Censura práctica o regulación: el punto ciego de la reforma electoral sobre IA
La iniciativa de reforma electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum introduce, por primera vez a ese nivel, una puerta constitucional para que la conversación electoral en el espacio digital pueda ser contenida antes de circular (no solo sancionada después), trasladando a las plataformas —y a la ley secundaria— la operación de decidir qué se etiqueta y qué se “evita difundir”. O sea que los grandes censores serán las plataformas, para evitar que se le reclame al gobierno la censura que se ejercerá; pero además, por lo mismo, no habrá un estándar reconocible, sino que tendrá que ajustarse a lo que cada “plataforma” considere que es censurable.
La ley tiene un problema de origen, –que parece menor–, pero no lo es; cuando menciona que todo contenido deberá ser “etiquetado”, nunca define a qué se refiere con esto.
Esto pone en riesgo la libertad de información, que implica que la ciudadanía reciba y comparta información política sin bloqueos preventivos. Pone en riesgo la libertad de expresión que conlleva el que actores políticos y sociales, periodistas y ciudadanía publiquen sin miedo a que el contenido sea bajado “por si acaso”.
La iniciativa pone en peligro la calidad de la deliberación democrática, si se normaliza “evitar la difusión”, porque esto empobrece el debate público y se incentiva la autocensura.
De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C (párrafo adicionado), la reforma pretende que, durante los procesos electorales, todo contenido alterado o modificado con inteligencia artificial sea etiquetado por quien lo emite y que, si ese etiquetado no existe, las plataformas digitales (y también concesionarios de radio y televisión) queden obligadas a identificarlo, advertirlo y “evitar su difusión”, dejando a la ley secundaria la definición de responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.
El riesgo es que, al ordenar “evitar la difusión” de contenido no etiquetado sin definir en la Constitución quién determina que fue alterado con IA, con qué evidencia (estándar probatorio), bajo qué procedimiento y con qué recursos inmediatos, se abre la puerta a decisiones discrecionales o automatizadas de plataformas (o de autoridades, según la ley secundaria) que incentiven el sobrecumplimiento (bajar de más “por si acaso”) y produzcan un efecto inhibitorio sobre la libertad de información y expresión; además, en campañas el daño puede ser irreversible porque aunque después intervenga el Tribunal, la contienda ya habrá sido impactada por la restricción temporal de circulación de información.
No es censura, es regulación
El debate sobre la reforma electoral estuvo semanas atrapado en una consigna: “no es censura, es regulación”. Mientras no había iniciativa, el conflicto era sobre todo discursivo. Hoy, con el texto en la mesa, ya es posible identificar un punto normativo específico que toca directamente el ecosistema de la libertad de información: la regulación de contenidos alterados por inteligencia artificial en procesos electorales y, sobre todo, el mandato de “evitar la difusión” de materiales “no etiquetados”.
1) Lo que sí ordena la iniciativa: etiquetado y deber de contención
De acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C, en un párrafo adicionado (en el cuadro comparativo aparece “Sin correlativo”), la iniciativa establece primero una obligación para quien emite el contenido:
“Todo contenido relacionado con los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley.”
Hasta aquí el objetivo suena razonable: informar al público cuándo un contenido ha sido intervenido tecnológicamente.
Sin embargo, el mismo párrafo adicionado desplaza la carga también a intermediarios —y ahí está el giro sensible para la libertad de información—, porque señala que: “Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado.”
Y remata con una remisión abierta a la legislación secundaria: “La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.”
Este triple movimiento (etiquetar–evitar difusión–sanciones por definirse) es el núcleo del nuevo poder sobre la información en campañas.
2) La laguna central: “evitar la difusión” sin estándar probatorio ni procedimiento
El problema democrático no está en el etiquetado en sí, sino en la combinación entre:
Un mandato constitucional de resultado (“evitar la difusión”), y la ausencia, en el propio texto constitucional, de reglas sobre cómo se decide y con qué evidencia se activa esa contención.
De acuerdo con el propio artículo 41 citado, el diseño procesal no se define ahí: se difiere a “la ley” en forma de “responsabilidades, medidas y sanciones”.
Eso abre una pregunta jurídica inevitable: ¿cuál será el estándar probatorio?
