Sin categoría

Los recientes ataques de Israel contra Irán no fueron menores ni simbólicos: se trató de al menos cinco oleadas de misiles y drones dirigidos a objetivos clave en Natanz, Isfahán, Teherán, Qom, Tabriz y Kermanshah. Los blancos incluyeron infraestructuras del programa nuclear iraní y altos mandos militares. Todo apunta a que, además de ataques convencionales, hubo operaciones encubiertas de la Mossad dentro del territorio iraní, con sabotajes a sistemas antimisiles e incluso drones lanzados desde dentro del propio país, replicando tácticas ucranianas en territorio ruso.
Pero ¿por qué ahora? ¿Qué busca Israel provocando directamente a Irán? Las respuestas son tan políticas como estratégicas.
En primer lugar, el gobierno de Netanyahu necesita desesperadamente que Irán responda. Al provocar un contraataque, Israel podría consolidar su narrativa como víctima ante la comunidad internacional y recuperar el respaldo de Occidente en medio del creciente descrédito internacional por la masacre en Gaza. El objetivo es claro: re-legitimar su posición a través del miedo al enemigo común.
Segundo, los ataques llegan en un momento delicado para la diplomacia. Justo un día antes, Omán anunciaba una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán para reactivar el acuerdo nuclear. Reactivar el acuerdo era importante para mitigar las sanciones económicas contra Irán al mismo tiempo que le daba una victoria diplomática a Donald Trump -que dicho sea de paso, fue el encargado de eliminar el acuerdo ya existente- sin embargo, el gobierno israelí considera como una amenaza a su seguridad cualquier prospecto de un acuerdo con Irán, y con este ataque, cualquier posibilidad de acercamiento quedó eliminada.
El tercer punto es interno, pero igual de crucial. La coalición que mantiene a Netanyahu en el poder está en crisis, pues la oposición en el Knesset (el parlamento israelí) junta cada vez más apoyos en contra del gobierno, al punto que un día antes del ataque, la oposición había intentado disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas, lo que podría poner fin a su gobierno. De caer, Netanyahu enfrentaría procesos por corrupción que podrían llevarlo a prisión. Así que sí: el primer ministro israelí parece dispuesto a incendiar la región con tal de salvar su pellejo político.
En este complejo tablero internacional, Estados Unidos aparece como actor ambiguo. Se sabe que la Casa Blanca estaba renuente a un ataque israelí, al punto que Trump había advertido a Netanyahu que no tomara ninguna medida que pudiera poner en peligro las negociaciones entre Estados Unidos e <a href="https://www.axios.com/world/iran" target="_blank" rel="noopener">Irán</a> sobre un <a href="https://www.axios.com/2025/05/16/trump-confirms-us-gave-iran-proposal-for-nuclear-deal" target="_blank" rel="noopener">nuevo acuerdo nuclear</a>. Trump buscaba un nuevo acuerdo con Irán para anotarse un triunfo diplomático. Sin embargo, esto es un tema complejo, pues de acuerdo con el medio <a href="https://www.axios.com/2025/06/13/how-israel-executed-strike-iran-nuclear" target="_blank" rel="noopener">Axios</a>, diversas fuentes israelíes declararon que la animosidad de Trump con Netanyahu y su renuencia a apoyar el ataque fue solo de cara al público, pero que en privado Israel contó con el apoyo estadounidense para realizar dicho ataque. Aun cuando en privado haya apoyado los ataques, ahora a la Casa Blanca no le quedó más opción que respaldar en público a su aliado histórico.
La reacción regional, sin embargo, ha sorprendido. Arabia Saudita -que hasta hace poco era uno de los principales rivales de Irán- condenó en términos duros el ataque, refiriéndose a Irán como su “hermana república islámica”. No es que Riad vaya a salir en defensa de Teherán, pero esta postura sí revela fracturas serias en la red diplomática de Estados Unidos en la región. Otro giro interesante es el papel de Siria: de ser el gran aliado de Irán, pasó a ser -en la práctica- una plataforma de lanzamiento de misiles israelíes, evidenciando el grado de cooptación del régimen sirio tras la caída de Bashar Al-Assad.
Lo que sigue es incertidumbre. ¿Qué tan mesurada será la respuesta de Irán? En el pasado, sus represalias han sido calculadas, incluso coordinadas con Washington. No está claro si esto obedece a una estrategia prudente o a limitaciones técnicas. Lo cierto es que el presidente Masoud Pezeshkian enfrenta ahora una difícil tarea: equilibrar las presiones de los sectores moderados con la furia de los radicales, en particular la de una Guardia Revolucionaria que ha sido duramente golpeada.
El riesgo de una escalada regional es real. El conflicto ya no es entre dos enemigos históricos: se está configurando como un nuevo eje de confrontación con consecuencias imprevisibles para el orden internacional.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (<a href="https://x.com/adrianmarcelo96" target="_blank" rel="noopener">@adrianmarcelo96</a>) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.

Israel, Irán y los vientos de guerra en Medio Oriente

El 1 de junio de 2025 México celebró una elección sin precedentes. Por primera vez, jueces y magistrados de todos los niveles fueron elegidos por voto popular. Se trató de un experimento monumental, resultado de una polémica reforma constitucional impulsada en 2024, y sus primeras cifras ya alarman. <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/abstencionismo-ciudadania-desaira-morena-participacion" target="_blank" rel="noopener">La participación ciudadana rondó solo el 13 % del padrón</a> –uno de los niveles más bajos de participación electoral en la región. Para colmo, más del 10 % de las pocas personas que acudieron a las urnas anularon su voto, reflejo de confusión o descontento. Este desinterés masivo plantea una seria duda: ¿qué tan legítimo puede considerarse un proceso en el que 8 de cada 10 electores se quedaron en casa?
<h2>Falta de participación ciudadana</h2>
La apatía con que el electorado recibió la elección judicial es el primer gran foco rojo. Ni las campañas publicitarias oficiales ni el carácter “histórico” del proceso motivaron al grueso de la ciudadanía. Con menos del 13 % de participación, la misión de observación electoral de la OEA calificó este hecho como “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral</a>”. En democracia, la abstención habla, y en este caso gritó: un Poder Judicial elegido con tan escaso respaldo popular nace debilitado. El voto nulo abundantemente registrado (más del 10 % de las boletas) refuerza la idea de que muchos votantes no entendieron el proceso o no confiaron en él. ¿Puede decirse que “el pueblo” eligió a sus jueces, si prácticamente el 87 % del pueblo no se dio por enterado?
<h2>Sin evaluación meritocrática</h2>
Más preocupante aún que la baja participación fue la pobre evaluación técnica de los candidatos. En cualquier concurso para jueces cabría esperar filtros rigurosos de conocimientos y trayectoria, pero aquí brillaron por su ausencia. La Misión de la OEA advirtió que ninguno de los candidatos llegó a someterse a un examen exhaustivo de conocimientos jurídicos, como ocurriría en un concurso de oposición. Es decir, se permitió la postulación masiva con apenas requisitos mínimos formales, sin comprobar realmente quién poseía la solvencia técnica e idoneidad para impartir justicia. “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">No hay garantías de que quienes resulten electas y electos tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos requieren</a>”, concluyeron con preocupación los observadores. En pocas palabras, nadie verificó seriamente si los aspirantes a ministros, magistrados y jueces sabían suficiente derecho o tenían méritos, más allá de llenar formularios. Un riesgo enorme de mediocridad o politización en la conformación de los tribunales.
<h2>Riesgos para la independencia judicial</h2>
Este experimento de “democratizar” la justicia podría salir caro en términos de independencia de poderes. Diversas voces alertaron que hacer a jueces competir por votos los expone a presiones políticas indebidas. El propio informe preliminar de la OEA, lejos de aplaudir la iniciativa, advirtió que este modelo “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial</a>”. La preocupación no es teórica: según constató la misión, 6 de las 9 nuevas personas ministras de la Suprema Corte fueron postuladas por el comité del Poder Ejecutivo, mientras que las otras 3 venían de la Corte previa (nombradas por el anterior presidente). Esta distribución “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal respecto del Ejecutivo</a>”. En pocas palabras, el gobierno actual logró colocar a sus candidatos en dos tercios de la Corte “electa por el pueblo”. Adicionalmente, nuestros socios en Norteamérica tampoco quedaron tranquilos: Estados Unidos y Canadá expresaron su preocupación de que jueces electos así “<a href="https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-expresa-su-firme-rechazo-a-informe-de-la-oea-sobre-elecci%C3%B3n-judicial/a-72832669#:~:text=Este%20proceso%20ha%20sido%20blanco,pol%C3%ADticos%20e%20incluso%20por%20criminales" target="_blank" rel="noopener">puedan ser influenciados por políticos e incluso por criminales</a>”. Que se enciendan alarmas sobre posible infiltración del crimen organizado en la justicia resume el tamaño del riesgo que implica este método de selección popular sin salvaguardas sólidas.
<h2>Vacíos normativos y proceso caótico</h2>
El informe de la OEA describe el proceso electoral judicial mexicano como “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">sumamente complejo y polarizante</a>” y con múltiples “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">vacíos</a>”. Dicho sin eufemismos, la elección fue improvisada con reglas incompletas. La reforma constitucional se aprobó al vapor en septiembre de 2024, y muchas piezas del andamiaje legal quedaron sueltas o mal definidas. Faltó una normativa clara sobre etapas clave como la evaluación de candidatos, campaña, financiamiento, impugnaciones, etc. De hecho, la misión observó que ante “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">la ausencia en el marco normativo vigente de disposiciones específicas sobre cómo debían operar los comités</a>” de selección, cada poder público tuvo que definir sus propias reglas “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">con criterios muy disímiles</a>”. Esto derivó en disparidad de procedimientos: mientras un comité evaluador interrumpió sus labores por orden judicial, otros continuaron sin coordinación, e incluso hubo sorteos para recortar listas de aspirantes. Todo esto ocurrió en plazos apresurados. La elección se organizó en pocos meses, lo que explica en parte la desinformación ciudadana que llevó a tantos votos nulos. La falta de previsión normativa es tal que la OEA recomendó aprobar una “ley marco” que regule “<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener">de manera clara, precisa y armónica cada una de las etapas</a>” de futuras elecciones judiciales. Traducido: urge poner orden legal al proceso, porque hoy está lleno de lagunas. Que una misión internacional tenga que recordarnos la importancia de reglas claras deja mal parada a la clase política que diseñó esta elección.
<h2>La respuesta del gobierno: matar al mensajero</h2>
Frente a estas observaciones, razonables y bien fundamentadas, cabría esperar un mea culpa o al menos disposición a mejorar. Sucedió lo contrario: el gobierno mexicano reaccionó con furia a la crítica internacional, disparando contra la OEA como si esta fuese la enemiga. En una inusual nota diplomática de protesta, México expresó su “<a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-desacuerdo-a-la-oea-sobre-informe-preliminar-de-las-elecciones-al-poder-judicial" target="_blank" rel="noopener">firme rechazo</a>” al informe preliminar y acusó a la Misión de Observación Electoral de excederse en sus funciones y <a href="https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-expresa-su-desacuerdo-a-la-oea-sobre-informe-preliminar-de-las-elecciones-al-poder-judicial" target="_blank" rel="noopener">rebasar su mandato</a>. La Cancillería citó la Carta de la OEA sobre no intervención, dando a entender que los observadores cometieron una afrenta a la soberanía nacional por atreverse a opinar sobre nuestro sistema de elección judicial. La propia <a href="https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sheinbaum-responde-a-reporte-de-oea-no-esta-en-sus-funciones-dar-recomendaciones-sobre-como-un-pais-debe-decidir-su-poder-judicial-dice/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">presidenta Claudia Sheinbaum descalificó públicamente</a> el informe con el mismo argumento, señalando que no está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial, insistiendo en que <a href="https://www.telesurtv.net/sheinbaum-oea-no-tiene-atribucion-opinar-eleccion-popular-judicial/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noopener">la OEA no tiene atribución para valorar el modelo que de manera soberana México escogió</a>. En resumen, para la administración actual los observadores deben limitarse a reportar si la jornada fue pacífica y poco más; cualquier juicio sobre la calidad democrática del proceso sería una intromisión intolerable.
Esta defensiva visceral del gobierno resulta preocupante y, a la vez, irónica. Primero, porque no hubo extralimitación alguna por parte de la OEA. Observar implica evaluar todo el proceso electoral, no solo contar casillas. Las misiones de observación siempre emiten recomendaciones para mejorar prácticas electorales; es parte de su labor técnica y así se acordó al invitarlas. La OEA no “impone” nada – sus recomendaciones carecen de fuerza obligatoria – y de hecho reconoció que la organización de la elección se apegó a la legalidad vigente. El problema, como bien señalan los observadores, es la legalidad vigente misma, es decir, las reglas deficientes que nuestros legisladores aprobaron. Recordarle eso a un país no es violar su soberanía, es ayudarle a fortalecerla corrigiendo debilidades democráticas. Pretender que la OEA “se guarde” sus opiniones sobre nuestra reforma judicial equivale a desvirtuar por completo el propósito de una misión observadora, reduciéndola a mera decoración internacional.
Segundo, sorprende el tono hostil considerando que México históricamente ha sido receptivo a las misiones de la OEA. Nuestro país solía sacar provecho de abrir sus procesos al escrutinio exterior como muestra de transparencia. Sin ir más lejos, el Instituto Nacional Electoral solicitó en 2023 el despliegue de observadores de la OEA para los comicios de 2024, y la organización acompañó esas elecciones sin problema. Es paradójico que ahora, cuando la OEA señala fallas reales en una elección controvertida, el gobierno reaccione a la defensiva y rompa lanzas contra una institución con la que antes colaboró cercanamente. México fue pionero en invitar observadores internacionales durante su transición democrática; convertir a esos mismos observadores en villanos porque no aplauden un experimento mal ejecutado es un paso atrás en apertura y autocrítica.
Finalmente, vale aclarar un punto que el discurso oficial distorsiona. El informe de la OEA no cuestiona a las personas electas, sino al procedimiento que las llevó al cargo. En ningún párrafo se deslegitima a los nuevos jueces y magistrados en lo individual; lo que se pone en tela de juicio son las condiciones del proceso – falta de participación, de filtros meritocráticos, posibles interferencias políticas, vacíos legales – que podrían minar la legitimidad institucional de esos nombramientos. Es decir, no se critica al juez, sino al sistema que lo hizo juez. El matiz es importante. La misión no vino a “desconocer” resultados ni a insultar a los ganadores, sino a señalar deficiencias para que México, si quiere, las subsane. Tomarse esas observaciones como un agravio personal o patriótico es perder de vista el fondo.
En lugar de refutar punto por punto con datos (cosa difícil, pues los hechos respaldan al informe), la respuesta oficial ha sido apelar al nacionalismo y a sofismas. Por ejemplo, la presidenta sugirió que es más democrático que “el pueblo” elija a los jueces en vez de “unos cuantos senadores”. Pero esa dicotomía es engañosa: esos senadores fueron elegidos por millones de votantes, mientras que el supuesto pueblo que acudió a elegir jueces apenas superó una décima parte del padrón. La legitimidad democrática de un representante no radica en cuántos individuos votan en una decisión final, sino en cuántos ciudadanos lo respaldaron con su voto previamente. Dicho de otro modo, no se puede comparar el número de senadores con el número de votantes en una elección para presumir democracia; hay que comparar cuántos votantes pusieron a esos senadores allí. Y en ese sentido, la legitimidad de “unos cuantos senadores” descansa en una participación ciudadana mucho mayor (60 % en las elecciones legislativas de 2024) que la raquítica participación del 13 % en la elección judicial. Es un error aritmético y democrático presentar millones de votos emitidos en 2025 (sobre un universo de decenas de millones que no votó) como aval suficiente, mientras se desdeña el mandato popular indirecto pero masivo que representan los legisladores.
En conclusión, la Misión de la OEA no hizo más que sostener un espejo frente a la elección judicial mexicana, revelándonos sus deformidades. El reflejo fue incómodo y las autoridades, en vez de reconocer la fea imagen, decidieron culpar al espejo de mala calidad. Pero los hechos están allí: baja participación, falta de evaluación meritocrática, riesgos a la independencia y graves deficiencias normativas conforman un coctel peligrosísimo para la justicia y la democracia mexicanas. Dispararle al mensajero no hará desaparecer esos problemas. Más nos valdría encarar la realidad y corregir el rumbo de este experimento antes de 2027, cuando está prevista la próxima elección judicial. Si realmente “en México quien manda es el pueblo”, como proclama el gobierno citando a Juárez, entonces que escuche la voz del pueblo expresada en ese 87 % de silencio, y que atienda las recomendaciones – nada extraordinarias – de quienes observaron imparcialmente lo que nosotros, con ojos nublados de triunfalismo, no quisimos ver. La independencia judicial y la confianza en la democracia bien valen un baño de humildad y autocrítica nacional. Los observadores de la OEA ya hicieron su parte señalando el camino; corresponde a México decidir si corrige las fallas o prefiere romper el espejo.
* <a href="https://law.stanford.edu/adriana-garcia/" target="_blank" rel="noopener">Adriana García García</a> es asesora experta del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford. Luis Pereda es miembro del consejo directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Una elección judicial inédita y sus preocupantes resultados

