Caracas como advertencia y la nueva realidad internacional
Caracas despertó la madrugada del 3 de enero con una serie de explosiones y bombardeos. Tras semanas de crecientes tensiones con Estados Unidos, Washington lanzó ataques contra infraestructura gubernamental y de defensa venezolana, acompañados de una operación militar cuyo objetivo fue capturar a Nicolás Maduro y a su esposa. En respuesta, el gobierno venezolano declaró el estado de emergencia en todo el país. Sin embargo, si algo queda claro es que el bombardeo sobre Caracas y la posterior captura de Maduro no deben entenderse únicamente como una acción destinada a desestabilizar al régimen venezolano. Reducir los hechos a un episodio bilateral o a una escalada coyuntural implica perder de vista su significado político y estratégico más profundo, así como su repercusión en el orden internacional.
Más allá del impacto inmediato sobre Venezuela y el posible vacío de poder que surja (cuyas principales víctimas no son las élites del régimen, sino la población civil), esta operación militar tiene un alcance político mucho más amplio: funciona como un mensaje dirigido a toda América Latina. Washington deja claro que su política exterior hacia el hemisferio ha entrado en una nueva fase, marcada por el uso directo de la fuerza como instrumento de control regional. Esto no solo es la confirmación de la desintegración de un orden internacional que al menos aparentaba estar basado en el derecho internacional, en reglas e instituciones claras, es también la manifestación tangible de la nueva estrategia de seguridad estadounidense y la nueva realidad en la geopolítica latinoamericana.
Durante las últimas dos décadas, Estados Unidos privilegió herramientas indirectas para influir en la región. Las sanciones económicas, el aislamiento diplomático, la presión multilateral y la condicionalidad financiera se convirtieron en los mecanismos centrales de coerción. Venezuela fue uno de los principales laboratorios de esta estrategia. Sin embargo, los resultados fueron limitados. Las sanciones no produjeron un cambio político decisivo, se desgastó su eficacia con el tiempo e inclusive erosionaron el control de Washington abriendo camino a la influencia de potencias como China en la región.
El bombardeo y posterior secuestro de Nicolas Maduro marca un quiebre con esa lógica. No necesariamente sustituye del todo a las sanciones ni a la diplomacia coercitiva, pero introduce un elemento que había permanecido en segundo plano: la disposición a emplear poder militar de manera directa en el hemisferio occidental. Esto es algo que no habíamos visto, al menos a esta escala, desde la intervención militar estadounidense en Panamá en 1989. Este giro no responde a una amenaza militar inmediata proveniente de Venezuela y ni siquiera a un tema de combate al narcotráfico, sino que responde a una reevaluación estratégica más amplia. Para Washington, ya no existe la limitante de usar la fuerza para lograr los objetivos de política exterior que se plantea la Casa Blanca.
El gobierno estadounidense mostró de forma tangible el regreso de la Doctrina Monroe. Un hecho ya previamente anunciado como nuevo eje de su política de seguridad hemisférica, lo que refleja una revalorización del dominio regional como prioridad estratégica. En este marco, América Latina deja de ser un espacio periférico y pasa a ocupar un lugar central en la política exterior estadounidense, particularmente ante la expansión de la influencia china en la región. Dicha influencia se expresa tanto en el acercamiento de Beijing a gobiernos como el venezolano, evidenciado por la reunión de Nicolás Maduro con una delegación especial china horas antes del inicio de la operación militar, orientada a consolidar un nuevo mundo multipolar. También responde a dinámicas como en la profundización de los vínculos de países como Brasil con los BRICS, un bloque que disputa la primacía estratégica de Estados Unidos, particularmente en el Sur Global.
En este contexto, el bombardeo de Caracas y el secuestro de Maduro no son solo una operación de cambio de régimen o un mensaje que está dirigida exclusivamente contra Venezuela, sino que envía un mensaje más amplio a la región. Estados Unidos señala que, en un escenario de competencia global intensificada, el hemisferio occidental no será tratado como un espacio secundario ni gestionado con mecanismos exclusivamente diplomáticos, y que las desviaciones estratégicas e ideológicas dentro de su entorno inmediato ya no serán toleradas. El uso de la fuerza operará como una señal sobre el modo en que Washington está dispuesto a actuar en su entorno inmediato, más allá de que este sea la respuesta a una crisis puntual. El bombardeo de Caracas es la carta de presentación de la nueva realidad latinoamericana y presenta un precedente peligroso.