Es decir: ¿qué prueba bastará para afirmar que un contenido fue “modificado o alterado” por IA?, ¿quién lo acreditará?, ¿habrá peritaje técnico?, ¿se permitirá defensa previa o solo posterior?, ¿en qué plazos?, ¿con qué recurso?
Mientras no exista ese estándar, la puerta que se abre es la discrecionalidad: decisiones rápidas, poco transparentes o inconsistentes —tomadas por plataformas o por autoridades, según cómo se diseñe la secundaria— con efectos directos sobre la circulación de información.
3) Primer riesgo: Censura práctica por sobrecumplimiento de plataformas
De acuerdo con el artículo 41 citado, las plataformas quedan como “responsables” de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado.
Cuando un sistema normativo impone responsabilidades y prevé sanciones futuras (a definir), el comportamiento más probable de las plataformas es el sobrecumplimiento: bajar o limitar más contenido del estrictamente necesario para evitar castigos. Esto no siempre se presenta como censura en términos formales, pero produce un efecto similar: enfría la conversación pública (chilling effect) y reduce la diversidad informativa, especialmente en coyunturas sensibles.
El punto fino es que la obligación no dice “advertir” solamente; dice también “evitar la difusión”. Esa expresión, sin reglas claras, incentiva medidas preventivas amplias.
4) Segundo riesgo: arbitrariedad por definiciones amplias (“alterado”, “modificado”, “etiquetado”)
De acuerdo con el párrafo adicionado del artículo 41, el universo regulado es “todo contenido” electoral que sea “modificado o alterado” por IA.
Pero el texto constitucional no define qué cuenta como “alteración”.
Si en estas alteraciones se incluyen ajustes menores (mejoras de audio/imagen), si distingue entre parodia, sátira, edición periodística y manipulación engañosa, ni qué significa “etiquetado” suficiente.
Sin definiciones acotadas, la aplicación puede volverse errática: lo que una plataforma considere “alterado”, otra puede no considerarlo; y lo que hoy se etiqueta, mañana podría exigirse bajarlo. Esa incertidumbre se traduce en riesgos para la libertad de información: la regla no solo regula conductas, regula incentivos.
5) Tercer riesgo: daño irreparable por la temporalidad electoral
En elecciones, el tiempo es poder. Si la regla operativa termina siendo “primero se evita la difusión y luego se revisa”, el daño puede ser irreversible, aunque intervenga una autoridad jurisdiccional después.
Un símil: Mátalos en caliente y luego averiguas.
Este riesgo se deriva directamente del mandato de “evitar la difusión” impuesto a plataformas y concesionarios en el artículo 41 adicionado. Si un contenido se limita en un momento crítico —debate, crisis, cierre—, aunque luego se restituya, la conversación pública ya cambió. La circulación perdida no se recupera en el mismo contexto.
Por eso, el dilema no es solo “regular IA”, sino cómo regularla sin instalar un mecanismo de contención preventiva con efectos irreparables.
6) Contexto útil: la iniciativa ya incorpora “plataformas” como categoría de restricción en otros rubros
De acuerdo con el artículo 35, fracción VIII, numeral 4° (consultas populares), la iniciativa incluye expresamente “plataformas” en una restricción de propaganda:
“No se podrá contratar propaganda en radio, televisión y otros medios o plataformas de difusión masiva en las consultas populares.”
Este antecedente dentro del mismo paquete muestra una tendencia: incorporar a “plataformas” como objeto directo de obligaciones y límites. No es en sí mismo censura, pero sí confirma que el diseño normativo está ampliando el radio de regulación hacia el ecosistema digital.
¿Quién va a marcar qué es lo censurable?, ¿las plataformas o el gobierno?
7) Qué debería exigirse a la ley secundaria para proteger libertades
Si el objetivo es evitar manipulación sin afectar libertades, la secundaria debería fijar, como mínimo: definiciones acotadas de “alteración” relevante (no todo uso de IA), estándar probatorio explícito (qué evidencia, quién la valida, peritaje independiente), gradualidad de medidas (advertir/etiquetar antes que bajar, salvo supuestos extremos), debido proceso rápido (notificación y defensa efectiva, aunque sea posterior inmediata), control jurisdiccional expedito, precisamente por el riesgo de daño irreparable.