En el contexto de celebración del Día del Padre, ¿te has preguntado sobre los obstáculos que dificultan el ejercicio de una paternidad corresponsable?
Los hombres también enfrentan barreras para ejercer su derecho al cuidado. Por ejemplo, no disponen de las mismas condiciones para proveer cuidados cuando son padres. Estamos hablando de la gran disparidad que existen en los plazos de las licencias de maternidad y paternidad.
En América Latina y el Caribe, la duración de las licencias de paternidad varía entre 2 y 14 días. Las de maternidad, entre 3 y 6 meses. ¿Por qué esta gran diferencia? La legislación sobre licencias de cuidados maternos y paternos no está exenta de estereotipos y asignación de roles de género.
Históricamente, el trabajo doméstico y de cuidados ha recaído en las mujeres. Desde la infancia y a lo largo de toda la vida, a niñas, jóvenes y adultas se les atribuyen roles tradicionalmente relacionados con el cuidado del hogar, la familia y personas en situación de dependencia, mientras que a los hombres se les relaciona con el ámbito público, el trabajo fuera del hogar y la toma de decisiones.
En México, las leyes relacionadas con el empleo, la seguridad social y la protección de los derechos de las personas trabajadoras, del sector público y privado presenta este tipo de sesgos: identifica a las familias como las principales proveedoras de cuidados y a las mujeres, en particular a las madres, como sus responsables.
Por ejemplo, cuando la Ley Federal del Trabajo establece la prohibición de despedir a una trabajadora por sus responsabilidades de cuidado infantil, pero no otorga la misma protección a un trabajador. De ahí su señalamiento como familiarista y maternalista.
Por eso las licencias de maternidad son más extensas que las de paternidad: la ley asume que las madres serán las principales cuidadoras de esa infancia; en cambio a los padres solo les otorga unos pocos días y se les exige volver rápidamente a incorporarse al mercado laboral. La ley nos está señalando, con base en un estereotipo de género, quién puede y “debe” cuidar y quién no.
La Ley Federal del Trabajo establece que es obligación de la organización empleadora otorgar un permiso de paternidad de cinco días con goce de sueldo en caso de nacimiento o adopción. La legislación utiliza la expresión “permiso” y no licencia para referirse al tiempo remunerado de cuidados que debe proveer el padre ante la llegada de una infancia que requiere cuidados.
El uso de este término implica una serie de barreras que complejizan aún más las posibilidades de los hombres para hacer efectivo ese cuidado. Al ser un permiso, su goce y financiamiento está sujeto a la voluntad de la organización empleadora. No se trata de una prestación financiada en forma tripartita (aportación de la persona trabajadora, de la parte empleadora y del Estado), como sí lo es la licencia de maternidad.
En algunos Estados de la República existen licencias de paternidad extendidas desde 8 hasta 60 días, como en Yucatán, Baja California, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, entre otras. Sin embargo, sólo aplica a trabajadores del Estado. También el sector privado ha implementado algunas extensiones en la duración de la licencia, como parte de una estrategia de retención de talento y mejora del clima laboral.
En 2024 se aprobó una iniciativa en la Cámara de Diputados para una reforma a la Ley Federal del Trabajo que amplíe el actual permiso de paternidad de 5 a 20 días. Sin embargo, no se logró su aprobación en el Senado. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha declarado que la disparidad entre los tiempos de las licencias de maternidad y paternidad es una violación a los derechos de igualdad y no discriminación, esto en un caso relacionado con una disposición de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur.  Es evidente que no hay un solo argumento jurídico que permita seguir manteniendo plazos tan diferenciados en detrimento del derecho de los padres a cuidar.
Si queremos avanzar en la corresponsabilidad de género y social de los cuidados, es decir que el cuidado sea un asunto de resolución pública, y responsabilidad de todas y todos, hay que generar las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho al cuidado.
Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social señalamos la importancia central que tiene la seguridad social para actuar como una vía posible (entre varias otras), para garantizar también con sus prestaciones y beneficios el derecho al cuidado de todas las personas. Contar con licencias de paternidad ampliadas y de financiamiento tripartito, que permitan a los hombres ejercer su derecho al cuidado, es una propuesta concreta para avanzar en la corresponsabilidad de los cuidados.
Si bien los esquemas de seguridad social no son la única infraestructura de política de cuidados posible, sí son una alternativa adecuada para proveerlos bajo un enfoque de derechos. En este día del padre, celebremos el cuidado corresponsable y condiciones dignas para ejercer nuestro derecho a cuidar, a recibir cuidados y al cuidado de sí.
* Lourdes Jiménez Brito es investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (<a href="https://x.com/CISS_org" target="_blank" rel="noopener">@CISS_org</a>) especializada en cuidados y seguridad social con enfoque de género y derechos; politóloga, maestra en Derecho Constitucional y autora de más de 20 publicaciones sobre la agenda de cuidados.  Docente y diplomada en políticas públicas, género y envejecimiento en instituciones como la UNAM, FLACSO y el CIESS.

Paternidad, cuidados y seguridad social: la deuda pendiente

Erradicar el trabajo infantil ha sido, desde hace décadas, uno de los compromisos más importantes que los Estados asumieron al formar la comunidad internacional; México no ha sido la excepción. Hemos ratificado los principales instrumentos internacionales en la materia —Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, ambos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, desarrollando un marco normativo robusto y creando políticas públicas cada vez más adecuadas para enfrentar esta problemática.
Sin embargo, el desafío hoy no es de normatividad ni de narrativas, sino de implementación a nivel estatal y municipal. Aunque hay avances significativos, el trabajo infantil persiste en miles de comunidades del país, especialmente en aquellas marcadas por carencias sociales como pobreza, exclusión e informalidad. La realidad que enfrentamos es un desfase entre las obligaciones legales del Estado mexicano y la capacidad de aterrizarlas en acciones sostenidas y coordinadas a nivel local.
La situación es preocupante. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México realizan trabajo infantil, y de éstos, 1.1 millones están en trabajos peligrosos o prohibidos por la ley. Estas cifras nos revelan una realidad innegable: cumplir con el objetivo 8.7 de la Agenda 2030 –erradicar el trabajo infantil para el año 2025– es algo irrealizable. Es evidente que no se ha alcanzará el objetivo e incluso en algunos contextos la situación se ha agravado, principalmente tras los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia por COVID-19. Por esto extraña que lejos de haberse implementado acciones de alto impacto para mitigar estos efectos, muchas de las estrategias quedaron en el papel o en iniciativas de alcance limitado.
Es importante reconocer que se han dado pasos importantes a nivel de política pública. Por primera vez en la historia, el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 incluyó estrategias explícitas para atender el trabajo infantil. Esto representa un cambio significativo respecto a la importancia que he tenido en administraciones previas y demuestra un avance en la visibilización de la problemática.
En este panorama, el gran reto continúa siendo la implementación a nivel local. Aunque la federación diseñe estrategias, emita lineamientos y coordine políticas, la ejecución depende en gran medida en los gobiernos estatales y municipales y es aquí donde existe el mayor riesgo de que la cadena de acción se rompa. En muchos estados y municipios, los equipos interinstitucionales para prevenir y atender el trabajo infantil son reducidos y carecen de los recursos necesarios o de los conocimientos-capacidades técnicas necesarias para actuar con enfoque de derechos de niñez.
Las áreas de inspección del trabajo son claves para prevenirlo y erradicarlo, pero enfrentan limitaciones y en múltiples ocasiones sus actividades enfrentan realidades que disminuyen la efectividad de su labor; sumado a ello, el número de inspectores laborales es considerablemente bajo si se compara con el volumen de centros de trabajo y la dispersión territorial del país, y que la reciente reforma en materia agrícola mandata inspeccionar los campos agrícolas al menos una vez al año. A nivel nacional, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay alrededor de mil inspectores para cubrir más de cinco millones de unidades económicas. En la práctica, esto significa que la probabilidad de que una situación de trabajo infantil sea detectada, investigada y atendida por los canales formales es mínima.
A pesar de esto, existen experiencias locales que demuestran que sí es posible actuar con eficacia. El caso de Querétaro, por ejemplo, destaca por la implementación de un Protocolo de detección, prevención y atención de trabajo infantil que incluye acciones específicas para identificar y atender situaciones de riesgo, así como mecanismos de coordinación con otras instituciones, como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por su parte, en el Estado de México se ha desarrollado una ruta intermunicipal para la atención del trabajo infantil, que busca articular esfuerzos entre municipios colindantes que comparten dinámicas económicas y sociales similares. Estas experiencias, si bien acotadas, ofrecen una hoja de ruta valiosa sobre cómo construir modelos de intervención interinstitucionales, eficaces y sostenibles.
Desafortunadamente, estas buenas prácticas son la excepción. Para lograr un cambio estructural, se requiere avanzar hacia una política pública que establezca obligaciones específicas para cada nivel de gobierno, desde el federal hasta los municipios. Esta política debe ir más allá de los lineamientos generales existentes y contemplar mecanismos vinculantes que obliguen a cada nivel de gobierno a asumir responsabilidades concretas. Asimismo, es indispensable avanzar en la instalación y fortalecimiento de las Comisiones Interinstitucionales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) locales, que sumen la participación de los municipios, sector privado y sector social de la entidad para que sean herramientas efectivas de coordinación intersectorial y esfuerzos multisectoriales.
Es necesario abordar el trabajo infantil como una consecuencia y no una causa de las condiciones socioeconómicas en las regiones. Por tanto, las intervenciones más efectivas serán aquellas que aborden sus raíces estructurales: la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a educación de calidad, la discriminación, la violencia y la informalidad laboral. Este abordaje requiere necesariamente, la participación activa de todos los sectores: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, academia y comunidades. Cada actor tiene capacidades, recursos y ámbitos de acción distintos, y es justamente esta diversidad la que permite construir intervenciones más completas y sostenibles.
Estamos a meses de que finalice 2025 y es claro que no lograremos erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, existe la oportunidad de construir una política pública transexenal, que coloque a las niñas y los niños en el centro de las decisiones, que fortalezca las instituciones competentes, capacite al personal y, sobre todo, genere la política necesaria para actuar con decisión. Cada niña y cada niño que hoy trabaja representa una oportunidad para garantizar sus derechos y crear un buen presente y un mejor futuro.
* Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política en Protección de la Niñez de Save the Children (<a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="font-size: inherit; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol';" href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Trabajo infantil en México: avances, retos y el desafío para prevenirlo en las comunidades

