Fue consejero electoral de la ciudad de México y del IFE, y ha sido consultor internacional en temas electorales. Actualmente es promotor de SomosMX, partido político en construcción. Escrutar, en la definición que nos ofrece María Moliner, es mirar una cosa con mucha atención para descubrir algo en ella. Este espacio aspira a descubrir y describir algo novedoso en los eventos políticos de nuestro país. Además, escrutinio es la operación de contar los votos en una elección. Los procesos electorales serán un tema recurrente en este blog.

Escrutinio

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La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, más allá de que algún día conozcamos las verdaderas razones, ha sido una secuela de atropellos a las formas. El desapego a las formalidades no debe sorprender, pero sí refleja la insana concentración del poder que estamos viviendo. Recordemos un poco.
La transformación de la Procuraduría a la Fiscalía no fue sólo un cambio de nombre. Tras la nueva denominación hubo el propósito expreso de desvincular la procuración de justicia de la política, de hacer que en el nombramiento de ese cargo participara también el senado de la República, que ya no fuera parte del gabinete presidencial.
Y tenía que ver también con un diagnóstico que empataba la autonomía con el fortalecimiento institucional. Mejorar el acceso a la justicia pasaba por repensar y apuntalar a las fiscalías. Muchas son las cosas que se han desandado en estos años: ni tenemos mejores fiscalías ni la autonomía se ha consolidado, y con la llegada de Ernestina Godoy, personaje vinculado a la trayectoria de Claudia Sheinbaum, parece que la FGR regresa a la órbita del gabinete presidencial. Vendrán tiempos difíciles para la justicia.
La apuesta original de la FGR era que la fuerza de la justicia se reflejara en expedientes cada día más robustos, en ministerios públicos cada vez más preparados, en policías más profesionales y alejados de la extorsión. Nada de ello ocurrió ni se perfila que ocurra.
Hoy la justicia o la injusticia está en el reino de la percepción. Si hay un caso medianamente verosímil se vuelve cierto. Por ejemplo, la narrativa oficial que quiso minimizar el caso del rancho Izaguirre no pudo contra la percepción de que, en efecto, las personas desaparecidas son un problema mayor; el huachicol fiscal es totalmente creíble, al igual que la Barredora o, más recientemente, la red de corrupción que se exhibió tras el certamen de Miss Universo.
Si eso es así, la inminente nueva fiscal Godoy lejos está de aportar credibilidad, más bien acrecentará las sospechas de parcialidad y politización en la procuración de la justicia. En fin, en algún momento parecía que la ruta para mejorar nuestra justicia estaba más o menos clara; sin embargo, con la destrucción del poder judicial y el debilitamiento de las fiscalías parecemos empeñados en alejarnos de las soluciones y hacer más grandes los problemas.

FGR: de regreso al gabinete

El pasado sábado se llevaron a cabo manifestaciones en todo el país para exigir el fin de la violencia. Concurrieron los jóvenes articulados en torno a la generación Z, los michoacanos indignados por el asesinato del alcalde Manzo y diversos grupos de la sociedad civil, además de ciudadanos molestos por la escalada de inseguridad.
Frente a ello, desde antes de la marcha, la presidenta ensayó diversas narrativas para descalificar la marcha: que en realidad no había jóvenes, sino bots; que había franca conspiración y financiamiento externo, o sea que los jóvenes eran manipulables; que los verdaderos animadores de la marcha eran los opositores de siempre.
En fin, una narrativa particularmente errática que siempre lo que trató de hacer fue descalificar a los emisarios sin atender o escuchar el mensaje. El asunto era muy simple: los jóvenes (por cierto, antipartidos) molestos por la inseguridad y la cercanía del narco con el gobierno, concurrieron con la indignación de muchos sectores de la sociedad por el asesinato de Carlos Manzo. Ese fue siempre el mensaje: alto a la violencia y la inseguridad. Narcoestado fue la síntesis.
Pero desde antes de la marcha, y posterior a ella, el esfuerzo gubernamental ha sido la descalificación, invisibilizar a los jóvenes y al movimiento del sombrero, endosarles la violencia a los marchistas y no a los grupos de choque, en fin, distorsionar la realidad. No hubo manipulación, hubo indignación legítima, ojalá se atienda.
Un problema es que, en el desaseo del operativo y las provocaciones, se han apresado a jóvenes que lejos de pertenecer a los grupos de choque que cada tanto hacen su aparición, estaban simplemente protestando, y hacen revivir una añeja y dolorosa consigna para la izquierda: presos políticos, libertad.
Y es que para el oficialismo no puede haber ningún reclamo, señalamiento o protesta en contra de ellos que sea legítima. Desde el ejercicio impoluto del poder, desde la superioridad que da encarnar el mandato del pueblo, el error o la equivocación no se conocen. He ahí un peligrosísimo resorte autoritario que el oficialismo no ha logrado desmontar. Su prioridad es ganar la narrativa, no solucionar los problemas. Ojalá esta no haya sido otra marcha silenciada. En 1968, Gustavo Díaz Ordaz nunca escuchó el mensaje, siempre descalificó al mensajero. Eso no fue un torneo de narrativas, es historia.

¿La marcha del silencio?

La iniciativa para empatar la revocación de mandato con las elecciones legislativas federales del 2027 es un despropósito con tres componentes inquietantes. El primero es la desvergüenza: la revocación de mandato, siendo de suyo un instrumento polémico de la democracia directa, tiene como una de sus premisas básicas que la consulta a la ciudadanía se hace sin contaminarse con otras decisiones.
Empatar esa consulta con la votación partidaria para integrar a la nueva cámara de diputados y además con la elección de jueces y magistrados, termina por desnaturalizar esa figura de democracia directa. Pero más allá de la distorsión, es evidente que el efecto que generará será acrecentar la inequidad en la contienda, dada la presumible y necesaria participación de la titular del ejecutivo desde sus conferencias y actos públicos. Es seguir dinamitando el piso parejo.
Una segunda reflexión tiene que ver con la ignorancia profunda que denota la iniciativa sobre cómo funciona el sistema electoral, al insistir en que la jornada electiva de jueces y legisladores se lleve a cabo el mismo día. Entre las muchas lecciones que arrojó la reciente elección del poder judicial, una fue la incompatibilidad de hacer funcionar de manera adecuada las mesas directivas de casilla y los consejos distritales concurriendo en ambas elecciones. Son dos reglas, dos integraciones y un mismo espacio físico. Una locura.
Ello se pudo constatar en Veracruz y Durango. Insistir en colapsar dos de los puntos centrales en que descansa la credibilidad de la jornada electoral (las mesas directivas y los consejos distritales) es seguir apostando por el desmantelamiento de la confianza comicial.
Y un tercer componente difícil de eludir es la demagogia. Se nos dice que un propósito de la iniciativa es ahorrar 5,000 millones de pesos (no sé cómo arribaron a esa cifra, pero dudo de su cercanía con la realidad). Si revisamos el presupuesto recientemente aprobado, constatamos la cantidad de recursos que siguen consumiendo proyectos faraónicos de escasa utilidad social, la cada vez mayor transferencia de dinero a las personas en lo singular, sin abonar al desarrollo del país y reduciendo cada vez más las partidas destinadas a políticas públicas, como por ejemplo, las orientadas a los programas de apoyo al campo que se han ido diluyendo hasta quedar como simples transferencias económicas individualizadas, por no hablar de lo que representa como merma el huachicol fiscal.
En ese contexto, vender como logro o propósito noble el improbable ahorro de 5,000 millones de pesos suena, por lo menos a burla. Confirma, acaso como nunca, que la austeridad en este gobierno siempre ha sido una coartada autoritaria.

Austeridad: coartada autoritaria

La narrativa de las conferencias mañaneras ha sido muy eficiente para sostener la aceptación presidencial; sin embargo, no ha logrado que los problemas desaparezcan. Veamos algunos ejemplos.
Las propiedades que les han aparecido a muy diversos personajes del oficialismo, no porque no tengan mención en la mañanera es un tema que quede solventado; la corrupción institucionalizada que representa el huachicol fiscal tampoco es un tema que se resuelva con el silencio.
Pero más allá de casos puntuales de corrupción, hay procesos de deterioro institucional cuando no de franco retroceso, que han merecido la atención de una buena parte de la comunidad internacional, y es previsible que esa mirada nos siga acompañando. Destaco tres temas.
El deterioro que en términos democráticos significó la elección del Poder Judicial no pasó inadvertida para organismos especializados, y si la reforma electoral anunciada sigue teniendo como ejes rectores la austeridad y el castigo a la pluralidad, es de esperar que los señalamientos críticos continúen.
Las fallas que cada día se revelan en el así llamado nuevo Poder Judicial han encendido alertas en la comunidad nacional e internacional estudiosa de la impartición de justicia y, de nuevo, se vendrán en cascada los informes y estudios que documenten las regresiones e improvisaciones con que resuelve el acceso a la justicia.
El problema de las desapariciones forzadas ya mereció que, por primera vez, el comité especializado de las Naciones Unidas le haya propuesto a su Asamblea General que se active el procedimiento del artículo 34 para nuestro país. No hubo sorpresa, se trata de un procedimiento que lleva mucho tiempo, y que si se hubiera atendido en otros términos, la decisión del comité hubiera sido distinta.
¿Qué es lo que tienen en común estos temas? Que contra lo que se nos quiera hacer ver, no forman parte de la agenda trasnochada de una oposición que sólo desea el Apocalipsis para la cuarta transformación. Se trata de procesos que llaman la atención a una comunidad mucho más amplia, que lleva años de estudio y especialización, y que está genuinamente preocupada por el rumbo que está tomando el país.
Y sin duda, llama la atención la actitud de la Cancillería, pues en lugar de atender y darle acompañamiento a los diversos procesos diplomáticos, la nueva línea parece el aislamiento. Los problemas no desaparecen ni se solucionan únicamente por no mencionarlos o reconocerlos. La mañanera tiene límites.

Los límites de la mañanera

El pasado sábado el panismo se reencontró en el frontón México, lugar de su fundación, para anunciar su relanzamiento. Fue un evento de panistas para hablarse entre sí. Antes del discurso del presidente nacional del PAN se proyectaron mensajes de Enrique Krause, Lorenzo Córdoba, José María Aznar y el presidente del Episcopado, monseñor Ramón Castro.
Además de los saludos y los buenos deseos que permearon los mensajes de todos los personajes, el llamado del exconsejero presidente del INE contenía dos invitaciones que fueron desatendidas. Ciertamente no era un mensaje dirigido específicamente al PAN, sino de manera genérica a la oposición y consistía en una invitación a la autocrítica para poder entender los triunfos de Morena, y un llamado a evitar la lógica binaria, el mundo de los buenos y los malos.
Pues bien, respecto de lo primero, en el discurso del presidente nacional no hubo algo parecido a la autocrítica, y en cuanto a lo segundo, antes del mensaje de Romero se proyectó un video que ilustra perfectamente la polarización: ciudadanos vestidos de azul y blanco combatiendo sombras que nublaron el horizonte, y tras la lucha venturosamente vuelve la luz. Esa es la proyección que ofreció el relanzamiento.
La alerta sobre la polarización no sólo la emitió Lorenzo Córdoba el sábado. Hace años Castillo Peraza escribió sobre la pobreza de la cultura política mexicana basada en el muralismo, donde siempre había un bando de buenos y un bando de malos. Dicha advertencia pasó inadvertida.
Tal vez el relanzamiento de eso se trataba, de hablarse solo entre panistas, pero sin duda que el mansaje no resultó el más afortunado. El nuevo lema de Patria, Familia y Libertad, sin duda articulará al panismo, pero no emite señales demasiado seductoras hacia afuera.
Lo que hay que destacar es la decisión de facilitar la incorporación al partido. Según lo anunciado ya no habrá el engorroso proceso de afiliación que dio pie a los cadeneros o padroneros, sino que ahora cualquiera podrá afiliarse mediante una aplicación disponible en plataformas digitales. De todo lo dicho el sábado, esa es la medida más relevante.
Ciertamente habrá que ver en qué términos se aprueban las reformas estatutarias en un Congreso Nacional, pero se trata de una nueva práctica que si tendrá repercusiones en la vida interna y el proceso de toma de decisiones del partido. Es un cambio de fondo en la cultura política del PAN, lo hará un partido más abierto. Habrá que ver cómo administran esa apertura.

PAN: relanzamiento y polarización

El jueves de la semana pasada la presidenta anunció un grupo de trabajo para consolidar las cifras en torno al huachicol fiscal y darle una mayor trazabilidad a lo que se produce, importa y exporta en materia energética. Para ello trabajarán conjuntamente PEMEX, la Secretaría de Energía y el SAT. Bienvenida la iniciativa, cualquier esfuerzo que incremente la transparencia debe ser celebrable.
Sin embargo, las estimaciones que hemos conocido tampoco es que nacieran de la especulación pura: los 600 mil millones de pesos que durante el sexenio pasado dejaron de ingresar a las arcas públicas resultan de contrastar lo que Estados Unidos reporta como exportaciones a México, contra lo que el gobierno mexicano reconoce como importaciones. Ello para no entrar en especulaciones sobre lo que la procuradora fiscal haya dicho o no. La cuenta es simple, sin duda perfectible, pero es también descomunalmente grande. El fraude, hasta donde sabemos, se gestó en las entrañas del gobierno anterior.
Ahora bien, hay al menos dos asuntos que deben ser aclarados a cabalidad. En primer lugar, saber si con las órdenes de aprehensión giradas hace algunas semanas se desmantelaron todas las redes que hicieron posible el huachicol fiscal. Sabemos cómo operaban los detenidos, cuáles eran los puntos de internación de combustible, las complicidades que lo hacían posible, pero lo que no sabemos es si esa era la única banda delictiva que operaba el huachicol. Parecen muy pocos sujetos para explicar esos montos.
En segundo lugar, algo que es crucial en todo esto es saber cuál era el destino de ese dinero, porque de nuevo, 600 mil millones de pesos entre una veintena de personas no hace sentido. Las especulaciones son inevitables, es mucho dinero como para pensar que el único destino hayan sido los bolsillos de quienes hasta hoy conocemos como autores de la tropelía. Estamos ante el robo del siglo y lo que merecemos son explicaciones fundamentadas.
La credibilidad que de un golpe perdieron instituciones vitales de la administración pública hay que recuperarla con un golpe de similares dimensiones. Está muy bien que se clarifiquen las cifras, que se afinen los instrumentos de medición, pero acaso lo más importante será saber cómo fue posible que todo ello ocurriera, cuántos cómplices faltan, que los responsables reciban el castigo que se merecen, y sobre todo saber a dónde fue a dar todo ese dinero. Es mucho lo que está en juego, ojalá no se escatime en la reconstrucción de la credibilidad.

Huachicol: a reconstruir la credibilidad

El pasado domingo la presidenta celebró su primer año de gobierno con una concentración que recordó los días de gloria del PRI y un mensaje dirigido únicamente a los simpatizantes de Morena. El resto de los mexicanos estuvimos excluidos de la convocatoria y del mensaje.
Un problema de abandonar la solemnidad y las formas es que se pierde rigor. Los informes de antaño eran un acto republicano en el que el poder ejecutivo le rendía un informe a la nación, representada por el poder legislativo. Se intentaba al menos rendir cuentas al conjunto de la sociedad. Hoy eso está en el olvido. Hoy se informa lo que se quiere, y por supuesto se omite lo que no conviene.
Muchos son los temas que no se tocaron, pero acaso la omisión más escandalosa del mensaje presidencial es el huachicol fiscal. Estamos frente a la mayor estafa jamás sufrida por el Estado mexicano y tal circunstancia lo más que mereció fue la burla cuando dijo que “cuando no hay corrupción alcanza para más”.
Y es que, en efecto, los asistentes al zócalo se siguen sintiendo los gobernantes más honestos de la historia. El problema es que el resto de los mexicanos y gran parte de la comunidad internacional empiezan a tener otros datos. Evadir el huachicol es funcional en esa plaza, pero es un tema difícil de evitar.
Conforme se conoce más información es más difícil de entender cómo es que pudo operar durante los seis años de López Obrador, y nadie se daba cuenta. Según el <a href="https://energia.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Observatorio Ciudadano de Energía</a>, las discrepancias entre lo que Estados Unidos reportaba como exportaciones a México, y el registro de importaciones que reconocía México está presente desde 2018, y conoció dos picos en los años en que hubo elecciones federales. La Secretaría de Hacienda, de Energía, PEMEX, la UIF, en fin, un conjunto muy amplio de instituciones y servidores públicos debieron poder alertar sobre lo que estaba ocurriendo.
Me queda claro que los asistentes a la plaza no requieren explicaciones, escuchan los que les quieren decir, pero el resto (que por cierto somos más) sí queremos respuestas y que haya las consecuencias que tenga que haber por el daño perpetrado a la nación. La plaza de Claudia no es México.

La plaza de Claudia no es México

Corría el año de 2016 cuando Andrés Manuel, el opositor, le ofrecía al país una fórmula mágica para retomar el desarrollo: cortar el copete de privilegios de los altos funcionarios, que según sus cálculos podían ser 300 mil millones de pesos, y otros 500 mil millones de pesos (mmp) que se lograrían por el combate a la corrupción. Desde entonces la cifra de los 500 mmp se volvió una constante en sus discursos.
Hoy no sabemos dónde están esos 500 mmp, ya que el combate a la corrupción en su sexenio más bien fue un pretexto para cancelar proyectos (aeropuerto, fideicomisos y un largo etcétera), que para aportar pruebas y encarcelar a los culpables. Pero paradójicamente la cifra mágica de los 500 mmp coincide con el cálculo más conservador de lo que implican las pérdidas para PEMEX y la Secretaría de Hacienda por el huachicol fiscal. Lo que prometió ingresar por combatir la corrupción es exactamente el mismo monto que se dejó de percibir por el huachicol. El pañuelito blanco valía 500 mil millones
Pero acaso lo más grave es que, mientras antes la corrupción se percibía como una actividad que se podía aislar y combatir, lo que se ha revelado con el huachicol es que se trata de una práctica que permea amplios sectores del servicio público.
En ese contexto de danza de cifras escandalosas se da el debate en torno a la aprobación de presupuesto, y las comparaciones son inevitables. La austeridad fue la coartada para desaparecer organismos constitucionales autónomos, y hoy se cierne como amenaza para terminar de destruir la democracia electoral.
En 2024, el INE y los partidos políticos le costaron al país 27.5 mil millones de pesos en números cerrados. Según el diario El País, el huachicol fiscal tiene una merma anual de 177 mil millones de pesos, es decir, si se controlara poco más del 15 % del huachicol fiscal al año, el presupuesto electoral estaría a salvo. En todo caso, hay que insistir: el problema de la democracia en México no pasa por lo que cuesta, sino por lo que empieza a dejar de contribuir a la convivencia. Pero sin duda que la austeridad como coartada de un gobierno tan derrochador e ineficiente suena a burla.
Finalmente, las nuevas claves de la corrupción nos revelan la magnitud de reto: desterrar esas nuevas prácticas tan enraizadas en la administración pública en todos sus niveles y colores será una verdadera epopeya. Cualquier acción que emprenda la presidente en esa dirección merece ser animada. Ojalá no ceje.

Un pañuelito de 500 mil millones de pesos

Los escándalos y revelaciones del huachicol fiscal -que involucra a la Marina y a los del grupo La Barredora, cuyo origen se da en la cuna de Morena- tiene descolocada la narrativa presidencial. Cada día aparecen nuevos datos, cada vez más preocupantes y, lejos de que se vislumbre una salida clara, lo que aparece en el horizonte son nuevos problemas.
En el caso de la Marina, además de los visos de novela negra, los asesinatos, las pistas incompletas y el tufo a arreglos mafiosos, hay que destacar el discurso del almirante secretario el día del desfile militar: el problema existe, fue doloroso admitirlo, pero hay que asumirlo. Hay que reconocer ese ánimo, ojalá se traduzca en evitar las “manzanas podridas” y sanear estructuralmente la institución. El problema sin duda trasciende a la Marina: hay ramificaciones y socios en aduanas, empresarios, transportistas, delincuencia organizada y un largo etcétera. Es imperativo que se avance en todos los frentes.
Por lo que hace a La Barredora, el problema es más original: en Tabasco era vox populi quién estaba detrás de ese grupo delictivo, para todos menos para las autoridades. Los tropiezos que la narrativa oficial ha tenido en fechas, circunstancias, acciones y actores revelan que se trata de un caso incómodo. Finalmente, Morena destapó a Morena en la cuna de Morena.
Por cierto, lo mismo ocurre en el caso del huachicol fiscal: no se trata de una investigación periodística, una publicación en un diario extranjero o una especulación de la oposición, sino que es el expediente que consigna las averiguaciones hechas por la Fiscalía General de la República y, sin embargo, los reflejos del oficialismo no parecen adaptarse a ese nuevo guion: si no hay conspiración de los enemigos de la transformación, es difícil reaccionar con solvencia.
Un problema adicional es que ante la desaparición de contrapesos institucionales y aún de voceros alternos (lo que antes conocíamos como el gabinete), toda la carga de la narrativa recae en la presidenta de la República que ciertamente se ha visto de mal humor, con hierros en sus dichos y una gran incomodidad. Son los costos de la concentración del poder. Seguimos en descontrol de daños.
El huachicol designa algo adulterado; al principio refería bebidas alcohólicas intervenidas, no puras; después se extendió a la extracción ilegal de combustible, y ahora lo usamos hasta para una práctica fiscal ilícita. Creo que el mayor riesgo actualmente es que el oficialismo viva en el huachicol político, es decir, en una realidad adulterada. Ojalá la crisis se encare de frente y sin pretender omitir ningún costo, de otro modo solo va a perpetuar una realidad intervenida, adulterada.

El huachicol político

El escándalo del huachicol fiscal y la cantidad de ramificaciones que se dan a conocer todos los días nos hablan, sin duda, del desvío de recursos más cuantioso que el gobierno mexicano ha sufrido en su historia reciente.
Y no es sólo un asunto del monto monetario que se presume, tiene que ver también con la cantidad de personas e instituciones involucradas para que el negocio prosperara. Crimen organizado, empresarios, instituciones armadas, funcionarios públicos, personajes de los partidos políticos, agentes extranjeros, en fin, no faltó casi nadie en la mixtura que ha hecho posible todos estos años el próspero negocio del huachicol.
Es tal la cantidad de agentes e instituciones involucrados, que lo que alarma es la incapacidad de las agencias gubernamentales para alertar, avisar, prevenir, ya no digamos combatir la sangría que se llevó a cabo a las finanzas públicas. El caso es tan multitudinario, en personajes, instituciones y ahora -además- en informantes, que ya no da para exhibir a unos cuantos chivos expiatorios y que ello explique el negocio.
La capacidad de penetración de la delincuencia y la permeabilidad del gobierno nos hablan de un problema mayúsculo. Sin duda hay que celebrar que se siga adelante con las averiguaciones, que haya nuevas detenciones y revelaciones, pero hay que alertar sobre dos o tres asuntos que pueden nublar el optimismo.
El primero es que esta crisis de corrupción no llega en el mejor momento del país para combatirla. Toda la institucionalidad creada y pensada para combatir e inhibir la corrupción ha sido sistemáticamente desmantelada. Bajo la premisa de que quienes militaban en el obradorato no eran iguales, y por tanto salían sobrando los controles del pasado, se fue derruyendo todo el entramado institucional para potenciar la rendición de cuentas y combatir de manera efectiva la corrupción. Desde las ruinas de la transparencia será difícil entregar resultados creíbles.
Por otra parte, el nuevo Poder Judicial hoy no es precisamente la fuente de mayor legitimidad y credibilidad. Es alto el riesgo de que la combinación de impericia y cooptación del Poder Judicial hagan que los juicios relacionados con el escándalo del huachicol carezcan de la contundencia jurídica que merece un caso como este.
Finalmente, diversos analistas han planteado que hoy la presidenta enfrenta el dilema de intentar un control de daños o ir a fondo. Discrepo, para mí no es una disyuntiva, su obligación como jefa de Estado es velar por la integridad de la república. Pretender una negociación en clave política es abdicar a la oportunidad que tiene para recuperar los mínimos estándares de convivencia civilizada; aplicar la ley, y que quienes resulten responsables paguen las consecuencias de sus actos, abre la posibilidad de ir recuperando de a poco amplios territorios, físicos y sociales, que hoy están minados. Aquí sí, la ley es la ley.
Si opta por lo primero quizá habrá logrado una solución pragmática para su grupo político, lo segundo en cambio es ofrecerle al país un nuevo horizonte para su reconstrucción. Reitero, no debiera haber disyuntiva.

Huachicol: la ley es la ley

El pasado sábado se anunció la detención del vicealmirante de Marina Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con más de una decena de funcionarios y empresarios formaba parte de una red de contrabando de combustibles, o para decirlo coloquialmente: del huachicol. Varias cosas llaman la atención.
Lo primero es que, tras 10 meses de diversos decomisos, éste parece el primer operativo en el que el decomiso va acompañado de detenciones importantes. Se trata sin duda de una novedad que hay que celebrar: no sólo se ubica la mercancía ilegal, sino que también se describe al menos una parte de la red que hacía posible la operación.
Por otro lado, también es de celebrar que por la vía de los hechos se le esté dando la espalda al negacionismo que caracterizó a la administración anterior: en aquellos días en México no se producía fentanilo, la corrupción se había terminado y el huachicol se había extinguido. Hoy vemos cómo cotidianamente se desmontan laboratorios de fentanilo, asistimos a decomisos espectaculares de huachicol y constatamos que la corrupción sigue tan campante. Sin duda es un avance separarse del negacionismo.
Ahora bien, la magnitud del operativo y la jerarquía de los detenidos anticipan que estamos ante una impredecible caja de pandora. La magnitud del negocio que recién se empieza a describir supone la existencia de una red de complicidades mucho más vasta de lo que hoy se anuncia. Habrá que ver cómo se desarrollan las averiguaciones, pero el volumen del negocio es ya demasiado grande como para que pase desapercibido, incluso para las finanzas públicas. Sin duda que encima del vicealmirante hay muchos personajes que difícilmente son ajenos al huachicol.
Pero tal vez una de las cosas que más llama la atención del operativo es que le pega en la línea de flotación al viejo discurso de que las transferencias de funciones y atribuciones al Ejército y la Marina obedecía a que se trataba de instituciones incorruptibles. Ya vimos que no. Y por supuesto que no se trata de toda la institución, pero si apuntala el hecho de que una institución, en este caso la Marina, por sí misma no garantiza ausencia de corrupción, que su combate efectivo requiere de pesos y contrapesos, mecanismos cotidianos de rendición de cuentas, en fin, de una institucionalidad que justamente hoy está en vías de extinción.
El golpe no es menor, la militarización rampante ha exhibido un rostro preocupante. No será fácil desmontarlo. Por último, ya vimos que el fentanilo existe, el huachicol es un jugoso negocio y la corrupción no ha desaparecido. Ojalá ahora sí se reconozcan los problemas.

Huachicol: la punta del iceberg

El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno y la nueva Suprema Corte dio inicio a sus actividades. Lo que hermana ambos actos es la obsesión por mirarse el ombligo, el gusto por el monólogo. En el primer caso, se trató de un repaso de logros, algunos de los cuales no hay que desdeñar, pero hubo poco reconocimiento de los retos y riesgos que enfrentamos, y sobre todo no hubo un solo guiño para todos los otros mexicanos que no pensamos como quienes hoy gobiernan. Todo México son ellos.
Pero más allá de esa renuncia a la pluralidad, de obstinarse en construir la nueva identidad a partir del monólogo, también llama la atención el aldeanismo: la comunidad internacional y sus preocupaciones no existen.
Veamos. Para la presidenta, la estrategia contra el crimen organizado es un éxito y los homicidios han disminuido; la comunidad internacional, empero, advierte un avance en la capacidad de penetración de la delincuencia organizada en diversas esferas institucionales, y le preocupa el incremento sin control de las desapariciones forzadas. La presidenta celebra la mayor libertad de expresión en la historia y la inexistencia de censura; los organismos internacionales dedicados al tema acreditan, bajo diversas metodologías e indicadores, que los riesgos para el ejercicio del periodismo se han incrementado.
Donde la presidenta ve una economía robusta, la comunidad mira una economía estancada y vulnerable. La expansión democrática que presume la presidenta porque ahora todos los cargos se votan, es observada por los especialistas internacionales como serios retrocesos en la integridad democrática. En fin, hay un claro desfase entre la mirada particular del oficialismo, y lo que los demás, dentro y fuera, vemos.
En el segundo caso, las diversas ceremonias de inicio del nuevo Poder Judicial ofrecen un muy ominoso presagio de lo que será esta nueva etapa. El montaje escenográfico desplegado el día de ayer, primero en un sitio arqueológico que, entiendo, tiene algunos protocolos de protección que no estoy seguro se hayan observado, y después, en una magna ceremonia en el Zócalo de la ciudad, más allá del uso y abuso político de las causas de los pueblos originarios, no creo que sea la mejor medida para enmendar el déficit de legitimidad con el que nace el nuevo Poder Judicial. De nuevo el monólogo.
Mientras que la academia, la comunidad jurídica, los estudiosos de los procesos electorales y aún la comunidad internacional advirtieron que la elección de Poder Judicial se trató de un proceso alejado de los mínimos estándares democráticos, para los nuevos integrantes de la Corte fue más importante recibir en un montaje los bastones de mando, que ocuparse de brindar certeza. Así, el primer comunicado de prensa de la nueva Corte no contiene una sola referencia a la Corte que reciben, al derecho en general o a la Constitución en particular. La superchería por encima de la razón.

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