La operación acordeón, o cómo Morena se adueñó del Poder Judicial
Los resultados de la elección judicial no dejan lugar a dudas: las personas que llegarán a los máximos tribunales del país fueron puestas por Morena.
Los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral han venido confirmando las victorias de las candidatas y candidatos promovidos en las guías de voto elaboradas y distribuidas por Morena.
La operación fue quirúrgica, pero brutalmente cínica: desde hace más de dos meses se creó un sitio llamado “Poder Judicial 4T”, en el que se invitaba a descargar el acordeón (había uno para cada estado de la República), imprimirlo y llevarlo a la casilla el domingo 1º de junio.
La reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador, votando con su acordeón, es la prueba. Todo un símbolo de una operación política perfectamente planeada y ejecutada. La desfachatez con la que el régimen se adueñó del Poder Judicial, el único que aún no controlaba y que le representaba un contrapeso.
La coincidencia entre los acordeones y los resultados es total, y así lo ha venido documentando Animal Político en esta semana:
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación los bendecidos por el acordeón eran y serán: Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinoza Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías.
Su lealtad a la autodenominada 4T los llevó al acordeón; su apego incondicional a las decisiones del “partido-movimiento” está garantizado.
Lo mismo ocurre con el Tribunal de Disciplina Judicial que, a partir de septiembre, sustituirá al Consejo de la Judicatura, con la supuesta misión de vigilar la conducta de todos los juzgadores federales del país.
En esta elección la única sorpresa es que la presidencia recaerá en Celia Maya y no en Bernardo Bátiz, ambos incondicionales del lopezobradorismo.
Aquí los elegidos para llegar al acordeón también coinciden plenamente con los ganadores en los Cómputos Distritales del INE: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate, Indira Isabel García y Rufino H. León Tovar.
Las elecciones del futuro en manos de Morena
La operación acordeón también le permitió a Morena adueñarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); es decir, los jueces que tendrán la última palabra en cualquier litigio relacionado con las elecciones en los próximos años.
Para renovar este Tribunal, el 1 de junio se eligieron dos magistraturas de la Sala Superior, un hombre y una mujer, para cubrir dos vacantes que se abrieron desde 2023.
La exmagistrada de Sala Regional Claudia Valle, y el expresidente del Tribunal Electoral de Chiapas, Gilberto de Guzmán Bátiz resultaron ganadores.
Sus nombres eran promovidos en los acordeones y su llegada a la Sala Superior va a robustecer la mayoría que actualmente ya tiene el oficialismo con la presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, cuyas sentencias son sistemáticamente afines a los designios del gobierno y su partido.
A partir de que entren en funciones los dos nuevos integrantes de la Sala Superior quedarán en absoluta minoría Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes se han distanciado del grupo hegemónico.
Esta Sala Superior calificará las elecciones de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 16 gubernaturas, cientos de ayuntamientos y diputaciones locales, y cientos de cargos del Poder Judicial, entre otros, los cinco espacios de la Sala Superior del TEPJF que no se renovaron en este año.
Llegado el momento, Morena tendrá a sus aliados en la toma de decisiones.
Salas Regionales del TEPJF: 12 de 15
El pasado 1º de junio también se renovaron las 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral, tres por cada una de las cinco circunscripciones en las que se divide el país.
En este caso, ya con el cien por ciento de los votos computados, se confirmó que 12 de las 15 posiciones venían previamente señaladas en los acordeones:
En la Sala Regional número 1, con sede en Guadalajara, las próximas magistradas Rebeca Barrera Amador e Irina Graciela Cervantes Bravo, y el futuro magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, eran los indicados en las guías de la 4T.
En la tercera Sala Regional, Xalapa, ganaron Roselia Bustillo Marín, Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila.
En la Sala Regional número cuatro, Ciudad de México, los ganadores fueron María Cecilia Guevara y Herrera, Ixel Mendoza Aragón y José Luis Ceballos Daza.
En la Sala Regional número cinco, con sede en Toluca, llegaron dos candidatas del acordeón: Nereida Berenice Ávalos Vázquez y Marcela Elena Fernández Domínguez. Sólo el tercer ganador, Omar Hernández Esquivel, no estaba en el acordeón oficial. Quien aparecía en las guías de voto, Fernando Ramírez Barrios, se quedó a 40 mil votos del ganador.
En la segunda Sala Regional, Monterrey, sólo una de las candidatas del acordeón llegará al cargo: María Guadalupe Vázquez Orozco.
Eusebia González González y Ernesto Camacho Ochoa, que estaban en el acordeón, se quedaron en el camino y quienes ganaron esas dos posiciones fueron Ivett Figueroa Gámez y Sergio Díaz Rendón.
Tribunales de circuito y juzgados de distrito
En resumen, de los 31 cargos electos para integrar los máximos tribunales del país (la SCJN, el TDJ y el TEPJF), 29 surgieron del acordeón. La eficacia de la operación morenista es indiscutible.
