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El Comité CEDAW es uno de los diez órganos de los tratados de la ONU que le dan seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades estatales en el marco del combate a la discriminación contra las mujeres. Recientemente, México en su calidad de Estado parte de la Convención, presentó su informe que fue analizado en el 91º periodo de sesiones del Comité. 
En su informe sombra sobre lo presentado por el Estado Mexicano frente al Comité CEDAW en los días pasados, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) se refiere a dos temas importantes de la vida y la libertad de las mujeres en México: la tortura sexual y la protección de las mujeres buscadoras. Sobre el segundo, resalta la descripción que el Centro realiza sobre la situación en la que se encuentran las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos.
El Centro Prodh considera que la situación de las mujeres buscadoras es de un riesgo alto ya que existe una negativa de las autoridades para reconocerlas como personas defensoras de derechos humanos, lo que impide que sigan realizando su labor, en un contexto en el que existen casi 130 mil personas desaparecidas en el país. Cita como un referente internacional la audiencia temática realizada en febrero de 2024 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según los datos presentados ante el Comité CEDAW, de 2010 a la fecha se contabilizan al menos 27 asesinatos de personas buscadoras en México; de ellas, 16 mujeres. Tan solo en lo que va de 2025 se ha registrado el asesinato de dos personas buscadoras. Este riesgo, señala la organización, es represalia por la búsqueda y proviene tanto de actores estatales como no estatales. La recomendación hecha en 2022 por el Comité respecto a tomar acciones para preservar la vida de las mujeres buscadoras a fin de que puedan llevar a cabo sus actividades de búsqueda sigue incumplida, concluye el Centro Prodh.
El Espacio OSC también presentó un <a href="https://espacio.osc.mx/2025/06/19/proteccion-una-asignatura-pendiente-en-mexico-mujeres-periodistas-y-defensoras-exigieron-al-estado-implementacion-real-de-la-cedaw/" target="_blank" rel="noopener">balance</a> sobre el tema y señala una creciente violencia contra mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos: entre 2019 y mayo de 2025 reporta el asesinato de al menos 16 personas buscadoras.
Durante la presentación del Informe, la Directoria General de Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Sayuri Herrera Román, <a href="https://x.com/ray_sandoval/status/1935155669352722433" target="_blank" rel="noopener">señaló</a> que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de Secretaría de Gobernación, ha incorporado a 237 buscadoras y que el 60 % de éstas se concentran en 7 entidades federativas: Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Estado de México y Baja California. Esta es la primera ocasión en la que el Estado Mexicano presenta un indicador sobre la incorporación de personas buscadoras al Mecanismo de Protección, ya que en los informes públicos presentados de manera mensual se refiere a medidas colectivas implementadas a personas defensoras de derechos humanos. Ni siquiera en la audiencia de la CIDH de 2024 mencionada anteriormente hicieron ese balance.
Más allá del dato en sí, lo que es relevante es la necesidad de contar con un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran las mujeres buscadoras en México, tal como lo <a href="https://movndmx.org/wp-content/uploads/2025/03/Informe-del-MNDM-al-CED-27-febrero-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">solicitó</a> el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos durante la visita no oficial de Juan Pablo Albán a México, en marzo de este año. Urge tener el diagnóstico para tomar decisiones de política pública.
Las buscadoras lo necesitan.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

CEDAW y las buscadoras

Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Más allá de los discursos oficiales y las campañas institucionales, esta fecha nos obliga a mirar de frente a quienes han huido de sus países por violencia, pobreza o desastres climáticos y han encontrado en la migración no una solución inmediata, sino otra serie de barreras, abandono institucional y muchas veces, rechazo.
México ha pasado de ser un país de tránsito a un país de destino para miles de personas refugiadas. En 2024, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró más de 80,000 solicitudes de asilo, una cifra que, aunque representa una disminución del 40 % respecto al año anterior, sigue posicionando a México entre los 10 países con mayor número de solicitudes de asilo a nivel mundial. Las principales nacionalidades de origen siguen siendo Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela, cuyos contextos de violencia estructural, crisis económica o inestabilidad política siguen expulsando a sus habitantes.
A pesar de contar con un marco legal sólido y de que la COMAR ha hecho esfuerzos valiosos —como resolver 40 % más solicitudes que en 2023 y mantener una tasa de reconocimiento de personas refugiadas superior al 60 %—, el sistema se encuentra desbordado. Esta sobrecarga no es accidental ni inevitable: es producto de una política migratoria cada vez más compleja y restrictiva, de una reducción presupuestal severa y de una lógica de contención dictada, en muchos casos, por presiones externas y acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
El ejemplo más grave de estas restricciones es la reducción del 97 % en la emisión de Tarjetas de visitante por Razones Humanitarias (TVRH) por parte del Instituto Nacional de Migración. Esta decisión y la continua falta de documentación deja a decenas de miles de personas —incluidas niñas, niños y adolescentes— en un limbo legal, sin posibilidad de acceder a servicios básicos como salud o educación, sin protección ante actos de violencia, extorsión o trata de personas y sin la oportunidad de trabajar formalmente.
No tener papeles es, en México, es sinónimo de ser invisible y vulnerable. Sobre todo para la niñez y adolescencia refugiada o en búsqueda de serlo, quienes viven esta realidad con un costo altísimo. En 2024, el 25 % de las solicitudes de asilo fueron presentadas por niñas y niños, y más de 700 de estas fueron de menores no acompañados. Esta niñez enfrenta múltiples barreras para continuar su educación, para acceder a atención médica o incluso a condiciones mínimas de vivienda y alimentación. En ciudades como la CDMX, los albergues llegaron a operar al 500 % de su capacidad, lo que no solo compromete la dignidad y la seguridad de las personas refugiadas, sino que también pone en riesgo a poblaciones especialmente vulnerables como mujeres embarazadas, personas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.
Ante este escenario, organizaciones de la sociedad civil hemos acudido en ayuda para intervenir por las y los más vulnerables. Desde Save the Children activamos nuestra respuesta humanitaria para mitigar el impacto de estas condiciones en la vida de miles de niñas, niños, adolescentes y sus familias: desde la promoción del acceso a la salud y la educación, hasta la atención psicosocial, la gestión de casos, el establecimiento de clubes comunitario y la capacitación en habilidades para la vida. En Chiapas, Oaxaca, CDMX, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas —entidades clave para el fenómeno migratorio— nuestras acciones han marcado la diferencia, pero no es suficiente para seguir sosteniendo el derecho al refugio.
En este Día Mundial de las Personas Refugiadas no podemos seguir tolerando que el refugio en México dependa del esfuerzo heroico de unas cuantas instituciones desbordadas o de organizaciones no gubernamentales. El derecho al asilo es un derecho humano consagrado en tratados internacionales, en la Constitución y en nuestras leyes nacionales. Sin embargo, el cumplimiento de ese derecho está condicionado a una estructura que prioriza el control migratorio, la criminalización del migrante y el abandono presupuestal.
Hay que asumir de una vez que no se puede hablar de derechos humanos si no se garantiza una integración digna, segura y sostenible para quienes solicitan protección. Nuestro país ya no solo es la última parada en la ruta migratoria, sino un lugar de acogida; por lo tanto, abrir las puertas no es suficiente, es urgente cambiar la narrativa y dejar de ver a las personas refugiadas como una carga, y reconocerles como lo que son: sobrevivientes.
Las personas refugiadas —en especial las niñas, niños y adolescentes— no son invasoras ni simples estadísticas, son víctimas del abandono global, son pupitres vacíos en su lugar de origen, son familias separadas, son historias que merecen ser atendidas  con humanidad y dignidad.
La forma en la que México trata a las personas refugiadas no solo debe depender de las instituciones, también es responsabilidad de la sociedad y las comunidades a las que llegan huyendo de del miedo, la inseguridad y la falta de acceso a sus derechos, con la intención de aportar, crecer y vivir en paz. La historia nos juzgará por cómo tratamos a quienes llegaron a nuestras fronteras buscando refugio. En un mundo en crisis, ser refugio es un acto de justicia, no de caridad.
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* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol'; font-size: inherit;" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.
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Lo que piden las personas refugiadas es un acto de justicia, no de caridad

Desde antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta, con la <a href="https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/publica-dof-reforma-constitucional-para-que-la-guardia-nacional-se-incorpore-a-la-sedena" target="_blank" rel="noopener">Reforma Constitucional del 30 de septiembre de 2024</a>, era claro que no había marcha atrás en el proceso de integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esto se solidifica la extinción de una policía civil y su transformación a una completamente militar, proceso que llevaba años.
Por ende, la aprobación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Ley de la Guardia Nacional, constituye un paso más en esta ruta. Sin embargo, considero que como país no hemos debatido suficiente lo que significa la militarización de la seguridad pública y las consecuencias que se podrían generar, por lo cual la intención de este texto es presentar tres razones que sustentan la afirmación de que se trata de una mala idea.
1. La primera razón es que este cambio va a propiciar problemas de coordinación en la estrategia de seguridad, ya que la Guardia Nacional estará bajo el mando de la SEDENA, pero se encargará de implementar los planes y las políticas desarrolladas desde de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual de inmediato nos remite al refrán popular de “El que a dos amos sirve con alguno queda mal”.
Se podrá argumentar que la relación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y del general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es excelente, pero aún en dicho escenario habrá algún asunto en que los dos vayan a tener distinta postura, y cuando se presente: ¿A quién hará caso la Guardia Nacional? ¿A la instancia responsable del diseño de la estrategia o a su superior jerárquico?
Ello asumiendo que hay un ambiente de buena relación, pero en el pasado ya hemos tenido fricciones y diferencias entre titulares del gabinete de seguridad y si llegamos a un escenario así, que nunca se puede descartar, tendríamos una desconexión entre lo que se planea y lo que se implementa, lo cual se traduciría en pésimos resultados en la materia.
De hecho, la lógica administrativa nos indicaría que lo correcto es que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dicha instancia tuviera un brazo ejecutor de sus políticas, en donde la cadena de mando sea directa y no tenga que pasar por otra secretaría.
2. La segunda razón es que la lógica militar y la policial no son iguales, por ello en las corporaciones en todo el mundo, los entrenamientos de policías y soldados son muy diferentes. A los soldados se les capacita para evitar invasiones, por tanto, buscan aniquilar de inmediato a los enemigos y matan a tantos como les sea posible, mientras que los policías primero buscan prevenir, luego disuadir a los infractores y el uso de las armas es el último recurso y aún en esos casos asesinar no es el objetivo primario, sino neutralizar, de forma que solo se da muerte cuando precisamente la vida de los policías corre peligro.
No es casual que los militares sean más violentos que los policías. Por ejemplo, hace unos años Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas <a href="https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/544/781" target="_blank" rel="noopener">escribieron una serie de textos</a> en los cuales muestran que el índice de letalidad del Ejército Mexicano era significativamente mayor que el de la entonces Policía Federal, lo que en palabras simples significa que cuando había enfrentamientos del Ejército con los criminales el número de muertos era mayor y el de los heridos menor, lo cual se explica por este entrenamiento militar, ya que existe una mayor propensión a privar de la vida.
Y quizá se piense que se necesitan fuerzas de seguridad más violentas para enfrentar al crimen organizado, pero muchos ciudadanos se olvidan que parte de la violencia que se vive en el país también es consecuencia de enfrentamientos entre criminales y autoridades. Por ejemplo, <a href="https://www.researchgate.net/publication/314503524_Capitulo_IV_Militarizacion_de_la_lucha_contra_el_narcotrafico_los_operativos_militares_como_estrategia_para_el_combate_del_crimen_organizado" target="_blank" rel="noopener">Laura Atuesta encontró</a> que cuando las fuerzas armadas participan en enfrentamientos suele haber un incremento del 8.5 % en la cantidad de homicidios. 
3. La tercera razón se deriva de <a href="https://seguridad.nexos.com.mx/seguridad-publica-en-el-mundo-quien-esta-al-mando/" target="_blank" rel="noopener">un artículo que escribí en 2019 en la revista Nexos</a>, en donde analicé la configuración de las corporaciones encargadas de la seguridad pública en 200 países y territorios de todo el mundo, clasificando los sistemas en cuatro categorías: 1) Mando completamente civil, 2) Mando predominantemente civil, 3) Mando concurrente entre civil y militar y 4) Mando militar.
El 75 % de los países utilizan las dos primeras categorías, con una marcada tendencia a que sea completamente civil y solo el 16.5 % de los países tienen mando militar, como en México con la Guardia Nacional. El problema es que los demás países que tienen la seguridad pública en manos de militares son países con gobiernos autoritarios como Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Yemen o Chad.
Mientras que los países con mejor calidad de democracia tienen, o mando completamente civil o predominantemente civil, lo cual se confirma al comparar el tipo de mando con el Democracy Index generado por The Economist. La media del valor en dicho índice de los países con mando civil es más del doble de los que tienen mando militar.
Dicho de otra forma, si bien no quiere decir que no pueda haber países democráticos con mando militar en seguridad pública, si es un rasgo más distintivo de las dictaduras e incluso se puede ver como un síntoma de un proceso de retroceso democrático.
Es por ello que considero que la militarización de las labores de seguridad pública son una mala idea y que va a tener efectos negativos en los niveles de seguridad del país, los cuales propiciarán problemas de coordinación entre instancias, mayor violencia y abusos.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Mala idea la Guardia Nacional a la SEDENA