La inteligencia artificial ya forma parte del repertorio electoral. Ignorarla sería irresponsable. Pero de acuerdo con el artículo 41, Base III, Apartado C en su párrafo adicionado, la iniciativa no se queda en transparencia: impone a plataformas el deber de “identificar” y “evitar la difusión” de contenido no etiquetado, dejando a la ley secundaria medidas y sanciones.
La diferencia entre regulación y censura no está solo en el discurso: está en el diseño institucional. Y, en elecciones, está también en el tiempo. Porque si se “evita la difusión” sin estándares y sin garantías, incluso una corrección posterior puede llegar tarde. El daño ya habrá sido hecho.
Analizamos la vida del máximo líder de Irán, el poder que ejerce y el papel que desempeñan sus hijos en la política del país que fue atacado este sábado por EE.UU. e Israel.
Un nuevo desafío para el hombre más poderoso de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
El ejército de Israel lanzó este sábado un ataque contra su país con la participación de Estados Unidos.
En enero, el líder supremo iraní enfrentó el reto más serio a su poder desde la Revolución Islámica de 1979, cuando manifestaciones masivas sacudieron las calles del país y desataron una crisis de legitimidad del gobierno.
En las protestas antigubernamentales, que alcanzaron un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, murieron miles de personas por la represión de las fuerzas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repetidamente amenazó con tomar acción militar por la muerte de los manifestantes.
Ante esas amenazas, el gobierno de Irán señaló que Teherán estaba abierta a conversar con Washington, pero aseguró que el país estaba “preparado para la guerra”.
Entretanto, el ayatolá Jamenei acusó a EE.UU. de “engaño” y de usar a “mercenarios traidores” para atizar las protestas.
Ni Trump, ni el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han ocultado su deseo de un cambio de régimen en Irán.
Durante décadas, Washington e Israel han acusado a Irán de intentar desarrollar en secreto un arma nuclear. Irán ha negado repetidamente que busque una bomba y afirma que su programa solo tiene fines pacíficos.
Este mes se celebraron tres rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, y se esperaban nuevas negociaciones la próxima semana.
Pero este sábado, la situación dio un giro dramático.
“Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo Trump en la red social Truth Social.
Una fuente dijo a Reuters que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.
Tras el ataque “preventivo” de Estados Unidos e Israel, la presión sobre el líder supremo no cede.
¿Quién es el ayatolá Alí Jamenei, qué poder ejerce en el país y qué rol desempeña su familia en la política iraní?
La vida de Jamenei
El ayatolá Alí Jamenei es apenas el segundo líder supremo del país desde la revolución islámica de 1979. Ocupa el cargo desde 1989. Los jóvenes iraníes nunca han experimentado la vida sin él en el poder.
Jamenei, que está en el medio de una compleja red de poderes rivales, es capaz de vetar cualquier asunto de política pública y elegir a dedo a candidatos para cargos públicos.
Como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército, que incluye al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Iran (CGRI), su posición lo convierte en una figura con todo tipo de poderes.
Nacido en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, en 1939, Jamenei es el segundo de ocho hijos en una familia religiosa. Su padre era un clérigo de rango medio de la rama chiita del islam, el grupo religioso dominante en Irán.
Su educación se centró principalmente en el estudio del Corán y obtuvo el título de clérigo a los 11 años. Pero, al igual que muchos líderes religiosos de la época, su rol siempre ha sido tanto político como espiritual.
Jamenei, un hábil orador, se unió a los críticos del Sha Reza Pahlavi, el monarca que fue derrocado por la Revolución Islámica de 1979.
Durante años, vivió en la clandestinidad y estuvo detenido. Fue arrestado seis veces por la policía secreta del Sha, sufriendo torturas y el exilio interno.
Un año después de la revolución, el ayatolá Jomeini lo nombró líder de la oración de los viernes en la capital, Teherán.
Jamenei fue elegido presidente en 1981, antes de ser designado en 1989 por los ancianos religiosos como el sucesor del ayatolá Jomeini, quien había muerto a los 86 años.
El poder de sus hijos
Alí Jamenei, quien rara vez viaja al exterior, vive junto a su esposa con austeridad en un complejo residencial en el centro de Teherán.