Lo mismo debe estar ocurriendo con los 850 cargos adicionales que se votaron: magistraturas de Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito. Con el tiempo -y la futura conducta de las personas juzgadoras electas- se irán confirmando sus vínculos políticos con el gobierno federal y los gobernadores y gobernadoras que los pusieron en un acordeón.
La elección judicial no entusiasmó a la ciudadanía. Participaron sólo 13 millones de 99.5 millones de personas con derecho a votar. Y, de quienes votaron, aproximadamente 3.5 millones decidieron anular su voto o dejar los recuadros en blanco.
Los datos al respecto son indicativos (y apabullantes): los 13 millones de personas que votaron para elegir a la Suprema Corte emitieron en total 116 millones 690 mil votos (hay que recordar que en cada boleta morada, de la SCJN, los electores podían emitir nueve votos).
De esos 116.6 millones de votos, 90 millones fueron válidos, 12.6 millones fueron computados como nulos y 14 millones fueron recuadros no utilizados.
La mayoría de los mexicanos le dio la espalda a esta elección, que costó más de 8 mil millones de pesos; en ese sentido fue todo un fracaso.
Pero con los 9.5 millones de personas que votaron y no anularon, Morena se apoderó ya del Poder Judicial. Para sus propósitos políticos la “operación acordeón” fue todo un éxito.
Empresas que operan en Colombia, Brasil, España y México aún continúan generando miles de millones de dólares gracias a la guerra en Gaza, según Francesca Albanese.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, acusó la semana pasada a un gran número de empresas multinacionales de “beneficiarse del genocidio” en Gaza.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la relatora especial para los territorios palestinos expuso la participación de empresas de todo el mundo en la campaña militar de Israel en Gaza.
Cinco de esas empresas operan y exportan desde América Latina y España.
“Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos”, asegura el informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”.
Israel, que ha negado en reiteradas ocasiones la acusación de genocidio, rechazó el informe de la relatora de la ONU, lo calificó de “infundado” y afirmó que “entrará en el basurero de la historia”.
Dentro de las empresas acusadas por Albanese de participar en una “economía de genocidio” se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras.
También aparece el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia.
BBC Mundo contactó a estas cinco empresas para conocer su opinión sobre las acusaciones. Dos de ellas, Orbia y CAF, no han respondido a nuestras solicitudes de comentarios hasta el momento de publicación de esta nota.
En las últimas semanas, Albanese ha emitido una serie de documentos instando a otros países a presionar e incluso sancionar a Israel para que ponga fin a sus ataques en la Franja de Gaza.
Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que impondrá sanciones contra Albanese, quien ha trabajado como investigadora independiente encargada de investigar los abusos de los derechos humanos en los territorios palestinos desde mayo de 2022.
La decisión del Departamento de Estado ocurre después de que fracasara una reciente campaña de presión por parte del gobierno de Trump para que la destituyeran de su cargo, mediante una declaración ante la ONU en donde la acusaron de “antisemitismo” y de tener “un implacable sesgo antiisraelí”.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el anuncio de sanciones contra Albanese como un “ataque descarado”.
“Los relatores especiales no son nombrados para complacer a los gobiernos ni para ser populares, sino para cumplir con su mandato. El mandato de Francesca Albanese es defender los derechos humanos y el derecho internacional, esenciales en un momento en que está en juego la propia supervivencia de los palestinos en la Franja de Gaza ocupada”, aseguró.
El controvertido envío de carbón colombiano a Israel
Para mediados del año pasado, Colombia era el mayor proveedor de carbón a Israel con una participación de más del 50% del mercado, según el American Journal of Transportation.
En junio de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien desde hace años ha condenado públicamente los ataques de Israel contra el pueblo palestino, anunció que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel.
Petro escribió en la red social X que las exportaciones de carbón solo se reanudarían “cuando cese el genocidio”.
Asimismo, publicó un borrador precisando que las exportaciones de carbón se reanudarían si Israel cumple una orden de la Corte Internacional de Justicia que le exige retirar sus tropas de la Franja de Gaza.
Pero de acuerdo con el informe de Francesca Albanese, Colombia ha seguido exportando carbón a Israel mediante al menos dos empresas multinacionales: la suiza Glencore y la estadounidense Drummond.
Un portavoz de Glencore le dijo a BBC Mundo que la empresa rechaza “categóricamente todas las acusaciones” contenidas en el informe y las considera “infundadas y sin fundamento jurídico alguno”.
Mientras tanto, Drummond respondió que tras el decreto de agosto de 2024, que prohíbe exportar carbón a Israel, la empresa le pidió al gobierno de Petro reconocer que existe un compromiso jurídico que permite la exportación del mineral a Israel.