“Solicitamos la cita con mi familia hace nueve meses. Somos siete. Mi esposo, mis tres hijos, mi hermana y mi suegra. Solicitamos la cita y desde entonces estamos aquí. Esperando”, relata Sonia, venezolana solicitante de asilo en Estados Unidos a través de la aplicación CPB-One, tras la cancelación de prácticamente todas las vías para ingresar legalmente al país desde el 20 de enero de 2025 con el comienzo del segundo mandato presidencial de Donald Trump.
Tras la cancelación de la aplicación CPB-One, miles de personas como Sonia y su familia, —incluso aquellas que ya tenían programada una cita para presentarse en uno de los puertos de entrada– quedaron varadas en México, sin alternativas para ejercer su derecho a solicitar y recibir asilo por partida doble, ya que una restricción administrativa mexicana establece un plazo de 30 días desde su ingreso al país para realizar dicha solicitud, lo que deja afuera a personas que se encuentran en tránsito prolongado y eleva la probabilidad de que sus condiciones de vulnerabilidad se agraven.
A cinco meses del inicio del segundo mandato de Donald Trump, el gobierno de México no ha implementado cambios sustantivos en sus políticas de asilo, a pesar del impacto que ha tenido la emisión de más de 22 órdenes ejecutivas tan sólo el primer día —con un claro enfoque restrictivo y anti-inmigratorio– sobre el sistema de asilo y la política migratoria. Estas medidas han provocado, además, una clara reconfiguración de los flujos y rutas migratorias internas. Tal vez uno de los efectos más visibles, paradójicamente, ha sido la disminución de personas alojadas en los albergues socios de la Redodem, una tendencia que comienza a observarse en distintas regiones del país.
Sonia y su familia no han podido —y tampoco quieren— continuar su ruta migratoria hacia el norte, porque su familia no cuenta con los recursos económicos ni con redes de apoyo que les permitan pagar las cuotas que exigen los grupos criminales a lo largo del camino. Conforme han ido avanzando, cuenta, la violencia que han experimentado se ha intensificado, aunque de momento uno de sus mayores temores es verse expuesta nuevamente a un traslado al sur del país por autoridades migratorias. “Para nosotros sería como empezar de cero”, dice.
Las medidas de gestión migratoria de Estados Unidos también han influido en la actuación del gobierno mexicano, que ha reforzado las prácticas de contención –como el despliegue de 10,000 efectivos militares en la frontera norte del país– y de disuasión –como el traslado forzado al que fue sometida la familia de Sonia–,  generando preocupaciones graves desde una perspectiva de derechos humanos, debido a las afectaciones psicosociales que enfrentan las personas en movilidad, las restricciones en el acceso a derechos básicos de subsistencia, así como al asilo y la no devolución, la separación familiar, y los riesgos a su integridad y seguridad al verse expuestas a redes criminales en cada traslado forzado.
Cuando le preguntamos a Sonia qué imagina para el futuro de su familia, nos dice que le resulta imposible pensar en volver a Venezuela. Incluso la opción de volver a asentarse en Colombia ha quedado descartada, pues ha vendido todo lo que tenía con tal de poder avanzar hasta aquí. Actualmente, la región centro del país concentra la mayor presencia de albergues socios de la Redodem, así como una amplia red de solidaridad conformada por parroquias, diócesis y albergues que forman parte de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH); sin embargo, para Sonia y su familia, estos espacios de acogida no responden a las necesidades que enfrentan en este momento. Aunque han recurrido a ellos en momentos cruciales durante su tránsito —y siguen siendo prácticamente los únicos lugares a los que pueden acercarse sin temor a ser perseguidos o señalados—, hoy se encuentran en una situación de profunda incertidumbre y mayor desprotección tras perder toda esperanza de presentar su caso de asilo en Estados Unidos; tampoco el Estado mexicano les ofrece certezas.
La situación de Sonia forma parte de un patrón más amplio de políticas que, lejos de ofrecer respuestas, han construido obstáculos. Miles de personas están quedando “atrapadas” en acuerdos bilaterales que en muchos casos no son públicos y en otros casos, como la prohibición en el acceso a 12 nacionalidades a Estados Unidos, entre ellos incluida Venezuela —con un sesgo abiertamente racista— trasladan la responsabilidad a las personas forzadas a huir, criminalizando su origen y restringiendo su derecho a recibir protección y favorecer su integración en las comunidades.
Este año la conmemoración del día mundial de la persona refugiada resulta particularmente importante para subrayar la responsabilidad de los Estados para garantizar progresos –no retrocesos— en el acceso a derechos fundamentales como el asilo, la protección internacional y la no devolución, pues la aparente disminución de personas extranjeras migrantes forzadas en México puede estar invisibilizando una nueva realidad en las dinámicas migratorias que es urgente entender y atender, pues puede generar mayores riesgos de desprotección para miles de personas y familias.
* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (<a href="https://twitter.com/RedodemMX" target="_blank" rel="noopener">@RedodemMX</a>) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.

Día mundial de la persona refugiada: la crisis del sistema de asilo en México y Estados Unidos

El pasado 24 de mayo, la mamá, los hermanos y los sobrinos de Shadi Abed, joven palestino refugiado en México desde 2018, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en el vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul, escapando del infierno que a la fecha vive la población civil de Gaza. Un total de 19 personas de la familia Abed vive ahora en nuestro país al amparo de la figura legal inscrita en la Constitución y enmarcada en los Tratados Internacionales en la materia de los que México es firmante. Una figura, la del refugio, que, con los tiempos que corren, reviste cada vez mayor importancia y reclama reforzada protección.
La reunificación de la familia Abed en suelo azteca garantiza la salvaguarda de la vida y de la dignidad de sus miembros, algo imposible en su Gaza nativa, en donde de acuerdo con Naciones Unidas, el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, entre varias otras organizaciones e instituciones de sobrado reconocimiento en el campo de la asistencia humanitaria y el derecho internacional, las acciones emprendidas por las fuerzas israelíes contra la población civil son consistentes con la definición de genocidio.
Los Abed no son la primera familia que encuentra en México la oportunidad de rehacer, o en su caso, preservar y continuar su vida. Se suman a una larga, muy larga y añeja lista, valga decirlo, de familias procedentes de muchas otras latitudes que a lo largo de los últimos 160 años han recalado en nuestro país, huyendo de amenazas a su supervivencia en sus lugares de origen. De los esclavos africanos subyugados por la segregación y la Guerra Civil en Estados Unidos llegados a Coahuila, Chihuahua o Tamaulipas en los 1860, a los republicanos españoles perseguidos por la falange franquista a finales de la década de los 30 del siglo pasado, pasando por los judíos sefaradíes, los armenios y los maronitas libaneses que huyeron del acoso de un Imperio otomano que buscaba estrangularlos, y los uruguayos, brasileños, paraguayos, chilenos y argentinos que escaparon de sus respectivos gobiernos castristas que intentaban desaparecerlos. Sin olvidar a las numerosas familias indígenas guatemaltecas que por décadas vivieron en Tabasco, Campeche o Chiapas, librando lo más sanguinario del conflicto fratricida que desangró su país.
México no es ajeno al refugio. Es con base en dicha tradición que recibe ahora a la familia Abed y, en un futuro no distante, espero, a muchas otras más familias palestinas que logren encontrar aquí el solaz que su tierra no les da. Nuestro rol como país de refugio debe tenerse más presente que nunca, al celebrar este viernes 20 de junio el Día Mundial del Refugiado. Sobre todo, porque la tendencia belicista que recorre como escalofrío el mundo es proclive a la guerra, desestima la diplomacia y el derecho internacional, y hace más vulnerable a la población civil ante los enfrentamientos armados. Pero también porque el incremento en el gasto militar de los principales países del Norte global, empezando por Estados Unidos, conlleva importantes reducciones al financiamiento de los mecanismos internacionales de ayuda al refugiado, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), principal organismo del sector, que hace apenas unos días <a href="https://latinus.us/economia/2025/6/16/acnur-rescindira-tres-mil-500-empleos-reducira-costos-ante-la-salida-de-eu-como-financiador-144553.html" target="_blank" rel="noopener">anunció</a> que despedirá a 3,500 de sus empleados y reducirá hasta en 30 % su presupuesto anual, una medida que en México implicará el cierre de algunas de sus oficinas, entre las que se encuentran las de Tenosique, Palenque y Guadalajara.
En este sentido, es indispensable que en México nos tomemos con la seriedad que amerita la situación mundial nuestra responsabilidad como tierra de refugio. Desde las más altas esferas del gobierno, más allá de la retórica, habrá de dotarse del financiamiento adecuado y del capital humano necesario a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o al menos ya no habrá de recortarse más su de por sí precario presupuesto. Desde la sociedad civil, habremos de trabajar en combatir el discurso de odio que deshumaniza a quienes buscan refugio, apoyando iniciativas como la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas &#8216;Alaíde Foppa&#8217;, de la Universidad Iberoamericana, medular en el caso de la familia Abed, haciendo conciencia en nuestro entorno más próximo, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Porque en el mundo que nos ha tocado vivir, todos somos refugiados.
* Diego Gómez Pickering (<a href="https://twitter.com/gomezpickering" target="_blank" rel="noopener">@gomezpickering</a>) es escritor, periodista y diplomático mexicano. Su libro más reciente es “África, radiografía de un continente” (Taurus, 2023).

