
Me sucedió recientemente, una vez más. Esta vez en una mesa cerrada de análisis, donde se presentó un nuevo reporte sobre política de drogas, delincuencia organizada y su impacto en los derechos humanos. Al presentar mi argumento, sugerí que tal vez hemos llegado al límite de la caja de herramientas políticas y técnicas para defender y promover un paradigma de seguridad con enfoque de derechos humanos. Inmediatamente, alguien reaccionó con énfasis: “¡No podemos dejar de luchar!”, o algo similar.
A mi juicio, se trata de un error analítico ampliamente extendido. Profundizar en la definición del problema y reconocer las pérdidas con franqueza, antes de insistir en las soluciones, es visto por muchas personas como una especie de rendición. Lo he presenciado innumerables veces. Observar a fondo y con el mayor realismo posible la crisis de derechos humanos provocada por las políticas de seguridad hegemónicas suele detonar una respuesta mecánica de evasión, que se aleja del problema y se aferra a lo que se percibe como una solución inmediata.
Creo que existe un temor profundo ante la realidad abrumadora y, también, frente a la posibilidad de nombrarla. A ello se suma, con fuerza, el sesgo de confirmación descrito por Daniel Kahneman: la tendencia a interpretar la información de manera que confirme creencias previas, ignorando o desvalorizando la evidencia contraria.
La dupla Trump-Bukele se ha posicionado, al menos en esta región del mundo, como la vanguardia de la erosión de los derechos humanos en nombre de la seguridad. Me detengo en el caso de El Salvador. La información que recibimos en el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX confirma que cada vez más personas reconocen la política de seguridad de ese país como un modelo a seguir. Celebran la caída de los homicidios intencionales, ignorando la evidencia contundente sobre detenciones ilegales y arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, demoras en el control judicial de las detenciones, ineficacia del habeas corpus, ausencia de pruebas para imputaciones, uso abusivo de la prisión preventiva, audiencias masivas, restricciones al derecho de defensa, violaciones al debido proceso y la posible muerte de cerca de 200 personas privadas de libertad, entre otras (ver informe de la CIDH).
Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que “existe un falso dilema entre adoptar acciones efectivas contra el crimen organizado y respetar las obligaciones legales e internacionales en materia de derechos humanos”. La frase resume el núcleo del conflicto actual, que va más allá del ámbito de la seguridad: se trata de una disyuntiva que pone en riesgo la supervivencia misma de la democracia constitucional de derechos, al menos en nuestra región. Reconocerlo es crucial para así enfrentarlo.
Cada vez más personas parecen estar dispuestas a intercambiar democracia por seguridad. ¿Cómo llegamos a este punto? La pregunta revela una trampa estructural de Estado: la transición democrática en América Latina —y sin duda en México— dejó fuera la seguridad. Lo evidencia la persistencia de la seguridad nacional como refugio que impide una verdadera rendición de cuentas del aparato policial y militar. De esto se sigue lo que Rut Diamint denomina la remilitarización de América Latina.
Una trampa perfecta: el Estado evitó la reforma democrática del sector seguridad, impidiendo su profesionalización y el establecimiento de controles eficaces. Ese abandono produjo un fracaso sistemático ante la violencia y el crimen, generando así las condiciones para el respaldo político y social que hoy lleva al poder a quienes sostienen que los derechos humanos son un obstáculo para nuestra seguridad.
Los derechos humanos llegaron a las normas —nacionales e internacionales—, pero no se integraron en las políticas ni en las prácticas institucionales. Paradójicamente, la omisión deliberada de profesionalizar, en especial el uso de la fuerza pública, sembró la desconfianza hacia los propios límites que imponen los derechos humanos. La falla institucional, en lugar de impulsar una reforma, trasladó el costo hacia los derechos, debilitando el consenso en torno a su legitimidad. Hoy, el aplauso es para quien propone eliminarlos.
Con razón la CIDH afirma que es falso el dilema entre derechos humanos y eficacia frente al crimen organizado. Pero tal vez ya es tarde. El Estado, desde su propia descomposición, ha trabajado durante años para consolidar la idea de que la seguridad solo es posible si los derechos humanos no estorban. De ese tamaño es el desafío.
Reconocer esto puede ser más útil que negarlo, precisamente para equilibrar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad, tal como lo propuso Antonio Gramsci.

La violencia digital está aumentando y millones de mujeres y niñas sufren abusos en línea cada año, lo que las está alejando de internet.
La violencia digital es una de las formas de abuso que más se está incrementando y está alejando a las mujeres de internet. Desde el acoso y el troleo hasta las deepfakes y el doxing, millones de mujeres y niñas sufren hostigamiento virtual cada año.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, alrededor de seis mil millones de personas utilizan internet en todo el mundo, y 280 millones más hombres que mujeres estuvieron conectados este año.
Las mujeres, las niñas y las personas no conformes con su género tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y sufrir consecuencias más graves y duraderas debido a su género, según la ONU.
