TikTok y democracia: preguntas abiertas sobre regulación y participación
El uso de TikTok en campañas electorales en México dejó de ser marginal. De acuerdo con un análisis de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey “The Influence of TikTok on Political Campaigns in Mexico’s State Capital”, la actividad de candidaturas durante las elecciones municipales de 2024 muestra que la plataforma se incorporó de manera sistemática a las estrategias de campaña, especialmente en ciudades capitales y entre candidatos con experiencia previa en redes sociales. Aunque los datos no permiten afirmar que el engagement en TikTok tenga efectos directos sobre los resultados electorales, sí evidencian diferencias claras en visibilidad, volumen de interacción y en la forma en que los candidatos se relacionan con los usuarios.
A partir de estos hallazgos surgen dos preguntas que los marcos tradicionales de la política electoral no resuelven con facilidad: una sobre la regulación y otra sobre la participación cívica. Ninguna admite respuestas categóricas, y quizá el punto no sea cerrarlas, sino formularlas mejor.
En términos formales, el uso de TikTok en campañas electorales ya está regulado. La legislación mexicana no distingue entre plataformas digitales, pero establece reglas generales aplicables también a redes sociales, como límites a la propaganda, fiscalización del gasto y principios de equidad. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido claro en que los contenidos difundidos en redes sociales están dentro de su competencia y pueden ser objeto de medidas cautelares cuando vulneran la normativa electoral.
No obstante, las dinámicas específicas de TikTok plantean zonas grises que el marco normativo no resuelve con claridad. Una de ellas es la fiscalización del contenido orgánico producido directamente por los candidatos, que tiene relevancia política, pero carece de trazabilidad contable al no implicar gasto identificable. Otra es la equidad: la visibilidad digital previa reproduce desigualdades históricas de la competencia política, pero plantea dudas sobre si debe ser tratada como un problema normativo o asumida como una ventaja estructural más.
Estas tensiones se profundizan al analizar la autenticidad de la interacción. El estudio muestra que entre 20 % y 35 % de los comentarios provienen de cuentas con comportamientos atípicos y patrones de actividad coordinados, lo que sugiere dinámicas de amplificación no claramente orgánicas. Aunque esto no permite afirmar la existencia de bots ni de operaciones ilegales, sí cuestiona cómo debe interpretarse ese engagement desde el principio de equidad.
Actualmente, el marco normativo no distingue entre interacción auténtica y no auténtica. Likes, comentarios y reproducciones son políticamente significativos, pero jurídicamente neutros, salvo cuando se acredita gasto o contratación, como muestran resoluciones del INE que ordenan retirar contenidos solo ante violaciones claras a la norma. Esto deja abierta una brecha entre lo ético y lo legal que la regulación electoral vigente no alcanza a cerrar.
La segunda pregunta, relativa a la participación cívica, admite una valoración más afirmativa. El caso de Monterrey muestra que TikTok puede ampliar ciertos tipos de participación política a nivel local. Patricio Zambrano, candidato a la alcaldía por un partido pequeño, logró altos niveles de engagement mediante una estrategia centrada en problemas cotidianos, como documentar recorridos, responder comentarios y atender reportes ciudadanos. Este tipo de contenido amplió su presencia en la conversación pública digital, algo difícil de lograr solo a través de canales tradicionales.
Es importante matizar este hallazgo. Los datos no permiten afirmar que estas estrategias se traduzcan directamente en votos. Lo que sí muestran es que TikTok puede funcionar como un canal de visibilización y contacto entre candidatos y ciudadanía, especialmente para actores con menor estructura partidista.
En conjunto, los datos sugieren que TikTok no redefine la democracia por sí mismo, pero sí introduce tensiones nuevas. Modifica quién es visible, cómo se interactúa y qué entendemos por participación política. El marco normativo actual cubre parte de estas dinámicas, pero deja preguntas abiertas que obligan a repensar, con mayor cuidado, qué queremos regular, por qué y desde qué criterios.
* Fernanda Sobrino es profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (@EGobiernoyTP).
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
