
En México, el frío rara vez ocupa el centro de la conversación pública. A diferencia de los huracanes o las sequías, las heladas suelen percibirse como un fenómeno estacional, pasajero, casi inevitable. Sin embargo, en un país marcado por profundas desigualdades sociales, el frío extremo no cae parejo. Cuando la temperatura desciende, lo que se enfría no es solo el ambiente: se tensan los sistemas de protección, se evidencian las carencias y se vulneran derechos fundamentales, especialmente los de niñas, niños y adolescentes.
El cambio climático ha alterado los patrones tradicionales del invierno. Hoy, los frentes fríos son más intensos, más prolongados y menos predecibles. Para la temporada invernal 2025–2026, se pronosticaron 48 frentes fríos en el país, acompañados de temperaturas extremas y lluvias por encima de lo normal. Lejos de ser una estadística técnica, este dato anticipa un escenario de riesgo para miles de familias que viven en condiciones de carencia, con viviendas sin aislamiento térmico, ingresos limitados y acceso insuficiente a servicios básicos.
Las heladas no crean la desigualdad, pero sí la amplifican. En comunidades donde ya existen rezagos históricos, el invierno actúa como una lupa que hace visibles las brechas que durante otros meses permanecen normalizadas. En estos contextos, niñas y niños no solo enfrentan el frío con menos recursos, sino con menos redes de protección.
Las bajas temperaturas afectan de manera directa la seguridad alimentaria. Las heladas dañan cultivos, interrumpen medios de vida y encarecen productos básicos. Para muchas familias, el invierno implica destinar una mayor parte de sus ingresos a calefacción improvisada, leña, gas o medicamentos, reduciendo el presupuesto disponible para alimentos. En hogares con niñas y niños pequeños, esta tensión económica puede traducirse en dietas insuficientes, menos comidas al día o una alimentación de menor calidad nutricional, con impactos directos en el desarrollo de la niñez.
El derecho a la salud es uno de los más amenazados durante el invierno. El frío extremo incrementa de manera significativa las infecciones respiratorias, que afectan con mayor gravedad a niñas y niños pequeños, especialmente a quienes ya presentan desnutrición o condiciones de salud previas. A ello se suman los riesgos derivados del uso inseguro de calentadores, braseros o fogones dentro de las viviendas, una práctica común en contextos de pobreza energética que puede provocar intoxicaciones, quemaduras o incendios.
En zonas rurales o serranas, las heladas también dificultan el acceso oportuno a servicios de salud. Caminos intransitables, largas distancias y centros médicos con recursos limitados hacen que enfermedades prevenibles se agraven. En estos escenarios, el frío no es solo una condición climática: es un factor que pone en entredicho el cumplimiento efectivo del derecho a la salud de la niñez.
El impacto del frío también se extiende al ámbito educativo. En muchas regiones del país, las escuelas carecen de infraestructura adecuada para enfrentar temperaturas extremas. La suspensión de clases, los ajustes de horarios y el ausentismo escolar se vuelven frecuentes durante el invierno, particularmente en comunidades rurales.
Para niñas y niños que ya enfrentan rezago educativo, perder días de clase por el frío profundiza las brechas de aprendizaje. A esto se suma que quienes enferman de manera recurrente o deben permanecer en casa para ayudar a sus familias durante el invierno tienen mayores probabilidades de abandonar la escuela. Así, el frío se convierte en un obstáculo adicional para el derecho a la educación, un derecho que debería ser garantizado incluso —y especialmente— en contextos de emergencia climática.
Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48 % de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género.
A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real.
Desde nuestra experiencia en contextos de emergencia, hemos aprendido una lección clara: esperar a que el daño ocurra siempre resulta más costoso, en términos humanos y sociales, que actuar de manera anticipada. En estados como Chihuahua —uno de los más expuestos a las bajas temperaturas en el país— esta realidad se repite cada invierno con especial crudeza.
La implementación de acciones anticipatorias ante frentes fríos nos ha permitido actuar antes de que las heladas impacten de lleno en la vida de las familias. Estas acciones parten de un principio fundamental: el frío extremo es previsible y, por lo tanto, sus impactos pueden reducirse si se actúa con información, coordinación y enfoque de derechos.
En municipios como Juárez, Chihuahua capital y Bocoyna, nuestro trabajo en territorio ha mostrado que acompañar a las familias con información clara sobre prevención, uso seguro de calentadores y cuidado de la salud, combinado con apoyos oportunos como kits invernales y alimentarios, puede marcar una diferencia real en la vida cotidiana de niñas y niños.
Durante la última temporada invernal, estas acciones permitieron que, desde Save the Children, lograramos apoyar a cientos de personas en contextos de alta vulnerabilidad. En Chihuahua, se entregaron kits invernales que beneficiaron directamente a niñas y niños, así como apoyos alimentarios que contribuyeron a reducir la presión económica de los hogares durante los meses más fríos. Más allá de las cifras, estas experiencias confirman que cuando la niñez se coloca en el centro de la respuesta, el impacto es más profundo y duradero.
No se trata de asistencialismo, sino de protección de derechos. Garantizar abrigo, alimentación y acceso a información oportuna durante el invierno es una forma concreta de hacer efectivos derechos que, de otro modo, quedan únicamente en el papel.
El frío extremo es un recordatorio incómodo de que la crisis climática no es neutra: afecta más a quienes menos recursos tienen para enfrentarla. En un país como México, donde millones de niñas y niños crecen en condiciones de pobreza, ignorar el impacto del invierno es aceptar que la desigualdad siga definiendo quién puede protegerse y quién no.
