, la persona que lo atendió le comentó a Roberto que no podía recibir a su hijo porque la ley del IMSS establece que solamente las mujeres tienen el derecho de seguridad social de las guarderías, pero no los hombres, por lo que Roberto no pudo dejar a su hijo en la guardería. Inconforme con ello, Roberto promovió un juicio de amparo en contra de los dos artículos de esa ley (norma general) que impedía a los hombres gozar de ese derecho de seguridad social consistente en las guarderías del IMSS. El caso llegó a la Suprema Corte y la Segunda Sala declaró inconstitucionales tales artículos al considerar que discriminaron a Roberto. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Esto es así porque violan el principio de igualdad entre el hombre y la mujer que reconoce el artículo 4° de la Constitución. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Como puede verse, el legislador, al crear leyes o proponer reformas, puede violar derechos humanos. Así, la sentencia de un amparo contra normas generales consiste en que un juez de distrito o la Suprema Corte declaren que uno o diversos artículos de una ley son inconstitucionales por vulnerar derechos humanos. Declarar su inconstitucionalidad significa en la práctica que esos artículos ya no podrán aplicarse nunca más, pero única y exclusivamente a la persona que promovió el juicio de amparo. Entendiendo lo anterior, es aquí donde empezamos a entrar en materia con la propuesta de reforma de MORENA a la Ley de Amparo.
¿Cómo funciona la suspensión en el amparo contra normas generales? Como puede verse, en este tipo de amparo lo que esencialmente se reclama es una ley, por lo que la suspensión busca es que no se aplique dicha ley al ciudadano en lo que se resuelve el juicio. A manera de ejemplo tenemos los amparos contra la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento. Como sabes, esas normas generales establecen que los lugares de consumo de alimentos y bebidas deben tener una zona exclusiva para fumadores que debe ubicarse en espacios al aire libre (sin techo, paredes o muros), los cuales no deberán ser mayores del 10% del establecimiento. Asimismo, prohíben que en ese espacio para fumadores se preste cualquier servicio de consumo de alimentos y bebidas.
Fabiola es dueña de un bar en el que se permite consumir tabaco en un cuarto exclusivo para fumadores. Ella considera que la ley antitabaco y su reglamento afectan su negocio en donde las personas que acuden consumen tabaco y no podrán hacerlo. Así, para combatir esas normas generales, tendrá que promover un juicio de amparo y pedirle al juez de distrito que conozca de su asunto para que, en primer lugar, suspenda la aplicación de dichas normas y que, en un segundo momento, dicte sentencia en la que los declare inconstitucionales al vulnerar diversos derechos, tales como la libre competencia y concurrencia, libertad de trabajo y libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, si el juez considera que debe conceder la suspensión a Fabiola, el efecto de esa suspensión consistirá en que la ley antitabaco no se aplique a ella y a su negocio durante los meses que dure el juicio de amparo y hasta que se dicte sentencia. Esto quiere decir que su bar podrá operar como antes. Esa es, precisamente, la importancia de la suspensión en el juicio de amparo.
Ahora, es importante tener presente que en el juicio de amparo existe un principio conocido como el “principio de relatividad de las sentencias”, el cual implica que la sentencia de amparo solamente protege a la persona que promovió ese juicio. Lo mismo ocurre con las suspensiones, es decir, que en el caso de Fabiola y su negocio, si el juez decide concederle la suspensión y posteriormente el amparo, esto significa que la ley antitabaco y su reglamento ya no podrá aplicársele a Fabiola; sin embargo, al resto de dueños de bares, antros y restaurantes tendrán que cumplir la ley, salvo que se lleguen a amparar. A esto se le llama que la suspensión no puede tener “efectos generales”.
Lo mismo ocurre en el caso de Roberto y las guarderías del IMSS. Una vez que ya ganó su amparo, no se le aplicará esa legislación a él en el futuro, por lo que podrá gozar de las guarderías y llevar ahí a su hijo. No obstante, otros padres de familia no podrán gozar de ese derecho en virtud de que la ley sigue siendo aplicable para ellos porque no han promovido su amparo.
Este principio de relatividad ha sido la regla general tajante en la mayoría de los juicios de amparo; no obstante, en 2011 surgieron dos reformas constitucionales importantísimas. Una en materia de derechos humanos y otra que transformó por completo el juicio de amparo. Así, conforme a aquellas reformas, la Suprema Corte ha interpretado que existen ciertos derechos de naturaleza colectiva (como lo son el derecho a la educación, al medio ambiente sano o la salud) en los que debe modularse el “principio de relatividad”, toda vez que ese tipo de derechos colectivos tienden a beneficiar, como su nombre lo dice, a la colectividad y no solo a una persona en particular.
No obstante, la regla general en la práctica es que las suspensiones no suelen tener efectos generales. De hecho, son contados los casos en los que esto ha ocurrido. Tal es el caso de los amparos relativos al sector eléctrico (Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de la República) en donde se involucraban el derecho al medio ambiente sano, así como los de libre competencia y concurrencia. Esto es lo que al gobierno en turno le ha molestado, por lo que la reforma del senador Monreal pretende añadir un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo que sostiene que no podrán concederse suspensiones con efectos generales. Asimismo, se elimina el último párrafo de artículo 129, lo que implica que los jueces, bajo ninguna circunstancia, podrán conceder la suspensión en los supuestos expresos que el legislador considere. Es decir, le quita al juez su facultad de analizar el caso, argumentar y defender provisionalmente un derecho al ordenar que la autoridad paralice su actuación.
Las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y amparo fueron en beneficio del país y de la ciudadanía, pues -como ya se dijo- abren la puerta para que todos podamos, ya sea en lo individual o colectivo, acudir al juicio de amparo cuando consideremos que la autoridad transgrede nuestros derechos. Esas reformas son una apertura a las puertas de la justicia para protegernos de las arbitrariedades que pudieran cometer las autoridades, sobre todo en derechos de naturaleza colectiva como lo son la salud, la educación y el medio ambiente.
Asimismo, la reforma de derechos humanos indica y obliga a todas las autoridades, incluidas desde luego el Poder Legislativo, que toda reforma a cualquier ley debe ser progresiva, lo que quiere decir que no deben restringirse derechos, sino aumentarse para beneficio de la población. Sin embargo, la reforma de MORENA no es progresiva, sino regresiva, pues pretende, por un lado, eliminar que los jueces puedan analizar y argumentar el poder concedernos una suspensión, y por otro, que cuando el amparo sea contra una norma general, la suspensión no pueda tener efectos generales.
Esto es peligroso y regresivo de nuestros derechos, pues en caso de querer promover un amparo contra una norma general por considerar que ésta vulnera algún derecho humano colectivo como lo son la salud, ambiente, educación u otros, el juez ya no podría conceder la suspensión.
El juicio de amparo es perfectible. Tiene muchísimas áreas de oportunidad. Por eso, las propuestas de reforma por parte del Legislativo deben ser garantistas y progresivas, no regresivas y autoritarias para cerrarnos las puertas la justicia y la protección de nuestros derechos fundamentales.
* Óscar Leonardo Ríos García es abogado constitucionalista. Ha laborado en juzgados y tribunales federales, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Lo que los abogados decimos como: “el juicio ya no tiene materia”.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Amparo en revisión 59/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