En México, abrir la llave no cuesta lo mismo para todas y todos. La disparidad es evidente cuando comparamos la realidad entre distintos estados del país. En Yucatán, por ejemplo, el agua puede costar apenas 5.9 pesos por metro cúbico, pero en Hidalgo esa misma cantidad alcanza los 43.9 pesos. ¿Cómo se explica esta diferencia y qué revela sobre la forma en que gestionamos uno de los recursos más esenciales para la vida?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua <a href="https://sinav30.conagua.gob.mx:8080/SINA/?opcion=tarifas" target="_blank" rel="noopener">(CONAGUA</a>), en las capitales de los estados, los hogares pagan, en promedio, 23.3 pesos por un metro cúbico de agua. En comparación con los estándares internacionales, dicho costo es muy bajo. En Dinamarca, por ejemplo, el precio del agua puede alcanzar los 114 pesos; en Estambul es de 44.4 y en Madrid, de 33 pesos por metro cúbico. Acorde con lo anterior, un <a href="https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Cuanto-pagan-los-hogares-en-America-Latina-por-los-servicios-de-agua-y-saneamiento.pdf" target="_blank" rel="noopener">análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (2024)</a> estimó que una familia de cuatro personas, que consume 100 litros por persona al día, gasta en México en promedio 10.44 dólares al mes, frente a los 22.63 dólares en Brasil y 19.45 en Colombia.
Una tarifa baja no sería problema si fuera suficiente para cubrir los costos operativos del Organismo Operador de Agua (OOA). Sin embargo, en muchos casos no es así, pues la insuficiencia de recursos financieros repercute directamente en la calidad del servicio. Por ejemplo, la falta de mantenimiento de la red municipal de agua potable, provoca que alrededor del 40 % del agua se pierda en fugas. Asimismo, los presupuestos limitados impiden a los OOA invertir en ampliar la cobertura de la red. A nivel nacional, esta situación se refleja en que 11.5 millones de hogares no reciben agua diariamente.
Todo indica que las tarifas de agua en México están por debajo del costo operativo real de los OOA. Pero, ¿por qué los prestadores no logran establecer tarifas que cubran sus costos y garanticen un suministro de calidad?
Para responder esa pregunta, tenemos que hablar del artículo 115 constitucional, que establece que los servicios de agua potable están a cargo de los municipios. Esto significa que cada Ayuntamiento tiene cierta autonomía para definir su modelo de operación: algunos la gestionan directamente, otros concesionan el servicio a privados y otros más lo hacen a través de entidades estatales o intermunicipales.
Además, el ajuste de tarifas no depende exclusivamente de los prestadores de servicio. En realidad, el proceso involucra a diversos actores que varían según la entidad federativa. En muchos casos, los Organismos Operadores deben realizar estudios técnicos que justifiquen el incremento o modificación tarifaria, y su propuesta debe validarla el Congreso local o el Ejecutivo, ya sea municipal o estatal, dependiendo del marco legal de cada entidad.
Este diseño institucional vuelve las decisiones tarifarias altamente políticas. Al depender del gobierno local o estatal, no existen incentivos para actualizar las tarifas de manera regular, ya que subir el precio del agua puede ser impopular entre la población y políticamente riesgoso. Así, lo que debería ser una decisión técnica basada en costos reales de operación y mantenimiento, termina en una decisión política, dejando a los Organismos Operadores haciendo malabares financieros para sostener el servicio.
Esa es la principal razón por la que los municipios no actualizan sus tarifas constantemente. De acuerdo con <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2023/" target="_blank" rel="noopener">datos del censo de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales de la CDMX</a>, solo el 36 % de los municipios lo hizo en 2022, y el 20 % no las había modificado desde antes de 2018. Esto tiene consecuencias directas sobre la operación, ya que los costos aumentan con la inflación, pero los ingresos no.
Es urgente que las tarifas de agua respondan a criterios técnicos y financieros, no a cálculos de popularidad o decisiones políticas. Para lograrlo, el gobierno, en sus distintos niveles, debe establecer marcos regulatorios eficaces que permitan mantener las cuotas actualizadas y óptimas. Sólo así los prestadores de servicios podrán, por lo menos, recuperar sus costos de operación.
Los prestadores del servicio, por su parte, deben garantizar que cada peso recaudado se utilice con eficiencia y transparencia. La inversión en infraestructura, la mejora operativa y un servicio continuo y de calidad no son opcionales, sino condiciones indispensables para recuperar la confianza de los usuarios y así incentivar el pago por derechos de agua.
Por último, como usuarios tenemos la obligación de pagar los derechos de agua, pero también el derecho de exigir calidad en el servicio. Una mejor gestión del agua es responsabilidad de múltiples actores, de lo contrario, seguiremos atrapados en un círculo vicioso donde la precariedad financiera, la lógica política y un mal servicio afectan el acceso justo a este recurso vital.
* Agustín Castillo (<a href="https://x.com/aguca_" target="_blank" rel="noopener">@aguca_</a>) es investigador de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas (<a href="https://x.com/EthosInnovacion" target="_blank" rel="noopener">@EthosInnovación</a>).

Tarifas de agua potable: ¿quién pone el precio en México?

Imaginen que nos despertamos en la mañana con la noticia de que integrantes de una pandilla que cometieron un delito en el Paso, Texas, son perseguidos por policías locales y huyen hacia México cruzando la frontera, pero los elementos de dicha corporación en lugar de frenarse en la línea divisoria se internan en nuestro país, continúan la persecución en suelo mexicano, detonan en repetidas ocasiones sus armas y matan a los pandilleros en suelo nacional.
Es previsible que ante tal situación hipotética hubiera pronunciamientos enérgicos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, por la invasión del espacio territorial mexicano, por vulnerar la soberanía y por la comisión de delitos en nuestro país.
Pues lo anterior sucedió, pero con otros actores: los agentes agresores son mexicanos y el país agraviado es Guatemala. El domingo, en el municipio de Frontera Comalapa en Chiapas, unidades del Grupo de Reacción Inmediata Pakal, que pertenece a la Policía del Estado de Chiapas, se enfrentó con armas de fuego a un grupo de criminales, los cuales huyeron a Huehuetenango, Guatemala, y <a href="https://www.reforma.com/cruzan-policias-de-chiapas-a-guatemala-y-abaten-a-narcos/ar3018754">los policías lo siguieron hasta el territorio de nuestro país vecino y ahí ultimaron a cuatro de los agresores.</a>
No se reprocha a los elementos el repeler los ataques o el combatir a grupos criminales, tampoco que en el enfrentamiento haya bajas, porque son situaciones que se pueden dar en el cumplimiento de su deber. El problema es que agentes de una corporación mexicana ingresaron de forma indebida a otro país. Incluso puede haber quien piense que fue una invasión y al cruzar ya no estaban amparados por el marco legal de México, por ende, las ejecuciones realizadas en Guatemala constituyeron un crimen, que debe ser investigado y castigado en dicho país.
Ante los hechos <a href="https://lasillarota.com/estados/2025/6/9/gobernador-de-chiapas-acusa-militares-de-guatemala-de-proteger-criminales-539065.html">el gobernador de Chiapas Eduardo Ramírez justificó la incursión</a>, aduciendo que militares y policías de Guatemala protegen a integrantes del crimen organizado. Sin embargo, hay vías institucionales y diplomáticas que permiten denunciar las acciones de los agentes del orden de Guatemala, pero dicha situación no habilita a policías mexicanos a ingresar al territorio de dicho país para perseguir delincuentes.
Mejor respuesta tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, <a href="https://lopezdoriga.com/nacional/no-esta-bien-sheinbaum-reprueba-policias-pakal-chiapas-cruzaran-guatemala-durante-enfrentamiento/">que reprobó los hechos en la conferencia mañanera del lunes</a>, diciendo que las acciones no estaban bien, pero comentó que apenas el Gabinete de Seguridad le iba a dar información detallada del caso. No abordó, al menos al momento, aspectos relacionados con disculpas al gobierno de Guatemala por el ingreso ilegal o posibles sanciones para los elementos responsables.
Ante ello cabe el paralelismo con las intenciones reiteradas del gobierno de los Estados Unidos de enviar agentes a México para combatir a los grupos criminales. Donald Trump y funcionarios de su gobierno han ofrecido “ayuda” a México con el envío de elementos de fuerzas especiales para combatir a los cárteles de la droga, que consideran terroristas, a lo cual nuestro país, mediante la presidenta Claudia Sheinbaum, ha descartado de tajo dicha posibilidad, señalando que tal hecho representaría una vulneración a la soberanía de México y que es contraria al derecho internacional.
La posición de la presidenta no se puede reprochar. Todo Estado tiene la responsabilidad ineludible de defender su soberanía y se puede (y creo que se debe) cooperar con los Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, pero los esfuerzos deben ser conjuntos y, cuando sean en nuestro territorio, deben darse con la supervisión de las autoridades mexicanas. Por tanto, no se valen incursiones unilaterales.
Sin embargo, a la luz de lo sucedido el pasado fin de semana en Guatemala, quedamos en una mala posición porque el respeto que nosotros exigimos a los Estados Unidos, no se lo dimos a Guatemala y sé que no se trató de una decisión de las autoridades federales, quizá ni siquiera de las de Chiapas, tal vez solo fue una falta de cálculo de policías mal entrenados, pero cuyas acciones pueden generar una crisis diplomática.
Si queremos conservar la calidad moral para ponerle límites a los Estados Unidos en su pretensión de enviar efectivos a México, debemos actuar con firmeza frente a estos hechos y de alguna forma subsanar la situación con Guatemala. Por ejemplo, valdría la pena explorar una disculpa pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde participe el Gobierno de Chiapas, comprometernos a la no repetición de los hechos, buscar esquemas binacionales de combate a las organizaciones criminales para detectar a elementos corruptos que los protegen y, si así lo considera Guatemala, poner a su disposición a los agentes del Grupo Pakal que ingresaron de forma indebida a dicho país y que cometieron asesinato en su territorio, a fin de que sean juzgados bajo su marco legal.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

