Margarita Warnholtz Locht (la tlacuila) es etnóloga egresada de la ENAH. Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación, entre otras, coordinó un proyecto de incorporación de organizaciones indígenas a internet a finales de los 90, proyecto con el cual se convirtió en fellow de Ashoka (red internacional de emprendedores sociales).  En los últimos años se ha dedicado a difundir información de los pueblos indígenas en la prensa escrita, colaborando con diarios como Excélsior en 2006 y Milenio de 2007 a 2010.

Códices Geek

Sin categoría

Decenas de miles de indígenas protestan en Ecuador por las medidas económicas tomadas por el presidente Lenin Moreno, producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito de 4,200 millones de dólares. Las medidas incluyen la eliminación del subsidio a la gasolina y el diesel. A lo largo de la semana la represión se ha recrudecido (hay ya por lo menos 5 muertos, más de 500 heridos, alrededor de 800 detenidos y varios desaparecidos), lo cual lejos de detener la movilización, ha hecho crecer la participación y las demandas.
Conversé vía telefónica brevemente con Luis Fernando Sarango, indígena Kichwa Saraguro, exrector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, quien ha estado participando en el movimiento y es integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), para tener una opinión e información directa sobre el tema.
Sarango afirmó que el problema está en el “robo descarado que hizo el gobierno de Correa y que el gobierno actual no está dispuesto a cobrar, a expropiar los bienes mal habidos de todos los ladrones, que incluso públicamente se ha dicho quiénes son. Se perdona a esta gente, se condona una deuda de 4,500 millones dólares a los banqueros y otros grupos, pero se dicta medidas drásticas, inhumanas, en contra de los sectores más pobres del país, dentro de ellos los pueblos originarios”.
Maestro en docencia universitaria y doctorado en derecho, Sarango explicó que el alza en el combustible afecta directamente a los pueblos indígenas y la gente de escasos recursos, pues significa que suben los precios de los alimentos y en general los costos de la vida diaria. Agregó que las medidas incluye el despido de alrededor de 100 mil empleados del sector público y que el temor que tienen es que se produzca una crisis económica “insoportable” en la que ni siquiera habrá acceso a la comida, y se refirió como ejemplo a la crisis que se dio en Argentina. “Se tiene que pensar un poquito en el futuro, en lo nefastas que son estas medidas”, afirmó.
Sobre la movilización aclaró que no es solamente en Quito, sino que “se han paralizado vías en todo el país, la carretera panamericana y otras vías importantes que van hacia la costa y la Amazonía están bloqueadas totalmente desde hace casi ocho días, ya empieza a sentirse el desabasto en las ciudades”. También mencionó que los pueblos de la región amazónica se tomaron algunos pozos petroleros y que además de los indígenas hay diversos sectores populares participando en las protestas, entre ellos estudiantes y obreros, así como pequeños transportistas de todo el país, pues los transportistas más fuertes ya pactaron con el gobierno medidas que los benefician sólo a ellos.
Respecto a la represión, Sarango comentó que “ha sido tremenda, incluso intervinieron en lugares que estaban previstos para que pernoctaran los indígenas, como la Universidad Salesiana y la católica. Lo que hicieron fue ingresar a los predios universitarios y arrojar bombas lacrimógenas para que la gente tenga miedo, tenga terror. Se ha aplicado una política de terror especialmente por el ministro de defensa (Oswaldo Jarrín) que es un general de esos antiguos que quedan de las últimas promociones de la Escuela de las Américas, que cree que a la gente se le puede amedrentar, pero no resultó así; y acá tenemos también a una ministra del interior (María Paula Romo) que creyó que con la brutalidad de la policía podría causar terror a fin de que la gente huyera, pero no se ha dado eso. Los compañeros dirigentes hasta el momento han dicho que se radicaliza la medida de hecho y que no vamos a ceder”.
Por último, Sarango me comentó que los medios de comunicación de su país están comprados o sobornados por el gobierno, entonces no difunden lo que realmente está sucediendo, por lo que sugirió que se busque la información en <a href="https://conaie.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">esta página</a> y el <a href="https://www.facebook.com/pg/conaie.org/posts/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Facebook</a> de la CONAIE.
Recordemos que los indígenas de Ecuador se han caracterizado por la fuerza de sus luchas, no es la primera vez que lideran protestas a nivel nacional. En 1997 fueron los principales actores de la movilización que llevó a la salida del presidente Abdalá Bucaram y en 2000, aliados con un sector de los militares, derrocaron el gobierno de Jamil Mahuad.
Al inicio del movimiento la demanda era la derogación del decreto 883 con el que se elimina el subsidio a la gasolina, ahora los indígenas exigen además la renuncia de los dos ministros que encabezan la represión y afirman que no dialogarán con el gobierno hasta que se cumplan estas demandas. En su <a href="https://www.movimientos.org/es/content/comunicado-de-la-conaie-sus-bases-y-al-pueblo-ecuatoriano" target="_blank" rel="noopener noreferrer">último comunicado</a> declaran: “Esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador&#8221;.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Sobre las protestas indígenas en Ecuador