Todos somos refugiados

En México, enfermarse aún representa un desafío complejo. Acceder a atención médica especializada no siempre es un derecho garantizado, sino un proceso con obstáculos. Millones de personas viven con enfermedades crónicas que requieren atención continua y, según el <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDR/EDR2023_En-Jn.pdf" target="_blank" rel="noopener">INEGI</a>, estas se han convertido en la principal causa de muerte en los últimos años. Uno de los factores clave detrás de esta realidad es la dificultad para contar con atención médica oportuna por parte de especialistas.
Esta situación responde, en buena medida, a deficiencias estructurales acumuladas a lo largo del tiempo, que han limitado la capacidad del sistema de salud de México para responder de forma equitativa. En 2025, la inversión pública en salud representó el <a href="https://ciep.mx/wp-content/uploads/2024/11/Gasto-para-salud-en-2025.-Recortes-en-hospitales-y-para-la-poblacion-sin-seguridad-social.pdf" target="_blank" rel="noopener">2.5 % del PIB</a>, lo que equivale al 41.7 % del mínimo recomendado por la <a href="https://www.paho.org/es/assa2030-objetivo-4" target="_blank" rel="noopener">Organización Panamericana de la Salud</a>. A esto se suma la escasez de personal médico. Según datos de la <a href="https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2023_7a7afb35-en.html" target="_blank" rel="noopener">OCDE</a>, en 2021 México contaba con solo 2.5 médicos por cada mil habitantes, cifra que se mantiene por debajo del promedio de 3.5 y con una distribución desigual que favorece las zonas urbanas.
La brecha también se refleja en el acceso a especialistas. Sin un diagnóstico a tiempo, aumentan las complicaciones y los riesgos. De acuerdo con cifras de 2023 del <a href="http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/" target="_blank" rel="noopener">Sistema de Información de la Secretaría de Salud</a>, mientras que en Nuevo León el 83.5 % del personal tiene formación especializada, en estados como Oaxaca o Chiapas más de la mitad solo cuenta con formación general. Para los más de 23 millones de personas que viven en zonas rurales, la posibilidad de ver a un especialista es aún más limitada. 
<h2>La telemedicina como alternativa</h2>
La conectividad digital está transformando la atención médica. Sin grandes reformas ni hospitales nuevos o mayor número de especialistas, la telemedicina se perfila como una alternativa viable para responder a la creciente demanda de atención especializada. Lo que hace poco parecía un recurso futurista, hoy es una herramienta en expansión.
Desde 2018, el <a href="http://www.gob.mx/issste/prensa/relanza-el-issste-la-telemedicina-para-agilizar-el-acceso-a-consultas-medicas-de-los-derechohabientes-radicados-en-zonas-geograficas-remotas-210018" target="_blank" rel="noopener">ISSSTE</a> ha implementado un modelo que permite ofrecer consultas digitales en 15 especialidades y subespecialidades, con beneficios como la reducción de traslados, diagnósticos más oportunos y ahorros que superan los 73 millones de pesos anuales. Para 2021, el <a href="http://www.gob.mx/issste/prensa/programa-de-telemedicina-proporciona-atencion-de-especialidad-y-subespecialidad-a-30-de-derechohabientes-issste" target="_blank" rel="noopener">30 %</a> de las consultas de especialidad en la institución ya se realizaban a distancia.
Este impulso se aceleró entre 2022 y 2023. Según la <a href="https://www.asociacionhealthtech.mx/Radar" target="_blank" rel="noopener">Asociación HealthTech México</a>, la salud digital creció más de 300 %. Hoy, endocrinólogos monitorean remotamente a personas con diabetes; psiquiatras dan seguimiento sin que el paciente tenga que salir de casa, y cardiólogos urbanos detectan eventos agudos en tiempo real desde centros comunitarios. Incluso una imagen es suficiente para orientar diagnósticos dermatológicos o hacer tamizajes de retinopatía en comunidades sin cobertura oftalmológica.
La experiencia internacional también aporta evidencia. En Brasil, la telemedicina se ha empleado para atender <a href="https://doi.org/10.1590/0004-282X20200131" target="_blank" rel="noopener">emergencias neurológicas</a>, mejorar la <a href="https://www.unfpa.org/news/telemedicine-connects-women-brazilian-amazon-remote-health-services?" target="_blank" rel="noopener">salud materno-infantil</a>, y brindar <a href="https://doi.org/10.53886/gga.e0230030" target="_blank" rel="noopener">telegeriatría</a> continua. Colombia destinó 1.3 millones de dólares a garantizar la conectividad de centros de salud y avanzar en la integración de servicios médicos a distancia en regiones remotas. La clave fue entender que sin conexión, no hay acceso real a la salud.
<h2>Los desafíos vigentes</h2>
Estos avances coexisten con otro reto fundamental: la informalidad laboral. Según la <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/iooe/ioe2025_04.pdf" target="_blank" rel="noopener">Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2025</a>, el 54.4 % de la población ocupada trabaja en condiciones informales, lo que significa que no cuenta con seguridad social ni con acceso garantizado a servicios públicos de salud. En las zonas menos urbanizadas, esta cifra se eleva al 67.8 %. Para millones de personas, no tener un empleo formal equivale a no tener atención médica.
<h2>¿Qué papel juega la telemedicina en este contexto?</h2>
Una propuesta concreta es establecer nodos comunitarios de atención médica digital en clínicas rurales, equipados con señal satelital, dispositivos básicos y personal capacitado. Este modelo ya ha sido exitoso en otras regiones remotas de América Latina. En centros de salud sin médicos, estos nodos permiten establecer contacto directo con especialistas a distancia. Con voluntad política, no es una utopía: es una posibilidad real.
Además de ampliar el acceso, la telemedicina contribuye a reducir los tiempos de espera, evitar traslados y prevenir hospitalizaciones innecesarias. Para las familias, esto se traduce en ahorro de tiempo, menores gastos de transporte y menos ausencias laborales.
Impulsar esta tecnología, sin idealizarla, parece ser el camino. En las ciudades, la telemedicina puede representar comodidad. En las comunidades rurales, puede marcar la diferencia entre recibir atención o padecer las consecuencias. En un país donde la salud es una batalla contra la geografía, la telemedicina ya no es promesa: es un derecho urgente.
* Abel E. Zavala es especialista de la Comisión Americana de Salud y Bienestar de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (<a href="https://x.com/CISS_org" target="_blank" rel="noopener">@CISS_org</a>). Es químico farmacólogo, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la salud con mención en epidemiología. Ha escrito artículos científicos en revistas especializadas, así como publicaciones en formato de capítulo y libro centradas en el análisis y la reflexión sobre temas de salud desde enfoques epidemiológicos, clínicos, biomédicos y de seguridad social.

El especialista que llega por internet

“Los migrantes no son simplemente unidades de trabajo. Son seres humanos con derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y cumplidos donde quiera que se encuentren”.
Kofi Annan, exsecretario general de la ONU
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Los migrantes mexicanos han sido —y siguen siendo— una pieza clave en el desarrollo económico de Estados Unidos. Sin embargo, ese aporte invaluable contrasta con la falta de reconocimiento pleno de sus derechos, tanto en el país al que llegan como en el que nacieron.
Recientemente, el presidente Donald Trump reconoció —a través de su red Truth Social y en declaraciones públicas— que su política de deportaciones masivas ha provocado una creciente escasez de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, la hotelería y el comercio minorista.
Tan solo en el sector agrícola y ganadero, los trabajadores migrantes representan una fuerza laboral de aproximadamente 1.25 millones de personas. Les siguen la construcción y la minería, con cerca de un millón; la manufactura, con más de 800 mil, y los sectores de restaurantes, hoteles y comercio, con alrededor de medio millón de empleados.
California encabeza la lista de estados con mayor presencia de trabajadores mexicanos, con cerca de 2.35 millones. Le siguen Texas, con aproximadamente 1.5 millones, e Illinois, con unos 370 mil.
La población de origen mexicano en Estados Unidos —incluyendo primera, segunda y tercera generación— se estima en unos 32 millones de personas.
Muchos cuentan con doble nacionalidad; otros aún viven sin documentos. Pero todos, sin excepción, mantienen fuertes lazos con sus comunidades de origen: envían remesas, apoyan festividades locales, y financian obras sociales y comunitarias.
Las nuevas generaciones, nacidas ya en Estados Unidos, se identifican como estadounidenses y mexicanas a la vez.
Aunque reconocen las raíces de sus padres, su identidad se forma en gran medida dentro de la sociedad estadounidense. Esta doble pertenencia —cultural, emocional y política— merece respeto, no sospecha.
Por ello, las políticas de deportación no solo afectan a quienes no tienen papeles: también alcanzan a ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, plenamente integrados, con plenos derechos y un profundo arraigo en ambas naciones.
Mientras tanto, en México el discurso migratorio suele centrarse casi exclusivamente en las remesas. Se valora el aporte económico, pero se ignora con frecuencia la dimensión política y social del migrante.
En muchas comunidades son precisamente ellos quienes sostienen las festividades patronales, impulsan obras públicas e inciden en decisiones políticas.
Y, sin embargo, siguen enfrentando restricciones para ejercer derechos como el voto, tratándolos en los hechos como ciudadanos de segunda clase.
Nos enfrentamos así a una contradicción profunda: en Estados Unidos se reconoce su trabajo, pero se les niegan derechos. En México, se agradecen las remesas, pero no se les incluye plenamente como ciudadanos. Es momento de superar esta visión fragmentada y utilitaria.
Los migrantes no son solo fuerza laboral ni ingreso económico. Son personas con historia, identidad, derechos y voz. Son, de verdad, ciudadanos de aquí y de allá. Y ya es hora de reconocerlo plenamente.
* Elio Villaseñor Gómez (<a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a>) es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A.C.</a>

Mexicanos de aquí y de allá: trabajo vital, derechos pendientes

El domingo pasado el Consejo General del INE sesionó para declarar la validez de la elección de ministros de la Suprema Corte. Se trató, si duda, de una sesión memorable pues por primera vez en la historia de ese cuerpo colegiado, un grupo de consejeros aportó indicios para no declarar la validez de una elección que ellos mismos contribuyeron a organizar.
Nunca había ocurrido algo así en la llamada herradura de la democracia. Al final del día, lo que hicieron fue verbalizar lo que muchos de quienes han seguido la elección judicial han venido señalando, pero agravado porque ahora se trató de documentar la simulación y el engaño desde dentro del órgano electoral. Consejeros actuando no sólo como autoridad responsable, sino señalando anomalías propias de la agenda de la observación electoral.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos de los consejeros? Me parece que de manera fundamental dos. El primero es haber descubierto el retorno de las peores prácticas electorales, hábitos que creíamos desterrados, pero que en 818 casillas reaparecieron (robo de urnas, casillas zapatos, participación de 100 % o más del electorado, embarazo de urnas, etc.). La decisión que se tomó fue no tomar en cuenta a ese universo de casillas para el cómputo final. Pero no deja de haber una cierta desazón al confirmar el regreso de esas prácticas que en su momento describían la picaresca electoral mexicana. Esa es la dimensión de retroceso.
Lo segundo tiene que ver con la puntual descripción del efecto que tuvieron los acordeones sobre los resultados finales de la elección. Con datos duros mostraron la inducción que tuvieron sobre el voto libre e informado; la estadística no miente, la probabilidad de coincidencia plena (como ocurrió) entre esos resultados y los acordeones eran más que ínfimas. Pero aún más, los beneficiaros de los acordeones se han deslindado de los mismos, lo que abre una línea de investigación para conocer quién los financió, y, quien haya sido, sobre decirlo, está impedido por la ley. La novela aún no termina.
Además de los jugosos hallazgos que ofreció la jornada electoral tenemos el alejamiento sistemático que ha tenido este proceso de las mínimas prácticas de integridad electoral. Estamos pues ante una regresión que, si se quiere remediar y atemperar el riesgo para la democracia, se debe anular. El así llamado nuevo poder judicial está naciendo con una legitimidad muy mermada: ínfima participación electoral y votación dividida para declarar la validez de los comicios, no son las mejores prendas.
Una lección posible: comicios realizados con una ley absurda, plazos imposibles y presupuesto castigado demagógicamente conducen a un fracaso y a un ridículo internacional que compromete el prestigio que ya había ganado nuestro país. Ojalá se aprenda que las elecciones confiables cuestan. Pero más importante: la democracia deja de existir sin elecciones confiables, de eso estamos hablando.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Sin confianza no hay democracia