Policías mexicanos invadiendo Guatemala

El pasado viernes la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer el<a href="https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminart_ESP.pdf" target="_blank" rel="noopener"> informe preliminar</a> que la Misión de Observación Electoral (MOE) rinde respecto de las elecciones judiciales en nuestro país. <a href="https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/gobierno-rechaza-informe-oea-eleccion-judicial" target="_blank" rel="noopener">Las reacciones de la cancillería y la presidencia</a> fueron, creo yo, desproporcionadas. Veamos.
La OEA lleva años desplegando misiones cuyo común denominador es la seriedad de sus informes. Para ello integra equipos de especialistas con una gran solvencia técnica y la regla es que no haya nadie del país que se va a observar. Lo que ofrecen es compartir las mejores prácticas internacionales para resolver procesos o problemáticas particulares. Dichos informes han generado mejoras institucionales constantes en los órganos electorales de la región e incluso adecuaciones legislativas.
El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral se inscribe en esa tradición de seriedad. Señala que el esquema de elección de jueces se aleja de estándares internacionales; no valora, solo describe. Destaca que la evaluación de aspirantes no contó con criterios estandarizados y no hubo mecanismos para garantizar la idoneidad de los candidatos; de nuevo, solo describe. Hay muchos candidatos triunfadores que se ha identificado que son delincuentes, pederastas, padrotes, narcos, deudores alimenticios y un largo etcétera; ello sólo confirma la ausencia de controles adecuados.
En cada apartado hace recomendaciones concretas para remediar la situación. El informe también alerta sobre la pérdida de independencia del Poder Judicial, que implica que todos los candidatos ganadores a la Suprema Corte de Justicia provengan de propuestas de la misma fuerza política. Describe.
Señala que la difusión y promoción de los llamados acordeones atenta contra el voto informado y puede constituir una práctica de coacción del voto. Se preocupa por la escasa participación de la población y el efecto que esto tenga en la legitimidad del nuevo poder electo.
Nada de lo que contiene el breve informe preliminar de la OEA es un descubrimiento para quienes le han dado seguimiento a la contienda judicial. Pero en lugar de admitir siquiera la posibilidad de que la reforma fue una mala idea repudiada en los hechos por 9 de cada 10 ciudadanos, el oficialismo se empeña en hacer ver como un éxito la cruzada, acusa a la OEA de extralimitarse y señala a la oposición como culpable de la ausencia en las urnas. Curiosas cuentas. Si hoy la oposición explica o representa al 90 % de la población, el gobierno está en un lío. No es el caso.
Ojalá alguien tuviera la sensatez de reconocer sus errores, de otra suerte el reclamo a la OEA hoy suena más como la incomodidad del 10 % que si acudió a votar, que como el sentir de un país. México está lejos de ser el país más democrático del mundo. Hubo votación sí, pero votar hace tiempo que no es sinónimo de democracia, si no se observan los preceptos mínimos de la integridad electoral. Ojalá tomemos las mejores lecciones.
* Rodrigo Morales M. (<a href="https://twitter.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a>) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Votar no es sinónimo de democracia

¿Por qué le llamamos jornada de sanación? Junto a las Mujeres sanadoras de León, pensamos en un espacio donde las mujeres cuidadoras buscadoras pudiésemos tomarnos un tiempo que contribuyera a garantizar el bienestar y la salud, no sólo física, también mental y espiritual, promoviendo la cultura de la responsabilidad y autocuidado para mejorar nuestra calidad de vida. Pero ahora, con un nuevo enfoque como mujeres medicina + mujeres buscadoras cuidadoras: trabajar la sanación como lo hacían nuestras ancestras, nuestros ancestros, de manera colectiva. Integrando elementos que representen el aire, la tierra, el fuego, el agua.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1541169" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1024x1024.png" alt="Cartel de la segunda jornada de sanación para mujeres cuidadoras buscadoras en Guanajuato." width="1024" height="1024" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1024x1024.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-600x600.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-768x768.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-1536x1536.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Cartel-de-la-2a-jornada-sanacion-para-mujeres-cuidadoras-buscadoras-en-Guanajuato-2048x2048.png 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
En conjunto creamos actividades donde nos escuchamos, nos sentimos, nos vemos, ya que se ha normalizado hacer todo de manera individual, llorar sin que nos vean, enojarnos sin expresarlo, o esconder nuestra tristeza. Creamos un espacio de cuidados colectivos para la supervivencia ante las violencias cotidianas en la sociedad que vivimos.
Las tareas que elegimos para la jornada de sanación fueron yoga, arte terapia, elaboración de muñequitas quitapesares, poesía y masaje colectivo.
Con el yoga, antes de iniciar, nuestras mentes nos estaban limitando: decíamos: “yo no voy a poder, ya estoy muy grande para esto”. Con las respiraciones empezamos a relajar nuestra mente, haciendo conciencia de nuestro cuerpo, logrando romper los límites de la mente y disfrutando de lo fácil que era lograr reconocer la flexibilidad de cada parte del cuerpo con los estiramientos, concentrando la atención en la unión entre la mente y el cuerpo, logrando un estado de equilibrio, conectando cuerpo y mente.
<figure id="attachment_1541163" aria-describedby="caption-attachment-1541163" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1541163" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1024x460.jpeg" alt="Práctica de yoga en la segunda jornada de sanación y reconciliación de las integrantes de Buscadoras Guanajuato. " width="1024" height="460" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1024x460.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-600x270.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-768x345.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo-1536x690.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Practica-de-yoga-como-actividades-para-reconciliarnos-con-nuestro-cuerpo.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1541163" class="wp-caption-text">Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Mediante la práctica de yoga construimos un espacio seguro, paciente y motivador para reconocer las posibilidades de movilidad que se han ido reduciendo en la cotidianidad de la búsqueda o las labores necesarias para sostenernos como familias. Con guía y apoyo, en colectivo nos fuimos acompañando respetuosamente en el ritmo, y las posibilidades de cada una de nosotras; al mismo tiempo, el grupo en su conjunto motivaba la exploración, el descubrimiento y la recuperación de la fuerza, flexibilidad, sostén y descanso, que se han ido olvidando con el paso de los años y las situaciones difíciles.
Con el arte terapia y poesía logramos un espacio de confianza que en la vida cotidiana ya no encontramos. Guardamos muchos silencios por temor a ser juzgadas y señaladas. Acá se colocó un espacio para compartir conversando. Alternando con una labor manual simbólica se construyó un ambiente de escucha atenta y contenida para narrar vivencias y preocupaciones muy particulares de cada una tras la desaparición de nuestros seres queridos, sus impactos iniciales, los estados de desgaste que hemos atravesado y acumulado, así como algunos temores y dolores que han evitado nombrar en espacios estigmatizantes, indolentes u objetivizantes.
Elaboramos una muñequita quitapesares que nos llevamos como un objeto o una herramienta física con la cual pudiésemos conectar y poder expresar de manera privada lo que nos duele física y espiritualmente para sanar.
<figure id="attachment_1541167" aria-describedby="caption-attachment-1541167" style="width: 626px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1541167" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares.png" alt="Muñecas quitapesares elaboradas en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato." width="636" height="858" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares.png 636w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/munequitas-quitapesares-445x600.png 445w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" /><figcaption id="caption-attachment-1541167" class="wp-caption-text">Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Mientras elaborábamos nuestra muñequita quitapesares, cada una iba leyendo un fragmento del poema &#8220;Se regalan tristezas&#8221;, de María Viento. Un fragmento de la poesía decía: ”…hay mujeres que aún cargan un abismo en su espalda, un corazón roto, muy roto en su pecho, un dolor en su alma humilde, preguntas en su mente, un deseo interminable de paz y que aún no lo logramos…”.
Al terminar de leer, nos identificamos con el texto del poema, pues nos tocó las fibras más íntimas de nuestro corazón, logrando así darle voz a lo que habíamos callado por mucho tiempo y, entre todas, conteníamos y maternábamos.
Cada una expresó lo que esta lectura nos había dejado en el corazón, lo que nos había hecho sentir. Y este fue el momento de trabajo interior de cada una porque nos permitimos sentirnos en confianza y le permitimos a nuestro corazón expresar los silencios que habían estado por ahí, muy, muy guardados en lo profundo y en este momento todas juntas maternamos.
<figure id="attachment_1541168" aria-describedby="caption-attachment-1541168" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1541168" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1024x768.jpeg" alt="Meditación guiada en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato." width="1024" height="768" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1024x768.jpeg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-600x450.jpeg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-768x576.jpeg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida-1536x1152.jpeg 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Con-la-meditacion-guiada-fue-posible-poner-en-pausa-la-sobrecarga-mental-y-volver-a-sentir-una-profunda-conexion-con-la-vida.jpeg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1541168" class="wp-caption-text">Meditación guiada en la segunda jornada de sanación y reconciliación del colectivo Buscadoras Guanajuato. Foto: Buscadoras Guanajuato.</figcaption></figure>
Las mujeres sanadoras con su medicina espiritual nos iban equilibrando, conteniendo con cada uno de sus elementos. Usaron el soplo de la tecocoli o caracol para equilibrar, para limpiar la energía que hubiera dejado lo que habían estado expresando tan doloroso en ese momento.
Al final cerramos con un masaje colectivo al que le llaman el masaje del granjero, porque con nuestras manos cada una hacía la figura o las partes de uno de los animales, por ejemplo, el masaje del pollito y con las manos dibujamos el piquito del pollito y masajeamos la espalda de la compañera que estaba adelante.
Realizamos el masaje de la serpiente y con nuestras manos recorríamos toda la espalda. También juntamos los puños para hacer el masaje del caballo y dar golpes en la espalda. El masaje del granjero fue un masaje divertido y con la risa cortamos toda la tensión que se había generado en la actividad anterior. Pausamos las sensaciones de tristeza, de angustia y, sobre todo, la tensión, toda esa tensión tan fuerte que se había acumulado.
En ese momento nuestro cuerpo tenía una sensación rica al ser tocada por cada una de las compañeras. Integramos también, en esta jornada de sanación, los cantos medicina para lograr dar paz, para lograr dar tranquilidad al cuerpo, al corazón y para dar equilibrio.
Por lo que todas pudimos expresar logramos los objetivos con los que habíamos planeado esta jornada. Fue una satisfacción muy bonita. Ver que estábamos contentas, que nos llevamos mucho para ver la vida diferente saliendo de esta jornada. Pero, sobre todo: reconciliadas.
*<a href="#_ednref1" name="_edn1"></a> Ana Soledad Ambriz Rodríguez es fundadora de Mujeres sanadoras de León, una organización que nació en medio de múltiples violencias en esa ciudad de Guanajuato y que con mucho trabajo en la defensa de su territorio, han traído reconstrucción del tejido social y paz a su comunidad. María Elizabeth Navarro Jerónimos es antropóloga social, acompañante solidaria del Colectivo Buscadoras Guanajuato. Con una mirada sociocultural contribuye a la implementación en campo de diversas iniciativas. Alejandra Díaz es integrante del Colectivo Buscadoras Guanajuato, por 18 meses estuvo buscando a su hermano Felipe desaparecido en Guanajuato. Actualmente acompaña a más familias en su búsqueda a través de la vinculación y gestión proyectos para la incidencia política, cultural y de acción ciudadana.

¿Es posible sanar y reconciliarnos con nuestro cuerpo desgastado por la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos?

Reconciliarnos con nuestro cuerpo desgastado por la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos

La ciudadanía mexicana no es un bloque homogéneo. Enfrenta realidades sociales, económicas y políticas diversas, y las respuestas ante ellas varían profundamente.
Mientras algunos han optado por asumir un papel activo, otros han caído en la resignación y la dependencia.
Un sector preocupante de la población ha adoptado una lógica de sobrevivencia inmediata: vive al día, esperando las transferencias gubernamentales como si fueran concesiones generosas, no derechos sociales.
Para muchos, la relación con el Estado se ha reducido a una transacción: apoyo económico a cambio de obediencia política.
Poco importa el origen o la viabilidad de esos recursos. No se exige calidad en los servicios públicos ni transparencia en la gestión.
El gobierno es visto como benefactor, no como servidor. En este contexto, se consolida una relación clientelar donde el voto, la asistencia a mítines o el silencio ante los abusos se convierten en moneda de cambio.
Aunque este grupo no es mayoritario, su presencia es significativa.
Ha aprendido a sobrevivir en una cultura de la dádiva, donde la expectativa no es avanzar, sino resistir, siempre bajo la sombra de quien reparte el poder.
La noción de ciudadanía activa —con derechos, deberes y responsabilidad cívica— ha sido desplazada por una actitud pasiva, incluso sumisa, que erosiona tanto la democracia como la autonomía individual.
Sin embargo, no toda la ciudadanía ha cedido ante esta lógica.
Existe un amplio sector que, pese a las adversidades, se niega a entregar su dignidad a cambio de migajas.
Son personas que luchan por salir adelante: estudian, emprenden, se organizan y se esfuerzan por construir un futuro con base en su propio trabajo.
Pueden recibir apoyos, sí, pero no se subordinan a ellos ni los convierten en su única vía de subsistencia.
Esta ciudadanía no encaja en la narrativa oficialista que pretende reducir la participación cívica a gratitud y obediencia.
Por el contrario, representa una fuerza crítica que, en lugar de conformarse con promesas huecas, actúa, propone y transforma desde abajo.
Pese a ello, rara vez recibe reconocimiento en el discurso público o mediático.
La atención se concentra en los beneficiarios pasivos, invisibilizando a quienes desde su entorno cotidiano han construido otra narrativa: la del esfuerzo, la innovación, la participación activa y la exigencia legítima de derechos.
México vive hoy una fractura cívica que no podemos seguir ignorando. Es urgente visibilizar, fortalecer y acompañar a esa ciudadanía emergente que no quiere limosnas, sino un Estado que respete su dignidad.
Una ciudadanía que no está dispuesta a ceder sus derechos a cambio de favores, sino que exige instituciones sólidas, justicia social y un futuro que no dependa del cálculo electoral de unos cuantos.
* Elio Villaseñor Gómez ( <a href="https://twitter.com/Iniciativa_pcd" target="_blank" rel="noopener">@Iniciativa_pcd</a> ) es director de <a href="https://www.iniciativaciudadana.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C.</a>