Jesús Armando Haro, profesor investigador del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora, lleva casi 40 años en contacto con los guarijíos de Sonora y en los últimos ocho ha fungido como su asesor en el tema de la presa Bicentenario (tema del cual escribí <a href="https://front.animalpolitico.com/codices-geek/amenazan-de-muerte-a-investigadores-en-sonora/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a>, <a href="https://front.animalpolitico.com/2013/08/condicionan-apoyos-a-indigenas-para-obligarlos-a-autorizar-una-presa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí </a>y <a href="https://front.animalpolitico.com/codices-geek/presa-bicentenario-o-para-que-sirven-las-leyes/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aquí</a> en 2013). El problema continúa y esta semana me envió un texto donde hace un recuento sobre el mismo y presenta la situación actual. Aquí va.
Por: Jesús Armando Haro
Conocí a los guarijíos en 1980, cuando me asignaron una plaza de médico pasante en servicio social en la Unidad Médica Rural de Burapaco, del programa IMSS-COPLAMAR. Durante un año de estancia entre ellos me percaté de que a pesar de padecer de desnutrición, mortalidad materno-infantil, y algunas enfermedades infecciosas y parasitarias, los guarijíos estaban más sanos que la mayoría de los mexicanos pues era muy baja la prevalencia de enfermedades crónicas o mentales. Esto me hizo virar hacia la medicina familiar en un primer momento y más tarde hacia las ciencias sociales, puesto que advertí que necesitaban de apoyo básico de tipo preventivo, pues vivían muy de cerca con la naturaleza y de los recursos que les brindaba el monte.
Diez años después, ya como investigador en El Colegio de Sonora, tuve la oportunidad de actualizar el diagnóstico con el apoyo de otros colegas de otras instituciones y disciplinas. Averiguamos que el perfil de salud se había modificado sustancialmente, pues con la dotación de tierras ejidales que tuvo lugar en 1980-81 entró la modernidad a la región, dotándola de caminos, escuelas, tienda de abarrotes y centro de salud; más tarde llegaron la electricidad y la televisión, los refrigeradores y los automóviles propios. También llegaron los narcos y comenzó la siembra y el tráfico de mariguana, pese a lo cual nunca han logrado remontar su situación de pobreza extrema. En salud, nuestros resultados arrojaron el predominio de las muertes violentas, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el alcoholismo y la diabetes, que coexistían con las llamadas enfermedades del rezago epidemiológico que ya padecían desde antes.
Cuando en 2011 los guarijíos nos llamaron a una compañera antropóloga y a un servidor para asesorarlos en el asunto de una nueva presa en el río Mayo que afectaría sus tierras ejidales, en lo personal me pareció que un embalse podría ser benéfico para ellos. “El agua es vida y mucha agua será mucha vida”, pensé entonces, pero comencé a indagar los impactos socioambientales de las presas y cambié de opinión, pues los reportes en la literatura distan mucho de ser halagadores. Por ello conformamos un grupo de asesores (entre ellos Ramón Martínez Coria, Alejandro Aguilar Zéleny, Scott Robinson, Horacio Lagunas y otros y otras que prefirieron que no apareciera su nombre) involucrados en el proceso de gestión y defensoría que comenzamos a construir desde aquel momento.
Pese a que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se inmiscuyó en el asunto con muy buena voluntad, logrando abrir el diálogo entre los promotores del gobierno estatal sonorense y municipal de Álamos y los guarijíos entre septiembre y noviembre de 2012, los resultados fueron desastrosos, puesto que los acuerdos no se respetaron. No se entregó el proyecto oficial, mucho menos traducido a su lengua; tampoco se abandonó una estrategia de manipulación, compra de voluntades y amenazas, que caracterizó desde entonces la gestión de los “preseros”, un mote que los guarijíos acuñaron para etiquetar a los muy variados personajes que han venido trabajando a favor de que se construya la presa y que los guarijíos cedan sus territorios para el funcionamiento del embalse.
Se trata de dos grupos cuyos terrenos van a ser inundados: el Ejido Guarijíos-Burapaco, con 51.1502 hectáreas, y la Sociedad de Producción Rural de San Bernardo, con 70.0000 has. (además de otros tres ejidos que también serán afectados). Todo el proceso de gestión de la presa ha estado plagado de corrupción, irregularidades e impunidad. Desde su planteamiento para control de inundaciones en el Valle del Mayo, la aprobación por parte de SEMARNAT de un manifiesto de impacto ambiental fraudulento y excesivamente parcial, realizado por funcionarios de la misma Comisión Estatal del Agua (CEA), promotora oficial de la obra, hasta la asignación de la misma a una compañía constructora conocida por obtener trato favorito, la aprobación de partidas presupuestales por parte del Congreso legislativo y la gestión de políticos que también son empresarios con intereses en el proyecto. Además, se sabe que la nueva presa serviría a compañías mineras, cuyos agentes recorren desde hace años el territorio serrano.
Todo esto ha sucedido a pesar de que nunca se llevó a cabo el procedimiento de consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada que marcan nuestras leyes cuando se trata de territorios indígenas. Los promotores se dedicaron a conseguir las firmas de los gobernadores tradicionales, incluso de aquellos que pertenecen a comunidades que no serán afectadas con la inundación, aunque el daño que va a ocasionar la presa afectará no solamente a todo el territorio guarijío, sino a toda la cuenca del Rio Mayo.
Desde el 8 de octubre de 2013, los guarijíos interpusieron un recurso de amparo en contra de la construcción de la presa Pilares (Exp 3484/2013), contra el gobierno del Estado, SEMARNAT, CONAGUA y el DR038. Este juicio de amparo indirecto se interpuso justamente por la violación al derecho colectivo de los guarijíos a ser consultados en los términos del Convenio 169 de la OIT y al Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre impartición de justicia a los pueblos indígenas. A pesar de ello, la presa comenzó a construirse y los guarijíos, con nuestra ayuda, consiguieron denunciar el hecho de no haber sido tomados en cuenta cuando este embalse va a trastocar profundamente su modo de vida. Acudieron a la propia CDI, a la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la SEMARNAT y la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la SEGOB. También denunciaron el caso ante la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Nada de esto ha conseguido parar la construcción de la presa.
El 21 de febrero de 2019, con gran sorpresa para todos nosotros, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Hermosillo concedió el amparo y protección de la justicia federal en favor de las comunidades quejosas, después de cinco años de juicio y siete años de acompañamiento del grupo de asesores. El magistrado reconoció que quedan nulos todos los actos relacionados con la presa, comenzando con la Manifestación de Impacto Ambiental y el mismo permiso de construcción de la obra.
En el plano nacional, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, parecía que las perspectivas eran favorables para reestablecer un proceso de consulta en el que actualmente CONAGUA, SEMARNAT y el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) se encuentran implicados y obligados a realizar. Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, los funcionarios estatales y federales de CONAGUA y SEMARNAT se han encargado de preparar este proceso bajo la guía de las instancias que promueven desesperadamente el reinicio y la conclusión de la obra, suspendida –en teoría, aunque tenemos reportes de que realizan trabajos nocturnos- como efecto del amparo ganado. Paradójicamente han logrado que las autoridades tradicionales de los guarijíos se manifiesten a favor de la obra, a cambio de recibir un fideicomiso que cuenta con apenas 13 millones de pesos y que serán repartidos en proyectos entre cinco grupos, gracias a que un abogado que trabaja para la CEA (Comisión Estatal del Agua) y que se ofreció a ayudarles con los trámites desde el año pasado a cambio de cobrarles el 15 por ciento de honorarios. Esta oferta ha mantenido divididos internamente a los núcleos del Ejido Burapaco y a la SPR, no habiendo conseguido hasta ahora consenso para aceptar o no esta oferta, pues la mayoría espera el efecto del amparo ganado.
El pasado 31 de agosto se publicó una nota en El Diario del Yaqui, donde “Gobernadores de la Etnia Guarijío solicitan que personas externas de la comunidad indígena se mantengan al margen de los acuerdos tomados democráticamente por los miembros y autoridades tradicionales, con el fin de que la Presa “Los Pilares” continúe su construcción y los compromisos pactados con el gobierno del Estado se cumplan lo más pronto posible”. Además manifiestan que el único gobernador que actualmente se mantiene en resistencia (José Romero) firmante del amparo, es ilegítimo y que debe retirar la denuncia, cuando paradójicamente es el único de los actuales gobernadores que tiene reconocimiento del TRIFE, gracias a un juicio que lo reconoció en enero de 2014, al igual que al gobernador del Ejido Guarijíos-Burapaco, quien prefirió cambiar de bando y por ello fue destituido por la asamblea comunitaria desde el 2 de octubre de 2018.
Por su parte, CONAGUA ya nos advirtió que los asesores no seremos bienvenidos en el proceso de consulta a los guarijíos, con lo cual bien podemos asegurar que auguran un “asalto en despoblado”, dado que las consecuencias que tiene una presa, esta presa en particular, son impactos complejos y diferenciales, difíciles de discernir y anticipar, mismos que llevamos indagando desde hace más de siete años.
Con el propósito de hacer saber a la opinión pública, compartimos un cuadro que puede servir para atisbar cuales son los daños previstos y las medidas factibles de remediación, indemnización y mitigación. Dado que en la retórica política de la llamada Cuarta Transformación (4T) advertimos tanto señales de avance como de estancamiento en el tema de los derechos indígenas y el desarrollo sostenible, consideramos que nuestros aportes son relevantes y no deben ser soslayados por no proceder de la propia comunidad, desde donde recibimos continuamente llamadas que solicitan nuestro apoyo.
Las asambleas están conscientes de la gravedad de la amenaza; sin embargo, siguen divididas por la intervención violenta y directa de sicarios y funcionarios corruptos que trabajan al servicio del interés privado que quiere la presa a cualquier costo. Sabemos que la actual administración política federal está bajo una enorme presión del gran capital financiero para que siga facilitando el despojo territorial y biocultural de las comunidades indígenas tradicionales; del otro lado, el movimiento de resistencia de los pueblos en defensa de sus patrimonios sigue y se expande, la sociedad civil organizada y los académicos comprometidos con los bienes comunes y el interés público somos corresponsables en alianza con ellos para definir nuevos horizontes con las mejores prácticas.
<a href="https://front.animalpolitico.com/codices-geek/cronica-de-un-despojo-en-ciernes-los-guarijios-de-sonora-y-el-proyecto-de-presa-los-pilares-bicentenario/guarijios-de-sonora-1/" rel="attachment wp-att-619922"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-619922 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/09/guarijios-de-Sonora-1.png" alt="" width="888" height="496" /></a><a href="https://front.animalpolitico.com/codices-geek/cronica-de-un-despojo-en-ciernes-los-guarijios-de-sonora-y-el-proyecto-de-presa-los-pilares-bicentenario/guarijios-de-sonora-2-1/" rel="attachment wp-att-619924"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-619924 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/09/guarijios-de-Sonora-2.1.png" alt="" width="889" height="497" /></a><a href="https://front.animalpolitico.com/codices-geek/cronica-de-un-despojo-en-ciernes-los-guarijios-de-sonora-y-el-proyecto-de-presa-los-pilares-bicentenario/guarijios-de-sonora-3/" rel="attachment wp-att-619926"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-619926 alignnone" src="https://front.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/09/guarijios-de-Sonora-3.png" alt="" width="886" height="386" /></a>
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Crónica de un despojo en ciernes: los guarijíos de Sonora y el proyecto de presa los Pilares-Bicentenario