Lo que ocurrió en Caracas no es solo una intervención con el objetivo de castigar un régimen incómodo, sino que responde a un reajuste más amplio en la manera en que Estados Unidos entiende su seguridad regional. Retomar la Doctrina Monroe como eje rector de la política exterior estadounidense no es un retorno retórico al pasado, sino una adaptación pragmática y peligrosa a un contexto en el que Washington muestra menor disposición a tolerar ambigüedades estratégicas en su entorno inmediato y un creciente escepticismo frente a la eficacia de las sanciones económicas y del aislamiento diplomático o comercial.
Estados Unidos asume que las herramientas como las sanciones económicas, por sí solas, ya no son suficientes para asegurar control ni disuasión efectiva en el hemisferio. En consecuencia, avanza hacia una estrategia más directa, en la que el poder militar vuelve a ocupar un lugar central como instrumento de orden regional. Es decir, volvemos a una lógica de “gunboat diplomacy”, que opera como el brazo coercitivo de una política hemisférica nuevamente centrada en el control regional. Y esta realidad tiene consecuencias profundas. Los márgenes de autonomía estratégica de los países latinoamericanos se estrechan, no solo en términos formales, sino prácticos. Las decisiones y políticas de los Estados soberanos, sobre todo en materia de política exterior, los alineamientos económicos y las relaciones con actores externos comenzarán a evaluarse bajo un entorno donde la coerción militar explícita vuelve a ser una posibilidad real. Dicho de otra forma, la autonomía de los países soberanos en Latinoamerica queda en tela de duda.
Independientemente de las valoraciones ideológicas, políticas o incluso prácticas que puedan hacerse sobre el régimen de Nicolás Maduro, el hecho central resulta inquietante: estamos frente a la consolidación de un escenario internacional en el que una potencia puede intervenir militarmente, violar la soberanía de un Estado y capturar a su dirigencia política sin enfrentar consecuencias claras. Este tipo de acciones no solo erosionan las normas que regulan la convivencia internacional, sino que introducen un nivel de incertidumbre estructural que termina afectando a todos los países, independientemente de su orientación política o de su régimen interno.
Lo que vemos con esta operación es nada más y nada menos que la completa desintegración de un orden internacional, que al menos en el plano discursivo, se presentaba como un orden basado en el derecho internacional, en reglas compartidas y en instituciones multilaterales. Cuando una potencia recurre abiertamente a la fuerza para capturar al liderazgo político de otro Estado, ese marco normativo deja de operar como límite efectivo y se convierte en una referencia retórica sin capacidad de contención. Lo verdaderamente peligroso no es solo el caso venezolano, sino el precedente que establece: si la intervención militar directa se normaliza como herramienta legítima frente a gobiernos considerados incómodos, el umbral para acciones similares se reduce en otros contextos, desde Brasil, Colombia, Nicaragua, Cuba o incluso en México, en donde el riesgo de operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano justificadas bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico sigue cerniéndose como una perpetua espada de Damocles.
Este riesgo, además, no se limita a América Latina. Una vez erosionada la idea de que la soberanía está protegida por reglas comunes, la pregunta deja de ser qué está prohibido y pasa a ser qué es operativamente posible: ¿qué impediría entonces a Estados Unidos avanzar sobre Groenlandia, a Rusia profundizar su expansión en Ucrania, o a China tomar Taiwán por la fuerza? La lógica que se abre no es la del orden, sino la de la fuerza como árbitro último, y en ese escenario las reglas dejan de proteger a los Estados pequeños y medianos para convertirse en herramientas flexibles al servicio de las potencias.