La suspensión en el juicio de amparo. Explicación para personas no abogadas sobre la reforma de Morena a la Ley de Amparo

La suspensión en el juicio de amparo. Explicación para personas no abogadas

Esta semana se presentó el proyecto “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”, de Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, que fue coordinado por Itzel Soto y cuya metodología fue diseñada por Sandra Ley y Amalia Pulido. En la metodología, se describe “una visión amplia de la violencia que ejerce el crimen organizado en el ámbito de la política y la administración pública, más allá de su temporalidad y o relación con los procesos electorales en curso”.
Resalta la definición propuesta de violencia político-criminal, entendida como los actos de violencia letal y no letal, cometida por organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos. Esta visión, dicen las investigadoras, reemplazó a la original, definida como violencia-criminal-electoral.
Según el proyecto, de 2018 a abril de 2024 se habían registrado 1777 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en contra de personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o de partidos políticos por parte de grupos de la delincuencia organizada, que ocurren antes, durante y después de procesos electorales.
En Guanajuato se registró 1 de cada 10 incidentes de violencia político-criminal documentados en el proyecto. La entidad ha tenido 176 víctimas en el periodo reportado (2018-2024), incluidas las fuerzas de seguridad fuera de combate.
Figura 1. Incidentes de violencia político-electoral en Guanajuato. 
<figure id="attachment_1390930" aria-describedby="caption-attachment-1390930" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1390930" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-incidentes.jpg" alt="Gráfica con los incidentes de violencia político-electoral en Guanajuato. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-incidentes.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-incidentes-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-incidentes-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-incidentes-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1390930" class="wp-caption-text">Fuente: Votar entre balas, 2024</figcaption></figure>
Según este proyecto, Guanajuato es la segunda entidad con el mayor número de ataques, sólo precedido por Guerrero que encabeza el listado nacional. Ya Manu Ureste ha presentado un reportaje que da cuenta de cómo la gobernanza criminal ha tomado a esta entidad (ver <a href="https://animalpolitico.com/seguridad/guerrero-violencia-electoral-narco-votar-entre-balas" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>) pero en el de Guanajuato no hay un esfuerzo que profundice en la realidad estatal y municipal.
Figura 2. Entidades federativas con mayor número de incidentes
<figure id="attachment_1390932" aria-describedby="caption-attachment-1390932" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1390932" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-entidades.jpg" alt="Gráfica con las entidades federativas con mayor número de incidentes. " width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-entidades.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-entidades-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-entidades-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-entidades-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1390932" class="wp-caption-text">Fuente: Votar entre balas, 2024.</figcaption></figure>
Si bien se ha visibilizado el asesinato de policías en Guanajuato, especialmente los de policías municipales, según el proyecto, estos son sólo una dimensión de un problema más amplio en la entidad, que tiene 70 asesinatos de fuerzas de seguridad fuera de combate, 11 asesinatos de personas candidatas y 22 de funcionarias y funcionarios.
Al tener un enfoque municipal (76 % de las víctimas ocupaban o competían por puestos de elección popular a nivel municipal), el proyecto resalta el papel que ocupa Celaya en la entidad federativa. El dato es relevante no sólo en términos del ya mencionado asesinato a policías, sino en el contexto en el cual se registró el asesinato de Gisela Gaytán en San Miguel Octopan, Celaya, el 01 de abril.
Figura 3. Mapa de Guanajuato en el que se muestran los municipios con mayor número de incidentes
<figure id="attachment_1390933" aria-describedby="caption-attachment-1390933" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1390933" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-mapa.jpg" alt="Mapa de Guanajuato en el que se muestran los municipios con mayor número de incidentes." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-mapa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-mapa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-mapa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/votar-entre-balas-guanajuato-mapa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1390933" class="wp-caption-text">Fuente: Votar entre balas, 2024.</figcaption></figure>
En conclusión, esta investigación ofrece información importante para conocer qué está sucediendo en Guanajuato, lo que podría establecer medidas preventivas y reactivas frente a posibles riesgos para las personas candidatas. Además, evidencia cómo la crisis de violencia ha impactado el proceso electoral, y la ya cada vez más avanzada gobernanza criminal en la entidad, que como ha explicado la propia Sandra Ley, implica la inserción de los grupos criminales en gobiernos municipales, incluyendo el control de la policía, puestos de administración local que va desde las finanzas al catastro o las obras públicas. Todo con la regulación de actividades económicas clave y ciertos procesos políticos locales.
Una pregunta me ronda como conclusión: ¿cuál es la situación de las y los periodistas que cubrieron estos eventos? ¿Qué pasa -por ejemplo- en Celaya, con las condiciones de riesgo de las y los periodistas como fuente de información?
La investigación puede consultarse <a href="https://votar-entre-balas.datacivica.org/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Votar entre balas en Guanajuato