En México, hay muchas mujeres que viven con dolor físico sin explicación aparente, cambios corporales visibles y estigmas no tan silenciosos. Su enfermedad inicia con una piel aparentemente lisa, pero con acumulación de grasa dolorosa. Más adelante, se incrementan las irregularidades visibles (piel de naranja) con moretones sin causa aparente. Y en las fases más graves, a sus cuerpos las acompañan masas de tejido graso que dificultan el movimiento. Esta progresión causa discapacidad física, deterioro funcional y una profunda afectación emocional.  Por más que intenten un plan de nutrición riguroso, actividad física y ejercicio constante o algunos tipos de cirugía, nada de eso detiene el cambio y la deformación en sus piernas, caderas y a veces brazos.
Son mujeres que, aunque quisieran, no pueden esconder sus cuerpos, pero sí sienten los ojos y voces de una sociedad que no las entiende y solo las juzga. Mientras tanto, el Estado las invisibiliza y por lo tanto no las atiende y brinda los cuidados necesarios.
Algunas ya saben que la condición con la que viven se llama lipedema. Muchas otras aún no escuchan siquiera ese término. Recientemente, en 2022 entró en vigor su reconocimiento oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Bajo el código EF02.2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), se define como un trastorno del sistema linfático y vascular periférico. Su reconocimiento como una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, establece las bases para que los sistemas de salud la atiendan con criterios diagnósticos y terapéuticos específicos. Sin embargo, a pesar de este avance,  persiste un vacío en su identificación y abordaje a nivel mundial.
Lamentablemente, en México el lipedema es aún una enfermedad crónica subdiagnosticada, que se confunde médicamente con condiciones como la obesidad (por el volumen corporal)  o linfedema (por la hinchazón). Todavía no se le considera como una prioridad para proporcionar atención y por lo tanto está fuera del presupuesto de salud. Por eso, esta enfermedad es más que un problema médico. Es un problema de representación, de escucha y de legitimidad en las políticas públicas que impide que entre el 8 % y el 17 % mujeres, en especial aquellas que atraviesan etapas de grandes fluctuaciones hormonales como la pubertad, el embarazo o la menopausia, reciban atención oportuna y adecuada.
<h2>Una consulta para ser comprendidas</h2>
Ante este escenario de exclusión, se inició en nuestro país un proceso participativo sin precedentes: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaS36KpN-AiDbxJm_uV5MJyIypRdytqmMMmVSjLp_zLqI1gQ/viewform" target="_blank" rel="noopener">consultar directamente a las mujeres que viven con lipedema</a>. Este proceso generará evidencia pública y construirá, con sus propias palabras, una hoja de ruta que ayude a responder a sus necesidades. Con esta información se contribuirá a sentar las bases para que su atención en México cuente con lineamientos claros y diferenciados como lo marca la OMS.
Este proceso es parte de un principio fundamental para diseñar políticas públicas centradas en las personas, que es el reconocer su experiencia. Para lograrlo, la única opción es consultar, escuchar y empatizar.  Es así como este ejercicio se construye bajo los principios de ser bienvenida, reconocida y protegida, propuestos por “Primero Nuestra Salud”. Este llamado político a proteger la expectativa y calidad de vida de las personas, ahora se traduce y adapta en un cuestionario práctico para evaluar las condiciones que el sistema de salud ofrece a las mujeres con lipedema.
La consulta contempla diversos contextos de atención, tanto el uso de servicios públicos como privados, seguros médicos, redes comunitarias o  la ausencia de atención. Con esto se intentará mapear experiencias reales desde distintas trayectorias. Además, recogerá dimensiones emocionales, sociales y simbólicas, como el trato recibido, los estigmas enfrentados o los apoyos disponibles.
La consulta estará abierta durante todo junio, Mes Internacional de la Concienciación sobre el Lipedema y puedes acceder a ella en <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaS36KpN-AiDbxJm_uV5MJyIypRdytqmMMmVSjLp_zLqI1gQ/viewform" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>. Su importancia es también generar conversación pública porque solo podremos transformar lo que estamos dispuestos a entender, sin  juzgar o etiquetar. También podremos proponer o codiseñar políticas que respondan a las necesidades si sabemos cómo y qué significa vivir con lipedema. Por eso, este proceso sin precedentes también es una invitación a difundir, participar y romper el silencio. Hoy, más que nunca, es necesario construir evidencia pública desde quienes viven esta enfermedad para así exigir respuestas reales desde el poder público.  Porque ninguna mujer con lipedema debería ser juzgada y permanecer invisible, independientemente del servicio de salud que tenga disponible.
* <a href="http://www.linkedin.com/in/karla-mendoza-alc%C3%A1ntara" target="_blank" rel="noopener">Karla Mendoza Alcántara</a> (<a href="https://x.com/MxnoEtiquetas" target="_blank" rel="noopener">@MxnoEtiquetas</a>) es vicepresidenta de Asuntos Públicos y cofundadora de <a href="https://agil-e.com/es/" target="_blank" rel="noopener">Agil(e)</a>. Experta en estrategia e incidencia pública. Fundadora de Alianza por la Salud y la Gobernanza Participativa, plataforma independiente que promueve el diálogo multisectorial, la construcción de consensos y el diseño de soluciones colectivas a través de comités consultivos, espacios deliberativos y metodologías de participación significativa. Impulsora de la conformación y facilitadora de los trabajos de la Red por la Atención Integral de las Enfermedades Crónicas (RAIEC) 2020-2024. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México (AMAAPP).

El lipedema y los cuerpos que el Estado no ve

Han pasado más de <a href="https://www.bbc.com/mundo/articles/cj3jjxy00p3o" target="_blank" rel="noopener">tres semanas desde el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz</a>, quienes fungían como secretaria particular y asesor, respectivamente, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer a la sociedad algún indicio sobre la persona u organización que fue responsable de estos crímenes.
Las <a href="https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/asesinos-ximena-guzman-jose-munoz-usaron-3-carros-hacia-donde-escaparon-cdmx-edomex/" target="_blank" rel="noopener">investigaciones fluyeron con cierta rapidez las primeras horas posteriores a los hechos</a>: se contaba con decenas de cámaras urbanas de videovigilancia y testigos oculares que permitieron rescatar imágenes de los agresores y sus cómplices, se identificó la ruta de escape y encontraron los vehículos utilizados. Pero pronto se llegó a espacios en los que ya no había presencia de cámaras y en los cuales las huellas habían sido borradas por los autores del crimen.
<a href="https://elpais.com/mexico/2025-05-22/ni-huellas-dactilares-ni-sospechosos-ni-movil-el-rastro-borroso-de-los-sicarios-que-asesinaron-a-ximena-guzman-y-jose-munoz.html" target="_blank" rel="noopener">A decir de las autoridades</a>, se trató de una operación en la que se cuidaron los detalles para evitar dar pistas de la identidad de los perpetradores. Por ejemplo, se cubrieron los rostros, cambiaron de vehículos, se usaron vehículos robados con números de serie alterados, se evitó dejar huellas dactilares, el arma no tenía antecedentes y se contó con una ruta de escape, lo cual ha dificultado las investigaciones.
De forma que al pasar de los días la información sobre este caso ha fluido a cuentagotas. Se ha recalcado que las pesquisas continúan, que siguen diferentes líneas de investigación y que los crímenes no quedarán impunes, a la vez <a href="https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/6/10/harfuch-se-mantendra-en-secrecia-el-caso-ximena-guzman-jose-munoz-352796.html" target="_blank" rel="noopener">Omar García Harfuch ha señalado que no se darán a conocer los avances de la investigación por cautela.</a> Sin embargo, ello propicia dudas y especulaciones acerca de los hechos.
Se llegó a una especie de punto muerto informativo que abre la puerta a dos hipótesis: la primera es que no tienen una pista clara que les permita establecer con suficiente certeza a los responsables y la segunda es que están acercándose a la pista de los perpetradores y dar a conocer información sobre los mismos hará que estos vuelvan a huir, evitado que se haga justicia.
Como país esperamos que se trate de la segunda hipótesis y que sea cuestión de tiempo para que las autoridades den a conocer a los culpables, que aporten más elementos sobre los crímenes y que incluso realicen detenciones. Porque el escenario de la primera hipótesis sería catastrófico para las autoridades, tanto en el nivel Federal como de la Ciudad de México.
Ello implicaría que existen personas u organizaciones criminales con la capacidad operativa para realizar asesinatos de alto nivel contra funcionarios del entorno de la gobernadora más importante del país, cercana a la presidenta, sin ser descubiertos, logrando la impunidad en el delito.
De hecho, la tardanza en las investigaciones ya está generando críticas respecto a las capacidades de los aparatos de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, porque se percibe un nulo avance en las investigaciones o, peor aún, la especulación sobre un presunto encubrimiento de los responsables.
Lo cierto es que, si bien en México la justicia es lenta y la impunidad alta, en la mayoría de los casos que se mediatizan, como es el presente, se suele tener una línea de investigación clara a los pocos días y en muchos casos hasta arrestos de responsables, es decir, la presión de los medios propicia que las autoridades den resultados.
Sin embargo, en este caso en particular preocupa la falta de avances y, en cierta medida, las autoridades están acabando con el umbral de paciencia ciudadana, que exige respuestas que no tienen. Conforme más pasa el tiempo sin resultados, mayor es el daño a la imagen institucional y a la vez crece la sensación de inseguridad.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

¿Quién mató a Ximena Guzmán y a José Muñoz?