¿Ciudadanos o súbditos? Los dilemas de la democracia mexicana

Hay muy pocas drogas autóctonas de México; por ejemplo, las dos que más se producen en el país, <a href="https://libreenelsur.mx/la-extrana-historia-de-la-marihuana-en-mexico/" target="_blank" rel="noopener">la mariguana</a> y <a href="https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/companias-que-comercializaban-el-opio">la amapola (opio)</a>, fueron traídas de Asia a México en el siglo XVIII en la Nao de China, una ruta comercial entre Manila, Filipinas, y Acapulco, México, pero como su siembra se adapta muy bien a los climas de varios estados, nuestro país se volvió un productor importante a nivel global.
Las drogas sintéticas se desarrollaron en laboratorios de Estados Unidos y Europa, aunque ahora se produzcan a gran escala en México, por lo que, en realidad, las únicas drogas autóctonas de importancia del país son hongos y cactus, como el peyote. De forma que hoy casi todos los estupefacientes se producen en México en altas cantidades, salvo uno: la cocaína.
La cocaína es un derivado químico que se produce al mezclar la hoja de coca, con diversas sustancias. Esa mezcla se puede hacer en México, pero lo que no se ha logrado es adaptar de forma masiva la planta de coca a nuestro país, debido a que requiere climas muy específicos, que abundan en Colombia, Bolivia y Perú, así como en porciones menores de Ecuador, Chile y Argentina.
A pesar de ello, la cocaína fue la sustancia que empoderó a las organizaciones criminales mexicanas. Su importación masiva explica el crecimiento que tuvo el Cártel de Guadalajara, así como posteriormente el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Golfo, entre muchas otras.
Por tal motivo, las organizaciones mexicanas a pesar de que no han tenido problema en garantizar el flujo de cocaína de Sudamérica, siempre han hecho intentos, la gran mayoría infructuosos, de adaptar la planta de coca a México.
El primer plantío de cocaína en México se encontró en 2014 en el municipio de Tuxtla el Chico, en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. <a href="https://www.jornada.com.mx/2014/09/11/politica/016n2pol" target="_blank" rel="noopener">Se trataba de un cultivo muy pequeño de poco más de mil metros cuadrados</a>, en donde había más de 1,600 plantas de pocos años, que estaba lejos de producir a gran escala, ya que se requieren cerca de 110 kilos de hoja de coca para producir un kilo de base para la cocaína, es decir, de todo el plantío apenas se hubieran obtenido unos pocos kilos de base de cocaína.
Si bien no se pudo determinar con precisión el grupo criminal al que pertenecía dicho sembradío, por la zona y el año en la que fue localizada se pudo tratar del Cártel de Sinaloa o de los Zetas.
Este primer intento exitoso de adaptar la planta de la coca en México incentivó a otros grupos criminales a crear sembradíos en al menos dos entidades federativas más, Guerrero y Michoacán, además de buscar nuevos enclaves en Chiapas. Para lo cual buscaron la asesoría de <a href="https://www.infobae.com/mexico/2024/06/13/carteles-mexicanos-estan-contratando-expertos-colombianos-en-el-cultivo-de-coca-afirma-comandante-en-retiro/" target="_blank" rel="noopener">criminales colombianos</a>.
De hecho, a partir de 2019 el ejército ha encontrado nuevos cultivos de coca, los cuales tienen un tamaño mayor, siendo el más grande el descubierto en <a href="https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/10/nuevos-plantios-de-coca-descubiertos-en-mexico-encienden-las-alarmas-en-la-fgr/" target="_blank" rel="noopener">Atoyac, Guerrero con una extensión de cuatro hectáreas, el cual contaba además como un laboratorio</a> para fabricar pasta de coca, que luego se puede convertir con facilidad en cocaína.
Para dimensionar el problema, tan solo <a href="https://www.milenio.com/policia/aumenta-deteccion-destruccion-plantios-hoja-cocaina-mexico" target="_blank" rel="noopener">en 2023 se destruyeron 278 plantíos de coca</a>, de acuerdo con datos de la SEDENA y en Guerrero han sido encontradas más de 60 hectáreas de este cultivo de 2019 a la fecha. Se trata de una cifra nada despreciable para un cultivo no nativo, pero aún menor si se le compara con <a href="https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Resultados-monitoreo-cultivos-2023-no-son-ajenos-a-presion-global-por-aumento-de-demanda.aspx#:~:text=Entre%202022%20y%202023%20el,23%27460.000%20las%20personas%20afectadas." target="_blank" rel="noopener">las 253 mil hectáreas que tiene Colombia</a>, las <a href="https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6447242/5639121-superficie-cultivada-con-arbusto-de-hoja-de-coca-monitoreada-en-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">92 mil que tiene Perú</a> o <a href="https://www.swissinfo.ch/spa/los-cultivos-de-hoja-de-coca-en-bolivia-se-incrementaron-un-4-%25-en-2023%2C-según-la-onu/88895142#:~:text=%2D%20Los%20cultivos%20de%20hoja%20de,(Unodc%2C%20en%20inglés)." target="_blank" rel="noopener">las 31 mil de Bolivia</a>, sin embargo, puede haber más cultivos no detectados en México y sin duda la tendencia de producción parece ser creciente.
Por lo anterior, se puede decir que hay tres zonas de producción de coca en México: la primera se ubica en Guerrero y abarca los municipios de la costa y algunos del centro de la entidad. En concreto, Atoyac, Tecpan de Galeana, Petatlán, Heliodoro Castillo, Coyuca de Benítez, Chilpancingo y Ajuchitlán del Progreso, zona que disputan organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, los Ardillos, los Tlacos y los Granados. Siendo esta zona la que concentra por mucho el mayor porcentaje de producción.
La segunda se ubica en Michoacán en los municipios Aquila y Coalcomán, en donde se han localizado pocos sembradíos, y que pelean el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tepalcatepec, que pertenece a Cárteles Unidos.
Y la última zona se localiza en el sur de Chiapas, en los linderos con Guatemala, que es la menor de todas y que contempla dos municipios, Tuxtla el Chico y Villa Comaltitlán, que es una zona dominada por el Cártel de Sinaloa.
A pesar del crecimiento en la cantidad de sembradíos, debemos tener en cuenta que la masificación de estos cultivos enfrenta varios retos, el primero es encontrar tierras con los climas adecuados, que en México son escasas; el segundo es que el ciclo de la planta es mayor al de la amapola o la mariguana, que duran meses, mientras que la planta de coca para su primer cosecha requiere de un par de años; como tercer punto, requiere más tierra que otros cultivos ilegales, y por ende, son más propensos a ser descubiertos, y un cuarto es que se requiere mayor cantidad de material para lograr extraer la sustancia activa.
Sin embargo, para las organizaciones mexicanas resulta lógico apostar por el cultivo de coca en nuestro territorio, porque su rendimiento se amplía por cada kilo de cocaína producido aquí, ya que no tienen que pagar ni a los productores de Colombia, Perú y Bolivia ni a los intermediarios que transportan la droga por países como Honduras o Guatemala.
Por ende, resulta lógico que en el futuro veamos un crecimiento de los cultivos de coca en México, lo cual también implica retos para las autoridades, que tendrán que intensificar las labores de erradicación, en especial en Guerrero, así como buscar modelos de desarrollo para la población rural de estas zonas.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (<a href="https://x.com/victorsanval" target="_blank" rel="noopener">@victorsanval</a>) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: <a href="mailto:victorsanval@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">victorsanval@gmail.com</a>.

La producción de cocaína en México

La inédita elección judicial del pasado 1 de junio es, quiérase o no, un parteaguas de nuestra historia política. A expensas de las salvedades que tenga el Instituto Nacional Electoral respecto de las personas elegidas para conformar el nuevo Poder Judicial Federal (y los poderes judiciales locales que también se sometieron a votación, no olvidemos) o las impugnaciones que se presenten tras la oficialización de los resultados, podemos decir, con un poco de ironía y abusando del juego de palabras, que esto es “cosa juzgada”. Pasada la jornada electoral extraordinaria, queda por intentar dotar de sentido a lo ocurrido para saber en dónde estamos parados.
Para ello, me interesa enfocarme en una cuestión fundamental: el procedimiento, es decir, los pasos y reglas a seguir durante un proceso electoral, que son los actos preparatorios de la jornada electoral. Sí, lo sé, es tal vez la parte más aburrida o anticlimática de toda jornada electoral; sin embargo, sin ella no es posible decir que unas elecciones sean relevantes, válidas o, incluso, representativas de la voluntad popular expresada en las urnas. Los resultados, las campañas y quienes participan siempre dan el color de toda elección; tal vez la relativa confianza y certeza electoral que vivimos durante los últimos 25 años, a excepción de la elección de 2006, nos hizo omisos ante la relevancia del procedimiento como garante de la legitimidad democrática de las elecciones.
En el derecho y la política el procedimiento es el puente entre las normas y su aplicación, entre el poder y la autoridad. La validez de las normas no depende sólo de las posibilidades y límites que dicten para una acción determinada, sino por los pasos y los requisitos que permiten juzgar si esta acción es válida o no… (por ejemplo, los límites de velocidad: mientras un vehículo no lo exceda no debe ser sancionado por eso). En el caso de la política, el paso del poder a la autoridad requiere de pasos y requisitos que dotan de validez y legitimidad al primero para considerarlo, entonces, como un acto autorizado.
Sé que parece una visión demasiado técnica y formal, hasta fría, de la política y el derecho; incluso puede decirse que es una visión ingenua o idealista sobre la política, porque las autoridades y los gobernantes desdeñan con facilidad los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Y es cierto, no podemos ignorar que eso ocurre, pero cuando fallan o faltan los procedimientos, conocemos los abusos del poder y del derecho, así como sus consecuencias en situaciones de violencia y explotación. Sin embargo, uno de los mayores logros de la democratización en nuestro país fue consolidar un procedimiento electoral que fuera confiable para la ciudadanía (que tampoco es perfecto, lo sé).
La principal aportación de los procedimientos es que nos dejan un testimonio claro de las decisiones que se toman, los recursos que se ejercen y las consecuencias de los actos. Además, ofrecen cierta regularidad sobre la que se cimenta la confianza de las personas: si sabemos que debemos participar en elecciones periódicas, lo mejor que podemos esperar es que cada vez que lo hagamos las reglas y los pasos a seguir sean los mismos. Por eso las reformas electorales siempre son de trascendencia nacional y hasta generacional: cambiar las reglas del juego cambia nuestras expectativas de sus resultados.
Pero en esta ocasión fue distinto porque desde un principio hubo sospechas y reservas sobre los procedimientos seguidos. No me refiero solamente a la aprobación de la reforma judicial, situación ampliamente discutida y criticada por las formas con que Morena logró el cambio más importante en el Poder Judicial de los últimos 30 años, sino a la postulación de candidaturas, la selección de los perfiles y las limitaciones que enfrentó la autoridad electoral. Cada paso del proceso, desde la Reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 hasta la elección del 1 de junio de este año, enfrentó desconfianza hacia los procedimientos para realizar esta elección.
Lo que inicialmente era un proceso tripartito entre los poderes de la Unión, fue definido solamente entre el legislativo y el ejecutivo: el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunció en enero de 2025 porque consideró imposible realizar su trabajo de conformación de las listas de candidaturas, pues consideraba que debía acatar las resoluciones de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma y sus leyes secundarias. En consecuencia, el Poder Judicial no presentó una lista de candidaturas, función que asumió el Poder Legislativo. En lugar de buscar una solución política a un problema jurídico, ninguno de los poderes accedió a encontrar un punto medio que era necesario para que esta reforma contara con, al menos, el respaldo formal de los tres poderes.
La conformación de listas por el legislativo y el ejecutivo estuvo marcada por falsas postulaciones, nombres de personas con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, denuncias por violencia sexual y de género, participación en procesos polémicos como el despojo de tierras, episodios de desaparición y represión de activistas en defensa de distintas causas, o violaciones de derechos humanos. Ninguno de los dos poderes atendió a estos señalamientos y sus listados carecían de una evaluación apropiada de los perfiles. En algunos casos hubo candidaturas únicas, donde lo único que quedaba por hacer en la elección era contar cuánta gente votaba por esa candidatura.
Igualmente, no podemos olvidar las limitaciones y carencias inducidas contra el Instituto Nacional Electoral, pues afectaron los procedimientos y el proceso en su conjunto. En lugar instalar todas las casillas como en la elección federal de 2024, los recortes presupuestales y la negativa del Ejecutivo por reponer el dinero necesario obligó a realizar los ajustes que hicieran posible que la elección se realizara, sin más. En consecuencia, hubo menos casillas, funcionarias y funcionarios para apoyar a la ciudadanía que accedió a participar en esta labor democrática, menos capacidad de organización y de vigilancia de un proceso, y un proceso dilatado de cómputo de los resultados que requería toda la capacidad institucional para hacerse de una legitimidad política.
La suma de candidaturas cuestionables, de un instituto reducido y abiertamente incapacitado para dotar al proceso de los principios fundamentales de nuestro sistema electoral (independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y perspectiva de género), y la abierta promoción partidista de candidaturas preferidas por parte del oficialismo, desembocaron en la jornada vista el domingo. Una bajísima participación atribuible a distintos factores: desinformación, falta de cobertura en las casillas, un desinterés motivado por la abierta campaña de promoción encabezada por el gobierno federal y Morena. A pesar de ser una elección extraordinaria, es preocupante que sólo participara el 13 % de los votantes registrados en nuestro país, sólo por encima de la consulta popular de 2021 (7.11 %) y debajo de la revocación de mandato en 2022 (17.78 %), los otros procesos promovidos por el oficialismo como muestra de la democratización plena de nuestro país.
No puede desestimarse el desdén por el procedimiento como causa de la baja participación: si no confiamos en las elecciones que se van a realizar, ¿qué nos motiva a participar? De cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se incluirán las elecciones judiciales en un proceso ordinario por primera vez, no podemos repetir esta experiencia, pues una ciudadanía que desconfía de las elecciones puede abandonar rápidamente la voluntad de manifestar sus preferencias de esa manera. Me gustaría darle un voto de confianza al régimen para revisar los resultados de esta elección y corregir, y no repetir los errores que minaron los procedimientos; sin embargo, los antecedentes nos han demostrado lo contrario y nos enfrentaremos ahora a un nuevo statu quo: el desdén del procedimiento, la desconfianza de los resultados y la posible apatía de una ciudadanía que manifestará sus descontentos por otros medios.
* Armando Luna Franco (<a href="https://twitter.com/drats89" target="_blank" rel="noopener">@drats89</a>) es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.