El pasado domingo 18 de agosto se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas el Congreso Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Este evento contó con la asistencia de alrededor de 450 personas, entre autoridades comunitarias, municipales y líderes regionales, de los 12 pueblos originarios con presencia en el estado.
En el documento final del congreso convocaron a un diálogo con el Estado mexicano y particularmente con los tres órdenes de gobierno de Chiapas. Recordaron que la mayoría de los pueblos indígenas están “en el barco” de la cuarta transformación, pero que han tenido problemas de comunicación, tanto entre ellos como con el Estado.
Declararon que se reunieron además para colaborar en el proceso de reforma constitucional promovido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para lograr el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público. Hicieron un llamado al congreso estatal para integrar una comisión para trabajar en una reforma a la constitución local que incluya ese punto.
Convocaron también al diálogo a los partidos políticos para acordar la forma de participación electoral en los distritos y municipios indígenas sin confrontaciones ni violencia.
Por otro lado, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se desate la violencia en los distritos y municipios indígenas si no se promueve el respeto pleno de los derechos de los pueblos, por lo que afirmaron estar en total disposición “para dialogar y juntos construir la paz y gobernanza en el estado”. Asimismo, propusieron el inicio de un proceso de “plena participación en las resoluciones de conflictos y no permitir más desplazados ni más violencia” en el interior de sus pueblos.
Se refirieron además a la necesidad de contar con información “sobre los peligros de destrucción y de contaminación” que implican las iniciativas extractivistas en sus territorios y a su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre los proyectos que los afecten, y solicitaron “la plena representación” de sus pueblos en el gobierno y en el Congreso local y el Congreso de la Unión.
En síntesis, sin dejar de exigir sus derechos, convocan a dialogar para llegar a acuerdos que beneficien a sus pueblos y que permitan construir la paz en Chiapas. Esperemos que haya una respuesta positiva tanto del gobierno estatal como del federal. Es importante recordar que el EZLN no representa a todos los indígenas de Chiapas.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Diálogo y respeto, pide Congreso indígena en Chiapas