Es cierto que ese orden internacional nunca logró impedir intervenciones militares previas. Conflictos como Irak, Afganistán o Libia lo demuestran, pero su erosión actual resulta más peligrosa por el contexto en el que ocurre. A diferencia de momentos anteriores, en el mundo multipolar de hoy no existe una potencia contra-hegemónica capaz de imponer límites estables ni un consenso mínimo sobre las reglas del juego. El uso abierto de la fuerza ya no se produce en un sistema jerárquico relativamente ordenado, sino en uno fragmentado, competitivo y crecientemente multipolar, donde cada intervención reduce aún más los incentivos para la contención. Lo que emerge es un orden internacional abiertamente hostil, en el que la soberanía se vuelve condicional y revocable, y donde la pregunta deja de ser qué está prohibido para convertirse en qué es viable imponer por la fuerza.
Ignorar esta realidad sería un error por parte de las capitales latinoamericanas, es un mensaje muy claro que se sintió desde Santiago de Chile hasta Ciudad de México. No se trata solo de Venezuela ni de una crisis específica, sino de un reordenamiento de las reglas no escritas que han gobernado la relación entre Washington y América Latina en los últimos años. Bajo este escenario, la nueva geopolítica latinoamericana se perfila bajo un contexto más agresivo, violento y menos ambiguo. Un escenario en el que el hemisferio vuelve a ser un espacio de alta prioridad estratégica y donde el uso de la fuerza deja de ser una excepción para convertirse en una herramienta disponible abiertamente para imponer los intereses de la política estadounidense en la política local de las capitales latinoamericanas. Caracas no es una excepción. Es el precedente. Y como todo precedente de esta magnitud, redefine las reglas del juego para todos.
* Adrián Marcelo Herrera Navarro (@adrianmarcelo96) es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México, con especialización en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales.
El presidente estadounidense aseguró que se atacaron este jueves varios objetivos de Estado Islámico, grupo al que acusó de haber asesinado a cristianos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que su ejército ha llevado a cabo un “potente y letal ataque” contra el grupo Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria.
En una publicación en Truth Social, Trump describió como “escoria terrorista” al EI, a quien acusó de “atacar y asesinar brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes”.
Afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses “ejecutaron numerosos ataques perfectos”, sin proporcionar más detalles.
Por el momento se desconoce qué objetivos ni cuándo fueron atacados.
En noviembre, el presidente ordenó al ejército que se preparara para actuar en Nigeria para combatir a los grupos militantes islamistas.
En su publicación de la noche del jueves, Trump afirmó: “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”.
El ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Maitama Tuggar, declaró a la BBC que se trataba de una “operación conjunta” contra “terroristas” y que “no tiene nada que ver con ninguna religión en particular”.
Tuggar no descartó nuevos ataques, afirmando que esto dependería de las “decisiones que tomen los líderes de ambos países”.
El pasado noviembre, Trump denunció asesinatos de cristianos en Nigeria, mientras en algunos círculos conservadores han circulado acusaciones de genocidio contra esta comunidad.
Analizamos por qué Trump ha puesto el foco en el país africano y cuál sería el motivo de los ataques a Estado Islámico allí.
Qué pasa en Nigeria
EE.UU. designó a principios de noviembre a Nigeria “país de especial preocupación” debido a la “amenaza existencial” que sufre su población cristiana.
Esta es una designación utilizada por el Departamento de Estado que prevé sanciones contra países “que participan en violaciones graves de la libertad religiosa”.
Trump, por su parte, habló de “miles” de asesinados, sin aportar detalles específicos.
Durante meses, activistas y políticos en Washington han alegado que milicianos islamistas están sistemáticamente atacando cristianos en Nigeria.
En septiembre, Bill Maher, un popular presentador y cómico de la televisión en EE.UU describió lo que está sucediendo en el país africano como un “genocidio”.
Refiriéndose al grupo fundamentalista Boko Haram, afirmó que “han matado a más de 100.000 cristianos desde 2009, han quemado 18.000 iglesias”.
Cifras parecidas también han estado ganando terreno en las redes sociales.
Por su parte, el conocido senador republicano de Texas Ted Cruz lleva tiempo denunciando la situación en Nigeria y, citando cifras similares a las que mencionó Maher el 7 de octubre, escribió en X que “desde 2009, más de 50.000 cristianos en Nigeria han sido masacrados, y más de 18.000 iglesias y 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas”.