Las formas importan: el procedimiento y la legitimidad de la elección judicial

¡No son las elecciones, es contra el sistema!

Mientras escribimos estas líneas, Greta Thunberg navega en el velero Madleen rumbo a Gaza junto a otras personalidades como el actor <a href="https://www.independent.co.uk/bulletin/news/greta-thunberg-gaza-aid-liam-cunningham-b2761868.html" target="_blank" rel="noopener">Liam Cunningham</a> y la eurodiputada <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rima_Hassan" target="_blank" rel="noopener">Rima Hassan</a>. La intención es llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo israelí que impide la urgente entrada de medicina y comida. La misión, aunque se lea simbólica, tiene una muy alta peligrosidad. Hace un mes se intentó una acción idéntica, en la que también participaba Thunberg, y el barco fue bombardeado por el ejército de Israel cerca de Malta horas antes de zarpar.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-large wp-image-1539568" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun-1024x770.png" alt="Mapa con la Ubicación de la Flotilla de la Libertad el 4 de junio (Freedom Flotilla)." width="1024" height="770" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun-1024x770.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun-600x451.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun-768x578.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun-1536x1155.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Freedomflotilla-4-de-jun.png 2010w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Ubicación de la Flotilla de la Libertad el 4 de junio (<a href="https://freedomflotilla.org/ffc-tracker/" target="_blank" rel="noopener">Freedom Flotilla</a>).
Ante la impotencia y la desesperación de ver a más de dos millones de personas sometidas impunemente a la hambruna y un bombardeo incesante, la Flotilla de la Libertad –coalición que encabeza la acción– ha decidido confrontar directamente los actos genocidas como una manifestación más de la crisis civilizatoria actual, la cual tiene entre sus síntomas tanto el genocidio en Gaza como la crisis climática. En un<a href="https://www.msn.com/en-us/video/news/greta-thunberg-and-other-activists-join-freedom-flotilla-trying-to-take-aid-from-italy-to-gaza/vi-AA1FSP7m?t=28&amp;ocid=socialshare" target="_blank" rel="noopener"> emotivo discurso</a>, Greta habló sobre la peligrosidad de la misión: “El peligro de esta misión no está cerca de ser tan peligroso como el silencio del mundo entero frente a un genocidio transmitido en vivo”. Más allá de la congruencia de Greta en su reiterado discurso anticolonial, hay un vínculo profundo entre lo que sucede en Gaza con la crisis climática.
El giro que dio Greta Thunberg —de ser el rostro internacional del movimiento juvenil Fridays for Future, donde estudiantes de todo el mundo faltaban a clases los viernes para protestar contra la inacción climática, a convertirse en una figura pública que denuncia el genocidio perpetrado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino— ha sido duramente criticado por algunos sectores del movimiento climático. Particularmente en Alemania, donde el activismo climático —como tantos otros espacios de la sociedad— se ha visto limitado por la represión estatal y por medidas draconianas que buscan incluso censurar cualquier mención a las atrocidades cometidas por el gobierno de Israel. Greta fue acusada de &#8220;sembrar división&#8221; dentro del movimiento. Sin embargo, como ella misma ha señalado, carece de sentido luchar contra el cambio climático sin comprender la lógica sistémica que lo produce.
<figure id="attachment_1539569" aria-describedby="caption-attachment-1539569" style="width: 1014px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1539569" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza-1024x767.png" alt="Greta Thunberg horas antes de abordar el velero Madleen.Foto: Greta Thunberg" width="1024" height="767" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza-1024x767.png 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza-600x450.png 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza-768x576.png 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza-1536x1151.png 1536w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Greta-Gaza.png 1876w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption id="caption-attachment-1539569" class="wp-caption-text">Greta Thunberg horas antes de abordar el velero Madleen. Foto: Greta Thunberg</figcaption></figure>
&nbsp;
Como hemos argumentado en distintos espacios, la crisis climática no es simplemente un problema de exceso de CO₂ en la atmósfera, ni se reduce al uso de combustibles fósiles o a la falta de tecnologías para aprovechar fuentes de energía renovable. No. La crisis climática es la manifestación de un sistema capitalista cuya estructura se sostiene sobre la colonialidad, el patriarcado y el extractivismo; un sistema que, durante los últimos 500 años, ha intentado una y otra vez imponerse como única visión del mundo, borrando las diferencias y aniquilando las alternativas. El capitalismo, en última instancia, es un modelo capaz de cambiar de rostro y de máscaras: durante décadas logró convencernos de que era compatible con la democracia, la inclusión, la tolerancia e incluso con la sustentabilidad. Lo que hoy ocurre en Gaza es, como señala <a href="https://ceesp.org.bo/wp-content/uploads/2015/12/diagramado-palabras-contra-el-fin-del-mundo-con-tapas.pdf" target="_blank" rel="noopener">Margara Millán</a>, un anticipo del futuro del capitalismo: la remoción de todas sus máscaras para exhibir su verdadera esencia, la que siempre ha tenido: un sistema basado en la violencia, la supremacía, el despojo y la destrucción.
El modelo capitalista se ha definido siempre por trazar una distinción tajante entre valor y desperdicio. Designar a Gaza como un territorio &#8220;vacío&#8221;, sin valor, implica no sólo borrar su historia y su población, sino activar el mecanismo central de todo proyecto de colonialismo de asentamiento: garantizar el acceso a la tierra mientras se convierte a los nativos en foráneos y a los foráneos en nativos. La colonialidad climática expone no sólo los legados históricos de violencia colonial, imperial y capitalista, sino también sus continuidades actuales en la crisis climática contemporánea. Los países y pueblos históricamente colonizados —particularmente en el Sur Global— siguen siendo los más golpeados por los desastres climáticos, la degradación ambiental y la pérdida de medios de vida, a pesar de haber contribuido mínimamente al calentamiento global. Los ejemplos abundan: tan sólo en los últimos días, Nigeria e India han enfrentado inundaciones con cientos de víctimas, mientras que incluso en los países sobredesarrollados los impactos empiezan a ser visibles —como el reciente colapso de un glaciar que borró un pueblo entero en Suiza. Sin embargo, lo revelador es cómo las élites globales reaccionan ante estos fenómenos, dividiéndose en dos grandes campos: por un lado, figuras como Peter Thiel, que apuestan por un aislacionismo misantrópico que asume el fin del mundo como inevitable y busca garantizar su capacidad de acumulación a costa del resto; y por otro, empresarios como Elon Musk, que promueven la ilusión de un capitalismo verde capaz de sostener el sistema mediante tecnologías salvadoras o incluso la colonización de otros planetas.
Frente a este panorama, la mayoría de los gobiernos del mundo nos invitan a desviar la mirada de lo que ocurre en Gaza. Como advierten Naomi Klein y Astra Taylor, el ascenso del fascismo del fin de los tiempos anuncia un viraje cada vez más abierto hacia el ecofascismo, mientras las máscaras democráticas, inclusivas y sustentables del capitalismo se desmoronan. Naturalizar la violencia en Gaza —y en tantos otros territorios sacrificados— es aceptar la narrativa de las élites que insisten en que no hay alternativa al capitalismo: o bien nos resignamos a su colapso, como pregonan los Thiel de este mundo, o bien aceptamos las falsas promesas de un capitalismo verde que no cuestiona las raíces del problema, como propone Musk. Mientras tanto, seguimos con nuestras vidas mientras comunidades desaparecen en Manitoba (Canadá), en Guatemala por los incendios forestales, o en Tabasco, México, por el avance de las crisis ambientales. Normalizar esta violencia equivale a aceptar que hemos entrado en un nuevo momento histórico donde el &#8220;no hay alternativa&#8221; —al capitalismo, a los combustibles fósiles, al despojo, al sacrificio— se instala como el nuevo sentido común.
Gaza no representa únicamente la lucha por la vida de dos millones de personas, sino la defensa misma de nuestra humanidad. Como bien advertía Walter Benjamin, &#8220;no hay documento de civilización que no sea, al mismo tiempo, un documento de barbarie&#8221;. Si lo que presenciamos en Gaza, junto con el recrudecimiento de la violencia climática, es un anticipo del futuro del capitalismo, entonces lo que nos aguarda es un descenso acelerado hacia la barbarie. Por eso, la denuncia de lo que ocurre en Palestina no es sólo un imperativo moral frente a un genocidio y el asesinato de niñas y niños; es también un llamado global a resistir la normalización de la barbarie como única respuesta posible ante las crisis que se multiplican.
<figure id="attachment_1539570" aria-describedby="caption-attachment-1539570" style="width: 809px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-large wp-image-1539570" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Javi-Dom-Gaza-819x1024.jpg" alt="Ilustración de Javier Domínguez (@soy_jadg)." width="819" height="1024" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Javi-Dom-Gaza-819x1024.jpg 819w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Javi-Dom-Gaza-480x600.jpg 480w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Javi-Dom-Gaza-768x960.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/06/Javi-Dom-Gaza.jpg 1080w" sizes="(max-width: 819px) 100vw, 819px" /><figcaption id="caption-attachment-1539570" class="wp-caption-text">Ilustración de Javier Domínguez (@soy_jadg).</figcaption></figure>
&nbsp;
Las amenazas y los ataques no cesan: en las redes sociales proliferan los mensajes de odio, los deseos de <a href="https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1929266986455814415" target="_blank" rel="noopener">fracaso y muerte</a> hacia Greta Thunberg y quienes, como ella, se atreven a vincular la crisis climática con la violencia colonial y el genocidio en curso. La espiral de violencia persiste en todos los frentes: desde el reciente ataque en <a href="https://www.theguardian.com/us-news/colorado" target="_blank" rel="noopener">Colorado</a> hasta nuestras propias salas y cocinas, donde la propaganda y la ingeniería social de la normalización y la división se han vuelto cada vez más penetrantes. Estas agresiones no son casuales; expresan una de las lógicas más perversas del capitalismo contemporáneo: su disposición a sacrificar vidas humanas y ecosistemas enteros con tal de preservar su orden de acumulación. Un sistema que convierte la destrucción en rutina y el exterminio en normalidad, siempre dispuesto a consumir todo lo que pueda ser convertido en ganancia, incluso a costa de la vida misma. Sin embargo, frente a esta maquinaria insaciable, la resistencia persiste: hoy navega hacia Gaza, y vive en cada persona y pueblo que se niega a aceptar el sacrificio silencioso como destino, desafiando la brutalidad de un sistema insaciable, aunque no invencible.
* Carlos Tornel (<a href="https://x.com/CarTor_88" target="_blank" rel="noopener">@CarTor_88</a>) es investigador y escritor. Parte del equipo del Tejido Global de Alternativas en México. Contacto: <a href="mailto:tornelc@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">tornelc@gmail.com</a>. Pablo Montaño (<a href="https://x.com/PabloMontanoB" target="_blank" rel="noopener">@PabloMontanoB</a>) es politólogo y coordinador de Conexiones Climáticas. Contacto: <a href="mailto:pablo@conexionesclimaticas.org" target="_blank" rel="noopener">pablo@conexionesclimaticas.org</a>.