Ayer 8 de agosto terminó en la Ciudad de México el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Con este evento culminó el llamado proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, organizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). 
Para esta consulta se realizaron 54 foros regionales en diversas zonas del país y uno en Estados Unidos, con indígenas migrantes. Al foro nacional asistieron dos delegados de cada uno de los anteriores, además de cientos de indígenas, afromexicanos y otras personas interesadas, que respondieron a la convocatoria difundida por el INPI. 
El documento final de este proceso de consulta sería entregado hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas,  al presidente López Obrador. El objetivo de este proceso de consulta, según la convocatoria, fue “recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la Iniciativa de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”. 
Esta reforma constitucional está pendiente desde 2001, cuando se reformó el artículo segundo que supuestamente plasmaba en la Carta Magna los derechos de los pueblos en cuestión, con base en los Acuerdos de San Andrés, pero que dejó muchos derechos fuera y no cumplió con las expectativas de los pueblos; además de que establece menos derechos de los que aparecen en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en 2007). La intención del gobierno actual es que ahora sí queden incluidos en la Constitución y en las leyes los derechos que establece la mencionada declaración y otros instrumentos internacionales, lo cual requerirá no solamente cambios en el artículo segundo constitucional, sino reformas en otros, como el 27 y el 115, así como la modificación de diversas leyes. 
Sin duda este proceso de consulta fue un gran esfuerzo, en el que se intentó contar con una amplia representatividad. Si bien no puede decirse que hubo participación de todas las comunidades indígenas y afromexicanas del país, hubo mucho más participación que en cualquier evento similar que se haya convocado antes por instancias gubernamentales. Según los organizadores, participaron en los foros alrededor de 27 mil personas, la mayoría autoridades comunitarias. 
En el documento final del proceso en cuestión los pueblos indígenas y afromexicanos, además de  exigir ser reconocidos como sujetos de derecho público, demandan, entre otras cosas, el reconocimiento pleno en la constitución y en las leyes de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como de la relación especial y espiritual que tienen con ellos, y  el derecho a la consulta –y el consentimiento- previa, libre e informada. Se reclama además el reconocimiento al derecho a la libre determinación, a sus sistemas políticos, a la autonomía y el derecho a elegir autoridades por sistema normativo propio en los municipios indígenas.  
Otras demandas son: que se garanticen los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas, el reconocimiento constitucional a la educación comunitaria indígena intercultural y que se implemente el principio de la pluriculturalidad en todo el sistema educativo nacional; el reconocimiento pleno del pueblo afromexicano, el reconocimiento, fortalecimiento y protección de los elementos que constituyen su patrimonio cultural tangible e intangible, y el reconocimiento a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades con relación a su patrimonio cultural. También reclaman su participación política en todos los órganos de toma de decisión y ámbitos de gobierno.
La mayoría de estas demandas no son nuevas, son las mismas que vienen planteando los pueblos indígenas desde hace casi 30 años. La novedad es que por fin se incluyó a los pueblos afromexicanos.
La decisión final de incluir las exigencias de estos pueblos en la Constitución y en las leyes será del Congreso de la República, que podrá hacerlo o quedarle mal a los pueblos nuevamente. Habrá que darle seguimiento puntual al asunto.
&nbsp;
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Sobre los foros de consulta del INPI

El pasado 28 de junio la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 2do constitucional en la que se reconoce a los pueblos afrodescendientes de México. Esto se da después de casi 30 años de lucha de los afromexicanos, que después de casi 500 años de ser parte de nuestro país, hasta 2015, habían sido oficialmente inexistentes. En ese año se les incluyó por primera vez en un conteo del INEGI.
La reforma constitucional aprobada consiste en la adición de un apartado C al mencionado artículo, que dice así: “Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”. Falta todavía que esta adición pase por la aprobación de la mayoría de los congresos estatales para que sea incorporada a la Constitución.
Esto es sin duda una buena noticia y constituye un avance importante para los afromexicanos, sin embargo, el reconocimiento a este sector de la población del país no se dio como ellos esperaban. Por un lado, se pensaba que se cambiaría el inicio del artículo segundo, incluyendo desde ahí a los afromexicanos y sus derechos. El mencionado artículo comienza afirmando que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas…”, y muchos afrodescendientes esperaban que se les incluyera desde ahí, que se leyera: sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, quedaron relegados a una adición al final.
Por otro lado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en oficio fechado el 25 de junio dirigido a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sugería que se debería incluir un concepto de pueblo afromexicano que permitiera “identificar a las comunidades que lo integran considerando los aspectos objetivo y subjetivos de su caracterización”. Además, proponía también que se debía incluir un catálogo de derechos específicos de esta población. Según se afirma en el dictamen presentado por la comisión en cuestión, estas sugerencias no fueron recibidas, aunque el oficio tiene fecha del 25 de junio y el dictamen se presentó el 28.
En estos días (desde el 21 de junio hasta el 4 de agosto) el INPI está llevando a cabo foros de consulta sobre la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano (esto se menciona también en el oficio enviado por el INPI que no recibió a tiempo la comisión), ¿no podrían los diputados haber esperado los resultados de estos foros para hacer una mejor reforma constitucional? ¿Cuál era la prisa?
De cualquier manera, falta todavía mucho camino por recorrer en la lucha de los afromexicanos; falta, por ejemplo, que se dicten políticas públicas y leyes a su favor, que se reconozcan sus aportes a la cultura y que se conozca y difunda su historia. Y falta, sobre todo, que dejen de ser discriminados por el resto de la sociedad.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Sobre el reconocimiento constitucional a los afromexicanos