Los recientes ataques de Israel contra Irán no fueron menores ni simbólicos: se trató de al menos cinco oleadas de misiles y drones dirigidos a objetivos clave en Natanz, Isfahán, Teherán, Qom, Tabriz y Kermanshah. Los blancos incluyeron infraestructuras del programa nuclear iraní y altos mandos militares. Todo apunta a que, además de ataques convencionales, hubo operaciones encubiertas de la Mossad dentro del territorio iraní, con sabotajes a sistemas antimisiles e incluso drones lanzados desde dentro del propio país, replicando tácticas ucranianas en territorio ruso.
Pero ¿por qué ahora? ¿Qué busca Israel provocando directamente a Irán? Las respuestas son tan políticas como estratégicas.
En primer lugar, el gobierno de Netanyahu necesita desesperadamente que Irán responda. Al provocar un contraataque, Israel podría consolidar su narrativa como víctima ante la comunidad internacional y recuperar el respaldo de Occidente en medio del creciente descrédito internacional por la masacre en Gaza. El objetivo es claro: re-legitimar su posición a través del miedo al enemigo común.
Segundo, los ataques llegan en un momento delicado para la diplomacia. Justo un día antes, Omán anunciaba una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán para reactivar el acuerdo nuclear. Reactivar el acuerdo era importante para mitigar las sanciones económicas contra Irán al mismo tiempo que le daba una victoria diplomática a Donald Trump -que dicho sea de paso, fue el encargado de eliminar el acuerdo ya existente- sin embargo, el gobierno israelí considera como una amenaza a su seguridad cualquier prospecto de un acuerdo con Irán, y con este ataque, cualquier posibilidad de acercamiento quedó eliminada.
El tercer punto es interno, pero igual de crucial. La coalición que mantiene a Netanyahu en el poder está en crisis, pues la oposición en el Knesset (el parlamento israelí) junta cada vez más apoyos en contra del gobierno, al punto que un día antes del ataque, la oposición había intentado disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas, lo que podría poner fin a su gobierno. De caer, Netanyahu enfrentaría procesos por corrupción que podrían llevarlo a prisión. Así que sí: el primer ministro israelí parece dispuesto a incendiar la región con tal de salvar su pellejo político.
En este complejo tablero internacional, Estados Unidos aparece como actor ambiguo. Se sabe que la Casa Blanca estaba renuente a un ataque israelí, al punto que Trump había advertido a Netanyahu que no tomara ninguna medida que pudiera poner en peligro las negociaciones entre Estados Unidos e <a href="https://www.axios.com/world/iran" target="_blank" rel="noopener">Irán</a> sobre un <a href="https://www.axios.com/2025/05/16/trump-confirms-us-gave-iran-proposal-for-nuclear-deal" target="_blank" rel="noopener">nuevo acuerdo nuclear</a>. Trump buscaba un nuevo acuerdo con Irán para anotarse un triunfo diplomático. Sin embargo, esto es un tema complejo, pues de acuerdo con el medio <a href="https://www.axios.com/2025/06/13/how-israel-executed-strike-iran-nuclear" target="_blank" rel="noopener">Axios</a>, diversas fuentes israelíes declararon que la animosidad de Trump con Netanyahu y su renuencia a apoyar el ataque fue solo de cara al público, pero que en privado Israel contó con el apoyo estadounidense para realizar dicho ataque. Aun cuando en privado haya apoyado los ataques, ahora a la Casa Blanca no le quedó más opción que respaldar en público a su aliado histórico.
La reacción regional, sin embargo, ha sorprendido. Arabia Saudita -que hasta hace poco era uno de los principales rivales de Irán- condenó en términos duros el ataque, refiriéndose a Irán como su “hermana república islámica”. No es que Riad vaya a salir en defensa de Teherán, pero esta postura sí revela fracturas serias en la red diplomática de Estados Unidos en la región. Otro giro interesante es el papel de Siria: de ser el gran aliado de Irán, pasó a ser -en la práctica- una plataforma de lanzamiento de misiles israelíes, evidenciando el grado de cooptación del régimen sirio tras la caída de Bashar Al-Assad.
Lo que sigue es incertidumbre. ¿Qué tan mesurada será la respuesta de Irán? En el pasado, sus represalias han sido calculadas, incluso coordinadas con Washington. No está claro si esto obedece a una estrategia prudente o a limitaciones técnicas. Lo cierto es que el presidente Masoud Pezeshkian enfrenta ahora una difícil tarea: equilibrar las presiones de los sectores moderados con la furia de los radicales, en particular la de una Guardia Revolucionaria que ha sido duramente golpeada.
El riesgo de una escalada regional es real. El conflicto ya no es entre dos enemigos históricos: se está configurando como un nuevo eje de confrontación con consecuencias imprevisibles para el orden internacional.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Israel, Irán y los vientos de guerra en Medio Oriente

El 1 de junio de 2025 México celebró una elección sin precedentes. Por primera vez, jueces y magistrados de todos los niveles fueron elegidos por voto popular. Se trató de un experimento monumental, resultado de una polémica reforma constitucional impulsada en 2024, y sus primeras cifras ya alarman. <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/abstencionismo-ciudadania-desaira-morena-participacion" target="_blank" rel="noopener">La participación ciudadana rondó solo el 13 % del padrón</a> –uno de los niveles más bajos de participación electoral en la región. Para colmo, más del 10 % de las pocas personas que acudieron a las urnas anularon su voto, reflejo de confusión o descontento. Este desinterés masivo plantea una seria duda: ¿qué tan legítimo puede considerarse un proceso en el que 8 de cada 10 electores se quedaron en casa?
<h2>Falta de participación ciudadana</h2>
La apatía con que el electorado recibió la elección judicial es el primer gran foco rojo. Ni las campañas publicitarias oficiales ni el carácter “histórico” del proceso motivaron al grueso de la ciudadanía. Con menos del 13 % de participación, la misión de observación electoral de la OEA calificó este hecho como “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral</a>”. En democracia, la abstención habla, y en este caso gritó: un Poder Judicial elegido con tan escaso respaldo popular nace debilitado. El voto nulo abundantemente registrado (más del 10 % de las boletas) refuerza la idea de que muchos votantes no entendieron el proceso o no confiaron en él. ¿Puede decirse que “el pueblo” eligió a sus jueces, si prácticamente el 87 % del pueblo no se dio por enterado?
<h2>Sin evaluación meritocrática</h2>
Más preocupante aún que la baja participación fue la pobre evaluación técnica de los candidatos. En cualquier concurso para jueces cabría esperar filtros rigurosos de conocimientos y trayectoria, pero aquí brillaron por su ausencia. La Misión de la OEA advirtió que ninguno de los candidatos llegó a someterse a un examen exhaustivo de conocimientos jurídicos, como ocurriría en un concurso de oposición. Es decir, se permitió la postulación masiva con apenas requisitos mínimos formales, sin comprobar realmente quién poseía la solvencia técnica e idoneidad para impartir justicia. “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">No hay garantías de que quienes resulten electas y electos tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos requieren</a>”, concluyeron con preocupación los observadores. En pocas palabras, nadie verificó seriamente si los aspirantes a ministros, magistrados y jueces sabían suficiente derecho o tenían méritos, más allá de llenar formularios. Un riesgo enorme de mediocridad o politización en la conformación de los tribunales.
<h2>Riesgos para la independencia judicial</h2>
Este experimento de “democratizar” la justicia podría salir caro en términos de independencia de poderes. Diversas voces alertaron que hacer a jueces competir por votos los expone a presiones políticas indebidas. El propio informe preliminar de la OEA, lejos de aplaudir la iniciativa, advirtió que este modelo “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial</a>”. La preocupación no es teórica: según constató la misión, 6 de las 9 nuevas personas ministras de la Suprema Corte fueron postuladas por el comité del Poder Ejecutivo, mientras que las otras 3 venían de la Corte previa (nombradas por el anterior presidente). Esta distribución “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal respecto del Ejecutivo</a>”. En pocas palabras, el gobierno actual logró colocar a sus candidatos en dos tercios de la Corte “electa por el pueblo”. Adicionalmente, nuestros socios en Norteamérica tampoco quedaron tranquilos: Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación de que jueces electos así “<a href="https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-expresa-su-firme-rechazo-a-informe-de-la-oea-sobre-elecci%C3%B3n-judicial/a-72832669#:~:text=Este%20proceso%20ha%20sido%20blanco,pol%C3%ADticos%20e%20incluso%20por%20criminales" target="_blank" rel="noopener">puedan ser influenciados por políticos e incluso por criminales</a>”. Que se enciendan alarmas sobre posible infiltración del crimen organizado en la justicia resume el tamaño del riesgo que implica este método de selección popular sin salvaguardas sólidas.
<h2>Vacíos normativos y proceso caótico</h2>
El informe de la OEA describe el proceso electoral judicial mexicano como “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">sumamente complejo y polarizante</a>” y con múltiples “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">vacíos</a>”. Dicho sin eufemismos, la elección fue improvisada con reglas incompletas. La reforma constitucional se aprobó al vapor en septiembre de 2024, y muchas piezas del andamiaje legal quedaron sueltas o mal definidas. Faltó una normativa clara sobre etapas clave como la evaluación de candidatos, campaña, financiamiento, impugnaciones, etc. De hecho, la misión observó que ante “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ausencia en el marco normativo vigente de disposiciones específicas sobre cómo debían operar los comités</a>” de selección, cada poder público tuvo que definir sus propias reglas “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">con criterios muy disímiles</a>”. Esto derivó en disparidad de procedimientos: mientras un comité evaluador interrumpió sus labores por orden judicial, otros continuaron sin coordinación, e incluso hubo sorteos para recortar listas de aspirantes. Todo esto ocurrió en plazos apresurados. La elección se organizó en pocos meses, lo que explica en parte la desinformación ciudadana que llevó a tantos votos nulos. La falta de previsión normativa es tal que la OEA recomendó aprobar una “ley marco” que regule “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">de manera clara, precisa y armónica cada una de las etapas</a>” de futuras elecciones judiciales. Traducido: urge poner orden legal al proceso, porque hoy está lleno de lagunas. Que una misión internacional tenga que recordarnos la importancia de reglas claras deja mal parada a la clase política que diseñó esta elección.
<h2>La respuesta del gobierno: matar al mensajero</h2>
Frente a estas observaciones, razonables y bien fundamentadas, cabría esperar un mea culpa o al menos disposición a mejorar. Sucedió lo contrario: el gobierno mexicano reaccionó con furia a la crítica internacional, disparando contra la OEA como si esta fuese la enemiga. En una inusual nota diplomática de protesta, México expresó su “<a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-desacuerdo-a-la-oea-sobre-informe-preliminar-de-las-elecciones-al-poder-judicial" target="_blank" rel="noopener">firme rechazo</a>” al informe preliminar y acusó a la Misión de Observación Electoral de excederse en sus funciones y <a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-desacuerdo-a-la-oea-sobre-informe-preliminar-de-las-elecciones-al-poder-judicial" target="_blank" rel="noopener">rebasar su mandato</a>. La Cancillería citó la Carta de la OEA sobre no intervención, dando a entender que los observadores cometieron una afrenta a la soberanía nacional por atreverse a opinar sobre nuestro sistema de elección judicial. La propia <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-responde-a-reporte-de-oea-no-esta-en-sus-funciones-dar-recomendaciones-sobre-como-un-pais-debe-decidir-su-poder-judicial-dice/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">presidenta Claudia Sheinbaum descalificó públicamente</a> el informe con el mismo argumento, señalando que no está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial, insistiendo en que <a href="https://www.telesurtv.net/sheinbaum-oea-no-tiene-atribucion-opinar-eleccion-popular-judicial/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">la OEA no tiene atribución para valorar el modelo que de manera soberana México escogió</a>. En resumen, para la administración actual los observadores deben limitarse a reportar si la jornada fue pacífica y poco más; cualquier juicio sobre la calidad democrática del proceso sería una intromisión intolerable.
Esta defensiva visceral del gobierno resulta preocupante y, a la vez, irónica. Primero, porque no hubo extralimitación alguna por parte de la OEA. Observar implica evaluar todo el proceso electoral, no solo contar casillas. Las misiones de observación siempre emiten recomendaciones para mejorar prácticas electorales; es parte de su labor técnica y así se acordó al invitarlas. La OEA no “impone” nada – sus recomendaciones carecen de fuerza obligatoria – y de hecho reconoció que la organización de la elección se apegó a la legalidad vigente. El problema, como bien señalan los observadores, es la legalidad vigente misma, es decir, las reglas deficientes que nuestros legisladores aprobaron. Recordarle eso a un país no es violar su soberanía, es ayudarle a fortalecerla corrigiendo debilidades democráticas. Pretender que la OEA “se guarde” sus opiniones sobre nuestra reforma judicial equivale a desvirtuar por completo el propósito de una misión observadora, reduciéndola a mera decoración internacional.
Segundo, sorprende el tono hostil considerando que México históricamente ha sido receptivo a las misiones de la OEA. Nuestro país solía sacar provecho de abrir sus procesos al escrutinio exterior como muestra de transparencia. Sin ir más lejos, el Instituto Nacional Electoral solicitó en 2023 el despliegue de observadores de la OEA para los comicios de 2024, y la organización acompañó esas elecciones sin problema. Es paradójico que ahora, cuando la OEA señala fallas reales en una elección controvertida, el gobierno reaccione a la defensiva y rompa lanzas contra una institución con la que antes colaboró cercanamente. México fue pionero en invitar observadores internacionales durante su transición democrática; convertir a esos mismos observadores en villanos porque no aplauden un experimento mal ejecutado es un paso atrás en apertura y autocrítica.
Finalmente, vale aclarar un punto que el discurso oficial distorsiona. El informe de la OEA no cuestiona a las personas electas, sino al procedimiento que las llevó al cargo. En ningún párrafo se deslegitima a los nuevos jueces y magistrados en lo individual; lo que se pone en tela de juicio son las condiciones del proceso – falta de participación, de filtros meritocráticos, posibles interferencias políticas, vacíos legales – que podrían minar la legitimidad institucional de esos nombramientos. Es decir, no se critica al juez, sino al sistema que lo hizo juez. El matiz es importante. La misión no vino a “desconocer” resultados ni a insultar a los ganadores, sino a señalar deficiencias para que México, si quiere, las subsane. Tomarse esas observaciones como un agravio personal o patriótico es perder de vista el fondo.
En lugar de refutar punto por punto con datos (cosa difícil, pues los hechos respaldan al informe), la respuesta oficial ha sido apelar al nacionalismo y a sofismas. Por ejemplo, la presidenta sugirió que es más democrático que “el pueblo” elija a los jueces en vez de “unos cuantos senadores”. Pero esa dicotomía es engañosa: esos senadores fueron elegidos por millones de votantes, mientras que el supuesto pueblo que acudió a elegir jueces apenas superó una décima parte del padrón. La legitimidad democrática de un representante no radica en cuántos individuos votan en una decisión final, sino en cuántos ciudadanos lo respaldaron con su voto previamente. Dicho de otro modo, no se puede comparar el número de senadores con el número de votantes en una elección para presumir democracia; hay que comparar cuántos votantes pusieron a esos senadores allí. Y en ese sentido, la legitimidad de “unos cuantos senadores” descansa en una participación ciudadana mucho mayor (60 % en las elecciones legislativas de 2024) que la raquítica participación del 13 % en la elección judicial. Es un error aritmético y democrático presentar millones de votos emitidos en 2025 (sobre un universo de decenas de millones que no votó) como aval suficiente, mientras se desdeña el mandato popular indirecto pero masivo que representan los legisladores.
En conclusión, la Misión de la OEA no hizo más que sostener un espejo frente a la elección judicial mexicana, revelándonos sus deformidades. El reflejo fue incómodo y las autoridades, en vez de reconocer la fea imagen, decidieron culpar al espejo de mala calidad. Pero los hechos están allí: baja participación, falta de evaluación meritocrática, riesgos a la independencia y graves deficiencias normativas conforman un coctel peligrosísimo para la justicia y la democracia mexicanas. Dispararle al mensajero no hará desaparecer esos problemas. Más nos valdría encarar la realidad y corregir el rumbo de este experimento antes de 2027, cuando está prevista la próxima elección judicial. Si realmente “en México quien manda es el pueblo”, como proclama el gobierno citando a Juárez, entonces que escuche la voz del pueblo expresada en ese 87 % de silencio, y que atienda las recomendaciones – nada extraordinarias – de quienes observaron imparcialmente lo que nosotros, con ojos nublados de triunfalismo, no quisimos ver. La independencia judicial y la confianza en la democracia bien valen un baño de humildad y autocrítica nacional. Los observadores de la OEA ya hicieron su parte señalando el camino; corresponde a México decidir si corrige las fallas o prefiere romper el espejo.
* <a href="https://law.stanford.edu/adriana-garcia/" target="_blank" rel="noopener">Adriana García García</a> es asesora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. Luis Pereda es miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Una elección judicial inédita y sus preocupantes resultados