Greta Thunberg: Palestina y la lucha climática

El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. En México la efeméride se celebra, casi siempre, con campañas de reforestación, recolección de basura y actividades escolares para promover el cuidado del planeta.
Son acciones valiosas, sin duda. Pero en el contexto de una crisis climática de creciente complejidad, cabe preguntarse si estas prácticas alcanzan a expresar lo que realmente está en juego: la conservación de los ecosistemas junto a la garantía de derechos sociales.
El trasfondo es contundente. En las últimas dos décadas, el continente americano y los países insulares han estado entre los más expuestos a los efectos de los desastres relacionados con el clima y la seguridad hídrica. Entre 2000-2019, más de 247 millones de personas resultaron afectadas por desastres asociados con fenómenos de origen natural como sequías, inundaciones, huracanes, epidemias o terremotos, según datos de la Universidad de Lovaina. Para dimensionarlo, es como si una de cada tres personas en América Latina y el Caribe hubiera vivido, en menos de veinte años, el impacto directo de al menos uno de estos eventos.
En México aún no se ha consolidado un sistema de aseguramiento ni de protección social específicamente diseñado para responder de manera integral a los impactos de fenómenos climáticos o ambientales. Existen programas que se activan con fines compensatorios o de emergencia, pero que podrían fortalecerse desde una perspectiva preventiva, con mayor continuidad y alcance.
La seguridad social, como derecho humano, y la protección social, en tanto red complementaria basada en programas sociales, constituyen pilares fundamentales para garantizar el bienestar de las personas en todo momento, incluso durante situaciones de desastre. No obstante, en el país persisten retos de articulación institucional.
Por un lado, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) no integra de manera estructurada a las instituciones de seguridad y protección social. Por otro, muchas de las prestaciones contributivas, como las pensiones o los seguros de enfermedad e invalidez, enfrentan restricciones ligadas a la sostenibilidad financiera y muestran rigidez ante escenarios de crisis.
A pesar de que los programas de transferencias monetarias —como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las becas Rita Cetina, Benito Juárez y otros esquemas— no fueron concebidos para adaptarse con agilidad a contingencias ambientales o climáticas, en algunos casos, como en el de la Pensión para el Bienestar, se han registrado medidas de flexibilización en contextos de emergencia, como la aceptación de documentos alternativos para el ingreso de nuevos beneficiarios.
Repensar el Día Mundial del Medio Ambiente implica reconocer que la crisis climática plantea desafíos no solo ecológicos, sino también sociales. Fortalecer la coordinación entre políticas ambientales y sistemas de protección social es clave para garantizar una respuesta más integral y resiliente. El desafío es dejar atrás la lógica fragmentaria de las respuestas actuales y avanzar hacia una política social que se piense, diseñe y ejecute en diálogo con el entorno climático y ambiental.
* Verhonica Zamudio Santos es investigadora en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (<a href="https://x.com/CISS_org" target="_blank" rel="noopener">@CISS_org</a>) a cargo de la línea de investigación de riesgos socioambientales. Doctora en Estudios Urbanos y Ambientales por el Colegio de México.

Derechos sociales en tiempos de crisis climática

El éxito económico y turístico de Quintana Roo, construido sobre la riqueza de sus recursos naturales, hoy lo enfrenta a una profunda crisis de sobreexplotación y privatización. Esta situación, muchas veces con la complicidad de algunas autoridades, está empujando al estado hacia una mayor desigualdad, al extractivismo depredador y a una visión individualista en un paraíso que debería ayudar a todas y todos a vivir mejor.
Es en este contexto que nace <a href="https://politicacolectiva.com/quintana-roo-participa/" target="_blank" rel="noopener">Quintana Roo Participa</a>, un colectivo plural, horizontal y diverso, integrado por 24 organizaciones y personas que vienen de la academia, sociedad civil organizada, cámaras comerciales, ciudadanía y grupos de defensa del medio ambiente. La convicción que une al grupo: la urgencia de ampliar el espacio cívico y fortalecer la participación ciudadana como un derecho humano en el estado.
El Quintana Roo de hoy es producto de la multiculturalidad, con pueblos originarios mayas, pero también con una gran comunidad migrante nacional e internacional que ha hecho de este territorio su hogar. Esta amplia diversidad tiene el reto de empujar la acción colectiva y la cohesión social para privilegiar el interés de las personas más desfavorecidas y el interés común. Por eso, este colectivo está impulsando una nueva Ley de Participación Ciudadana, construida con un proceso abierto, deliberativo y con todas las voces que se han querido sumar. Lo hace usando justamente uno de los mecanismos de participación: la iniciativa ciudadana.
Esta iniciativa propone ampliar de ocho a quince los mecanismos de participación establecidos en la ley actual; reducir el porcentaje de firmas requeridas para solicitar plebiscitos y referéndums del 3 % al 0.05 % de la lista nominal; crear la figura del Monitor Ciudadano, encargada de vigilar el seguimiento que las autoridades den a los instrumentos de participación, e institucionalizar las audiencias públicas, permitiendo que, con 50 o 200 firmas, las personas puedan sostener reuniones y alcanzar acuerdos con autoridades municipales o estatales, respectivamente. Además, plantea garantizar presupuestos participativos reales y efectivos, destinando hasta el 5 % de los ingresos de libre disposición de los municipios. En el caso de Benito Juárez (Cancún), esto implicaría pasar de una inversión de 33 a más de 300 millones de pesos en los que las personas puedan decidir, con reglas claras y accesibles, en qué se invierte.
Para Quintana Roo Participa esto no es solo una propuesta legal, es un ejercicio de pedagogía política, de recuperación de lo público, de politización desde la base, sin simulaciones y sin priorizar los intereses individualistas que hoy amenazan al estado
Existen resistencias. Es claro que algunas autoridades parecen tener miedo a abrir los espacios, quizá por temor a perder poder o privilegios. Pero este reto colectivo también implica hacerles ver a las autoridades que las personas no somos enemigas, que estamos en el mismo barco: nos salvamos todas y todos, o nos hundimos todas y todos.
Este esfuerzo no es contra nadie, es a favor de una democracia que represente, que escuche y que actúe con las personas, no sin ellas.
El día 21 de mayo, las organizaciones presentamos de manera formal la iniciativa en el Congreso del Estado. Hoy el poder legislativo de Quintana Roo tiene la oportunidad de atender el llamado de nuestro colectivo para deliberar sobre la construcción de una ley que democratice lo público.
* Quintana Roo Participa (<a href="https://x.com/politicacolecti" target="_blank" rel="noopener">@PoliticaColecti</a>) es una iniciativa colectiva de personas, organizaciones, academia y sector empresarial que trabaja para garantizar nuestro derecho humano a participar en la vida pública.

Ante la crisis de sobreexplotación y privatización, Quintana Roo Participa

El día de ayer se llevaron a cabo las primeras elecciones judiciales y el saldo es sin duda desastroso. La ausencia más notoria de la jornada fue la ciudadanía. Costó trabajo integrar las mesas directivas de casilla, durante la jornada se tomaron muchos ciudadanos de la fila, y ello no habla de un deficiente trabajo de los funcionarios del INE, sino que ilustra el desinterés ciudadano por participar en un proceso complejo y alejado de las preocupaciones básicas. Tampoco vimos a demasiados ciudadanos haciendo fila para votar. El nivel de participación documentó el desinterés.
Cualquier comparación que pretenda hacer ver una abstención cercana al 90 % como un éxito, está alejada del mínimo sentido común. Mientras que para la revocación de mandato (un evento electivo que puede incidir en la continuidad de uno de los poderes) la ley establece un umbral de votación para hacerlo vinculante, para la renovación del poder judicial basta con que se emita un solo voto por cargo a renovar. Es un despropósito. Reitero, el nivel de participación debiera encender alarmas en el oficialismo, en lugar de activar pretextos y comparaciones engañosas.
Tuvimos otras dos novedades en la jornada electoral. El uso de acordeones hizo ver que el proceso electoral nunca previó mecanismos eficientes para entender y diferenciar las distintas ofertas entre los aspirantes (tampoco tuve nunca claro en que podía consistir la campaña de un impartidor de justicia), el hecho es que el uso de acordeones confirmó que no hubo voto informado.
Pero más grave aún, por lo que se anticipa en el cómputo, los acordeones están supliendo al PREP del INE, están confirmando que los resultados se podían conocer antes de la votación. El mundo al revés: la democracia electoral es certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados. En la elección judicial lo que parece que tenemos es certidumbre en los resultados e incertidumbre en las reglas. Una regresión autoritaria.
La otra novedad inquietante es el volumen de votos nulos y no válidos por recuadros no utilizados (más del 20 %). Quiere decir que el desaire a la elección no sólo estuvo afuera del recinto de votación, sino también al interior de las urnas: uno de cada cinco electores, acudiendo a votar, repudió el ejercicio. Es un comportamiento inédito. La anulación del voto ha sido un mecanismo que se ha utilizado para intentar elevar el nivel de exigencia a los partidos políticos, por lanzar una señal de inconformidad, pero nunca había alcanzado los niveles que hoy estamos observando.
Acaso el saldo más preocupante de la jornada electoral es la ausencia total de autocrítica por parte de quienes promovieron la reforma. El mensaje presidencial la noche de la elección y reiterado en la mañanera es desolador: somos el país más democrático del mundo (sin reparar en los estándares mínimos de la integridad electoral); hubo votación libre (haciendo caso omiso del uso de los acordeones), y la elección se llevó a cabo a pesar de algunos que defienden al poder judicial (el 87 % de los mexicanos con derecho al voto). Ciertamente no es un mensaje muy alentador.
* Rodrigo Morales M. ( <a href="https://x.com/rodmoralmanz" target="_blank" rel="noopener">@rodmoralmanz</a> ) fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal y en el Instituto Federal Electoral. Actualmente es consultor internacional en materia electoral.