Una vez más, una empresa diseñadora de ropa plagió descaradamente diseños de pueblos indígenas mexicanos. En esta ocasión fue Carolina Herrera. El caso ha sonado en los últimos diez días en diversos medios de comunicación, la Secretaría de Cultura envió una carta a la modista en cuestión, el Senado prepara una demanda e incluso el presidente López Obrador mencionó el asunto en una de sus conferencias de prensa de esta semana.
Sabemos que esto no es nuevo, es un problema de años, si no es que de siglos. Y si bien lo que más destaca por su notoriedad son los plagios de los diseños textiles, el robo de los conocimientos indígenas no se limita a eso, sino que incluye, entre otros, saberes sobre música, medicina y herbolaria, estos últimos hurtados por las farmacéuticas desde hace décadas impunemente.
La senadora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría presentó desde finales de febrero del año en curso una iniciativa que modifica la Ley Federal de Derecho de Autor (artículos 157 a 160, derogando el 159) para proteger las obras artísticas de los pueblos indígenas. Ésta fue aprobada en el pleno del Senado con modificaciones, y turnada a la Cámara de Diputados el pasado 25 de abril.
Los cambios a dicha ley implican principalmente que cualquiera que quiera utilizar las obras “literarias, artística, de arte popular o artesanal” de pueblos o comunidades indígenas deberá pedir y obtener la autorización de éstos previamente.
Parece ser que ante el reciente plagio y las respuestas que generó, hay prisa por aprobar esta iniciativa y será discutida la próxima semana en el pleno de la Cámara de Diputados, con base en el dictamen que presente la Comisión de Cultura y Cinematografía. Pero la iniciativa ha generado polémica, pues el pasado 10 de junio el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas envió un oficio –firmado por Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación General de Derechos Indígenas– en el que afirma que la reforma en cuestión “contiene distintos problemas conceptuales” y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Propone algunas modificaciones, así como que se realice un proceso de consulta previo a la aprobación de la iniciativa en cuestión.
El principal problema que menciona el INPI es que en el artículo 160 queda asentado que: “Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular [es decir, la comunidad] o exista duda sobre el mismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, con opinión del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, podrá autorizar el uso solicitado”.
Cabe aclarar que el párrafo anterior no estaba incluido en <a href="http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90166" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la iniciativa presentada originalmente por la senadora Harp</a>, sino que se agregó como una de las modificaciones, pero fue aceptada por ella.
Es evidente que dicho párrafo se presta a que el plagio continúe. ¿Cuántos intentos tendrá que hacer el interesado en un diseño, por ejemplo, para encontrar de qué comunidad es, antes de que sea considerado imposible localizarla? Esta pregunta aplica si suponemos que a lo que se refiere el artículo respecto a “cuando no sea posible obtener el consentimiento” es a que no se localizó al pueblo o a las comunidades poseedoras de la obra, pero también podría entenderse que si no le dieron permiso, la Secretaría de Cultura se lo puede otorgar.
Cualquiera de estas interpretaciones implica serias dudas, aun si pensamos que habrá buena voluntad de las instituciones y sus representantes para cumplir la ley. Pero no quiero (aunque puedo fácilmente) imaginar los negocios que podrían hacer con esto futuros funcionarios corruptos.
Conversé telefónicamente sobre este asunto con Irma Pineda, poeta zapoteca recién elegida para ser miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, y afirmó que la ley tiene buenas intenciones, pero deberían realizarse los cambios sugeridos por el INPI para no violar los derechos de los pueblos indígenas, además de que debería ser sometida a una consulta antes de ser aprobada.
Coincido plenamente con ella. Esperemos que los diputados tomen todo lo anterior en cuenta y no se apresuren a aprobar la iniciativa de ley por motivos coyunturales.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Sobre plagios e iniciativa de ley para impedirlos

“El tren está bien que pase, pero todavía no sabemos por dónde va a ir la vía, si por la carretera o por las torres o por otro lado. Pero vino el mero encargado y nos dio a entender unos acuerdos muy malos para nosotros y la mayoría ya está consciente de que no les vamos a dar los terrenos”. Esto dijo en entrevista uno de los integrantes de las autoridades del ejido de Bacalar, Quintana Roo (que prefirió no dar su nombre).
El “mero encargado”, según me explicó el entrevistado, representa a unos empresarios del norte del estado, y les dijo que “tienen” que venderle unas tres mil hectáreas. “Quieren quitarnos todo y hacer un nuevo Bacalar pero para millonarios, pero ya nadie quiere vender”, afirmó. En 20 minutos que duró nuestra conversación en las oficinas ejidales, entraron dos personas a preguntar por terrenos en venta, se ve que es alta la demanda.
En síntesis, no hay todavía información certera sobre el tren pero ya inició la especulación de tierras y el intento de despojo. Otras tres personas con las que toqué el tema –un maestro retirado, un empleado de un hotel y la mesera de una fonda– se manifestaron en contra de que llegue más turismo al pueblo con el tren, y dos lancheros dijeron que sí les convenía. Por otro lado, desde hace varios años diversos biólogos e investigadores han advertido que la laguna de Bacalar está en peligro por el exceso de visitantes.
En el municipio de Calakmul, Campeche, el problema es la falta de agua. Uno de los guías de la zona arqueológica, que en teoría se vería beneficiado por el proyecto, afirmó que no hay agua suficiente ni siquiera para el poco turismo que hay actualmente, incluso los baños son secos. Comentó que, a menos que pase el tren al lado de la carretera, “se van a morir muchos animales, si de por sí ya se están muriendo de sed porque no ha llovido”. Tampoco tenía información, según dijo “algunos creen que la vía va a estar junto a la carretera pero otros dicen que va a pasar aquí a 18 kilómetros, donde está el dormitorio de los monos”.
En Xpujil, la cabecera municipal que cuenta con cerca de 4 mil habitantes, también es evidente la falta de agua; incluso ha habido varias movilizaciones por ese problema. Rommel González, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, afirmó que no hay agua suficiente en la región ni siquiera para los que la habitan actualmente, por lo que menos habrá para los asentamientos turísticos que se pretende construir. “Aunque no se construyeran, si sólo fuera el turismo de 8 mil o 5 mil personas diarias, ¿cómo vas a trasladarlos desde la estación hasta la zona arqueológica? ¿Cuántos autobuses o vehículos se necesitan? Se va a destruir la selva, el sistema ecológico, porque el turista no sólo necesita agua para beber, también hace necesidades biológicas. Además, no van a tomar agua del tubo, quieren una botellita, entonces otro impacto es el del plástico, el problema de la basura; un relleno sanitario o cualquier sistema de reciclamiento también destruye la selva”, explicó.
González comentó también que no se les ha dicho por dónde va a pasar el tren exactamente y que no están a favor ni en contra del proyecto porque todavía no tienen la información suficiente para decidir en una consulta. No se les ha especificado qué van a obtener, ni cuáles serán las medidas de mitigación que se tomarán o cuáles son los planes de gestión. “Lo más importante es recabar los datos sobre la parte ambiental y los análisis culturales, económicos y demás, pero en detalle; y allí distinguir los impactos, así como el tipo de propuesta que nos traigan, porque eso nos va a permitir hacer un diagnóstico de verdad. El proyecto tiene que contemplar los recursos naturales y entender que hay cuestiones jurídicas porque siendo reserva de la biósfera Calakmul y estando ahí la zona arqueológica se van a generar conflictos. Además, se reconoce como patrimonio mundial mixto de la humanidad por la UNESCO y entonces ya se requiere tratamiento diferente, porque el gobierno mexicano tiene que tratar con organismos internacionales”, concluyó.
Las anteriores son opiniones que recogí en un recorrido por esa parte de lo que será la ruta del Tren Maya. Me pareció importante compartirlas en este espacio, pues creo que los habitantes de esos lugares serán los afectados o beneficiados por el proyecto; por lo que son ellos quienes deben ser escuchados y consultados adecuadamente, no quienes lo ven desde lejos o quienes lo ven como una posibilidad de hacer negocios.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Algunas opiniones de quienes se verán afectados por el Tren Maya

