Salud sin fronteras administrativas: ¿de qué va la credencialización del Servicio Universal de Salud?
Imagina que cambias de empleo y, con ello, pierdes la certeza sobre a qué institución de salud te corresponde acudir. Asistes a una clínica del IMSS, pero te informan que tu expediente no aparece en el sistema y debes regresar con documentos que acrediten tu afiliación. Pasan los días —o semanas— y la atención médica no llega. Este escenario, frecuente para millones de personas, refleja uno de los problemas estructurales del sistema de salud mexicano que la credencialización del Servicio Universal de Salud busca atender.
El proceso de credencialización, que iniciará en marzo y se extenderá hasta diciembre de 2026, contempla una inversión de 3,500 millones de pesos. Se trata de un esfuerzo para construir infraestructura informacional en un país donde conviven múltiples instituciones de seguridad social, con reglas, padrones y sistemas distintos.
La nueva credencial no funcionará únicamente como identificación. Al vincular a cada persona con un expediente médico electrónico, permitirá dar continuidad a la atención: estudios previos, recetas, historial de consultas y tratamientos estarán disponibles para el personal de salud, independientemente de la unidad médica en la que se atienda el/la paciente. Esta trazabilidad clínica permitirá mejorar la calidad de la atención, especialmente en el caso de personas con enfermedades crónicas que requieren seguimiento permanente.
Datos administrativos como puerta de entrada a la atención
Como todo proyecto de esta magnitud, la credencialización enfrenta retos que conviene reconocer desde el inicio. La inversión en más de 2 mil 300 módulos y cerca de 10 mil estaciones de toma de datos constituye la base de un sistema de salud más moderno, pero también exige una coordinación inédita entre instituciones con naturalezas jurídicas y poblaciones objetivo distintas.
El IMSS atiende a trabajadores del sector privado formal; el ISSSTE, a personas empleadas del Estado, y el IMSS Bienestar, a población sin seguridad social contributiva. La credencial permitirá identificar con claridad dónde corresponde la atención y facilitará la coordinación entre instituciones cuando sea necesario.
Uno de los desafíos centrales será la homologación de los distintos expedientes médicos electrónicos. Cada institución desarrolló sus sistemas en momentos y bajo criterios distintos, sin estándares comunes de interoperabilidad. Lograr que estos sistemas “dialoguen” entre sí será una condición necesaria para que la credencialización cumpla su promesa de simplificar el acceso y no se quede en una capa adicional de burocracia digital.
Protección de datos personales e interoperabilidad
La digitalización del expediente médico implica concentrar información que durante décadas estuvo dispersa en archivos físicos: datos biométricos, historial clínico, estudios médicos y citas programadas. A partir de abril de este año, esta información también estará disponible en versión digital a través de la aplicación MX.
Este nivel de concentración de datos personales sensibles exige mecanismos robustos de protección y ciberseguridad. Recientemente, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno abrió 20 investigaciones por la presunta vulneración de datos personales en dependencias públicas y particulares. En ese contexto, centralizar información médica de 126 millones de personas sin garantías robustas de protección puede generar vulnerabilidades y desafíos en el corto y mediano plazo. La credencialización forma parte de un objetivo más amplio de construcción de una identidad digital nacional que facilite el acceso a servicios y trámites, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Para que este objetivo sea sostenible, la confianza ciudadana será tan importante como la infraestructura tecnológica.
Inversión con visión de futuro
La estrategia de credencialización busca intervenir un problema real que radica en la fragmentación administrativa que hoy impide que millones de personas accedan oportunamente a servicios de salud por falta de claridad sobre su derechohabiencia o por la pérdida de sus expedientes al cambiar de institución.
Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) hemos documentado que la gestión efectiva de prestaciones de salud depende, en buena medida, de la capacidad de identificar, registrar y dar seguimiento continuo a las personas derechohabientes. La inversión en salud digital abre una oportunidad de largo aliento, siempre que logre superar obstáculos persistentes como la falta de infraestructura, los costos de interconexión y la integración entre sistemas.
Además de hospitales, medicamentos y personal médico y de enfermería, México requiere sistemas de información integrados, seguros y sostenibles. En ese sentido, la credencialización que inicia este año puede leerse como un ejercicio de construcción estatal: crear las condiciones materiales e informacionales para que el derecho a la salud deje de ser una aspiración abstracta y se traduzca en atención efectiva.
Miles de personas cambian de empleo cada mes. Otras tantas viven con enfermedades crónicas que requieren atención en distintas unidades médicas. Muchas más buscan atención de urgencia sin saber con certeza a qué institución pertenecen. Para ellas, la credencial representa la posibilidad de acceder a servicios sin barreras administrativas innecesarias.
El éxito del proceso dependerá no solo de la tecnología, sino de la capacidad del Estado para garantizar que esta herramienta cumpla su propósito con reglas claras, protección de datos y coordinación institucional. La credencialización no es una solución en sí misma, pero sí un primer paso necesario para avanzar en la consolidación del sistema universal de salud que México requiere.
*Luis Alejandro Estrada (@je_nesaispas) es candidato a doctor en Políticas Públicas por el CIDE; actualmente se desempeña como Especialista en Análisis Cuantitativo y Desigualdades de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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