El control legislativo sobre las Fuerzas Armadas descansa en paz
El pasado 26 de diciembre Milenio informó que, tras 16 meses de la actual Legislatura del Congreso de la Unión, continúa pendiente la integración de dos comisiones bicamerales clave: la de Seguridad Nacional y la de Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La primera está prevista en los artículos 56 a 60 de la Ley de Seguridad Nacional; la segunda fue establecida mediante un decreto publicado el 18 de noviembre de 2022.
El 15 de marzo de 2023, Animal Político reportó la aprobación de los integrantes de esta última comisión, encargada de analizar “los informes sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Sin embargo, dos años después, el 11 de abril de 2025, el mismo medio digital constató su inoperancia: “El Congreso abandona el monitoreo a las Fuerzas Armadas, aunque por ley debe hacerlo”.
Por otra parte, el 23 de septiembre del año pasado, en el podcast Seguridad en Comunidad del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX, publicamos el episodio ¿Evaluación imposible? La experiencia de David Pérez Esparza, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En él, Pérez Esparza relata la resistencia que enfrentó durante su gestión (enero de 2019 a marzo de 2023) al proponer evaluaciones de impacto en materia de seguridad. Si bien reconoce reducciones de la violencia en algunas regiones del país, es contundente al afirmar: “con toda honestidad, no sabemos técnicamente por qué… me enseñaron a pensar en buscar la causalidad y hoy no la tenemos… no sabemos qué funcionó, qué no funcionó”.
Lo revelado por el exfuncionario es, sin duda, relevante, pero no constituye una novedad. Desde hace tiempo sabemos que las evaluaciones de impacto en seguridad se realizan de manera excepcional en México. La investigación más reciente muestra que esta carencia es regional, particularmente en las políticas de reducción de homicidios, lo que implica que la gran mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe, respecto a temas torales de la seguridad ciudadana, toman las decisiones, en sentido estricto, a ciegas.
El 27 de marzo también del año pasado, el PSC reunió a personas expertas de la academia, la sociedad civil y la función pública en el marco del primer ejercicio denominado Aula en acción, que derivó en la publicación del documento Evaluaciones de Impacto de las Estrategias para la Reducción de Homicidios. El consenso es contundente a favor de las mismas.
La no instalación de las dos comisiones bicamerales durante 16 meses de legislatura exhibe una de las especialidades del Estado mexicano: formalizar mandatos legales que luego son sistemáticamente desacatados. Este fenómeno debe analizarse en dos planos: el técnico y el político. En el primero, es difícil encontrar a una persona operadora del sector de seguridad o justicia penal que se oponga abiertamente a la evaluación. Otra cosa es en el ángulo político, donde las resistencias abundan.
El documento derivado del Aula en acción muestra que la evaluación de políticas de seguridad es un proceso complejo, mientras que el testimonio de Pérez Esparza subraya la escasez de personas especializadas en esta tarea en México. La pregunta para quienes identifican este déficit desde el propio Estado es obligada: ¿por qué no cambiar la historia invirtiendo de manera ambiciosa y decidida en la formación de cuadros de alta especialización?
La renuncia a instalar las comisiones bicamerales es contraria a la ley y carece de todo sustento técnico desde la perspectiva de la metodología de políticas públicas. Se trata, en cambio, de una decisión política que se impone sobre las normas y aplasta las buenas prácticas en seguridad ampliamente reconocidas por la evidencia disponible.
El problema, sin embargo, es aún más grave por dos razones interdependientes. Por un lado, la debilidad crónica del contrapeso legislativo frente a las instituciones castrenses ya ni siquiera intenta disimularse desde el poder público. Por el otro, tampoco parece necesario hacerlo, pues esta omisión carece de relevancia práctica, en tanto apenas logra ser una noticia fugaz en medios de comunicación y en las redes digitales.
Asfixiar la fiscalización legislativa sobre las Fuerzas Armadas hace imposible, por ejemplo, formalizar la rendición de cuentas o la justificación cualitativa de la tasa de letalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada menos. El Congreso se anula a sí mismo frente al poder más extremo del Estado: quitar la vida. Un poder que la Sedena ha ejercido, en promedio, en diez ocasiones por cada persona herida en enfrentamientos entre 2007 y 2024, de acuerdo con datos de la propia institución.