En un correo electrónico enviado a la BBC, su despacho dejó claro que, al contrario que Maher, el senador no califica esto como un “genocidio” sino que lo describe como una “persecución”.
Pero Cruz acusó a los funcionarios nigerianos de “ignorar e incluso facilitar el asesinato en masa de cristianos por yihadistas islámicos”.
Trump, haciéndose eco de esas palabras, describió a Nigeria como un “país desacreditado” y señaló que el gobierno “continúa permitiendo la matanza de cristianos”.
La postura del gobierno nigeriano
El gobierno en Abuya reaccionó semanas atrás contra esas acusaciones describiéndolas como “una crasa distorsión de la realidad”.
Aunque no negaron que haya una situación de violencia mortal en el país, las autoridades expresaron que “los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina: musulmanes, cristianos y aquellos que no tienen fe por igual”.
Otras organizaciones que monitorean la violencia política en Nigeria indican que el número de cristianos asesinados es mucho menor, y aseguran que la mayoría de las víctimas de los grupos yihadistas son musulmanes.
Nigeria enfrenta varias crisis de seguridad por todo el país, no solamente la violencia de los grupos yihadistas, y estas tienen causas diferentes, de manera que no deberían confundirse.
El gobierno nigeriano también asegura que está haciendo todo lo que puede para enfrentar a los yihadistas.
De hecho, se ha mostrado favorable a la posibilidad de que EE.UU. le ayude a combatir a los insurgentes, siempre y cuando no lo haga de manera unilateral.
Las autoridades definitivamente han tenido dificultades para contener a los grupos yihadistas y redes criminales violentas; la mayoría de las semanas se publican numerosos reportes de nuevos ataques o secuestros.
Boko Haram -el grupo tristemente conocido por el secuestro de 276 niñas de Chibok hace más de una década- ha estado activo desde 2009, pero sus actividades se han concentrado más en el noreste de Nigeria, que tiene una población de mayoría musulmana.
También han surgido otros grupos yihadistas, incluyendo la Provincia del Estado Islámico de África Occidental, pero ellos también operan en el noreste.
Las cifras disponibles
En noviembre, Trump citó una cifra de 3.100 cristianos asesinados. Se refería a un informe de Puertas Abiertas sobre las muertes en 12 meses a partir de octubre 2023, declaró un funcionario de la Casa Blanca.
Puertas Abiertas es una organización internacional cristiana que investiga la persecución de cristianos en todo el mundo.
En sus reportes dice que, mientras 3.100 cristianos murieron, 2.320 musulmanes también fueron asesinados en ese período de 12 meses.
Puertas Abiertas incluye además lo que denomina Grupos Fulani de Terror en su lista de perpetradores y los acusa de ser responsables de casi un tercio de los asesinatos de cristianos durante esos 12 meses.
Frans Veerman, principal investigador asociado de Puertas Abiertas, indicó que “lo que vemos ahora es que los cristianos siguen siendo un objetivo, pero que cada vez más musulmanes son objetivo de los milicianos fulani”.
Los analistas sostienen que hay muchos ataques violentos contra mezquitas y comunidades musulmanas en el noroeste del país.
“Uno podría decir que esto es parte de una inseguridad más generalizada”, expresó McHarry.
“La razón por la cual no se supone que tienen una dimensión religiosa se debe al hecho de que las identidades de las personas que realizan estos ataques contra musulmanes son musulmanes también”.
Las cifras de muertes cristianas citadas por algunos en EE.UU. son alarmantes, pero es difícil comprobar su exactitud.
Cuando se trata de la fuente de los datos, en un podcast de septiembre, el senador Cruz se refirió directamente a un informe de 2023 de la Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho (InterSociety), una ONG que monitorea y rastrea los abusos de derechos humanos en Nigeria.
Su despacho también envió a la BBC una serie de vínculos a artículos online sobre el tema, la mayoría de los cuales redirigen a InterSociety.