Estudios en todo el mundo muestran que hasta el 58 % de las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia en línea, según la organización de la ONU para las Mujeres.
El troleo consiste en publicar mensajes intencionalmente provocativos u ofensivos en línea para molestar a alguien, provocar una reacción o causar problemas.
Según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG británico-estadounidense que busca frenar la propagación del discurso de odio y la desinformación en internet, existen dos tipos principales de troles:
Existen muchas razones por las que las personas pueden trolear en línea, y la diferencia varía de un trol a otro.
Los troles suelen disfrutar molestando a quienes atacan, por lo que si su víctima responde, esto solo los anima a continuar.
El troleo puede causar altos niveles de ansiedad y baja autoestima en la víctima.
El doxing se refiere a la divulgación de información privada sobre personas en internet, generalmente con malas intenciones.
Puede tener consecuencias en la vida real, como acoso, amenazas e incluso violencia física.
En 2021, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, declaró haber sido víctima de doxing después de que una fotografía tomada fuera de su casa, que revelaba su dirección, circulara en línea.
Sin embargo, la policía declaró que no se tomarían medidas contra los activistas que la señalaron.
Desde abril de 2022, Facebook e Instagram (propiedad de Meta) prohíben compartir la dirección particular de una persona, incluso si aparece en registros públicos o noticias.
Los usuarios pueden seguir compartiendo su propia dirección, pero otros no pueden compartirla.
Este cambio se realizó siguiendo las recomendaciones de la Junta de Supervisión de Meta para fortalecer la protección de la privacidad y reducir los riesgos del doxing.
Los deepfakes son videos, imágenes o clips de audio creados con inteligencia artificial para que parezcan reales.
Pueden usarse para diversión o incluso para investigación científica, pero a veces se emplean para suplantar la identidad de políticos o líderes mundiales con el fin de engañar deliberadamente al público.
También se utilizan cada vez más para crear videos o imágenes pornográficas de famosos o de gente común.
Una encuesta reciente de la policía en Reino Unido reveló que “una de cada cuatro personas considera que no hay nada de malo en crear y compartir deepfakes sexuales, o se siente neutral al respecto, incluso cuando la persona representada no ha dado su consentimiento”.
Compartir o amenazar con compartir imágenes íntimas sin consentimiento es un delito penal en Reino Unido, que ahora se incluye en la Ley de Seguridad en Línea de 2023. Esto abarca las imágenes fabricadas o manipuladas, incluidas los deepfakes.
Muchos otros países, como Australia e Irlanda, cuentan con leyes similares para proteger a las personas del abuso con imágenes íntimas.
Los niños y jóvenes pueden ser objetivos de manipulación y grooming en línea.
Los agresores pueden usar plataformas en internet para establecer una relación de confianza con el menor y abusar de él.
Este abuso puede ocurrir en línea o el agresor puede concertar una cita con el niño o niña en persona con la intención de abusar de ellos.
El abuso también puede ocurrir cuando otros graban, suben o comparten contenido dañino en línea.
Ya sea que el abuso ocurra en internet o fuera de éste, puede tener un impacto duradero en el bienestar general del niño, provocando ansiedad, autolesiones, trastornos alimenticios, pensamientos suicidas o incluso suicidio.
El ciberacoso, o acoso en línea, se produce cuando alguien se enfrenta a un comportamiento acosador en redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea y otros lugares de internet.
El acoso puede ocurrir tanto en línea como fuera de ella al mismo tiempo, y en ocasiones la persona que lo realiza es conocida de la víctima.
También es común sufrir acoso por parte de personas que no conoces en persona, pero que conoces de comunidades en línea, juegos o redes sociales. El abusador también puede ser anónimo.
Estos son algunos consejos para reducir el riesgo de ser víctima de abuso en línea, según la ONU.
Para prevenir eficazmente la violencia en línea facilitada por la tecnología, es fundamental comprender su especificidad y su impacto en las mujeres y las niñas, afirma la ONU.
Un estudio de ONU Mujeres de 2021 en la región de los Estados árabes reveló que el 60% de las mujeres usuarias de internet habían estado expuestas a violencia en línea ese año.
Un estudio europeo reveló que las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de sufrir acoso en línea que los hombres, y otro análisis reveló que el 92% de las mujeres reportaron que la violencia en línea afecta negativamente su bienestar.
Las mujeres en la vida pública, como políticas, periodistas y defensoras de los derechos humanos, son especialmente blanco de ataques, y los riesgos son aún mayores para las mujeres negras, las personas LGBTQI+ y las mujeres con discapacidad, según la ONU.
La organización lanzó hasta el 10 de diciembre una campaña para erradicar la violencia digital contra todas las mujeres y niñas.
La campaña insta a los gobiernos a proteger la información personal y a penalizar la violencia digital, y pide a las grandes empresas tecnológicas eliminar el contenido dañino.
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