A primera hora de la mañana pasa el autobús y los recoge en sus comunidades para llevarlos a distintos lugares de la zona hotelera. Son hombres y mujeres mayas, en su mayoría jóvenes, que trabajan en la franja costera entre Cancún y Tulum, de jardineros, camareras, albañiles, ayudantes de cocina y demás oficios requeridos para mantener todo impecable y atender a los turistas, que pagan por noche más de lo que ellos ganan por varios meses de trabajo. Muchos no tienen ni contrato, menos prestaciones, y las labores que realizan son las más pesadas y peor remuneradas. Además, muchos son víctimas de discriminación y de humillaciones tanto por parte de sus jefes como de los visitantes.
Terminando la jornada el autobús los regresa a su pueblo, de donde los recogerá de nuevo pocas horas después; aunque algunos sólo vuelven cada semana. Con esos trabajos contribuyen a cubrir las necesidades más básicas de sus familias, y eso sí, ya juntaron para su celular y le pueden cargar unos 50 o 100 pesos por quincena.
Mientras tanto, en sus comunidades los que se quedan son los ancianos, las madres de familia y los pocos que todavía pueden “hacer milpa” porque tienen tierras no tan malas. Antes sacaban más de una tonelada de maíz por hectárea -además de frijol, chile, calabaza y plátano en diversas cantidades- ahora apenas media; la tierra está cansada, desgastada por tanta explotación y por exceso de productos químicos ajenos a su costumbre milenaria. Además, ya no alcanza para todos.
Tanto los que se van como los que se quedan son nietos, bisnietos y tataranietos de aquellos mayas que pelearon en la Guerra de Castas. De los cruzoob que lucharon durante más de diez lustros contra los mestizos y criollos yucatecos, cansados de la explotación y el despojo. Todavía guardan las armas de sus bisabuelos y heredaron su dignidad.
En las comunidades viven tranquilamente; siguen teniendo sus centros ceremoniales activos y continúan celebrando sus fiestas tradicionales, mantienen la espiritualidad y la cultura de sus antepasados, así como la organización religiosa y militar creada durante la guerra mencionada, esa en la que intercambiaban con los ingleses de Belice árbol del tinte y miel por armas.
Obviamente, todos hablan maya, hasta por celular. En algunas comunidades se mandan mensajes de whatsapp para organizar las fiestas, en otras no porque no son parte de ese todo México que es territorio Telcel. Asisten a la fiesta, participan en los rituales y de vez en cuando entran a prender su vela en la iglesia y a rezar, antes o después de jugar con las “maquinitas” en la plaza.
Mientras el turismo esté “por allá en el norte” o “del otro lado de la carretera” no les preocupa y reconocen que los empleos los benefician económicamente, ante falta de opciones en sus comunidades. Pero no estarían dispuestos a abandonar sus centros ceremoniales y menos a que fueran destruidos.
No saben todavía por dónde va a pasar el Tren Maya. Pienso en ese tren y en el desarrollo turístico que vendrá con él y me pregunto: ¿no sería mejor que los apoyaran para que pudieran hacer milpa de nuevo? ¿De verdad creen que están mejor trabajando de mozos en un hotel donde además los discriminan?
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Jóvenes mayas: el turismo no preocupa mientras esté del otro lado de la carretera

