
Señor secretario, explique por favor cómo funciona su sistema de inteligencia. Si no puede darnos algunos detalles, nos interesa entender cómo controla la integridad de la información. Señora secretaria, explique cuáles son los métodos que ha desarrollado para evaluar las estrategias de prevención. Explique cuáles son los métodos de ponderación que utiliza para saber si cumple sus objetivos. Muestre por favor las evaluaciones de impacto que haya implementado o se proponga implantar para comprobar si su propuesta funciona o no. O bien: señor legislador, justifique con una teoría de cambio basada en evidencia por qué propone o avala esa reforma.
El anterior es un extracto de lo que prácticamente nunca sucede y lo relevante de esto es, precisamente, su casi total irrelevancia. Y aún si esto se queda al margen hoy, mañana y pasado, nunca dejaremos de decirlo: este sistema político no construye regímenes de ninguna orientación dispuestos a sacar esto de la insignificancia. En realidad, cada reforma a nombre de la seguridad es una fotografía aguda de nuestra cultura política hegemónica
Veamos el más reciente ejemplo. ¿Por qué las reformas de la presidenta Sheinbaum en seguridad sí lograrían lo que prometen, cuando las anteriores no lo hicieron? Si algún día tuviéramos un Congreso de la Unión serio, esta sería la primera pregunta que tendría que responder antes de votar a favor o en contra de cualquier reforma. Pero para que eso ocurra, al menos en el terreno de la seguridad, tendría que cambiar de raíz nuestra cultura política.
No se trata de reemplazar a quienes legislan —aunque más de uno lo desearía—, sino de construir una manera completamente distinta de entender la seguridad.
“La cultura política se puede definir como el repertorio de prácticas, lenguajes, valores y discursos mediante los que distintos grupos sociales articulan, negocian y se disputan demandas políticas para solucionar problemas públicos” (Nexos). Este concepto permite ubicar con claridad un vacío: entre esas demandas, el control —formal y práctico— de los aparatos de seguridad simplemente no aparece.
En los debates legislativos sobre el paquete de reformas impulsado por Sheinbaum, incluidas aquellas directa o indirectamente relacionadas con seguridad, no es posible encontrar discusiones rigurosas que examinen la eficacia normativa ni el desempeño institucional desde una perspectiva de control. ¿Y qué entendemos por “control”? Comprobación, inspección, fiscalización, intervención, examen, registro, vigilancia.
Lo más relevante de esta ausencia es, precisamente, que no importa políticamente. No es nuevo: es estructural. Las reformas no están ancladas en la lógica de la comprobación. No se ofrece, no se exige, y su negación se normaliza sin fricción, incluso cuando están en juego leyes que deberían ayudarnos a salir del horror.
¿Se debe crear una Secretaría de Seguridad Pública federal? Va. ¿Se prefiere dejarla en Gobernación? También va. ¿Se decide crear o desmontar sistemas de información, vigilancia o inteligencia? Todo va… sin comprobación. ¿Aburrido? Tal vez, sobre todo en tiempos en que el argumento es cada vez más innecesario en el ejercicio del poder, y donde la conversación pública gira en torno a la popularidad.
Nuestra cultura política en materia de seguridad ha alineado la demanda social con el endurecimiento: más recursos, más penas, más prisiones, más de todo… porque no hay un filtro racional llamado evidencia.
Así, cuando el diseño institucional, los operadores, el lenguaje, las imágenes y los recursos se alinean con una lógica de militarización de la seguridad pública, la Jefa de Estado puede decir que no es militarización… aunque lo sea. Puede afirmar que apuesta por la disciplina militar en las tareas policiales, pero no por la militarización, aunque esa disciplina anule precisamente el ethos profesional de la policía civil, aquel que permite ejercer un criterio autónomo, especializado y vinculado con las comunidades.
La idea de fortalecer la seguridad controlando a las instituciones no prende ni un boiler. La cultura política, transversal a partidos y gobiernos, revela una concepción del poder que huye, cada vez más, del control constitucional y legal.
La reforma se defiende hoy de la misma forma en que antes se defendieron otras: sin apelar a la comprobación. Pero lo más preocupante no es que un gobierno se enganche al populismo punitivo; lo grave es que todos lo hacen a la primera oportunidad. ¿Por qué? Porque eludir la evaluación, la comprobación, la fiscalización auténtica no tiene costo político.
Esta noción del poder inescrutable en lo general y en lo particular en seguridad, atraviesa América Latina. Ya lo advertía una investigación reciente sobre políticas de reducción de homicidios: en muchos países de la región, las políticas en la materia han sido evaluadas una vez o ninguna en toda su historia (revisión sistemática, LAV-UERJ).
Lo irrelevante, reitero, es la total irrelevancia de todo esto.
Señor secretario, bienvenida su reforma. ¿Cuál? La que traiga.

Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.