La desaparición o permanencia de la prisión preventiva oficiosa es un tema que se está discutiendo en el ámbito jurídico y político del país, que resulta de interés para todas las personas sin importar si están o no en contacto con el sistema penal.
Pero previo a entender la discusión, lo primero que debe dejarse en claro es que no debemos desviar la atención a un espacio que no le corresponde. Es decir, la prisión preventiva oficiosa no debe discutirse en el ámbito político si no se comprende que su naturaleza y consecuencias son jurídicas, específicamente en materia de derechos humanos.
La prisión preventiva es una medida cautelar, podríamos considerarla una especie de seguro que garantiza que una persona que esté en un proceso penal irá a sus audiencias, no agredirá o amenazará a las presuntas víctimas o testigos y no va a interponerse en la investigación que realice el Ministerio Público. A esto último se le llama “ejes de cautela” o “riesgos procesales”, que necesariamente deben ser justificados por el ministerio público para que un juez determine la imposición de las medidas cautelares.
Sin embargo, además de la prisión preventiva, existen otras trece medidas estipuladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que van desde ir a firmar periódicamente al juzgado hasta la prisión domiciliaria. Sin querer obviar, la prisión preventiva es la más grave de todas, porque a diferencia del resto, implica el ingreso a un centro penitenciario donde se estará bajo las mismas condiciones que una persona que ha sido declarada culpable de un delito, con la única diferencia que deberán existir espacios diferentes entre la persona en proceso y éstos últimos.
En México y de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución, cuando una persona se le sujeta a proceso por ciertos delitos, las personas juzgadoras están obligadas a imponer la prisión preventiva sin analizar los “ejes de cautela” y a esto le llamamos prisión preventiva oficiosa. El supuesto se encuentra específicamente en el segundo párrafo del artículo 19 y sólo basta que el Ministerio Público acuse a la persona de estar cometiendo uno de los delitos que se encuentre ahí enunciado para privarla de su libertad e ingresarla a un centro penitenciario aún y cuando, se supone, es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional encargado de velar por la protección de derechos humanos y al cual nos comprometimos respetar y aceptar sus resoluciones, condenó a México dos veces por el uso de la prisión preventiva oficiosa, en los casos <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tzompaxtle Tecpile</a> y otros, y <a href="https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_482_esp.pdf" target="_blank" rel="noopener">García Rodríguez y otro</a>.
Este tribunal determinó, como ya lo había hecho anteriormente con otros casos que ha resuelto, que someter a una persona a prisión preventiva sin justificar las razones resultaba arbitrario e incompatible con los derechos humanos, especialmente con el de presunción de inocencia. Además, resolvió que México debía modificar sus leyes para desaparecer o modificar los artículos que prevén esta situación.
Esto es lo que ha desencadenado el debate en el espacio público y ante esto, las siguientes preguntas son:
1. ¿Qué es lo grave de la prisión preventiva oficiosa?
Lo peligroso de la prisión preventiva oficiosa es que no realiza distinciones. Es un arma en manos del Estado que priva de la libertad a una persona que se debería presumir inocente sin que se pueda analizar las situaciones particulares de cada caso.
No importa el contexto en el que la persona se desenvuelva, la pertenencia a un grupo en situación de vulnerabilidad o incluso la posibilidad de comprobar que irá a las audiencias. Si el Ministerio Público te lleva a proceso por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, el destino que le espera es el ingreso a un centro penitenciario sin que exista realmente un debate.
2. ¿Qué sucedería en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe sus proyectos, realmente saldrían todas las personas en libertad?
La respuesta directa es: No. El <a href="http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/publico/proyecto/AR284_2022.PLProyectoVP.docx" target="_blank" rel="noopener">proyecto público</a> al que se tiene acceso, establece que las y los jueces deben inaplicar la prisión preventiva oficiosa, por lo que ahora el ministerio público deberá justificar una nueva medida cautelar de entre las catorce disponibles, pudiendo elegir incluso la prisión preventiva pero ahora justificada, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Esto significa que ahora la fiscalía deberá debatir caso por caso y sólo en aquellos donde la persona juzgadora considere justificado, se le podrá privar de la libertad a una persona. En otras palabras, la fiscalía tendrá que ofrecer pruebas y argumentar, lo que forma parte de sus actividades diarias de trabajo. 
Gracias a los proyectos sí podrían salir en libertad algunas personas, pero siempre que no se justifique que sigan privadas de la libertad debido a que, después de ser analizado por una persona juzgadora, no se cuenten con pruebas que permitan disminuir y desaparecer los ejes de cautela.
Esto es lo que busca el Instituto Federal de Defensoría Pública: verificar que todas las personas tengan derecho a ser oídas en juicio y que se les dé la oportunidad de exponer y demostrar que se comprometen a acudir a las audiencias.
La principal preocupación es que tengan un proceso justo o incluso que les permitan vivir una vida normal hasta en tanto no les declaren culpables.
Desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, la Defensoría Pública Federal ha promovido 1,967 solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, obteniendo 489 resultados favorables, 819 desfavorables y el restante siguen pendiente de resolución.
Sólo para visibilizar lo grave de la situación: eso significa que 489 personas se encontraban privadas de su libertad hasta que un juez decidió que no existían pruebas para justificar esa medida. A su vez, demuestra que la revisión de la medida cautelar tampoco implica una libertad automática, ya que el juez tendrá la última palabra para decidir si se prolonga o se modifica la prisión preventiva.
Empezamos diciendo que este debate es importante para todas las personas sin importar si está en contacto con el sistema penal o no, porque de la experiencia hemos podido constatar historias de personas que nunca pensaron encontrarse acusadas por un delito y mucho menos internas en un centro penitenciario sin una sentencia que les declare culpable. Esta situación no nos debe ser ajena porque si llegáramos a enfrentarnos a un proceso, abogaríamos por nuestro derecho a ser oídos.