Frente a este escenario, la pregunta no es si el frío seguirá llegando, sino cómo decidimos responder como sociedad. Anticiparnos, coordinar esfuerzos y fortalecer sistemas de protección social con enfoque de niñez no debería ser una excepción estacional, sino una prioridad permanente.
Porque el frío no debería vulnerar derechos. Pero mientras existan niñas y niños que enfrenten el invierno sin lo mínimo indispensable, el silencio y la inacción también se convierten en una forma de abandono.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es una organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.

Las autoridades federales y las locales ofrecen versiones contradictorias del incidente que acabó con la vida del manifestante Alex Pretti.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Mineápolis ha desatado airadas protestas y una extendida condena.
Cientos de manifestantes desafiaron el clima gélido para salir a las calles para protestar por la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes de Inmigración durante un incidente este sábado.
Los videos del lugar muestran el forcejeo entre los agentes federales y Pretti.
Las autoridades federales y estatales han ofrecido versiones contradictorias de lo que sucedió en los momentos previos al tiroteo.
Trump ordenó el envío de agentes federales a este estado gobernado por demócratas hace unas semanas, con el objetivo de realizar una deportación masiva de migrantes indocumentados.
El sábado por la noche, cientos de personas rindieron homenaje a Pretti, encendiendo velas y coreando su nombre cerca del lugar donde recibió los disparos.
Durante el día, cientos de manifestantes expresaron su indignación por el tiroteo y por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.
Las protestas se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco., en las que muchos asistentes portaban pancartas que pedían “Justicia para Alex” y “abolir el ICE”.
El gobierno de Trump ha descrito a Pretti como un “terrorista doméstico”.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que estaba allí “para perpetuar la violencia”, y alegó que se aproximó a los agentes federales con una pistola semiautomática de 9 mm.
Han surgido videos que muestran un forcejeo entre agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre justo antes del tiroteo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han cuestionado ese relato, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma.
Sus padres acusaron a la administración de difundir “mentiras repugnantes” sobre lo sucedido.
BBC Verify analizó múltiples videos que muestran los momentos previos al tiroteo. Estos muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono.
Uno de los agentes empuja a otra persona al suelo, y Pretti se interpone entre esa persona y el agente.
El agente le rocía gas pimienta en la cara y, mientras él intenta ayudar a la mujer en el suelo, más agentes se unen y lo derriban. Ninguno de los videos disponibles muestra a Pretti sosteniendo un arma.
Se puede ver a un agente con una chaqueta gris con las manos vacías mientras intenta quitarle algo de la cintura a Pretti. Luego, el agente se aleja de Pretti, sosteniendo lo que parece ser una pistola en su mano derecha.
Menos de un segundo después de esto, un agente dispara contra Pretti. Se escuchan diez disparos.
Dos testigos refutaron en declaraciones oficiales el relato del DHS sobre lo sucedido, y ambos afirmaron que no vieron a Pretti blandir un arma.
Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el domingo en el programa Meet the Press de NBC que los videos no eran claros y que “hay mucho que no vemos” en ellos, por lo que era importante realizar una investigación.
El presidente Trump afirmó que los funcionarios locales y estatales estaban “incitando a la insurrección”, sugiriendo que ordenaron a la policía local no proteger a los agentes federales de inmigración en el lugar del tiroteo.
El gobernador Walz rebatió enérgicamente la versión del gobierno federal sobre el incidente. “He visto el video desde varios ángulos y es repugnante”, les dijo a los periodistas.
“Gracias a Dios tenemos el video porque, según el DHS, estos siete tipos heroicos enfrentaron el embate de un batallón contra ellos o algo así. Es una tontería y son mentiras”, afirmó.
Walz reiteró su llamado a Trump para que ponga fin a las operaciones de ICE en Minesota y pidió al gobierno federal a que deje de “calumniar” a Pretti. Añadió que su familia “ya ha pasado bastante” al tener que enterrar a su hijo.
El gobernador pidió que las protestas se mantengan pacíficas, pero acusó a los agentes federales de eliminar pruebas del lugar de la muerte de Pretti.
“Este es un punto de inflexión”, dijo Walz a sus compatriotas.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también exigió que los agentes de ICE abandonen el estado.
“¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, declaró.
Pero Greg Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza, dijo en un programa de la cadena CNN que “el sospechoso se puso en esa situación” en referencia a Pretti y su muerte por disparos de los funcionarios.
“Las víctimas aquí son los agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo Bovino.
Las autoridades locales llevan semanas reclamando al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue extraordinario de agentes federales de Inmigración en Minesota y en particular en Mineápolis.
El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O’Hara, afirmó que Pretti era un propietario legal de armas que no tenía antecedentes penales, y del que solo constaban algunas infracciones de tráfico.
En Minesota es legal portar una pistola en público si se cuenta con un permiso.
El senador republicano Bill Cassidy calificó los sucesos en Mineápolis como “increíblemente perturbadores”.
La “credibilidad” del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego”, afirmó en una publicación en redes sociales.
“Debe haber una investigación conjunta completa, tanto federal como estatal”.
Este último tiroteo ocurre tras semanas de tensiones entre las autoridades de Minesota, agentes federales y manifestantes que han salido a las calles para vigilar a los agentes durante sus redadas contra la inmigración.
A principios de este mes, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Mineápolis de 37 años que participaba en una de esas labores de observación.
La ofensiva de Trump en Mineápolis se puso en marcha en diciembre, después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social.
El estado alberga a la comunidad más grande de inmigrantes somalíes en Estados Unidos.
Los agentes de ICE tienen el poder de detener a personas de las que sospechan que se encuentran ilegalmente en EE.UU.
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