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Sinaloense, Ingeniero Industrial, maestro en Estudios Humanísticos y director de Noroeste Media (noroeste.com.mx). Escribo sobre... Continuar Leyendo
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El legado

Calderón será recordado por emprender la “guerra contra el narco” con una visión moralina que dejó miles de muertos, Peña por la frívola corrupción de su grupo de poder y López Obrador por exacerbar una militarización que arroja cientos de miles de muertos y desaparecidos.
11 de septiembre, 2022
Por: Contrapoder

Cuatro años después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, México no es ni Dinamarca ni Venezuela. No lo es porque cuatro años no alcanzan para una transformación de ese calado. Y porque queda claro que AMLO no resultó Mandela, por más que sus acólitos vean en él la encarnación patria; pero tampoco Chávez, como siguen sugiriendo los agoreros del peligro.

Pero más allá de la polarización en torno a la figura del presidente, la pregunta pertinente es ¿a dónde se dirige el país?, ¿camina en el sentido de la consolidación democrática y liberal, o descompone su incipiente democracia institucional presa del populismo y el crimen organizado?

Responder es particularmente difícil dada la coyuntura pandémica y el corto tiempo de este gobierno-movimiento en el poder. También dada la complejidad y dispersión ideológica del morenismo que gobierna la mayor parte del país pactando con propios y extraños.

Hasta hoy, es complicado juzgar si el desempeño de México frente a la pandemia en materia económica y sanitaria ha sido el correcto y cuáles serán sus saldos. Hay 700 mil muertes en exceso que tarde o temprano habrá que explicar y por más optimistas que sean los pronósticos de Hacienda, este sexenio habrá sido prácticamente de nulo crecimiento económico.

Me parece, sin embargo, que la herencia perdurable del gobierno de López Obrador es cada vez más nítida: una regresión profunda en la pacificación del país, una de sus principales promesas de campaña.

Como ha sucedido con Fox, Calderón o Peña Nieto, López Obrador no será recordado por sus parámetros de crecimiento económico, sino por algo mucho más profundo: la justicia, o la falta de ella.

Dice el presidente López Obrador que “la paz es fruto de la justicia”, pero en el México que gobierna la paz está ausente porque la Justicia (así, con mayúscula) es la excepción y no la regla. Un ave rara, una anomalía. Y como no existe, se simula. Se simula en las calles con retenes de patrullas vistosas, tanquetas y armas de grueso calibre; se simula en los juzgados donde los expedientes se acumulan y empolvan; se simula en las prisiones, donde miles de presuntos culpables permanecen privados de la libertad sin sentencia, y se simula en los medios con la exhibición de presuntos delincuentes. Mientras, el crimen organizado avanza, sabedor de su impunidad y poderío violento y corruptor.

La injusticia crónica del país es innegable: más del 75 por ciento de la población del país se percibe insegura, la media de impunidad en materia penal es del 94.8 por ciento, la cifra negra de delitos es del 93.2 por ciento porque la gente no quiere perder el tiempo y porque no confía en el sistema, se asesina a 97 personas y se desaparece a otras 50 por día, de las cuales la mitad permanece como no localizada, y hay más de 92 mil personas detenidas sin sentencia en las cárceles del país, 50 por ciento de ellas jóvenes y pobres. Son todos datos surgidos de fuentes oficiales que confirman los niveles de atrocidad en los que viven los mexicanos.

Y como el estado es incapaz de procurar justicia, la sociedad victimizada a diario la quiere a como dé lugar. Por eso acepta abusos de autoridad, tortura y retaliación con el fin de aplicar castigo a los victimarios, sin importar de dónde venga ni cómo se consiga. Por eso confía en que sea el ejército el único capaz de poner un alto.

Pero aún con la evidencia contundente del fracaso en materia de seguridad desde que el ejército ocupa las calles, el presidente López Obrador decidió profundizar la estrategia fallida de la militarización iniciada en el sexenio de Calderón, así como el populismo penal y el abuso de la prisión preventiva oficiosa (PPO), al tiempo que es omiso en reformar el sistema de procuración de justicia.

Desde su llegada, el ejército realiza cada vez más funciones de la esfera civil y el catálogo de delitos de PPO se amplió en tres ocasiones desde 2018. Si los militares ya integraban la gran mayoría de aquella Guardia Nacional (GN) que se decía “civil”, esta semana el Legislativo consolidó su traspaso a la Secretaría de Defensa Nacional sin ofrecer ninguna argumentación sustantiva más allá de la bondad del presidente y su obvio carácter civil.

A partir de ahora, según la ley publicada en el diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa ejercerá el control operativo y administrativo de la totalidad de la GN, recibirá todos los recursos que necesite de la Secretaría de Seguridad Pública para ello, controlará y supervisará toda la cadena de mando desde el Comisario General hasta el Guardia básico y formulará planes, programas y acciones de la política criminal; además, sus elementos serán capacitados por la SEDENA y seguirán sujetos a la jurisdicción militar según el Libro Segundo del Código de Justicia Militar en cuanto a jerarquía y autoridad. Incluso echará a los pocos policías federales que quedaban en ella y podrán relevar al personal financiero y administrativo si así les conviene.

AMLO comunicó desde 2006 a los estadounidenses su intención de militarizar a México, según confirma un cable de Wikileaks. Hoy miente al decir que cambió de opinión al llegar a la presidencia. Lo cierto es que no tuvo nunca la voluntad de buscar la construcción de paz por una vía civil, incluyente y respetuosa de los derechos humanos que integrara una verdadera reforma al aparato de justicia, la formación de una policía de proximidad social y la implementación de un mecanismo de justicia transicional extraordinario.

En el futuro habrá que recordar esto, pero también el triste papel mudo y obediente que los legisladores y gobernadores de Morena jugaron en la militarización del país. Muchos de ellos críticos, civilistas y pro-derechos cuando fueron oposición. Gente valiosa que cambió sus principios por acceso a poder y presupuesto.

Calderón es y será recordado por emprender la “guerra contra el narco” con una visión moralina que dejó miles de muertos, Peña por la frívola corrupción de su grupo de poder y López Obrador por exacerbar una militarización que arroja cientos de miles de muertos y desaparecidos.

AMLO dejará la presidencia con su popularidad intacta. La legitimidad, el descrédito de la oposición, la propaganda y la posverdad le alcanzarán para manipular las percepciones y desviar la atención de lo relevante. El cambio de régimen que prometió se expresará en un hecho que tomará décadas revertir: los militares controlarán cerros y valles, calles, aeropuertos, aduanas, puertos y carreteras en un país que se dice –todavía– una democracia liberal.

Esas calles donde aparecen a diario los muertos y se multiplican los cenotafios, esas aduanas por donde pasan las armas y se reciben los sobornos, esos puertos por los que corren las drogas, esas carreteras donde pululan las fosas y esos aeropuertos donde las madres de los desaparecidos esperan con pancartas a su presidente sin que las atienda.

Ese será su legado.

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Imagen BBC

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