Drummond precisó que, tras evaluar una serie de documentos, las autoridades competentes expidieron una autorización para una situación “jurídicamente consolidada”, en línea con lo establecido en el decreto que reconoce tales excepciones.
“Una vez expedida la correspondiente autorización por parte del gobierno nacional, la compañía procedió a cumplir con las obligaciones contractuales previamente establecidas”, finaliza el comunicado enviado a BBC Mundo.
Esto parece demostrar que la prohibición de exportaciones de carbón de Colombia a Israel anunciada por Petro no se ha cumplido.
“Al suministrar carbón, gas, petróleo y combustible a Israel, las empresas contribuyen a la infraestructura civil que Israel utiliza para consolidar su anexión permanente y la destrucción de la vida palestina”, denuncia el informe presentado por Albanese.
“Esta infraestructura abastece al ejército israelí mientras destruye Gaza (…) La naturaleza aparentemente civil de dicha infraestructura no exime a una empresa de su responsabilidad”.
Las acusaciones que Petrobras niega
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la reciente cumbre de los BRICS que el mundo debe actuar para detener lo que describió como un “genocidio” israelí en Gaza.
“No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”, afirmó el mandatario el domingo.
Lula ha sido un duro crítico de Israel desde que comenzó la guerra.
Ha acusado repetidamente a Israel de genocidio contra el pueblo palestino e incluso retiró al embajador de Brasil en Israel, pero, según el informe de Albanese, no ha prohibido las exportaciones de petróleo que, según varios reportes, abastecen de combustible los aviones y tanques israelíes.
Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo y mayoritariamente propiedad del Estado brasileño, estaría colaborando con dicho “genocidio”, según la relatora especial de la ONU.
El informe especifica que los gigantes petroleros BP y Chevron son las empresas que más aportan a las importaciones de crudo que necesita Israel.
“Cada conglomerado suministró efectivamente el 8% del petróleo crudo israelí entre octubre de 2023 y julio de 2024, complementado con envíos de petróleo crudo desde campos petrolíferos brasileños, en los que Petrobras tiene la mayor participación”, afirma el texto.
Petrobras le dijo a BBC Mundo que la empresa no le ha vendido “petróleo crudo ni fuelóleo a clientes israelíes durante el período mencionado” en el informe.
La empresa añadió que no se puede concluir que Petrobras haya exportado petróleo a Israel sólo por el hecho de que Petrobras tiene una gran participación en los campos petrolíferos brasileños.
“Petrobras no es el único productor y exportador de petróleo de Brasil”, especificó la empresa.
Añadió que “Petrobras respeta y promueve los derechos humanos” y trabaja conforme a “las leyes y normas internacionales, en particular el Pacto Mundial y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU”.
Orbia “facilita el expansionismo” de Israel
La mexicana Orbia Advance Corporation también aparece en la lista, a través de su subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%.
De acuerdo con el informe de la ONU, Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada.
La misma fuente afirma que la empresa ha diseñado su tecnología agrícola en concordancia con las “necesidades expansionistas” de Israel.
“La tecnología de Netafim ha permitido la explotación de manera intensiva del agua y la tierra en Cisjordania, agotando aún más los recursos naturales palestinos”, afirma el informe.
“En el valle del Jordán, los sistemas de riego financiados por Netafim han facilitado la expansión de los cultivos israelíes, mientras que los agricultores palestinos, privados de agua y con el 93 % de sus tierras de secano, se ven desplazados, incapaces de competir con la producción israelí”, añade.
El informe también acusa a la empresa de perfeccionar sus métodos gracias a su colaboración con empresas israelíes que desarrollan tecnología militar.
Orbia Advance Corporation no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios enviadas por BBC Mundo.
El grupo CAF “contribuye a consolidar asentamientos”
El grupo empresarial vasco CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) también aparece en el informe presentado por Francesca Albanese como una empresa que se beneficia del conflicto en Gaza.
El reporte afirma que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias (israelíes), y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos”.
Según el texto, el grupo CAF forma parte de un consorcio con una empresa que figura en la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que trabaja para mantener y ampliar la línea roja del tranvía de Jerusalén y construir una nueva línea verde, en un momento en que otras empresas españolas se han retirado de Israel debido a la presión internacional.
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiró del consorcio tras haber ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén, mientras que la semana pasada la acerera vasca SIDENOR anunció que dejaría de suministrar acero a empresas israelíes.
La acerera vasca tomó la decisión luego de que surgieran reportes de que llevaba al menos diez meses suministrando barras de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.
Varias organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han criticado duramente las inversiones de CAF en la región.
“CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una nota de prensa.
“Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, añadió.
Beltrán además le pidió al gobierno español y al gobierno vasco, accionista de la compañía, que actúen con urgencia y evalúen “los vínculos entre CAF y la conducta ilegal de Israel”.
El grupo CAF no respondió a las solicitudes de comentarios de BBC Mundo.
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