En el contexto de celebración del Día del Padre, ¿te has preguntado sobre los obstáculos que dificultan el ejercicio de una paternidad corresponsable?
Los hombres también enfrentan barreras para ejercer su derecho al cuidado. Por ejemplo, no disponen de las mismas condiciones para proveer cuidados cuando son padres. Estamos hablando de la gran disparidad que existen en los plazos de las licencias de maternidad y paternidad.
En América Latina y el Caribe, la duración de las licencias de paternidad varía entre 2 y 14 días. Las de maternidad, entre 3 y 6 meses. ¿Por qué esta gran diferencia? La legislación sobre licencias de cuidados maternos y paternos no está exenta de estereotipos y asignación de roles de género.
Históricamente, el trabajo doméstico y de cuidados ha recaído en las mujeres. Desde la infancia y a lo largo de toda la vida, a niñas, jóvenes y adultas se les atribuyen roles tradicionalmente relacionados con el cuidado del hogar, la familia y personas en situación de dependencia, mientras que a los hombres se les relaciona con el ámbito público, el trabajo fuera del hogar y la toma de decisiones.
En México, las leyes relacionadas con el empleo, la seguridad social y la protección de los derechos de las personas trabajadoras, del sector público y privado presenta este tipo de sesgos: identifica a las familias como las principales proveedoras de cuidados y a las mujeres, en particular a las madres, como sus responsables.
Por ejemplo, cuando la Ley Federal del Trabajo establece la prohibición de despedir a una trabajadora por sus responsabilidades de cuidado infantil, pero no otorga la misma protección a un trabajador. De ahí su señalamiento como familiarista y maternalista.
Por eso las licencias de maternidad son más extensas que las de paternidad: la ley asume que las madres serán las principales cuidadoras de esa infancia; en cambio a los padres solo les otorga unos pocos días y se les exige volver rápidamente a incorporarse al mercado laboral. La ley nos está señalando, con base en un estereotipo de género, quién puede y “debe” cuidar y quién no.
La Ley Federal del Trabajo establece que es obligación de la organización empleadora otorgar un permiso de paternidad de cinco días con goce de sueldo en caso de nacimiento o adopción. La legislación utiliza la expresión “permiso” y no licencia para referirse al tiempo remunerado de cuidados que debe proveer el padre ante la llegada de una infancia que requiere cuidados.
El uso de este término implica una serie de barreras que complejizan aún más las posibilidades de los hombres para hacer efectivo ese cuidado. Al ser un permiso, su goce y financiamiento está sujeto a la voluntad de la organización empleadora. No se trata de una prestación financiada en forma tripartita (aportación de la persona trabajadora, de la parte empleadora y del Estado), como sí lo es la licencia de maternidad.
En algunos Estados de la República existen licencias de paternidad extendidas desde 8 hasta 60 días, como en Yucatán, Baja California, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, entre otras. Sin embargo, sólo aplica a trabajadores del Estado. También el sector privado ha implementado algunas extensiones en la duración de la licencia, como parte de una estrategia de retención de talento y mejora del clima laboral.
En 2024 se aprobó una iniciativa en la Cámara de Diputados para una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplíe el actual permiso de paternidad de 5 a 20 días. Sin embargo, no se logró su aprobación en el Senado. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha declarado que la disparidad entre los tiempos de las licencias de maternidad y paternidad es una violación a los derechos de igualdad y no discriminación, esto en un caso relacionado con una disposición de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.  Es evidente que no hay un solo argumento jurídico que permita seguir manteniendo plazos tan diferenciados en detrimento del derecho de los padres a cuidar.
Si queremos avanzar en la corresponsabilidad de género y social de los cuidados, es decir que el cuidado sea un asunto de resolución pública, y responsabilidad de todas y todos, hay que generar las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho al cuidado.
Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social señalamos la importancia central que tiene la seguridad social para actuar como una vía posible (entre varias otras), para garantizar también con sus prestaciones y beneficios el derecho al cuidado de todas las personas. Contar con licencias de paternidad ampliadas y de financiamiento tripartito, que permitan a los hombres ejercer su derecho al cuidado, es una propuesta concreta para avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados.
Si bien los esquemas de seguridad social no son la única infraestructura de política de cuidados posible, sí son una alternativa adecuada para proveerlos bajo un enfoque de derechos. En este día del padre, celebremos el cuidado corresponsable y condiciones dignas para ejercer nuestro derecho a cuidar, a recibir cuidados y al cuidado de sí.
* Lourdes Jiménez Brito es investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (<a href="https://x.com/CISS_org" target="_blank" rel="noopener">@CISS_org</a>) especializada en cuidados y seguridad social con enfoque de género y derechos; politóloga, maestra en Derecho Constitucional y autora de más de 20 publicaciones sobre la agenda de cuidados.  Docente y diplomada en políticas públicas, género y envejecimiento en instituciones como la UNAM, FLACSO y el CIESS.

