¿Norma Jurídica o Pacto de Pluralismo?
Hay debates que parecen técnicos pero no lo son. La discusión sobre la reforma electoral y el papel de figuras como Arturo Zaldívar no es un asunto meramente jurídico. Es, en realidad, una pregunta sobre qué entendemos por Constitución y qué significa vivir bajo ella.
Zaldívar ha defendido, una visión formalista de la Constitución: es una norma jurídica. La cual puede modificarse siempre que se cumpla el procedimiento previsto. Desde esa perspectiva, si hay mayoría suficiente, la reforma es válida. Punto.
Pero esa lectura, aunque jurídicamente ordenada, es conceptualmente insuficiente.
Hace algunos años, en el contexto de la reforma energética, el profesor Arnaldo Córdova explicó con claridad que la Constitución no es solo norma. Es pacto político. El artículo 39 no es una frase decorativa: “La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo”. Esa afirmación no describe una regla técnica; expresa una decisión colectiva. Es el momento en que una comunidad decide organizarse, limitar el poder y reconocerse como unidad plural.
La Constitución no es únicamente el “cómo” se gobierna; es el “quiénes somos” cuando decidimos gobernarnos juntos.
Norma y decisión: la dimensión olvidada
El constitucionalismo moderno reconoce un dualismo estructural: la Constitución es norma jurídica y acto político fundante al mismo tiempo. Carl Schmitt —más allá de sus controversias históricas— formuló una idea poderosa: la Constitución es la decisión fundamental mediante la cual una comunidad se da forma a sí misma. No es solo texto; es voluntad política existencial.
Si esto es así, entonces reformar la Constitución no puede tratarse como un simple procedimiento legislativo. No basta con cumplir requisitos formales. La legitimidad importa tanto como la validez.
Las mayorías son circunstanciales. El pacto constitucional, en cambio, pretende perdurar. Cuando una reforma nace únicamente de la voluntad de una mayoría momentánea, sin buscar consensos amplios, se debilita la dimensión política que le da sentido a la norma.
En regímenes democráticos consolidados, las reformas constitucionales relevantes se construyen con diálogo transversal. No porque la ley lo exija expresamente, sino porque la estabilidad del pacto depende de ello.
Reducir la Constitución a una herramienta técnica es empobrecerla. Es convertir el pacto en trámite.
Reforma electoral y temor a la alternancia
La reforma electoral promovida desde el oficialismo no puede analizarse solo por su contenido específico. El problema de fondo es el paradigma que la sostiene. Si la Constitución se concibe como un instrumento moldeable por quien detenta la mayoría, entonces modificar las reglas del juego es un acto de poder ordinario.
Pero si la Constitución es pacto plural, entonces cambiar las condiciones que hicieron posible la alternancia democrática exige algo más que votos suficientes: exige legitimidad estructural.
El sistema electoral mexicano no surgió de la nada. Es resultado de décadas de reformas negociadas, de conflictos superados, de acuerdos construidos entre adversarios. Las autoridades electorales autónomas no fueron concesión graciosa del poder; fueron garantía contra su captura.
Resulta, cuando menos, paradójico que una fuerza política que llegó al gobierno gracias a ese diseño institucional ahora impulse su transformación profunda sin un consenso equivalente al que lo creó.
El miedo a perder elecciones futuras no puede convertirse en justificación para rediseñar unilateralmente las reglas que permiten competir.
Constitución y preservación de la existencia política
La Constitución cumple una función esencial: permite que cada integrante de la comunidad política preserve su existencia. No es el estatuto de una facción, aunque esa facción sea mayoritaria. Es la garantía frente al poder del Estado.
Cuando se reforma sin consenso amplio, lo que se erosiona no es solo una disposición normativa; se debilita la confianza. Y sin confianza, la unidad política se fragmenta.
El debate actual no es meramente jurídico. Es profundamente político. ¿Queremos una Constitución entendida como pacto plural o como herramienta de administración del poder? ¿Queremos mayorías que gobiernen dentro de límites o mayorías que redefinan esos límites a su conveniencia?
La respuesta definirá la calidad de nuestra democracia en los próximos años.
Porque una Constitución puede sobrevivir formalmente mientras se vacía de su espíritu. Y cuando eso ocurre, la norma permanece, pero el pacto se diluye. Y un país sin pacto común no se desmorona de inmediato. Simplemente deja de reconocerse en el espejo que alguna vez lo unió.
No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
De la MS-13 a “Los Chapitos”
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
¿El próximo?
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
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