Maher no respondió a las solicitudes de la BBC para que diera una fuente de las cifras que citó, pero dadas la similitudes con las que dio Cruz, parece muy probable que se basó en el trabajo de InterSociety.
En cuanto a los datos que podrían estar dando forma a la política de EE.UU. hacia Nigeria, el trabajo de InterSociety es opaco.
En un informe que publicaron en agosto, que es una amalgama de investigaciones anteriores y cifras actualizadas de 2025, afirman que los grupos yihadistas mataron a más de 100.000 cristianos en los 16 años que pasaron desde 2009.
También destacan que 60.000 “musulmanes moderados” murieron durante ese período.
InterSociety no compartió una lista desglosada de sus fuentes, lo que hace difícil verificar el número total de las muertes que reporta.
Otras estimaciones
Al analizar únicamente las muertes de este año, InterSociety concluyó que, entre enero y agosto, algo más de 7.000 cristianos fueron asesinados.
Esta es otra cifra que ha sido ampliamente compartida en las redes sociales, por ejemplo por el congresista republicano Riley M. Moore, uno de los legisladores más vociferantes sobre el tema en la Cámara de Representantes.
InterSociety incluye una lista de 70 reportes de los medios como algunas de las fuentes de sus investigaciones sobre los ataques contra cristianos en 2025.
Pero, en casi la mitad de esos casos, las historias originales no mencionaron la identidad religiosa de las víctimas.
Por ejemplo, InterSociety citó un informe de Al Jazeera sobre un ataque en el noreste de Nigeria e indicó que, de acuerdo a este medio informativo, “no menos de 40 granjeros principalmente cristianos fueron secuestrados por Boko Haram en la región de Damboa en el estado de Borno”.
El informe de Al Jazeera no mencionaba que las víctimas fueran “principalmente cristianas”.
InterSociety comentó a la BBC que realiza más análisis para identificar los antecedentes de las víctimas, sin explicar exactamente cómo lo hizo en este caso, pero mencionó que tiene conocimiento de las poblaciones locales e “informes de los medios cristianos”.
Al sumar el número de muertes a las que hacen referencia estos informes citados por InterSociety, el resultado total no son las 7.000 que declaran.
La BBC hizo la suma del número de muertes en los 70 informes y encontró que el total era de unas 3.000. Algunos de los ataques parecían estar reportados más de una vez.
Para explicar la discrepancia, InterSociety afirmó que hacía un estimado del número de personas que cree que han muerto en cautiverio e incluía las declaraciones de testigos que no puede hacer públicas.
Los insurgentes islamistas
En la lista de perpetradores de las masacres están grupos milicianos islámicos como Boko Haram, pero también los pastores fulani.
Los fulani son un grupo étnico principalmente musulmán que vive a lo largo de África Occidental y que tradicionalmente se ha ganado la vida criando ganado vacuno y ovino.
No obstante, la inclusión de los pastores fulani, que InterSociety describe como “yihadistas” en todos sus informes, es un motivo de polémica en Nigeria sobre cómo deberían ser categorizadas estas matanzas.
Aunque los pastores tienden a ser musulmanes, muchos investigadores en este campo rechazan la descripción del conflicto como religioso, señalando que muchas veces es sobre el acceso a tierras y agua.
Los pastores fulani han entrado en conflicto tanto con comunidades musulmanas como cristianas a través de Nigeria.
La violencia en la que se involucran los pastores fulani tiene más que ver con una competencia sobre territorio y recursos, según los expertos.
Confidence McHarry, principal analista de seguridad de SBM Intelligence, una firma de consultoría sobre África, explica que los enfrentamientos suelen deberse a tensiones étnicas y competencia por los recursos.
“Podría ser de naturaleza étnica, están tratando de hacerse con las tierras, buscan expandir su territorio, pero cuanto más desplacen a las comunidades y cuanto más ataquen centros de culto, más tienden estas cosas a verse bajo esa luz”.
InterSociety también menciona a quienes se conocen como bandidos en Nigeria, y dice que en su mayoría son de la etnia fulani en el noroeste del país, que están involucrados en secuestros y que tienen un historial de matar tanto cristianos como musulmanes.
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