Paternidad, cuidados y seguridad social: la deuda pendiente

Erradicar el trabajo infantil ha sido, desde hace décadas, uno de los compromisos más importantes que los Estados asumieron al formar la comunidad internacional; México no ha sido la excepción. Hemos ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia —Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, desarrollando un marco normativo robusto y creando políticas públicas cada vez más adecuadas para enfrentar esta problemática.
Sin embargo, el desafío hoy no es de normatividad ni de narrativas, sino de implementación a nivel estatal y municipal. Aunque hay avances significativos, el trabajo infantil persiste en miles de comunidades del país, especialmente en aquellas marcadas por carencias sociales como pobreza, exclusión e informalidad. La realidad que enfrentamos es un desfase entre las obligaciones legales del Estado mexicano y la capacidad de aterrizarlas en acciones sostenidas y coordinadas a nivel local.
La situación es preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México realizan trabajo infantil, y de éstos, 1.1 millones están en trabajos peligrosos o prohibidos por la ley. Estas cifras nos revelan una realidad innegable: cumplir con el objetivo 8.7 de la Agenda 2030 –erradicar el trabajo infantil para el año 2025– es algo irrealizable. Es evidente que no se ha alcanzará el objetivo e incluso en algunos contextos la situación se ha agravado, principalmente tras los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia por COVID-19. Por esto extraña que lejos de haberse implementado acciones de alto impacto para mitigar estos efectos, muchas de las estrategias quedaron en el papel o en iniciativas de alcance limitado.
Es importante reconocer que se han dado pasos importantes a nivel de política pública. Por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incluyó estrategias explícitas para atender el trabajo infantil. Esto representa un cambio significativo respecto a la importancia que he tenido en administraciones previas y demuestra un avance en la visibilización de la problemática.
En este panorama, el gran reto continúa siendo la implementación a nivel local. Aunque la federación diseñe estrategias, emita lineamientos y coordine políticas, la ejecución depende en gran medida en los gobiernos estatales y municipales y es aquí donde existe el mayor riesgo de que la cadena de acción se rompa. En muchos estados y municipios, los equipos interinstitucionales para prevenir y atender el trabajo infantil son reducidos y carecen de los recursos necesarios o de los conocimientos-capacidades técnicas necesarias para actuar con enfoque de derechos de niñez.
Las áreas de inspección del trabajo son claves para prevenirlo y erradicarlo, pero enfrentan limitaciones y en múltiples ocasiones sus actividades enfrentan realidades que disminuyen la efectividad de su labor; sumado a ello, el número de inspectores laborales es considerablemente bajo si se compara con el volumen de centros de trabajo y la dispersión territorial del país, y que la reciente reforma en materia agrícola mandata inspeccionar los campos agrícolas al menos una vez al año. A nivel nacional, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay alrededor de mil inspectores para cubrir más de cinco millones de unidades económicas. En la práctica, esto significa que la probabilidad de que una situación de trabajo infantil sea detectada, investigada y atendida por los canales formales es mínima.
A pesar de esto, existen experiencias locales que demuestran que sí es posible actuar con eficacia. El caso de Querétaro, por ejemplo, destaca por la implementación de un Protocolo de detección, prevención y atención de trabajo infantil que incluye acciones específicas para identificar y atender situaciones de riesgo, así como mecanismos de coordinación con otras instituciones, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, en el Estado de México se ha desarrollado una ruta intermunicipal para la atención del trabajo infantil, que busca articular esfuerzos entre municipios colindantes que comparten dinámicas económicas y sociales similares. Estas experiencias, si bien acotadas, ofrecen una hoja de ruta valiosa sobre cómo construir modelos de intervención interinstitucionales, eficaces y sostenibles.
Desafortunadamente, estas buenas prácticas son la excepción. Para lograr un cambio estructural, se requiere avanzar hacia una política pública que establezca obligaciones específicas para cada nivel de gobierno, desde el federal hasta los municipios. Esta política debe ir más allá de los lineamientos generales existentes y contemplar mecanismos vinculantes que obliguen a cada nivel de gobierno a asumir responsabilidades concretas. Asimismo, es indispensable avanzar en la instalación y fortalecimiento de las Comisiones Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) locales, que sumen la participación de los municipios, sector privado y sector social de la entidad para que sean herramientas efectivas de coordinación intersectorial y esfuerzos multisectoriales.
Es necesario abordar el trabajo infantil como una consecuencia y no una causa de las condiciones socioeconómicas en las regiones. Por tanto, las intervenciones más efectivas serán aquellas que aborden sus raíces estructurales: la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación, la violencia y la informalidad laboral. Este abordaje requiere necesariamente, la participación activa de todos los sectores: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, academia y comunidades. Cada actor tiene capacidades, recursos y ámbitos de acción distintos, y es justamente esta diversidad la que permite construir intervenciones más completas y sostenibles.
Estamos a meses de que finalice 2025 y es claro que no lograremos erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, existe la oportunidad de construir una política pública transexenal, que coloque a las niñas y los niños en el centro de las decisiones, que fortalezca las instituciones competentes, capacite al personal y, sobre todo, genere la política necesaria para actuar con decisión. Cada niña y cada niño que hoy trabaja representa una oportunidad para garantizar sus derechos y crear un buen presente y un mejor futuro.
* Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política en Protección de la Niñez de Save the Children (<a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Trabajo infantil en México: avances, retos y el desafío para prevenirlo en las comunidades

En México, abrir la llave no cuesta lo mismo para todas y todos. La disparidad es evidente cuando comparamos la realidad entre distintos estados del país. En Yucatán, por ejemplo, el agua puede costar apenas 5.9 pesos por metro cúbico, pero en Hidalgo esa misma cantidad alcanza los 43.9 pesos. ¿Cómo se explica esta diferencia y qué revela sobre la forma en que gestionamos uno de los recursos más esenciales para la vida?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua <a href="https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=tarifas" target="_blank" rel="noopener">(CONAGUA</a>), en las capitales de los estados, los hogares pagan, en promedio, 23.3 pesos por un metro cúbico de agua. En comparación con los estándares internacionales, dicho costo es muy bajo. En Dinamarca, por ejemplo, el precio del agua puede alcanzar los 114 pesos; en Estambul es de 44.4 y en Madrid, de 33 pesos por metro cúbico. Acorde con lo anterior, un <a href="https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Cuanto-pagan-los-hogares-en-America-Latina-por-los-servicios-de-agua-y-saneamiento.pdf" target="_blank" rel="noopener">análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (2024)</a> estimó que una familia de cuatro personas, que consume 100 litros por persona al día, gasta en México en promedio 10.44 dólares al mes, frente a los 22.63 dólares en Brasil y 19.45 en Colombia.
Una tarifa baja no sería problema si fuera suficiente para cubrir los costos operativos del Organismo Operador de Agua (OOA). Sin embargo, en muchos casos no es así, pues la insuficiencia de recursos financieros repercute directamente en la calidad del servicio. Por ejemplo, la falta de mantenimiento de la red municipal de agua potable, provoca que alrededor del 40 % del agua se pierda en fugas. Asimismo, los presupuestos limitados impiden a los OOA invertir en ampliar la cobertura de la red. A nivel nacional, esta situación se refleja en que 11.5 millones de hogares no reciben agua diariamente.
Todo indica que las tarifas de agua en México están por debajo del costo operativo real de los OOA. Pero, ¿por qué los prestadores no logran establecer tarifas que cubran sus costos y garanticen un suministro de calidad?
Para responder esa pregunta, tenemos que hablar del artículo 115 constitucional, que establece que los servicios de agua potable están a cargo de los municipios. Esto significa que cada Ayuntamiento tiene cierta autonomía para definir su modelo de operación: algunos la gestionan directamente, otros concesionan el servicio a privados y otros más lo hacen a través de entidades estatales o intermunicipales.
Además, el ajuste de tarifas no depende exclusivamente de los prestadores de servicio. En realidad, el proceso involucra a diversos actores que varían según la entidad federativa. En muchos casos, los Organismos Operadores deben realizar estudios técnicos que justifiquen el incremento o modificación tarifaria, y su propuesta debe validarla el Congreso local o el Ejecutivo, ya sea municipal o estatal, dependiendo del marco legal de cada entidad.
Este diseño institucional vuelve las decisiones tarifarias altamente políticas. Al depender del gobierno local o estatal, no existen incentivos para actualizar las tarifas de manera regular, ya que subir el precio del agua puede ser impopular entre la población y políticamente riesgoso. Así, lo que debería ser una decisión técnica basada en costos reales de operación y mantenimiento, termina en una decisión política, dejando a los Organismos Operadores haciendo malabares financieros para sostener el servicio.
Esa es la principal razón por la que los municipios no actualizan sus tarifas constantemente. De acuerdo con <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">datos del censo de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la CDMX</a>, solo el 36 % de los municipios lo hizo en 2022, y el 20 % no las había modificado desde antes de 2018. Esto tiene consecuencias directas sobre la operación, ya que los costos aumentan con la inflación, pero los ingresos no.
Es urgente que las tarifas de agua respondan a criterios técnicos y financieros, no a cálculos de popularidad o decisiones políticas. Para lograrlo, el gobierno, en sus distintos niveles, debe establecer marcos regulatorios eficaces que permitan mantener las cuotas actualizadas y óptimas. Sólo así los prestadores de servicios podrán, por lo menos, recuperar sus costos de operación.
Los prestadores del servicio, por su parte, deben garantizar que cada peso recaudado se utilice con eficiencia y transparencia. La inversión en infraestructura, la mejora operativa y un servicio continuo y de calidad no son opcionales, sino condiciones indispensables para recuperar la confianza de los usuarios y así incentivar el pago por derechos de agua.
Por último, como usuarios tenemos la obligación de pagar los derechos de agua, pero también el derecho de exigir calidad en el servicio. Una mejor gestión del agua es responsabilidad de múltiples actores, de lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde la precariedad financiera, la lógica política y un mal servicio afectan el acceso justo a este recurso vital.
* Agustín Castillo (<a href="https://x.com/aguca_" target="_blank" rel="noopener">@aguca_</a>) es investigador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovación</a>).

Tarifas de agua potable: ¿quién pone el precio en México?

Imaginen que nos despertamos en la mañana con la noticia de que integrantes de una pandilla que cometieron un delito en el Paso, Texas, son perseguidos por policías locales y huyen hacia México cruzando la frontera, pero los elementos de dicha corporación en lugar de frenarse en la línea divisoria se internan en nuestro país, continúan la persecución en suelo mexicano, detonan en repetidas ocasiones sus armas y matan a los pandilleros en suelo nacional.
Es previsible que ante tal situación hipotética hubiera pronunciamientos enérgicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, por la invasión del espacio territorial mexicano, por vulnerar la soberanía y por la comisión de delitos en nuestro país.
Pues lo anterior sucedió, pero con otros actores: los agentes agresores son mexicanos y el país agraviado es Guatemala. El domingo, en el municipio de Frontera Comalapa en Chiapas, unidades del Grupo de Reacción Inmediata Pakal, que pertenece a la Policía del Estado de Chiapas, se enfrentó con armas de fuego a un grupo de criminales, los cuales huyeron a Huehuetenango, Guatemala, y <a href="https://www.reforma.com/cruzan-policias-de-chiapas-a-guatemala-y-abaten-a-narcos/ar3018754">los policías lo siguieron hasta el territorio de nuestro país vecino y ahí ultimaron a cuatro de los agresores.</a>
No se reprocha a los elementos el repeler los ataques o el combatir a grupos criminales, tampoco que en el enfrentamiento haya bajas, porque son situaciones que se pueden dar en el cumplimiento de su deber. El problema es que agentes de una corporación mexicana ingresaron de forma indebida a otro país. Incluso puede haber quien piense que fue una invasión y al cruzar ya no estaban amparados por el marco legal de México, por ende, las ejecuciones realizadas en Guatemala constituyeron un crimen, que debe ser investigado y castigado en dicho país.
Ante los hechos <a href="https://lasillarota.com/estados/2025/6/9/gobernador-de-chiapas-acusa-militares-de-guatemala-de-proteger-criminales-539065.html">el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez justificó la incursión</a>, aduciendo que militares y policías de Guatemala protegen a integrantes del crimen organizado. Sin embargo, hay vías institucionales y diplomáticas que permiten denunciar las acciones de los agentes del orden de Guatemala, pero dicha situación no habilita a policías mexicanos a ingresar al territorio de dicho país para perseguir delincuentes.
Mejor respuesta tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/no-esta-bien-sheinbaum-reprueba-policias-pakal-chiapas-cruzaran-guatemala-durante-enfrentamiento/">que reprobó los hechos en la conferencia mañanera del lunes</a>, diciendo que las acciones no estaban bien, pero comentó que apenas el Gabinete de Seguridad le iba a dar información detallada del caso. No abordó, al menos al momento, aspectos relacionados con disculpas al gobierno de Guatemala por el ingreso ilegal o posibles sanciones para los elementos responsables.
Ante ello cabe el paralelismo con las intenciones reiteradas del gobierno de los Estados Unidos de enviar agentes a México para combatir a los grupos criminales. Donald Trump y funcionarios de su gobierno han ofrecido “ayuda” a México con el envío de elementos de fuerzas especiales para combatir a los cárteles de la droga, que consideran terroristas, a lo cual nuestro país, mediante la presidenta Claudia Sheinbaum, ha descartado de tajo dicha posibilidad, señalando que tal hecho representaría una vulneración a la soberanía de México y que es contraria al derecho internacional.
La posición de la presidenta no se puede reprochar. Todo Estado tiene la responsabilidad ineludible de defender su soberanía y se puede (y creo que se debe) cooperar con los Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, pero los esfuerzos deben ser conjuntos y, cuando sean en nuestro territorio, deben darse con la supervisión de las autoridades mexicanas. Por tanto, no se valen incursiones unilaterales.
Sin embargo, a la luz de lo sucedido el pasado fin de semana en Guatemala, quedamos en una mala posición porque el respeto que nosotros exigimos a los Estados Unidos, no se lo dimos a Guatemala y sé que no se trató de una decisión de las autoridades federales, quizá ni siquiera de las de Chiapas, tal vez solo fue una falta de cálculo de policías mal entrenados, pero cuyas acciones pueden generar una crisis diplomática.
Si queremos conservar la calidad moral para ponerle límites a los Estados Unidos en su pretensión de enviar efectivos a México, debemos actuar con firmeza frente a estos hechos y de alguna forma subsanar la situación con Guatemala. Por ejemplo, valdría la pena explorar una disculpa pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde participe el Gobierno de Chiapas, comprometernos a la no repetición de los hechos, buscar esquemas binacionales de combate a las organizaciones criminales para detectar a elementos corruptos que los protegen y, si así lo considera Guatemala, poner a su disposición a los agentes del Grupo Pakal que ingresaron de forma indebida a dicho país y que cometieron asesinato en su territorio, a fin de que sean juzgados bajo su marco legal.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Policías mexicanos invadiendo Guatemala