Vengo de un lugar donde todavía se ven monos y loros en los árboles, donde los migrantes cruzan el río a 300 metros de la oficina del Instituto Nacional de Migración y del dinero que gastan vive mucha gente del pueblo, mientras que “en Palenque tienen secuestrado al turismo; les dicen que acá somos malos y que sólo pueden venir en sus autobuses”.
Donde se está quemando parte de la selva, pero (a decir de varias personas locales) “ya no vamos a apagar el fuego como hacíamos antes, porque ya nos la quitaron, ya no es nuestra, pertenece a Julia Carabias, entonces que lo apaguen ella y su gente”. Donde a la entrada de una comunidad se lee en una tabla: “Por decisión de la asamblea no se permite instalar retenes del INM, policía, ejército o cualquier autoridad federal o estatal. Atentamente, la comunidad”.
De la tierra donde, según me cuentan, la Nestlé está ofreciendo vender a crédito plantas de café robusta “hechas in vitro” que crecen a 100 metros sobre el nivel del mar, para luego cobrar con mercancía, pagando a cinco pesos el kilo “en uva”. Donde “no vienen periodistas ni hay periódicos” y todavía no se han enterado de que el salario mínimo ya superó los 80 pesos.
Un pueblo donde los jóvenes son trilingües, pero sigue habiendo corruptos que se quedan con la mitad de sus becas y donde –aunque todavía es México– no es territorio Telcel.
Saliendo de ahí, de comunidades de la Selva Lacandona, me entero que en los últimos días mataron a 4 luchadores indígenas. <a href="https://front.animalpolitico.com/2019/05/asesinan-lideres-indigenas-guerrero/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">En Guerrero asesinaron a Modesto Verales Sebastián y a José Lucio Bartolo Faustino en Chilapa de Álvarez</a>. Los dos eran promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Modesto era originario de la comunidad mixteca de Buena Vista del municipio de San Luis Acatlán y había sido comisario de su pueblo. José era nahua, concejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) –Policía Comunitaria- de los Pueblos Fundadores.
El CIPOG-EZ es una organización creada en 2008 que lucha por la defensa de los derechos de los pueblos, su cultura y su territorio, y que forma parte del Congreso Nacional Indígena. La CRAC de los Pueblos Fundadores surgió de la división que se dio en la CRAC-PC en 2013 y se ha enfrentado muchas veces con los grupos del crimen organizado que azotan la región, buscando evitar que operen en sus comunidades. Verales y Lucio no son los primeros integrantes de estas organizaciones que han sido asesinados impunemente.
La violencia en Guerrero contra los dirigentes indígenas no cesa, evidentemente le estorban a los intereses no solamente del crimen organizado sino de las empresas mineras que buscan operar en sus territorios y de los caciques locales. Y las autoridades estatales y federales no actúan.
Por otro lado,<a href="https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/asesinan-a-madre-e-hijo-en-zona-de-activistas-20190503-1510573/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> en Chihuahua asesinaron a Otilia Martínez Cruz y a su hijo Gregorio Chaparro Cruz</a>, ambos defensores del medio ambiente y familiares de Julián Carrillo Martínez, rarámuri también activista defensor del bosque a quien mataron en octubre del año pasado. Sus muertes se suman a las de otros 10 luchadores asesinados en los últimos seis años en dicho estado, entre ellos Isidro Baldenegro (ultimado en enero de 2017), quien recibiera el premio Goldman en 2005. Continúa siendo un peligro defender el bosque en Chihuahua. Así detengan a algunos de los asesinos, la tragedia ambiental y la pérdida de vidas no cesan.
Los anteriores son los asesinatos de los últimos días. ¿Cuántos más van a morir antes de que las autoridades hagan algo al respecto?
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

¿Cuántos dirigentes indígenas más van a morir?

El lunes pasado (22 de abril) inició el 18º periodo de sesiones del <a href="https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/sesiones-del-foro-permanente.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU</a>, cuya duración es de dos semanas. Este año el tema principal es “Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y protección”, que está relacionado con el Año Internacional de las Lenguas Indígenas pues, como afirmó en la inauguración del foro la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, “las lenguas son mucho más que herramientas de comunicación son herramientas de transmisión de la cultura, de la historia, las lenguas indígenas son sistemas únicos de conocimiento y comprensión del mundo, cuando una lengua se extingue se lleva consigo el acervo cultural, la cosmovisión, la espiritualidad, el conocimiento acumulado por miles de años sobre la agricultura, la biología la astronomía, la medicina, la meteorología y mucho más”. Comentó también que los conocimientos indígenas son fundamentales para la mitigación del cambio climático.
Efectivamente, con la pérdida de los idiomas indígenas desaparecen también muchos de sus saberes. Sin embargo, por más que se discuta en Naciones Unidas sobre la importancia de estos conocimientos e idiomas, ambos continúan en peligro de desaparecer, pues poco es lo que realmente hacen los Estados para protegerlos. La “protección” no se da con discursos ni creando instituciones, se da con políticas públicas que los saquen de la situación de marginación en la que se encuentran en todo el mundo y, sobre todo, evitando el despojo de su territorio y de su patrimonio y la violación de sus derechos. Finalmente son los indígenas los que logran y han logrado que se mantengan tanto sus conocimientos como sus culturas y sus idiomas; y lo único que requieren para preservarlos es que dejen de expropiarlos y de empobrecerlos, particularmente con las políticas extractivistas de la mayoría de los países con población indígena.
Es cierto que ha habido grandes avances en la ONU sobre el tema indígena y que los diversos eventos sobre estos pueblos han ayudado a generar compromisos por parte de los gobiernos (aunque muchos en los hechos no los cumplen) y que tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se han convertido en herramientas para la defensa de estos pueblos, sin embargo, continúa siendo evidente la falta de interés sobre este sector de la población, tanto de los gobiernos como de la sociedad en general y particularmente de los empresarios.
Una prueba de lo anterior es que, siendo el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas el evento anual más importante para el mundo indígena, son mínimos, a nivel mundial (y específicamente en México), los periódicos o portales de noticias que dan cuenta de lo que sucede en el mismo.
Pocos saben que la poeta juchiteca <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Irma_Pineda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Irma Pineda</a>, zapoteca, es candidata a ser parte de los 16 miembros que integran el foro permanente para el período 2020-2022 –como representante de Latinoamérica y el Caribe– nominada por el gobierno mexicano, y que el ex diputado guerrerense nahua Carlos de Jesús fue propuesto por algunas organizaciones indígenas para la misma etapa, porque la mitad de los integrantes del foro son nominados por los gobiernos y la otra mitad por las organizaciones indígenas y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) elige. Ojalá la prensa nos informara más al respecto.
Hasta ahora los indígenas de México que han sido parte del foro son Marcos Matías Alonso (2002-2004), Saúl Vicente Vázquez (2011-2013) y Jesús Fuentes (2017-2019). Sería bueno que ahora le tocara a una mujer.
<a href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Sobre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU

El pasado 3 de abril falleció en Orizaba, Veracruz, Julio Atenco Vidal, líder indígena nahua fundador y dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) e importante figura del movimiento indígena nacional, en el que participó desde la creación del Consejo Mexicano 500 Años de Resistencia Indígena a principios de los años 90. 
Julio era ingeniero agrónomo egresado de Chapingo y además experto en derechos indígenas, pues dedicó toda su vida a defenderlos, principalmente en su región.  Fue asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés aunque posteriormente se alejó de este grupo, como lo hicieron muchos dirigentes indígenas. Integrante con su organización de la (fundada en 1995 y ahora extinta) Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), hizo un gran aporte con sus ideas y conocimientos a las discusiones sobre la autonomía y sobre los derechos de los pueblos originarios. Participó además activamente en la elaboración de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Actualmente formaba parte del Movimiento Indígena Nacional y estaba a punto de tomar posesión como delegado estatal del INPI en Veracruz.
Desde su estancia en Chapingo a finales de los 80 y principios de los 90 se destacó como luchador social, participando en diversos movimientos estudiantiles y en el Comité de Apoyo al Movimiento Campesino Independiente. Trabajó también un tiempo en Diconsa y en el Instituto Nacional Indigenista, actuando siempre a favor de los pueblos. 
La CROISZ es una de las organizaciones indígenas más importantes de Veracruz y de las más antiguas del país. Tiene presencia en los municipios de Soledad Atzompa, Acultzingo, Atlahuico, Ciudad Mendoza, Tlaquilpan y Xoxocotla principalmente y trabaja básicamente en la defensa y promoción de los derechos humanos e indígenas y en la producción organizada en las comunidades a través de proyectos que contribuyan al combate de la pobreza. Ha luchado también contra el hostigamiento del ejército a las comunidades de la región. 
Julio peleó por años para que se reconociera que la anciana nahua Ernestina Ascencio, había sido violada y asesinada por militares (en febrero de 2007) y se castigara a los culpables, mientras que el entonces presidente Felipe Calderón afirmaba que había muerto de una gastritis mal atendida. <a href="http://www.rodriguezaraujo.unam.mx/graficos/pdfs/zongolica1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">El caso quedó sin resolver</a> y casi 11 años después, a finales de 2017, <a href="https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2017/MXAD49-12ES.docx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su análisis e investigación.</a>
Líderes indígenas de todo el país –tanto los viejos dirigentes compañeros de lucha de Julio, como los cuadros más jóvenes– lamentaron su deceso en las redes sociales, aunque solamente los medios de comunicación locales (de su región) informaron de su fallecimiento, para el resto no fue noticia.
Julio Fue autor y coautor de múltiples textos, algunos fueron publicados y otros fueron documentos ideológicos básicos para el movimiento indígena. Lo conocí en 1994 y desde entonces nos manteníamos en comunicación, así fuera esporádicamente. Le gustaba la literatura latinoamericana, era amable pero firme e insistente para defender sus posiciones. Una vez me reclamó porque había escrito (en prensa) sobre el “presunto” asesinato de Ernestina Ascencio, afirmando que no era presunto, sino un hecho. 
Hace poco, conversando con un vendedor de artesanías en el centro de Coyoacán, cuando me dijo que era de Zongolica le comenté que yo tenía un amigo por allá, Julio Atenco. Resultó que lo conocía y me habló maravillas de él y de cómo había ayudado a las comunidades. Al despedirnos los dos dijimos: “si ve a Julio me lo saluda”. No sé si el señor haya alcanzado a llevarle mi saludo, pero yo ya no alcancé a darle el suyo.  
&nbsp;
<a class="ProfileHeaderCard-screennameLink u-linkComplex js-nav" href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Adiós a Julio Atenco

Recordemos que en noviembre de 2017 la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz realizó una visita oficial a México, y en junio de 2018 presentó el informe sobre la misma en el que, entre otros puntos, afirmó que debían realizarse con los pueblos indígenas procedimientos de consulta y consentimiento de acuerdo con los estándares internacionales. 
En algún momento comenté en este espacio que no era casualidad que la invitación oficial del gobierno mexicano a la relatora se hubiera dado hasta finales de 2017 (cuando desde 2013 había sido solicitada por diversos dirigentes indígenas) porque de esa manera correspondería al siguiente gobierno cumplir con las recomendaciones que hiciera Tauli-Corpuz. Y así fue, ahora le toca a AMLO dar seguimiento al asunto en cuestión.
Cuando inició el gobierno de López Obrador y particularmente cuando <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los-Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">se presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024</a> muchos pensamos que no solamente se acatarían las recomendaciones de la relatora, sino que en general, se cumpliría con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; sin embargo, ahora parece ser que las violaciones a estos derechos van a continuar, específicamente en lo relativo a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.  
<a href="http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/images/docs/special/2019-nota-tecnica-consulta-previa-mexico.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Esto lo hizo notar la propia relatora al enviar hace unas dos semanas a AMLO una carta</a> que incluye una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. En el documento, manifiesta su preocupación “acerca de proyectos de inversión anunciados por su Gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos”, y afirma que “falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 
En la nota técnica explica claramente cómo deben ser las consultas a los pueblos indígenas y la importancia de éstas y concluye que: “Los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no representan las medidas de salvaguarda de derechos de los pueblos indígenas indicadas en los estándares internacionales…”. 
Si bien  Tauli-Corpuz no menciona casos específicos, sabemos que los casos más preocupantes y más sonados en este momento son el del Tren maya y  el de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. Ambos fueron llevados a consultas ciudadanas, el segundo de éstos a pesar del manifiesto rechazo a la obra por parte de las comunidades indígenas afectadas y del cruel asesinato del dirigente Samir Flores, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) que incluye la mencionada termoeléctrica. 
Cuando se dio la consulta en Morelos comenté con un amigo que era necesario que alguien le explicara a AMLO que no es lo mismo una consulta ciudadana a una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ahora ya se lo explicó directa y detalladamente la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Es momento de que comiencen a hacerse estas consultas en los casos en que corresponda, de acuerdo a los lineamientos internacionales y en cada comunidad que pueda ser afectada, comenzando por las tocadas por el PIM. No hay pretextos ni razones para no cumplir con los convenios internacionales. No hacerlo sería una traición a los pueblos indígenas que confiaron en López Obrador.
&nbsp;
<a class="ProfileHeaderCard-screennameLink u-linkComplex js-nav" href="https://twitter.com/yotlacuila" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@yotlacuila</a>

Siguenos en:

Siguenos en:

Plumaje