Prisión preventiva oficiosa, un análisis necesario

Reservar el agua y la vida en la Sierra Gorda frente a los desafíos climáticos y humanos

“Nuestras vidas comienzan a llegar a su fin el día que dejamos de hablar sobre las cosas que importan”.
Dr. Martin Luther King, Jr., defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz
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A menos de ocho semanas del cierre de las campañas políticas en nuestro país, es evidente la creciente erosión del tejido social. Esta situación se agrava por la insuficiencia de medidas para combatir la inseguridad y la violencia, así como para reafirmar el cumplimiento de la ley.
A medida que se acerca la fecha en que los mexicanos ejerceremos nuestro derecho al voto, un sentimiento de desilusión se extiende, dado que los ciudadanos se sienten abrumados por las promesas vacías y las ofertas políticas que caracterizan a toda campaña electoral.
Esta desilusión se profundiza por la difusión de las campañas en las redes sociales, donde predominan las descalificaciones impulsadas por intereses partidistas, y se descuida la presentación de propuestas sólidas y proyecciones económicas realistas. En su lugar, se nos ofrece información superficial, que no aborda los problemas actuales de manera sustancial.
La falta de alineación entre la inteligencia, la previsión y la voluntad de la clase política con las demandas de la sociedad es palpable. Los ciudadanos exigen diálogo y, sobre todo, respuestas concretas sobre cómo se abordarán los problemas de manera efectiva y sostenible.
En el ámbito político, la sobresaturación informativa en los medios complica la comprensión de los problemas y las posibles soluciones en la agenda pública. Se mantiene una postura complaciente que no aporta soluciones concretas.
No obstante, la ciudadanía sigue activa en la vida política, interesada en las políticas públicas y propuestas que se presenten en el contexto electoral actual.
Ante este panorama, es fundamental que tanto la sociedad como los gobiernos adopten una actitud proactiva para enfrentar desafíos como la inseguridad, el restablecimiento del estado de derecho, la recuperación de territorios ocupados por cárteles y la búsqueda de financiamiento para sostener las políticas sociales y promover el crecimiento económico del país.
Es crucial que se aborden estos temas con propuestas serias y responsables, que busquen mejorar la calidad de vida y avanzar hacia un futuro más próspero y justo.
Más allá de la inmediatez de la elección, estos y otros temas serán el desafío de las futuras administraciones. Es esencial que se adopten estrategias integrales y acciones decididas para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro más prometedor para los individuos, las familias y el país.
Esto requiere una visión de futuro que trascienda los objetivos de corto plazo y se enfoque en el bien común a largo plazo, con políticas de Estado que aborden temas como la educación, la salud, la desigualdad económica y la seguridad.
* Elio Villaseñor Gómez es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a> (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@Iniciativa_pcd</a>).

La agenda pública y los desafíos de la nueva administración

Hacer énfasis en la raíz de los problemas de salud es abrir la puerta a pensar más allá de lo que estamos acostumbrados, es replantear una visión lateral con perspectiva sistémica que no ponga todos los recursos exclusivamente en los servicios de atención médica curativa.
La salutogénesis puede sonar un concepto raro a la hora de mencionarse, pero resulta ser más intuitivo de lo que parece y de suma importancia de su inmersión en la salud pública. Se trata de un modelo que hace énfasis en que el individuo encuentre el origen de la salud y el bienestar en sí mismo. Con ella expone y demuestra que el punto de inflexión en la salud de las personas está en su capacidad de construir experiencias coherentes y satisfactorias en su vida. En pocas palabras, la propuesta se centra en que los sistemas públicos se involucren en la prevalencia de la salud como un hábito, no como una consecuencia de la enfermedad.
BJ Fogg, científico conductual de Stanford University y autor de Tiny Habits, explica que cada vez que tu contexto o entorno cambia, tus hábitos cambian de manera natural. «Así que este es un buen momento para pensar un poco en diseñar los hábitos que deseas», dice. Un enfoque desde la acción individual, según Fogg, es comenzar con una acción pequeña y fácil, por ejemplo, si quieres caminar más, primero establece una intención más pequeña de ponerte los zapatos para caminar cuando termines la cena (pero no necesariamente te comprometas a dar un paseo). «Elige un desencadenante o un ancla para tu nueva práctica»; después, determina dónde puedes incluir tu hábito en tu rutina actual y combínalo con algo que ya haces.
Por otro lado, una política pública orientada a incorporar nuevos comportamientos sería, por ejemplo, el diseñar espacios para que naturalmente el entorno invite a la población a caminar. Desde el punto central de la salutogénesis, en este ejemplo se busca que el entorno urbano motive comportamientos para la prevalencia de la salud. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran la caminabilidad como la idea de cuantificar la seguridad y conveniencia de las rutas para caminar. 1 Esta conceptualización deriva de la evidencia de que caminar puede estimular el metabolismo y mejorar la salud mental. Así, en las últimas décadas diversas investigaciones se han centrado en la caminabilidad como un indicador de bienestar urbano intrínsecamente relacionado con la salud pública, demostrando que la caminabilidad se asocia a la reducción de las tasas de obesidad, diabetes 2 y otras enfermedades crónicas (Lee y Buchner, 2008). Una visión nada despreciable en nuestro contexto, puesto que en México se estima que más del 70 % de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, además de un 49.2 % hipertensión y el 14 % diabetes. Por este motivo fomentar la salutogénesis en la salud como un hábito de vida en los mexicanos podría marcar la diferencia.
Crear nuevos hábitos incorpora elementos personales, pero también elementos del ambientales, del entorno pues. En un estudio publicado en Management Science, Milkman y colaboradores describieron diversas maneras para cambiar hábitos; una de ellas es modificar tu entorno para hacer ciertas tareas más difíciles o fáciles de hacer. Por ejemplo, si sueles comer bocadillos con regularidad, por ejemplo, mueve las frituras o galletas a un lugar difícil de alcanzar, luego, pon las opciones saludables en primer plano. El caso parece absurdo, pero ha sido el mayor de los casos de éxito para promover los problemas relacionados con las altas ingestas de alimentos ultraprocesados y que ahora conocemos como ambiente obesogénico.
El ambiente obesogénico es la suma de influencias que el entorno, las oportunidades o las condiciones de vida tienen en el fomento de la obesidad en individuos o poblaciones. ¿Has observado cómo en los supermercados o tiendas de conveniencia los productos ultraprocesados son más llamativos y se encuentran en los aparadores más cercanos a las cajas de cobro mientras que los alimentos de mayor calidad nutricional se encuentran más alejados y son menos promocionados o de diseño menos llamativo? Este es un caso de como el entorno motiva comportamientos individuales y colectivos.
La visión salutogénica de la salud pública se centra en monitorear y evaluar comportamientos de riesgo de manera sistémica, incorporando factores individuales, colectivos y del entorno para el impulso de políticas públicas que favorezcan el mantenimiento de la salud y no solo tratar de recuperar la salud pérdida como el modelo biomédico en el que se ha centrado la atención en las últimas décadas.
Los nuevos hábitos se forman más rápidamente si el individuo se siente bien con respecto a ellos y si el entorno motiva que los nuevos hábitos sean fáciles de mantener. La invitación es esa, que la salud pública implemente la salutogénesis como creador y administrador de hábitos saludables para la reducción de los problemas que aquejan a México por medio de estrategias sistémicas, de visión lateral y con herramientas psicológicas comprobables.
* Raquel Bernadet Rodríguez Ávila, originaria del estado de Chihuahua y con 20 años de edad, actualmente es parte de la comunidad universitaria en la licenciatura de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Enfoca su estudio en la ciencia humanista desde el comportamiento humano individual hasta sus relaciones sociales. Sergio Andrade-Ochoa (<a href="https://twitter.com/Rat_Inside" target="_blank" rel="noopener">@rat_inside</a>) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Líder de proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría del Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.
Referencias:
Berthoud, H. R. (2012). The neurobiology of food intake in an obesogenic environment. Proceedings of the Nutrition Society, 71(4), 478-487.
Lee, S. M., Conway, T. L., Frank, L. D., Saelens, B. E., Cain, K. L., y Sallis, J. F. (2017). The relation of perceived and objective environment attributes to neighborhood satisfaction. Environment and Behavior, 49(2), 136- 160.
Lindström, B., &amp; Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. Journal of Epidemiology &amp; Community Health, 59(6), 440-442.
Milkman, K. L., Minson, J. A., &amp; Volpp, K. G. (2014). Holding the hunger games hostage at the gym: An evaluation of temptation bundling. Management science, 60(2), 283-299.
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1 Smith, L. (2015). Walkability Audit Tool. Workplace Health &amp; Safety, 63(9), 420-420.
2 Pucher, J., Buehler, R., Bassett, D. R., y Dannenberg, A. L. (2010). Walking and cycling to health: a comparative analysis of city, state, and international data. American Journal of Public Health, 100(10), 1986-1992