Poder judicial: elección sin ciudadanos

<h2>Las 9 dimensiones de la crisis planetaria</h2>
De acuerdo con los hallazgos del <a href="https://www.unep.org/es/resources/informe/sexto-informe-de-evaluacion-del-ipcc-cambio-climatico-2022" target="_blank" rel="noopener">Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático</a> (IPCC), las actividades humanas son responsables del aumento de las emisiones de dióxido de carbono, lo que ha contribuido significativamente al incremento de la temperatura global. Entre los principales factores se encuentran la mala gestión de los bienes naturales, los cambios en el uso del suelo, así como los patrones insostenibles de consumo y producción.
La forma en que la humanidad ha explotado el sistema natural y energético ha llevado al planeta a una situación crítica. En 2009, el Centro de Resiliencia de Estocolmo presentó los nueve límites planetarios, que representan los procesos fundamentales que regulan la estabilidad del sistema terrestre.
En la actualización del año 2023, solo dos de estos límites se mantuvieron dentro de rangos relativamente seguros: el ciclo del ozono estratosférico y la carga de aerosoles atmosféricos. La acidificación de los océanos es otro de los límites que se aproxima críticamente a su umbral de seguridad. Los seis límites restantes ya han sido ampliamente rebasados: la integridad de la biosfera, los ciclos del nitrógeno y del fósforo, el cambio en el uso del suelo, el uso del agua dulce, la contaminación por nuevas entidades químicas y el cambio climático. Esto refleja un profundo desequilibrio que amenaza la capacidad del planeta para preservar las condiciones biofísicas que sostienen el funcionamiento de los ecosistemas.
<h2>El Acuerdo de Paris y las NDC</h2>
Sin lugar a duda, el cambio climático ha centrado el mayor interés por parte de la comunidad científica, la divulgación, los gobiernos y los hacedores de política. Como respuesta a esta preocupación, la comunidad internacional impulsó en 2015 el Acuerdo de París en 2015. Representó uno de los mayores consensos internacionales para afrontar una lucha común: el cambio climático. La ratificación por parte de 197 países permitió el desarrollo de medidas globales para evitar el incremento de la temperatura planetaria más allá 1.5 °C a 2 °C respecto a la época preindustrial.
En el marco del Acuerdo de París, las naciones firmantes se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>  principal causante del cambio climático, mediante la implementación de acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Las acciones de mitigación tienen por objetivo reducir o limitar las emisiones que causan el calentamiento global, mientras que las acciones de adaptación buscan disminuir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad de respuesta de las comunidades y los ecosistemas ante los efectos del deterioro ambiental y climático.
La hoja de ruta que orienta los compromisos climáticos de cada país se expresa en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). A través de ellas, cada país establece sus metas y estrategias para mitigar las GEI y adaptarse a los impactos del cambio climático. En un escenario optimista, si todas las NDC de los países firmantes se cumplieran, sería posible evitar un aumento significativo de la temperatura global.
<h2>La orientación de las NDC en México</h2>
En 2015, México presentó sus NDC de forma no condicionada, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> con el compromiso de reducir las GEI en 22 % y en 51 % de las emisiones de carbón negro, asociado al incremento de la proporción de energía limpia al 35 % en 2024 y el 43 % para 2030. Las metas se configuraron para el plazo 2020-2030, comprometiéndose a renovar las metas cada 5 años. Los cinco ejes de acción de las NDC de México son las siguientes: i) Alcanzar una tasa cero de deforestación. ii) Mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más vulnerables. iii) Proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. iv) Aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas. v) Desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero.
Como parte de sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, México estaba obligado a presentar una actualización de su NDC en 2020. La propuesta se entregó el 29 de diciembre de ese año. Desafortunadamente, las metas condicionadas no fueron modificadas, manteniendo los mismos niveles: 22  % en emisiones de GEI y 51  % en emisiones de carbono negro para 2030.
Esta actualización sufrió un retraso por un conflicto legal. Greenpeace presentó una acción legal en contra del Estado mexicano al considerar que las metas fijadas en los NDC de 2020 contravenían el derecho a un ambiente sano para la población. En 2022, un tribunal emitió una resolución favorable a Greenpeace al concluir que la actualización de la NDC presentada por el gobierno incumplía con el derecho constitucional señalado.
Frente al inédito caso de litigio ambiental, ese mismo año se presentó una nueva actualización de las NDC, incrementando la meta no condicionada de reducción de GEI de 22 % a 35 % para 2030 respecto a la línea base proyectada y conservando el 51 % de emisiones de carbono negro. Esta revisión avanzó en la definición de acciones climáticas por sectores estratégicos: eficiencia energética en transporte, transición a energías limpias e hidrógeno verde en generación eléctrica, comercio de emisiones y economía circular en la industria, reducción de las de emisiones en petróleo y gas mediante cogeneración y aprovechamiento del metano. También se proyectan prácticas agroecológicas, elevar la eficiencia energética en viviendas y comercios, y el manejo sustentable de residuos con reciclaje, compostaje y captura de biogás.
<h2>Las NDC de México: compromisos incumplidos</h2>
A pesar de las ambiciosas acciones normativas, el balance de las NDC en México ha sido negativo. El Climate Action Tracker (2025) calificó su implementación como “críticamente insuficiente”. Entre los principales factores se encuentra el impulso a la infraestructura fósil durante el gobierno de López Obrador, como la construcción de la refinería de Dos Bocas y el posicionamiento de la “soberanía energética” liderado por PEMEX y CFE, cuyas actividades productivas fomentan el extractivismo y el consumo energético fósil. Además, se efectuaron recortes presupuestales y se ha debilitado institucionalmente a dependencias clave para la política ambiental y climática, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Desaparecieron una serie de fideicomisos entre el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de Energía (SENER), los cuales estaban destinados al desarrollo de innovaciones en materia de sustentabilidad e industria energética nacional. A ello se suma la extinción del Fondo del Cambio Climático.
La cancelación de subastas eléctricas, junto con cambios regulatorios adversos en la Ley de la Industria Eléctrica, ahora Ley del Sector Eléctrico, que prioriza el despacho de electricidad de las plantas de CFE, ha desincentivado la inversión privada en energías renovables, lo que ha obstaculizado aún más el cumplimiento de los compromisos climáticos del país y la transformación de la matriz energética.
Las cifras siguen evidenciando la dependencia energética de México de las energías contaminantes. De acuerdo con la SENER, el 90.1  % de la oferta energética fue fósil y sólo el 9.9  % renovable durante 2023. A pesar de medidas controversiales para aumentar artificialmente el porcentaje de energías limpias, como el acuerdo A/018/2023 de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), que reclasificó al gas natural como combustible limpio, la matriz energética sigue dominada por fósiles. Aunque el gas natural emite relativamente menos emisiones contaminantes que otros combustibles, su inclusión como “limpio” ha sido criticada por distorsionar los avances reales en la transición energética.
Respecto las GEI, México es el principal emisor de América Latina, aportando el 1.25 % del total global en 2023. En un estudio publicado por BBVA (2024), que analiza la intensidad energética medida como emisiones por unidad de producto interno bruto (PIB), México mostró desde 2019 hasta el corte de 2022, un incremento en las emisiones de GEI por unidad económico, revirtiendo con ello la tendencia hacia la baja de años pasados.
<h2>Desafío, oportunidades y tensiones en el cumplimiento de las NDC a nivel internacional</h2>
La llegada de lideres políticos populistas, los conflictos armados y el cambio geopolíticos conduce a un desinterés de las cuestiones medioambientales y climáticas. El mayor ejemplo es la llegada, por segunda vez, de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Una de las primeras acciones fue retirarse del Acuerdo de París acusando al tratado de ser desventajoso en términos financieros por la cantidad de recursos destinados hacia el apoyo de países pobres.
Estas decisiones se acompañan de una desaceleración en la implementación de las políticas climáticas. El IPCC ha señalado reiteradamente que las acciones adoptadas por los países resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis climática. En su estado actual, estas medidas hacen cada vez menos probable que se logre limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
Una ventana de oportunidad aparece en los últimos años sobre la necesidad de las políticas industriales o de desarrollo productivo. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> El renovado interés por la restructuración productiva ha sido impulsado por el reconocimiento de los graves problemas generados por el rumbo del modelo económico global como la pobreza, la desigualdad y la destrucción ecológica. Esta discusión destaca la urgencia de orientar la economía hacia sectores estratégicos que contribuyan a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsen la innovación en industrias limpias, con el propósito de abordar de forma integral los retos económicos, sociales y ambientales. La nueva política productiva sostenible implica no solo fomentar sectores con bajo impacto ambiental, sino también promover una transformación estructural de largo plazo en beneficio del bienestar social y la salud planetaria.
<h2>Otra oportunidad: la actualización 3.0 de las NDC</h2>
México se encuentra actualmente en el proceso de actualización de las NDC que deberán presentarse este 2025. Para ello, se están llevando a cabo foros de consulta entre diversas instancias gubernamentales, con el objetivo de integrar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos ambientales asumidos. El pasado 27 de mayo, Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT, presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), cuyo objetivo es lograr una reducción del 35  % de las emisiones de GEI, lo que representa al menos 140 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Existe un panorama optimista con la aprobación de las Leyes Secundarias en el sector energético que podrían fortalecer la implementación de la NDC y brindar un marco jurídico más robusto para alinear las políticas nacionales con los compromisos nacionales e internacionales.
No obstante, desde organizaciones de la sociedad civil se han señalado importantes deficiencias. Entre las principales demandas se encuentran la falta de definición de metas claras, la creación de mecanismos de implementación efectivos, la profesionalización del personal a cargo y la asignación de presupuestos suficientes para la acción climática.
Es urgente avanzar con acciones que articulen las acciones interinstitucionales y alineen las políticas productiva, ambiental y climática, bajo una estrategia integral de coordinación y financiamiento. Esto implica repensar el modelo de desarrollo productivo del país y romper con la idea de competitividad económica basada en el uso intensivo de energías fósiles. En ese contexto, se vuelve inevitable revisar el papel que desempeñan empresas estratégicas como CFE y PEMEX en la transición energética y en el cumplimiento de los compromisos climáticos. De lo contrario, esta actualización será una nueva oportunidad desaprovechada, postergando una vez más el cumplimiento de los compromisos climáticos del país.
* Gabriel Alberto Rosas Sánchez es investigador del Co-Lab de Política Industrial Oxford-México (FuturoLab-Universidad de Oxford), profesor asociado de la Licenciatura en Economía de la UAM-Iztapalapa y activista del Pacto Socioambiental México (Fundación Friedrich Ebert). Es doctor en Ciencias Económicas por la UAM, con una estancia de investigación en la Université Toulouse 1 Capitole, Francia. Contacto: <a href="mailto:rosassanchezgabriel@gmail.com" target="_blank" rel="noopener">rosassanchezgabriel@gmail.com</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Principalmente son: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y carbono negro.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Las CND no condicionada se refieren a las acciones que no están sujetas al financiamiento externo sino que puede solventar con ingresos locales.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Existe un debate conceptual sobre política industrial y política de desarrollo productivo. Las referencias anglosajonas refieren estrictamente al sector industrial, mientras la definición de políticas de desarrollo productivo no es restrictiva y consideran la diversidad de sectores.

México y sus compromisos incumplidos en materia climática

El 11 de enero de este año, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, en representación de Alfonso Israel Valdez Alvarado, liberó a 4 expolicías de Romita que habían sido acusados por el delito de desaparición forzada, incluido el entonces director de Policía de dicho municipio. En este <a href="https://animalpolitico.com/analisis/invitades/responsabilidad-superior-jerarquico-desapariciones" target="_blank" rel="noopener">espacio</a> se ha señalado que desde el inicio del proceso en febrero de 2024 se tendría que haber reconocido la responsabilidad del superior jerárquico, que en este caso se trata del priista Oswaldo Ponce Granados, presidente municipal de Romita hasta octubre de ese mismo año.
El caso, que data de febrero de 2023, implica que policías municipales de Romita detuvieron a Daniela, a Juan Pablo y a Carlos, tres jóvenes que tuvieron un percance vial. Este es un breve desglose de los eventos que transcurrieron (pare ver la cronología completa, ver <a href="https://plataformapazyjusticia.blogspot.com/2025/05/cronologia-de-la-desaparicion-de-3.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>):
¿La policía municipal les entregó a la delincuencia organizada? “Te vamos a levantar para entregarte a la maña”, habría dicho el comandante de la policía, según se señala un testimonio recabado en el juicio. El Tribunal Unitario señala que la Fiscalía no pudo sostener con firmeza esta acusación y dejó libre a los cuatro expolicías municipales.
Según Alfonso Israel Valdez Alvarado, la Fiscalía no pudo sostener mediante pruebas que existieron amenazas previas, que las personas detenidas fueron entregadas a un grupo delincuencial y que hubiera existido negativa a informar sobre la detención. ¿Qué pasa con el trabajo técnico de la Fiscalía que no puede sostener una acusación sobre desaparición forzada de personas? Además, ¿qué trama de intereses existen en el Poder Judicial de Guanajuato que liberan policías municipales en contextos de desaparición, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas?
Lamentablemente este no es el único caso donde se presume que agentes del estado, especialmente policías, sean coautores materiales de la desaparición de personas, acá algunos más:
<ul>
<li>En 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 42/2014 por la desaparición de 10 leoneses en el municipio El Plateado de Joaquín Amaro en Zacatecas en 2010, quienes fueron detenidos por policía municipal y luego entregadas a la delincuencia organizada. A 15 años de los hechos, las familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos.</li>
<li>El 19 de julio de 2020, <a href="https://x.com/Buscadoras_Gto/status/1375958451629797383" target="_blank" rel="noopener">Fernando Israel Martínez Sánchez fue desaparecido en Silao</a>. Se presume que en la privación de la libertad participaron agentes de policía municipal y de la policía urbana a nivel estatal, ello, después de salir de barandilla.</li>
<li>El 21 de mayo de 2022, <a href="https://x.com/DesapGto/status/1529821948443697158" target="_blank" rel="noopener">Patricia Margarita Velázquez Gaspar fue detenida por policía municipal de Moroleón, Guanajuato</a>, y después de su salida del Juzgado Cívico, fue desaparecida. Si bien no existe evidencia del momento de la “entrega” a grupos delincuenciales, el modus operandi es similar: es subida a la fuerza a una camioneta por hombres armados. El caso sigue impune.</li>
<li>El 16 de mayo de 2024, Eduardo Hurtado Iturralde, residente de San Francisco del Rincón, fue detenido por policías municipales de José Sixto Verduzco, Michoacán, y llevado a barandilla, donde se reporta que sale por su propio pie. Horas antes de ser presentado al Juzgado, policías municipales y particulares lo escoltaron al cajero automático donde retira dinero. A la fecha, se desconoce su paradero.</li>
</ul>
Estos casos muestran un patrón de posible colusión entre agentes municipales y grupos delincuenciales. Que, en el caso de Romita, permanecen impunes debido a la ausencia de capacidad técnica de la Fiscalía del Estado.
* Raymundo Sandoval (<a href="https://twitter.com/ray_sandoval" target="_blank" rel="noopener">@ray_sandoval</a>) es defensor de derechos humanos.

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje