Elecciones municipales: el eslabón más débil
Este lunes 15 de abril comenzarán las campañas municipales en 14 entidades del país. Entre el 20 y el 26 de abril, se sumarán otros seis estados y, para el último día del mes, todo el país estará en campaña proselitista.
Este año se votará para renovar mil 802 ayuntamientos en 30 entidades (incluidas seis alcaldías de la Ciudad de México). Es decir, salvo Veracruz y Durango, todo el país renovará el poder municipal.
Junto con ellos, se elegirán planillas con 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares municipales.
Esto quiere decir que, de los 20 mil 708 cargos a elegir en la mega elección de 2024, una abrumadora mayoría (18 mil 972) son del nivel municipal.
Si hubiera tres candidaturas por cada uno de esos cargos, estamos hablando de más de 56 mil personas que estarán en campaña en abril y mayo en busca del poder local, una buena parte en condiciones de riesgo frente a los poderes criminales locales.
El poder municipal representa la autoridad más directa y cercana a la ciudadanía, pero también es la más vulnerable. Es el eslabón más débil del sistema político-electoral mexicano.
La evidencia de dos procesos electorales municipales que fueron concurrentes con elecciones federales (2018 y 2021) demuestra que es en este nivel donde se registran la mayor parte de ataques a candidatas, candidatos, dirigentes partidistas y funcionarios electos.
Y lo que va del proceso electoral 2024 confirma la hipótesis: de las 23 personas que han sido asesinadas de septiembre a la fecha, 20 pretendían cargos municipales: 19 presidencias municipales y una concejalía.
La violencia político electoral se concentra en el ámbito municipal por varias razones, que van desde la disputa por territorios y rutas de trasiego, hasta la lejanía geográfica, el aislamiento y el franco olvido en el que tratan de ejercer autoridad muchos alcaldes que son abandonados a su suerte por los gobiernos federal y estatal y por los partidos políticos que los llevaron al poder.
La propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, presentó en febrero de 2021, cuando apenas tenía unos meses en el cargo, un documento en el que se explicaba que el crimen busca capturar a las autoridades municipales para controlar presupuesto, asignación de obras públicas y policías locales, lo que les da un enorme poder e influencia en los territorios que dominan.
En la conferencia de prensa del 4 de marzo de 2021, cuando comenzaban las campañas de las elecciones federales y locales de ese año, Rosa Icela Rodríguez usó un término para describir el fenómeno; habló del “partido de la delincuencia organizada” que -enfatizó- tiene como estrategias el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.
“Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral. Ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal para sus campañas”, reconoció la funcionaria que, después de presentar ese crudo diagnóstico, fue matizando sus dichos, reduciendo el nivel de alerta y minimizando los hechos.
Rosa Icela dejó de hablar del “partido de la delincuencia organizada”, con el que había pretendido describir un fenómeno que, a nivel municipal, se volvió práctica habitual: la imposición de candidatos por parte de grupos delincuenciales a los partidos, y la intimidación, cooptación, desaparición o la ejecución de quienes busquen competir de buena lid contra “los elegidos” por los cárteles.
La secretaria de Seguridad presentó una estrategia de protección a candidatas y candidatos, conminó a los partidos políticos a actuar dentro de la ley y analizar el perfil de las personas a las que postulan a cargos de elección, y prometió hacer “todo lo necesario para proteger el proceso electoral y la ciudadanía sea la que decida”.
Lo cierto es que el proceso electoral de 2021 concluyó con más de 30 aspirantes asesinados que, nuevamente, buscaban en su mayoría un cargo del nivel municipal.
Y no, la ciudadanía no eligió libremente en esos municipios y estados donde se reportaron asesinatos, atentados y desapariciones de candidatas y candidatos. Votar con miedo no es votar libremente.
En 2021, además de lo ocurrido en las precampañas y campañas electorales, en muchos estados del país se votó en condiciones precarias, bajo el asedio y vigilancia del crimen organizado, y con prácticas que alteraron muchos de los pasos que deberían dar certeza al proceso electoral, como la designación y capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla, la integración de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral, el cómputo de los votos la noche de los comicios, el traslado de los paquetes a los Consejos Distritales, e incluso el cómputo definitivo de la votación.
Las denuncias de candidatos y partidos, semanas, meses e incluso años después de las elecciones, dejan ver que en 2021 no sólo se trastocó la democracia a nivel municipal, sino que el crimen organizado pudo haber influido en elecciones de gubernaturas.
Las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los casos Michoacán 2021 y Tamaulipas 2022, así lo refieren. Aunque los magistrados no encontraron razones suficientes para anular esos procesos, en sus sentencias hicieron un recuento pormenorizado de la actuación del crimen organizado hostigando a candidatos y ciudadanos, en unos comicios que fueron todo, menos libres y democráticos.
Votar entre balas: democracia vulnerada
¿Por qué la violencia electoral?, ¿por qué a nivel municipal? Y ¿cómo ha dañado a nuestra democracia?
Buscando respuestas a estas preguntas, Animal Político sumó fuerzas con Data Cívica y México Evalúa, y una de las expertas que con mayor seriedad ha analizado el fenómeno desde hace varios años: Sandra Ley.
Así, con los datos del proyecto Votar entre Balas, que Data Cívica ha desarrollado desde 2018 para sistematizar información sobre la violencia político-criminal, la metodología y el análisis académico de Sandra Ley y su equipo de México Evalúa, y el trabajo periodístico de Animal Político, este martes 16 de abril estaremos presentando el proyecto “Votar entre Balas: entendiendo la violencia político-criminal en México”.
Se trata de un estudio robusto de diversos indicadores, tanto de violencia criminal, como de comportamiento electoral y desarrollo institucional en los municipios, que explorará nuevas hipótesis de un fenómeno que debería preocupar a todos: la toma de los municipios por parte de grupos criminales.
El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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