Caso Maverick, 18 años de impunidad
El pasado 24 de abril se cumplieron 18 años de la desaparición masiva de 10 personas en el antro Maverick, en Aguascalientes. En ese marco se realizó la “Jornada por la búsqueda, verdad y justicia a 18 años de la desaparición de 10 trabajadores del antro Maverick” en la que participaron diversas organizaciones y colectivos de entidades federativas de la región occidente del país, además de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, a través de las palabras de Ana Lorena Delgadillo. Ese día en 2007, un comando armado privó de la libertad a 10 personas, cuatro de ellos eran albañiles que trabajaban alrededor del local; entre ellos estaba Francisco Javier Espinosa Almanza, quien tenía 18 años al momento de su desaparición.
En este periodo han fallecido de muerte natural al menos tres padres de familia sin saber el paradero de sus hijos. “Nos rompieron en pedacitos y tuvimos que rehacer nuestras vidas”, dijo Ana Hilse Espinosa, hermana de Francisco Javier, para dar cuenta del impacto psicosocial de la desaparición. “No son números, son proyectos de vida que se truncaron (…) Javier tenía 18 años cuando lo desaparecieron, los mismos que cumple hoy de estar desaparecido”, señaló.
Resalta en los últimos años que Javier Espinosa padre presentó el caso de su hijo Francisco Javier Espinosa Almanza y el de Hugo Alberto López Vidal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en 2021 estableció que la solicitud tiene mérito para ser considerado admisible. En su informe a la petición 81-11 hecho público el 30 de agosto de 2021 por la CIDH, se señala que hasta el momento (en ese entonces, 15 años después), “las investigaciones no habían servido para esclarecer los hechos ni para enjuiciar o sancionar a los responsables”. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para determinar que la investigación no cumple con el estándar de acceso a la justicia? ¿Cuánto para demostrar que los recursos internos de un país no funcionan y sólo perpetúan la impunidad?
La propia Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) señala que hay excepciones cuando se refiere al agotamiento de los recursos nacionales y uno de ellos es que “haya retardo injustificado”. Si bien la jurisprudencia señala que no se trata sólo del tiempo cronológico (18 años al día de hoy) sino también la complejidad del asunto, no se puede negar que la investigación no ha sido diligente. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) obstruyó la participación de las familias considerando la información de la investigación como reservada. Además, existe presunción que las policías tanto municipales como estatales en Aguascalientes “abrieron el camino” al convoy de hombres armados en su salida a Zacatecas.
¿Qué espera la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para emitir una determinación en la investigación? ¿16 años no son suficientes después de la apertura de la queja?
Como parte del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano propuso el mecanismo denominado “Solución Amistosa” en 2022, pero hasta la fecha no han mostrado disposición para firmar un acuerdo, por lo que el fondo del caso eventualmente tendría que ser revisado por la Comisión Interamericana. ¿En verdad le interesa al Estado mexicano firmar este acuerdo? ¿Qué hay del Gobierno de Aguascalientes?
Como lo recordó Ana Lorena Delgadillo, integrante del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la aplicación de los Principios Internacionales para la Búsqueda, especialmente el trato con dignidad y la prohibición de la estigmatización, es fundamental en todos los casos, incluidos los de larga data. “La obligación de búsqueda es permanente y el Estado está obligado a dar con el paradero de las personas desaparecidas, así hayan pasado 18 años”, señaló.
En su participación, Ana Lorena Delgadillo integrante del @WGEID recordó la importancia de los Principios Internacionales para la Búsqueda de las Personas Desaparecidas de la ONU, con énfasis en la participación y en la no criminalización pic.twitter.com/JOUl30zoaa
— Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) April 25, 2025
* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. (@Iniciativa_pcd).
Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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