De Jamenei se sabe que disfruta de la jardinería y la poesía, que fumó en su juventud –algo inusual para una figura religiosa en Irán– y que perdió la movilidad de su brazo derecho en un intento de asesinato en la década de 1980.
Junto a su esposa, Mansoureh Khojasteh Baqerzadeh, tienen seis hijos: cuatro varones y dos mujeres.
La familia Jamenei no suele aparecer en público ni en medios de comunicación, por lo que la información oficial y verificada sobre la vida privada de sus hijos ha sido limitada.
De sus cuatro hijos, el segundo, Mojtaba, es el más conocido por su influencia y el importante papel que desempeña en el círculo íntimo de su padre.
Mojtaba estudió en la escuela secundaria Alavi en Teherán, un colegio cuyos alumnos tradicionalmente son hijos de altos funcionarios de la República Islámica, y se casó con la hija de una destacada figura conservadora del país, Gholam-Ali Haddad-Adel, en un momento en que todavía no se había convertido a clérigo.
Comenzó sus estudios religiosos formales en el seminario de Qom, el centro chiita más importante de Irán, a los 30 años.
A mediados de la década de 2000, la influencia de Mojtaba en la política del país se hizo más evidente, aunque rara vez esto haya sido reconocido por los medios de comunicación locales.
Mojtaba saltó a la escena tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2004, cuando el candidato Mehdi Karroubi lo acusó en una carta abierta dirigida al ayatolá Jamenei de haber interferido de manera encubierta a favor de Mahmud Ahmadineyad.
Desde la década de 2010, Mojtaba ha sido considerado como una de las personas más poderosas de la República Islámica. Relatos anecdóticos sugieren que él es el candidato preferido de Jameneí para reemplazarlo. Sin embargo, algunas fuentes oficiales han negado estas afirmaciones.
Aunque Alí Jamenei no es rey ni puede ceder el trono a su hijo, Mojtaba tiene un poder significativo dentro de los círculos de línea dura de su padre, incluyendo la poderosa oficina del Líder Supremo, que eclipsa a los órganos constitucionales.
El hijo mayor de la familia es Mustafa Jamenei, quien está casado con la hija de Azizollah Khoshvaght, un clérigo tradicional firmemente conservador.
Tanto Mustafa como Mojtaba sirvieron en el frente durante la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980.
El tercer hijo de Alí Jamenei es Masoud. Nacido en 1972, está casado con Susan Kharazi, hija de Mohsen Kharazi, un conocido clérigo afiliado a la conservadora Asociación de Maestros del Seminario de Qom y es hermana de Mohammad Sadegh Kharazi, exdiplomático con inclinaciones reformistas.
Masoud Jamenei se ha mantenido alejado de los círculos políticos y se sabe poco sobre su vida.
Antes, había dirigido la oficina que supervisa las obras de su padre, una institución que funciona como un brazo clave de propaganda para el ayatolá Jamenei. También había sido responsable de la recopilación de la biografía y las memorias de su padre.
El hijo menor, Meysam, nació en 1977 y, al igual que sus tres hermanos mayores, también es clérigo.
Su esposa, cuyo nombre no ha sido mencionado en los medios, es hija de Mahmoud Lolachian, un comerciante con mucho dinero e influyente, conocido por apoyar financieramente a clérigos revolucionarios antes de la revolución de 1979.
Meysam ha trabajado junto a su hermano Masoud en la Oficina para la Preservación y Publicación de las obras de su padre.
La dos hijas de Jamenei
Sobre las hijas de Jamenei se sabe poco.
Bushra y Hoda son las menores de la familia y ambas nacieron después de la revolución de 1979.
Bushra nació en 1980 y está casada con Mohammad-Javad Mohammadi Golpayegani, hijo de Gholamhossein (Mohammad) Mohammadi Golpayegani, jefe de gabinete de Jamenei.
Hoda, la menor de las hijas del líder, nació en 1981. Está casada con Mesbah al-Hoda Bagheri Kani, quien estudió marketing y daba clases en la Universidad Imam Sadiq.
*Esta es una actualización de un artículo originalmente publicado el 16 de junio 2025, con información de BBC News, BBC Verify y el corresponsal de la BBC en Washington Paul Adams
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
