Por qué no votan por las y los jueces en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile e Inglaterra; así me respondieron
Desde Argentina: “No se vota por los jueces ya que si así fuera perderían autonomía y violarían su más sagrada misión: la imparcialidad. Estarían más atentos a los votos que a las leyes y a los códigos por los que deben velar”.
Brasil: “Los jueces entran a la carrera judicial por concurso público y no son votados, sobre todo por la razón de que pertenecen a un poder técnico y por lo tanto no están sometidos a la voluntad popular como el poder legislativo y el poder ejecutivo. También porque deben ser independientes; si fueran votados, ellos estarían dependiendo de las personas que los votaron, tendrían que prestarle cuentas a quien los eligió y lo que se pretende es que el poder judicial preste cuentas exclusivamente a la ley. Técnicos e independientes, en Brasil los jueces nunca son votados”.
Canadá: “Al igual que varias democracias europeas y Gran Bretaña, en la que se basa su sistema, Canadá tiene un sistema judicial en el cual los jueces son nombrados por sus méritos y no elegidos por el pueblo. Este sistema, basado en la separación de poderes, pretende garantizar la independencia del poder judicial frente al poder político y las influencias externas y, del mismo modo, asegurar que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en consideraciones electorales o partidistas. En todo el país, comités consultivos judiciales desempeñan un papel esencial en la evaluación de los candidatos antes de que sean nombrados por el gobierno. Actualmente existen 17 comités consultivos judiciales, que representan a todas las provincias y territorios de Canadá. Estos comités son administrados por la Oficina del Comisario para Asuntos Judiciales Federales… responsable de salvaguardar la independencia del sistema judicial y de evaluar las cualificaciones de los abogados que aspiran a ser nombrados magistrados”.
Así desde Colombia: “Porque los jueces deben ser nombrados por concursos de méritos. Por otro lado, están los riesgos de incidencia política y económica en esas elecciones, cuando su labor debe estar ligada la constitución y las leyes. Con incidencia política y económica el poder judicial podría responder a esos intereses que lo eligieron o apoyaron en su elección. Por último, en un país con alta incidencia de dineros del narcotráfico y otras rentas criminales en la gobernabilidad nacional y territorial, estos intereses con tantos recursos que tienen pueden hacer elegir jueces a su medida”.
Chile: “Los procesos de la modernización de la justicia en Chile no han tenido como estrategias procesos de democratización como la elección de jueces. Han optado más bien por el desarrollo de un cuerpo de funcionarios que distingue entre la función administrativa y judicial. La labor de la judicatura se va formando mediante requisitos de formación y de habilitación. Hay una tradición cultural muy arraigada del rol letrado como garante de la imparcialidad de quienes deben resolver los conflictos jurídicos”.
Por último, Inglaterra: “No se eligen para preservar la independencia judicial. Hay tensiones y la Corte ha sido atacada, pero a pesar de todo jamás se ha atentado contra la independencia judicial”.
Una pequeña colección de ejemplos del mundo que nos rodea. El razonamiento es claro y consistente, por igual en democracias sólidas como en otras frágiles como la nuestra. Las elecciones judiciales son entendidas como una vía para debilitar la imparcialidad de quien debe impartir justicia.
El salto en el debilitamiento de las posibilidades de controlar el ejercicio del poder tendrá consecuencias cuya gravedad es inexpresable. Se apaga el Estado constitucional de derechos al que, se supone, aspirábamos. Nada menos.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
¿Quién presentó la demanda?
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
¿Cuál ha sido la reacción?
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
¿Qué pasa ahora?
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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