Consultamos a personas legisladoras y revisamos los exhortos formales que han exigido la instalación de las comisiones y nos han informado que la mayoría legislativa “ni siquiera ha ofrecido hacerlo”. Al final, acaso, para la inmensa mayoría de la clase política, pero también de la sociedad, una pregunta fundada, una indagación sólida o un cuestionamiento informado por parte del legislativo hacia el poder ejecutivo parece no merecer el menor significado.
Lo anterior, por cierto, en tiempos donde la seguridad nacional amplía sus alcances, por cierto, cada vez menos por la vía civil y más por la militar y muy por encima de los límites de la ley y de los derechos humanos.
Dos días después de que Maduro fuera capturado en Caracas en una operación militar estadounidense, quien fuera su mano derecha asumió como jefa de Estado interina.
Delcy Rodríguez juramentó este lunes como la nueva presidenta encargada de Venezuela.
Quien fuera la mano derecha de Nicolás Maduro se conviritó así en su sucesora interina, dos días después de que en la madrugada del sábado el entonces mandatario fuera capturado por Estados Unidos.
Maduro fue detenido en Caracas en un amplio y controlado operativo militar de EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores
Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde este lunes se declararon no culpables ante un tribunal federal de cargos de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.
En una retrasada ceremonia ante la Asamblea Nacional, que asumió en esta misma jornada para su nuevo periodo, la otrora vicepresidenta ejecutiva del país asumió el cargo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenara su asunción como jefa de Estado ante la “ausencia forzosa” de Maduro.
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, fue uno de los testigos directos de la juramentación.
Con el nombramiento de Rodríguez como presidenta interina, el tribunal le otorga el poder para liderar “la defensa de la soberanía” y “preservar el orden constitucional”.
La líder cuenta además con el respaldo del ejército venezolano.
La abogada de 56 años ha sido una pieza clave del chavismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez llegó por primera vez al gabinete como ministra del despacho de la Presidencia.
Pero fue tras la asunción de Maduro, en 2013, cuando consolidó su poder: fue ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía, para luego asumir como canciller y finalmente como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva.
Pocas horas antes de juramentar, Rodríguez había dado un giro drástico en el tono con Estados Unidos.
Tras la operación militar de élite que fue ordenada por el propio Donald Trump en territorio venezolano, fue ella quien la calificó como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y una “agresión extranjera”.
“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró en una intervención en cadena nacional.
“Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, dijo Rodríguez a la vez que reafirmó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.
La noche del domingo, sin embargo, la nueva presidenta de Venezuela invitó al gobierno de Trump a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.
“Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”, agregó en un post de Instagram, recalcando los principios de la “igualdad soberana y la no injerencia”.
Trump había sugerido previamente que Rodríguez estuvo en contacto con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y que habría manifestado su disposición a acceder a todas las exigencias de Washington. “No tiene alternativa”, afirmó.
Este domingo el mandatario estadounidense fue más allá y le dijo a la revista The Atlantic que si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de (Nicolás) Maduro”.
Tras la captura de Maduro, Trump había advertido que EE.UU. “gobernará” Venezuela “hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”.
¿Cuánto tiempo podría estar en el cargo?
La Constitución venezolana establece un plazo de 30 días para realizar elecciones en caso de una falta absoluta del presidente.
Las causas incluyen, entre otros supuestos, fallecimiento, renuncia, destitución o abandono.
Sin embargo, por el carácter excepcional del caso, el Tribunal Supremo de Venezuela optó por interpretar la ausencia de Maduro como “temporal”, atribuyendo a la vicepresidenta la función de suplirlo.
Un vicepresidente puede suplir la ausencia presidencial temporal durante hasta 90 días, período que puede extenderse a seis meses con el voto de la Asamblea Nacional.
En su sentencia, de todas formas, el máximo tribunal venezolano no recordó esos plazos, lo que abre dudas sobre la posibilidad de que Rodríguez pueda mantenerse en el poder más allá de ese itinerario.
Lo más probable es que aquello dependa ahora, en gran medida, de cómo la nueva presidenta de Venezuela maneje la relación con Estados Unidos.
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