Incorporemos la salutogénesis en la salud pública

De acuerdo con el último reporte de <a href="https://laboratorioelectoral.mx/leerdocumento/Violencia_electoral_proceso_2023_2024_Segundo_reporte_PRELIMINAR" target="_blank" rel="noopener">Laboratorio Electoral</a>, en lo que va del actual proceso electoral han sido asesinadas 51 personas candidatas o aspirantes a un puesto popular. A esto hay que sumar los <a href="http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">más de 80 asesinatos</a> y cientos de otros delitos que se registran diariamente en todo el territorio nacional. Lo cual apunta que este será una de las elecciones más violentas de la historia de México. Situación que pone en riesgo a la democracia y la seguridad de las y los ciudadanos.
La democracia supone una serie de precondiciones para que pueda llevarse a cabo y consolidarse no solo como una forma de gobierno (democracia procedimental), sino también como una forma de convivencia social (democracia sustantiva). Estas precondiciones consisten en la garantía de un conjunto de libertades y derechos políticos, económicos y sociales que el Estado está obligado a brindar. Sin embargo, la falta de seguridad y un ambiente de violencia hacen imposible que algún derecho o libertad pueda concretarse. En otras palabras, sin seguridad no hay democracia.
Existen varias razones que sustenta dicha aseveración y también una serie de posibles consecuencias que a la larga podrían significar un irreversible retroceso democrático para nuestro país. Algunas de ellas son las siguientes:
Razón: la democracia es incompatible con la violencia ya que uno de sus principios democráticos básicos es la competencia, acceso y transferencia pacífica del poder político por medio de elecciones periódicas, libres y competitivas.
Consecuencia: los atentados y agresiones a las personas que aspiran a un cargo público y a la ciudadanía en general representan una trasgresión a dicho principio democrático. Además, la violencia reiterada puede provocar que las elecciones queden relegadas como el principal mecanismo para conformar los órganos de representación y ser sustituidas por otras formas de acceso al poder y otros actores, algunos incluso ilegales e ilícitos.
Razón: erosión de la representatividad y legitimidad de las autoridades e instituciones públicas, porque la ausencia de seguridad desincentiva la inclusión y participación de la ciudadanía, tanto en su derecho al sufragio (pasivo y activo) como a ser partícipes de otras formas de expresión de su voluntad y soberanía.
Consecuencia: además de contravenir los derechos fundamentales de a votar y ser votado y el derecho a participar en la conformación de los órganos de gobierno (<a href="https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf" target="_blank" rel="noopener">artículos 35, 39 y 40, CEUM),</a> podrían surgir gobiernos menos representativos, respaldados por un porcentaje cada vez menor de la población y que respondan a intereses totalmente ajenos al bien común, entre ellos a la delincuencia organizada.
Razón: queda exhibida la debilidad y la incapacidad de las instituciones del Estado de todos lo niveles de gobierno para brindar seguridad y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas.
Consecuencia: una sensación de insatisfacción puede provocar un posterior declive de confianza ciudadana hacia los gobiernos emanados democráticamente.  De acuerdo con el <a href="https://www.latinobarometro.org/lat.jsp" target="_blank" rel="noopener">Latinobarómetro 2023</a> en México solo el 35 % de la población dijo estar satisfecho con la democracia, frente a un 56 % que mencionaron que nos les importa que un gobierno no democrático acceda al poder mientras dé solución a los problemas. Este escenario llevaría al surgimiento y apoyo de regímenes abiertamente autoritarios.
En resumen, la democracia en su visión procedimental y sustantiva exige que exista seguridad como condición mínima para que los procesos de competencia y distribución del poder político, así como la pluralidad de relaciones entre gobernantes-gobernados y entre sí mismos, se lleven a cabo y desarrollen en un ambiente de paz que garantice el ejercicio y progresividad de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas. En pocas palabras: si hay seguridad hay libertades y derechos, si hay libertades y derechos hay democracia.
En ese tenor resulta indispensable exigir, por un lado, a las autoridades públicas en turno que ofrezcan soluciones concretas y adecuadas para que las elecciones se pueden llevar a cabo con certeza, tranquilad y paz. Y por otro lado, a las y los candidatos que aspiran a representarnos, que presenten propuestas para combatir la violencia a corto, mediano y largo plazo, desde un enfoque que garantice y proteja los derechos de las personas. Porque solo con seguridad y paz será posible construir una verdadera democracia.
* Sergio Martínez Martínez es investigador del área de Democracia y Participación Ciudadana de INCIDE Social, A. C.