El pasado viernes la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer el<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener"> informe preliminar</a> que la Misión de Observación Electoral (MOE) rinde respecto de las elecciones judiciales en nuestro país. <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/gobierno-rechaza-informe-oea-eleccion-judicial" target="_blank" rel="noopener">Las reacciones de la cancillería y la presidencia</a> fueron, creo yo, desproporcionadas. Veamos.
La OEA lleva años desplegando misiones cuyo común denominador es la seriedad de sus informes. Para ello integra equipos de especialistas con una gran solvencia técnica y la regla es que no haya nadie del país que se va a observar. Lo que ofrecen es compartir las mejores prácticas internacionales para resolver procesos o problemáticas particulares. Dichos informes han generado mejoras institucionales constantes en los órganos electorales de la región e incluso adecuaciones legislativas.
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral se inscribe en esa tradición de seriedad. Señala que el esquema de elección de jueces se aleja de estándares internacionales; no valora, solo describe. Destaca que la evaluación de aspirantes no contó con criterios estandarizados y no hubo mecanismos para garantizar la idoneidad de los candidatos; de nuevo, solo describe. Hay muchos candidatos triunfadores que se ha identificado que son delincuentes, pederastas, padrotes, narcos, deudores alimenticios y un largo etcétera; ello sólo confirma la ausencia de controles adecuados.
En cada apartado hace recomendaciones concretas para remediar la situación. El informe también alerta sobre la pérdida de independencia del Poder Judicial, que implica que todos los candidatos ganadores a la Suprema Corte de Justicia provengan de propuestas de la misma fuerza política. Describe.
Señala que la difusión y promoción de los llamados acordeones atenta contra el voto informado y puede constituir una práctica de coacción del voto. Se preocupa por la escasa participación de la población y el efecto que esto tenga en la legitimidad del nuevo poder electo.
Nada de lo que contiene el breve informe preliminar de la OEA es un descubrimiento para quienes le han dado seguimiento a la contienda judicial. Pero en lugar de admitir siquiera la posibilidad de que la reforma fue una mala idea repudiada en los hechos por 9 de cada 10 ciudadanos, el oficialismo se empeña en hacer ver como un éxito la cruzada, acusa a la OEA de extralimitarse y señala a la oposición como culpable de la ausencia en las urnas. Curiosas cuentas. Si hoy la oposición explica o representa al 90 % de la población, el gobierno está en un lío. No es el caso.
Ojalá alguien tuviera la sensatez de reconocer sus errores, de otra suerte el reclamo a la OEA hoy suena más como la incomodidad del 10 % que si acudió a votar, que como el sentir de un país. México está lejos de ser el país más democrático del mundo. Hubo votación sí, pero votar hace tiempo que no es sinónimo de democracia, si no se observan los preceptos mínimos de la integridad electoral. Ojalá tomemos las mejores lecciones.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Votar no es sinónimo de democracia

¿Por qué le llamamos jornada de sanación? Junto a las Mujeres sanadoras de León, pensamos en un espacio donde las mujeres cuidadoras buscadoras pudiésemos tomarnos un tiempo que contribuyera a garantizar el bienestar y la salud, no sólo física, también mental y espiritual, promoviendo la cultura de la responsabilidad y autocuidado para mejorar nuestra calidad de vida. Pero ahora, con un nuevo enfoque como mujeres medicina + mujeres buscadoras cuidadoras: trabajar la sanación como lo hacían nuestras ancestras, nuestros ancestros, de manera colectiva. Integrando elementos que representen el aire, la tierra, el fuego, el agua.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1541169" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1024x1024.png" alt="Cartel de la segunda jornada de sanación para mujeres cuidadoras buscadoras en Guanajuato." width="1024" height="1024" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1024x1024.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-768x768.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1536x1536.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-2048x2048.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
En conjunto creamos actividades donde nos escuchamos, nos sentimos, nos vemos, ya que se ha normalizado hacer todo de manera individual, llorar sin que nos vean, enojarnos sin expresarlo, o esconder nuestra tristeza. Creamos un espacio de cuidados colectivos para la supervivencia ante las violencias cotidianas en la sociedad que vivimos.
Las tareas que elegimos para la jornada de sanación fueron yoga, arte terapia, elaboración de muñequitas quitapesares, poesía y masaje colectivo.
Con el yoga, antes de iniciar, nuestras mentes nos estaban limitando: decíamos: “yo no voy a poder, ya estoy muy grande para esto”. Con las respiraciones empezamos a relajar nuestra mente, haciendo conciencia de nuestro cuerpo, logrando romper los límites de la mente y disfrutando de lo fácil que era lograr reconocer la flexibilidad de cada parte del cuerpo con los estiramientos, concentrando la atención en la unión entre la mente y el cuerpo, logrando un estado de equilibrio, conectando cuerpo y mente.
<figure id="attachment_1541163" aria-describedby="caption-attachment-1541163" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1541163" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1024x460.jpeg" alt="Práctica de yoga en la segunda jornada de sanación y reconciliación de las integrantes de Buscadoras Guanajuato. " width="1024" height="460" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1024x460.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-600x270.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-768x345.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1536x690.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1541163" class="wp-caption-text">Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Mediante la práctica de yoga construimos un espacio seguro, paciente y motivador para reconocer las posibilidades de movilidad que se han ido reduciendo en la cotidianidad de la búsqueda o las labores necesarias para sostenernos como familias. Con guía y apoyo, en colectivo nos fuimos acompañando respetuosamente en el ritmo, y las posibilidades de cada una de nosotras; al mismo tiempo, el grupo en su conjunto motivaba la exploración, el descubrimiento y la recuperación de la fuerza, flexibilidad, sostén y descanso, que se han ido olvidando con el paso de los años y las situaciones difíciles.
Con el arte terapia y poesía logramos un espacio de confianza que en la vida cotidiana ya no encontramos. Guardamos muchos silencios por temor a ser juzgadas y señaladas. Acá se colocó un espacio para compartir conversando. Alternando con una labor manual simbólica se construyó un ambiente de escucha atenta y contenida para narrar vivencias y preocupaciones muy particulares de cada una tras la desaparición de nuestros seres queridos, sus impactos iniciales, los estados de desgaste que hemos atravesado y acumulado, así como algunos temores y dolores que han evitado nombrar en espacios estigmatizantes, indolentes u objetivizantes.
Elaboramos una muñequita quitapesares que nos llevamos como un objeto o una herramienta física con la cual pudiésemos conectar y poder expresar de manera privada lo que nos duele física y espiritualmente para sanar.
<figure id="attachment_1541167" aria-describedby="caption-attachment-1541167" style="width: 626px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1541167" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares.png" alt="Muñecas quitapesares elaboradas en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato." width="636" height="858" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares.png 636w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares-445x600.png 445w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /><figcaption id="caption-attachment-1541167" class="wp-caption-text">Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Mientras elaborábamos nuestra muñequita quitapesares, cada una iba leyendo un fragmento del poema &#8220;Se regalan tristezas&#8221;, de María Viento. Un fragmento de la poesía decía: ”…hay mujeres que aún cargan un abismo en su espalda, un corazón roto, muy roto en su pecho, un dolor en su alma humilde, preguntas en su mente, un deseo interminable de paz y que aún no lo logramos…”.
Al terminar de leer, nos identificamos con el texto del poema, pues nos tocó las fibras más íntimas de nuestro corazón, logrando así darle voz a lo que habíamos callado por mucho tiempo y, entre todas, conteníamos y maternábamos.
Cada una expresó lo que esta lectura nos había dejado en el corazón, lo que nos había hecho sentir. Y este fue el momento de trabajo interior de cada una porque nos permitimos sentirnos en confianza y le permitimos a nuestro corazón expresar los silencios que habían estado por ahí, muy, muy guardados en lo profundo y en este momento todas juntas maternamos.
<figure id="attachment_1541168" aria-describedby="caption-attachment-1541168" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1541168" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1024x768.jpeg" alt="Meditación guiada en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato." width="1024" height="768" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1024x768.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-600x450.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-768x576.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1536x1152.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1541168" class="wp-caption-text">Meditación guiada en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato. Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Las mujeres sanadoras con su medicina espiritual nos iban equilibrando, conteniendo con cada uno de sus elementos. Usaron el soplo de la tecocoli o caracol para equilibrar, para limpiar la energía que hubiera dejado lo que habían estado expresando tan doloroso en ese momento.
Al final cerramos con un masaje colectivo al que le llaman el masaje del granjero, porque con nuestras manos cada una hacía la figura o las partes de uno de los animales, por ejemplo, el masaje del pollito y con las manos dibujamos el piquito del pollito y masajeamos la espalda de la compañera que estaba adelante.
Realizamos el masaje de la serpiente y con nuestras manos recorríamos toda la espalda. También juntamos los puños para hacer el masaje del caballo y dar golpes en la espalda. El masaje del granjero fue un masaje divertido y con la risa cortamos toda la tensión que se había generado en la actividad anterior. Pausamos las sensaciones de tristeza, de angustia y, sobre todo, la tensión, toda esa tensión tan fuerte que se había acumulado.
En ese momento nuestro cuerpo tenía una sensación rica al ser tocada por cada una de las compañeras. Integramos también, en esta jornada de sanación, los cantos medicina para lograr dar paz, para lograr dar tranquilidad al cuerpo, al corazón y para dar equilibrio.
Por lo que todas pudimos expresar logramos los objetivos con los que habíamos planeado esta jornada. Fue una satisfacción muy bonita. Ver que estábamos contentas, que nos llevamos mucho para ver la vida diferente saliendo de esta jornada. Pero, sobre todo: reconciliadas.
*<a href="#_ednref1" name="_edn1"></a> Ana Soledad Ambriz Rodríguez es fundadora de Mujeres sanadoras de León, una organización que nació en medio de múltiples violencias en esa ciudad de Guanajuato y que con mucho trabajo en la defensa de su territorio, han traído reconstrucción del tejido social y paz a su comunidad. María Elizabeth Navarro Jerónimos es antropóloga social, acompañante solidaria del Colectivo Buscadoras Guanajuato. Con una mirada sociocultural contribuye a la implementación en campo de diversas iniciativas. Alejandra Díaz es integrante del Colectivo Buscadoras Guanajuato, por 18 meses estuvo buscando a su hermano Felipe desaparecido en Guanajuato. Actualmente acompaña a más familias en su búsqueda a través de la vinculación y gestión proyectos para la incidencia política, cultural y de acción ciudadana.

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