Sin seguridad no hay democracia

El compromiso por garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ha avanzado de una forma u otra en México, principalmente se ha logrado a nivel federal y estatal, gracias a las múltiples exigencias y reclamos desde distintos sectores. Pero a nivel municipal aún existen restos considerables en el tema: desde la inexistencia de los Sistemas Integrales de Protección Municipal, el nulo conocimiento sobre derechos de niñas, niños y adolescentes por parte de los funcionarios públicos municipales, las limitantes presupuestales y hasta falta de voluntad política.
Pese a que la reforma de derechos humanos en 2011 estableció claramente la obligación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en pleno 2024 esta realidad aún no es una experiencia común para todos. Muchos siguen viviendo en condiciones de pobreza, sin acceso adecuado a servicios de salud, y lamentablemente, son víctimas de delitos como la trata de personas;  ejemplos que ilustran un entorno que permite la vulneración de sus derechos.
Por ello, es necesario entender y reconocer que los municipios juegan un papel fundamental en este proceso. De hecho, los municipios representan el primer y último escalón para garantizar los derechos de este sector de la población. Los municipios son la instancia de gobierno más cercana a ellas y ellos y, por ende, tienen un conocimiento directo de las necesidades y contextos locales. Esta cercanía les otorga una posición clave para identificar y abordar las problemáticas específicas que enfrenta la niñez y adolescencia en sus comunidades, a través de las facultades, atribuciones y recursos con que cuentan para implementar políticas y programas que promuevan y protejan sus derechos.
No obstante, a pesar de este potencial, muchos municipios no han logrado materializar efectivamente los mecanismos que permitan cumplir con sus obligaciones en este ámbito. Uno de los principales desafíos radica en la falta de conocimiento, voluntad política y compromiso por parte de las autoridades municipales. En muchos casos, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes no se considera una prioridad en la agenda política local, lo que se refleja en la ausencia de acciones concretas para su promoción y garantía.
Otro reto es la falta de recursos humanos y financieros suficientes para brindar una protección integral a este sector de la población. La realidad es que muchos municipios enfrentan limitaciones presupuestarias que dificultan la implementación de políticas y programas orientados a la niñez y la adolescencia, más allá de los apoyos enfocados al tema educativo. Asimismo, la falta de personal capacitado y especializado en temas de niñez y adolescencia dificulta el brindar una adecuada atención a las necesidades y problemáticas que ellas y ellos experimentan.
A esto, hay que sumar la falta de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno y las instituciones involucradas en la protección de derechos de la niñez. La descentralización de responsabilidades tiende a generar confusiones y duplicidad de esfuerzos, dificultando la eficacia de las políticas y programas implementados. Es fundamental establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan una acción conjunta y coherente en beneficio de este sector de la población.
Resulta prioritario que las próximas presidencias municipales asuman esta responsabilidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Necesitan contar con una instancia especializada que coordine y supervise las acciones de protección dirigidas a este sector. Y dicha instancia deberá conformarse por personal capacitado y contar con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.
Asimismo, las presidencias municipales deben contemplar, dentro de sus programas de gobierno, acciones enfocadas en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y asignarles recursos suficientes. Esto incluye no solo la inversión en programas y servicios educativos (que son los más comunes), sino también en la suficiencia de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para poder proporcionar el abanico de servicios integrales, que, por Ley, deben brindar los municipios.
En suma, es necesario que las presidencias municipales promuevan la escucha activa en la identificación y abordaje de las problemáticas que les afectan. La participación de niñas y niños es un elemento clave para el diseño e implementación de políticas públicas y programas de gobierno que respondan efectivamente a sus necesidades y demandas.
Desde Save the Children, presentamos <a href="https://apoyo.savethechildren.mx/vota2024" target="_blank" rel="noopener">“Visión 2030. Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en un Proyecto de Nación”</a>; una propuesta con 14 prioridades estratégicas para mejorar la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todos los niveles de gobierno. Esta agenda constituye una guía para que quienes aspiran a un cargo de elección popular, cuenten con elementos que les permita incluir acciones concretas para la niñez y adolescencia en sus propuestas y planes de gobierno para que México sea, desde sus comunidades, un gran país para las niñas, niños y adolescentes.
* Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política de Save the Children México (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>).

Municipios: el primer y último escalón para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes

El pasado viernes 39,724 ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero empezaron a recibir notificaciones del INE, en las que se informaba que su estatus en la lista nominal de electores había cambiado y ahora era improcedente. Esos casi 40 mil ciudadanos representan el 18 % de quienes se habían inscrito. No es un universo menor. Por supuesto se agradece cualquier ejercicio que abone a la certeza y solidez del padrón, pero parece un poco exagerado asumir que el 18 % de los registros tiene alguna irregularidad seria.
Veamos. El INE determinó hacer una revisión exhaustiva de una muestra de 42,436 registros y el resultado es que se encontraron anomalías en 39,724, es decir en el 93,6 % de la muestra. Otra vez, la duda es qué hubiera pasado si el tamaño de la muestra se incrementara. No pareciera que estemos ante universos convencionales de una revisión registral, más bien da la impresión de que algunos criterios de revisión se endurecieron. Una regla de oro en cualquier depuración es sólo dar de baja a aquel del que se tiene certeza incumple requisitos, en este caso pareciera que ante la duda se optó por la cancelación del derecho.
A muchos de esos casi 40 mil ciudadanos el propio INE les había informado en febrero que su trámite había sido exitoso, comunicación incorrecta porque, en efecto, todavía había que hacer una revisión. Pero el cambio de estatus que al principio era improcedente a secas, afortunadamente ahora se ha modificado, y se han abierto vías para subsanar errores. Es decir, dentro de los 39 mil registros revisados debe haber un conjunto muy importante de solicitudes que sean fácilmente subsanables y otro universo de registro realizados claramente con dolo.
Llama la atención también el perfil de los registros emproblemados: se trata de credenciales tramitadas mayoritariamente en territorio nacional, y por el volumen de quejas y casos expuestos en redes sociales, se trata básicamente de jóvenes estudiantes e incluso miembros del cuerpo diplomático. Esto quiere decir que son fundamentalmente ciudadanos en tránsito, no necesariamente residentes, que piensan retornar al país, y por tanto no optaron por tramitar su credencial en el extranjero.
El haber ampliado el plazo para subsanar errores hasta el 5 de mayo es un acierto del INE, pues seguramente habrá muchos casos que en efecto puedan recuperar su condición de registros procedentes. Sin embargo, difícilmente se logrará recuperar al 100 % el universo original. Ojalá que el acto de molestia generado hacía algunos de nuestros connacionales que viven en el extranjero se pueda resarcir y pronto tengamos buenas noticias respecto de la evolución del listado nominal para votar fuera de México.
Por último, me parecer que hay que aislar la posible impericia que llevó a cambiar el estatus de casi 40 mil ciudadanos, de los estándares de calidad del padrón electoral en su conjunto. En estos días el INE tiene que aprobar el padrón electoral y es deseable que el incidente del listado en el extranjero no contamine el debate. Pronto tendremos las cifras de la verificación nacional muestral, que como siempre, espero nos confirmen la solvencia de nuestro padrón.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Voto en el extranjero: listado que aclarar

Los primeros años de vida <a href="https://www.who.int/social_determinants/publications/early_child_dev_ecdkn_es.pdf" target="_blank" rel="noopener">son fundamentales para el logro de resultados positivos en todas las esferas del desarrollo humano incluyendo la salud</a>. El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) define a la primera infancia o desarrollo infantil temprano (DIT) como el periodo comprendido desde la gestación y hasta los ocho años, con especial importancia los primeros tres a cuatro años de edad, donde el desarrollo físico, socioemocional, cognitivo y motor presentan cambios significativos y determinantes para etapas posteriores de la vida. Sin embargo, la prevalencia mundial de problemas relacionados con la salud, la alimentación y la nutrición, en este periodo de desarrollo, es elevada.
En las últimas décadas, la mayor parte de los países incluido México, han experimentado importantes transiciones epidemiológicas y nutricionales. Estas se caracterizan, en un extremo, por un rápido aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas a un exceso en la ingesta de alimentos ricos en energía y pobres en valor nutricional y, en el otro, por la presencia de desnutrición en sus diferentes formas (desmedro, emaciación, anemia) asociadas a un déficit en la ingesta de macro y micro nutrimentos que, a su vez, incrementan la presencia y duración de enfermedades infecciosas.
Según el último Informe de la Nutrición Mundial, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> la carga de malnutrición afecta a la mayor parte de la población en alguna etapa de la vida; por ejemplo, se estima que 14.6 % de recién nacidos presentan bajo peso al nacer (20.5 millones); alrededor del 20 % de la población mundial de niños menores de cinco años (149 millones) sufre retraso en el crecimiento (desmedro) y 6.7 % de niños en el mismo grupo de edad (45.4 millones) sufre emaciación.
En el otro extremo, el que se relaciona con excesos en el consumo de alimentos con bajo valor nutricional y alto valor calórico, en el mismo grupo etario, 38.9 millones sufren de sobrepeso (5.9 %). Es decir, en el mundo, <a href="https://globalnutritionreport.org/documents/780/2021_Global_Nutrition_Report_Executive_Summary_Spanish.pdf" target="_blank" rel="noopener">más de 253 millones de niños en edad preescolar presenta algún padecimiento relacionado con el déficit o exceso en la ingesta de alimentos.</a>
En relación con el déficit de micronutrientes, estimaciones recientes indican que<a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anaemia" target="_blank" rel="noopener"> la deficiencia de hierro es la más común y afecta a 500 millones de mujeres de 15 a 49 años y 269 millones de niños y niñas menores de 5 años</a> (40 % de la población en este grupo etario). Se calcula que entre 250-500 millones de niños y niñas padecen ceguera debido a la deficiencia de vitamina A. En países de bajos ingresos esta deficiencia es frecuente en el embarazo con una prevalencia de 10% a 20%. Mundialmente, se estima que dos billones de personas tienen una ingesta inadecuada de yodo, de los cuales, 241 millones son niños en edad escolar; asimismo 17.3% de la población presenta un déficit en la ingesta de zinc. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
En México, la <a href="https://doi.org/10.21149/14799" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022</a> reportó que la prevalencia de malnutrición en niños y niñas menores de cinco años por bajo peso se ubicó en 4.1 %, baja talla 12.8 %, emaciación 1.9 % y sobrepeso y obesidad <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">3</a> 7.7 %. Asimismo, la prevalencia de anemia, con base en datos de la ENSANUT 2018-19, 4 fue de 32.5 % en este mismo grupo de edad. Las cifras anteriores indican que México tiene una triple carga de malnutrición en la primera infancia.
Con relación a las prácticas de alimentación en la primera infancia, estimaciones recientes indican que<a href="https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00163-2" target="_blank" rel="noopener"> las tendencias de lactancia materna exclusiva, en países de altos-medios, medios-bajos y bajos ingresos, se ubican 37 %, 46.7 % y 51.2 % respectivamente</a>. En México,<a href="https://doi.org/10.21149/14805" target="_blank" rel="noopener"> la prevalencia de lactancia materna exclusiva se sitúa en 33.6 %</a>, según Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021 y 2022. Lo anterior se relaciona estrechamente con inadecuadas prácticas de alimentación complementaria. En este sentido, un estudio de White y colaboradores indican que <a href="https://doi.org/10.1111/mcn.12505" target="_blank" rel="noopener">el 48 % de niños y niñas de entre cuatro y cinco meses de edad, en la región de América Latina y el Caribe, reciben alimentos diferentes a la leche materna</a>.
Finalmente, en México con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, el 19.3% de los niños y niñas de 20 a 59 meses no lograron unan un desarrollo adecuado. 5 Se observan diferencias en el desarrollo entre niñas y niños que tiene dificultades en el funcionamiento (35.1 %) versus con las niñas y niños que no las presentan. A nivel localidad, los valores entre el área rural y urbano se observaron muy cercanos (82.1 % y 80.2 %, respectivamente).
Únicamente el 7.1 % de niñas y niños de 0 a 35 meses asiste a algún programa de educación inicial. Con relación a educación preescolar el 37.6 % de niñas y niños de 36 a 59 meses no asisten a la escuela. Además, 7 de cada 10 de niñas y niños tiene menos de 3 libros infantiles en el hogar; para el grupo de 0-35 meses se contabilizan 8 de cada 10 niñas y niños y para el grupo de 48 a 59 meses, 5 de cada 10 niñas y niños. El 40 % de las niñas y niños en estos grupos de edad no cuenta con ningún libro infantil en el hogar. Asimismo, se observó que el 53.8 % de niñas y niños de 1 a 4 años son disciplinados con algún método violento.
<figure id="attachment_1388720" aria-describedby="caption-attachment-1388720" style="width: 1200px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1388720" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/primera-infancia-1.jpg" alt="Niños juegan en un parque." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/primera-infancia-1.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/primera-infancia-1-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/primera-infancia-1-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/primera-infancia-1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1388720" class="wp-caption-text">Foto: Un kilo de ayuda.</figcaption></figure>
En Un Kilo de Ayuda desde hace más de 37 años, hemos hecho de nuestra causa el <a href="https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/14824" target="_blank" rel="noopener">Desarrollo Infantil Temprano en la primera infancia mexicana</a>. En la actualidad operamos en 6 estados de la república: Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Sinaloa y Nuevo León, atendiendo mensualmente a 23 mil niñas y niños menores de cinco años.
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<li>El impacto en las niñas y niños de Un Kilo de Ayuda al egresar del programa tiene una eficacia del 70 %.</li>
<li>7 de cada 10 de los niños y niñas que egresaron del programa, tuvieron un desempeño favorable del estado de nutrición, es decir, mantuvieron un adecuado estado de nutrición o se recuperaron de la desnutrición.</li>
<li>7 de cada 10 niños y niñas que egresaron del programa, se recuperaron de anemia después de recibir tratamiento de hierro y que sus mamás recibieran consejería para mejorar su alimentación.</li>
<li>También, 7 de cada 10 niños y niñas que participan en el programa tienen un adecuado desarrollo infantil en los aspectos motrices, de lenguaje y socioafectivos.</li>
</ul>
Es de suma importancia destacar que aquellos niños y niñas que tuvieron una estimulación suficiente vieron incrementado aún más su desarrollo, lo cual nos recuerda la importancia de la estimulación, el juego y la crianza sensible y cariñosa para lograr la plenitud de capacidades.
A pesar de los avances logrados, la alimentación, la nutrición y las prácticas de crianza en la primera infancia continúan siendo causa y efecto de múltiples problemas de salud que limitan el crecimiento y desarrollo de niñas, niños, adolescentes, personas y de los países, ello impone retos adicionales en la atención, intervención, mitigación y solución de estás problemáticas para cada gobierno.
Existe numerosa evidencia científica sobre la importancia de establecer políticas y programas integrales que incluyan estrategias de nutrición y alimentación, salud y educación, con un enfoque de equidad, participación social y multisectoriales, con especial énfasis en los primeros mil días de vida, 6 etapa donde existen oportunidades únicas para contribuir al óptimo crecimiento y desarrollo de niños y niñas.
Asimismo, es fundamental que el desarrollo infantil temprano, la nutrición, la alimentación y sus determinantes estén presentes en la agenda pública, especialmente por el impacto positivo y los retornos económicos de invertir en este período del ciclo vital y la factibilidad de integrarlo en varios modelos de intervención. Las intervenciones ―y las inversiones― oportunas, ayudan a disminuir los costos económicos que los países enfrentan por enfermedades relacionadas con una mala nutrición.
* Fabián Olvera Flores es Director de Monitoreo, Evaluación e Investigación y Eduardo Thébar Gómez es Gerente de Investigación de Un Kilo de Ayuda <a href="https://www.unkilodeayuda.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">(@unkilodeayuda)</a>, organización mexicana con más de 37 años de experiencia; su causa es el desarrollo de la primera infancia. Buscando el crecimiento óptimo de niñas y niños menores de 5 años, mejorando su desarrollo cognitivo y socioemocional. Visita <a href="https://www.unkilodeayuda.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales:<a href="https://www.facebook.com/UnKilodeAyuda/" target="_blank" rel="noopener"> Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/unkilodeayuda?s=11&amp;t=NR4EVRNB6siVpD9TpsvvOA" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a> e <a href="https://www.instagram.com/unkilodeayuda/?hl=en" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> No se presentan estimaciones para la deficiencia de micronutrimentos.
<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> Bailey L, R., Black , R. E., &amp; West , K. P. (2015). The Epidemiology of Global Micronutrient. Annals of Nutrition &amp; Metabolism, 66(suppl 2), 22-33. doi:10.1159/000371618
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref2" name="_ftn2">3</a> Prevalencia combinada.
4 Shamah-Levy, T., Vielma-Orozco, E., Heredia-Hernández, O., Romero-Martínez, M., Mojica-Cuevas, J., Cuevas-Nasu, L., . . . Rivera-Dommarco, J. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública.
<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref3" name="_ftn3">5</a> Índice de Desarrollo Infantil Temprano 2030.
6 Victora, C. G., Bahl, R., Barros, A. J., França, G. V., Horton, S., Krasevec, J., . . . Lancet Breastfeeding Series Group . (2016). Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 387(10017), 475-490. doi:10.1016/S0140-6736(15)01024-7.

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